‘Cuando los migrantes son ciudadanos de segunda, se degrada la democracia’

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En vistas de la publicación del Informe 2018 sobre el Estado de la Sociedad Civil, que girará en torno del tema “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil para comprender su labor en la promoción de prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Ana Paula Penchaszadeh, colaboradora de la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, además de Doctora en Ciencias Sociales y en Filosofía, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

1. Te defines como pensadora y activista de los derechos de las personas migrantes. ¿Qué te llevó a orientarte en esa dirección y desde qué plataforma despliegas ese activismo?

Desde que tengo memoria me han preocupado los problemas de la justicia y la exclusión. Yo misma he sido extranjera: mi familia tuvo que exiliarse en Venezuela y Francia durante la última dictadura militar en Argentina.

Como investigadora, desde los inicios de mi carrera me interesé por las dinámicas de inclusión y exclusión en la constitución de la comunidad política. Centré mi tesis de doctorado en el vínculo de política y hospitalidad en el mundo contemporáneo. Desde entonces, asumí que no es posible investigar el tema de la hospitalidad (de un vínculo no destructivo hacia el otro que llega) en un contexto inédito de grandes desplazamientos humanos, sin tener vinculación con los espacios del activismo en derechos humanos y sin realizar trabajos de incidencia a nivel de las políticas públicas migratorias.

Entre 2012 y 2015, trabajé en el Programa de Migraciones y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. En ese período, co-coordiné un proyecto sobre Migraciones, Derechos Humanos y Niñez en Argentina. A partir de un diagnóstico multivariado de la situación de la niñez en el contexto de las migraciones, abordamos la discriminación en el sistema escolar y desarrollamos un conjunto de materiales didácticos para trabajar la temática de las migraciones en las escuelas desde una perspectiva de derechos humanos.

En los últimos años, mi labor investigativa giró en torno de dos grandes ejes: uno teórico y filosófico, y otro práctico y aplicado. He tratado de poner el pensamiento al servicio del activismo en derechos humanos. Lo he hecho mediante la provisión de apoyo al trabajo que desarrollan la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina. Desde 2015 participo asiduamente como tallerista en temas de derechos políticos y migraciones y como relatora en los encuentros de la Red Nacional de Líderes Migrantes; dirijo un proyecto de voluntariado universitario sobre migrantes y economía social, desarrollado en conjunto con la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina; he realizado numerosas intervenciones públicas, incluida una participación en la audiencia de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Parlamentario del Congreso, en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 y en defensa de la Ley 25.871 de Migraciones, así como en respaldo de un proyecto de ley de voto migrante; y he contribuido a dar difusión a la temática mediante entrevistas y artículos periodísticos, e incluso a través de un cortometraje documental, “Yo, afro”, producido junto con la artista audiovisual Gabriela Messina. Del mismo modo, en mis investigaciones busco abrir la escucha a la palabra de migrantes y refugiados y he trabajado bastante sobre el discurso y los procesos de subjetivación y empoderamiento de estos grupos.

2.¿Cuáles son los argumentos teóricos y filosóficos que sustentan tu activismo?

En el terreno teórico y filosófico, hago un análisis deconstructivo de la hospitalidad y la extranjería, para a partir de allí analizar las tensiones entre ciudadanía y nacionalidad. Sostengo que la movilidad humana pone en jaque la estructura supuestamente sedentaria y atávica (asociada al nacimiento en un territorio o en el seno de una familia) sobre la cual se ha erigido la comunidad política moderna. Las nuevas formas de pertenencia, y su relación con los procesos de subjetivación política, dislocan la espacialidad del Estado nación. Cada vez más, se impone pensar el espacio transnacional como fundamento de la ciudadanía: por un lado, des-territorializando y virtualizando la pertenencia a partir de una concepción “portable” de la ciudadanía (mediante el reconocimiento de derechos políticos a los nacionales que viven en el extranjero); y, por el otro, re-territorializando la pertenencia a través del reconocimiento de la residencia (y no solo de la nacionalidad) como fundamento de una ciudadanía plena (es decir, mediante el reconocimiento de derechos políticos a los inmigrantes).

