derechos de las mujeres

 

  • EEUU: “Los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto”

    CarolineDuble

    CIVICUS conversa con Caroline Duble, directora política de Avow, sobre la actual reacción contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, y en Texas en particular, así como sobre las respuestas de la sociedad civil. Avow es una organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar el acceso al aborto sin restricciones para todas las personas en Texas, y se guía por la visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con respeto y tengan libertad para perseguir la vida que desean.

    ¿Cómo ha llegado Texas al punto en que el aborto ha quedado casi completamente prohibido?

    Para quienes acaban de enterarse de esta cruel prohibición, que impide el aborto a partir de las seis semanas de gestación, puede resultar difícil creer que algo tan extremo pueda llegar a convertirse en ley. Pero quienes llevamos mucho tiempo luchando por el acceso al aborto en Texas sabemos que los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Esto queda claro si se observa la línea de tiempo completa de las restricciones médicamente innecesarias a los procedimientos de aborto que fueron imponiéndose en Texas desde la sentencia de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe vs Wade, que estableció que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de la mujer embarazada para optar por un aborto sin interferencias excesivas del gobierno. Han sido implacables, engañosos y crueles en sus intentos de poner la atención de la salud fuera del alcance de personas que la necesitan.

    ¿En qué se diferencia esta ley de otros intentos anteriores, menos exitosos, de prohibir el aborto en otros estados?

    A diferencia de las prohibiciones impuestas en otros estados, que son implementadas por funcionarios estaduales, este proyecto de ley -conocido como Proyecto de Ley del Senado 8, o SB8- otorga a la ciudadanía una autoridad sin precedentes para hacer cumplir la prohibición. Permite que cualquier persona -incluidos activistas antiaborto sin ninguna relación con la paciente- actúe como cazarrecompensas y lleve a los tribunales a médicos, centros de salud y a cualquiera que ayude a otra persona a acceder a un aborto, con el incentivo de recibir 10.000 dólares por cada aborto denunciado. En otras palabras, el estado de Texas está intentando eludir el escrutinio judicial y la responsabilidad en los tribunales alentando a ciudadanos particulares a hacer el trabajo sucio en su lugar. Pero las maniobras legales del SB8 no cambian el hecho de que prohibir el aborto a las seis semanas es inconstitucional y, lo que es más importante, es injusto e inmoral.

    ¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la prohibición, y qué reacciones ha generado?

    La SB8 está funcionando tal como se pretendía que lo hiciera. Desde que entró en vigor, el 1º de septiembre, ha diezmado nuestra ya vulnerable infraestructura de atención y ha dejado a las personas de Texas que necesitan acceso a atención y a servicios de apoyo temerosas de pedir ayuda, y a activistas y proveedores temerosos de ayudarles. Con esta ley, se le está negando a la gente de Texas los abortos que desean y necesitan. Muchas personas están tratando de reunir los miles de dólares necesarios para viajar fuera del estado, tomarse licencia laboral y organizar el cuidado de los niños y el transporte.

    Muchas personas en Texas están autogestionando sus propios abortos, los cuales pueden ser extremadamente seguros, pero solamente si la persona embarazada tiene acceso a información y recursos. Y, trágicamente, innumerables personas en Texas se ven obligadas a continuar embarazos en contra de su voluntad. Por supuesto, esto está afectando con mayor intensidad a personas negras, latinas e indígenas, a personas indocumentadas y a personas de bajos ingresos, que enfrentan barreras más severas para acceder a atención fuera del estado y por consiguiente están siendo perjudicadas en forma desproporcionada por la nueva ley.

    Frente a esto, la gente ha protestado financiando abortos. En conjunto, los fondos para el aborto en Texas han recaudado más de 3 millones de dólares desde el 1º de septiembre, y buena parte de esos fondos se utilizará para sacar del estado a quienes necesiten un aborto. La gente también está, literalmente, protestando. Basta con echar un vistazo a #BansOffOurBodies para ver las imágenes de las protestas que han tenido lugar en todo el país, y en particular de las marchas por los derechos reproductivos que tuvieron lugar el 2 de octubre. Y, por supuesto, la gente está aprendiendo más acerca del aborto autogestionado, porque la prohibición del aborto no acaba con la necesidad de abortar.

     

    ¿Qué tácticas utiliza Avow para evitar regresiones y ampliar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos?

    Avow continuará luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas de Texas, por el motivo que sea. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona de nuestro estado que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

    Trabajamos para presentar el aborto bajo una luz positiva porque el aborto es seguro, común y normal, aunque esto no se sepa a causa del estigma que impide que la gente comparta sus experiencias de aborto. Nos comprometemos a cambiar la conversación acerca del aborto para que refleje esa realidad. Durante demasiado tiempo, los extremistas antiabortistas han dictado el modo en que se nos permite hablar del aborto; mediante la difusión de mentiras e inexactitudes médicas han controlado la narrativa a tal punto que incluso los partidarios del derecho al aborto se sienten incómodos al pronunciar esa palabra y prefieren utilizar en cambio eufemismos tales como “derechos de las mujeres”, “salud reproductiva” y “elección”. Esto ha permitido que el estigma impregne la provisión de servicios de aborto y, en última instancia, avergüence a las personas que han abortado y alimente una narrativa sobre la existencia de abortos “buenos” y “malos”. En Avow nos negamos a juzgar las razones de una persona para abortar, y en cambio la apoyamos una vez que ha tomado su decisión de hacerlo.

    De cara a las elecciones de medio término de 2022, Avow se está preparando para exigir rendición de cuentas a los legisladores antiaborto mediante anuncios digitales, organización en el terreno y movilización de votantes. También estamos presionando al gobierno federal para que haga más por proteger el derecho al aborto mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que busca establecer legalmente el derecho de los proveedores de atención de la salud a prestar servicios de aborto, y el correspondiente derecho de los pacientes a recibir dicha atención, sin restricciones médicamente innecesarias. También les pedimos que deroguen la Enmienda Hyde, una disposición legislativa de 1980 que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos y es eminentemente racista. También seguiremos trabajando para acabar con el estigma del aborto, ayudando a las personas a hablar abiertamente sobre el aborto y sobre la importancia que tiene para ellas poder acceder a él.

    ¿Cuáles son las perspectivas de que se anule la prohibición?

    Es muy preocupante que la Corte Suprema no haya bloqueado esta ley incluso antes de celebrar una audiencia sobre ella. Durante casi 50 años, la Corte Suprema ha afirmado que la Constitución garantiza el derecho al aborto, pero ahora en Texas vivimos una realidad diferente. Mucha gente da por sentado que la Corte Suprema es un órgano legal objetivo, pero sus jueces son nombrados por el presidente, y los presidentes tienen agendas políticas. La negativa de la Corte Suprema a bloquear la entrada en vigor de la SB8 es simplemente una prueba más de algo que sabemos desde hace años: la salvación no vendrá de los tribunales. Es necesario aprobar una ley federal que garantice el acceso y la financiación del aborto sin restricciones para todas las personas en este país. 

    Dicho esto, agradecemos que el Departamento de Justicia (DJ) esté emprendiendo acciones legales para luchar contra la SB8. El DJ está solicitando una orden de restricción temporaria y un mandato judicial preliminar en un tribunal federal con sede en Austin, la capital de Texas. De ser concedida, esta orden de restricción impediría al estado de Texas, incluidas las personas privadas que inicien demandas en virtud de la ley, implementar o hacer cumplir la SB8. Este es un primer paso necesario en lo que esperamos que sea una larga batalla judicial para detener esta ley. La orden de restricción debería ser concedida sin problemas porque la ley es claramente inconstitucional y las personas en Texas necesitan conservar el acceso a servicios de aborto mientras la ley haga su recorrido por el sistema judicial.

    ¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en Estados Unidos de sus pares de todo el mundo?

    Lo mejor que la gente de fuera de Texas puede hacer por nosotros es apoyarnos contribuyendo a los fondos para el aborto y a las organizaciones de incidencia política de Texas, y amplificando nuestro mensaje. También pueden prestar más atención al impacto de las prohibiciones del aborto y el estigma en sus propias comunidades. En lugar de boicotear a empresas de Texas, aprueben ordenanzas locales que proporcionen apoyos concretos a las personas de sus regiones que buscan abortar.

    El espacio cívico en Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con Avow a través de supágina web,Facebook oInstagram, y siga a@avowtexas y a@CarolineDuble en Twitter.

     

  • El acoso alcanza lo virtual: mujeres activistas y periodistas denuncian su situación

    Journalists theBridge series

    Periodistas, feministas, activistas y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo se enfrentan al acoso virtual. En esta serie, la alianza global de la sociedad civil CIVICUS pone de relieve cómo el acoso virtual tiene un marcado componente de género, a través de los relatos de mujeres que trabajan para defender nuestras libertades democráticas. Estos testimonios se publican con carácter original en Global Voices gracias a una colaboración entre CIVICUS y Global Voices.

    Inday Espina VaronaPara esta periodista filipina, cada día es una lucha contra el miedo

    La represión contra medios y periodistas independientes también ha sido implacable. Los ataques y amenazas a periodistas, el empleo de ejércitos de troles y bots virtuales, especialmente durante la pandemia de COVID-19, han contribuido a la autocensura, con el consiguiente efecto disuasorio en el mundo de la comunicación y el público en general.En esta primera parte de la serie, la periodista filipina Inday Espina-Varona cuenta su historia.

     
    Evgenija CarlPeriodista eslovena, a quien el primer ministro llamó prostituta, cuenta su historia

    Evgenija Carl es una periodista de investigación de Eslovenia. Tras realizar un reportaje televisivo sobre el partido de oposición SDS en 2016, Janez Janša, uno de los principales políticos de aquel entonces, la llamó “prostituta” en Twitter. El acoso en línea se intensificó luego, cuando Janša se convirtió en primer ministro esloveno. Lea la historia de Evgenija Carl aquí.

     

    Maya El AmmarAmenazas de violación en línea conectan activista libanesa con miles de otras mujeres que enfrentan maltrato

    Desde octubre de 2019, protestas antigubernamentales conocidas como la “Revolución de Octubre” surgieron en todo el Líbano. Los manifestantes piden la destitución del Gobierno y plantean su preocupación por la corrupción, servicios públicos deficientes y falta de confianza en la clase gobernante. Las protestas han recibido violencia sin precedentes de las fuerzas de seguridad. El país ha enfrentado una crisis política, que empeoró por la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020. Las feministas han estado al frente a la revolución y se ofrecieron para dar asistencia tras la explosión. En la tercera parte de esta serie, Maya El Ammar, escritora, activista, y profesional de comunicaciones feminista, cuenta su historia y el abuso en línea que sigue enfrentando.

    Chantal MutamurizaAtaques personales persiguen a defensora de derechos humanos de Burundi exiliada en Uganda

    Durante el régimen del sucesor de Nkurunziza, el presidente Évariste Ndayishimiye, periodistas y defensores de derechos humanos siguen enfrentando dificultades. El arresto de activistas políticos y el reciente anuncio público de la sentencia a cadena perpetua de 34 exiliados —que incluyen periodistas y defensores de derechos humanos— acusados de intento de golpe contra el expresidente ilustran los obstáculos a la libre expresión en el país. Chantal Mutamuriza, feminista, defensora de los derechos humanos y fundadora de la ONG Light For All (Luz para todos), nos cuenta su historia del continuo acoso en línea que enfrenta.

     

  • El Salvador es uno de los pocos países que aún no han decidido que la vida de las mujeres importa

    English

    CIVICUS conversa con Sara García Gross, Coordinadora Ejecutiva de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador e integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Fundada en 2009, Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil multidisciplinaria que busca generar conciencia para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país; defender legalmente a las mujeres que han sido acusadas o condenadas o por abortos o delitos relacionados; y promover la educación en materia de salud sexual y reproductiva.

     

  • GRUPOS ANTI-DERECHOS: ‘Su verdadero objetivo es eliminar todas las políticas de género del Estado’

    Diana CariboniEn el marco de nuestroinforme temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Diana Cariboni, periodista y escritora argentina radicada en Uruguay, ganadora del Premio Nacional de Prensa Escrita 2018 y autora de varias notas de periodismo de investigación sobre los grupos anti-derechos en América Latina.

     ¿Podrías contarnos acerca de tu experiencia en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia?

    En el año 2018 cubrí la conferencia de este grupo regional – en realidad iberoamericano, ya que tiene miembros en toda América Latina y también en España. Es un grupo grande que quiere ser un movimiento. Es uno de los tantos, porque hay muchos otros, que además se entrecruzan, ya que miembros del Congreso Iberoamericano también forman parte de otros movimientos e interactúan dentro de ellos, al tiempo que están en los consejos de distintas organizaciones.

    Yo empecé investigando a este grupo porque se reunió aquí en Punta del Este, Uruguay, a fines de 2018, y venía precedido de algunos incidentes que me llamaron la atención. Los sectores más importantes que yo logré identificar dentro de este movimiento son, en primer lugar, una enorme cantidad de representantes de iglesias evangélicas y, dentro del evangelismo, del neopentecostalismo, aunque también incluye a iglesias bautistas e iglesias evangélicas no pentecostales.

    Además de estas iglesias está representada la plataforma Con Mis Hijos No Te Metas, que surgió en Perú en el año 2016, integrada por una serie de personajes que son cristianos evangélicos. Algunos de ellos son pastores de iglesias y algunos son también actores políticos; por ejemplo, hay una gran cantidad de diputados del Congreso de Perú. Justamente, los legisladores son otro sector importante del Congreso Iberoamericano. En muchos países hay legisladores que son pastores o miembros de iglesias: ocurre en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos actores están tratando de articular un movimiento legislativo regional. El Congreso Iberoamericano lleva cierto tiempo trabajando en el área legislativa y coordinándose y haciendo declaraciones sobre determinados temas.

    México también es un foco importante porque el fundador del Congreso Iberoamericano es un mexicano, Aaron Lara Sánchez. El movimiento ha articulado espacios de comunicación como Evangélico Digital, que integra un grupo de medios digitales originado en España. También ha creado o quiere crear una especie de grupo de estudios, porque a todo esto le quieren dar un barniz científico, y en sus conferencias participan médicos, abogados, expertos en biología y en genética; todos ellos argumentan la concepción religiosa de que la familia solo puede estar integrada por un hombre y una mujer, que los únicos sexos posibles son el masculino y el femenino y que la persona humana se genera en el momento de la concepción; de ahí su oposición frontal al aborto. Están articulando un discurso pseudo científico para fundamentar estos argumentos a pesar de que la investigación científica indica otras cosas. Su objetivo es construir un discurso que no sea visto tan como de la Edad Media; por eso buscan converger con el sentido común del siglo XXI y hablan de ciencia y de Estado laico, aunque no sea más que un barniz superficial. Por su parte, el discurso de Con Mis Hijos No Te Metas cuaja bien con el sentido común, porque es una apelación muy fuerte a la familia y les dice a las madres y a los padres que tienen derecho a decidir qué educación reciben sus hijos en las escuelas.

    ¿Caracterizarías a estos grupos como anti-derechos?

