Clima

• BIODIVERSIDAD: “Los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo”

  CIVICUS conversa con Gadir Lavadenz, coordinador global de la Alianza de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Alianza de la CDB), sobre el proceso en curso para redactar un Marco Global de la Biodiversidad post-2020 con la plena participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en general.

  La Alianza de la CDB es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con un interés común en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Trabaja para aumentar la comprensión pública de las cuestiones que aborda, mejorar la cooperación entre las organizaciones que desean tener una influencia positiva en la CDB y saldar la brecha entre quienes participan en las sesiones de la CDB y quienes trabajan por la biodiversidad en el terreno, respetando la independencia y la autonomía de los pueblos indígenas, un actor clave.

  ¿Qué es la Alianza de la CDB, qué hace y cómo se desarrolló?

  Los orígenes de la Alianza de la CDB, hace unas dos décadas, fueron orgánicos: surgió de forma natural cuando los participantes en el proceso de la CDB reconocieron la necesidad de actuar juntos y amplificar las voces de la sociedad civil en las negociaciones. Desde el principio, el rol de la Alianza de la CDB no fue hablar en nombre de la gente, sino apoyar de la mejor manera posible todos los esfuerzos de incidencia que se realizaban de forma autónoma.

  A pesar de nuestras limitaciones, tenemos muy claro que los grupos menos privilegiados necesitan un apoyo específico. Además, aunque nuestra red es diversa, respetamos el rol y mantenemos una coordinación fluida con los demás grupos importantes que participan en el proceso, en particular el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), la Red Mundial de Jóvenes sobre Biodiversidad y el Cónclave de Mujeres.

  La Alianza de la CDB es una comunidad amplia: incluye tanto a los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) como a las OSC que les dan apoyo. Respetamos plenamente las estructuras de gobierno y los procesos de toma de decisiones de cada uno de estos grupos. Mantenemos una comunicación y una coordinación fluidas con el FIIB, que representa al mayor grupo de pueblos y comunidades indígenas comprometidos con la CDB. Apoyamos sus declaraciones durante las reuniones oficiales, apoyamos la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las reuniones internacionales siempre que resulta posible y amplificamos todas sus publicaciones y campañas.

  ¿Por qué es necesario un nuevo Marco Global de la Biodiversidad?

  Históricamente, la aplicación de la CDB se ha centrado en su primer objetivo, la conservación de la diversidad biológica, y se ha prestado relativamente poca atención a su segundo y tercer objetivos, que son la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Esta es una de las razones por las cuales la CDB no ha podido obtener los resultados esperados. En la última década, la falta de voluntad política de las partes de la CDB condujo al fracaso en la consecución de los objetivos de Aichi, y existe abundante literatura que demuestra que la destrucción de la biodiversidad sigue ocurriendo a un ritmo galopante.

  Un nuevo marco debería ser una oportunidad única para corregir los errores del pasado. La CDB abarca un amplio abanico de temas, pero no ha conseguido abordar las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, y su excesiva atención a objetivos como el de las áreas protegidas, centrado en la cantidad y no en la calidad, ha ocultado enormes incoherencias en nuestro abordaje de la pérdida de biodiversidad.

  Por ejemplo, el Forest Peoples Programme, miembro de la Alianza de la CDB, reportó que el financiamiento global para la biodiversidad ha aumentado significativamente en la última década, y se calcula que actualmente oscila entre 78.000 y 147.000 millones de dólares al año. Sin embargo, se ve superado ampliemante por las subvenciones públicas y los flujos financieros que impulsan la pérdida de biodiversidad, estimados en entre 500.000 millones de dólares y varios billones de dólares al año.

  Además, aunque la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales es ampliamente reconocida como de vital importancia para la protección de la biodiversidad, a menudo se ven afectados negativamente por el financiamiento para la biodiversidad y sus esfuerzos reciben pocos apoyos directos.

  Otro miembro de la Alianza de la CDB, la Red del Tercer Mundo, informó que en 2019, 50 de los bancos más grandes del mundo respaldaron con más de 2,6 billones de dólares en industrias reconocidas como causantes de pérdida de biodiversidad. Un estudio reciente llegó a la conclusión de que “el sector financiero está financiando la crisis de extinción masiva, al tiempo que socava los derechos humanos y la soberanía indígena”.

  Según la Coalición Mundial por los Bosques, también integrante de la Alianza de la CDB, el financiamiento del clima y la generación de energía renovable subsidiada son una forma de subvención directa que a menudo perjudica a los bosques y no reduce las emisiones. El ejemplo más destacado de ello es el de la central eléctrica de Drax, en el Reino Unido, que recibe dos millones de libras esterlinas (unos 2,8 millones de dólares) al día para producir electricidad altamente contaminante a partir de madera talada de bosques de humedales de gran biodiversidad en el sureste de Estados Unidos, entre otros lugares. Otros ejemplos son el subsidio del Fondo Mundial para el Medio Ambiente a las empresas siderúrgicas para que produzcan carbón vegetal a partir de plantaciones de eucalipto en Brasil, y las numerosas subvenciones a nivel nacional y de la Unión Europea que recibe la industria de la pulpa y el papel en Portugal.

  Recientemente, en un acto organizado por el Secretariado de la CDB, varios de los llamados líderes globales prometieron grandes cantidades de dinero para la biodiversidad. Sin embargo, los países del norte global han incumplido sus compromisos internacionales en relación con fondos nuevos y adicionales. Lo que prometen para la naturaleza está mezclado con todo tipo de planes que no abordan las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad. Y las cantidades prometidas para proteger la biodiversidad se ven claramente superadas por todo el dinero que se invierte en su destrucción.

  Además de estas preocupantes contradicciones e incoherencias, los grupos poderosos y las naciones desarrolladas intentan constantemente y por todos los medios eludir sus responsabilidades. Consideramos que la presión para incorporar en la CDB términos tales como “soluciones basadas en la naturaleza” no es más que otro truco de los grandes contaminadores para incumplir sus obligaciones y una nueva forma de “lavado verde” y de acaparamiento de tierras por parte de las empresas.

  ¿Por qué todo esto no sale en los medios de comunicación? Esto es lo que ocurre cuando los principales actores enfocan toda su atención en determinadas políticas y actividades, tales como el aumento de las áreas protegidas. Las áreas protegidas no son malas en sí, pero están lejos de ser una solución real, como lo es el cambio en nuestros patrones de producción y consumo. La narrativa en torno de la CDB debe reorientarse hacia las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, que son más estructurales y están relacionadas con la justicia y la equidad. Del mismo modo en que el cambio climático ya no es considerado un problema puramente medioambiental, tenemos que entender al panorama general de destrucción de la biodiversidad en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los campesinos, las mujeres, las generaciones futuras y la propia naturaleza. Hay que acabar con la mercantilización de la naturaleza, ya que la naturaleza no nos pertenece ni a nosotros ni a unos pocos privilegiados entre nosotros. La naturaleza no necesita esquemas extravagantes ni mucho dinero para prosperar, necesita que dejemos de destruirla. Esta narrativa debería hacer que todos deseáramos y trabajáramos realmente por un profundo cambio individual y colectivo.

  ¿Qué cambios debería aportar el Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

  La CDB es un acuerdo jurídicamente vinculante y, si se implementa plenamente, tiene un gran potencial. El Marco Global de la Biodiversidad post-2020 debería ser el instrumento para hacer cumplir las obligaciones legales de las partes de la CDB mediante mecanismos de rendición de cuentas que sancionen toda inacción. También es una oportunidad para adoptar un enfoque basado en los derechos que sitúe en el centro del debate a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres y los campesinos, así como a los derechos de la naturaleza, conectando a la CDB con el andamiaje internacional de los derechos humanos. 

  Varios informes han demostrado que se han cometido violaciones de derechos humanos en aras de la promoción de las áreas protegidas. Aunque abordar la crisis de la biodiversidad y el cambio climático es posible e inevitable, diversos intereses presionan para que esta conexión se centre en las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, que no son sino una tapadera para esquemas como las compensaciones, que no benefician a la naturaleza sino al statu quo y no aportan soluciones reales a nuestros problemas estructurales.

  Otro gran desafío radica en el hecho de que la implementación de las normas medioambientales suele estar en manos de los ministerios de medio ambiente, que suelen ser completamente impotentes en comparación con otros que son los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad. Con el nuevo Marco Global de la Biodiversidad esto tiene que cambiar.

  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad se ha pospuesto dos veces debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué desafíos ha provocado esta situación?

  El primer desafío que enfrentamos fue que los países del norte global presionaron fuertemente para continuar con las negociaciones a través de medios virtuales, sin tener en cuenta las diversas dificultades experimentadas no solamente por sus pares del sur global sino también por la sociedad civil. La Alianza de la CDB expresó en varias ocasiones su preocupación por las desigualdades e injusticias de las negociaciones virtuales y apoyó la propuesta de las partes del sur global de posponer las negociaciones. Recién cuando los Estados africanos y algunos latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por esta situación, las naciones ricas dieron marcha atrás. Se mantuvieron las reuniones en línea para que las conversaciones pudieran continuar, pero se estableció que las decisiones solo se adoptarían en reuniones presenciales.

  ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor el trabajo que están realizando en torno del Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

  Algunos de nuestros objetivos son garantizar que el Marco Mundial de la Diversidad post-2020 se centre en una sólida declaración de principios tales como los de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR); un mecanismo para lidiar con los incumplimientos, que incluya sanciones y esté bien integrado con el principio de CBDR; un objetivo centrado en las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente y en las mujeres, ya que ellas son quienes están defendiendo la biodiversidad en el mundo real; y un objetivo sobre la prohibición de grandes alteraciones de la naturaleza.

  Una vez aprobado el Marco, nuestra misión será coordinarnos con las regiones, redes y organizaciones que tienen una conexión directa con quienes trabajan en el terreno y en las primeras líneas. Esta coordinación deberá incluir una difusión masiva e intensa del Marco, pero centrándose en cómo puede empoderar a la gente en sus resistencias, luchas y proyectos.

  Aunque enfrenten obligaciones jurídicamente vinculantes, los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo. Dicha presión no puede producirse en ausencia de empoderamiento e información acerca de las decisiones adoptadas a nivel internacional.