3.¿Cuál es actualmente la situación de los migrantes en Argentina? ¿Observas avances o retrocesos en el goce de derechos?

En Argentina rige actualmente la Ley 25.871 de Migraciones. Esta norma, aprobada en 2004, vino a reemplazar una ley de la dictadura y a saldar una larga deuda de la democracia. La lucha de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones que trabajan con migrantes y de organizaciones de los propios migrantes, dio forma a una de las leyes más progresivas del mundo en materia migratoria, que reconoce la migración como un derecho humano y un amplísimo abanico de derechos con total independencia de la condición migratoria (regular o no) de las personas. Es una muy buena ley nacional que todavía requiere medidas adicionales y un trabajo de adecuación normativa a nivel provincial y municipal para su aplicación efectiva en todo el territorio.

Lamentablemente, en vez de avanzar en esa dirección, recientemente se han producido graves retrocesos a nivel de la política migratoria en el país. Desde que asumió la Alianza Cambiemos a fines de 2015, el paradigma hospitalario ha ido cediendo frente a un paradigma securitario. El actual gobierno cerró el programa de abordaje territorial, que permitió la regularización documentaria de miles de migrantes a lo largo del país, reorganizó la Dirección Nacional de Migraciones con una impronta fuertemente securitaria y propuso la creación de un centro de detención para migrantes. Finalmente, en 2017, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo, se modificaron aspectos fundamentales de la ley de Migraciones. Se debilitaron derechos y garantías para facilitar la expulsión exprés de extranjeros.

Este decreto, emitido en forma totalmente inconsulta y sin siquiera una revisión parlamentaria, vino a coronar toda una serie de medidas regresivas, tales como el aumento de controles policiales para determinar la situación documentaria de los extranjeros y la persecución de migrantes en situación documentaria irregular. El decreto confunde irregularidad migratoria con criminalidad: según la ley vigente en Argentina, la irregularidad migratoria no es un delito, sino una falta administrativa que debe ser subsanada por el Estado (responsable de regularizar la situación documentaria de las personas). Si a algo remite la irregularidad migratoria es a la ineficiencia y la ineficacia del Estado para regularizar a las personas que están en su territorio. Todo migrante quiere estar en situación regular y tener los papeles que lo habilitan para alquilar, comprar, trabajar y estudiar de manera formal.

A este giro político se le ha sumado la crisis económica, que tiende a exacerbar los discursos xenófobos a nivel tanto de la sociedad como del Estado. La discriminación y criminalización de las personas migrantes se agudiza con las recesiones: que nos sacan el trabajo, que viven del Estado, que no pagan impuestos, que molestan en la calle. Y desde ya que el chivo expiatorio no es “cualquier” inmigrante, sino el latinoamericano y el africano. El discurso xenófobo esconde una mirada eurocéntrica y racista.

La normalización del prejuicio vuelve la violencia más aceptable, como lo muestra el reciente caso del vendedor ambulante de origen senegalés que fue agredido y gravemente herido por la policía en Buenos Aires. Es un círculo que empieza y termina con la acción y omisión del Estado. Los senegaleses son enviados literalmente a la calle como vendedores ambulantes, pues no tienen acceso a la regularización documentaria por ser extra-Mercosur y no entrar en ninguna de las categorías migratorias. Están condenados al empleo informal y, por lo tanto, expuestos de manera constante a la violencia y la persecución policial. El Estado, que debería facilitarles los medios para regularizar su situación migratoria, los empuja a la informalidad y luego los castiga por ello.

4.¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil ante estos retrocesos?

Las organizaciones de derechos humanos, incluidas las que nuclean a refugiados y migrantes, se movilizaron ante cada vulneración de derechos, ya fuera un caso de discriminación o violencia, o un cambio normativo que afectara a migrantes y refugiados. Frente al DNU 70/2017, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI) promovieron una acción de amparo colectivo. Muchos otros acompañamos la iniciativa: por ejemplo, desde el área de migraciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) presentamos un amicus curiae en apoyo del recurso de amparo. Gracias a todos estos esfuerzos, en marzo de 2018 el tribunal declaró inconstitucional el DNU, y lo hizo con argumentos muy interesantes para una defensa de las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos.