    Efectivamente, porque su verdadero objetivo es eliminar todas las políticas de género del Estado. De hecho, yo entrevisté al fundador de Con Mis Hijos No Te Metas, Cristian Rosas, quien me decía: ‘Nosotros empezamos por la educación sexual porque era lo que más movilizaba a la gente, porque se refiere a sus hijos, pero lo que en realidad nosotros queremos es eliminar el género, la palabra género, en Perú y en el mundo entero’. El tema es que detrás de esa palabra, género, está el asunto crucial del reconocimiento de las identidades y la búsqueda de equidad: las luchas de las mujeres por terminar con su discriminación y subordinación y las luchas de las comunidades LGBTQI por gozar de los mismos derechos y garantías que tiene el resto de la población. Ellos dicen que estas luchas son innecesarias porque nuestras constituciones ya dicen que todos somos iguales ante la ley, entonces para qué establecer leyes o estatutos especiales para las personas LGBTQI. Lo que pasan por alto es que las personas LGBTQI, y en particular algunas de ellas como las personas trans, no acceden efectivamente a esos derechos ni a las condiciones de una existencia digna. Ellos se empeñan en ignorar esto, y en cambio sostienen que lo que las personas LGBTQI están buscando es que el Estado les financie sus estilos de vida.

    En Uruguay vimos recientemente un ejemplo de política anti-derechos promovida por estos sectores. Un diputado católico suplente del Partido Nacional, un diputado evangélico neopentecostal, también del Partido Nacional, y el líder de la iglesia evangélica más numerosa del Uruguay, que también es neopentecostal – todos ellos miembros del Congreso Iberoamericano por la vida y la Familia - llevaron adelante una campaña para derogar la Ley Integral para Personas Trans. De hecho, la campaña de recolección de firmas se anunció durante aquel congreso de Punta del Este.

    ¿Quiénes eran las personas que participaban en ese congreso? Por tu descripción, parecería un encuentro más de cúpulas que de masas.

    No es la feligresía la que se reúne en este caso, sino que son pastores, dirigentes, políticos, líderes de opinión, influencers que buscan aprovechar el lenguaje y los códigos con que se comunica una buena parte de la población, y sobre todo los jóvenes. Pero aún así, era un encuentro de unas 400 personas.

    Este evento era cerrado, no podía entrar la prensa; yo me inscribí como una participante más, pagué la inscripción de 150 dólares y entré sin que los organizadores supieran que yo estaba cubriendo el evento como periodista. Además de pagar tuve que mudarme a Punta del Este por tres días, quedarme en un hotel y convivir con esta gente de la mañana a la noche. Por momentos se volvía un poco asfixiante porque la forma en que ellos desarrollan sus actividades no es la misma que en un congreso o una conferencia comunes, donde vos escuchás las presentaciones en los paneles, tomás nota y estás sentada en un auditorio junto con otras personas que hacen más o menos lo mismo. En este caso todas las instancias, incluso los paneles, se mezclaban con oraciones religiosas y plegarias en estilo evangélico. Este no es como la misa católica, que está muy coreografiada, con el sacerdote en el rol protagónico, donde ya se sabe más o menos lo que va a decir y la feligresía responde con determinadas frases en momentos pautados, se sienta, se para y nada más. La experiencia evangélica es muy diferente: la gente habla, grita, levanta los brazos, se mueve, se toca. El pastor les da instrucciones, pero aún así todo es mucho más participativo. Se me hizo difícil pasar desapercibida, pero lo conseguí.

    Además logré obtener un buen registro de lo que ocurría, lo cual no estaba permitido. Había muchísima vigilancia, me hubieran echado si se hubieran dado cuenta. Lo supieron cerca del final: a último momento decidieron organizar una conferencia de prensa y prácticamente no había ningún medio que no fuera de ellos. Yo no sabía si ir o no, pero al final decidí hacerlo, porque al fin y al cabo ya había asistido a todas las sesiones. Estuvo también un periodista del semanario Búsqueda. Allí me permitieron hacer entrevistas y me dijeron que solo podía publicar lo de la rueda de prensa, pero no lo que había escuchado dentro del congreso. Por supuesto, no había nada que pudieran hacer para impedirlo y mi artículo ‘El género es el nuevo demonio’ salió publicado en Noticias poco después.

    Estar allí adentro me permitió entender algunas cosas. Ciertamente, hay intereses muy poderosos, religiosos y políticos, detrás de las campañas anti-derechos. Pero también hay expresiones religiosas genuinas, distintas formas de abordar la vida, sectores ultraconservadores que experimentan un auténtico rechazo hacia la vida del siglo XXI. Lo que observé en este congreso es el tremendo extrañamiento que alguna gente siente respecto del mundo actual, una realidad que difícilmente pueda volver atrás, pero que ellos sienten completamente ajena: la realidad del matrimonia igualitario, de las relaciones interpersonales y sexuales diversas, la de la educación sexual, el placer y las drogas, la libertad de elegir y el aborto. Esto hay que reconocerlo: hay sectores de nuestras sociedades que no se sienten parte de este mundo del siglo XXI y así reaccionan ante estos avances, que ellos interpretan como degradación y corrupción.

    Estos grupos tienen un discurso nacionalista que percibe a los Estados nacionales y a los pueblos como sometidos a dictados foráneos que se consideran malignos, incluso como mensajes del diablo o del demonio. El mal se encarna en una serie de instituciones descriptas como imperialistas: las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano de derechos humanos, los organismos internacionales de crédito, la Organización Mundial de la Salud.

    ¿No es por lo menos curioso que apelen al nacionalismo cuando ellos mismos se organizan en redes transnacionales y están activos en el terreno internacional?

    En el marco de esta batalla cultural que se está librando a nivel internacional, lo que estos grupos no ven es que ellos también son actores en el terreno internacional, aunque más no sea con el objeto de debilitar el alcance del derecho internacional. Apuntan contra los órganos que supervisan los tratados y convenciones, por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer; dicen que se trata de comités de expertos cuyas sus recomendaciones no necesitan ser tenidas en cuenta por los Estados cuando contravienen su derecho interno.

    Una discusión reciente en este terreno se generó en torno de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una consulta de Costa Rica acerca de la identidad de género y el matrimonio igualitario. Costa Rica le preguntó a la Corte si en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos estaba obligado a reconocer la identidad de género de las personas y los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. En respuesta, la Corte IDH le dijo a Costa Rica, y por lo tanto a todo el continente, que se trata de derechos protegidos por la Convención. A partir de allí se dio una discusión muy fuerte, porque para los sectores anti-derechos se trató de un caso de un órgano internacional que actúa por encima de los Estados, las constituciones y las leyes nacionales.

    Mencionabas que en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia había muchos políticos de diferentes países. ¿Te parece que estos grupos quieren gobernar y se están preparando para llegar al poder? De ser así, ¿Cuál es su estrategia para lograrlo?

    Ante todo, sí creo que hay una voluntad de gobernar, que tiene que ver con la evolución del movimiento neopentecostal surgido en los Estados Unidos y luego expandido por todo el continente. El argumento es simple: Si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, estamos llamados a tener un impacto, tenemos que gobernar porque somos los elegidos para ello.

    Ahora bien, las estrategias son diversas. Predomina el pragmatismo, de modo que la estrategia depende mucho del contexto. En algunos casos crean partidos propios - religiosos, evangélicos o ultraconservadores - en los que se sientan representados; en otros casos optan por presentar candidaturas a través de distintos partidos. Actualmente en Argentina, por ejemplo, hay candidaturas de este tipo prácticamente en todos los partidos, excepto la izquierda más radical; están tanto en el oficialismo como en la principal coalición opositora. Además hay un pequeño partido formado recientemente, el Frente NOS, fundado sobre la base del rechazo de la ideología de género en el contexto del debate legislativo sobre la legalización del aborto, pero que en las primarias no sacó casi votos. No creo que logre demasiado en las elecciones; en cambio tendrán éxito muchas candidaturas que están en distintas listas, tanto a nivel federal como las provincias.

    Otra estrategia complementaria es la de insertarse en los gobiernos desde los niveles más bajos, sobre todo en los países con estructura federal, donde pueden acceder a cargos de dirección en las áreas de salud, educación o justicia; de ahí la estrategia de formar expertos - abogados, juristas, expertos en bioética – que puedan integrarse en distintos espacios de la administración pública. Eso lo veo mucho en Argentina.

    En el caso de Uruguay estos sectores están bastante concentrados en un sector del Partido Nacional, que ya tiene algunos diputados evangélicos y neopentecostales y es muy probable que en las próximas elecciones sean algunos más. Creo que es muy probable que de las elecciones de octubre de 2019 en Uruguay emerja una bancada evangélica. También hay algunas figuras similares en los otros partidos, aunque son mucho menos visibles.

    También en Uruguay ha surgido un fenómeno nuevo, bajo la forma del partido Cabildo Abierto, encabezado por un ex jefe del Ejército, el primero en declararse como partido anti-ideología de género. Es un fenómeno nuevo porque los líderes y principales figuras del Partido Nacional, que es el que hasta ahora cobijaba a la mayoría de estos personajes, no apoyan estas posturas. Aunque es un partido nuevo y pequeño, las encuestas le dan a Cabildo Abierto entre 7 y 10% de intención de voto, o sea que posiblemente elegirá a algunos diputados, y tendremos un partido que tiene una posición de bloque.

    ¿Te parecen especialmente preocupantes estos avances en un país como Uruguay, descripto a menudo como el más laico de América Latina?

    Sucede que el voto confesional no es automático. En argentina la feligresía evangélica es un porcentaje importante de la población y está creciendo, pero en este momento hay apenas diputado evangélico en el Congreso Nacional. Más o menos lo mismo podría decirse sobre la mayoría de los países: la población que se declara de determinada religión no necesariamente vota a candidatos de esa religión. En otras palabras, el voto confesional, que es lo que estos sectores pretenden instalar, no está teniendo éxito de manera automática en todos los países. En Brasil el voto confesional ha avanzado sustancialmente, pero este avance llevó décadas, además de que se relaciona con características propias del sistema electoral brasileño de listas abiertas que permitió que este tipo de candidaturas se fuera desparramando por muchos partidos, incluido el Partido de los Trabajadores cuando era gobierno. Este crecimiento cuajó en el importante apoyo que prestaron los sectores evangélicos a la candidatura del presidente Jair Bolsonaro, cuyo triunfo también alimentó a la bancada evangélica.

    En suma, una cantidad de factores inciden en cómo se vota en determinado momento y las personas no necesariamente se guían por el credo religioso del candidato a la hora de votar. Pero esto es algo que se podría poner en cuestión en estas elecciones. En Argentina y en Uruguay hay elecciones en octubre, el mismo día; en Bolivia una semana antes; y también en octubre hay elecciones regionales en Colombia, con muchos candidatos de este tipo en distintas formaciones. Pronto tendremos un panorama de cómo evoluciona el voto confesional en cada país. Es un tema que hay que observar de cerca para saber si se trata de un fenómeno lineal en acenso, de un proceso con avances y retrocesos, o de un fenómeno que está tocando un techo.

    Contáctese con Diana Cariboni a través de su página deFacebook y siga a@diana_cariboni en Twitter. 

     

  • Líbano: ‘El cambio comienza cuando se les pasa el micrófono a las organizaciones feministas de base’

    En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la CuartaConferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

    CIVICUS y laRed Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Hayat Mirshad, periodista y activista feminista y jefa de comunicaciones y campañas del Encuentro Democrático de Mujeres Libanesas (RDFL), una organización de la sociedad civil (OSC) feminista y secular que defiende los derechos de las mujeres. Fundada en 1976 y basada en el voluntariado, RDFL es una de las organizaciones feministas más antiguas del Líbano. Lucha por la eliminación de la violencia de género y de todas las formas de discriminación y busca lograr el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. Ha lanzado varias campañas exitosas, entre ellas la campaña #NoAntesdelos18 (#NotBefore18) de 2017, que resultó en la presentación de un proyecto de ley, actualmente bajo consideración parlamentaria, para establecer en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

     

  • LÍBANO: ‘Esta crisis debe manejarse con una visión feminista’

    CIVICUS conversa con Lina Abou Habib, una activista feminista basada en Beirut, Líbano, acerca de la respuesta de la sociedad civil a la emergencia causada por la explosión del 4 de agosto de 2020. Lina enseña Feminismos Globales en la Universidad Americana de Beirut, donde integra el Instituto Asfari, y preside el Colectivo de Investigación y Capacitación en Acción para el Desarrollo, una organización feminista regional que trabaja en Medio Oriente y África del Norte. También se desempeña en la junta de Gender at Work y como asesora estratégica del Fondo Mundial para la Mujer en Medio Oriente y África del Norte.

    Lina Abou Habib

    ¿Podría contarnos acerca del momento en que ocurrió la explosión?

    La explosión de Beirut ocurrió el 4 de agosto de 2020, alrededor de las 18:10 hora de Beirut. Yo estaba en mi casa y desde hacía una hora que sabía que se había producido un gran incendio en el puerto de Beirut. Cuando el fuego empezó a extenderse, el cielo se oscureció a causa del humo. Yo estaba mirando hacia afuera, y lo primero que sentí fue una sensación aterradora, similar a un terremoto, y apenas una fracción de segundo más tarde ocurrió una gran explosión. Los vidrios a mi alrededor se hicieron añicos. Me tomó un par de minutos comprender lo que acababa de suceder. Lo primero que todos hicimos fue llamar a nuestras familias y amigos cercanos para asegurarnos de que estaban bien. Todo el mundo estaba en un estado de completa incredulidad. La explosión fue tan poderosa que cada uno de nosotros sintió que había sucedido justo a nuestro lado.

    ¿Cuál fue la respuesta inmediata de la sociedad civil?

    Es importante subrayar que junto con la respuesta de la sociedad civil también hubo una respuesta individual. La gente salió a las calles para intentar ayudar a los demás. Nadie confiaba en que el Estado fuera ayudar de ninguna manera; de hecho, el Estado era el responsable de lo sucedido. Las personas asumieron la responsabilidad de ayudarse unas a otras, lo cual supuso abordar problemas inmediatos, tales como despejar las calles de escombros y hablar con otras personas para averiguar qué necesitaban, por ejemplo refugio y comida. Cerca de 300.000 personas se habían quedado sin hogar y lo habían perdido todo en una fracción de segundo. Hubo una reacción extraordinaria por parte de gente común que se dispuso a ayudar: personas con escobas y palas comenzaron a quitar los escombros y a distribuir alimentos y agua. La indignación se convirtió en solidaridad.

    Se trató de un momento de gran empoderamiento, que aún continúa. En este mismo momento hay personas voluntarias y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que básicamente están haciéndose cargo de la situación y no solo brindan ayuda inmediata, sino que también ofrecen toda clase de apoyos a la gente en dificultades.

