CIVICUS conversa sobre la situación en Cataluña con Anaïs Franquesa Griso, abogada penalista especializada en derechos humanos y movimientos sociales y Directora de Litigio de Irídia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Irídia es una asociación de la sociedad civil de Cataluña que combina la intervención directa ante situaciones de vulneración de derechos con la incidencia política y social para promover cambios de más largo alcance en las políticas públicas. Anaïs se desempeña en el Servicio de Atención y Denuncia de Situaciones de Violencia Institucional de la organización y su labor se centra en las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del ejercicio del derecho a la protesta.
- ¿Qué hace Irídia, y qué motivó su fundación?
Mi organización tiene poco tiempo de vida; la presentamos públicamente dos años atrás. Yo vengo del activismo en los movimientos sociales anti-represivos de Barcelona. A lo largo del tiempo los movimientos sociales hemos ido creando mecanismos de respuesta bastante efectivos ante la represión de la protesta. Por ejemplo, antes había un teléfono para emergencias que iba cambiando de número y que solo conocían los activistas, y que para quienes no estaban muy organizados era difícil de acceder. Esto empezó a cambiar en 2011, con el 15M, un movimiento ciudadano que nació en las plazas públicas de distintas partes del país, primero en Madrid (en la plaza del Sol) y un día después en Barcelona, en forma de acampada, justo después de manifestaciones masivas con el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Durante semanas, miles de personas se congregaron en las calles en asambleas masivas, donde se cuestionaban tanto las políticas económicas acordadas por el gobierno para hacer frente a la crisis financiera, como también el propio sistema político español, considerando que no representaba los intereses de la ciudadanía. Por ello otros de los lemas que se hicieron populares fueron “¡No nos representan!” y “lo llaman democracia y no lo es”. A partir de entonces, las protestas se hicieron más frecuentes y mucho más masivas, y entendimos que había que crear algo que fuera más útil para más gente, en especial para aquellas personas que no estaban organizadas.
En 2012 la represión se agudizó ante las huelgas generales y las manifestaciones multitudinarias en protesta por la crisis y las medidas de austeridad, por entender que ponían en riesgo derechos económicos y sociales básicos, como el derecho al trabajo, a la educación y a la sanidad. En ese contexto, ante el aumento de la represión, creamos una plataforma anti-represiva para brindar apoyo legal, psicosocial, económico y comunicativo en caso de detención. En las manifestaciones se repartía información sobre qué hacer en caso de detención, el números de contacto e instrucciones para actuar en caso de ser testigo o víctima de violaciones de derechos en las manifestaciones. Esto se fue generalizando hasta el punto en que recibíamos llamadas de personas que avisaban que acababan de ver a unos chavales que estaban siendo detenidos en las puertas de sus casas, lo que nos permitía triangular información y obtener testigos para procesos judiciales. A partir de esta experiencia detectamos un vacío en la respuesta ante el maltrato policial. Es decir, en caso de detención sí se creaba un grupo de apoyo o era cubierto por la plataforma anti-represiva, pero en caso de maltrato policial la carga del proceso recaía en las víctimas. Eso era así no solo en el contexto de la protesta, sino también en el espacio público o en centros de privación de libertad como las cárceles. De ahí la creación de nuestra organización, uno de cuyos pilares es el Servicio de Atención y Denuncia Ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI). Una de sus áreas está precisamente enfocada en las situaciones de protesta.
Desde 2015 la legislación española que se aplica a las protestas se endureció mucho. El 1 de julio de ese año entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “ley mordaza”. También hubo una reforma del Código Penal muy regresiva en términos de derechos, con la introducción de la cadena perpetua (llamada “prisión permanente revisable”).
En ambos casos se trató de respuestas directas a los movimientos de protesta que se habían multiplicado desde el 15M. Entre otras cosas, la ley mordaza pena toda “perturbación grave de la seguridad ciudadana” que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. Esta reforma fue introducida en reacción al surgimiento de movimientos tales como Rodea el Congreso. La ley también sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de agentes policiales “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Esto ocurre precisamente ante el auge de las grabaciones realizadas con celulares y las redes sociales como herramientas para registrar y difundir información e imágenes de uso excesivo de la fuerza policial, que en muchos casos han servido como prueba en procesos judiciales.
