Referendum

 

  • BOLIVIA: ‘Civil society, like political society, is deeply divided’

    CIVICUS speaks about the 2019 protests and elections in Bolivia with Eliana Quiroz, Executive Director of Fundación Internet Bolivia (Bolivia Internet Foundation), an organisation dedicated to strengthening free and secure access to the web. In its work to defend online human rights against censorship, surveillance, manipulation, extortion and other harmful practices, the Bolivia Internet Foundation focuses its actions on capacity strengthening among vulnerable publics, the promotion of open discussion spaces and the development of knowledge and technology-based strategies.

     

  • BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

    CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

    Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

    La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

    Bolivia-Protests (2).jpgEn todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

    En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

    En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

    Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

    A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

    ¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

    La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

    Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

    Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

    Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

    La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

    Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

    Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

    Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

    Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

    ¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

    En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

    La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

    En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

    La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

    En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

    Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

    Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

    También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

    En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

    En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

    Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

    En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

    Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

    ¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

    La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

    El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

    Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

    El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con la Fundación Internet Bolivia a través de susitio web y siga a@e_liana en Twitter.

     

  • Burundi referendum a blatant violation of its Constitution

    Ahead of the controversial referendum scheduled to take place in Burundi on 17 May 2018, CIVICUS speaks to human rights lawyer and civil society activist Janvier Bigirimana about the referendum’s implications for democracy. Janvier has represented victims of human rights violations in Burundi, East and Central Africa. He currently lives in exile because of the political crisis and human rights violations in Burundi.

     

  • Burundians kept in the dark ahead of controversial referendum

    By David Kode 

    Burundi’s President Pierre Nkurunziza has intensified his brutal campaign to stay in power by stifling international news reporting of his government’s repressive actions, events ahead of his controversial referendum to extend presidential term limits.

    Read on: Pambazuka 

     

     

  • Catalonia: ‘It might take years to rebuild the political, social and emotional bridges that the pro-independence process has blown up’

    Catalonia’s independence movement hit the headlines in 2017, and Catalonia’s future remains undecided. CIVICUS speaks to Francesc Badia i Dalmases, editor of democraciaAbierta, openDemocracy’s Latin American section. openDemocracy is an independent media platform that seeks to challenge power and encourage democratic debate through reporting and analysis of social and political issues. With human rights as its central guiding focus, openDemocracy seeks to ask tough questions about freedom, justice and democracy. Its platform attracts over eight million visits per year.

     

  • Do referendums improve democracy?

    By Inés M. Pousadela is a Senior Research Specialist at CIVICUS

    In Ireland, 2019 gets going on the heels of a busy, bumper year when some watershed changes were delivered via referendums. And by the looks of it, there’s more on the way.

    In October 2018, almost two thirds of Irish voters chose to remove a constitutional ban on blasphemy. But even this crucial advance in the freedom of expression was dwarfed by the unprecedented outcome of a referendum held five months earlier, which led to the legalisation of abortion in this staunchly Catholic nation.

    Read on: Open Democracy 

     

  • RUSIA: “Cabe esperar que el activismo de derechos humanos aumente en reacción a la represión”

    CIVICUS conversa con Leonid Drabkin, uno de los coordinadores de OVD-Info, una organización de la sociedad civil (OSC) de derechos humanos independiente que documenta y asiste a víctimas de persecución política en Rusia. A través de su línea telefónica de asistencia directa y otras fuentes, OVD-Info reúne información sobre las detenciones de manifestantes y otros casos de persecución política, publica noticias y coordina la asistencia legal para los detenidos.

     

  • RUSSIA: ‘Human rights activism can be expected to increase in reaction to repression’

    CIVICUS speaks with Leonid Drabkin, a coordinator with OVD-Info, an independent human rights civil society organisation (CSO) that documents and helps the victims of political persecution in Russia. Through a hotline and other sources, OVD-Info collects information about detentions at public rallies and other cases of political persecution, publishes the news and coordinates legal assistance to detainees.

     

  • RUSSIE : « L'activisme des droits humains devrait s'intensifier en réaction à la répression »

    CIVICUS s'entretient avec Leonid Drabkin, l'un des coordinateurs d'OVD-Info, une organisation indépendante de défense des droits humains de la société civile (OSC) qui documente et assiste les victimes de persécutions politiques en Russie. Par le biais de sa hotline et d'autres sources, OVD-Info recueille des informations sur les arrestations de manifestants et autres cas de persécution politique, publie des informations et coordonne l'assistance juridique aux détenus.

    Leonid Drabkin

    Pouvez-vous nous parler du travail de OVD-Info ?