    Sin embargo, estos actos de solidaridad y cuidado también han sido criticados. La principal crítica ha sido que son contraproducentes porque eximen al Estado de cumplir con sus obligaciones y hacer sus deberes. Entiendo esta crítica, pero no estoy de acuerdo con ella. Para mí, los actos de solidaridad realizados por la sociedad civil y la gente común constituyeron nuestras principales historias de éxito, historias de poder y resistencia de las que es bueno hablar. Es necesario resaltar la respuesta inmediata brindada individualmente por las mismas personas que habían experimentado daños o habían perdido mucho. Las propias comunidades de trabajadores migrantes, que viven en condiciones extremas de explotación, racismo y abuso, salieron a limpiar los escombros y ayudar a otras personas. No creo que debamos ignorar el significado de estos actos de solidaridad.

    El Líbano ya estaba atravesando una profunda crisis económica, que se vio agravada aún más por la pandemia de COVID-19 y la explosión. ¿Cuáles fueron los grupos más afectados?

    Los peores efectos los sintieron quienes ya se encontraban en las situaciones más vulnerables. Un claro ejemplo de múltiples formas de discriminación que se superponen y se refuerzan entre sí es la situación de las trabajadoras migrantes en el Líbano. No es una situación nueva, sino que ya lleva décadas. Primero, las mujeres migrantes trabajan en el ámbito privado, lo cual las torna aún más invisibles y vulnerables. En segundo lugar, no hay absolutamente ninguna regla que sea obligatorio seguir para contratarlas, por lo que básicamente están a merced de sus empleadores. Se les mantiene en condiciones de cuasi esclavitud sobre la base de los denominados “contratos de patrocinio”. El aire mismo que respiran depende de la voluntad de sus empleadores y están completamente atadas a ellos. En resumen, se trata de una población de mujeres procedentes de países pobres del sur global que se desempeñan como trabajadoras domésticas y cuidadoras, posiciones que las vuelven increíblemente vulnerables al abuso. No hay leyes que las protejan, y siempre ha sido así. Por tanto, son quienes acaben siendo dejadas atrás cuando ocurre una crisis de seguridad o una crisis política.

    Tres hechos consecutivos afectaron su situación. El primero fue la revolución que se inició el 17 de octubre de 2019, un momento increíblemente importante que fue la culminación de años de activismo, y en el que también participaron las trabajadoras migrantes, que fueron apoyadas, sostenidas y orientadas por jóvenes feministas libanesas. Como resultado de ello, hubo en el seno de la revolución trabajadoras migrantes que se rebelaron contra el sistema de patrocinio, que las priva de su humanidad y las expone a condiciones de trabajo equivalentes a la esclavitud, y exigieron trabajo decente y una vida digna.

    A ello se sumaron el colapso económico y la pandemia de COVID-19, los cuales sobrevinieron cuando aún continuaban las protestas. Como resultado de la crisis económica, algunas personas optaron por no pagar los salarios de trabajadores domésticos y migrantes o, lo que es peor, simplemente se deshicieron de ellos dejándoles en la calle durante la pandemia.

    Y luego ocurrió la explosión del puerto de Beirut, que nuevamente afectó particularmente a los trabajadores migrantes. Fue una sucesión de crisis que afectaron ante todo a los trabajadores migrantes, y en particular a las mujeres, porque ya se encontraban en condiciones precarias en las que sufrían abusos, su trabajo se daba por descontado y eran luego descartados en las calles, olvidados por sus embajadas e ignorados por el gobierno libanés.

    Como activista y feminista, ¿cómo evalúa la respuesta del gobierno ante la explosión?

    No ha habido una respuesta responsable de parte del gobierno. Ni siquiera llamaría “gobierno” a esto que tenemos, sino “régimen”. Es una dictadura corrupta, un régimen autoritario que sigue simulando ser democrático e incluso progresista. El régimen dice ser la encarnación de la reforma, pero nunca la lleva a cabo. Por ejemplo, diez días después de la revolución, en octubre de 2019, el presidente se dirigió a la nación y nos prometió una ley civil de familia igualitaria, algo que las activistas feministas hemos exigido durante décadas. Fue toda una sorpresa, pero resultó que no era en serio, ya que no se ha hecho nada al respecto. Las autoridades simplemente dicen lo que creen que la gente quiere escuchar, y parecen estar convencidas de que la ciudadanía es demasiado ignorante para darse cuenta.

    De modo que debemos situar la respuesta a la explosión en el contexto del reciente levantamiento. La respuesta del gobierno a la revolución ha sido no reconocer los problemas que la gente señalaba: que había vaciado las arcas públicas, que seguía ejerciendo el nepotismo y la corrupción y, lo peor de todo, que estaba desmantelando las instituciones públicas. La única respuesta del gobierno ha sido cerrar el espacio de la sociedad civil y atacar las libertades de asociación y expresión y el derecho de protesta. He vivido en este país la mayor parte de mi vida y he pasado por una guerra civil, y creo que no hemos experimentado una represión de las libertades de la magnitud que estamos viendo ahora mismo bajo este régimen. Nunca habíamos visto que las personas fueran citadas por la policía o las instituciones de seguridad por algo que dijeron o publicaron en las redes sociales. Esto es exactamente lo que este régimen hace, y lo continúa haciendo. El presidente actúa como si tuviéramos una ley de lesa majestad y no acepta crítica alguna; quienes lo critican pagan por ello con su libertad. Es la primera vez que vemos a activistas detenidos por esta causa.

    En resumen, el régimen no ha hecho nada significativo en respuesta a la explosión. El hecho de que haya enviado al ejército a distribuir paquetes de ayuda alimentaria no tiene gran importancia. De hecho, se han negado a entregar artículos de ayuda alimentaria a personas no libanesas que fueron afectadas. Esto pone en evidencia la forma en que interactúan en este proceso sucesivas capas de corrupción, intolerancia y mala gestión.

    Tras la explosión, la gente volvió a salir a las calles a protestar. ¿Cree que las protestas han tenido algún impacto?

    El sábado siguiente a la explosión hubo gente protestando en las calles. Yo estaba allí y me asustó el despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad.

    Ante tantas calamidades, la única razón por la que la gente no se ha volcado masivamente a las calles es la pandemia de COVID-19. En ese sentido, la pandemia ha sido para el régimen un regalo del cielo. Ha impuesto toques de queda, ha destruido las carpas que los revolucionarios habían armado en la Plaza de los Mártires y ha hecho arrestos y detenciones, todo ello con el pretexto de proteger a la gente del virus. Pero, por supuesto, no logra engañar a nadie. Los niveles de contagio aumentan en lugar de disminuir. El hecho de que el régimen sea tan corrupto que básicamente no tengamos un servicio de salud en funcionamiento, realmente no ayuda.

    Las limitaciones creadas por la pandemia y los temores de la gente por su propia salud están limitando seriamente las acciones contra el régimen; sin embargo, no creo que esto vaya a detener la revolución. La gente ya ha tenido suficiente. Mucha gente lo ha perdido todo. Y cuando te ponen contra la pared, no te queda otro lugar a donde ir como no sea hacia adelante. El régimen seguirá usando la fuerza bruta, seguirá mintiendo y administrando mal los fondos y los recursos, pero esto se está volviendo totalmente inaceptable para una porción cada vez mayor de la población.

    Creo que la movilización callejera ha tenido éxito en varios niveles. Uno puede estar en desacuerdo y señalar que el régimen todavía está en el poder, y es verdad que todavía tomará mucho tiempo para que caiga. Pero el éxito inmediato de las protestas fue que quebraron un tabú. Había una especie de halo o santidad en torno de ciertos líderes que eran considerados intocables. Ahora es obvio que ya no disfrutan de esa protección. Aunque el régimen no esté dispuesto a ceder, apenas está ganando tiempo.

    A mi modo de ver, un logro importante ha sido el rol de liderazgo desempeñado por los grupos feministas a la hora de pensar el país que queremos, los derechos y prerrogativas que reivindicamos y la forma de gobierno que deseamos. Junto a 40 organizaciones feministas publicamos una lista de demandas. Pensamos juntas y establecimos cómo debe ser una reconstrucción humanitaria desde una perspectiva feminista y estamos utilizando esto como una herramienta de incidencia ante la comunidad internacional. La forma en que estamos interviniendo indica que esta crisis debe manejarse con una visión feminista.

    Además, por primera vez la comunidad LGBTQI+ ha sido parte integral en la configuración del proceso de reforma, el proceso de transición y la configuración del país que queremos, tanto en lo que se refiere a la forma de estado como en lo que concierne a las relaciones humanas. También se ha amplificado la voz de la comunidad migrante. Para mí, estos logros son irreversibles.

    ¿Qué apoyo de la comunidad internacional necesitaría la sociedad civil de Beirut y el Líbano?

    Hay varias cosas que podrían hacer. En primer lugar, necesitamos formas tangibles de solidaridad en el campo de las comunicaciones, para amplificar nuestra voz. En segundo lugar, debemos presionar a la comunidad internacional en nombre del movimiento feminista libanés para que el régimen libanés rinda cuentas por cada centavo que recibe. Para dar un ejemplo: recibimos unos 1.700 kilos de té de Sri Lanka, pero el té ha desaparecido; parece que el presidente lo distribuyó entre los guardias presidenciales. Necesitamos la influencia y la presión de la comunidad internacional para que este régimen rinda cuentas. En tercer lugar, debemos que los principales medios de comunicación internacionales amplifiquen estas voces.

    Quiero enfatizar el hecho de que la ayuda internacional no debe estar exenta de condiciones, ya que el régimen gobernante no opera con transparencia y no rinde cuentas. Por supuesto que no le corresponde a la sociedad civil reconstruir lo dañado o poner en pie la infraestructura. Pero cada centavo que vaya dirigido al régimen para estos menesteres debe entregarse bajo condiciones de transparencia, rendición de cuentas y debida diligencia. Debe empoderarse a la sociedad civil para que desempeñe funciones de control. Esto significa que las OSC deben tener la voz y las herramientas para monitorear. De lo contrario, nada va a cambiar. La ayuda internacional se desvanecerá; sólo ayudará al régimen a prolongar su dominio mientras la ciudad permanece en ruinas.

    El espacio cívico en el Líbano es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con el Colectivo de Investigación y Capacitación en Acción para el Desarrollo a través de supágina web, y siga a@LinaAH1 en Twitter.

     

     

  • MALAWI: ‘Las niñas necesitan protección no solo contra el COVID-19, sino también contra la violación endémica de sus derechos’

    CIVICUS conversa con Ephraim Chimwaza, Director Ejecutivo del Centro para el Avance Social y el Desarrollo (Centre for Social Concern and Development, CESOCODE), una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en temas de salud reproductiva y promueve los derechos de las mujeres de Malawi. CESOCODE trabaja para eliminar todas las formas de violencia de género (VG) que padecen niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y promueve sus derechos humanos y su bienestar a través de la incidencia, la investigación, la educación, la capacitación y la prestación de servicios básicos de salud reproductiva.

    Ephraim Chimwaza picture

    ¿Cuál es la situación de las niñas y las mujeres jóvenes en Malawi?

    En Malawi, la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las niñas enfrentan más obstáculos que los niños para acceder a la educación y a oportunidades laborales, y muchas niñas no conocen sus derechos legales. La falta de acceso a oportunidades también impulsa el matrimonio infantil, que es otro factor que obstaculiza fuertemente el disfrute de los derechos de las niñas.

    Malawi se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, temprano y forzado para 2030, de acuerdo con el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también ha ratificado varios instrumentos internacionales con ese fin. Aun así, el 42% de las niñas en Malawi se ven obligadas a casarse antes de los 18 años, y casi el 10% lo hace antes de cumplir los 15. En algunos grupos étnicos, los matrimonios arreglados son comúnmente utilizados para establecer alianzas entre familias. En todo el país, las familias más pobres a menudo dan a sus hijas en matrimonio para reducir la carga económica de mantenerlas o con la intención de ofrecerles la oportunidad de una vida mejor. En otros casos, las obligan a casarse si quedan embarazadas, para que no deshonren a sus familias. Algunos padres en situaciones desesperadas también obligan a sus hijas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o comida.

    La violencia contra las adolescentes y las mujeres jóvenes es moneda corriente. Una de cada cuatro jóvenes ha experimentado recientemente episodios de violencia por parte de una pareja, pero son pocas las que buscan ayuda. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son socialmente aceptadas en forma generalizada, incluso entre los jóvenes. No resulta sorprendente que las adolescentes sigan siendo las más afectadas por la epidemia del VIH. El número de niñas de entre 10 y 19 años que viven con el VIH está aumentando, dado que las adolescentes representan casi tres de cada cuatro nuevas infecciones.

    ¿De qué modo aborda CESOCODE estos desafíos?

    Desde 2009 trabajamos con el foco puesto en la promoción de los derechos de las niñas, y específicamente con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil. Con ese fin, trabajamos con las comunidades y sus líderes para alentar a las niñas a que permanezcan en la escuela. Ofrecemos a las adolescentes un espacio seguro donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y damos asesoramiento a las que padecen violencia de género.

    También integramos una iniciativa global llamada “Niñas, no novias” (Girls Not Brides), que incluye a más de 1300 OSC de más de 100 países que trabajan para terminar con el matrimonio infantil y contribuir a que las niñas alcancen todo su potencial aumentando su acceso a la salud, a la educación y a mayores oportunidades. A través de esta alianza llamamos la atención del mundo sobre el matrimonio infantil y las violaciones concomitantes de los derechos de las niñas, contribuimos a generar una comprensión del problema y reclamamos cambios en las leyes, así como la implementación de políticas y programas que harán una gran diferencia en las vidas de millones de niñas.

    ¿Qué impactos específicos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las niñas en Malawi, y cómo han logrado ustedes continuar trabajando en este contexto?

    La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto negativo sobre las niñas en Malawi. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde trabajamos. Las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno han llevado al cierre de escuelas. Como los centros de salud y las clínicas móviles también suspendieron la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era limitado, disminuyó aún más. Durante el encierro obligado por la cuarentena, los casos de violencia de género y abuso sexual han aumentado, pero las denuncias han disminuido. La mayoría de las niñas no pueden salir y denunciar la violencia de género que padecen y tienen que seguir viviendo con sus abusadores y temiendo por sus vidas.

    Nuestros programas y actividades se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno para disminuir el riesgo de infección por COVID-19. No hemos podido reunirnos físicamente con las niñas y brindarles servicios vitales, tales como condones y anticonceptivos. Las niñas no pueden salir de sus hogares para asistir a reuniones, talleres o conferencias, ya que todas las reuniones públicas han sido prohibidas para mantener el distanciamiento social.

    Sin embargo, hemos seguido llegando a las niñas a través de diversos medios.

    En primer lugar, nos comunicamos a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. Estamos utilizando plataformas en línea como Facebook y aplicaciones móviles como WhatsApp para difundir mensajes sobre salud pública y prevención de la violencia doméstica. Hemos desarrollado un servicio de mensajería vía Bluetooth, de móvil a móvil, que nos permite mantener el contacto con las niñas y que ellas pueden usar para avisarnos si están en riesgo. También hemos producido un breve podcast centrado en la violencia doméstica contra las niñas, que incluye una versión en lenguaje de señas, de modo de no excluir a las niñas sordas o con dificultades auditivas.

    En segundo lugar, estamos usando la radio y la televisión comunitarias para difundir mensajes a medida y empaquetando contenido en programas populares para llegar a las niñas en sus hogares con mensajes de prevención de la violencia de género. Estos también incluyen interpretación en lenguaje de señas.