La ley mordaza también criminalizó las prácticas empleadas para detener desahucios, en un contexto en que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, aparecieron colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, dedicados a empoderar a las personas afectadas, denunciar el sistema inmobiliario y financiero y dar una respuesta a la crisis habitacional, ya fuera parando desalojos, negociando con las entidades o con acciones de protesta. En ese momento los bancos, que habían sido rescatados de la quiebra con dinero público, estaban dejando en la calle a miles de personas que no podían pagar sus hipotecas. Ante esto, varios colectivos adoptaron una estrategia de desobediencia civil, de modo que cuando llegaban los funcionarios del juzgado a desalojar a una familia se encontraban con 50 o 60 personas que impedían el desalojo. Antes de la ley mordaza había formas de evitar las sanciones penales, ya que podía argumentarse que esas personas hacían legítimo uso de su derecho a las libertades de expresión y reunión pacífica. Los colectivos anti-desalojos también se manifestaban ocupando las sedes bancarias durante el día, en forma festiva, con cantos y bailes para llamar la atención, pero sin violencia, para que otros clientes del banco se dieran cuenta de que había muchos otros en la misma situación, y para empoderar a los damnificados. Estas manifestaciones forman parte del núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, pero la nueva ley introdujo un capítulo específico para penarlas e intentar neutralizarlas.
Otra conducta que pasó a estar sancionada fue el “escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”, disposición que parece apuntar contra actos de protesta como los que realizan Greenpeace y Ecologistas en Acción. Incluso las prácticas más comunes de la resistencia pacífica fueron puestas en riesgo por disposiciones de la ley mordaza que sancionaron la “resistencia a la autoridad” (también sancionada en el código penal con una redacción bastante ambigua) y habilitaron a la policía a multar a quienes se negaran a disolver manifestaciones en lugares públicos.
En suma, se restringieron derechos mediante la codificación de conductas antes permitidas como delitos o faltas administrativas, y se otorgaron más poderes sancionadores a las autoridades. Antes había muchas conductas que la Ley de Seguridad Ciudadana no cubría, y si estas acciones generaban alguna consecuencia, era mediante procesos penales que tenían lugar en un juzgado de instrucción y con las garantías del derecho penal. En la práctica eso comportaba que se lograran muchísimas absoluciones, porque los jueces generalmente consideraban o bien que la conducta en cuestión no era delictiva, o que no había quedado suficientemente probado quién había hecho qué. Todo esto cambió con la nueva ley, que eliminó las faltas del código penal y las convirtió en infracciones administrativas (algunas de ellas delitos leves), dando a los agentes de la autoridad facultad sancionadora y presunción de veracidad (es decir, es la persona quien tiene que probar que lo que dice el agente no es verdad), con sanciones desproporcionadamente altas.
- ¿Qué rol desempeñó la organización durante el referéndum de 2017?
A mediados de septiembre estábamos asistiendo con preocupación a vulneraciones graves de derechos civiles y políticos, como la entrada de cuerpos de seguridad en sedes de medios de comunicación o el registro sin orden judicial de imprentas para impedir el referéndum por la independencia catalana del 1 de octubre. Por ello, algunas organizaciones decidimos que era necesario crear un mecanismo de defensa de los derechos humanos. De ahí que junto con Novact, Lafede y otras organizaciones lanzamos la Campaña #SomosDefensoras.
En primer lugar, publicamos un manifiesto explicando que esta campaña era una respuesta a las vulneraciones de derechos humanos que ya estaban ocurriendo, sobre todo del derecho de reunión pacífica, el derecho a la información y la libertad de expresión. En una rueda de prensa anunciamos que estábamos elaborando un informe de derechos humanos, es decir, que estábamos monitoreando las violaciones que ocurrían para reportarlas ante las instancias internacionales. Esto pretendía tener una función preventiva. También anunciamos que estábamos formando activistas de base de otras organizaciones, no todas ellas de derechos humanos, para que funcionaran como observadores de derechos humanos. Capacitamos a más de 100 personas, de las cuales seleccionamos a 70 para que el 1 de octubre estuvieran todo el día repartidas por la ciudad y pudiéramos recibir informaciones en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, como complemento del monitoreo de redes. Queríamos, si había víctimas, tener testigos o al menos personas capacitadas para recoger testimonios, además de socorrer y asesorar a las personas sobre lo que podían hacer. Porque sabemos que cuando sucede algo, el principal problema es la obtención de pruebas. Finalmente, coordinamos un grupo de 60 abogados que estaban disponibles, no solamente en Barcelona sino también en otros puntos del área metropolitana, además de 30 psicólogos para atender emergencias el día del referéndum y los días posteriores, y difundimos números de teléfono adonde las personas podía llamar si eran detenidas o agredidas.
