CIVICUS y @CoordinadoraCC exigen al presidente de #Nicaragua
— CIVICUS (@CIVICUSalliance) June 12, 2018
el cese inmediato de la violencia contra las protestas pacíficas que se están desarrollando en el país desde el pasado mes de abril. https://t.co/7ykjPAlGgXhttps://t.co/gYrWnYXA6k
La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y la Coordinadora Civil de Nicaragua hacen un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que detenga la violencia contra las personas que se manifiestan de manera pacífica y para que respete su derecho a manifestarse libremente y de forma pacífica. Después de 54 días de protesta, 135 personas han sido asesinadas, más de 1000 han resultado heridas y 400 detenidas. Mientras tanto, estas personas manifestantes piden al presidente Daniel Ortega que renuncie.
Las protestas generalizadas comenzaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018, después de que el gobierno propusiera unas enmiendas al sistema de seguridad social que implican un aumento en las contribuciones hechas por las personas trabajadoras y las empleadoras, así como una reducción en las pensiones pagadas a las personas jubiladas. Tras las protestas, el presidente Ortega revocó las reformas el 22 de abril, pero calificó a las personas que se manifestaban de violentas, criminales y vampiros que demandan sangre. Las protestas continuaron con los manifestantes clamando justicia para todas las personas asesinadas desde el comienzo de las manifestaciones.
Desde el comienzo de las protestas, las autoridades también han restringido la libertad de expresión, escogiendo como blanco a los medios de comunicación con lo que pretendían limitar la difusión de información sobre la violencia. Al menos un periodista fue asesinado y varios resultaron heridos mientras realizaban la cobertura de las protestas. Algunos medios de comunicación han sido obligados a cesar transmisiones y en un caso particular se ha incendiado una estación radial con el objetivo de evitar la transmisión de información e imágenes acerca de las manifestaciones.
El 31 de mayo del 2018, se contabilizan 16 manifestantes asesinados y al menos 200 resultaron heridos en el día más mortífero desde que comenzaron las protestas. Conmemorando el Día de la Madre, los manifestantes tomaron las calles para recordar a las personas asesinadas desde el comienzo de las manifestaciones. Los perpetradores de estos nuevos ataques son las fuerzas de seguridad y miembros de grupos progubernamentales: las turbas sandinistas. El ataque se produjo un día después de que el gobierno aceptara una propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para crear un mecanismo internacional -el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes- con el fin de investigar los hechos violentos ocurridos en el país desde el 18 de abril. Sin embargo, a la luz de la represión más reciente, esta acción parece hipócrita, y en el mejor de los casos es un gesto vacío.
"El uso de la fuerza letal contra los manifestantes pacíficos no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. El gobierno del presidente Ortega debe asumir todas las responsabilidades por las atrocidades cometidas desde que comenzaron las protestas y garantizar que los perpetradores rindan cuentas por estos actos". Dijo Marianna Belalba Barreto, investigadora de CIVICUS.
El uso de fuerza excesiva por parte del Estado para reprimir las protestas en Nicaragua es una estrategia común utilizada por el gobierno para intimidar a los manifestantes y restringir la libertad de expresión y de reunión pacífica. En el pasado, CIVICUS ha documentado varios casos en los que el gobierno reprimió brutalmente las protestas, particularmente las dirigidas por el movimiento Anti Canal, que exige al gobierno que detenga la construcción del Canal Interoceánico, un megaproyecto respaldado por China para conectar el océano Atlántico y el Pacífico.
CIVICUS y la Coordinadora Civil de Nicaragua hacen un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que cese de inmediato el uso de la violencia para reprimir las protestas pacíficas y cumpla plenamente con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con el fin de investigar las violaciones de derechos humanos y garantizar que los perpetradores rindan cuentas por sus acciones.
El espacio cívico en Nicaragua está clasificado como obstruido por el CIVICUS Monitor, una herramienta que analiza las amenazas a las que se enfrenta la sociedad civil en todos los países.