CIVICUS habla con la abogada e investigadora de derechos humanos Mrinal Sharma acerca del estado de las libertades cívicas en India. Mrinal trabaja ayudando a personas defensoras de derechos humanos ilegalmente detenidas y a solicitantes de asilo, refugiados y apátridas en India. Trabajó como Asesora de Políticsa en Amnistía Internacional India hasta que el gobierno de este país obligó a la organización a cerrar en octubre de 2020. Su trabajo con Amnistía se enfocó en las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en Assam, en las barreras para el acceso a la justicia en Cachemira y en la demonización de las minorías en toda India. Mrinal había trabajado anteriormente en la Commonwealth Human Rights Initiative y en la Refugee Solidarity Network.
¿Se están volviendo más restrictivas las condiciones para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi?
Ciertamente, el espacio cívico en la India ha experimentado un deterioro gradual bajo el gobierno de Modi. El 90% de los delitos de odio perpetrados en la última década se produjeron después de 2014, es decir, durante el gobierno de Modi. Según la base de datos sobre sedición de Artículo 14, desde 2010 11.000 personas han sido acusadas de sedición en la India. El 96% de los casos de sedición iniciados desde 2010 por criticar al gobierno nacional y a sus líderes fueron iniciados durante el gobierno de Modi. La India no es ajena a la tendencia al bloqueo deliberado del acceso a internet y ostenta el récord de haber impuesto el mayor número de bloqueos de internet en todo el mundo. Según el Internet Shutdown Tracker del Software Freedom Legal Centre, la cantidad de bloqueos de internet ha aumentado constantemente desde 2014. Estos alcanzaron su punto máximo en 2019, lo cual dio cuenta del prolongado apagón de las comunicaciones impuesto por el gobierno indio en Jammu y Cachemira. Además, entre 2012 y 2020, 148 de los 385 bloqueos de internet fueron impuestos para contener “situaciones de orden público” en curso, un eufemismo que suele utilizarse en referencia a las protestas pacíficas. Estos datos indican la magnitud de las restricciones impuestas sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en la India.
Además, el uso de leyes restrictivas tales como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Pública y otras leyes de detención preventiva para frenar las protestas contra las políticas discriminatorias del gobierno también se ha convertido en algo habitual. Ni siquiera esta virulenta pandemia ha disuadido al gobierno indio de detener o mantener detenidas a personas defensoras de derechos humanos de avanzada edad o en mal estado de salud, a pesar de la situación de hacinamiento en las cárceles. En julio de 2020, Varavara Rao, un poeta y activista de 81 años que fue acusado en virtud de la UAPA por su presunta participación en actos de violencia ocurridos durante las celebraciones de Bhima Koregaon en 2018, dio positivo para el COVID-19 mientras estaba detenido en una prisión superpoblada de Maharashtra. Tras pasar más de dos años y medio detenido a la espera de juicio y de realizar múltiples intentos fallidos para obtener la libertad bajo fianza, recientemente fue puesto en libertad por seis meses en consideración de su precario estado de salud. Del mismo modo, Safoora Zargar, una investigadora académica que estaba embarazada de tres meses fue acusada bajo la UAPA y detenida en otra prisión superpoblada de Delhi por protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA). Fue necesario llevar a cabo una intensa campaña pública internacional, nacional y local para que fuera puesta en libertad bajo fianza. Muchos estudiantes siguen detenidos.
La pandemia ha sido utilizada para activar leyes draconianas de “emergencia”. Estas leyes otorgan amplios poderes al gobierno para detener y encarcelar a cualquiera que infrinja el confinamiento punitivo impuesto para frenar la propagación del virus. Estas leyes fueron aplicadas en forma arbitraria contra periodistas, trabajadores esenciales y personas pertenecientes a grupos excluidos. Algunos fueron incluso torturados y asesinados mientras estaban bajo custodia policial. Según un informe reciente del Proyecto de Justicia Penal y Responsabilidad Policial, la mayoría de los informes contravencionales elevados durante el confinamiento en el estado de Madhya Pradesh fueron contra peatones, y en particular contra vendedores ambulantes y personas en vehículos de dos ruedas, lo cual dejó en evidencia la aplicación discriminatoria de las leyes de emergencia.
Cabe señalar que la aplicación de estas leyes es un hilo conductor que une a sucesivos gobiernos. La mayoría de estas leyes fueron aprobadas por el gobierno anterior; el gobierno actual simplemente las ha utilizado para atacar a grupos sociales específicos.
¿Cuáles son los principales motivos que dan cuenta de los ataques contra activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC)?