    Nous travaillons principalement sur la question de la liberté de réunion pacifique en Russie, en surveillant les violations et en aidant les victimes, bien que nous couvrions également d'autres cas de persécution politique non liés aux manifestations. Nous définissons la persécution politique comme une persécution par le gouvernement ou une personne liée au gouvernement qui implique la violation des libertés civiques, c'est-à-dire de la liberté de réunion pacifique, de la liberté d'expression, de la liberté d'association et de certaines libertés électorales. Nous travaillons dans deux directions : nous aidons les personnes dont les libertés ont été bafouées, et nous recueillons et diffusons des informations, qui à leur tour alimentent notre plaidoyer et nos campagnes pour le changement.

    Nous aidons les personnes détenues grâce à une ligne téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est à la fois un moyen facile de signaler une persécution et une occasion de consulter des professionnels qui savent à quoi s'attendre dans chaque situation, quoi faire et comment le faire. Notre ligne d'assistance reçoit des appels de partout dans le pays et nous recevons également des SMS via Telegram. Nous offrons une aide juridique par ces moyens et également en envoyant des avocats dans les commissariats de police où des personnes sont détenues. Nous soutenons également ceux qui sont poursuivis devant les tribunaux. Par exemple, en octobre 2020, nous avons fourni une aide juridique dans 135 affaires judiciaires - environ cinq ou six par jour ouvrable - dans différentes régions de Russie, étant donné que cette année a été assez particulière pour diverses raisons, y compris le fait que les grandes protestations à Khabarovsk, le district le plus à l'est de la Fédération, se poursuivent. Dans ce cas particulier, le décalage horaire a été un gros problème pour nous. Nous sommes basés à Moscou et nous recevions normalement des appels pendant nos heures de travail, mais durant cette période nous recevons des appels à 4 ou 5 heures du matin et nous avons dû adapter notre façon de travailler.

    Nous travaillons également avec la Cour européenne des droits humains et aidons ceux qui ont besoin de notre aide là-bas. Ce qui nous distingue, c'est notre devise « l'information protège », ce qui signifie que nous aidons non seulement en offrant une assistance directe mais aussi en diffusant des informations, si bien que nous fonctionnons également comme un média et une agence de presse. Nous avons un site Web que nous tenons à jour, et nous avons des journalistes qui font un travail d'enquête et rédigent des articles et des rapports. C'est une autre des façons dont nous aidons les gens, étant donné que ces informations sont utilisées pour tenter de changer les choses à travers un travail de plaidoyer et de clarification de la citoyenneté. Nous publions des bases de données sur une grande variété de sujets. Nous conservons bien les dossiers, donc si quelqu'un veut savoir, par exemple, combien de personnes ont été arrêtées en Russie en 2019, il peut trouver ces informations sur notre site Web.

    Je suis fier de dire que 70 à 80% de notre budget provient de sources privées. Cela reflète la force de notre communauté de donateurs, composée de quelque 6 000 personnes qui versent des contributions mensuelles. Notre organisation a vu le jour en décembre 2011, dans le contexte d'une vague de manifestations de masse qui a abouti à des arrestations massives. Cela a commencé avec une publication sur Facebook et a été fondé en tant que petit groupe de bénévoles, et neuf ans plus tard, nous sommes toujours là : nous sommes devenus une organisation plus durable avec un personnel professionnel et spécialisé, où le bénévolat et le soutien communautaire continuent de jouer un rôle important. Nous avons environ 600 bénévoles, dont certains nous aident au quotidien, tandis que d'autres le font sur une base mensuelle ou sporadique.

    De votre point de vue, quels sont les principaux risques auxquels les activistes et les journalistes sont actuellement confrontés en Russie ?

    Les activistes et les journalistes sont confrontés à de nombreuses menaces, mais peut-être en raison de l'orientation de notre travail, je dirais que les principales sont liées à la restriction de la liberté de réunion pacifique. Ces restrictions opèrent à chaque tournant. Si vous organisez une manifestation pacifique, il est fort probable que vous vous retrouviez en détention, même si cela dépend du problème, de la région où vous vous trouvez et de votre chance. Il y a beaucoup d'incertitude, donc vous ne savez jamais si vous allez être arrêté ou non.