    En tercer lugar, seguimos trabajando en las comunidades, difundiendo mensajes de boca en boca o mediante el uso de altavoces. Usamos nuestro vehículo con altavoz para recorrer las comunidades y difundir información sobre prevención de la violencia de género y el matrimonio infantil y para promover los derechos de las niñas en general.

    Cuarto, estamos distribuyendo material impreso de divulgación para explicar las consecuencias de las violaciones de los derechos de las niñas e informar dónde denunciar casos de violencia contra las niñas. Lo hacemos a través del reparto de volantes y folletos, y también pegamos carteles en lugares por donde niñas y adolescentes pasan con frecuencia, tales como tiendas, fuentes de agua y minimercados. Estos materiales están siempre escritos en el idioma local e incluyen imágenes para que el contenido sea más fácil de entender.

    Así hemos podido continuar con nuestro trabajo y no hemos abandonado a las chicas que confían en nosotros en el momento en que más nos necesitan.

    ¿A qué crees que se deben los buenos resultados obtenidos?

    Pienso que hay tres factores principales que explican los buenos resultados que hemos obtenido.

    Primero, hemos mantenido el vínculo con los líderes comunitarios y otros actores clave y hemos apuntalado su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la violencia de género contra las niñas. Llevamos a cabo reuniones virtuales y compartimos programas en formato podcast con diversos actores relevantes que trabajan con niñas. Estos materiales sirven para incentivar relaciones positivas y saludables de modo de prevenir la violencia contra las niñas al tiempo que promueven la salud reproductiva de las jóvenes durante la pandemia del COVID-19.

    En segundo lugar, hemos identificado herramientas de bajo costo que nos han permitido mantener el contacto con las niñas y hemos continuado empoderándolas durante la pandemia. Lo hemos hecho mediante el uso de nuevas tecnologías en los casos en que están disponibles y son accesibles, y hemos buscado conectarnos de otras maneras con las niñas que viven en comunidades que carecen de acceso a las redes sociales.

    En tercer lugar, hemos impulsado la integración de mensajes de prevención de la VG en los materiales de prevención del COVID-19, de modo que los servicios de atención médica se comuniquen con las niñas y les brinden apoyo y protección integrales, no solo contra el COVID-19 sino también contra la violación endémica de sus derechos.

    El espacio cívico en Malawi es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
    Contáctese con CESOCODE a través de su página de Facebook.

     

     

  • MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’

    CIVICUS conversa conWendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

    Wendy Figueroa

    ¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

    En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

    ¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

    Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

    En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

    En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

    En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

    Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

    Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

    Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

    Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

    ¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

    En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

    El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

    ¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

    Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

    También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

    ¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

    La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

    Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

    Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

    ¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

    Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

    Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

    El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con la Red Nacional de Refugios a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@RNRoficial en Twitter.

     

  • MÉXICO: “El debate público y la diversificación de voces son indispensables para ampliar derechos”

    CIVICUS conversa con Verónica Esparza y Rebeca Lorea, respectivamente abogada investigadora y coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), acerca de la significación de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia en relación con el derecho al aborto y de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México. GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que lleva casi 30 años trabajando para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

    Veronica Esparza y Rebeca Lorea

    De izquierda a derecha: Verónica Esparza y Rebeca Lorea

    ¿Cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México?

    Actualmente las mujeres y otras personas con capacidad de gestar no encuentran México condiciones óptimas para decidir sobre su vida reproductiva: hay un elevado número de niñas y adolescentes embarazadas, afectadas por un contexto grave de violencia sexual que el Estado sigue fallando en remediar; obstáculos de acceso a servicios como anticoncepción de emergencia y aborto por violación; criminalización de las mujeres y personas gestantes que abortan; violencia obstétrica cotidiana durante el embarazo, parto y posparto y mujeres que mueren en el parto por causas prevenibles.

    A las fallas estructurales del sistema de salud se suma el hecho de que la mayoría de las personas en México está empleada en el sector informal, lo que limita su acceso a la seguridad social y, por tanto, a ciertas prestaciones, como licencias por maternidad y estancias infantiles. Las mujeres, que siguen asumiendo un papel principal en las labores del hogar y de cuidados, cargan con esta falta de acceso a servicios, que afecta de manera particular a quienes viven condiciones múltiples de discriminación, como las niñas y adolescentes, las mujeres indígenas y las personas con discapacidad.

    ¿De qué modo entiende GIRE la justicia reproductiva, y qué trabajo realiza para impulsarla?

    GIRE entiende a la justicia reproductiva como el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que confieren a las mujeres y a otras personas con capacidad de gestar poder y autodeterminación sobre su destino reproductivo. Para alcanzarla es indispensable que el Estado garantice los derechos humanos de estas personas tomando en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan su salud, sus derechos y el control de su vida, y genere las condiciones óptimas para la toma de decisiones autónomas.

    Ya no alcanza con entender a los derechos reproductivos en términos de libertades individuales definidas jurídicamente, haciendo caso omiso de las barreras que limitan el acceso efectivo de ciertas poblaciones a estos derechos. El de la justicia reproductiva es un marco analítico más inclusivo porque vincula los derechos reproductivos con las desigualdades sociales, políticas y económicas que afectan la capacidad de las personas para acceder a servicios de salud reproductiva y ejercer efectivamente sus derechos reproductivos.

    GIRE ha trabajado por casi 30 años en la defensa y promoción de la justicia reproductiva en México, visibilizando los obstáculos normativos y estructurales que enfrentan mujeres y personas con capacidad de gestar en el ejercicio pleno de sus derechos humanos e impulsando el cambio a través de una estrategia integral que comprende el acompañamiento legal, estrategias de comunicación, la exigencia de una reparación integral por violaciones a derechos reproductivos que incluya medidas de no repetición, tanto a nivel federal como local, y la recopilación de datos que sustentan nuestra labor. 

    Nuestros temas prioritarios son la anticoncepción, el aborto, la violencia obstétrica, la muerte materna, la reproducción asistida, y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Si bien ponemos el foco en la discriminación por sexo y/o género que sufren mujeres y niñas en México, nuestra búsqueda por la justicia reproductiva reconoce que estas variables se cruzan con otras formas de discriminación, por ejemplo por clase social, edad, discapacidad y etnia. Además, reconocemos que la discriminación que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar no las afecta solamente a ellas, sino también a sus comunidades, y particularmente a sus familias.

    ¿Qué significación tienen los dos recientes fallos de la Corte Suprema en materia de derechos reproductivos?

    En la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido un rol fundamental, ya que desde 2007 ha emitido varias sentencias que reconocen el acceso al aborto como un asunto de derechos humanos.

    En abril de 2018, la SCJN otorgó sendos amparos a dos jóvenes víctimas de violación sexual cuyos casos acompañó GIRE. Los servicios públicos de salud de Morelos y Oaxaca les habían negado un aborto pese a que es un derecho que tienen las víctimas de violencia sexual. La Corte afirmó que esa negativa constituyó una violación de sus derechos humanos y que las autoridades de salud están obligadas a atender de manera inmediata y eficiente estas solicitudes, a fin de no permitir que las consecuencias derivadas de la violación continúen en el tiempo. Esto implica que las autoridades de salud no pueden implementar mecanismos ni políticas internas que obstaculicen o retrasen la materialización de este derecho. Con estas resoluciones, la SCJN reafirmó la obligación legal de los prestadores de servicios de salud de garantizar el acceso al aborto en casos de violación sexual.

    El 15 de mayo de 2019, en otro caso acompañado por GIRE, la SCJN otorgó un amparo una mujer a quien se le había negado el acceso a la interrupción del embarazo a pesar de que éste le podía causar complicaciones serias de salud. Con esta resolución, la SCJN reconoció que el derecho a la salud incluye el acceso al aborto y se pronunció sobre las necesidades particulares de servicios de salud reproductiva para las mujeres, resaltando las graves consecuencias de la negación de la interrupción del embarazo por razones de salud.

    El 7 de julio de 2021, la Primera Sala de la SCJN resolvió otro caso acompañado por GIRE, el de una joven con parálisis cerebral y fuertes limitaciones para realizar actividades esenciales de la vida diaria, agravadas por un precario entorno económico. A consecuencia de una crisis convulsiva, su familia la llevó a un hospital en Chiapas, donde se les informó que estaba embarazada y tenía 23 semanas de gestación. El embarazo había sido producto de una violación sexual cuando ella tenía 17 años. Se solicitó la interrupción del embarazo, pero el director del hospital rechazó la solicitud porque habían pasado los 90 días de gestación que establecía como límite el código penal del estado. La SCJN señaló que esta limitación temporal desconocía la naturaleza de las agresiones sexuales y sus consecuencias sobre la salud de las mujeres, y suponía un total desconocimiento de la dignidad humana y la autonomía de la mujer cuyo embarazo, lejos de resultar de una decisión libre y consentida, es el resultado de conductas arbitrarias y violentas.

    Finalmente, en septiembre de 2021 el Pleno de la SCJN analizó dos legislaciones que impactaban negativamente sobre el derecho a decidir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Primero analizó la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre la legislación penal del estado de Coahuila, que la Procuraduría General de la República había considerado violatoria de los derechos humanos de las mujeres por catalogar al aborto como delito.

    El 7 de septiembre, en un fallo histórico, resolvió por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, convirtiéndose en la primera Corte Constitucional de la región en emitir una sentencia de este tipo. La SCJN puntualizó que, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, consagrado en el artículo 4° de la Constitución. En otras palabras, determinó que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional.

    Las implicaciones de este fallo son varias. Por un lado, el Congreso del estado de Coahuila deberá reformar su legislación penal para despenalizar el aborto consentido. Además, genera un precedente, es decir, los argumentos centrales del fallo tienen que ser aplicados por la totalidad de las y los jueces de México, tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de todas las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta. Además, los congresos de los estados donde aún se restringe y castiga el aborto voluntario cuentan con criterios avalados por la SCJN para despenalizarlo.

    En la misma semana, la Corte analizó las acciones de inconstitucionalidad 106 y 107/2018 sobre el reconocimiento del “derecho a la vida desde la concepción” establecido en la Constitución de Sinaloa, promovidas por una minoría legislativa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por unanimidad, la SCJN consideró que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General. Además, consideró que no se le puede dar el estatus de persona al embrión o feto y pretender, con base en esto, adoptar medidas restrictivas a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes; esto es inconstitucional.

    Con base en precedentes tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN estableció que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación —como bien constitucionalmente valioso— deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, garantizando los derechos de las mujeres con embarazos deseados, proveyendo las condiciones necesarias para partos dignos, sin violencia obstétrica y erradicando las causas que provocan muertes maternas.

    ¿Cuáles son las perspectivas de conseguir el aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio mexicano en el futuro cercano?

    En México y en la región se han producido en la última década varios éxitos en la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, aunque persisten numerosas barreras y desafíos.

    En nuestro país persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es el destino obligado de las mujeres. Esta idea continúa permeando a todas las instituciones del Estado y sus leyes, y constituye la base para la criminalización no solo social sino también legal del aborto, que afecta particularmente a mujeres y otras personas gestantes procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a información reproductiva. Además, envía el fuerte mensaje de que el Estado desempeña un rol en decisiones reproductivas que deberían pertenecer a la esfera privada.

    En la mayor parte de México, al igual que en América Latina, el aborto voluntario aún es considerado un delito. Desde hace décadas activistas, colectivos y organizaciones feministas hemos impulsado la derogación de esas leyes, señalando que el aborto consentido forma parte de la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y que la criminalización no inhibe su práctica sino que implica que en ciertos contextos se realice de forma insegura. 

    A partir de la década de 1970, las feministas mexicanas plantearon el acceso al aborto como un asunto de justicia social y de salud pública y como una aspiración democrática. A pesar de la contundencia de sus argumentos, tuvieron que pasar 35 años para que se lograra —apenas en la Ciudad de México— la despenalización del aborto durante el primer trimestre. Esa victoria se replicó más de una década después en tres estados: Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

    En el corto plazo, la despenalización en todo el territorio nacional se presenta complicada porque cada una de las 32 entidades federativas tiene su propio código penal, por lo que aún sería necesario que cada entidad federativa reforme su legislación penal y de salud para, por una parte, dejar de considerar al aborto como delito y, por la otra, reconocerlo como un servicio de salud y dotar a las instituciones públicas de recursos humanos y financieros para garantizar el acceso.

    En la práctica, en los últimos años tanto la narrativa como la realidad del aborto en México han cambiado debido a la importancia que ha cobrado el aborto con medicamentos. Hace algunas décadas el aborto clandestino —es decir, realizado al margen de la ley— era considerado sinónimo de aborto inseguro, pero esto ya no es así. Ahora existen redes de acompañamiento de aborto seguro, y en contextos de restricción legal, en las primeras semanas de gestación las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden abortar con medicamentos en sus casas, sin acudir a una institución de salud.

    La victoria del movimiento de mujeres argentino en diciembre de 2020 ha demostrado que las alianzas, el debate público y la diversificación de voces son indispensables para avanzar en la lucha por la ampliación de derechos. El aumento exponencial de iniciativas relacionadas con el aborto seguro es una expresión de los logros que ha tenido el movimiento de mujeres en la lucha por los derechos humanos y la justicia reproductiva. La Marea Verde, el movimiento cuyo color distintivo se volvió sinónimo de la lucha por el derecho al aborto en Argentina, se ha extendido en México y aunque todavía falta para lograr el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, lo cierto es que en los últimos años el tema fue discutido en diversos recintos legislativos, incluso en entidades con marcos legales sumamente restrictivos.

    ¿Qué clase de apoyos adicionales necesitaría la sociedad civil mexicana de sus pares de la región y del mundo para lograr sus objetivos?

    El respaldo social a las causas que defendemos las organizaciones feministas de derechos humanos es indispensable para obtener logros como la sentencia de la SCJN del 7 de septiembre de 2021. También es sumamente valiosa la difusión de nuestro trabajo y nuestras voces. La articulación local, nacional y regional para compartir experiencias y buenas prácticas también ha demostrado ser una herramienta de la cual todas nos beneficiamos las involucradas. De igual forma, la articulación con otras luchas a partir de la reflexión sobre sus intersecciones puede fortalecer a los movimientos de derechos humanos.

    El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con GIRE a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@gire_mx en Twitter.

     

     

  • NAMIBIA: “Las protestas contra la violencia de género se alimentaron de la esperanza colectiva”

    CIVICUS conversa con Bertha Tobias acerca de las recientes protestas contra el femicidio y la violencia de género (VG) en Namibia. Bertha es una líder juvenil que ha recibido premios internacionales por su participación en competencias de debate. Se graduó en el United World College de Changshu, China, y actualmente cursa estudios superiores en el Claremont Mckenna College de California. Ha recibido el premio Go Make A Difference, que apoya la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario, y ha participado activamente en las protestas por los derechos de las mujeres en Namibia.

    Bertha Tobias

    ¿Podrías contarnos cómo empezaron las protestas de #ShutItAllDown (#CerremosTodo) contra la VG y cómo te involucraste en ellas?

