CIVICUS conversa con Ana Cristina Ruelas, Directora de la oficina de ARTICLE 19 para México y Centroamérica. ARTICLE 19 es una organización de la sociedad civil independiente y apartidista que defiende los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información de acuerdo con los más elevados estándares internacionales. Para ello, promueve el derecho a la difusión de información y opiniones en todos los medios, investiga tendencias y amenazas a la libertad de expresión, proporciona acompañamiento a las personas cuyos derechos han sido violados, y busca contribuir al diseño de políticas públicas.
- Según informes recientes, México es el país con mayor cantidad de asesinatos de periodistas en América Latina, y uno de los peor clasificados del mundo. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno?
Desde Artículo 19 consideramos que los tres niveles de gobierno y las instituciones del Estado tienen una política muy bien articulada para reducir los flujos de información efectiva para la ciudadanía, principalmente la relacionada con hechos de inseguridad y de corrupción. La violencia contra la prensa abarca una serie de mecanismos orientados a ese objetivo, el más sutil de los cuales es la asignación de la pauta oficial para dictar las líneas informativas de los medios de comunicación. En México, particularmente a nivel estadual, los gobiernos cubren hasta el 60 o 70% de los ingresos de los medios de comunicación, y es muy difícil hablar de pluralismo y objetividad de la información si los medios dependen a tal punto del dinero público. Al mismo tiempo, el hecho de que la asignación de la pauta es discrecional y opaca genera una altísima precariedad laboral para los periodistas. Los periodistas no cuentan con seguros de gastos médicos, si les roban una cámara mientras hacen cobertura su medio no se las paga… realmente falta una corresponsabilidad real por parte de las casas de medios para con sus periodistas.
Respecto de esta forma de violencia económica, no se identifican grandes diferencias a lo largo del territorio; es una forma de control político de los medios que utilizan todos los gobiernos, incluidos los municipales. A fin de cuentas, lo que nosotros hemos observado es que normalmente las agresiones físicas son precedidas por el chantaje económico, que tiene que ver en gran medida con la publicidad oficial.
- ¿Los asesinatos de periodistas vendrían a ser tan solo la punta del iceberg?
Exactamente. Es el fenómeno más grave, pero por detrás hay una serie de políticas y violencias mucho más ampliamente difundidas y muy bien articuladas, que empiezan desde lo económico y continúan por la criminalización. En más de la mitad de los estados de la República todavía están tipificados los delitos contra el honor: calumnias, difamación, injurias. Todavía existen los delitos de ultraje e incluso, por absurdo que parezca, hay seis estados que criminalizan el uso de memes. En esos casos, el uso de memes es clasificado como la manipulación de la imagen para perjudicar a funcionarios públicos e instituciones del Estado. Por otra parte, en varios estados donde se ha logrado la eliminación de los delitos contra el honor, hemos observado un aumento de la violencia institucional, bajo la forma de demandas civiles contra periodistas por daño moral. Estos procesos terminan impactando de manera directa sobre el patrimonio de los periodistas.
- ¿Hasta dónde tendríamos que remontarnos para rastrear la genealogía de la situación actual? ¿Ha habido algún cambio, para mejor o para peor, en los últimos tiempos?
El tema de la publicidad oficial viene de los años 60 y 70; hay una frase muy famosa de un presidente de esa época, José López Portillo (1976-82), que ante los cuestionamientos de un medio le dijo al periodista: “no te pago para que me pegues”. Esta situación es histórica; lo que en los últimos tiempos ha empeorado es la violencia directa, que se ha vuelto más cínica y más desinhibida. Desde el inicio de la guerra contra el narco se han incrementado de manera constante las agresiones contra periodistas, incluidos los asesinatos. Artículo 19 documentó 397 agresiones en 2015, 426 en 2016, y 276 tan solo en el primer semestre de 2017 –un aumento de 23% en relación con el primer semestre del año anterior. Asimismo, en 2015 hubo siete asesinatos, en 2016 once, y este año han sido once hasta el mes de octubre. Cada 15,7 horas un periodista es atacado en el país. La situación se ha vuelto más tensa que nunca, porque ahora tú sabes que cualquier amenaza en tu contra puede significarte la muerte o la desaparición. Actualmente hay 23 periodistas desaparecidos.