    Avant de protester, vous devez informer le gouvernement local que vous souhaitez organiser une réunion, et pour ce faire, vous avez besoin de leur approbation. Dans de nombreux cas, le processus d'approbation échoue. Le fait même que cette procédure existe est en soi une menace. Selon les normes internationales, ce n'est pas ainsi que cela devrait fonctionner. En Russie, il est nécessaire de demander une autorisation à l'avance. Le délai varie d'une région à l'autre, mais supposons que vous deviez soumettre la demande 7 jours à l'avance, puis attendre le permis et alors seulement, s'ils vous le donnent, pouvez-vous faire votre déclaration. Cela signifie que vous n'avez pas la capacité de réagir rapidement lorsque quelque chose de grave se produit, par exemple en cas de meurtre ou en cas de doute sur les résultats des élections. Il n'est pas possible de protester en réaction à ces événements car vous devez soumettre la demande d'autorisation et attendre plusieurs jours à ce qu'elle vous soit remise, et ce si elle vous est donnée. L'enthousiasme et l'énergie que ces événements provoquent ont tendance à diminuer avec le temps, et il est fort probable que dans une semaine ou deux ils se soient calmés, ce que la législation actuelle prévoit.

    Si votre rallye est approuvé, ils ne vous arrêteront probablement pas. Mais les protestations sur des questions controversées ne sont généralement pas approuvées, et si vous n'avez pas d'autorisation et que vous vous exprimez de toute façon, il est très probable que vous soyez arrêté, puis envoyé dans un poste de police et ensuite jugé. Lorsque les manifestations sont réprimées, vous pouvez également être frappé par les forces de police. Ce n'est pas si courant, mais parfois la police a frappé les manifestants avec leurs matraques, ou leurs « démocratiseurs » comme nous les appelons.

    Si vous êtes poursuivi et qu'il s'agit de votre première violation des règles qui s'appliquent à la manifestation, vous ne serez condamné qu'à une amende, mais si vous êtes un récidiviste, vous pourriez être emprisonné pendant 10 ou 15 jours. Si vous êtes un activiste, vous faire prendre une deuxième ou une troisième fois n'est qu'une question de temps. Or, le système est absurde, car il implique que la nature du crime change lorsqu'il est commis à plusieurs reprises : lorsque vous enfreignez la réglementation pour la première fois, c'est un crime mineur qui est poursuivi par le tribunal administratif, mais quand vous le faites pour la troisième fois, il est considéré comme un crime grave, qui est donc poursuivi par le système pénal, avec d'autres crimes graves tels que le meurtre ou l'enlèvement. Nous disons que c'est le seul article politique de notre Code pénal, car il a été créé pour être utilisé politiquement et constitue une grande menace pour l'activisme.

    Les règles ou leur application ont-elles été renforcées pendant la pandémie de la COVID-19 ?

    Oui, le gouvernement russe a utilisé la pandémie comme excuse pour violer les droits humains. La Russie a été l'un des pays les plus touchés par les infections et les décès causés par le COVID-19, mais elle a également été l'un des rares pays d'Europe à autoriser les gens à se rendre dans les stades de football, les cinémas et les théâtres ; même le métro, toujours plein, fonctionne comme d'habitude, alors que toutes les mobilisations et manifestations sont interdites, selon l'allégation de la pandémie.

    La société civile comprend mieux que le gouvernement tous les impacts négatifs du COVID-19 et n'a pas l'intention de déclencher une grande manifestation. Tout ce que nous voulons, c'est que les gens puissent organiser de petites manifestations, même des manifestations à une personne ou des piquets de grève individuels, qui sont en principe les seuls types de manifestation que nous pourrions faire sans préavis ni demande d'autorisation des autorités. C'est l'une des raisons pour lesquelles les piquets individuels ont augmenté ces dernières années. Mais la répression à leur encontre s'est également intensifiée et les restrictions ont également continué de s'appliquer pendant la pandémie, même si ces manifestations ne présentent aucun risque pour la santé publique. Au cours du premier semestre 2020, quelque 200 manifestants ont été arrêtés, plus que lors de toute année précédente. En fait, j'étais l'une des personnes arrêtées, même si je n'ai pas été arrêtée en relation avec le travail que nous faisons à OVD-Info. En tant qu'OSC, nous essayons de rester politiquement neutres, tandis que moi, en tant qu'individu et activiste, j'ai fait un piquet de grève individuel et j'ai été arrêté pour cela. Je porte actuellement mon cas devant la Cour européenne des droits de l’Homme.

    Y a-t-il eu des restrictions sur d'autres libertés civiques ?