La sociedad civil desempeña un rol muy importante a la hora de acortar distancias entre derechos y derechohabientes. Al hacer ese trabajo, también comprende los defectos de los sistemas sociales y económicos y tiene poder para cambiar el statu quo exigiendo el fin de las desigualdades y desmantelando las estructuras de poder existentes, cosa que ha hecho con éxito en el pasado. Los líderes políticos demonizan a las OSC, desacreditan su trabajo y experiencia y las convierten en chivos expiatorios en función de sus creencias políticas para adquirir poder y beneficiarse políticamente.
Estos constantes ataques adoptan la forma de restricciones ilegales y uso de términos vagos e imprecisos para describir a las personas defensoras de derechos humanos, a los manifestantes pacíficos y a sus motivaciones, y así moldear a la opinión pública. Entre esos términos se cuentan los de “antinacional”, “naxal urbano” y el más reciente “aandolanjivis” (manifestantes profesionales). Las OSC también son descritas como portadoras de una “ideología extranjera destructiva”, como una elite corrupta y como ese “otro” que trabaja contra el pueblo, mientras que quienes lideran esta demonización son presentados como representantes de ese “pueblo”. Esto aviva aún más las hostilidades entre grupos sociales, distrae al público de las verdaderas taras de la sociedad y habilita la adopción de políticas discriminatorias. Además, la restricción selectiva del derecho de las personas a las libertades de expresión y asociación con el objeto de silenciar las críticas y perpetuar la narrativa del gobierno también conduce efectivamente a la polarización, que es un terreno fértil para promover agendas políticas estrechas.
¿Qué cuestiones de derechos humanos son las que más preocupan a Amnistía Internacional en la India?
La flagrante criminalización del disenso en la India sigue siendo muy preocupante. Las interrupciones masivas de Internet, el uso excesivo, innecesario y a menudo ilegal de la fuerza por parte de la policía y las detenciones ilegales en virtud de las leyes antiterroristas se han convertido en algo demasiado habitual. Dan prueba de ello la respuesta de mano dura del gobierno frente a las protestas pacíficas contra la decisión unilateral de despojar a Jammu y Cachemira de su autonomía constitucionalmente garantizada, en medio de un apagón total de las comunicaciones, la promulgación de la discriminatoria CAA y, más recientemente, la aprobación de tres leyes agrícolas que pretenden desregular la agricultura en la India.
Desde septiembre de 2020, más de 160 agricultores han muerto mientras protestaban pacíficamente contra las leyes agrícolas. Muchos jóvenes activistas que apoyan a los agricultores están detenidos bajo cargos de sedición. Al menos 50 personas murieron en los disturbios que estallaron en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Además, la burbuja de noticias falsas y desinformación facilitada por los modelos de negocios de las grandes empresas tecnológicas, que están basados en la vigilancia, combinada con marcos débiles para la protección de los datos, alimenta constantemente la política de demonización en la India.
También son preocupantes las represalias del Estado contra quienes denuncian violaciones y delitos de casta, así como la impunidad generalizada por los asesinatos y ataques contra minorías religiosas perpetrados por turbas de civiles armados y policías. A modo de ejemplo, a pesar de las pruebas irrefutables, grabadas en video, que muestran la complicidad de agentes de policía en los disturbios producidos en el noreste de Delhi en febrero de 2020, hasta ahora no hay ningún policía procesado. Al mismo tiempo que se ignoran sistemáticamente la violencia y el discurso de odio de los partidarios de la CAA, los manifestantes contrarios a la CAA siguen siendo acosados e intimidados por el gobierno.
¿Podría contarnos acerca de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (FCRA) y su impacto sobre la sociedad civil?
La FCRA regula las donaciones extranjeras en la India. Ostensiblemente, fue promulgada para regular las donaciones extranjeras a los partidos políticos y controlar la influencia extranjera en las elecciones indias. Enmendada en múltiples ocasiones desde su aprobación en 2010, se ha convertido en un arma eficaz en manos del gobierno para sofocar a la sociedad civil india. Su versión más reciente impone restricciones discriminatorias al acceso de las OSC a financiamiento, imponiendo procedimientos de autorización onerosos, altamente burocráticos y difíciles de realizar. Desde 2011, según lo admite el propio gobierno, se han cancelado las licencias de más de 20.000 OSC. Las organizaciones que se atreven a decirle la verdad al poder o a cuestionar las violaciones de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional India, son atacadas con la FCRA mediante acusaciones motivadas políticamente.
La última modificación de la FCRA, aprobada en plena pandemia, ha ahogado aún más a la sociedad civil. Prohíbe que los funcionarios públicos reciban fondos extranjeros; prohíbe la transferencia de fondos extranjeros de una organización o individuo a otro, más allá de que cuenten con licencia bajo la FCRA; reduce el límite de utilización del rubro de “gastos administrativos” del 50% al 20%; amplía el periodo de suspensión de la licencia para OSC otorgada por la FCRA de 180 días a un año; y establece que las contribuciones extranjeras solo pueden ser recibidas mediante una cuenta bancaria de la OSC marcada por la FCRA en una sucursal designada del banco estatal situada en Delhi.
