JOHANNESBURGO - En vísperas del tercer aniversario de la detención de la defensora mexicana de los derechos humanos Kenia Inés Hernández, la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS pide a las autoridades del país que la liberen sin demora. La policía detuvo por primera vez a Hernández el 18 de octubre de 2020. Es una defensora de las mujeres sobrevivientes de la violencia machista, así como de las comunidades indígenas y sus tierras, reconocida internacionalmente.
"Como ocurre con muchos defensores y defensoras de los derechos humanos en México, las autoridades han perseguido a Kenia Hernández por su trabajo de apoyo a las personas marginadas, y no por ningún motivo legal", ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y campañas de CIVICUS. "Lleva demasiado tiempo en la cárcel por una condena falsa y debe ser puesta en libertad inmediatamente para que pueda volver con su familia".
Hernández fue declarada culpable en marzo de 2022 de "robo con agravantes" y condenada a 11 años y 3 meses de prisión tras un juicio con graves irregularidades que no cumplió las normas internacionales. Las autoridades impidieron repetidamente a Hernández acceder a sus representantes legales y participar de forma presencial en algunas instancias de su caso.
Hernández, que cumplió 34 años el pasado septiembre, es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y cofundadora y miembro del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero. CIVICUS incluye a Hernández en la campaña Conviértete en mi testigo (Stand As My Witness), que aboga por la liberación de activistas y personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran encarceladas en todo el mundo.
"El encarcelamiento continuado de Hernández es una estrategia de las autoridades para impedir que realice su legítima labor de defensa de los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas", ha manifestado Kode. "No hay pruebas de que haya cometido delito alguno".
Desde su detención, la salud de Hernández se ha deteriorado debido a las condiciones insalubres de la prisión, y en 2021 inició una huelga de hambre para protestar por su injusta detención y el trato deficiente que recibía. Su experiencia es sintomática de cómo México ataca a quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y restringe el espacio cívico. El CIVICUS Monitor, que evalúa el espacio cívico en todo el mundo, califica a México como " represivo", un escalón por encima de su peor clasificación "cerrado".
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