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  • COP26: “Mi esperanza reside en que la gente se una para exigir justicia”

    Mitzi Jonelle TanEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Mitzi Jonelle Tan, una joven activista por la justicia climática basada en el área metropolitana de Manila, Filipinas, integrante de Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas y participante activa del movimiento internacional Viernes por el Futuro.

    ¿Cuál es el principal problema climático en tu comunidad?

    Filipinas padece numerosos impactos del cambio climático, desde sequías cada vez más largas y con mayor calor hasta tifones cada vez más frecuentes e intensos. Aparte de estos impactos climáticos -a los cuales no hemos podido adaptarnos y que nos dejan sin apoyos a la hora de afrontar las pérdidas y los daños-, también enfrentamos numerosos proyectos que son destructivos para el medio ambiente, a menudo emprendidos por empresas multinacionales extranjeras, que nuestro gobierno está permitiendo e incluso fomentando.

    Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas, la versión filipina de Viernes por el Futuro, aboga por la justicia climática y por que las voces de las personas de las comunidades más afectadas tengan espacio y sean escuchadas y amplificadas. Yo me convertí en activista en 2017, después de haber trabajado con líderes indígenas de Filipinas, porque este trabajo me hizo comprender que la única manera de lograr una sociedad más justa y más verde es a través de la acción colectiva conducente al cambio sistémico.

    ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    Sí, al igual que cualquiera que se manifieste en contra de la injusticia y la inacción, nuestro gobierno, a través de sus troles a sueldo, designa como terroristas a los activistas: básicamente nos llama terroristas por exigir rendición de cuentas y presionar por un cambio. El hecho de ser activista por el clima va siempre acompañado de temor en Filipinas, el país que por ocho años consecutivos ha sido calificado como el más peligroso de Asia para las personas defensoras y activistas ambientales. Ya no se trata solamente de temor por los impactos climáticos, sino también de temor a que la policía y las fuerzas del Estado vengan a por nosotros y nos hagan desaparecer.

    ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

    Hago mucho trabajo de organización con la comunidad internacional, especialmente a través de Viernes por el Futuro - Personas y Áreas Más Afectadas, uno de los grupos del sur global de Viernes por el Futuro. Lo hacemos manteniendo conversaciones, aprendiendo unos de otros y creando estrategias juntos, todo ello mientras nos divertimos. Es importante que el movimiento global de jóvenes esté muy bien interconectado, que se una y exhiba solidaridad para poder abordar realmente el problema global de la crisis climática.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

    Mi esperanza no reside en los mal llamados líderes, políticos que se han adaptado al sistema y lo han gestionado durante décadas para beneficio de unos pocos, normalmente del norte global. Mi esperanza reside en la gente: en los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para exigir justicia y poner en evidencia que este sistema enfocado en las ganancias que nos condujo a esta crisis no es el que necesitamos para salir de ella. Creo que la COP26 es un momento crucial y este proceso internacional tiene que resultar útil, porque ya hemos tenido 24 que no han aportado gran cosa. Estos problemas deberían haberse resuelto en la primera COP, y de un modo u otro tenemos que asegurarnos de que esta COP sea útil y resulte en cambios significativos, y no en más promesas vacías.

    ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

    El único cambio que pido es uno grande: un cambio de sistema. Tenemos que cambiar este sistema que prioriza la sobreexplotación del sur global y de los pueblos marginados en beneficio del norte global y de unos pocos privilegiados. El desarrollo bien entendido no debería basarse en el PBI y el crecimiento eterno, sino en la calidad de vida de las personas. Esto es factible, pero solamente si abordamos la crisis climática y todas las demás injusticias socioeconómicas que están en su raíz.

    El espacio cívico enFilipinas es calificado como “represivopor elCIVICUS Monitor.
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  • COP26: “Se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de los responsables”

    Lia Mai TorresEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns (CEC) - Filipinas, una organización de la sociedad civil (OSC) que ayuda a las comunidades filipinas a afrontar desafíos medioambientales. Fundada en 1989 por iniciativa de organizaciones que representan a pescadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, personas que experimentan pobreza urbana y sectores profesionales, el CEC se dedica a la investigación, la educación, la incidencia y las campañas medioambientales. También integra la secretaría de la Red de Defensores del Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APNED), una coalición de organizaciones que trabajan solidariamente para proteger el medio ambiente y a sus defensores.

    ¿Cuál es el principal problema climático en tu país?

    El principal problema ambiental que enfrenta Filipinas actualmente es la proliferación de proyectos y programas destructivos del medio ambiente. Esta situación ha persistido e incluso empeorado durante la pandemia.

    Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que ya tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento. Un ejemplo de ello es el pueblo de Didipio, Nueva Vizcaya, en el norte de Filipinas, donde se renovó por 25 años más un acuerdo minero con la empresa australiano-canadiense OceanaGold. Las comunidades indígenas de Bugkalot y Tuwali ya sufren la falta de suministro de agua debido a la actividad minera y temen que esto empeore si dicha actividad continúa.

