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COVID-19: ‘Necesitamos políticas públicas que reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidado no remunerado’

CIVICUS conversa acerca de los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre las desigualdades de género y las respuestas formuladas por la sociedad civil con Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). CIPPEC es una organización de la sociedad civil argentina dedicada a la producción de conocimiento y recomendaciones para la elaboración de políticas públicas orientadas al desarrollo, la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la eficacia y solidez de las instituciones.

GalaDiazangou

¿De qué modo ha contribuido la pandemia del COVID-19 a ahondar las brechas de género en el mercado de trabajo?

Las brechas de género en el mercado de trabajo responden a desigualdades son estructurales. A fines de 2019, antes de la pandemia, publicamos un libro, El género del trabajo. Entre la casa, el sueldo, y los derechos, que presenta un diagnóstico de la situación de las mujeres en el mercado laboral en Argentina y propone una serie de recomendaciones para reducir las brechas de género tanto en el sector público como en el sector privado.

Pero ahora la pandemia y las políticas ideadas para contenerla están amplificando estas desigualdades a través de dos mecanismos.

En primer lugar, las está ampliando debido a la estructura del mercado de trabajo y las posiciones que las mujeres ocupan en él. Las mujeres están empleadas en una mayor proporción en sectores que fueron designados como “esenciales”, tienen mayor probabilidad de tener empleos informales y por lo tanto de quedarse sin ingresos durante los meses que dure la cuarentena, tienen menores chances de tener puestos a los que pueda aplicarse el teletrabajo, y tienen mayor participación en pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que son el tipo de empresas más castigado por la crisis derivada de la pandemia.

En segundo lugar, las desigualdades se ven amplificadas por lo que está sucediendo dentro de los hogares. Las mujeres se ocupan en mayor medida de las tareas de cuidado de niños, niñas y personas mayores. La diferencia entre el tiempo ocupado por mujeres y varones en estos menesteres creció con la pandemia, para todas las tareas con la excepción de la de hacer las compras. Esta sobrecarga de trabajo no remunerado incide directamente sobre las posibilidades de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Las que más sienten esta tensión son las mujeres que lideran sus hogares, las jefas de familia. Este tipo de familias, los hogares monomarentales, son los que tienen más posibilidades de caer en situación de pobreza por el impacto de la crisis.

Por estas dos vías, la crisis está retirando a mujeres del mercado de trabajo, lo cual se refleja en el hecho de que hay cada vez menos mujeres económicamente activas. Al mismo tiempo, determina que quienes siguen participando en el mercado de trabajo, lo hagan en condiciones cada vez peores. Esto impacta directa y negativamente sobre los ingresos de las mujeres, su autonomía económica y el goce de sus derechos.

¿Qué deberíamos hacer desde la sociedad civil para que esta crisis se convierta en una oportunidad para saldar las brechas de género en nuestras sociedades?

La sociedad civil está en condiciones de impulsar una agenda de igualdad de género, y puede hacerlo a través de las siguientes acciones.

En primer lugar, visibilizando las brechas echando luz sobre el modo en que la pandemia las está ampliando. Esto implica articular con los medios de comunicación, pero también tender redes y difundir estas informaciones entre organizaciones y movimientos de la sociedad civil. Los movimientos de mujeres tienen un rol muy central que desempeñar en este sentido. Los temas laborales no están muy presentes en la agenda pública en tanto que cuestiones de género; la llamada “cuestión de género” suele ser presentada como vinculada en forma casi exclusiva con los temas de autonomía física; violencia y derechos sexuales y reproductivos, con el aborto en primer plano entre estos últimos. Pero hay espacio para incluir los temas que hacen a la autonomía económica, que a su vez se vincula con la autonomía física.

En segundo lugar, analizando los impactos que están teniendo las crisis sanitaria y económica y monitoreando la ejecución de las políticas destinadas a mitigar sus efectos. La sociedad civil tiene que trabajar, y está trabajando, para generar evidencia y promover su uso en la toma de decisiones de política pública. Es importante que el trabajo de la sociedad civil se dé en forma articulada con la investigación académica. También es importante que la sociedad civil que está fuertemente conectada en redes regionales y globales utilice esta inserción y actúe como puente, trayendo ideas derivadas de lo que está sucediendo en otras latitudes y que se podría llegar a aplicar en nuestros contextos nacionales.

En tercer lugar, propiciando el debate. Los espacios de debate deberían ser lo más plurales posibles para posibilitar la formación de consensos más transversales y duraderos, que puedan alcanzar mayores impactos. También es útil que la sociedad civil trabaje para identificar las áreas de disenso y las posturas divergentes sostenidas por distintos actores.

¿Cómo se gestó en Argentina la iniciativa Agenda por la Igualdad? ¿Quiénes la impulsan, y cuáles son sus objetivos?