  Póngase en contacto con la Alianza de la CDB a través de susitio web, su página deFacebook y su cuenta deTwitter. 

• BRASIL: “Si Bolsonaro continúa como presidente, es una amenaza para la Amazonía y para la humanidad”

  PORTUGUESE

  CIVICUS conversa acerca de la situación del activismo ambiental en Brasil con Daniela Silva, educadora socioambiental popular y cofundadora del Proyecto Aldeas, una iniciativa de educación, arte, cultura y medio ambiente para niños y jóvenes del municipio de Altamira, en el estado brasileño de Pará.

  ¿Qué te llevó a convertirte en activista ambiental?

  Vivo en un territorio que ha sufrido grandes impactos sociales y medioambientales tras la implantación de la central hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingu. Y al igual que miles de personas, entre ellas ribereños, pescadores, indígenas, agricultores, barqueros, mujeres y jóvenes, mi familia y yo también vimos nuestras vidas fuertemente afectadas por el proyecto.

  Vivíamos en un barrio llamado Aparecida, en una comunidad de vecinos solidarios, donde niños y jóvenes jugaban en la calle sin miedo. Cuando una madre salía, dejaba a sus hijos al cuidado de algún vecino. Uno de mis mejores recuerdos es nuestro patio. Era como una granja: teníamos muchos árboles frutales, no necesitábamos dinero para comer fruta. La solidaridad se veía reforzada por el sentimiento de comunidad, que creo que está intrínsecamente ligado al sentimiento de pertenencia a un territorio. Todo esto fue destruido por un proyecto de “desarrollo” que menosprecia la subjetividad de los pueblos y las poblaciones.

  El desplazamiento provocado por la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte alejó a las familias del río Xingu, separando a comunidades que habían convivido durante décadas. Fragmentó los lazos comunitarios. Estos impactos sobre el territorio y la subjetividad tuvieron como consecuencia negativa la desconexión con la naturaleza y con el sentido de pertenencia amazónico. No sentirse parte de la Amazonia es peligroso, porque generalmente la gente solo defiende aquello que ama, conoce y de lo que se siente parte.

  Antes de que se construyera la represa, mi padre trabajaba como alfarero. Junto con mi madre, que trabajaba como funcionaria, criaron a ocho hijos. Todo se acabó con la construcción de la represa. Mi padre se quedó sin trabajo y mis hermanos también. Mi padre empezó a luchar para acceder al derecho a una pensión irrisoria. Mis hermanos se vieron obligados a buscar trabajos esporádicos en la ciudad. Fue un momento difícil. Me di cuenta de que adaptarse a una realidad impuesta es una de las peores violaciones de la dignidad humana.

  Soy activista por los derechos socioambientales y contra el racismo. Desde que era adolescente no he tenido otra opción que luchar. Somos naturaleza y, por lo tanto, tenemos que luchar por la naturaleza para garantizar un presente y un futuro mejores para nosotros y nuestros hijos e hijas.

  ¿Cómo se está movilizando la sociedad civil brasileña en favor del medio ambiente, y qué desafíos enfrenta?

  En la Amazonía hay muchos movimientos ambientales que se movilizan para denunciar los crímenes ambientales del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Pero lamentablemente las instituciones judiciales de nuestro país no han funcionado como lo indica la ley, dejándonos en una situación de vulnerabilidad.

  Muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde hace mucho tiempo en la Amazonia y otros biomas enfrentan el gran desafío de mantenerse, ya que tienen poco acceso a recursos financieros. La mayoría que logra mantenerse lo hace con financiación internacional, ya que en Brasil hay pocos incentivos para movilizar recursos domésticos. De hecho, la asfixia financiera es una de las tácticas que emplea el actual gobierno. Además, vivimos un momento económico muy negativo e inestable, con alta inflación y caída del salario real. En un país sin una cultura de la donación, esto complica aún más las cosas. En consecuencia, escasean los recursos para el mantenimiento de las organizaciones y la seguridad de quienes defienden el medio ambiente.

  Aun así, están surgiendo nuevos grupos y colectivos –como el que yo lidero, el Proyecto Aldeas–- que buscan defender la Amazonía e incluir a jóvenes en el liderazgo de los movimientos en defensa de sus territorios.

  Nuestro desafío es generar un espacio seguro, ya que estamos bajo constante amenaza. Para poder trabajar, hemos establecido alianzas con organizaciones experimentadas que pueden asesorarnos sobre las mejores prácticas para cuidar a nuestro personal, a nuestros socios y aliados e incluso a las comunidades con las que trabajamos. El trabajo en red nos ayuda a adquirir una visión amplia y a crear vínculos fuertes.

   

  ¿Qué piensas de la reciente sentencia del Supremo Tribunal Federal brasileño que reconoce al Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos?

  El Acuerdo de París es sin duda un importante instrumento jurídico, y es bueno que, en tanto que tratado de derechos humanos suscripto por el Estado brasileño, tenga rango constitucional. Pero, al igual que los demás documentos legales de Brasil, incluida la propia Constitución Federal, debe ser llevado a la práctica, especialmente por los funcionarios públicos, que continúan violando los derechos humanos y ambientales independientemente de lo que diga la Constitución brasileña.

  Para que el Acuerdo de París se implemente en el día a día de la sociedad brasileña, también es necesario que se difunda entre quienes más padecen los efectos de la crisis climática: las poblaciones indígenas, los ribereños y la población negra que vive en las periferias. También es importante que la comunidad internacional presione, mediante acciones enérgicas, al gobierno brasileño para que cumpla el acuerdo más allá del papel.

  ¿El resultado de las próximas elecciones supondrá alguna diferencia en relación con tus luchas?

  Las elecciones de octubre son quizás una de las más importantes de la historia de Brasil. Hay mucho en juego en relación con la Amazonía. Bolsonaro, el actual presidente, ha dado rienda suelta a la deforestación, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal en territorios indígenas. También está alentando la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonía.

  Con Bolsonaro no hay diálogo ni participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Si Bolsonaro continúa como presidente, es una amenaza para la Amazonía y sus pueblos, y por lo tanto para la humanidad. Estamos viviendo una crisis climática global y necesitamos que los líderes mundiales se preocupen por elaborar junto con la sociedad civil, la comunidad científica y la comunidad internacional propuestas a corto, medio y largo plazo para afrontarla.

  El avance de la deforestación en la Amazonía debería ser un factor determinante para que nos unamos para derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, pero lamentablemente no lo es. La sociedad brasileña sigue siendo muy ajena a la realidad de la Amazonía. Los grandes centros urbanos de Brasil no reconocen la realidad cotidiana de la selva y sus pueblos. La consecuencia de la ignorancia es la falta de posicionamiento enérgico contra el actual ecocidio del gobierno de Bolsonaro. Afortunadamente, hay muchos movimientos ecologistas de la Amazonía que están intentando perforar esta burbuja para que la sociedad brasileña sepa lo que está ocurriendo y se posicione.

  Ahora bien, aunque entendemos que es de suma importancia derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, también tenemos fuertes críticas a su principal rival, el Partido de los Trabajadores (PT). Al igual que los gobiernos de la derecha, los gobiernos del PT, encabezados por el actual candidato, Lula da Silva, y por su sucesora Dilma Rousseff, también produjeron acciones destructivas del medio ambiente: de hecho, Belo Monte se construyó durante los gobiernos del PT, en violación de la ley y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y ambientales.

  Pero, sin embargo, creemos que con Lula sería posible abrir diálogos y lograr una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales.

  ¿Qué crees que debería ocurrir en la próxima cumbre climática, la COP27, y qué crees que ocurrirá?

  En primer lugar, creo que es muy importante que la COP27 se celebre en territorio africano, ya que las naciones africanas se encuentran entre las más afectadas por la crisis climática provocada por un pequeño grupo de poderosos millonarios blancos. Esto les da la oportunidad de tener una mayor participación en la COP27 y exigir más ayuda a las naciones más ricas que son las causantes de la crisis climática. Espero que esta edición de la COP27 permita llevar a la práctica las promesas y los objetivos acordados. Y que mujeres, niños y adolescentes puedan ser protagonistas activos en este proceso de lucha por la justicia social y ambiental.

  Aunque esta es mi esperanza, sabemos que la COP es un terreno de conversaciones difíciles y que los gobiernos de las grandes naciones carecen de voluntad de enfrentar la realidad del cambio climático, especialmente cuando se trata de invertir financieramente y hacerse cargo de contrarrestar los daños que continúan siendo causados por su estrategia de desarrollo. Seguiremos de cerca todas las negociaciones y acuerdos. Estamos en un punto crítico y no hay tiempo que perder.

  ¿Qué tipo de apoyos de la comunidad internacional necesita el activismo ambiental de Brasil?

  La comunidad internacional es nuestra aliada en la lucha por la justicia climática, social y antirracista. Dar visibilidad al trabajo del activismo y apoyar directa e indirectamente sus luchas es una forma de ayudar. También lo es presionar a gobiernos genocidas y ecocidas como el de Bolsonaro para que respeten los derechos humanos y ambientales. Presten atención a nuestras luchas y escuchen las voces de quienes están en el territorio, en las periferias y a la vanguardia de esta guerra que peleamos a diario.

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• COP26: “Debemos empoderar a las comunidades y a las mujeres en la gestión de los recursos climáticos”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Nyang'ori Ohenjo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMIRIDE), una organización de la sociedad civil keniana que aboga por el reconocimiento de las minorías y los pueblos indígenas en los procesos políticos, legales y sociales y trabaja para capacitar a las comunidades para obtener medios de vida sostenibles.

   

  ¿Cuál es el problema climático de su país en que se centra su trabajo?

  Nos centramos en los efectos cada vez peores del cambio climático, especialmente sobre los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas. A pesar de que cuenta con una gran cantidad de programas climáticos, Kenia no está logrando los objetivos deseados. Por ejemplo, en el norte del país se está produciendo un aumento de las sequías, con las habituales consecuencias nefastas, y el presidente ya ha declarado la sequía de este año como desastre nacional.