    Los proyectos de infraestructura también son una prioridad del gobierno, que afirma que estos contribuirán a mejorar la situación de la economía. Sin embargo, hay proyectos financiados con onerosos préstamos extranjeros que solo empeorarán la situación de la población local. Un ejemplo de ello es la represa de Kaliwa, financiada por China, en la provincia de Rizal, al sur de la isla de Luzón. La reserva invadirá los territorios ancestrales del pueblo indígena Dumagat, incluidos sus lugares sagrados, así como un área protegida.

    Otro ejemplo son las plantaciones de monocultivo que se encuentran sobre todo en las provincias de Mindanao. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas Lumad se han convertido en plantaciones de plátanos y piñas. Algunos residentes reportan enfermedades causadas por los productos químicos sintéticos utilizados en las plantaciones y muchos están siendo desplazados de sus tierras de cultivo.

    Estos son algunos ejemplos de proyectos prioritarios impulsados por el gobierno para conducirnos al llamado desarrollo. Sin embargo, es evidente que no mejoran realmente la situación de las comunidades locales, que en su mayoría ya se encuentran en situación de pobreza. Además, los recursos naturales del país en su mayoría no son explotados en beneficio de sus ciudadanos, ya que los productos extraídos se destinan a la exportación. Se benefician de ellos unas pocas empresas locales e internacionales. Los recursos naturales se utilizan para obtener beneficios y no para impulsar el desarrollo nacional.

    ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que realizan?

    El CEC trabaja con las comunidades locales, ya que creemos que las luchas medioambientales no pueden ganarse sin el esfuerzo conjunto de quienes sufren el impacto medioambiental. El verdadero poder proviene de las organizaciones de base. Las OSC como la nuestra y otros sectores deben apoyar sus esfuerzos, conectando las luchas locales para construir un fuerte movimiento medioambiental a nivel nacional e internacional.

    A causa del apoyo que brindamos a las comunidades locales, hemos enfrentado represalias. En 2007, Lafayette Mining Ltd, una empresa minera australiana, presentó una demanda por difamación contra el entonces director ejecutivo de CEC, ya que éste había denunciado los impactos de las actividades de la empresa. En 2019 y 2021, nuestra organización fue víctima de una práctica habitual mediante la cual el gobierno declara a personas y organizaciones como terroristas o comunistas. Lo hizo en represalia por las misiones humanitarias que realizamos tras un tifón y durante la pandemia. 

    También se nos amenazó con una redada policial en nuestra oficina, en represalia por ofrecer refugio a niños indígenas Lumad que se habían visto obligados a abandonar sus comunidades debido a la militarización, las amenazas y el acoso. Nuestras acciones de protesta pacífica suelen ser dispersadas violentamente por la policía y las fuerzas de seguridad privadas, y en 2019 un miembro del personal de nuestra organización fue detenido.

    Detrás de todos estos ataques están las fuerzas de seguridad del Estado junto con las fuerzas de seguridad privadas de las corporaciones. La policía y el ejército claramente se han convertido en parte de las fuerzas de seguridad de las corporaciones, utilizando medidas represivas para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Dado que muchos países, especialmente del sur global, están experimentando problemas medioambientales similares, reconocemos la necesidad de conectarnos con organizaciones de otros países. En 2015, el CEC se contó entre los convocantes de la Conferencia Internacional de los Pueblos sobre la Minería, que ofreció a personas defensoras del medio ambiente la posibilidad de aprender de las experiencias de los demás y coordinar campañas locales.

    El CEC también ayudó a crear la APNED, una red de campañas solidarias que provee apoyo mutuo para la realización de campañas, plantea los temas a nivel internacional, aboga por una mayor protección de las personas defensoras, realiza actividades de capacitación y facilita servicios. Creemos que la solidaridad entre personas defensoras es importante para ayudar a fortalecer los movimientos locales, así como la lucha internacional por nuestros derechos medioambientales.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

    Incluso antes de la pandemia, existía preocupación por la inclusión de las personas defensoras del medio ambiente de base o en las primeras líneas en procesos internacionales tales como estas conversaciones sobre el clima. La falta de inclusión se hizo más evidente con la pandemia, ya que muchas OSC han tenido dificultades para asistir a causa de los requisitos y gastos adicionales. Además, sólo las organizaciones acreditadas pueden asistir a los actos oficiales, y son muy pocas las que están acreditadas. Asimismo, los informes de los gobiernos suelen estar muy alejados de la realidad. El empeoramiento de la crisis climática es la prueba de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.