Hicimos esto en las semanas y días anteriores al 1 de octubre, y por desgracia desde primera hora de la mañana vimos que habíamos acertado porque hubo muchísima violencia. El 1 de octubre nuestra organización atendió a unas 130 víctimas, y en las semanas siguientes atendimos por teléfono, correo electrónico y personalmente a 294 personas.
- ¿Había habido antecedentes de represión violenta de la protesta? ¿Qué tuvo de novedoso la represión del pasado 1 de octubre?
En el marco de las protestas del 15M, el 27 de mayo de 2011 los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica que tiene las funciones de orden público en Cataluña, desalojaron brutalmente la Plaza de Catalunya en Barcelona. Fueron seis horas de represión constante, golpeando a gente que estaba pacíficamente sentada en el suelo y con las manos levantadas, y hubo más de 100 heridos. Esto fue retransmitido en directo y lo vio todo el mundo, y en consecuencia marcó un antes y un después en las percepciones de la violencia policial por parte de la ciudadanía. Mucha gente se sorprendió al ver el maltrato policial que los que estábamos involucrados en movimientos de protesta conocíamos desde hace rato.
El discurso de la consejería del interior de esos años buscó deslegitimar y criminalizar a los movimientos de protesta, y fue acompañado de cambios en el armamento policial así como de las mencionadas reformas legales. Hace poco publicamos un informe que da cuenta precisamente de la involución y la progresiva desprotección del derecho de reunión pacífica que se produjo entre 2011 y 2015.
De modo que lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 no fue una completa novedad. Teníamos claro que podía haber violencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y sabíamos que teníamos que hacer algo al respecto. Creo que en ese sentido incluso llegamos tarde. Este proceso ha sido bastante singular, con dudas muy razonables de si realmente el referéndum del 1 de octubre se podría hacer o no, por lo que al igual que otros sectores, las entidades de derechos humanos no caímos en la cuenta de que podíamos aportar experiencia en nuestro campo. Así que en vez de empezar a organizarnos en junio recién lo hicimos en septiembre. Si hubiéramos tenido más tiempo, sin duda algunas cosas las hubiéramos hecho distinto o por lo menos con mayor previsión.
Pero en todo caso, el tipo de violencia que vimos el 1 de octubre tuvo características nuevas. Por ejemplo, tuvo un claro componente de género, tal como lo explicamos en un informe reciente. Nosotros hablamos con mucha gente, víctimas y testigos, y vimos muchísimos videos. Numerosos relatos, de hombres y mujeres, coincidieron hasta en la expresión: “iban a por las mujeres”, con las mujeres se ensañaban más. La idea machista de fondo era que si bien nadie hubiera debido estar allí, mucho menos debían estar allí las mujeres, pues ese claramente no era su lugar. También hubo casos de vejaciones sexuales que antes no habíamos visto. Y en todo caso, nuestra generación no había asistido nunca a una represión tan generalizada contra la población civil (las cifras oficiales hablan de más de 1.000 personas heridas en todo Cataluña, de todas las edades) y mucho menos por algo tan básico como querer votar.
Además, se usaron balas de goma, que en Cataluña se prohibieron en 2013 y se dejaron de utilizar en abril de 2014. La prohibición se hizo efectiva gracias al trabajo de muchas entidades y colectivos de los movimientos sociales como Stop Balas de Goma o Rereguarda en moviment, así como gracias a la visibilidad del caso de Ester Quintana, una mujer que perdió un ojo en el marco de la represión de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Unido al esfuerzo previo, el gran trabajo comunicativo y legal en este caso, con la campaña Ojo con tu Ojo, se consiguió que el cuestionamiento del uso de este tipo de armamento llegara hasta el Parlamento de Cataluña. Aunque no se logró la condena de los policías que hirieron a Ester Quintana, sí se logró la prohibición del uso de balas de goma por parte de los Mossos d’Esquadra, además de órdenes de indemnización de las víctimas.