Si bien los casos de extrema violencia se concentran desproporcionadamente en ciertas zonas, en particular en los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, ello no significa que en el resto del país haya más libertad. De hecho, en muchos estados donde se registran menos agresiones físicas también hay más censura indirecta, ejecutada mediante el uso de la publicidad oficial. Nosotros tenemos un mapa de restricciones a la libertad de expresión donde se observa claramente el entramado de estos fenómenos, desde leyes restrictivas y nivel de conectividad a internet, pasando por calificaciones en materia de transparencia, hasta agresiones físicas y asesinatos.
- ¿Quiénes son los perpetradores de estas agresiones? ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado, que por lo general las adjudica a acciones de actores no estatales?
Nosotros tenemos cifras que desmienten esas afirmaciones de los funcionarios del Estado: en el 53% de los casos de agresiones documentadas en 2016 el actor perpetrador fue un agente del Estado, en primer lugar en el nivel estadual, seguidamente en el nivel municipal, y finalmente agentes federales. Desde 2007, por lo menos, cada año más de la mitad de las agresiones documentadas proceden del Estado.
Una forma fundamental de violencia del Estado es precisamente la falta de reconocimiento de que son agentes del Estado quienes están cometiendo buena parte de estas agresiones, lo cual conlleva una impunidad casi absoluta. El Estado insiste en que la responsabilidad es del crimen organizado, aunque las estadísticas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que son públicas, dicen que el principal perpetrador es el Estado. Con todo, en una sola ocasión escuchamos a un funcionario del Mecanismo de Protección reconocer públicamente y en esas palabras que el Estado es el principal perpetrador de agresiones contra la prensa.
Esto incide directamente sobre la impunidad. Si bien es cierto que en México hay un nivel de impunidad general de aproximadamente 98,5%, en el caso de las agresiones contra periodistas la impunidad se incrementa hasta el 99,7%. Y ello se debe a que el Estado se niega a investigarse a sí mismo. El hecho de que la Procuración de Justicia depende directamente del Ejecutivo no ayuda en lo más mínimo.
- La mayoría de los países que presentan estos niveles de violencia contra periodistas no son democracias, mientras que México cumple con los requisitos mínimos de una democracia electoral. ¿Es México una anomalía? ¿Qué está fallando a nivel del sistema político mexicano?
México no es realmente una democracia. México ha construido sus cimientos institucionales de manera autoritaria. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) permaneció setenta años en el poder y dejó estructuras institucionales muy enraizadas, que permiten por ejemplo que todo siga en pie como si nada hubiera sucedido tras la desaparición de 43 estudiantes [Nota del editor: se trata de los llamados “43 de Ayotzinapa”, estudiantes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 cuando iban en camino a una protesta en el estado de Guerrero, y a quienes se sospecha víctimas de una red de complicidades entre autoridades locales, fuerzas de seguridad y actores no estatales. El caso, aún no resuelto, se ha convertido en emblemático del fenómeno masivo de las desapariciones forzadas en México]. Quienes dominan el Estado no quieren reconocer las restricciones de la libertad de expresión porque la reducción de los flujos de información les resulta muy redituable, ya que les permite penetrar y generar narrativas propias que impactan en la sociedad y les permite mantener el poder.
México tiene altísimos niveles de desigualdad y pobreza. Donde los niveles de pobreza son mayores, es precisamente donde solamente llegan los medios más vinculados con el Estado. En las zonas con mayores niveles de marginalidad, que en muchos casos tienen una alta proporción de población indígena, no existe ninguna pluralidad informativa. La población recibe la información que el gobierno quiere que reciba. Junto con medios que replican la narrativa gubernamental, estas localidades reciben programas sociales que funcionan como un mecanismo de control y de abuso de poder sobre las comunidades, y que en última instancia son una fuente importante de votos. La falta de transparencia y acceso a la información tiene efectos reales sobre el funcionamiento de la democracia, ya que la población desconoce absolutamente las reglas que rigen los programas sociales y es manipulada de modo que las prestaciones sociales se transforman en contrapartidas del voto. Los efectos de esta situación son amplificados por el simple hecho de que el Programa Prospera atiende a más de 6 millones de familias que se encuentran en extrema pobreza, que han crecido con este programa, y que junto con los beneficios sociales reciben también una narrativa que les dice que las cosas no van tan mal para ellos. Con controles tan efectivos de la información no hay posibilidad de una sociedad capaz de tomar autónomamente decisiones distintas.
