Un nuevo informe ha revelado el alcance de la represión de los medios de comunicación y de los derechos humanos en la nación centroafricana de Guinea Ecuatorial, a menudo descrita como uno de los países con mayor censura del mundo.Titulado «El Silencio no significa consentimiento: el terrible estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial», el informe fue publicado en junio por la organización local de derechos humanos, EG Justice, y la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS. Dicho documento describe cómo los medios son controlados por el presidente Teodoro Obiang Nguema y su familia. El presidente Nguema es el jefe de Estado más antiguo de África y el líder político con más años en activo de todo el mundo, miembros de la realeza aparte.
Hay muy pocos medios de comunicación independientes en el país. Los periodistas, incluidos aquellos que trabajan para los medios de comunicación estatales, suelen ser señalados como objetivos por sus críticas al presidente o a su familia. El gobierno lleva a cabo un control estricto sobre la información transmitida por los medios de comunicación y ha prohibido la publicación de imágenes de manifestaciones en otros países. El gobierno controla la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información mediante la imposición de restricciones en Internet y a páginas web que a veces se muestran críticas con las autoridades.
«El gobierno de Guinea Ecuatorial ha militarizado al Estado y utiliza los medios de comunicación como una herramienta para difundir su propaganda, evitando al mismo tiempo que aquellos con puntos de vista diferentes se expresen», afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice.
«Debido a que nadie exige cuentas al gobierno ni a sus agentes, los niveles de impunidad son altos y el ciclo de abusos contra los derechos humanos continúa», declaró Alicante.
El presidente Nguema y el partido gobernante, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), utilizan las elecciones para legitimar su permanencia en el poder. Se organizan elecciones periódicamente, pero a menudo en condiciones muy restrictivas y caracterizadas por altos niveles de represión contra miembros de la oposición política y contra activistas políticos. A menudo los líderes de los partidos políticos son arrestados justo antes de una elección o se les prohíbe impugnarla.
Si bien la Constitución permite la libertad de asociación y de reunión, la legislación limita en gran medida el proceso de inscripción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el gobierno se niega a reconocer a los sindicatos. A veces se suspenden las organizaciones de la sociedad civil y se procede a la detención de sus miembros y dirigentes de forma arbitraria, se les agrede físicamente y son objeto de persecución judicial.
«Durante las últimas cuatro décadas, el gobierno del PDGE ha suprimido los derechos humanos. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional se centre en el estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y haga que sus líderes rindan cuentas», expresó David Kode, jefe de reivindicaciones y campañas de CIVICUS.
Por lo general, se permiten las manifestaciones organizadas por los seguidores del partido gobernante, mientras que las organizadas por la sociedad civil o por los organismos profesionales son reprimidas u obstaculizadas de forma violenta. Debido a las restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, muchos prefieren autocensurarse mientras que otros han huido al exilio.
CIVICUS y EG Justice han solicitado al gobierno la creación de un entorno favorable para que los ciudadanos participen en los procesos políticos sin temor a la intimidación ni a las represalias.
FIN.
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