Estas enmiendas estigmatizarán efectivamente la asociación de funcionarios públicos con organizaciones sin fines de lucro, ahogarán las colaboraciones entre OSC y, en particular, aquellas que involucren a OSC más pequeñas y de base, reducirán los fondos asignados para pagar sueldos del personal y realizar proyectos en el terreno que conlleven gastos de viaje, y privarán a las OSC de fondos hasta que el gobierno complete su investigación por presuntas violaciones a la FCRA. También obstaculizarán el trabajo de las OSC que tienen su sede fuera de Nueva Delhi, que constituyen aproximadamente el 93% de s las OSC registradas en la India, ya que imponen innecesarios gastos de viaje, los cuales además se contarían dentro del límite de 20% para gastos administrativos.
El gobierno tiene la obligación de justificar la imposición de estas estrictas restricciones y la vulneración de los derechos humanos de las personas y organizaciones a asociarse y expresarse libremente. Tiene que demostrar que estas restricciones son realmente legítimas, razonables y proporcionales al daño que buscan evitar, pero no lo ha hecho. De hecho, hizo caso omiso de los reclamos de la sociedad civil para que el proyecto de ley fuera sometido a un comité de personas expertas para generar mayor debate antes de su aprobación. El debate en el Parlamento también fue mínimo.
La FCRA y sus enmiendas más recientes han sido muy criticadas por la comunidad internacional, y por personalidades como Maina Kiai, ex Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, por ser demasiado amplias y vagas. Pero el gobierno no ha hecho caso. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha pedido explicaciones por la cancelación masiva de licencias de la FCRA para las OSC.
Paradójicamente, los partidos políticos siguen recibiendo fondos extranjeros, lo cual antes estaba prohibido, y lo hacen con mínimas restricciones. De hecho, a pesar de que los partidos políticos violan recurrentemente la FCRA, ahora no solamente les resulta más fácil recibir fondos, sino que además el proceso se ha vuelto mucho más opaco. A modo de ejemplo, en 2014 el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que el partido gobernante, Bharatiya Janata, y el Congreso Nacional Indio habían violado la FCRA al aceptar fondos extranjeros. En 2016 y luego en 2018, el gobierno indio modificó la FCRA para legalizar el financiamiento extranjero para los partidos políticos y eximir a éstos del escrutinio no solo de los fondos que les llegaran en el futuro, sino también de los que ya les habían sido donados en el pasado. En diciembre de 2020, la Comisión Central de Información, a cargo de la implementación de la Ley de Derecho a la Información de 2005, dictaminó que la revelación pública de la identidad de los donantes de los partidos políticos no sirve a ningún interés público, y por lo tanto no es necesaria.
Esta clara diferencia entre el trato que reciben los partidos políticos y las OSC debería bastar para entender las turbias motivaciones subyacentes a la FCRA.
¿Por qué Amnistía India fue obligada a cerrar, y cuáles han sido las consecuencias?
Amnistía Internacional India se vio obligada a cerrar como represalia por la publicación de dos informes críticos que ponían de manifiesto la situación de derechos humanos en Cachemira y destacaban el papel de la policía de Delhi en los disturbios que tuvieron lugar en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Poco después de que publicara estos informes, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. El gobierno no proporcionó ninguna advertencia ni aviso previo, ni ofreció ninguna razón para congelar las cuentas bancarias. Al no poder acceder a los fondos que había recaudado localmente, a partir de contribuciones de la ciudadanía india, Amnistía Internacional India se vio obligada a suspender todas sus actividades y a despedir a todo su personal.
Para Amnistía Internacional India el acoso y la intimidación a causa de su trabajo de derechos humanos no era ninguna novedad. Desde 2016 enfrentaba una incesante campaña de desprestigio por parte del gobierno y de los medios de comunicación afines al gobierno. En 2018 soportó un allanamiento de 10 horas de duración por parte de la Dirección de Ejecución, tras el cual se vio obligada a despedir a varios miembros de su personal, lo cual afectó negativamente a su trabajo en la India, y en particular a su labor con comunidades excluidas. Aunque los tribunales emitieron una medida cautelar en favor de la organización, su buen funcionamiento se vio dificultado por la persecución mediática y la reducción de sus capacidades. Es importante señalar que hasta el día de hoy no se han presentado acusaciones formales contra la organización. Un año después, en noviembre de 2019, en medio de rumores de la inminente detención de sus altos funcionarios, las oficinas de Amnistía Internacional India y la residencia de uno de sus directores volvieron sufrir allanamientos, esta vez por parte de la Oficina Central de Investigación, la principal agencia de investigación del país, dependiente del gobierno central. Sin embargo, la organización siguió trabajando, desafiando estos ataques contra ella y sus empleados.