    Bien que je considère que notre plus gros problème soit la restriction de la liberté de réunion, il y a bien sûr aussi une censure en Russie. Certains sites Web sont parfois interdits, mais ce n'est pas très courant. En fait, là où la liberté d'expression devient souvent problématique, c'est en relation avec la liberté de réunion. Par exemple, il y a eu le cas d'une personne qui a été arrêtée pendant 30 jours pour avoir téléchargé un message sur Facebook invitant d'autres personnes à participer à une manifestation qui n'avait pas été approuvée par le gouvernement. Bien que cette personne ait été arrêtée pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression, la violation était associée à la restriction de la liberté de réunion, qui rend illégale la convocation à une manifestation non autorisée.

    Il existe un nombre croissant de lois qui interdisent certaines formes de discours, du « manque de respect » envers le gouvernement à la diffusion de la « propagande LGBT ». On peut être accusé d'avoir dit ou posté quelque chose de critique au point d'être perçu comme irrespectueux, ou même juste d’avoir évoqué des droits des personnes LGBTQI +, car en 2013 une loi connue comme « loi sur la propagande gay » ou « loi anti-gay » a été passée ayant supposément pour objectif de protéger les enfants en criminalisant la distribution de « propagande non traditionnelle sur les relations sexuelles » aux mineurs. Cette loi interdit fondamentalement de parler aux mineurs, et dans tout autre contexte, des sujets LGBTQI +.

    Ces dernières années, les restrictions à la liberté d'association ont également augmenté. Des dizaines d'OSC ont été classées comme « agents étrangers » et de nombreux groupes d'activistes ont été traités comme des terroristes ou des extrémistes, même s'ils n'ont rien fait. Un exemple clair s'est produit il y a quelques mois, lorsque sept jeunes activistes ont été condamnés pour extrémisme et certains ont été condamnés à plusieurs années de prison. Ils n'avaient eu que des conversations dans un groupe de discussion infiltré par un agent du FSB (Service fédéral de sécurité), qui avait poussé à un agenda politique radical pour tendre un piège aux autres participants, qui ont ensuite été contraints de faire de faux aveux.

    Compte tenu de l'accent mis par OVD-Info sur l'information, êtes-vous préoccupé par les tactiques de désinformation utilisées par les responsables du gouvernement russe ?

    Je suis de nombreux politiciens sur Facebook et parfois je vois qu'à côté de leurs messages, il y a une légende qui dit quelque chose comme « s'il vous plaît vérifiez cette information car elle pourrait être fausse », comme avec les tweets de Trump. Je ne considère pas que ce soit un si gros problème en Russie, ou peut-être que nous ne sommes pas pleinement conscients parce que cela a toujours été le cas. En interne, je ne vois pas la désinformation comme une nouvelle tactique. En Russie, nous n'avons jamais fait confiance à notre gouvernement, sur aucune question - ni en relation avec les statistiques COVID-19, ni en relation avec l'inflation ou les taux de chômage. Cela a toujours été comme ça. Les chiffres sont inventés et personne ne les croit.

    Concernant les sources d'information, je pense qu'en Russie, nous avons deux publics différents, qui se mélangent que très rarement : le public de la télévision et les internautes. Les personnes âgées et celles qui vivent dans des zones plus rurales ont tendance à regarder la télévision, tandis que les plus jeunes et ceux des zones urbaines utilisent Internet. La plupart de ce que l’on voit à la télévision est de la propagande, pas de l'information ; si vous voulez vous y référer en tant qu'information, alors ce serait une « fausse information ». Mais si vous surfez sur Internet, vous avez la possibilité de trouver des informations fiables. Il est nécessaire de bien chercher, car il y a beaucoup d'informations et souvent les informations fausses et vraies sont mélangées, mais au moins vous en avez accès.

    Pouvez-vous nous parler du référendum constitutionnel de juin 2020 ?

    Je pense que vous, qui le regardez de l'extérieur, y avez prêté plus d'attention que nous en Russie. En fait, référendum n'est même pas le mot juste. Le gouvernement n'a jamais qualifié le vote de référendum ; ils l'appelaient une « enquête nationale ». Il n'est même pas nécessaire de tenir un référendum pour amender la Constitution. En fait, il n'y a pas longtemps, lorsque la Russie a conquis la péninsule de Crimée, la Constitution a dû être amendée pour inclure une région supplémentaire de la Russie, mais aucun référendum n'a eu lieu ; d'autres mécanismes ont été utilisés à la place.