    A pesar de ello, seguiremos participando en los eventos formales y paralelos de la COP26, con el objetivo de llamar la atención sobre la forma en que muchos países desarrollados y grandes empresas están profundizando la crisis climática mediante el acaparamiento de recursos y la explotación de los recursos naturales de los países pobres, exacerbando la pobreza existente, y de qué manera se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de su responsabilidad y falta de rendición de cuentas. También queremos destacar la importancia de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de nuestro entorno y la defensa de nuestros derechos medioambientales, y por lo tanto la necesidad de garantizar que no sufran más violaciones de sus derechos humanos por motivos políticos que les impidan realizar su importante labor.

    ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

    Esperamos que el marco capitalista orientado al beneficio cambie en Filipinas. Esto garantizaría el abordaje de los conflictos por los recursos, el mantenimiento de la protección del medio ambiente para el equilibrio ecológico, el establecimiento de auténticos programas de adaptación al cambio climático y la atención que los grupos vulnerables necesitan. Esto también supone responsabilizar a los países y a las empresas que contribuyen a la crisis climática y proporcionar apoyo a los países pobres para que puedan adaptarse.

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  • EL SALVADOR: “La justicia patriarcal persigue, tortura y abusa de las mujeres”

    SaraGarciaGrossCIVICUS conversa con Sara García Gross acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño y la lucha de las mujeres de El Salvador por el derecho al aborto.

    Sara García Gross es coordinadora de incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Fundada en 2009, la organización concientiza a la ciudadanía para cambiar las leyes sobre el aborto, provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por abortos o delitos relacionados, y difunde información sobre la importancia de que las mujeres reciban asistencia adecuada en materia de salud sexual y reproductiva para evitar que recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.

    ¿Qué reclama el movimiento feminista de El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos?

    Como feministas estamos luchando para cambiar la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. En El Salvador se persigue a las mujeres injustamente. Se violan los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que viven en situación de pobreza, y de las que viven en zonas rurales del país. En ese sentido, desde el movimiento feminista luchamos para cambiar este marco normativo tan restrictivo, absolutista y absurdo.

    También luchamos por la libertad de las mujeres. En la actualidad hay doce mujeres que están en la cárcel pagando penas que son sumamente injustas. Nuestra lucha es por la libertad y la vida de las mujeres. Queremos que el aborto sea legal en El Salvador. Luchamos por que las mujeres tengamos el derecho de construir nuestro proyecto de vida. Denunciamos los embarazos impuestos; esto constituye una forma de tortura. Hay niñas de apenas diez años que enfrentan la maternidad forzada, Hay jóvenes que no han recibido educación sexual y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos para que se garantice el derecho a recibir una educación sexual integral.

    También luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+, porque los crímenes de odio son otra forma cruel de tortura que el Estado impone o condona.

    ¿Qué tácticas utiliza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto?

    En nuestra lucha por la libertad de las mujeres hemos impulsado múltiples estrategias, empezando por el litigio estratégico para conseguir desde conmutaciones de penas hasta revisiones de sentencias. El foco está puesto en conseguir la libertad, llevando a la práctica la consigna feminista “Yo te creo hermana”. Luchamos para que se reconozca la inocencia de las mujeres que enfrentan penas injustas y absurdas.

    Pero la estrategia jurídica no ha sido la única estrategia clave; también ha pesado mucho la movilización social a nivel nacional y regional. El movimiento feminista se ha organizado y se ha pronunciado en relación a los casos de las mujeres criminalizadas. Se han organizado plantones frente a embajadas de El Salvador y de otros países, se han enviado cartas a los juzgados y se han hecho campañas por la justicia reproductiva, tales como la campaña “Nos faltan las 17”.

    Otra de nuestras grandes estrategias ha sido interpelar al sistema interamericano de derechos humanos. Hemos llevado el caso de la mujer conocida como Manuela a la Corte IDH, logrando que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.

    Otra estrategia ha sido la recolección de evidencia. Hemos realizado una investigación titulada “Del hospital a la cárcel” que nos ha permitido visibilizar esta problemática. A través de una revisión y análisis de expedientes, sentencias e instrucción, hemos logrado entender contra quiénes apunta la legislación antiaborto, a quiénes persigue: mujeres jóvenes y pobres que viven en zonas rurales. Esto constituye discriminación interseccional.

    Las campañas, diálogos, y debates que impulsamos a nivel de la academia y de las comunidades en diferentes territorios también han formado parte de nuestra estrategia. Los procesos de incidencia política son fundamentales para que, a partir de ventanas de oportunidad que se identifiquen en la Asamblea Legislativa u otras instituciones del Estado, puedan presentarse nuevas propuestas de ley.

    En el pasado se presentaron varios proyectos para reformar el artículo 133 del Código Penal de modo de despenalizar el aborto bajo cuatro causales. Estos proyectos estuvieron lejos de aprobarse; en algunos casos fueron rápidamente archivados y en otros languidecieron durante años en comisiones legislativas. Las organizaciones de mujeres fueron recibidas con gran hostilidad. Sin embargo, nuestras estrategias de incidencia política lograron poner el tema del aborto en la agenda pública.