El uso de balas de goma el 1 de octubre de 2017, además de costarle la visión de un ojo a otra persona, Roger Español, tuvo un gran valor simbólico porque fue un retroceso en lo que creíamos que era una batalla ganada. Por ello tenemos claro que trabajaremos para que Roger sea la última víctima de las balas de goma en el país.
- ¿Cómo se llegó a la situación del 1 de octubre? ¿Cómo y cuándo se produjeron los avances del autonomismo que desembocaron en el referéndum por la independencia?
Siempre ha habido un porcentaje de la población catalana que ha querido la independencia. Alrededor del año 2000 ese porcentaje se estimaba en un 12 o 13%. Pero más allá de esto, había algunos consensos que estaban muy claros, tales como el uso vehicular de la lengua catalana en las aulas (obviamente combinado con una buena enseñanza del castellano). Según el llamado proceso de normalización lingüística, toda persona escolarizada en Cataluña debe salir del colegio sabiendo catalán y castellano. Esta fue una reivindicación de la clase obrera que en los años ’60 y ’70 había llegado desde fuera de Cataluña, porque hablar catalán confería ventajas de inserción laboral a las que no podía acceder quien no estuviera expuesto al idioma en su hogar, de modo que la enseñanza del idioma en la escuela era una suerte de igualador social. Esta es una arista de la reivindicación del idioma que es poco mencionada.
Y luego está la concepción del pueblo catalán, que existe desde hace muchos años y ha vivido distintos procesos. Cuando se aprobó la Constitución Española de 1978 se discutió mucho sobre si incluir o no el concepto de nación en los territorios históricos – Cataluña, País Vasco y Galicia. Al final se prefirió hablar de “nacionalidades históricas” más que de nación, sobre la base de la idea de que la nación es una sola e indivisible. Además, se pasó de reconocer cierta distinción de trato a esas nacionalidades históricas, que habían gozado de un estatuto de autonomía durante la República (1931-1939), a lo que se conoció como “café para todos”, una política homogénea para todas las regiones, tanto nacionalidades históricas como meras entidades geográficas. Así nació la división del Estado en autonomías, cada una de ellas con un parlamento y un ejecutivo propio.
Durante años, las demandas de mayor autonomía se fueron salvando con un constante estira y afloja, combinado con un apoyo casi sin fisuras a los gobiernos estatales por parte de la derecha catalana, en el poder en Cataluña durante más de 20 años. Con ello, también las diferencias económicas entre los distintos territorios del Estado se fueron agudizando, empeoradas por una falta clara de transparencia. Las llamadas “balanzas fiscales”, es decir, cuánto aporta cada territorio al Estado y cuánto recibe, nunca se hacían públicas. Aquí el País Vasco tiene un estatus diferenciado, por razones históricas –las guerras carlistas en el siglo XIX, entre otras-, conservando la potestad de recaudar impuestos para luego entregar un porcentaje pactado al estado español, mientras que en Cataluña la mayor parte de los impuestos los recoge directamente el estado español y luego regresa solo una parte. Eso, sumado a una falta de inversión en infraestructura bastante palpable –sólo hay que ver por ejemplo el sistema ferroviario catalán-, ha ido generando una sensación de desajuste entre lo que aporta Cataluña y lo que recibe (es el “Madrid nos roba” popularizado por Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat, durante 23 años) que en el resto del Estado ha sido percibido como insolidaridad. A ello se han sumado ataques constantes a consensos establecidos, tales como el generado en torno de la lengua catalana en la escuela.
Históricamente, Cataluña ha reclamado mayor autonomía en muchos asuntos. Alrededor de 2002, se inició el debate para la modificación del Estatuto de Autonomía, es decir de la constitución interna de Cataluña, en reemplazo del estatuto de 1979. El estatuto debe ser aprobado por el parlamento catalán, luego por el Congreso de los diputados españoles, y luego sometido a referéndum. El nuevo estatuto fue aprobado en 2006, pero el proceso duró varios años. En ese momento el presidente del gobierno español era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien había dicho que apoyaría el estatuto que aprobara el pueblo catalán. Este estatuto no era ninguna maravilla, pero representaba algunos avances en materia de derechos ciudadanos y competencias autonómicas.