    Me involucré en la lucha contra la VG luego de que se conociera la noticia de que se habían descubierto restos humanos en una ciudad costera de Namibia. Se sospechaba que los restos eran de Shannon Wasserfall, una joven de 20 años que había desaparecido en abril de 2020. Este incidente específico provocó reacciones masivas. La publicación del titular de la noticia en la cuenta de Twitter de uno de los principales medios de comunicación nacionales impulsó a muchas personas jóvenes a la acción, las llevó a organizarse y a salir a manifestarse a las calles. Inyectó urgencia en la conversación sobre la VG y el femicidio en Namibia.

    El de Shannon no fue un caso aislado, ya que en Namibia desaparecen mujeres jóvenes todo el tiempo. Pero cuando este caso salió a la luz, reavivó la conversación nacional sobre el tema. Alguien en Twitter afirmó, con razón, que algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar, y yo respondí a su comentario y me involucré desde el principio, porque es un tema que me preocupa profundamente, ya que creo firmemente que las vidas de las mujeres tienen un valor intrínseco y valen tanto como las de los hombres.

    Junto con otros jóvenes, enviamos correos electrónicos, conseguimos el apoyo necesario y nos organizamos en menos de 24 horas, sobre todo y principalmente a través de las redes sociales. Hicimos un folleto que circuló ampliamente y mucha gente acudió a la protesta. Los jóvenes nos apropiamos de la iniciativa y así fue como todo empezó: se trató de un ejemplo tanto del poder de internet como del poder de la juventud.

    Si no recuerdo mal, el primer día de protesta un periódico informó que se habían reunido algo más de 800 personas, y en todas las protestas subsiguientes hubo cientos de personas. Participaron tanto mujeres como hombres jóvenes: las protestas fueron lideradas predominantemente por mujeres, pero los jóvenes estuvieron presentes en cantidades considerables. Lo que es importante señalar respecto de la demografía de las protestas es que los participantes eran mayoritariamente gente joven. Fueron las y los jóvenes quienes asistieron a reuniones con funcionarios, redactaron peticiones y hablaron con los medios de comunicación. Y fueron las mujeres jóvenes las que estuvieron al frente, mientras que los jóvenes les brindaron su apoyo.

    Creemos que si en Namibia las mujeres jóvenes no pueden salir a comprar un cartón de leche sin temer por sus vidas, entonces hay algo que está terriblemente mal en nosotros como país. La filosofía de #ShutItAllDown es bastante radical: significa que hay que paralizar todo hasta que logremos entender qué es lo que no está funcionando para las mujeres namibias en materia de seguridad. Hasta que no obtengamos respuestas a esta pregunta, no creemos que sea correcto, saludable o en el mejor interés de nadie seguir haciendo las cosas como siempre. No queremos que la actividad económica continúe como si nada ocurriera mientras las mujeres jóvenes no se sienten seguras.

    ¿Qué piensas que hizo a #ShutItAllDown diferente de las anteriores protestas por los derechos de las mujeres en Namibia?

    Ha habido otras protestas por los derechos de las mujeres en el pasado. De hecho, a principios de 2020 tuvimos una protesta a favor del aborto que se centró específicamente en los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y abogó por la legalización del aborto y el reconocimiento de la agencia y la autonomía corporal de las mujeres. Según la Ley de Aborto y Esterilización de 1975, en Namibia el aborto es ilegal excepto en casos de incesto, violación o cuando la vida de la madre o del niño está en peligro.

    En Namibia hay movimientos feministas que están activos y trabajan con constancia; sin embargo, un dato de la realidad que tuvimos que reconocer es que muchos movimientos feministas son liderados por jóvenes que también tienen otras obligaciones, tales como empleos de tiempo completo. Las organizaciones de la sociedad civil también enfrentan desafíos, sobre todo en materia de recursos y apoyo institucional.

    La protesta previa, que tuvo lugar a principios de 2020, fue significativa en el sentido de que allanó el camino y estableció bases importantes para que #ShutItAllDown pudiera adquirir la confianza colectiva necesaria para seguir adelante. Las organizadoras feministas estuvieron presentes y se activaron para amplificar la voz de #ShutItAllDown. Estuvieron muy activas en la difusión de información y fueron cruciales a la hora de movilizar a su gente para que acudiera a las protestas y las mantuviera vivas. Las organizadoras feministas de Namibia hacen un gran trabajo entre bastidores, pero su labor enfrenta limitaciones porque cuentan con recursos insuficientes. De ahí que muchas de nuestras peticiones se dirijan al gobierno y a otras instituciones que sí disponen de los recursos que necesitamos para instituir los cambios que buscamos.

    La diferencia entre #ShutItAllDown y otras protestas anteriores radica en el hecho de que ahora las y los jóvenes de Namibia participan cada vez más en los asuntos públicos y se hacen oír para exigir que el gobierno y otras instituciones rindan cuentas de sus acciones y cumplan con sus mandatos y sus obligaciones hacia la ciudadanía.

    Además, el movimiento ha podido crecer de forma más o menos orgánica porque las redes sociales son cada vez más utilizadas como herramienta para mantener conversaciones y presionar por la rendición de cuentas. Namibia tiene una población bastante joven con enormes capacidades digitales. La flexibilidad y la capacidad de autoorganización de la juventud acabaron por empujarnos a todos a hacer algo.

    ¿Cuáles eran las demandas de #ShutItAllDown, y qué respuesta obtuvieron?

    La principal demanda que teníamos para el gobierno de Namibia era la declaración del estado de emergencia en relación con el femicidio y la violencia sexual y de género (VSG), simplemente porque creíamos que el problema que enfrentábamos justificaba este tipo de acción. Queríamos que se transmitiera el mensaje de que el femicidio constituye una crisis de dimensiones nacionales y que, más allá de la pandemia de COVID-19, las mujeres siempre, todos los días, tememos por nuestras vidas. También exigíamos una consulta inmediata con personas expertas en violencia sexual y que el Ministerio de Justicia pusiera en marcha un registro de delincuentes sexuales y tribunales para delitos sexuales.

    Varias demandas se centraron en potenciar los métodos existentes para frenar la violencia sexual y de género. También se dirigieron nuevas demandas a varios ministerios y a otras partes interesadas, tales como la implementación de patrullas en los barrios las 24 horas del día y los siete días de la semana, servicios virtuales y a distancia contra la VG y programas escolares y universitarios para sensibilizar a los jóvenes sobre la VSG.

    Nuestro petitorio reconocía que existe violencia tanto dentro como fuera del hogar. Pero entendemos que frenar la violencia dentro del hogar es más difícil debido a los años o décadas de trabajo de base que se necesitan para revertir la normalización de la VG. Es posible que no estemos vivos para presenciar los frutos de este esfuerzo, debido al tiempo que se requiere para transformar una sociedad y su cultura, para interrogar y derribar colectivamente los principios tradicionales en que se arraigan las normas abusivas.

    Desgraciadamente, no obtuvimos la declaración del estado de emergencia que reclamábamos. Pero otras demandas, tales como el refuerzo de la seguridad mediante patrullas, la modificación del currículo educativo y la creación de grupos de trabajo o comités para intensificar los esfuerzos para frenar la VSG, recibieron una respuesta positiva. Otra demanda importante que recibió una respuesta positiva fue la formación de agentes de policía para que sean más comprensivos y empáticos a la hora de tramitar casos y recibir denuncias de VG. Sabemos que la acogida que reciben las sobrevivientes de abusos en las comisarías y la falta de atención y urgencia con que son tratados sus casos se cuentan entre las principales razones por las cuales muchas mujeres no denuncian la violencia sexual.

    ¿Hubo otras cuestiones relevantes que el movimiento #ShutItAllDown dejó en evidencia?

    Sí, el activismo LGBTQI+ y los integrantes de este colectivo tuvieron un rol prominente a la hora de movilizar gente para la protesta y amplificar las voces del movimiento #ShutItAllDown. Para mí, fue importante ver a mujeres queer y a otras personas LGBTQI+ que navegan con dificultad una sociedad violentamente homofóbica y transfóbica, protestando y subrayando la importancia de la interseccionalidad y la labor de incidencia colectiva. Out-Right Namibia, una de las principales organizaciones de derechos humanos de las personas LGBTQI+ de Namibia, aprovechó su posición para impulsar a #ShutItAllDown y crear una red fuerte y bien conectada en defensa de nuestros derechos colectivos en tanto que mujeres negras y/o queer.

    Las protestas de #ShutItAllDown también sacaron a la luz la ilegalidad del aborto en Namibia y más generalmente la precariedad de nuestro derecho a la salud reproductiva. En este marco intensificamos nuestras conversaciones sobre la cuestión de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva. Estas fueron algunas de las cuestiones vitales que #ShutItAllDown puso de manifiesto, dejando en evidencia lo mucho que queda por hacer para que los derechos de todas las mujeres sean reconocidos y respetados.

    ¿Hay espacio para el activismo intergeneracional dentro del movimiento #ShutItAllDown?

    El activismo intergeneracional ha demostrado ser un terreno interesante, sobre todo a causa de la naturaleza ardiente y apasionada de la juventud. Gran parte del impacto del activismo que se encarnó en las protestas de #ShutItAllDown se basó en la generación de disrupción e incomodidad general para incitar a la acción incluso a la gente más indiferente. Creo que la disrupción abre conversaciones importantes. Tenemos la esperanza de que nuestras acciones lleven a quienes no están familiarizados con lo que estamos haciendo a preguntarse por qué nos preocupamos por la seguridad de las mujeres al punto de ir a sentarnos en medio de la calle o a bloquear y clausurar un centro comercial, y a intentar comprender qué está pasando y qué es lo que pretendemos. Estas preguntas iniciarían una conversación y alimentarían importantes debates acerca de un mal nacional urgente que les cuesta la vida a muchas mujeres.

    Pero muchas personas adultas tienden a cuestionar las tácticas disruptivas utilizadas por las más jóvenes. Y otra limitación que hemos experimentado es que las tácticas disruptivas suponen la asunción de un riesgo personal. Los y las jóvenes nos jugamos mucho menos en términos de empleabilidad y pérdida de respetabilidad. Muchas personas mayores están de acuerdo con las causas que nos movilizan, pero generalmente no se arriesgan a ponerse de nuestro lado, o al menos no lo hacen explícitamente. Hay factores políticos y prácticos que limitan incluso el grado en que pueden expresar públicamente su apoyo.

    ¿Cómo ves el futuro de #ShutItAllDown?

    Lo bueno de los movimientos orgánicos y espontáneos, así como de los movimientos que no tienen un líder, es que cualquiera puede despertar un día y decidir iniciar #ShutItAllDown en su respectiva localidad, porque el movimiento no tiene un líder único ni un rostro visible. Desde octubre de 2020 no hemos tenido ninguna nueva protesta, pero eso no significa que no vaya a haber más protestas en el futuro. La VG es un problema constante y, por desgracia, en cualquier momento y en cualquier lugar puede surgir un caso que reavive la protesta.

    El espacio cívico en Namibia es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
    Siga a@BerthaJTobias en Twitter y abertha_tobias en Instagram.

     

     

  • PERÚ: ‘La corriente ultraconservadora está afectando la vida democrática y los derechos fundamentales’

    Eliana CanoEn el marco de nuestro informe temático 2019, que será publicado en octubre, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de su experiencia frente al avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa conEliana Cano, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD-Perú), un movimiento de personas católicas y feministas, comprometidascon la búsqueda de justicia social y elcambio de los patrones culturales que limitan la autonomía de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Recientemente, CDD-Perú fue demandada civilmente por el Centro Jurídico Tomás Moro, que busca quitarle la personería jurídica con el argumento de que, en el marco del concordato entre el Vaticano y Perú, no debería utilizar la designación de “católicas”.

    CDD-Perú ha sido demandada civilmente para que se le retire la personalidad jurídica y se le impida definirse como ‘católica’. ¿Quiénes las están demandando, por qué se han ensañado con ustedes, y qué pretenden lograr?

    Hace aproximadamente un mes y medio fuimos notificadas de que el Centro Jurídico Santo Tomás Moro, que se autodesigna representante de la Iglesia Católica, nos había iniciado una demanda. Según los abogados que nos están asesorando, este grupo empezó a explorar todo el quehacer de nuestra organización hace aproximadamente un año. Eligieron la vía civil para demandarnos porque quieren hacer de esto un proceso largo, tedioso, cansado, de apelación permanente. Es un proceso que podría llevar en promedio entre tres o cuatro años. La estrategia de fondo es agotarnos en el proceso.

    Quieren que nosotros, como organización, dejemos de existir en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es decir, que perdamos nuestra personería jurídica y no podamos seguir operando en el Perú. Para ello aducen que, por llamarnos como nos llamamos, estamos faltando el respeto a la Iglesia Católica y a la feligresía; dicen que, en el marco del concordato entre el Vaticano y el Estado peruano, que reconoce el rol de la Iglesia Católica, estaríamos usando de mala fe el término ‘católicas’, que representa a una institución y a una identidad histórica. No aceptan la interpretación que hacemos de los textos bíblicos desde la teología feminista para cuestionar el dogma, la conciencia impuesta, el control que buscan hacer de la gente en nombre de Dios. Es importante señalar que nuestra organización no está registrada en la Iglesia Católica como grupo de fieles, y por lo tanto no está sujeta al mandato interno de la Iglesia.

    Ustedes existen desde hace unos cuantos años. ¿Es la primera vez que enfrentan una reacción semejante?

    Efectivamente, el proyecto Católicas por el Derecho a Decidir es bastante antiguo en América Latina. Comenzó en Uruguay y luego se extendió a Estados Unidos, y de allí pasó a México y a otros países de América Latina. En Perú la organización tiene existencia jurídica desde el año 2009. Nos organizamos porque nos identificamos como feministas con identidad católica, nos sentimos mujeres católicas de fe, pero tenemos una mirada crítica frente al dogma, al pensamiento estático y cerrado, sobre todo cuando se debaten temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, donde el cuerpo y la sexualidad son el terreno donde se libran luchas políticas. En Perú siempre ha habido una voz pública muy homogénea alrededor de los Evangelios y el derecho a mandar sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, y nosotras, al ponerla en duda desde nuestra identidad católica, recibimos una respuesta bastante agresiva de la jerarquía de la Iglesia Católica local y grupos vinculados a esta.

    El primer ataque público fue por el debate en torno al protocolo por el aborto terapéutico, es decir, justificado por razones médicas, cuando hay riesgos graves para la salud o la vida de la mujer. Fue un ataque teñido por los mismos recursos que ellos siempre utilizan, fundados en la difamación, el descrédito y la mentira. Pero se trató básicamente de ataques verbales y escritos a través de las redes sociales.

    Estos grupos conservadores se manejan bien en las redes sociales, permanentemente nos atacan públicamente por cada cosa que se sale del sitio del dogma, del discurso homogéneo. Sin embargo, es la primera vez que enfrentamos una demanda legal; no esperábamos un ataque tan directo y de semejante magnitud. Tal vez deberíamos haberlo previsto, ya que en América Latina, y en el Perú específicamente, la corriente ultraconservadora ha penetrado profundamente en la estructura política del país y está afectando la vida democrática.