- ¿Qué está haciendo la sociedad civil para enfrentar estas restricciones?
En México, la imposibilidad de la sociedad para comunicarse con las instituciones hace de la protesta una forma corriente de diálogo a la fuerza. Pero cada vez más, particularmente en los estados, se utiliza la fuerza para limitar las protestas. Desde Artículo 19 buscamos que no se cierre el espacio de la protesta e intentamos generar redes de observación para monitorear el uso de la fuerza en manifestaciones.
La sociedad civil organizada también ha tratado de influir sobre las políticas públicas de manera de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información. En los inicios del gobierno del Presidente Peña Nieto se hicieron muchos esfuerzos para, por ejemplo, dar más poderes y otorgar autonomía constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y para producir una ley más robusta para eliminar las trabas al acceso a la información.
Pero una de las cosas que aprendimos desde la sociedad civil es que si bien es importante tener en el papel instituciones más sólidas y robustas, también es importante poner atención a los procesos de designación de funcionarios, ya que si al frente de una institución como el INAI se coloca a personas que son cómplices del poder, se vuelve a retroceder en todo lo avanzado. Así, hemos denunciado que en su conformación actual, la mayoría de los comisionados del INAI se resisten a la transparencia, en particular en lo que se refiere a casos de violaciones graves de los derechos humanos. Por eso hemos estado impulsando procesos de designación transparentes y abiertos. Hemos logrado articular una coalición de sociedad civil empeñada en la promoción de instituciones más transparentes, robustas y efectivas. La gran batalla que tenemos delante es contra la corrupción y la impunidad, y creemos que solo lograremos avanzar mediante la creación de una fiscalía general de la nación realmente independiente. Hoy por hoy hay muchos obstáculos para que eso suceda, porque la pérdida del manto de impunidad es una posibilidad muy poco atractiva para la mayoría de los políticos.
Respecto del tema más específico de la protección de periodistas, existen numerosas iniciativas de la sociedad civil, tales como los talleres de seguridad integral que dicta Artículo 19 y que cubren temas tales como identificación de riesgos, protocolos de seguridad, derechos digitales, ética y buenas prácticas, defensa legal y primeros auxilios; y diversas iniciativas impulsadas por coaliciones de sociedad civil de las cuales nosotros participamos tales como #AgendaDePeriodistas, orientada a la formación de una agenda permanente y la definición de un modelo organizacional para representar los intereses de los periodistas; y #RompeElMiedo, una red de monitoreo de la protesta y la cobertura electoral que se activó en las elecciones del 4 de junio de 2017 en varios estados del país con el objeto de minimizar las agresiones que sufre la prensa en contextos electorales.
Pero todavía falta mucha articulación real y efectiva de la sociedad civil mexicana, de manera que las organizaciones podamos relegar nuestras propias agendas para impulsar conjuntamente agendas estructurales que produzcan cambios reales.
- ¿Qué acciones concretas debería adoptar de inmediato el gobierno de México para salvaguardar el espacio cívico, y más concretamente la libertad de expresión?
Para combatir un problema de Estado se necesita una política de Estado. En lo que se refiere al marco normativo relativo a la libertad de expresión, ante todo deben eliminarse de los códigos penales todos los delitos de expresión. Adicionalmente, reclamamos que se reformen los procedimientos civiles relativos a las demandas de daño moral para que haya un análisis previo que permita determinar los méritos del caso y descartar aquellos en los cuales la demanda busque inhibir la libertad de expresión.