  El desafío principal es que los marcos políticos no conectan con la agenda de las comunidades indígenas, que incluyen a comunidades pastoriles, habitantes de los bosques y comunidades de pescadores. Esto deja a estas comunidades y a sus sistemas económicos en situación de vulnerabilidad y no aporta soluciones que mejoren su resiliencia. Los programas y las políticas suelen ignorar los elementos culturales.

  Los pastores, por ejemplo, diversifican sus rebaños en cuanto a sexo, edad y especie para distribuir los riesgos y maximizar las pasturas disponibles. El tamaño de los rebaños se equilibra con el tamaño de las familias, y la composición de los rebaños busca responder a las necesidades familiares. A veces los rebaños se dividen como estrategia de supervivencia, sobre todo en tiempos de sequía, y para permitir un uso innovador de los recursos disponibles. A través de sistemas de apoyo mutuo, los pastores se cuidan entre sí para poder recuperarse rápidamente de los desastres. Cada grupo de pastores tiene una forma diferente de apoyar a sus miembros, por ejemplo mediante diversas formas de ganar dinero en efectivo y diversificar sus medios de vida. Sin embargo, la ayuda alimentaria y las dádivas se han convertido en la norma política en tiempos de crisis como la actual sequía, lo cual no tiene sentido económico para nadie, y en particular para las comunidades pastoriles.

  En los 50 años en que predominó la perspectiva de la ayuda alimentaria no se logró una solución sostenible; de ahí la necesidad de un verdadero cambio de política, que nos desplace de la respuesta a las catástrofes, que es reactiva, a la preparación, que es proactiva. Esto implica tener a mano una cantidad de recursos básicos, incluido dinero en efectivo de ser necesario, antes de que se produzca la crisis, para ayudar a las comunidades a atravesar los momentos difíciles, al mismo tiempo que se enfoca la atención en la inversión y el desarrollo a largo plazo, de modo de aumentar la resiliencia de las comunidades para absorber futuras crisis.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Nos vinculamos a través del trabajo con numerosas redes globales de sociedad civil, entre ellas la de CIVICUS, y con organizaciones de promoción del desarrollo, organizaciones de base y grupos kenianos que reclaman acción por el clima, así como con instituciones académicas, órganos de las Naciones Unidas e instituciones regionales e internacionales de derechos humanos. El principal objetivo de estos vínculos es asegurar que las voces de las comunidades indígenas de Kenia sean escuchadas dentro del movimiento contra el cambio climático y puedan influir en las conversaciones internacionales.

  La participación de los pueblos indígenas en el movimiento internacional por el clima, y el hecho de que los pueblos indígenas formen parte de una conversación que, de manera sensible al género, reconozca sus derechos y valore sus conocimientos tradicionales, así como sus prácticas innovadoras en materia de resiliencia climática, son fundamentales para diseñar y aplicar políticas y acciones climáticas eficaces.

  A nivel nacional, a través de la Dirección de Cambio Climático, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Kenia, y de la Plataforma Multisectorial de Agricultura Inteligente para el Clima, CEMIRIDE ha participado en el proceso en que se estableció la posición del gobierno keniano de cara a la COP26 y dentro de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma CLPI).

  ¿Cómo interactúan las comunidades indígenas con el gobierno de Kenia?

  La iniciativa contra las emergencias por sequía, que finaliza en 2022, ha tenido éxito a la hora de desarrollar políticas climáticas, pero ha avanzado poco en la resolución del problema de la sequía. También está el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (2018-2022), que prevé la participación e inclusión efectivas de las comunidades indígenas marginadas, pero, nuevamente, ha resultado en muy pocos avances en términos de asegurar una participación estructurada y significativa de estas comunidades en la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Nacional.

  El gobierno también está implementando el Proyecto de Agricultura Climáticamente Inteligente de Kenia, uno de cuyos componentes clave es la mitigación del clima. Sin embargo, su implementación carece de mecanismos estructurados de vinculación con las comunidades indígenas, las cuales por lo tanto tienen mínima presencia y capacidad de aportar a su diseño y puesta en marcha.

  ¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 avance en estas cuestiones, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

  Estos procesos internacionales como la COP26 son importantes para dar visibilidad a los pueblos indígenas en las conversaciones sobre el cambio climático. Aunque los gobiernos, y especialmente los de África, tardaron mucho tiempo en reconocer el rol de los pueblos indígenas y la necesidad de que sus voces sean escuchadas en la mesa internacional de toma de decisiones sobre el cambio climático, ahora han entendido que los pueblos indígenas pueden realmente influir en la dirección de estos procesos. En concreto, la Plataforma CLPI fue creada para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, crear capacidad para la participación de las partes interesadas en todos los procesos relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aprovechar los diversos sistemas de conocimiento y sus innovaciones para el diseño y la implementación de políticas y acciones por el clima.

  CEMIRIDE espera que las voces de los pueblos indígenas ocupen el centro de la escena y que los gobiernos se comprometan a implementar soluciones locales por las cuales deban rendir cuentas, en vez de hacer amplias promesas globales que nunca se cumplen y de las cuales nadie les exige rendición de cuentas. En especial, esperamos que los gobiernos se comprometan a apoyar y facilitar la puesta en marcha de un marco nacional para la participación de las comunidades indígenas en acciones relativas al cambio climático.

  ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

  Queremos que ocurra una verdadera devolución de poder a las comunidades, y especialmente a las mujeres, en la gestión de los recursos climáticos. Los pueblos indígenas son colectivos únicos no solamente por los impactos que el cambio climático está teniendo sobre ellos, sino también por el rol que desempeñan a la hora de asegurar el éxito de las medidas de intervención y por las perspectivas y experiencias que aportan a través de sus conocimientos indígenas y locales. Nadie conoce mejor una comunidad que las personas que viven en ella y dependen de sus recursos.

  Las comunidades indígenas marginadas han desarrollado desde hace mucho tiempo conocimientos y experiencia específicos para preservar y conservar los entornos naturales de donde obtienen su sustento, y en torno a los cuales han desarrollado sus sistemas y estructuras sociales, culturales y religiosas. Por lo tanto, su gestión directa de los recursos climáticos les permitirá influir positivamente sobre el desarrollo, la revisión, la adopción y la implementación de políticas y regulaciones que aborden el cambio climático, con un énfasis específico en el mejoramiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

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• COP26: “El norte global debe rendir cuentas y comprometerse con la lucha contra el cambio climático”

  Mientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre. 
  CIVICUS conversa con Lorena Sosa, directora de operaciones de Zero Hour, un movimiento dirigido por jóvenes que busca generar vías de acceso, ofrece formación y distribuye recursos para nuevos activistas y organizadores jóvenes. A través de Zero Hour, Lorena ha apoyado el trabajo de activistas de Jamaica, Filipinas y Singapur, buscando generar acción inmediata y llamar la atención sobre los impactos del cambio climático.

  ¿Cuál es el problema climático de tu país en que trabaja tu organización?

  Actualmente, Zero Hour está abocada a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en la política estadounidense y busca subsanar la ausencia de recursos para la organización y movilización por el clima. Recientemente hemos logrado organizar una manifestación virtual, “End Polluter Welfare” (“Acabemos con el Estado de bienestar para los contaminadores”), que contó con la participación del senador líder de la mayoría Chuck Schumer y el diputado Ro Khanna, así como una movilización llamada “People Not Polluters” (“La gente contra los contaminadores”) en la ciudad de Nueva York. También ayudamos a organizar la movilización “People vs Fossil Fuels” (“La gente contra los combustibles fósiles”) en Washington DC. Actualmente estamos trabajando en la revisión de una serie de actividades de formación para ayudar a nuestros capítulos a aprender a organizar campañas locales específicas para sus comunidades.

  Muchas de nuestras acciones expresan nuestro deseo de vincularnos y colaborar con otras personas involucradas en el movimiento para elevar las acciones de los demás, porque es difícil conseguir cobertura y atención para las acciones que todos estamos organizando. Es muy lindo ver a los y las activistas apoyarse mutuamente; el amor y el apoyo son realmente necesarios para mejorar el estado del movimiento e impulsar sus reivindicaciones.

  ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

  La reacción contra el trabajo de los activistas varía ampliamente, especialmente en el caso de nuestras secciones internacionales, que enfrentan límites a las protestas y movilizaciones a causa de restricciones gubernamentales. En Estados Unidos, el principal efecto negativo del trabajo que realizamos está relacionado con el agotamiento que resulta de trabajar sin ver ninguna acción por parte de los líderes que tienen el poder de iniciar acciones para el bien de nuestro planeta. El agotamiento es muy común en el movimiento juvenil por el clima, sobre todo porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer malabares con nuestras obligaciones académicas, nuestra vida social y nuestro activismo mientras tratamos de mantener viva la esperanza de que el cambio es posible.

  En lo que respecta a conservar el bienestar y mantenerse a salvo de los impactos del agotamiento, he aprendido que lo mejor es comprometerme con la comunidad climática de la que formo parte; sé que no estoy sola con mis preocupaciones porque mantengo constantes intercambios acerca de ellas con mis amigos y colegas. No hay un remedio universal para el agotamiento, pero he aprendido que dedicar tiempo a cuidarme y a mantener el vínculo con mi familia y mis amigos es increíblemente útil para mantener los pies en la tierra.

  ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

  Nuestros equipos de vínculos globales y Operaciones, liderados por Sohayla Eldeeb y por mí, han trabajado juntos para dar forma a nuestras comunicaciones con nuestros capítulos internacionales en Jamaica, Filipinas y Singapur. Hemos mantenido horas de consulta específicas para nuestras secciones internacionales para poder ayudarles a resolver todo conflicto que se les presentara en su trabajo de campaña y proporcionarles apoyo en todo lo que pudiéramos.

  En cuanto a las campañas internacionales, nuestra directora adjunta de Asociaciones, Lana Weidgenant, participa activamente en campañas internacionales que buscan llamar la atención y fomentar la educación y la acción sobre la transformación de los sistemas alimentarios para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro medio ambiente. Lana fue vicepresidenta juvenil de Transición hacia Patrones de Consumo Sustentables para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, es una de las líderes juveniles de la campaña internacional Act4Food Act4Change (“Actúa por los alimentos, actúa por el cambio”) que ha recolectado los compromisos y las prioridades relativas a los sistemas alimentarios de más de 100.000 jóvenes y aliados de todo el mundo, y es una de las dos representantes juveniles en las negociaciones agrícolas de la COP26 de este año.

  ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 logre avances en la lucha contra el cambio climático?

  Me gustaría que el norte global rinda cuentas y se comprometa a aportar 100.000 millones de dólares para que el sur global pueda implementar con éxito sus propias medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

  Muchas de nuestras perspectivas en Zero Hour se centran en la justicia, más que en la equidad, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores causantes de esta crisis. Los líderes del norte global, y especialmente los actores clave en los Estados Unidos, tienen que dejar de apoyar a la industria de los combustibles fósiles y empezar a comprometerse con soluciones que den prioridad a las personas más que a los contaminadores.

  Me encantaría que todos los líderes que asistan a la COP26 tomaran medidas serias y contundentes para combatir y eliminar los efectos del cambio climático. El empeoramiento de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar ya han demostrado que la inacción va a ser perjudicial para el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes.

  El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha destacado que existen pruebas suficientes para que nuestros dirigentes traten el cambio climático como la emergencia que es. Espero que todos los líderes mundiales que participen en la conferencia tengan muy en cuenta las conclusiones del informe del IPCC a la hora de redactar los resultados de la conferencia.

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• COP26: “Esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa conCharles Wanguhu, activista social y coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas, un foro donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes comparten información, planifican y elaboran estrategias comunes para llevar a cabo una labor de incidencia conjunta, se vinculan con organismos gubernamentales, empresas y medios de comunicación, e informan y concientizan a la ciudadanía.

  ¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el cual está trabajando?

  La Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas es una organización de membresía sin ánimo de lucro que trabaja por la sostenibilidad del sector del petróleo y el gas en Kenia y por transiciones energéticas justas. Con el descubrimiento de petróleo en el condado keniano de Turkana, nuestro trabajo pasó a incluir la incidencia en favor de marcos políticos y legales que garanticen la justicia medioambiental y las consideraciones climáticas en el desarrollo del petróleo. Hacemos este trabajo a través de la revisión de políticas y normativas y el desarrollo de capacidades para que las comunidades locales puedan participar de forma efectiva en los procesos de evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) y así salvaguardar su entorno. 

  También participamos directamente en la revisión de las EIAS, abogando siempre por la inclusión de las consideraciones relativas al cambio climático y la protección del medio ambiente a nivel de proyecto. Por ejemplo, a medida que el proyecto petrolero de Turkana se fue acercando a la fase de producción, hemos participado en los foros de consulta con las partes interesadas del proyecto, donde hemos planteado la necesidad de que la EIAS del proyecto incorpore evaluaciones de impacto en materia de cambio climático. También hemos abogado por la transparencia en el sector mediante la divulgación de los acuerdos y licencias petroleras para que la ciudadanía pueda entender las obligaciones de las empresas petroleras en materia de medio ambiente y cambio climático, lo cual redundará en una mayor rendición de cuentas por parte del Estado y de estas empresas.

  ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

  La reducción del espacio cívico sigue siendo un desafío en el entorno en que trabajamos. Los grupos de la sociedad civil enfrentan reacciones negativas del gobierno cuando se refieren a temas de actualidad. Las restricciones suelen consistir en la denegación de permisos para realizar protestas o celebrar reuniones relacionadas con los proyectos de su interés. En algunos casos, organismos gubernamentales como la Junta de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y la autoridad impositiva de Kenia han sido utilizados para atacar a las OSC.

  También enfrentamos restricciones por parte de las empresas, tales como la exclusión deliberada de las OSC de eventos de participación pública. Aquellos de nuestros miembros que han expresado su preocupación o se han hecho oír en cuestiones relacionadas con la extracción de recursos gasíferos y petroleros se han encontrado con que ya no se les invita a participar o no se les permite hacer comentarios en las audiencias públicas.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Estamos desarrollando un programa panafricano para una transición justa que implicará la colaboración con otros grupos regionales e internacionales para garantizar que la transición energética mundial sea justa para África y refleje los impactos de la crisis climática en el continente.

   

  ¿Qué esperanzas tiene en relación con la COP26, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

  La inclusión de consideraciones sobre el cambio climático a nivel de proyecto ya tiene un asidero legal en Kenia a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático aprobada en Kenia en 2016. El retraso en la implementación de la ley ha supuesto un desafío, pero tenemos conocimiento de varios proyectos de reglamentación que están siendo revisados para su eventual promulgación.

  En lo que respecta a la transición energética justa, esperamos que se impongan obligaciones más estrictas que cumplan con el principio de responsabilidad común pero diferenciada, el cual reconoce que los distintos países tienen diferentes responsabilidades y capacidades para abordar cuestiones transfronterizas tales como el cambio climático. Esto garantizaría que África no se quede atrás en la transición o, lo que es peor, que la transición no se produzca a sus expensas.

  Los procesos internacionales han sido útiles en la medida en que han facilitado en parte la domesticación de los marcos legales y políticos sobre cambio climático, pero ciertamente esperamos un mayor compromiso por parte de los Estados.

  ¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

  Quisiéramos que se acelerara la implementación de los marcos jurídicos y las obligaciones en materia de cambio climático, a nivel tanto local como internacional. Además, quisiéramos que los países desarrollados del norte global se comprometieran y cumplieran sus promesas de financiamiento para el clima realizadas en el marco del Acuerdo de París. Esto será muy útil para financiar transiciones energéticas justas en África.

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  Póngase en contacto con la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas a través de supágina web y siga a@KCSPOG y a@CharlesWanguhu en Twitter. 

• COP26: “Las comunidades marginadas deben estar en el centro de la acción por el clima”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Jessica Dercontée, coorganizadora del Colectivo contra el Racismo Ambiental (CAER), un grupo de la sociedad civil de Dinamarca que trabaja para introducir el tema de la discriminación y la injusticia racial en el debate danés acerca del clima, llamando la atención del público sobre el racismo ambiental.

  El activismo y la labor académica de Jessica se centran en la gobernanza del clima y exploran las arraigadas injusticias sociales y climáticas relacionadas con la clase, el género y la raza. Jessica es coordinadora de proyectos de desarrollo internacional en el Sindicato de Estudiantes Daneses y en el Consejo Danés de la Juventud para los Refugiados, y asistente de investigación en la consultora In Futurum.

  

  ¿Cuáles son los objetivos del CAER? 

  Somos un colectivo formado por mujeres y personas no binarias de color que trabajan en la intersección del ecologismo, el antirracismo y la justicia climática. CAER busca movilizar y amplificar las voces de las personas más afectadas por el racismo ambiental, incluidas las personas negras, indígenas y de color en el sur global, así como en el norte global. Nuestro colectivo se formó para dar visibilidad y tener una mirada crítica en los actuales debates y conceptualizaciones, subrayando los efectos diferenciadores de la crisis climática y medioambiental.

  ¿Cuál es el principal problema climático o medioambiental en el que están trabajando? 

  El CAER se centra en la ecología política y el neocolonialismo de los principales debates daneses sobre el medio ambiente y el clima. Los principales debates públicos sobre la crisis climática que tienen lugar en Dinamarca están centrados en los impactos perjudiciales que nuestra cultura de consumo y estilos de vida tienen sobre los biosistemas del planeta, y en cambio prestan menos atención a las personas afectadas por estos impactos y al deseo inagotable de las grandes empresas de obtener beneficios y maximizar sus utilidades. Aunque estamos de acuerdo respecto de lo urgente de estas cuestiones, nuestro colectivo considera que el debate en Dinamarca debería ir más allá de la afirmación de la necesidad de que los gobiernos y otras partes interesadas encuentren grandes soluciones tecnológicas para mitigar la crisis climática. El debate público actual es demasiado simplista, apolítico y técnico, centrado en la búsqueda de soluciones verdes. 

  El CAER subraya las diferentes dinámicas de poder que caracterizan a nuestros actuales sistemas, así como el modo en que las actuales prácticas y formas de pensar perpetúan el colonialismo y la opresión global, que además están fuertemente arraigados en el capitalismo. Lo hacemos a través de talleres, artículos, sensibilización en las redes sociales y colaboraciones con personas o grupos marginados del sur global. 

  Un ejemplo de cómo aportamos una perspectiva diferente al tema de la transición verde es nuestro análisis de la forma en que las grandes empresas danesas causan degradación medioambiental e impulsan el acaparamiento de tierras en el sur global. La empresa danesa de energía eólica Vestas tiene actualmente una causa judicial en contra, iniciada por comunidades indígenas de México que acusan a la corporación de causar impactos negativos en los medios de vida de los pueblos indígenas, además de vincularla con severas violaciones de los derechos humanos de manifestantes locales y activistas de la sociedad civil que han sido objeto de intimidación y amenazas de muerte por denunciar estos abusos. Los gobiernos de ambos países han llegado a acuerdos que, según ellos, eran mutuamente beneficiosos, ya que se esperaba que aportaran crecimiento económico y desarrollo a México, además de ayudar a Dinamarca a ecologizar su economía. Sin embargo, el subsiguiente acaparamiento de tierras ha privado de derechos a comunidades del sur global, perpetuando el ciclo de dependencia de la ayuda y regurgitando formas neocoloniales de control y explotación de las tierras y los pueblos indígenas.

  Otro ejemplo mucho más cercano a Dinamarca es el del racismo medioambiental que impregna las relaciones de Dinamarca con Groenlandia, excolonia y actual nación de la Commonwealth danesa. Debido al control que ejerce Dinamarca sobre los recursos naturales de Groenlandia, la población de este país está excluida de las decisiones importantes sobre el futuro del Ártico, lo cual cabe considerar que tiene un gran impacto racial en el área de la conservación, la política medioambiental y el consumismo.

  El principal objetivo del CAER ha sido proporcionar un espacio seguro para las personas negras, indígenas y de color, incluidas las que son queer y trans, que quieran movilizarse en los espacios del ecologismo y el antirracismo en Dinamarca. A menudo se considera que el movimiento danés por el clima ha sido excluyente y discriminatorio hacia estas personas. Esperamos que el discurso público danés no se limite a utilizar y presentar a las comunidades marginadas como casos de estudio, sino que las sitúe en el centro de la acción por el clima como legítimas proveedoras de soluciones y participantes activas en la toma de decisiones.

  ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

  Nos hemos encontrado con un auténtico entusiasmo por parte de otras organizaciones y actores que están dispuestos a cambiar sus estructuras organizativas y hacerlas más inclusivas y aptas para encontrar soluciones a la crisis en que nos encontramos. Aunque no hemos experimentado ninguna reacción negativa directa como consecuencia de nuestro trabajo o de nuestro foco en la raza y el carácter discriminatorio de la política medioambiental, nos parece que la sociedad no está preparada para lidiar con las diversas realidades que experimenta la gente sobre el terreno, que son diferentes de la narrativa extremadamente homogeneizada de la experiencia danesa. En Dinamarca, las leyes y las políticas han sido consideradas inclusivas sobre la base de la imagen progresista de nuestro modelo de estado de bienestar que protege a todas las personas. Así, tanto a las instituciones como a las personas les resulta más difícil comprender que su propia posición de privilegio descansa en la explotación y la opresión de otros grupos sociales, no solamente en el pasado histórico sino también en la actualidad.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Nos vinculamos con el movimiento internacional por el clima a partir de nuestro objetivo de descolonizar las estructuras del activismo climático. Además, buscamos activamente entablar colaboraciones, y esto se refleja en los ejemplos que seleccionamos como la cara visible de nuestros proyectos y en las voces que intentamos amplificar. Tratamos de devolver poder y crear espacios donde las personas marginadas puedan contar sus propias historias y aportar sus conocimientos y soluciones a la crisis climática. Además, al construir y compartir conocimiento desde tantas perspectivas y con aportes de tantos académicos del sur global como sea posible, tratamos de ofrecer un contrapeso al etnocentrismo que impregna al intercambio de conocimiento en materia de gobernanza del clima, acción climática y ecologismo.

  ¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 logre avances en cuestiones climáticas?

  En el CAER esperamos que, aunque el escenario actual de la COP26 tiene la importante limitación de carecer de representación diversa, haya espacio para la expresión del conocimiento vital del sur global y para el involucramiento de un conjunto diverso de voces en la elaboración de políticas, de modo tal que la próxima ronda de objetivos tenga mayores matices y sea lo más interseccional posible.

  ¿Qué cambio les gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

  Esperamos que en un futuro próximo nuestro movimiento contra el racismo medioambiental crezca, y que esto nos permita tender puentes entre la corriente principal del movimiento climático y el movimiento antirracista danés, de modo de mitigar la crisis climática de una manera mucho más inclusiva y abierta a la diversidad y a la pluralidad de conocimientos, abarcando a diferentes sectores e instituciones de Dinamarca, así como del resto del mundo.

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  Póngase en contacto con el Colectivo contra el Racismo Ambiental a través de su cuenta deInstagram o enviando un correo electrónico a. 

• COP26: “Los tomadores de decisiones tienen objetivos nacionales pero los problemas son transnacionales”

  Al tiempo que la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la cumbre.

• COP26: “Mi esperanza reside en que la gente se una para exigir justicia”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Mitzi Jonelle Tan, una joven activista por la justicia climática basada en el área metropolitana de Manila, Filipinas, integrante de Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas y participante activa del movimiento internacional Viernes por el Futuro.

  ¿Cuál es el principal problema climático en tu comunidad?

  Filipinas padece numerosos impactos del cambio climático, desde sequías cada vez más largas y con mayor calor hasta tifones cada vez más frecuentes e intensos. Aparte de estos impactos climáticos -a los cuales no hemos podido adaptarnos y que nos dejan sin apoyos a la hora de afrontar las pérdidas y los daños-, también enfrentamos numerosos proyectos que son destructivos para el medio ambiente, a menudo emprendidos por empresas multinacionales extranjeras, que nuestro gobierno está permitiendo e incluso fomentando.

  Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas, la versión filipina de Viernes por el Futuro, aboga por la justicia climática y por que las voces de las personas de las comunidades más afectadas tengan espacio y sean escuchadas y amplificadas. Yo me convertí en activista en 2017, después de haber trabajado con líderes indígenas de Filipinas, porque este trabajo me hizo comprender que la única manera de lograr una sociedad más justa y más verde es a través de la acción colectiva conducente al cambio sistémico.

  ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

  Sí, al igual que cualquiera que se manifieste en contra de la injusticia y la inacción, nuestro gobierno, a través de sus troles a sueldo, designa como terroristas a los activistas: básicamente nos llama terroristas por exigir rendición de cuentas y presionar por un cambio. El hecho de ser activista por el clima va siempre acompañado de temor en Filipinas, el país que por ocho años consecutivos ha sido calificado como el más peligroso de Asia para las personas defensoras y activistas ambientales. Ya no se trata solamente de temor por los impactos climáticos, sino también de temor a que la policía y las fuerzas del Estado vengan a por nosotros y nos hagan desaparecer.

  ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

  Hago mucho trabajo de organización con la comunidad internacional, especialmente a través de Viernes por el Futuro - Personas y Áreas Más Afectadas, uno de los grupos del sur global de Viernes por el Futuro. Lo hacemos manteniendo conversaciones, aprendiendo unos de otros y creando estrategias juntos, todo ello mientras nos divertimos. Es importante que el movimiento global de jóvenes esté muy bien interconectado, que se una y exhiba solidaridad para poder abordar realmente el problema global de la crisis climática.

  ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

  Mi esperanza no reside en los mal llamados líderes, políticos que se han adaptado al sistema y lo han gestionado durante décadas para beneficio de unos pocos, normalmente del norte global. Mi esperanza reside en la gente: en los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para exigir justicia y poner en evidencia que este sistema enfocado en las ganancias que nos condujo a esta crisis no es el que necesitamos para salir de ella. Creo que la COP26 es un momento crucial y este proceso internacional tiene que resultar útil, porque ya hemos tenido 24 que no han aportado gran cosa. Estos problemas deberían haberse resuelto en la primera COP, y de un modo u otro tenemos que asegurarnos de que esta COP sea útil y resulte en cambios significativos, y no en más promesas vacías.

  ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

  El único cambio que pido es uno grande: un cambio de sistema. Tenemos que cambiar este sistema que prioriza la sobreexplotación del sur global y de los pueblos marginados en beneficio del norte global y de unos pocos privilegiados. El desarrollo bien entendido no debería basarse en el PBI y el crecimiento eterno, sino en la calidad de vida de las personas. Esto es factible, pero solamente si abordamos la crisis climática y todas las demás injusticias socioeconómicas que están en su raíz.

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  Póngase en contacto con Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a Mitzi Jonelle enTwitter eInstagram.

   

• COP26: “Se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de los responsables”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns (CEC) - Filipinas, una organización de la sociedad civil (OSC) que ayuda a las comunidades filipinas a afrontar desafíos medioambientales. Fundada en 1989 por iniciativa de organizaciones que representan a pescadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, personas que experimentan pobreza urbana y sectores profesionales, el CEC se dedica a la investigación, la educación, la incidencia y las campañas medioambientales. También integra la secretaría de la Red de Defensores del Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APNED), una coalición de organizaciones que trabajan solidariamente para proteger el medio ambiente y a sus defensores.

  ¿Cuál es el principal problema climático en tu país?

  El principal problema ambiental que enfrenta Filipinas actualmente es la proliferación de proyectos y programas destructivos del medio ambiente. Esta situación ha persistido e incluso empeorado durante la pandemia.

  Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que ya tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento. Un ejemplo de ello es el pueblo de Didipio, Nueva Vizcaya, en el norte de Filipinas, donde se renovó por 25 años más un acuerdo minero con la empresa australiano-canadiense OceanaGold. Las comunidades indígenas de Bugkalot y Tuwali ya sufren la falta de suministro de agua debido a la actividad minera y temen que esto empeore si dicha actividad continúa.

  Los proyectos de infraestructura también son una prioridad del gobierno, que afirma que estos contribuirán a mejorar la situación de la economía. Sin embargo, hay proyectos financiados con onerosos préstamos extranjeros que solo empeorarán la situación de la población local. Un ejemplo de ello es la represa de Kaliwa, financiada por China, en la provincia de Rizal, al sur de la isla de Luzón. La reserva invadirá los territorios ancestrales del pueblo indígena Dumagat, incluidos sus lugares sagrados, así como un área protegida.

  Otro ejemplo son las plantaciones de monocultivo que se encuentran sobre todo en las provincias de Mindanao. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas Lumad se han convertido en plantaciones de plátanos y piñas. Algunos residentes reportan enfermedades causadas por los productos químicos sintéticos utilizados en las plantaciones y muchos están siendo desplazados de sus tierras de cultivo.

  Estos son algunos ejemplos de proyectos prioritarios impulsados por el gobierno para conducirnos al llamado desarrollo. Sin embargo, es evidente que no mejoran realmente la situación de las comunidades locales, que en su mayoría ya se encuentran en situación de pobreza. Además, los recursos naturales del país en su mayoría no son explotados en beneficio de sus ciudadanos, ya que los productos extraídos se destinan a la exportación. Se benefician de ellos unas pocas empresas locales e internacionales. Los recursos naturales se utilizan para obtener beneficios y no para impulsar el desarrollo nacional.

  ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que realizan?

  El CEC trabaja con las comunidades locales, ya que creemos que las luchas medioambientales no pueden ganarse sin el esfuerzo conjunto de quienes sufren el impacto medioambiental. El verdadero poder proviene de las organizaciones de base. Las OSC como la nuestra y otros sectores deben apoyar sus esfuerzos, conectando las luchas locales para construir un fuerte movimiento medioambiental a nivel nacional e internacional.

  A causa del apoyo que brindamos a las comunidades locales, hemos enfrentado represalias. En 2007, Lafayette Mining Ltd, una empresa minera australiana, presentó una demanda por difamación contra el entonces director ejecutivo de CEC, ya que éste había denunciado los impactos de las actividades de la empresa. En 2019 y 2021, nuestra organización fue víctima de una práctica habitual mediante la cual el gobierno declara a personas y organizaciones como terroristas o comunistas. Lo hizo en represalia por las misiones humanitarias que realizamos tras un tifón y durante la pandemia. 