    Daría la impresión de que estos grupos ultraconservadores son ahora más grandes y están más envalentonados que en el pasado. ¿A qué se debe?

    Considero que una mirada en el tiempo permite ver cómo desde hace varias décadas se decidió desarrollar una respuesta global y regional para desalentar y debilitar el discurso de la Teología de la Liberación, cuyo énfasis estuvo principalmente en la preocupación por la pobreza. Con su discurso cuestionador dentro de la Iglesia que se extendía a otros ámbitos de la vida, la Teología de la Liberación afectó o incomodó mucho a la parte más dura y conservadora de la Iglesia. La reacción contraria ha sido de largo aliento. Ha logrado avances, al punto que hoy se hace visible una red altamente orgánica, con sedes de encuentro en los diferentes países de América Latina, publicaciones, conferencias y recursos económicos considerables. Su presencia comenzó a hacerse sentir con fuerza en el año 2005, con el II Congreso Internacional Pro-Vida organizado por el Centro de Promoción Familiar y de Regulación de la Natalidad (Ceprofarena) en la capital del Perú. Este congreso produjo un documento conocido como la Declaración de Lima, expresión de la concertación entre los grupos conservadores.

    Ceprofarena existe desde comienzos de los años ochenta; está estrechamente vinculado con Human Life international, una poderosa organización internacional conservadora, y cuenta entre sus miembros a reconocidos médicos y altos funcionarios del Estado, incluidos ex ministros de Salud. La organización se mueve dentro de numerosas organizaciones médicas y de salud, públicas y privadas. Estos actores ponen el discurso “científico” conservador al servicio de atropellos tales como la denegación de la anticoncepción oral de emergencia, tema en el cual le ganaron la pulseada al Ministerio de Salud: le hicieron una demanda, llevaron ante los tribunales el derecho a informarse y decidir de miles de mujeres, y lograron la prohibición de su distribución en todos servicios de salud a nivel nacional. Ahora están en campaña para deshabilitar el protocolo de aborto terapéutico que se logró establecer en el quinquenio 2011-2016.

    El entramado de organizaciones conservadoras en Perú se completa con la Oficina para Latinoamérica del Population Research Institute , con sede en Lima; la sede peruana de la Alianza Latinoamericana para la Familia, que promueve formatos familiares clásicos y produce y difunde libros escolares; y por supuesto organizaciones más antiguas como el Opus Dei, que hace labores de desarrollo y apoyo local y está muy inserto en espacios educativos, además de dentro de la burocracia de la Iglesia; y el Sodalicio de la Vida Cristiana, una organización de laicos.

    Estos grupos tienen mucho dinero del empresariado conservador y se han apropiado tanto de estrategias como de discursos efectivos. Esta demanda jurídica es una estrategia práctica que denota cambios en su forma de organizarse. Ya no hablan el lenguaje divino y clerical porque saben que cada vez atrae menos; en cambio se han apropiado del discurso de la democracia y los derechos humanos.

    ¿Están ustedes pensando nuevas estrategias para enfrentar este desafío?

    En este escenario nos vemos en la necesidad de fortalecer nuestras estrategias de comunicación. También tenemos que reforzar la parte económica ya que no contamos con financiación para enfrentar una demanda legal de esta magnitud. Los donantes internacionales no necesariamente contemplan en sus apoyos un rubro para planes de defensa institucional. Pero en los tiempos actuales se trata de un aspecto muy necesario para las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En esta situación específica, felizmente, el Instituto de Defensa Legal, que ya había asumido casos parecidos en relación con periodistas, se interesó y decidió patrocinar el caso como parte de su apuesta institucional. Ellos consideran que esto es una “pelea ideológica” y que el cuestionamiento del nombre es un “pretexto” para desaparecernos como actores con influencia. El suyo es un gesto que agradecemos infinitamente.

    En lo que se refiere al discurso, sin embargo, no deberíamos movernos de nuestras posiciones, sino más bien poner en evidencia que la apropiación del discurso de los derechos humanos y la democracia por parte de los grupos ultraconservadores es tan superficial como poco respetuosa de los principios democráticos. Tal como acaba de suceder con la campaña “Con mis hijos no te metas”, centrada en la oposición a la educación sobre la igualdad de género y el respeto por las identidades sexuales, su discurso tiende a volverse muy agresivo cada vez que se sienten acorralados. Se les percibe como desesperados, porque en el fondo no hacen sino reaccionar frente a conquistas en materia de derechos.

    La situación de hecho ha progresado, porque no somos solamente nosotras, sino que se encuentran en movimiento nuevas generaciones y mucha gente respetuosa de la libertad, de la diversidad, de la garantía de derechos, que también está ganando espacios. No solamente son las tres o cuatro organizaciones feministas fundadoras que se mueven en la ciudad de Lima; se evidencian voces, rostros y jóvenes organizados desde las universidades, desde las comunidades, desde otras regiones del Perú que con un pensamiento crítico no aceptan los dogmas, incluso reaccionan con tono sarcástico ante ese tipo de discursos y posiciones.

    Desde ya que hay una juventud católica que es convocada por el Papa y ha decidido quedarse en ese perímetro ultraconservador, pero también hay una movilización social juvenil en torno de muchos temas, y con ellos muchas cuestiones de la agenda de derechos sexuales y reproductivos van permeando el debate público. Creo que esto está desesperando a los grupos ultraconservadores, y entonces reaccionan de manera feroz, con cólera, frustración, y hasta me atrevería a decir que odio. Es decir, reaccionan con actitudes que no se parecen nada a la misericordia, la bondad, la humildad, la comprensión y el no juzgamiento.

    ¿Por qué el hecho de que se definan como ‘católicas y feministas’ genera este tipo de rechazos?

    Nosotras somos mujeres de fe y la religión es parte de nuestra identidad. Hemos sido criadas como católicas, y en ese marco el mensaje que se nos inculcó fue de obediencia, prohibición y opresión. Conforme hemos crecido, nos rebelamos ante este y otros aspectos del control de la vida y la dimensión sexual-afectiva. Nos identificamos como católicas desde una interpretación renovada y no renunciamos a nuestra fe. Somos conscientes de que el catolicismo no es solamente una cuestión de fe, sino que también opera o se materializa en una institución, y como tal tiene prácticas tanto positivas como negativas que tienen impacto en la vida de la gente, y específicamente sobre su feligresía.

    Al mismo tiempo, todas nosotras venimos de trayectorias en organizaciones con identidad feminista. Somos feministas, cuestionamos el patriarcado como sistema de relaciones de poder asimétricas, pero no renunciamos a nuestra fe. Siempre nos hacemos estas preguntas: ¿por qué nuestra religión tendría que tener una sola voz, uniforme e incuestionable? ¿Por qué obedecer en silencio y validar el sacrificio y el sufrimiento en nuestras vidas y cuerpos? Encontramos un asidero en la teología feminista, que pasa por una deconstrucción y una reconstrucción del Evangelio. Estas herramientas conceptuales y políticas fortalecen nuestra convicción y nuestra lucha pública por los derechos sexuales y reproductivos.

    Desde la oficialidad se nos dice “ustedes no son católicas, quiénes son ustedes para hablar en nombre del catolicismo”, a lo que nosotras respondemos: “qué te hace a ti católico, qué te permite atropellar derechos en nombre de Dios”. Nosotras hemos hecho una reapropiación del lenguaje del evangelio que se centra en el derecho de las personas a deliberar en conciencia, a discernir y a decidir, y esto les incomoda. Yo soy católica, bautizada y apuesto por una teología feminista. No puedes cuestionar mi fe, así como yo tampoco puedo cuestionar la tuya. Es una lucha muy fuerte, porque puede ser fácil derrumbarse frente a una masa mayoritaria que te dice que tú no eres uno de ellos. Desde el principio supimos que enfrentaríamos la descalificación, la mentira y la difamación; sin embargo, no pensamos que los ataques llegarían a ser tan violentos como los que experimentamos actualmente en las redes sociales y a través de esta demanda.

    Como la experiencia de fe no nos la pueden arrancar, lo que intentan es arrancarnos la personería jurídica, hacernos desaparecer. Representamos un peligro porque no somos pocas, cada vez somos más quienes nos conocen y se sienten identificadas/os. Representamos la posición de muchas personas que no necesariamente tienen la oportunidad de articular públicamente este pensamiento, pero que lo sienten y lo viven. Hay una feligresía amplia y diversa que no piensa como la jerarquía y considera que la respuesta ultraconservadora en materia de políticas públicas es digna de la época de la Inquisición. Según las encuestas, la mayoría de los católicos disiente de la jerarquía en muchas cuestiones importantes, tales como la homosexualidad, que no consideran que sea una enfermedad o un castigo divino, o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Decidir un aborto en circunstancias específicas de vida es una decisión altamente ética y responsable, no te hace una mala mujer, ni menos católica ni mala madre. Utilizar anticonceptivos para regular la maternidad y la paternidad o disfrutar una relación sexual sin procrear no está prohibido en los evangelios. El mal llamado estado de “virginidad” va perdiendo credibilidad divina y libera a las mujeres de sentimientos de culpa incluso en sociedades como las de América Latina, donde los gobiernos de turno y la Iglesia Católica estuvieron siempre de la mano para regular la vida de la gente. Es más, actualmente siguen utilizándose mutuamente cuando uno de ellos pierde credibilidad.

    ¿De qué maneras están promoviendo la distinción entre la privada y política pública?

    La nuestra es también una lucha por un Estado laico, un Estado que se encuentre separado de las iglesias. Esto es muy difícil de conseguir en la práctica, ya que la Iglesia Católica y el Estado peruano mantienen fuertes vínculos institucionales. Sin embargo, más allá de conseguir legal y constitucionalmente la separación entre la Iglesia y el Estado, hay otra lucha que estamos dando en el terreno de los imaginarios colectivos y de las actitudes. Mucha gente (políticos, funcionarios, servidores públicos) llegan a la esfera pública sin una reflexión sobre la importancia de separar la creencia religiosa de la función pública. En consecuencia, muchos legisladores y funcionarios públicos toman decisiones sobre la base de sus creencias religiosas. Es usual encontrar en los edificios de los Ministerios crucifijos, capillas e imágenes de carácter religioso. En el día a día la religión nos rodea y nos limita, no existen fronteras claras entre la práctica religiosa y la función pública.

    Los grupos ultraconservadores se afirman sobre este terreno y buscan expandir aún más los dictados de una religión que se presenta como homogénea, con la intención de obligar a toda la ciudadanía a vivir según sus propias creencias y mandatos. El problema no es la religión; la dificultad radica en el uso político que se hace de ésta en la esfera político–pública, donde el deber es garantizar los derechos humanos.

    El espacio cívico en Perú es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con Católicas por el Derecho a Decidir-Perú a través de supágina web o su perfil deFacebook, o siga a@CDDperu en Twitter

     

     

     

  • POLONIA: ‘Inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción’

    CIVICUS conversa con Klementyna Suchanow, activista, autora e investigadora basada en Varsovia, Polonia, acerca del recienteanuncio del gobierno polaco de que comenzará el proceso de retirada del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer. Klementyna es una de las fundadoras del Paro de Mujeres de Polonia (Polish Women’s Strike) y del Paro Internacional de mujeres. El Paro de Mujeres de Polonia es un movimiento feminista de base fundado en 2016 para defender los derechos de las mujeres contra la iniciativa del gobierno para prohibir y criminalizar el aborto. Durante la pandemia del COVID-19, el movimiento se ha mantenido unido y activo a través de un grupo de Facebook y continúa movilizándose por los derechos de las mujeres polacas.

    Klementyna Suchanow

    ¿Cuál ha sido en los últimos años la situación de Polonia en materia de género?

    Vivimos bajo un gobierno conservador, y aunque nunca diría que hace cinco años esto era el paraíso, la situación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ recientemente ha empeorado. Cada día presenciamos más ataques verbales y físicos contra grupos marginados. Se han establecido divisiones a lo largo de líneas políticas y los principales blancos de agresiones han sido los inmigrantes y las personas LGBTQI+. Las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y las elecciones presidenciales de este año han estado enfocadas sobre todo en el odio contra las personas LGBTQI+. La ola de odio es muy intensa y lidiar con ella es un gran desafío.

    La situación de las mujeres y los movimientos por los derechos de las mujeres es ligeramente diferente. Nuestra nueva corriente de feminismo popular es muy inclusiva y pragmática. Es por eso que tantas jóvenes se han unido a nosotras en los últimos meses. Vemos que las generaciones más jóvenes están más politizadas y conscientes. De modo que el movimiento de mujeres está en una posición muy fuerte. Es el único movimiento que ha podido obligar al gobierno a dar un paso atrás en su intento de prohibir el aborto en 2016, y posteriormente en otros temas. Parece que nuestra ira los asusta, pero siguen haciendo cosas para empeorar nuestra situación.

    En resumen, las mujeres estamos experimentando reveses en nuestra situación legal pero nuestro poder sigue creciendo. No estoy segura de si este es el caso de la comunidad LGBTQI+, porque se trata de un grupo minoritario y está más expuesta. La situación de las personas LGBTQI+ definitivamente está empeorando en todo sentido.

    ¿Se han producido más retrocesos en materia de género durante la pandemia del COVID-19?

    Aprovechando la pandemia, el gobierno y otros actores han hecho varios intentos para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En mayo de 2020, el parlamento polaco propuso un proyecto de ley que eliminaría la obligación legal de los centros médicos de derivar pacientes a otras instituciones en caso de negarse a proporcionar servicios de aborto en función de las creencias personales de su personal. Según la ley polaca actual, el aborto solo es legal cuando la vida de la madre está en peligro, el embarazo es el resultado de una violación o el feto tiene alguna deformidad grave. Aproximadamente el 98% de los abortos que se realizan caen en esta última categoría, pero en mayo se propuso un proyecto de ley para eliminar esta cláusula. En junio, nuevas disposiciones del Código Penal impusieron duras penas de prisión para quienes apoyen a las mujeres mediante servicios relacionados con el aborto.

    Las modificaciones de las leyes sobre el aborto introducidas durante la pandemia surgieron de un proyecto cívico presentado por una organización fundamentalista. Nosotras organizamos protestas, lo cual fue una locura, porque ¿cómo se hace para protestar durante una pandemia, cuando la gente no tiene permitido reunirse? Por eso nos volvimos creativas: inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción. Organizamos “colas de protestas”, paradas en fila con dos metros de distancia fuera de una tienda cercana al edificio del Parlamento, de modo de cumplir con las regulaciones de la cuarentena, mientras sosteníamos carteles y paraguas. Esto sucedió en varias ciudades, no solamente en la capital, Varsovia. Como no se nos permitía caminar libremente, también organizamos “protestas en automóvil”. Así interrumpimos el tráfico y bloqueamos la plaza principal de Varsovia durante aproximadamente una hora.

    Estas protestas fueron bastante efectivas. Las enmiendas no avanzaron y ahora están “congeladas”. Fueron enviadas a una comisión parlamentaria, pero la comisión no las está estudiando. No han sido rechazadas ni aprobadas. Pero esto también significa que en el futuro podrían ser resucitadas repentinamente y tendremos que volver a lidiar con ellas.