Agenda por la Igualdad se formó a partir de la confluencia de varias redes de mujeres que llevaban cierto tiempo teniendo conversaciones similares en paralelo en distintos sectores: el sector sindical, la sociedad civil, la academia y el sector privado. En este último sector se había formado un grupo denominado Mujeres Gestionando, integrado por mujeres líderes de empresas que habían sido convocadas a una reunión con el presidente de la Nación, y que luego de eso permanecieron conectadas. En todos los grupos la preocupación era la misma: las brechas de género en el mercado de trabajo se estaban ampliando. Cuando caímos en la cuenta, se iniciaron conversaciones y comenzamos a tender puentes.

A partir de estas conversaciones se acordó una agenda con tres objetivos: primero, promover la contratación de mujeres en empleos formales del sector privado y fomentar una mejor participación de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados; segundo, redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado; y tercero, romper estereotipos y fomentar y visibilizar la participación de las mujeres en la discusión y la toma de decisiones. Estos objetivos se operacionalizaron en 12 propuestas:

  1. fomentar procesos organizacionales de contratación, evaluación y promoción libres de sesgos de género;
  2. impulsar la formalización de las trabajadoras en todos los sectores de la economía, y especialmente en el trabajo doméstico;
  3. introducir incentivos fiscales para la contratación de mujeres, especialmente en los sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática);
  4. favorecer, por ejemplo mediante acceso a crédito, a los emprendimientos liderados por mujeres y a las empresas con directorios paritarios;
  5. transversalizar la perspectiva de género en las becas a estudiantes en situación de vulnerabilidad;
  6. remover las barreras legales para la participación de mujeres en determinados sectores;
  7. incluir la perspectiva de género en los sistemas de información de los sectores público y privado;
  8. establecer un régimen de licencias para el cuidado de hijas/os basados en los principios de universalidad, adaptabilidad y coparentalidad;
  9. ampliar la cobertura de los espacios de crianza, enseñanza y cuidado en la infancia, así como los servicios dirigidos al cuidado de las personas mayores y de las personas con discapacidad;
  10. acelerar el cambio cultural promoviendo una comunicación con perspectiva de género y transversalizando la perspectiva de género en la educación;
  11. fomentar la participación de mujeres en espacios de diálogo social;
  12. incentivar la adopción de garantías de equidad en los directorios de las empresas privadas y de propiedad estatal, en las asociaciones colegiadas de distinto tipo y consejos del sector privado y sindical.

La Agenda por la Igualdad fue lanzada el 30 de julio de 2020. Inicialmente suscribieron 200 mujeres líderes de la academia, la sociedad civil, sindicatos y empresas de todo tipo, desde multinacionales hasta PyMEs y cooperativas. Una vez que la iniciativa se hizo pública se abrió a ulteriores adhesiones, y al día de hoy tenemos cerca de 1500 firmas de líderes, de distintos géneros, de todo el país y de distintos sectores.

En el contexto de la pandemia y de los cambios que ha implicado, que podrían tener efectos regresivos duraderos, es importante recalcar que los grupos que promovieron la Agenda se comprometieron a colaborar con las autoridades para impulsar políticas públicas que reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidado no remunerado.

¿Qué rol desempeñará la sociedad civil para que la Agenda se traduzca en cambios concretos?

El armado de la Agenda fue muy rápido: todo el proceso, desde el inicio de conversaciones hasta que hicimos pública la iniciativa con las 12 propuestas, duró apenas dos semanas. Ahora estamos pensando cómo estructuramos la iniciativa y cómo generamos sinergias con otros actores.

Creo que la traducción de la Agenda en cambios concretos debería traccionarse a partir de dos vías.

Primero, al interior de las organizaciones. La gran mayoría de las personas que adhirieron a la iniciativa lideran organizaciones de distintos sectores y tienen el potencial de impulsar cambios concretos dentro de sus organizaciones Creo que ahí hay un rol para la sociedad civil, y particularmente para las organizaciones más especializadas en estos temas, que pueden facilitar las herramientas necesarias para impulsar estos cambios.

Segundo, estos cambios deben producirse en el nivel de la política pública. Muchas de las recomendaciones planteadas implican cambios que deberían ser discutidos en distintos niveles de gobierno y en distintos poderes del Estado. También ahí la sociedad civil tiene un rol que desempeñar en materia de incidencia y trabajo conjunto con las autoridades para contribuir al diseño de estas políticas.

Finalmente, puesto que el problema de las disparidades de género y su profundización por efecto de la pandemia dista de ser exclusivo de Argentina, la sociedad civil también debería trabajarlos en el marco de redes regionales y globales. Esto nos resultaría muy útil porque nos permitiría aprovechar las lecciones aprendidas en otros contextos. Dada la velocidad con que se desarrolló todo este proceso, aún no hemos dado pasos en dirección de la generación de estos vínculos. Sin embargo, no será difícil establecerlos, ya que entre las personas firmantes de la Agenda por la Igualdad se cuentan representantes de diversas redes regionales e internacionales.

El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con CIPPEC a través de su sitio web o su perfil de Facebook, y siga a @CIPPEC y a @GCDL en Twitter.

 

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