Los migrantes en Argentina están organizados: cuentan con muchísimas organizaciones de defensa de sus derechos, algunas de ellas articuladas en redes. La Red Argentina de Migrantes y Refugiadxs, por ejemplo, nuclea a nivel nacional una treintena organizaciones de migrantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Estas organizaciones y redes se reconocen como sujetos políticos, y consideran la Ley 25.871 como un logro de su activismo. Ante el Decreto 70/2017 que la tergiversaba, también fueron al Congreso y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse de que el gobierno no los llamara, ni aceptara recibirlos, para escuchar sus opiniones, y para reclamar una política seria contra el delito en reemplazo de las medidas que los usan como chivos expiatorios.

Es importante subrayar que estas organizaciones no son tan solo reactivas, sino que han tomado repetidamente la iniciativa para presentar propuestas innovadoras. Así, en diciembre de 2016 lograron que se presentara en el Congreso un proyecto de ley de voto migrante, que buscaba extender los derechos políticos a los extranjeros con residencia permanente. En esa misma línea, del cuarto encuentro de la Red Nacional de Líderes Migrantes de Argentina, realizado en septiembre de 2017 la Universidad Nacional de Lanús, surgió la Declaración de Lanús, que promueve la profundización de la democracia mediante la consolidación de la ciudadanía plena para todas las personas que habitan nuestro país.

5.¿Piensas que la clave de la integración de los migrantes pasa por el reconocimiento de derechos políticos?

Absolutamente. Los extranjeros son el chivo expiatorio, el “otro” culpable de todos nuestros males. En momentos de crisis económica, lo primero que se intenta es restringir su acceso a bienes públicos que son, en definitiva, derechos. La idea de que los inmigrantes no deberían tener acceso a ciertos derechos, tales como la educación universitaria, resulta en una estratificación de la democracia, en ciudadanos de primera y de segunda categoría. Esto contradice el principio de igualdad, y por lo tanto degrada a la democracia.

Cuando se extiende el discurso xenófobo, para los gobernantes y funcionarios es muy fácil hacerse eco y culpar a los inmigrantes de los problemas que ellos mismos no logran resolver, porque no pagan por ello ningún costo político. Aunque en Argentina son una de las principales minorías – el 4,5% de la población – los migrantes no votan. No resulta sorprendente, en el marco de un sistema representativo que se basa en la distribución de premios y castigos a través del voto, que los funcionarios no se sientan responsables ante ellos. Por el contrario, les resulta muy cómodo cargar en ellos todos los problemas de la sociedad, desde el narcotráfico hasta el déficit habitacional y la falta de empleo, que son en realidad problemas estructurales, no solamente en nuestro país sino en casi todo el mundo.

La única salida democrática de esta situación pasa por los derechos políticos, que son en definitiva la mejor garantía de que no seremos privados de otros derechos. El migrante padece las políticas del Estado que lo recibe; debe obedecer las leyes y acogerse a las decisiones vinculantes de los poderes públicos. De ahí que deba tener voz y voto en la formación de esas decisiones, igual que cualquier otro ciudadano. Solo así será tomado en cuenta. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los extranjeros representan el 13,5% de la población residente; pero, debido a las leyes que regulan el sufragio migrante, solo un 0,6% de esta población se encuentra habilitada para votar. En contextos de ballotage o segundas vueltas electorales, donde los candidatos se imponen con pequeñísimos márgenes de diferencia, los políticos se cuidarían mucho más de expresar opiniones xenófobas y se resolvería, en buena medida, su uso político y electoral, si los migrantes residentes en la ciudad efectivamente votaran.

El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con Ana Paula Penchaszadeh, con la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y con la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina a través de sus respectivos sitios web o perfiles de Facebook.

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