Se necesita también una ley general de archivos que permita a los periodistas hacer investigaciones reales a través de los mecanismos de acceso a la investigación. Actualmente la gestión archivística no está regulada, de manera que los gobiernos generan la información solamente cuando es solicitada, lo cual da lugar a muchos errores. Adicionalmente, y lo que es aún más grave, hay una política deliberada de ocultamiento y revisionismo histórico: los archivos históricos son censurados, de modo que los periodistas que están investigando por ejemplo violaciones graves de derechos humanos durante la llamada guerra sucia de 1960-1980 ya no tienen acceso a los archivos. [Nota del editor: la entrevistada refiere al conflicto interno que tuvo lugar durante la Guerra Fría, durante el cual el gobierno mexicano respaldado, por Estados Unidos, buscó disolver por la fuerza los movimientos políticos de estudiantes y las guerrillas de izquierda, contra los cuales las fuerzas de seguridad utilizaron tortura sistemática, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, estimadas estas últimas en aproximadamente 1200].
Además, deberían imponerse controles judiciales sobre la vigilancia y el acceso a metadatos, que actualmente no existen. Debe hacerse también una reforma estructural de la Fiscalía General de la República que le confiera autonomía real. Debe garantizarse la independencia de los servicios forenses existentes, que actualmente dependen de la Procuraduría, la cual a su vez depende del Ejecutivo. Es un círculo vicioso, de modo tal que las pericias terminan diciendo lo que el poder quiere que digan.
Respecto de la regulación de la publicidad oficial, a mediados de noviembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Congreso aprobar antes de fines de abril de 2018 una ley que reglamente el párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución. Entretanto, seguimos demandando al Ejecutivo la publicación de las cifras desglosadas del gasto en publicidad oficial.
En lo que se refiere al Mecanismo de Protección, desde Artículo 19 insistimos en que no es necesario que existan mecanismos de protección a nivel local, sino más bien enlaces que permitan articular y coordinar de manera efectiva las medidas de protección para periodistas en todo el territorio. Al mismo tiempo, consideramos que el Mecanismo de Protección tiene que abarcar el combate a la impunidad, es decir, que tiene que articularse efectivamente con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ya que no se puede hablar de protección mientras no haya un combate decidido a la impunidad. Caso contrario, nos llenaremos de periodistas protegidos pero las agresiones no disminuirán, porque no se está enviando a los perpetradores el mensaje de que atacar o matar a un periodista trae consecuencias.
Respecto del derecho de protesta, finalmente, luego de las agresiones que sufrieron muchos periodistas cuando cubrían las protestas frente a la inauguración presidencial del presidente Peña Nieto, en 2012, conformamos junto con el gobierno y la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México un grupo de trabajo para generar protocolos contra el uso de la fuerza y protocolos de concertación en el marco de las protestas. Su implementación en la Ciudad de México redujo significativamente el número de agresiones no solamente contra la prensa sino también contra manifestantes en general, cosa que no ocurrió en otros estados de la República. De modo que exigimos que se apliquen estos protocolos en los estados. Y por supuesto, ante todo deben eliminarse todas las leyes estaduales que permiten el uso de la fuerza en protestas.
- ¿Cuán conectada está la sociedad civil mexicana con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿De qué modo podrían los actores externos apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil en México?
Hay muchas organizaciones que forman parte de redes internacionales, pero éstas no han sido efectivas para elevar sustancialmente el costo político internacional que las violaciones de derechos le generan al gobierno mexicano. Ha habido, sí, cambios positivos en los últimos años, en el sentido de que la sociedad civil se ha empezado a articular de manera más efectiva con otros sectores en torno de ciertos temas: por ejemplo, el colectivo que impulsa la nueva Fiscalía General incluye no solo a grupos de derechos humanos sino también a grupos de empresarios, y ha echado mano de las redes internacionales, en especial latinoamericanas, para identificar lecciones aprendidas en otros países y aplicarlas en nuestro país.
Pero se necesitan mayores esfuerzos para generar costos de reputación al gobierno de México por su descuido de los derechos humanos. En ese sentido, es muy simbólico el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), de la cual México es miembro fundador. Desde la sociedad civil estamos exigiendo a la AGA que saque a México de su Comité Directivo, porque ¿cómo puede nuestro país estar liderando esta iniciativa internacional cuando tiene internamente este panorama que venimos describiendo? Es de un cinismo descarado, y está faltando presión internacional para que esto tenga algún costo.
- El espacio cívico en México es clasificado por el CIVICUS Monitor en la categoría ‘represivo’, indicativa de la existencia de serias restricciones sobre las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
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