  También se nos amenazó con una redada policial en nuestra oficina, en represalia por ofrecer refugio a niños indígenas Lumad que se habían visto obligados a abandonar sus comunidades debido a la militarización, las amenazas y el acoso. Nuestras acciones de protesta pacífica suelen ser dispersadas violentamente por la policía y las fuerzas de seguridad privadas, y en 2019 un miembro del personal de nuestra organización fue detenido.

  Detrás de todos estos ataques están las fuerzas de seguridad del Estado junto con las fuerzas de seguridad privadas de las corporaciones. La policía y el ejército claramente se han convertido en parte de las fuerzas de seguridad de las corporaciones, utilizando medidas represivas para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Dado que muchos países, especialmente del sur global, están experimentando problemas medioambientales similares, reconocemos la necesidad de conectarnos con organizaciones de otros países. En 2015, el CEC se contó entre los convocantes de la Conferencia Internacional de los Pueblos sobre la Minería, que ofreció a personas defensoras del medio ambiente la posibilidad de aprender de las experiencias de los demás y coordinar campañas locales.

  El CEC también ayudó a crear la APNED, una red de campañas solidarias que provee apoyo mutuo para la realización de campañas, plantea los temas a nivel internacional, aboga por una mayor protección de las personas defensoras, realiza actividades de capacitación y facilita servicios. Creemos que la solidaridad entre personas defensoras es importante para ayudar a fortalecer los movimientos locales, así como la lucha internacional por nuestros derechos medioambientales.

  ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

  Incluso antes de la pandemia, existía preocupación por la inclusión de las personas defensoras del medio ambiente de base o en las primeras líneas en procesos internacionales tales como estas conversaciones sobre el clima. La falta de inclusión se hizo más evidente con la pandemia, ya que muchas OSC han tenido dificultades para asistir a causa de los requisitos y gastos adicionales. Además, sólo las organizaciones acreditadas pueden asistir a los actos oficiales, y son muy pocas las que están acreditadas. Asimismo, los informes de los gobiernos suelen estar muy alejados de la realidad. El empeoramiento de la crisis climática es la prueba de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.

  A pesar de ello, seguiremos participando en los eventos formales y paralelos de la COP26, con el objetivo de llamar la atención sobre la forma en que muchos países desarrollados y grandes empresas están profundizando la crisis climática mediante el acaparamiento de recursos y la explotación de los recursos naturales de los países pobres, exacerbando la pobreza existente, y de qué manera se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de su responsabilidad y falta de rendición de cuentas. También queremos destacar la importancia de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de nuestro entorno y la defensa de nuestros derechos medioambientales, y por lo tanto la necesidad de garantizar que no sufran más violaciones de sus derechos humanos por motivos políticos que les impidan realizar su importante labor.

  ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

  Esperamos que el marco capitalista orientado al beneficio cambie en Filipinas. Esto garantizaría el abordaje de los conflictos por los recursos, el mantenimiento de la protección del medio ambiente para el equilibrio ecológico, el establecimiento de auténticos programas de adaptación al cambio climático y la atención que los grupos vulnerables necesitan. Esto también supone responsabilizar a los países y a las empresas que contribuyen a la crisis climática y proporcionar apoyo a los países pobres para que puedan adaptarse.

  Elespacio cívico en Filipinas es calificado como “represivo”por elCIVICUS Monitor.
  Póngase en contacto con el Center for Environmental Concerns-Filipinas a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CEC_Phils en Twitter.

   

• COP26: “Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo”

  La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

  CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

  

  ¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

  Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

  En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

  Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

  En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

  Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

  Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

  ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

  Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

  Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

  Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

  ¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

  Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

  Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

  ¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

  Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

  Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

  ¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

  Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

  Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

  Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

  Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

  Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

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• COP26: “Sigue faltando conciencia de que necesitamos proteger el clima para protegernos a nosotros mismos”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Sascha Müller-Kraenner, director ejecutivo de Acción Medioambiental Alemania(Deutsche Umwelthilfe), una organización que promueve modos de vida sostenibles y sistemas económicos que respetan los límites ecológicos. Lleva más de 40 años defendiendo la conservación de la diversidad biológica y la protección del clima y los bienes naturales.

  

  Foto: Stefan Wieland

  ¿Cuál es el principal problema climático en su país?

  Alemania y Europa deben eliminar progresivamente el gas fósil para tener alguna esperanza de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC. Los políticos aún no aceptan esta realidad, y el debate público se ve enturbiado por el lobby del gas, que impulsa una campaña engañosa para presentar el gas fósil como limpio, barato y respetuoso del medio ambiente. Pero tomarse en serio la preservación del clima supone transformar todo el sistema energético, y en esta transformación el gas fósil no tiene cabida. Tenemos que dejar de subvencionarlo y de construir nuevas obras de infraestructura a su servicio.

  Las energías renovables y la eficiencia energética deben ampliarse masivamente para reducir la demanda de gas y generar energía limpia. En el sector de la calefacción, tenemos que prohibir la venta de nuevos calentadores de gas y sustituir los existentes por tecnologías sostenibles, tales como las bombas de calor, en lugar de ofrecer falsas soluciones como el hidrógeno.

  La aparición de los llamados “gases verdes”, como el hidrógeno, supone una amenaza y una oportunidad en este sentido, y el diseño de una normativa adecuada para un futuro neutro desde el punto de vista climático es un desafío fundamental. Como el suministro de hidrógeno verde será muy limitado, ya que su producción es muy costosa, tenemos que utilizarlo solamente en los sectores que son más difíciles de descarbonizar, como los procesos industriales de alta temperatura, más que para la calefacción o el transporte, donde hay otras opciones disponibles.

  ¿De las devastadoras inundaciones que sufrió Alemania en julio, han resultado un mayor reconocimiento de la crisis climática y una mayor voluntad de actuar?

  Un mayor reconocimiento, sí. Las inundaciones fueron atribuidas por la mayoría, y con razón, al cambio climático. Sin embargo, el debate no ha cambiado mucho una vez superada la crisis inmediata. El gobierno tuvo que comprometer 30.000 millones de euros (unos 35.000 millones de dólares) para reparar los daños causados por las inundaciones y reconstruir las regiones afectadas. Sin embargo, en el contexto de las elecciones federales, la política climática fue debatida como un “costo” que la sociedad tiene que pagar por razones altruistas.

  Presentar la política climática como contrapuesta al desarrollo económico es una falsa dicotomía. La verdad es que debemos reducir las emisiones, incluso en las áreas donde resulta difícil, precisamente para evitar que eventos terriblemente costosos como las inundaciones y las sequías sean cada vez más frecuentes. Sigue faltando esta conciencia de que necesitamos proteger el clima para protegernos a nosotros mismos.

  ¿Hasta qué punto la crisis climática estuvo presente en la campaña electoral de octubre, y cómo está presionando el movimiento climático al posible nuevo gobierno para que haga más en ese sentido?

  Según las encuestas, el cambio climático fue el tema más importante de las elecciones. Esto se debe, en parte, a la frustración con el gobierno saliente de “gran coalición”, que se mostró complaciente con la crisis climática, incapaz de alcanzar sus propios objetivos y poco dispuesto a tomar decisiones de gran alcance en áreas críticas como las energías renovables, la construcción, el transporte y la agricultura.

  El movimiento por el clima, y en particular el de Viernes por el Futuro, se ha fortalecido mucho desde las elecciones de 2017. La juventud está movilizada y mantendrá la presión porque teme, y con razón, por su futuro. Es muy probable que el partido de los Verdes forme parte del nuevo gobierno tras conseguir el mejor resultado electoral de su historia. Esto es un buen augurio para la política climática así como para el ejercicio de influencia por parte del movimiento por el clima. El Partido Verde es, de lejos, el más experto y dispuesto a adoptar una política climática ambiciosa, y también el más abierto a las preocupaciones del movimiento por el clima.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Deutsche Umwelthilfe se vincula con el movimiento por el clima en Europa a través de su membresía en asociaciones paraguas como Climate Action Network-Europe y European Environmental Bureau. Participamos regularmente junto con nuestros socios europeos en intercambios y grupos de trabajo sobre diversos temas, tales como la eliminación progresiva del gas, la regulación de las emisiones de metano, el financiamiento sostenible y la calefacción sustentable.

  ¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentra a este tipo de procesos internacionales?

  No hay duda de que la cooperación internacional es crucial si queremos limitar el calentamiento global de forma efectiva, y el Acuerdo de París es testimonio de ello. Sin embargo, desde el inicio de la serie de reuniones de la Conferencia de las Partes hemos visto un aumento continuo de las emisiones a nivel global. Muchos también critican estos eventos porque están fuertemente patrocinados por la industria y, por lo tanto, sus resultados están algo inclinados en dirección de las expectativas de la industria.

  Así, los procesos internacionales son, por un lado, cruciales, pero, por otro, son también una oportunidad para que la industria de los combustibles fósiles gane, o al menos conserve, su reputación como parte de la solución a la crisis climática, al tiempo que en muchos casos continúa impidiendo que se produzcan avances.

  Por lo tanto, debemos tener cuidado al considerar de manera realista los resultados que pueden surgir de la COP26. Espero que se avance en compromisos de reducción de emisiones para estar en condiciones de cumplir el Acuerdo de París. Pero será necesario que la sociedad civil exija e implemente los cambios necesarios, independientemente del resultado de la COP26. Nosotros somos y seguiremos siendo parte de ese cambio.

  ¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

  En los últimos años hemos sido testigos de los increíbles esfuerzos realizados por la generación joven para que por fin se actúe en consonancia con las promesas hechas en el Acuerdo de París. Sin embargo, con demasiada frecuencia los responsables de la toma de decisiones hacen caso omiso de sus conocimientos y demandas en torno a la crisis climática y, en cambio, siguen actuando como de costumbre. Creo que todos nos beneficiaríamos si la juventud tuviera mayor influencia en los procesos de toma de decisiones con potencial para detener el calentamiento global.

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• COP26: “Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido”

   En portugues

  Mientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.