    ¿Qué piensa la opinión pública salvadoreña sobre el aborto? ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para instalar una narrativa alternativa a la criminalización?

    En la opinión pública hay una amplia aceptación de la causal vinculada a salvar la vida de las mujeres: más de la mitad de la población lo ha manifestado en diversas encuestas.

    Vivimos en un país conservador, con algunos grupos fundamentalistas que se autodenominan a favor de la vida. La realidad es que están a favor del aborto clandestino, de la criminalización, y de la muerte de las mujeres. Estos grupos sostienen una doble moral que nosotras, como sociedad civil organizada y feminista, ponemos en evidencia. Mientras que las mujeres que viven en situación de pobreza son criminalizadas, las que cuentan con recursos económicos viajan y acceden a abortos seguros. Esta doble moral es inaceptable.

    Para nosotras es importante visualizar otras narrativas y dar a conocer la realidad de las mujeres. Disminuir el estigma exige mostrar, humanizar, hablar de historias y proyectos. Se trata de mujeres que tenían un proyecto de vida que la violencia de Estado les impidió concretar.

    Dialogar sobre el tema en diferentes espacios, humanizar esta realidad, y cuestionar este sistema que impone el mandato de la maternidad -un prejuicio de género-, permite abordar el tema sin estigmas ni prejuicios y, sobre todo, desde una perspectiva de derechos humanos.

    ¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte IDH en el caso Manuela?

    Este fallo llegó tras años de trabajo y lucha. Empezamos acompañando el caso en el año 2011, dando acompañamiento psicosocial, político y jurídico a la familia de Manuela.

    La incidencia en el sistema interamericano fue fundamental. El fallo en el caso de Manuela es histórico: la Corte IDH ha reconocido que Manuela era inocente, que realmente enfrentó una emergencia obstétrica, y que los estereotipos de género, empezando por el mandato de la maternidad, permearon todo el proceso. La Corte IDH ha entendido que la penalización absoluta del aborto genera criminalización y obstáculos para acceder a derechos reproductivos.

    La sentencia tiene efectos tanto a nivel nacional como a nivel regional. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga tanto a El Salvador como al resto de los países de la región a tomar una serie de medidas. Primero, garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos vinculados con el aborto. Segundo, asegurar que no se apliquen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que restringen a las mujeres a roles reproductivos y les adjudican un instinto maternal. Tercero, garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.

    El Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo algunas acciones adicionales en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Primero, mientras esté en proceso de regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, debe eliminar la práctica de los profesionales médicos de denunciar a las mujeres que recurran a ellos en busca de servicios de salud reproductiva. Segundo, debe reparar de manera integral a la familia de Manuela. Tercero, debe realizar cambios legislativos y de política pública para asegurar la no repetición, de modo que nadie más sufra una situación similar, por ejemplo garantizando la atención integral en casos de emergencias obstétricas y adecuando la figura de prisión preventiva para que se aplique solo de forma excepcional.

    Nosotras continuamos luchando para que las mujeres nunca más sean criminalizadas. Aún hay 12 mujeres que siguen privadas de libertad, pero creemos que el caso de Manuela ilumina estas injusticias y nos da fuerza para seguir luchando. Para nosotras, Manuela es justicia y esperanza.

    ¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en El Salvador de sus pares de todo el mundo?

    Nosotras consideramos que la solidaridad feminista es fundamental. Queremos visibilizar este tema en la región y en el mundo. Queremos que se hable de lo que está ocurriendo aquí. Queremos que se hable de las consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto. Queremos que se hable de cómo este sistema punitivista no resuelve nada.

    No puede ser que el ejercicio de un derecho reproductivo -un derecho a la salud- sea tratado como un crimen con penas de cárcel. Necesitamos poner los ojos del mundo sobre El Salvador y que el Estado salvadoreño se sienta observado. Debemos exigir, en cada oportunidad que tengamos, libertad para las mujeres, libertad para las 12 que siguen presas, y reparaciones para todas las mujeres que han enfrentado esta criminalización. Debemos exigir que el aborto sea un derecho reconocido por ley.

    El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@AbortoPORlaVIDA en Twitter. 

     

  • PANAMÁ: “Las protestas reflejan las desigualdades estructurales y la frustración ante la evidente corrupción”

    Eileen Ng FabregaCIVICUS conversa sobre las recientes protestas en Panamá conEileen Ng Fábrega, Directora Ejecutiva de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO). CAPADESO es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven el desarrollo social en Panamá. Su objetivo es evidenciar los aportes de la sociedad civil, fortalecer a la sociedad civil y fomentar las alianzas para incidir en las políticas públicas.