    Este gobierno ha dejado claro desde el principio que no apoya los derechos de las mujeres y no le importa la violencia contra las mujeres. Desde que llegó al poder, recortó el financiamiento de los centros de apoyo a las mujeres, los cuales han tenido que recurrir al crowdfunding o están sobreviviendo con donaciones privadas, porque ya no tienen acceso a la financiación estatal. Sin embargo, también se han logrado algunos avances, como ocurrió con una ley que se aprobó recientemente, a propuesta de un partido de izquierda, y que faculta a los agentes de policía a emitir órdenes de restricción que prohíben a los perpetradores de violencia ingresar al hogar de la víctima durante 14 días. Esto ha contribuido a separar inmediatamente a las víctimas de los perpetradores.

    Por otra parte, en los últimos meses las autoridades han anunciado repetidamente que están pensando en sacar a Polonia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Al principio no nos lo tomamos demasiado en serio. Pero siempre es así: primero prueban las aguas para ver qué tan lejos pueden llegar, y si no encuentran demasiada resistencia comienzan a avanzar. El tema no se planteó ni durante la campaña ni durante la elección presidencial, pero apenas una semana más tarde quedó puesto en la agenda. Muchos hechos graves, tales como arrestos de activistas, tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones.

    Ahora la situación se está poniendo grave. Varios ministros han hecho anuncios y el presidente ha aprobado la idea de retirarnos del Convenio de Estambul. También están haciendo mucha propaganda en los medios estatales para convencer a la gente de que el Convenio trata sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, las encuestas muestran que más del 60% de la población está en contra de abandonar el Convenio, en comparación con apenas 15% que apoya la idea. La mitad de quienes se oponen votaron por el partido gobernante. Es extraño que el gobierno esté llevando esta iniciativa tan lejos, dado que va en contra de las opiniones de sus propios votantes.

     

    Habiendo estado al frente de la huelga de mujeres polacas de 2016, ¿qué opina de la situación actual?

    Estamos tan acostumbradas a escuchar malas noticias que este último anuncio no nos sorprendió. La situación en Polonia es tal, y cada día suceden tantas cosas malas, que una se vuelve inmune a las malas noticias.

    Durante la pandemia, todo se ha vuelto muy político. En lugar de poner el foco en cuidar la salud de las personas, todo se politizó. Se suponía las elecciones presidenciales iban a ser en mayo y hubo mucha discusión sobre si debían realizarse; finalmente se las postergó para finales de junio. El partido gobernante sabía que estaba perdiendo popularidad porque el sistema de salud no es lo suficientemente eficiente y su propio Ministro de Salud estaba ganando mucho dinero mediante la provisión de máscaras y equipos médicos. Por eso el partido gobernante presionó para que las elecciones fueran lo antes posible, antes de que perdiera demasiados votos. Y en lugar de cuidar nuestra seguridad y nuestras vidas, se enfocó en hacer avanzar su propia agenda política. Los intentos de prohibir el aborto fueron indignantes y decepcionantes porque en un momento tan crítico uno espera más responsabilidad de su gobierno.

    Yo sabía que la gente estaba cansada de movilizarse, así que me sorprendió ver que tanta gente salió a defender el Convenio de Estambul, que se convirtió en un tema de discusión nacional en los medios de comunicación y en todas partes. Se ha creado mucha energía positiva en torno de este tema, y esto nos está dando la fuerza que necesitamos para detener la iniciativa.

    Llevamos cinco años protestando. La protesta tiene su propia dinámica: hay que percibir cuál el momento para decidir cómo reaccionar; a veces intentas una cosa y no funciona. Todo es un experimento. Pero en este momento, sentimos que hay una energía real y un impulso que debemos aprovechar. Hay mucho interés por parte de los medios extranjeros y mucha receptividad en relación con este tema. Esto es un poco extraño, porque en el pasado cada vez que intentamos hacer algo en relación con la violencia contra las mujeres fue muy difícil hacer que la gente se movilizara en las calles. Hay algo en el tema de la violencia que hace difícil traducir los sentimientos en acciones callejeras. Si bien muchas personas lo experimentan o conocen a alguien que ha sido víctima de violencia, prefieren no reaccionar. Muchas veces en el pasado fracasamos cuando intentamos organizar algo sobre el tema de la violencia, pero esta vez la gente se enganchó. Puede que ahora tengamos la oportunidad de defender el derecho a una vida libre de violencia, convirtiéndolo en un problema para el gobierno.

    ¿Enfrentan los y las activistas polacas que trabajan temas de género alguna restricción de su derecho a organizarse, expresarse y movilizarse?

    Soy escritora y artista, y como resultado de mi activismo me han cortado las subvenciones estatales. Ninguna institución estatal quiere trabajar conmigo en este momento, porque si mi nombre aparece en alguna lista, se convierte en un problema para ellos. También podría ser arrestada o llevada a los tribunales por una fundación legal de derecha como Ordo Iuris. Por supuesto, también está el discurso de odio: el gobierno usa tu nombre y tu imagen para hacer propaganda en los medios estatales, y también puedes ser atacada por troles en las redes sociales. La policía te puede hacer daño, como me pasó a mí durante una protesta en 2018. Esta situación se fue dando de forma paulatina, pero en este momento hay una amplia gama de formas de represión disponibles. Por el momento, sin embargo, no he oído hablar de activistas feministas que hayan experimentado ataques físicos procedentes de civiles.

    Soy una de las activistas que comenzaron a emprender acciones directas contra el gobierno, de modo que me acusan de muchas cosas. A Ordo Iuris no le agrado porque escribí un libro revelando detalles acerca de la red fundamentalista internacional de la cual forma parte. Estoy en su lista de enemigos, pero hasta ahora no me han demandado. Dicen que están trabajando en su lista de acusaciones en mi contra, porque son muchas. Durante nuestra última protesta, miembros de Ordo Iuris se acercaron a un oficial de policía y trataron de convencerlo de que me pidiera identificación. Pero la policía de Varsovia nos conoce, conoce nuestras caras, sabía que yo no había hecho nada ilegal durante la protesta y rechazó su exigencia.

    ¿De qué manera puede la sociedad civil llamar a rendir cuentas a un gobierno cada vez más autoritario como el de Polonia, y qué apoyo de la sociedad civil internacional necesita para hacerlo?

    Con respecto al Convenio de Estambul, estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que los fondos europeos deben asignarse teniendo en cuenta la situación real del respeto de los derechos humanos por parte de cada miembro de la Unión Europea (UE). La UE cuenta con un nuevo instrumento que establece que la financiación debe estar vinculada a la adhesión a los principios y prácticas democráticos. Estamos tratando de convencer al Consejo de Europa, la fuente del Convenio de Estambul, de que introduzca medidas similares contra los gobiernos que atacan los derechos de sus ciudadanos. Se trata de vincular el financiamiento con el respeto y la promoción de los derechos humanos. El dinero es el único idioma que los gobiernos entienden. Actualmente hay seis ciudades polacas que no reciben fondos europeos por haberse declarado “zonas libres de LGBTI”, lo cual es considerado un acto contrario a los derechos humanos. Quisiéramos plantear este tema junto con las mujeres turcas, que enfrentan una batalla similar contra la iniciativa de su gobierno de retirar al país del Convenio de Estambul. No puedes atacar los derechos humanos como lo están haciendo Hungría y Rusia, y aun así seguir siendo tratado por el Consejo de Europa igual que todos los demás, como interlocutor válido en la conversación. Este es un nuevo enfoque que estamos tratando de que la gente entienda.

    Queremos que las organizaciones internacionales de la sociedad civil presionen a los políticos locales para que tomen conciencia de que los temas de derechos humanos y fondos deben considerarse en forma inseparable. El Consejo de Europa también debe entender esto para que podamos sentar un precedente y, en el futuro, tanto aquí como en otros países las mujeres estén protegidas. Si tenemos un gobierno autoritario que hace lo que quiere, aun cuando la ciudadanía no está de acuerdo, necesitamos contar con algunas protecciones externas. Todo lo que tenemos en Polonia es represión, de modo que necesitamos que alguien de fuera esté de nuestro lado y no nos deje solos.

    El espacio cívico en Polonia es calificado de “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con el Paro de Mujeres de Polonia a través de su página deFacebook y siga a@strajkkobiet y a@KSuchanow en Twitter.

     

  • Proteger las libertades cívicas de las mujeres para mejorar su papel en la vida pública

    Veinticinco años después de la ratificación de la Plataforma de Acción de Beijing, y un año después de que mujeres de todo el mundo participaran en la Huelga Mundial de Mujeres, la justicia de género sigue sin ser una realidad para la mayoría de las mujeres.Type a message. A pesar de que numerosas movilizaciones masivas han sido lideradas por mujeres en todo el mundo y de que hemos presenciado múltiples campañas e intervenciones políticas lideradas por mujeres de la sociedad civil, activistas y abogadas, la lucha de las mujeres por conseguir la plena igualdad continúa.

     

  • TÚNEZ: ‘La respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia’

    En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

    CIVICUS y la Red Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Ramy Khouili, director de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD). Fundada en 1989 por el movimiento feminista autónomo en respuesta al feminismo estatal, ATFD promueve la igualdad de género en todas las áreas, desde la esfera política hasta los derechos socioeconómicos, incluidos los derechos sexuales, corporales y reproductivos de las mujeres, y lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

    Tunisia Interview

    ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Túnez? ¿Cuánto han logrado hasta ahora?

    Alrededor de un mes después de la independencia, en 1956, se promulgó el Código de Estatus Personal. Hasta el día de hoy este código sigue siendo considerado el más progresista y revolucionario de la región, porque abolió la poligamia, instituyó el matrimonio civil y abolió el repudio y muchas otras formas de degradación de las mujeres. Desde entonces hemos tenido una situación muy peculiar, ya que en la esfera pública ha prevalecido el feminismo estatal. Aunque vivimos bajo una dictadura durante casi 50 años, Túnez fue siempre elogiado como un buen ejemplo para la región en lo que concierne a los derechos de las mujeres. Este elogio tomó de rehenes a las mujeres, negándoles el derecho a una igualdad real. En respuesta a ello se fundó un movimiento feminista autónomo que se impuso la misión denunciar que la situación no era tan buena como el régimen la presentaba, lo cual le provocó muchísimos problemas.

    Después de la revolución de 2011 hubo un resurgimiento de los grupos islamistas y conservadores, por lo que los derechos de las mujeres fueron amenazados. Entre 2011 y 2014, durante el proceso para redactar una nueva constitución, la mayoría islamista trató de imponer el concepto de “complementariedad” entre el hombre y la mujer, en reemplazo del de igualdad. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) debieron realizar muchos esfuerzos y se debieron organizar muchas movilizaciones callejeras para evitarlo. En consecuencia, el Artículo 21 de la Constitución de Túnez ahora establece de manera clara que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación.

    Fue gracias a este movimiento social que se logró redactar una constitución que es considerada la más progresista de la región. El Artículo 46, un agregado de último momento, reconoce el rol del Estado en la lucha contra la violencia contra las mujeres, establece que el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos de las mujeres y prohíbe todo retroceso en el reconocimiento de sus derechos.

    Desde entonces hemos logrado otros cambios legales. En 2016 se aprobó una ley contra el tráfico de personas y en 2017 se aprobó una ley anti-violencia, que fue la primera en su tipo en la región y fue redactada principalmente por activistas de la sociedad civil y organizaciones feministas. En materia de representación política, la ley de partidos políticos aprobada en 2011 estableció que todas las listas electorales deben tener paridad de género.

    ¿Qué desafíos persisten?

    La situación de hecho difiere de lo que dice la ley, ya que las desigualdades siguen estando muy presentes. Muchas prácticas discriminatorias persisten en la práctica. Las estadísticas son alarmantes. La mitad de las mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Las crisis socioeconómicas tienen peores impactos sobre las mujeres que sobre los hombres. Entre las mujeres, la tasa de desempleo es casi el doble que la de los hombres. El acceso de las mujeres a la tierra es limitado: solamente el 4% de las mujeres son propietarias de algún terreno, a pesar de que constituyen casi el 90% de la fuerza de trabajo agrícola.

    Por mucho tiempo, Túnez fue presentado como un buen ejemplo en materia de planificación familiar y salud reproductiva, dado que estableció programas de planificación familiar y salud reproductiva ya en los años ‘50 y ‘60, y concedió a las mujeres el derecho al aborto a comienzos de los ‘70, incluso antes que muchos países europeos. Sin embargo, desde la revolución hemos notado que las autoridades estatales han dado un paso atrás en el área de los servicios sociales, especialmente de educación, salud y salud sexual y reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos y al aborto se está volviendo más limitado y cada vez hay más necesidades insatisfechas en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo cual es alarmante.

    En 2019, junto con otras OSC de Túnez, presentamos un informe sombra con un seguimiento de los avances realizados en dirección de los objetivos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y señalando los desafíos futuros. Nuestro informe ofreció una perspectiva diferente de la del gobierno de Túnez. Una de nuestras más grandes preocupaciones es que Túnez es un país con mayoría musulmana y cuando se adoptaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el Estado de Túnez presentó, en común con otros países de mayoría musulmana, una declaración donde advertía que no se comprometería con ninguna medida que pudiese contradecir los valores del islam. El Artículo 1 de la nueva Constitución establece que Túnez es un país musulmán. La mencionada declaración sigue en pie. Aunque ha levantado la mayoría de sus reservas respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado de Túnez no levantó todas sus reservas respecto de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. De modo que sigue habiendo desafíos tanto en la ley como en la práctica. 

    ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos, y qué está haciendo la sociedad civil para enfrentarlos?

    Al principio de la pandemia del COVID-19, la ATFD emitió una advertencia a las autoridades tunecinas donde expresó sus preocupaciones relativas al período de cuarentena, en el cual muchas mujeres han tenido que permanecer enceradas en sus hogares junto con sus agresores. Teníamos razón, ya que el número de casos de violencia de género siguió creciendo durante la cuarentena. El Ministerio de Asuntos de las Mujeres dijo que la cantidad de llamadas recibidas a través del número de teléfono de emergencia creado por el gobierno se multiplicó por cinco. En nuestros centros de atención también hemos observado un pico, ya que el número de mujeres víctimas de violencia que buscaron nuestro apoyo aumentó. La situación se tornó más difícil cuando la gente empezó a actuar en forma más agresiva. Sin embargo, al mismo tiempo se volvió cada vez más difícil ir a una estación de policía o buscar servicios de salud, de modo que el acceso a los servicios disminuyó. Las mujeres se han sentido aisladas y se vieron obligadas a seguir conviviendo con sus agresores durante la cuarentena.

    La mayoría de los tribunales cerraron durante la cuarentena y nosotros tuvimos que hacer cabildeo con el alto consejo del sistema judicial y el Ministerio de Justicia para incluir casos de violencia contra las mujeres entre los casos de emergencia que estaban siendo tratados durante la cuarentena. Afortunadamente, nuestro pedido fue aceptado.