    Le gouvernement aurait pu emprunter la voie législative, mais il voulait que les modifications soient légitimées par une grande majorité de la population. Cependant, ils n'ont pas pu organiser de référendum car ce mécanisme devait être appelé des mois à l'avance et les règles permettaient uniquement aux personnes ayant des problèmes de santé de voter de chez elles. Ils ont donc appelé cela une « enquête nationale », une figure qui n'est réglementée par aucune loi - contrairement au référendum, qui doit être organisé selon des directives spécifiques. Cela a donné au gouvernement une grande souplesse en termes de dates et de règlements. Dans de nombreuses régions, les gens pouvaient voter à distance par des moyens électroniques, ce qui ne serait pas en soi négatif, mais dans ce contexte, cela offrait des possibilités supplémentaires de violations. Une semaine complète a été ajoutée pour voter avant le jour du vote, ce qui était une bonne décision du point de vue de la santé publique, mais a ajouté encore plus de possibilités de fraude. Et il n'y a pas eu de contrôle indépendant, donc les résultats ne peuvent être fiables, selon lesquels une écrasante majorité de 70% s'est prononcée en faveur de la réforme.

    J'ai été indigné par les modifications possibles de la Constitution, qui comprenaient de nouvelles dispositions faisant référence aux limites du mandat présidentiel et permettaient de ne pas compter les périodes précédemment détenues par ceux qui occupaient le poste, permettant à Poutine de concourir pour deux mandats présidentiels supplémentaires de six ans. Par ailleurs, l'accent était mis sur la « famille traditionnelle », l'introduction de l'éducation patriotique dans les écoles, une mention explicite de la foi en Dieu et une déclaration qui place la Constitution au-dessus du droit international.

    J'étais également très préoccupé par le fait que personne autour de moi n'était assez en colère. Les partis politiques et les dirigeants de l'opposition n'ont pas appelé les gens à voter contre ; ils n'ont simplement rien dit. Ils n'étaient même pas opposés au vote pendant la pandémie. Pour moi, c'était une décision criminelle, mettant inutilement en danger des dizaines de millions de personnes en les faisant voter en pleine pandémie. Je fais partie d'un comité électoral et à toutes les élections je travaille aux tables de vote ; je me présente à l'école locale et je reste assis toute la journée à chercher les noms des électeurs dans les registres, à leur remettre leurs bulletins de vote et à signer à côté de leurs noms, mais cette fois-ci je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur pour ma santé. Je ne voulais pas être dans une pièce avec autant de monde en pleine pandémie.

    La société civile n'était pas non plus très active. L'une des OSC russes les plus connues, Golos, qui travaille sur les questions d'observation électorale, a fait la lumière sur la question, dénonçant que le vote a été manipulé et que les résultats ont été falsifiés. Mais la société civile dans son ensemble n'a pas vraiment été confrontée au problème, et je pense que la pandémie pourrait avoir quelque chose à voir avec cela, car en temps normal, elle serait sortie pour protester, mais à l'heure actuelle, la pandémie rend les choses extrêmement compliquées.

    Les activistes des droits humains ont-ils trouvé des formes de résistance créatives et alternatives ?

    Les activistes des droits humains sont comme des champignons après la pluie : nous nous multiplions en réaction aux violations des droits humains. Après chaque nouvelle vague de répression, l'activisme augmente et de nouvelles OSC émergent. OVD-Info est né en réaction à la répression des grandes manifestations qui ont eu lieu après les élections législatives, et neuf ans plus tard, nous continuons à grandir. 2019 a été une année de persécutions massives et de nombreux projets prometteurs ont été développés en conséquence. Par exemple, nous avons maintenant un excellent tchat Telegram appelé « paquets aux postes de police », qui est activé lorsqu'une personne est détenue et a besoin d'eau, de nourriture, d'un chargeur de téléphone portable ou de tout autre élément essentiel, et à travers laquelle nous nous coordonnons afin que quelqu'un aille tout simplement au poste de police et remette les éléments à la personne détenue. De cette manière, tout le monde peut exprimer sa solidarité. En participant à cette initiative, même ceux qui ont peur de protester peuvent être utiles sans risque. Nous avons une autre initiative, « taxi pour prisonniers », à travers laquelle les gens se portent volontaires pour vous chercher ou vous chercher un taxi si vous êtes détenu et ils vous libèrent au milieu de la nuit, quand il n'y a pas de transports publics. Lorsqu'ils m'ont arrêté plus tôt cette année, ils m'ont infligé une amende, et alors j'ai bénéficié d'une autre initiative qui soutient le piquetage individuel en utilisant « crowdfunding » afin de recueillir les fonds nécessaires au paiement de l'amende. De nouvelles initiatives continuent de voir le jour pour lutter contre chaque nouvelle violation des droits, et à mesure que de nouvelles restrictions sont imposées, on peut s'attendre à ce que l'activisme des droits humains s'intensifie.

    L'espace civique en Russie est qualifié de « répressif » par leCIVICUS Monitor.
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