Ya en ese momento, el Partido Popular del actual presidente del gobierno español Mariano Rajoy hizo una campaña feroz contra el Estatuto Catalán. El Partido Popular recogió firmas en su contra y recurrió ante el Tribunal Constitucional varios artículos del Estatuto de Cataluña que eran idénticos a los contenidos en los estatutos de Andalucía y Valencia, que se estaban discutiendo al mismo tiempo, los cuales sin embargo no fueron cuestionados. Cuatro años después, en 2010, el Tribunal Constitucional suprimió algunos de esos artículos del Estatuto Catalán, aunque artículos similares siguen vigentes en los estatutos de Andalucía y Valencia. Esto fue percibido por la opinión pública catalana como un ataque dirigido específicamente contra Cataluña.
La sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 fue un punto de inflexión. En reacción a ella se produjo una de las manifestaciones más masivas de la historia de Cataluña, que según diversas estimaciones reunió entre 1 y 1,5 millones de personas. Con el lema ‘Somos una Nación, nosotros decidimos’, se realizó el 10 de julio de 2010 y tuvo el apoyo de la mayoría de los partidos políticos representados en el parlamento catalán, el movimiento sindical y centenares de organizaciones de la sociedad civil. Ahí fue cuando se empezó a generalizar la sensación de que con este Estado español no era posible convivir. Las elecciones de noviembre de 2011 llevaron al Partido Popular a la presidencia del gobierno de España. En ese entonces el presidente de la Generalitat catalana fue a Madrid con la intención de negociar un nuevo acuerdo fiscal similar al del País Vasco y ni siquiera fue recibido.
La masividad de la convocatoria se repitió el 11 de septiembre de 2012, fecha de la fiesta nacional de Cataluña, cuando la manifestación que usualmente reúne a algunas decenas de miles de personas se transformó en una protesta de más de un millón. El partido que gobernaba Cataluña, que nunca había sido independentista, se vio superado por las multitudes que clamaban por la independencia. A partir de este momento cada manifestación del 11 de septiembre ha sido más masiva que la anterior, de tono claramente independentista, y cada año ha tenido innovaciones que le han dado un carácter espectacular, bien adaptado a la cultura audiovisual contemporánea.
Los movimientos sociales de base de Barcelona son bastante autónomos, y una parte de ellos no se sentían interpelados con la causa independentista, porque hay una porción muy amplia de la sociedad civil que no es nacionalista. De hecho, muchos independentistas se reivindican como no nacionalistas, y ven la independencia como una estrategia para conseguir mayor democracia y derechos, no como una cuestión nacionalista. La verdad, creo que quienes más han hecho por el crecimiento del independentismo en Cataluña han sido Rajoy y el Partido Popular, que no han hecho otra cosa que antagonizar con las demandas más razonables de autonomía y derechos, generando una radicalización masiva que no existía algunos años atrás. Si se hubiera hecho un referéndum por la independencia en 2012, muy probablemente hubiera ganado el ‘no’. Pero cada ataque del gobierno español ha generado nuevos independentistas y también mayor consenso en relación al hecho que Cataluña tiene derecho a decidir su organización territorial y política. De hecho, la propia represión del 1 de octubre aumentó en pocas horas la participación, ya que llevó a las calles y a las urnas a mucha gente indignada que en otras condiciones tal vez no hubiera salido.
- ¿Te parece que lo que está pasando en Cataluña es parte de un proceso más amplio de ascenso del nacionalismo, o tiene una lógica propia?
Hasta donde yo sé, los argumentos empleados a favor del Brexit fueron de un nacionalismo con connotaciones más bien xenófobas, al menos eso es lo que nos llega a nosotros por los medios de comunicación. Pero estos no han sido nunca los argumentos a favor de la independencia de Cataluña. De hecho, al mismo tiempo que se hacían manifestaciones multitudinarias por la independencia de Cataluña se hizo en Cataluña la mayor manifestación que tuvo lugar en Europa a favor de dar acogida a refugiados, con cientos de miles de personas en las calles. La demanda independentista tiene incluso un componente democratizador, y es por eso que se han sumado muchos movimientos sociales, aunque para ellos la independencia sigue sin ser una prioridad. En Cataluña ha habido procesos democratizadores que no han ocurrido en el resto de España, desde la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo hasta la prohibición de las balas de goma, pasando por la demanda de cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Eso no significa que en el resto del Estado no se esté presionando para conseguir eso - de hecho nuestra organización, Irídia, tiene mucha vinculación con movimientos sociales y entidades de defensa de los derechos civiles y políticos. Pero sea como sea aquí hemos conseguido incidir mucho más en este tipo de demandas que con el gobierno central. Eso genera un clima distinto entre sociedad civil e instituciones.