Pero esta vez los ataques fueron más encarnizados. El impacto inmediato del cierre ha recaído sobre el personal de Amnistía Internacional India -investigadores, responsables de campañas, recaudadores de fondos-, que perdieron sus empleos de la noche a la mañana sin recibir ninguna indemnización, en el contexto de una recesión económica que se ha visto agravada por la pandemia. Los grandes proyectos de investigación y las campañas que llevaba a cabo Amnistía Internacional India se han paralizado. Habría que dejarle en claro al gobierno indio que, con la excusa de sujetar a controles a una supuesta “entidad extranjera”, todo lo que ha hecho es privar de sus medios de vida a muchos de sus propios ciudadanos. Y, lo que es aún más importante, ahora hay una voz menos exigiendo al gobierno indio que rinda cuentas de sus excesos y su inacción.
¿Hay otras organizaciones de derechos humanos que estén enfrentando desafíos similares?
Varias OSC que han cuestionado o criticado las políticas del gobierno han enfrentado desafíos similares en relación con la FCRA. People’s Watch, Indian Social Action Forum, Hazards Centre, Greenpeace India, Sabrang Trust, Navsarjan Trust, Act Now for Harmony and Democracy, Indian Social Action Forum y Lawyers Collective son algunos de los grupos que han recibido acusaciones motivadas políticamente en virtud de la FCRA. Esto no es un accidente. Existe un patrón deliberado de silenciamiento de los grupos de derechos humanos mediante su trato como empresas criminales y la presentación de los disidentes como delincuentes. Lawyers Collective, por ejemplo, ha trabajado ampliamente con las víctimas de los ataques contra musulmanes de 2002 en Gujarat. People’s Watch ha hecho activamente campaña contra los abusos contra personas detenidas. Greenpeace India ha estado a la vanguardia de la lucha por el derecho a la tierra y contra el cambio climático y el impacto medioambiental de la minería del carbón.
Además de la FCRA, otras leyes draconianas contribuyen a crear un entorno incapacitante para la labor de derechos humanos en India. Entre ellas están la UAPA, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional. Anunciadas como leyes antiterroristas o leyes que castigan “delitos contra el Estado”, han creado un sistema de impunidad y constituyen herramientas eficaces para mantener a la gente en la cárcel durante períodos prolongados. El índice de condenas en virtud de estas leyes es realmente bajo. Según la Oficina Nacional de Registros de Delitos, en 2018 más del 93% de los casos iniciados bajo la UAPA seguían pendientes de tratamiento en los tribunales, mientras que la tasa de condenas en virtud de la UAPA era de apenas 27%. Desde 2016, solo siete casos de sedición han terminado en condena. Según una investigación anterior de Amnistía Internacional India, alrededor del 58% de las órdenes de detención dictadas entre 2007 y 2016 en virtud de la Ley de Seguridad Pública, que se aplica en Jammu y Cachemira y permite la detención administrativa sin acusaciones ni juicio, fueron anuladas por el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira. Entre marzo de 2016 y julio de 2017, el 81% de las órdenes de detención fueron anuladas. Esto demuestra que estas leyes son utilizadas para privar a las personas de su libertad de movimiento y de expresión durante el tiempo en que sus casos avanzan en los tribunales.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos de derechos humanos y ampliar el espacio cívico en la India?
En términos generales, la comunidad internacional debe amplificar las voces de quienes están al frente de la lucha contra las violaciones de derechos humanos en la India. Al mismo tiempo, debe dejar de asumir una posición moral elevada y desestimar las preocupaciones de la gente, reales o proyectadas, sobre la seguridad, el bienestar y el desarrollo. En cambio, debe centrarse en combatir el discurso que transforma a la sociedad civil en un “otro” rechazado y proyectar una visión de un mundo más justo, sostenible y equitativo – un mundo no puede lograrse en ausencia de una sociedad civil robusta que trabaje sin descanso para la gente a lo largo y a lo ancho del país. También debe mantenerse más cerca de las comunidades locales.
En concreto, debe lograr que el Estado indio se responsabilice por todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha respaldado y aprobado y en las que se basa, mientras pelea por tener un lugar más importante en la mesa. Han pasado 24 años desde que India presentó al Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Estado parte. La CNDH, el principal órgano de vigilancia de los derechos humanos de la India, no alcanza los niveles mínimos establecidos por los Principios de París para las instituciones nacionales de derechos humanos, pero sigue manteniendo una acreditación de categoría A y, por lo tanto, puede participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La comunidad internacional debe exigir sistemáticamente la reforma de la CNDH y exigirle que rinda cuentas de la disminución de la protección de que gozan las personas defensoras de derechos humanos en la India. Los grupos de derechos humanos deberían poder confiar plenamente en las instituciones de derechos humanos de su país.
El espacio cívico en India es calificado de “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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