    El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también fue afectado porque, por temor al virus, las mujeres no podían salir a buscar estos servicios. Tuvimos que colaborar con el Ministerio de Salud y el de Asuntos de las Mujeres para encontrar soluciones para esta situación, y ahora estamos tratando de encontrar una forma de asegurar la continuidad de los servicios de salud reproductiva.

    Asimismo, los derechos socioeconómicos de las mujeres han sido severamente afectados. Debido a la crisis económica que conllevó la pandemia, muchas mujeres perdieron sus empleos o no están percibiendo sus salarios. Muchas mujeres en Túnez trabajan en el sector informal, por lo que no pudieron seguir trabajando y se quedaron sin ningún ingreso. Esto está afectando su capacidad para ocuparse de sí mismas y de sus familias. Junto con un grupo de trabajadoras domésticas, hemos estado trabajando en un estudio sobre la situación de las trabajadoras domésticas en Túnez. La situación es realmente alarmante porque las trabajadoras domésticas no pueden trabajar durante la cuarentena y no tienen ninguna otra fuente de ingresos. A pesar de que el sector informal representa una gran parte de la economía, las medidas adoptadas por el gobierno para dar ayuda de emergencia solo se aplican al sector formal. A su vez, los apoyos gubernamentales se han dirigido a las familias, y como según la ley tunecina los hombres son los jefes de familia, el dinero ha sido recibido principalmente por hombres. En casos de conflicto, violencia o separación, las mujeres no tienen acceso a ayuda gubernamental.

    Hemos hecho mucho trabajo de incidencia con las autoridades porque la respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia. Hemos trabajado con la mayoría de los ministros. Nos hemos reunido con la mayoría de los departamentos ministeriales para crear conciencia. Hemos enviado documentos políticos y cartas abiertas. Continuamos brindando servicios en nuestros centros de atención, los cuales siguen operando. También hemos adaptado estos servicios para que puedan ser brindados por teléfono. Hemos lanzado una campaña contra la violencia hacia las mujeres durante la pandemia, la cual ha sido seguida por miles de personas y ha tenido mucho éxito. Como resultado de ello, el departamento de Facebook para Medio Oriente y África del Norte se puso en contacto con nosotros y ahora estamos trabajando con ellos para amplificar el impacto de futuras campañas. También vamos a establecer canales de comunicación con Facebook para reportar violencia y expresiones de odio en las redes sociales.

    ¿Qué restricciones de las libertades de asociación, expresión y protesta han enfrentado durante la pandemia, y qué están haciendo para superarlas?

    No hemos enfrentado restricciones procedentes del gobierno, pero nuestra presencia en el espacio público se ha visto afectada por la imposibilidad de hacer manifestaciones. Las manifestaciones son algo a lo que estamos acostumbrados, porque ocupar el espacio público para decir “estamos aquí y reclamamos esto o aquello” se una táctica que funciona. Y ahora no lo podemos hacer. Pero estamos moviéndonos hacia una nueva fase de la cuarentena y tal vez pronto pueda ser un poco más fácil, de modo que ya estamos pensando en nuevas formas de protestar respetando las medidas de distanciamiento social. Estamos reflexionando sobre cómo adaptar nuestras tácticas de movilización. Estamos enfocándonos en las redes sociales, así como en los medios tradicionales, para comunicar nuestros mensajes y hablar de los problemas que enfrentamos, y llegar al mayor número posible de personas. También tratamos de diversificar nuestros medios de comunicación para llegar a diferentes públicos.

    Asimismo, estamos estableciendo una coalición con el sindicato de periodistas, la Liga de Derechos Humanos de Túnez y otras organizaciones para trabajar sobre el impacto que ha tenido la respuesta a la pandemia sobre los derechos humanos.

    Muchos donantes y aliados han sido muy flexibles porque era obvio que no podíamos seguir operando como si nada hubiese cambiado. Tuvimos que adaptar muchas de nuestras actividades, posponer otras y resignar el presupuesto para asistencia social. La mayoría de nuestras contrapartes han sido comprensivas y hemos tenido buenas discusiones con ellos para reajustar nuestros planes a la situación causada por la pandemia. Sin embargo, también hemos tenido problemas con donantes que han disminuido salarios durante este período.

    Además de afrontar los problemas más urgentes, también estamos en un proceso de reflexión interna y con nuestros socios y aliados. Queremos ver cambios positivos como resultado de la pandemia. Queremos una sociedad más justa e igualitaria en donde todas las personas se sientan incluidas. La pandemia ha revelado algunos problemas subyacentes que el gobierno durante mucho tiempo había preferido ignorar, pero que ahora necesitarán ser abordados, como por ejemplo las fallas y limitaciones del sistema de salud.

    ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil de Túnez de parte de la comunidad internacional?

    La principal forma de apoyo es el trabajo en conjunto. Tenemos que trabajar juntos porque nosotros tenemos experiencia en el terreno, mientras que las organizaciones internacionales tienen redes más amplias, son capaces de trabajar en una variedad de contextos y tienen acceso a mecanismos internacionales y capacidad para influir sobre la agenda internacional. Para que una alianza sea efectiva, debe trabajar simultáneamente para influir a nivel tanto nacional como internacional. La pandemia ha mostrado que algunos de los problemas más grandes no pueden ser atacados desde el nivel nacional, sino que debemos trabajar a nivel internacional y en colaboración con redes regionales. Si juntamos esas dos cosas, creo que podemos lograr un mayor impacto.

    El espacio cívico en Túnez es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas a través de su página deFacebook y siga a@atfd_tunisie en Twitter y afemmes_democrates en Instagram.

     

  • TURQUÍA: ‘Retirarnos del Convenio de Estambul significaría que no creemos en la igualdad de género’

    En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

    CIVICUS conversa con Elif Ege, voluntaria de Mor Çatı, una organización de la sociedad civil fundada por feministas turcas 30 años atrás para combatir la VCM. Mor Çatı administra un centro de solidaridad y el único refugio independiente para mujeres de Turquía. Se concentra en brindar a las mujeres apoyo legal, psicológico y social, y en fomentar la formulación de políticas feministas, a través de la elaboración de leyes, la presión sobre el gobierno para que las implemente y el monitoreo de su implementación.

    ElifEge

    ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Turquía?

    En Turquía hemos tenido muchos logros en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género. En cierta medida las feministas han estado involucradas en los procesos legislativos. Si se comparan las leyes de diferentes países, se observa que tenemos una buena ley sobre VCM, que es muy completa y, de implementarse correctamente, consagraría los derechos de las mujeres que experimentan situaciones de violencia. Mor Çatı es una de las organizaciones que participaron en su proceso de elaboración. Formamos parte del movimiento de mujeres que fue la fuerza impulsora de esta ley. Visto desde la perspectiva actual, el principal problema es de implementación. Además, en los últimos años hemos luchado por preservar las leyes que consagran los derechos de las mujeres. Ya no se trata solamente de su implementación, sino también de conseguir que esas leyes se mantengan. El gobierno ha hecho varios intentos de derogarlas.

    La situación de los derechos de las mujeres se ha deteriorado. Un principio fundamental que ha defendido nuestra organización es que la VCM está estrechamente vinculada con la desigualdad de género: se deriva de la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. En Turquía, hemos escuchado declaraciones de altos funcionarios gubernamentales que han afirmado explícitamente que hombres y mujeres no son iguales. Intentamos activamente luchar contra esta mentalidad que no acepta la igualdad de género.

    Además, no hay datos oficiales sobre la VCM; por eso nos es imposible conocer las cifras exactas. Solo podemos recopilar datos de las mujeres que nos contactan, y estos datos muestran que en este momento la VCM es muy elevada. Sabemos que mujeres de diferentes sectores de la sociedad experimentan muy diversas formas de violencia. En vistas de esta escalada de violencia y de las dañinas declaraciones públicas formuladas contra la igualdad de género, diría que la situación se está deteriorando.

    ¿Cuáles son los principales desafíos en el marco del proceso Beijing+25 y la implementación de la Agenda 2030?

    La eliminación de la VCM es uno de los principales desafíos pendientes. Es por eso que continuaremos colocando este tema en la agenda cuando nos movilicemos alrededor del proceso Beijing+25.

    Junto con otras organizaciones feministas y de mujeres turcas, tales como Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres-Nuevos Caminos (Women for Women’s Human Rights-New Ways), Mor Çatı históricamente ha participado en reuniones internacionales y acciones de incidencia transnacional. Compartimos nuestros conocimientos y aprendizajes y construimos solidaridad en el ámbito internacional. Participamos en el proceso Beijing+25 y en la implementación de la Agenda 2030 con el foco en la VCM y aportamos nuestra experiencia en este tema.

    Estos mecanismos se utilizan para empujar al gobierno a tomar medidas sobre la base de recomendaciones generales. Las organizaciones de derechos de las mujeres tienen una larga tradición de participación y uso de estos mecanismos internacionales. Pero ha habido un cambio en la posición del gobierno turco. Hacia el año 2000, el gobierno era más receptivo en relación con estos mecanismos y “escuchaba” sus recomendaciones, pero ahora estamos viendo un retroceso.

    En el pasado experimentamos algunos progresos. Con los años, a través de las reuniones de monitoreo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le recomendó al gobierno que hiciera algunos cambios, y vimos que esos cambios estaban ocurriendo. El número de refugios no era suficiente y ahora tenemos más refugios. Pero lo que vemos ahora es que falta un enfoque feminista. Este es un problema importante que se ve en los refugios.

    El aborto también es un gran problema. También en este tema tenemos una ley que reconoce a las mujeres este derecho. El aborto es legal, pero esta ley no se implementa. En la práctica, el aborto es denegado en los hospitales públicos y, en algunos casos, también en los privados. En este momento, las mujeres no tienen un acceso fácil al ejercicio de su derecho al aborto.

    ¿En qué medida la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos? ¿Qué papel ha desempeñado la sociedad civil para hacerles frente?

    Durante la pandemia hemos estado trabajando mucho, al igual que todas las organizaciones que trabajan en el tema de la VCM. Es posible afirmar que las condiciones se han deteriorado, ya que todos los mecanismos de apoyo que supuestamente previenen la violencia y protegen a las mujeres han fallado. Ya antes la situación no era buena, pero ahora ha empeorado. No es solo que la tasa de violencia haya aumentado, sino que todo el mecanismo se ha desmoronado. Ya desde antes teníamos problemas con las fuerzas policiales. Según la ley, cuando una mujer acude a la policía en busca de refugio, la policía debe llevarla inmediatamente a un refugio para mujeres. Pero en cambio, los agentes de policía solían exhibir un comportamiento disuasivo, dando a las mujeres información falsa para tratar de hacerles cambiar de opinión y hacerlas regresar al ambiente violento de sus hogares. Desde antes de la pandemia teníamos muchas dificultades con este tema, pero durante la pandemia la situación empeoró. La pandemia sirvió de excusa para tal comportamiento, ya que se le hizo fácil a la policía mentirles a las mujeres diciéndoles que los refugios estaban cerrados, aunque esto no era cierto. Esto es apenas un ejemplo. Tampoco contábamos con ningún mecanismo de apoyo psicológico en línea, lo cual significó que las mujeres se encontraron solas en un ambiente hogareño abusivo.

    Las redes sociales se convirtieron en una importante herramienta para nosotras. Ya desde mucho antes solíamos usarlas, pero durante la pandemia su uso se intensificó. Las usamos para proporcionar información a las mujeres e informarles sobre sus derechos. En Turquía no hubo una cuarentena completa, sino que hubo algunas excepciones. El gobierno tenía la responsabilidad de comunicar a las mujeres que una de las excepciones contempladas era la VCM: en caso de violencia, les seguía estando permitido concurrir a una estación de policía. Pero el anuncio no se hizo público, así que fuimos nosotras quienes tuvimos que proporcionar esa información. También compartimos mucha información que recopilamos sobre problemas en la interacción con la policía, con los colegios de abogados y con otras instituciones estatales. Hicimos publicaciones sobre esto en Twitter, Facebook e Instagram para que el público estuviera informado. Presentamos muchos informes, recopilamos mucha información y datos y los presentamos al público. También continuamos brindando apoyo a las mujeres.

    Entre mediados de marzo y fines de junio de 2020 realizamos más de 514 entrevistas con mujeres. La mayoría de estas entrevistas fueron con mujeres que nos llamaban por primera vez. Es un número un poco más alto que el de las mujeres que nos habían llamado durante el mismo período del año anterior. Pero queremos dejar claro que esto no significa que la violencia doméstica comenzara durante la pandemia. Queremos alejarnos del discurso que sugiere que la violencia doméstica se intensificó durante la pandemia. Más bien queremos enfatizar que son los mecanismos de apoyo los que han fallado a las mujeres. En ausencia de mecanismos de apoyo, las mujeres que de otro modo hubieran podido resolver sus problemas por sí mismas no pudieron hacerlo.

    En tanto que organización de defensa de los derechos de las mujeres, ¿han enfrentado restricciones adicionales a su derecho a organizarse, expresarse y protestar?

    Cada vez nos es más difícil hacer nuestro trabajo. Las cosas han cambiado: el gobierno solía pedirnos información y consejos y colaboraba con nosotros. Pero en los últimos años, nuestras interacciones con el gobierno han cambiado: ya no somos invitadas a las reuniones ni nos piden nuestros puntos de vista. En ese sentido, la situación es cada vez más difícil para nosotras.

    En términos generales, el derecho a protestar en Turquía está restringido. Justo antes de la pandemia hicimos nuestra marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Si bien pudimos reunirnos, no se nos permitió marchar, por lo que tuvimos que cambiar nuestro recorrido. En este momento el gobierno está considerando retirar su ratificación del Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos del Consejo de Europa contra la VCM. Esto ha provocado protestas para presionar al gobierno para que mantenga e implemente el convenio. Nuestra ley nacional está en sintonía con este convenio, por lo que retirarse de él dificultaría todo intento de prevención de la VCM. El convenio busca prevenir la violencia de género sobre la base de la igualdad de género y el trato a las mujeres como ciudadanas iguales. Los grupos y partidos que sugieren retirarse del Convenio dicen que nosotros podemos crear nuestras propias leyes nacionales. Pero el Convenio mismo fue creado gracias a los esfuerzos de las feministas de Turquía. Retirarnos de este convenio significaría que no creemos en la igualdad de género. Recientemente intentamos hacer un foro sobre el Convenio de Estambul, que fue prohibido, por lo que la situación no es fácil.

    Necesitamos políticas contra la VCM coordinadas y correctamente implementadas. No se trata solo de la fuerza policial o de los refugios. Cuando una mujer quiere abandonar un ambiente violento, necesita apoyo legal, social y financiero. Necesita permanecer en un refugio si no tiene donde ir. Es necesario reunir todas estas cosas, que se mencionan en el Convenio de Estambul, para crear un ambiente seguro para las mujeres. Cuando todo el mecanismo de apoyo se desmorona, como sucedió durante la pandemia, es imposible que las mujeres salgan de la casa y comiencen sus propias vidas. Lo que necesitamos ahora es discutir no la retirada del Convenio, sino cómo implementarlo.

    El espacio cívico en Turquía es calificado de “represivo” por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese conMor Çatı a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@morcativakfi enTwitter y amorcati_vakfi enInstagram.

     

Página 2 de 2