Si el gobierno español hubiera accedido a negociar las condiciones de la autonomía en dirección de un trato bilateral percibido como justo con Cataluña, seguramente la demanda independentista hubiera cedido. Y cabe subrayar que un trato justo también hubiera debido contemplar aportes sustanciales de las regiones más ricas en favor de las más desfavorecidas. Pero el gobierno español no tiene un política de negociación o diálogo arraigada, sino que se mueve más en términos de vencedores y vencidos y de humillación.
Aún así, no es seguro que la demanda independentista sea mayoritaria, aunque ha crecido mucho. Lo que sí reúne el consenso de la abrumadora mayoría de los catalanes es la convicción de que la decisión debe surgir de una consulta a la ciudadanía. Es decir, que debe reconocerse la capacidad de decidir del pueblo catalán y hacerse un referéndum. Ese es el motivo por el cual todos los partidos participaron de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, aún cuando éstas fueran una imposición del gobierno español y tuvieran lugar con la Generalitat intervenida como resultado de la cuestionada aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
- ¿Cómo sigue el proceso; hacia adónde se dirige?
Es difícil de decir. De un lado tenemos preocupantes resoluciones judiciales del Tribunal Supremo que son difíciles de entender desde el punto de vista del Estado de derecho y la separación de poderes. Nos encontramos con personas presas con cargos de sedición y rebelión, a pesar de que todas las movilizaciones han tenido siempre un carácter marcadamente pacífico y así lo reconocen las resoluciones en su contra. Aun así, consideran que el hecho de que fueran movilizaciones masivas implicaba “intimidación” o que la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre es responsabilidad de los líderes políticos catalanes. El argumento es que si no hubieran animado y organizado el referéndum ilegal, el Estado no se “habría visto obligado” a utilizar la fuerza. Este tipo de argumentos hoy se usan para acabar con el independentismo – con incierto resultado - pero mañana se pueden utilizar contra cualquier tipo de reivindicación.
En todo caso, y a efectos prácticos hoy por hoy estamos peor que en el comienzo: líderes sociales y responsables políticos en prisión preventiva, el gobierno catalán intervenido, y los derechos a la libertad de expresión, información, reunión y manifestación en retroceso. Además, el gobierno español advirtió antes de las elecciones del 21 de diciembre que si ganaban los partidos independentistas la administración seguiría siendo controlada desde Madrid; es decir, de algún modo anunció que no reconocería los resultados si no le eran favorables. El período pre-electoral fue utilizado por la Junta Electoral Central para definir qué palabras y conceptos podían utilizarse en la campaña, y hubo numerosos actos de censura. Mónica Terribas, una de las periodistas más reconocidas de Cataluña, dijo en su programa de diario que no se podía calificar de ‘libres’ a unas elecciones realizadas con la mitad del gobierno en prisión y la otra mitad en el exilio, y con semejantes ataques contra medios y manifestantes. Por sus palabras la radio fue sancionada.
Se llegó a las elecciones en estas condiciones porque tras varios meses de mucha intensidad política la gente estaba cansada y expectante, y porque nadie quería dar excusas para que hubiera más represión. La participación en las elecciones - 81,9%. - fue la más alta hasta el momento. Y el independentismo volvió a ganar, con más de 2 millones de votos (100.000 votos más que en las anteriores elecciones), obteniendo la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento (70 de los 135). De otro lado, el partido más votado fue Ciudadanos (25,4%; 37 escaños), un partido liberal, defensor de la unidad de España, que obtuvo sus mejores resultados hasta el momento.
Sin embargo, las dificultades para formar gobierno son elevadas porque el candidato a la presidencia se encuentra en Bruselas y no puede volver sin riesgo de ser encarcelado, al igual que algunos representantes políticos elegidos en las últimas elecciones, como Oriol Junqueras. Por ello está claro que con unas elecciones no alcanza; para salir de esta situación se requiere un auténtico acto de soberanía, mucho diálogo y sobre todo respeto a los derechos fundamentales.
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