  CIVICUS conversa con Daniel Gutiérrez Govino, fundador de la Brigada de Incendios Forestales de Alter do Chão, un grupo que trabaja para prevenir, combatir y promover la coordinación sociopolítica contra los incendios en la selva amazónica en el estado de Pará, Brasil. Daniel también es cofundador del Instituto del Acuífero de Alter do Chão, institución que promueve proyectos sociales en la localidad de Alter do Chão, municipio de Santarém, estado de Pará.

  ¿Qué le llevó a convertirse en defensor del medio ambiente?

  Sentí la urgencia de trabajar para mantener al planeta viable para los seres humanos y otras especies. Me conmovió, y lo sigue haciendo hoy, la posibilidad de que los seres humanos reviertan sus acciones y su forma de pensar sobre nuestro papel en la naturaleza. Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido.

  ¿Qué hace la Brigada Alter do Chão?

  Trabajamos desde 2017 para prevenir y combatir los incendios forestales en Alter do Chão, en el municipio de Santarém, en el norte de Brasil. Reunimos a un grupo de voluntarios de la comunidad que, con gran valentía, han trabajado para proteger la biodiversidad, a la población de Alter do Chão y a la región de los incendios forestales. Para ello, recibimos formación del Cuerpo de Bomberos Militares, la Defensa Civil y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra. Hemos formado a nuevos brigadistas y promovido la coordinación sociopolítica y la comunicación con las comunidades locales.

  ¿Qué restricciones han enfrentado en respuesta a su activismo ambiental?

  En el caso de la Brigada de Alter do Chão, yo y otros tres brigadistas fuimos detenidos en 2019 bajo acusaciones infundadas de provocar incendios en un área de protección ambiental. Nuestro trabajo fue criminalizado porque propone soluciones y exige una transformación del contexto político local.

  Además, el contexto nacional actual es hostil para la sociedad civil organizada. Hemos sido chivos expiatorios en una narrativa que pretendía criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, en un momento en que el presidente del país y sus partidarios intentaban culpar a la sociedad civil del dramático aumento de los incendios forestales.

  También he enfrentado resistencias al intentar promover cambios en las políticas públicas actuales en el microcosmos de Santarém. El conservadurismo político y social socava todo movimiento que pretenda impulsar agendas progresistas. El gobierno, la policía civil y la élite local rechazan el activismo ambiental atacando nuestro trabajo. Hemos tenido suerte y nuestro privilegio nos ha mantenido con vida, pero los activistas de la Amazonia están permanentemente amenazados de violencia y muerte. No es una región segura para quienes luchan por la libertad y la justicia.

  ¿Qué tipo de apoyo recibieron cuando fueron criminalizados?

  Cuando nos detuvieron recibimos toda clase de apoyos, a nivel tanto nacional como internacional. El principal apoyo provino de los abogados penalistas pro-bono del Proyecto Libertad, que aún hoy nos acompañan. Pero también recibimos apoyo de instituciones nacionales como Proyecto Salud y Alegría y Conectas, así como de organizaciones internacionales como WWF Brasil, Artículo 19, Front Line Defenders y muchas otras.

  Salimos de la cárcel a los pocos días gracias a la actuación de estas redes de incidencia y protección. Sin embargo, el proceso penal contra nosotros continuó y ya lleva dos años, aunque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones en nuestra contra. A nivel federal, la investigación policial se cerró; sin embargo, las autoridades del estado de Pará han insistido en sus acusaciones. Recientemente, la fiscalía federal impugnó la competencia de la causa judicial, pero durante meses el proceso ha seguido dando vueltas en la justicia brasileña. Parte de nuestro equipo sigue estando confiscado hasta el día de hoy. Ya no tengo esperanzas de que se haga justicia.

  A pesar de todo, creo que la sociedad civil brasileña está saliendo fortalecida. Nuestro socio Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, que también trabaja en Alter do Chão, dice que se trata de algo así como un efecto búmeran. Creo que esta apreciación es brillante. Ellos nos atacan, y sus ataques nos hacen más fuertes.

  ¿De qué vías disponen los activistas de su región para buscar protección y apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan de la sociedad civil y de la comunidad internacional?

  Lo principal es conocer las redes de apoyo disponibles y coordinarse con ellas antes de que ocurra algo malo, es decir, coordinarse preventivamente. Esto incluye a instituciones nacionales e internacionales como las que nos apoyaron. Pero, sobre todo, es fundamental conocer las redes de apoyo locales.

  Los tipos de apoyos necesarios son específicos y dependen mucho de cada región. Brasil tiene un tamaño continental y las necesidades del sur, por ejemplo, no son las mismas que las de la Amazonia. Ni siquiera se puede decir que la Amazonia sea una región, porque es, de hecho, un continente con particularidades en cada región. Pero son estas redes las que pondrán en contacto a los que necesiten apoyo con los que puedan ayudar.

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• COP26: “Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Mubiru Huzaifah, de la Organización Cristiana Ecológica (ECO) de Uganda, una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja para asegurar medios de vida sostenibles a los grupos marginados, desatendidos y vulnerables de Uganda. Sus iniciativas en curso se centran en la gobernanza de los recursos naturales, la resiliencia y la adaptación al cambio climático y la gestión y restauración de los ecosistemas.

  ¿Cuál es el problema climático en el cual actualmente se centra su trabajo?

  El tema que más nos preocupa son los altos niveles de vulnerabilidad que el cambio climático está generando en los sistemas humanos. El cambio de largo plazo de los elementos climáticos con respecto a los niveles previamente aceptados está provocando cambios en los sistemas medioambientales y humanos. Según los informes sobre el estado del medio ambiente publicados por la Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental de Uganda, los principales problemas relacionados con el cambio climático son la contaminación industrial, la quema indiscriminada de vegetación, el uso ineficaz de los combustibles y la mala planificación de las redes de transporte, todo lo cual genera altos niveles de emisiones.

  ¿Existen iniciativas gubernamentales para mitigar el cambio climático?

  Hay un proyecto de mitigación que está implementando el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, denominado Mejoramiento de los Ingresos Agrícolas y Conservación de los Bosques, que reparte gratuitamente plántulas que son plantadas para mejorar la capacidad de absorción del suelo. También está el Plan de Subvenciones a la Producción de Aserrín, cuyo objetivo es aumentar los ingresos de la población rural mediante la plantación de árboles comerciales por parte de las comunidades locales y de medianas y grandes empresas, lo que al mismo tiempo contribuye a mitigar los efectos del cambio climático mediante la reforestación intensiva. También hay varios proyectos de energía solar en los distritos de Mayuge, Soroti y Tororo, que han aumentado la producción de energía solar del país, y un proyecto de humedales apoyado por el Fondo Verde para el Clima, que busca conservar los humedales y detener su degradación.

  Otras intervenciones relevantes son la puesta en marcha de sistemas de flujo de agua por gravedad para facilitar el suministro de agua sin utilizar fuentes de energía; el desarrollo de carreteras con canales de drenaje de agua y luces solares y el desarrollo de redes de carreteras libres de atascos que permitan un tráfico fluido y ayuden a reducir las emisiones de los automóviles; y la adopción de motocicletas eléctricas o libres de emisiones para reducir aún más las emisiones resultantes del uso de combustibles fósiles, tema en que el Ministerio de Energía está trabajando junto con el sector privado.

  ¿Qué tipo de trabajo realiza ECO en estos temas?

  El trabajo de ECO apunta a aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, a reducir los riesgos de desastres, a mejorar la gobernanza y la gestión de los recursos naturales, especialmente en el sector extractivo, y a promover la gestión y restauración de los ecosistemas.

  Por ejemplo, en el marco de un proyecto que busca promover y apoyar a las zonas conservadas por las comunidades en la cuenca del lago Victoria, hemos prestado apoyo a prácticas de pesca legal, desarrollado e impartido formación sobre la promoción de la agricultura sostenible y apoyado buenas prácticas de gobernanza de los recursos locales. Tenemos otro proyecto que busca aumentar la transparencia, la inclusión social, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de las empresas mineras en la región de Karamoja.

  En estos y en muchos otros proyectos en que trabajamos, siempre buscamos impulsar el cambio poniendo en el centro a las personas en riesgo y aprovechando los recursos y conocimientos locales y tradicionales. Intentamos vincular los ámbitos de la acción humanitaria y la labor de desarrollo centrándonos en los medios de subsistencia. Trabajamos para garantizar una planificación adaptativa, tratando de vincular las realidades locales con los procesos globales e integrar disciplinas y enfoques para abarcar diferentes riesgos. Para ello trabajamos en conjunto con comunidades, OSC, organismos gubernamentales, universidades e institutos de investigación, entidades del sector privado y medios de comunicación.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Nos vinculamos con el movimiento climático global a través de la Red de Acción Climática-Uganda, que incluye a más de 200 OSC nacionales. Actualmente nosotros la presidimos. Esto nos permite participar como observadores en las reuniones de la COP.

  También participamos en las reuniones consultivas previas a la COP organizadas por el gobierno ugandés para preparar las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. En estas reuniones, ayudamos a evaluar los avances realizados en la lucha contra el cambio climático y en materia de cumplimiento de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional.

  Convertimos nuestras lecciones aprendidas en acciones de incidencia que pueden adaptarse a los foros internacionales sobre el cambio climático. Algunos problemas locales pueden alimentar la agenda nacional, convertirse en acciones de política pública y pasar a influir en las políticas internacionales.

  ¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 produzca avances en materia de mitigación del cambio climático?

  Esperamos que de la COP26 surja una nueva plataforma de comercialización para el comercio de emisiones que sustituya al Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permitía a los países con un compromiso de reducción o limitación de emisiones en virtud del Protocolo de Kioto poner en marcha proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo. También esperamos que se comprometan más fondos para acelerar la difusión de energías renovables.

  Estos procesos internacionales son relevantes siempre que contribuyan a la financiación de los esfuerzos de mitigación del cambio climático y produzcan estrategias de financiación novedosas, como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación y su programa piloto para fomentar la innovación en las prácticas de adaptación de los países vulnerables. Viniendo de un país en vías de desarrollo, creo que es fundamental aumentar inmediatamente el financiamiento de medidas de adaptación, ya que los impactos perturbadores del cambio climático sobre los sistemas humanos ya son evidentes.

  ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

  Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario. Nuestra visión es la de una comunidad con mayor capacidad de adaptación para hacer frente a los impactos del cambio climático y sus efectos ulteriores. Esto puede hacerse aumentando el acceso a tecnologías y proporcionando financiamiento para la mitigación y la adaptación a través de estructuras comunitarias.

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• COVID-19: ‘Los refugiados pagaron un precio mayor en una crisis que se creyó que afectaba a todos por igual’

  CIVICUS conversa sobre la situación de los refugiados del clima y los crecientes desafíos enfrentados durante la pandemia del COVID-19 con Amali Tower, fundadora y directora ejecutiva de Climate Refugees. Fundada en 2015, Climate Refugees defiende los derechos de las personas desplazadas y obligadas a migrar, incluso a través de las fronteras, como consecuencia del cambio climático. Documenta sus casos para arrojar luz sobre las brechas de protección y los vacíos legales y aboga por la adopción de soluciones con perspectiva de derechos humanos y la creación de normas y políticas que protejan a las personas afectadas por la migración y el desplazamiento impulsados por el cambio climático.

  

  Su organización se llama Climate Refugees (“refugiados del clima”) aunque actualmente el término no tiene respaldo en el derecho internacional. ¿A qué se debe esta elección? ¿Piensa que esta categoría debería ser oficialmente reconocida?

  Es verdad, el concepto no existe en el derecho internacional, pero los factores que impulsan la migración están cada vez más entrelazados, como se ha observado en el caso de las personas refugiadas y desplazadas internamente por efecto de conflictos y persecuciones. No es diferente en el contexto de la migración climática, que para millones de personas no es un problema puramente ambiental, sino una cuestión de justicia. Para muchas poblaciones que dependen de la tierra, los cambios climáticos tienen efectos sobre la supervivencia y los medios de vida, con impactos que exceden con creces lo individual, ya que afectan a la familia, la comunidad, la producción y las empresas locales. De modo que, antes de ser un factor que contribuye a la migración, el clima es un factor que durante años provoca profundas pérdidas y sufrimientos, se expresa en pérdidas económicas y tiene ramificaciones políticas. Esto se observa, por ejemplo, entre los agricultores de subsistencia del África subsahariana, de América Central y de muchas otras regiones. En este contexto, una persona desplazada por los impactos del cambio climático es al mismo tiempo desplazada por factores económicos y políticos, dado que en muchos países la situación política y los sistemas económicos tienen una gran vinculación con la situación del medio ambiente.

  Además, es importante recordar que los impactos del cambio climático y la migración y el desplazamiento provocados por el clima no son riesgos futuros. Se trata de una realidad que muchas personas ya están experimentando, y que se está manifestando en algunos de los sitios más frágiles del mundo y está siendo padecida por poblaciones empobrecidas y vulnerables que casi no han tenido responsabilidad alguna en la generación del cambio climático.

  Por eso abordamos el tema como una cuestión de igualdad y justicia. Habiendo trabajado durante mucho tiempo en la protección de personas refugiadas, habiendo entrevistado y proporcionado servicios a innumerables refugiados que huían del conflicto y la persecución, como lo establece la definición legal, soy plenamente consciente de la controversia y la reacción que esto puede provocar. Me costó tomar esta decisión, pero en última instancia, no pude reconciliar la definición legal con años de testimonios de personas que huían por razones diversas y que resaltaban entre sus motivaciones el impacto de años de devastación ambiental más que la guerra que todos sabíamos que estaba ocurriendo.

  De modo que finalmente nos decidimos por el término “refugiados climáticos” o “refugiados del clima” para provocar una discusión. Para enfatizar la responsabilidad política por el cambio climático. Para generar conciencia sobre los dispares impactos del cambio climático, que sobre algunas personas son letales. Para contribuir a las políticas públicas, provocarlas y desafiarlas. Para subrayar las necesidades escuchando la voz de las personas afectadas y para ayudarles a conseguir protección legal. En definitiva, para presentar esto como una cuestión de igualdad.

  En el terreno de las migraciones hay mucha discusión –hay quienes dirían que confusión- en materia de terminología. No hay consenso sobre los términos apropiados, por lo que se utilizan términos diversos, tales como “migración inducida por el clima” y “migrantes ambientales”.

  Creo que debemos tener cuidado de no simplificar el mensaje. Pero tampoco debemos emplear una terminología demasiado técnica sobre los temas de fondo y el sufrimiento que tantas personas de carne y hueso están experimentando. Debemos ayudar a los formuladores de políticas y a la ciudadanía a comprender que toda situación compleja supone una cantidad de factores coadyuvantes. A menudo las personas se han trasladado, convirtiéndose en refugiadas, como consecuencia de conflictos y sequías; basta con mirar el caso de Somalia. Otras personas se trasladan en busca de seguridad y mejores oportunidades para ganarse la vida, como lo estamos viendo en el caso de Centroamérica.

  Debemos dejar en claro que la línea divisoria entre migración “forzada” y “voluntaria” es a menudo malinterpretada, si es que no se trata de una falsa dicotomía.

  En resumen, utilizamos la expresión “refugiados del clima” para llamar la atención sobre la responsabilidad política de los países ricos y de ciertas industrias a la hora de garantizar acceso a la justicia, compensación, protección e igualdad en todos los niveles, porque las soluciones también deben ser multifacéticas.

  ¿Qué tipo de trabajo hace Climate Refugees?

  Climate Refugees es una organización de investigación e incidencia que produce informes a partir del trabajo de campo y se involucra en la formulación de políticas para examinar el cambio climático a través de una lente humana y ayudar a incluir y amplificar las voces de las comunidades cuyos medios de vida y seguridad han sido afectados y que han sido desplazadas u obligadas a migrar. De lo contrario, la conversación sobre el cambio climático seguiría siendo fría y abstracta, en vez de centrarse en los impactos que tiene sobre comunidades enteras y sobre seres humanos de carne y hueso.

  Además de producir informes en los sitios críticos de desplazamiento climático, educamos y contribuimos a generar conciencia acerca de los impactos del cambio climático sobre la movilidad humana en tiempo real y en formas no siempre exploradas, a través de dos publicaciones: EN FOCO: El desplazamiento climático en las noticias (SPOTLIGHT: Climate Displacement in the News) que, como su nombre lo indica, es un resumen actual de noticias globales y análisis de expertos acerca de los impactos del cambio climático sobre las migraciones, los derechos humanos, las leyes y políticas, los conflictos y la seguridad; y PERSPECTIVAS: El desplazamiento climático en el terreno (PERSPECTIVES: Climate Displacement in the Field), que incluye artículos sobre una variedad de temas relacionados con las migraciones y los desplazamientos inducidos por el clima, con opiniones de expertos e historias en primera persona.

  El objetivo que perseguimos con estas publicaciones es ofrecer información y presentar historias de personas migrantes y desplazadas y análisis experto a través de una lente de justicia climática que resalte los impactos desproporcionados del cambio climático sobre las poblaciones marginadas y desfavorecidas que son las menos responsables del cambio climático. Creo que, en gran medida, fundé esta organización para poder tener la conversación que creo que muchos de nosotros queremos tener, en torno de la idea de que estamos ante todo frente a una cuestión de justicia e igualdad y de que nuestras soluciones deberían derivarse de esa constatación.

  ¿Se han visto las personas refugiadas por el clima particularmente afectadas por la pandemia del COVID-19 y las restricciones derivadas de ella? ¿Qué se está haciendo al respecto?

  La pandemia del COVID-19 proporciona un buen ejemplo de un aumento de las violaciones de derechos en un contexto de crisis, y una refutación enfática de la afirmación de que “estamos todos en el mismo barco”. Las personas migrantes y refugiadas ciertamente pagaron un precio más alto durante una pandemia global que muchos creyeron que afectaba a todos los seres humanos por igual. Es difícil lograr mantener la distancia social cuando se es una persona desplazada que vive en condiciones de hacinamiento en un asentamiento, ya sea formal o informal, urbano o rural, ya sea que se trate de un campamento de refugiados o de viviendas provisorias para migrantes. A las personas migrantes y refugiadas les fueron negados la libertad de movimiento, el derecho a la salud y el derecho a la información en un grado más alto que a otras poblaciones, y experimentaron más impedimentos para acceder a sus derechos.

  No se trata de señalar a ningún país en particular, porque el punto es que las poblaciones vulnerables que durante la pandemia deberían haber recibido mayores protecciones, en casi todas partes se volvieron, por el contrario, más vulnerables. En el Líbano, las personas refugiadas fueron sometidas a restricciones más estrictas de toque de queda, que incluso impidieron su acceso a tratamiento médico. En el asentamiento de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, las personas refugiadas rohingya fueron forzadas a permanecer en el campamento y se les negaron los derechos a la comunicación y a la salud. En muchos países donde se hacinan en viviendas precarias, como ocurre en Malasia, muchas personas migrantes fueron detenidas. Estados Unidos les negó a las personas solicitantes de asilo el derecho a solicitar asilo y violó el principio de no devolución, retornándolas a la frontera sin audiencia previa, deportando a solicitantes de asilo cuyos tests de COVID-19 dieron positivo y exportando en ese acto el virus a Haití y a Centroamérica. Estados Unidos continúa deteniendo a miles de personas, mayoritariamente procedentes de Centroamérica, que huyen no solamente de la violencia y la persecución sino también de los impactos del cambio climático, negándoles la libertad de movimiento y, posiblemente, en algunos casos también los derechos a buscar asilo, al debido proceso y a la salud.

  Cuando el ciclón Amphan estaba a punto de azotar la Bahía de Bengala en mayo de 2020, en el punto más álgido de la pandemia, las poblaciones de las zonas afectadas fueron reubicadas antes del desastre, lo cual salvó vidas, pero también significó que el distanciamiento social no se pudo implementar en el contexto del desplazamiento y la vulnerabilidad frente al virus pasó a ser una gran preocupación.

  Me temo que la situación no será diferente a medida que la crisis climática empeore. Ésta afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del mundo y, una vez más, nos encontraremos en una situación en la que debería ser pertinente pensar que estamos todos en el mismo barco, pero nuevamente nos daremos cuenta de que algunos de nosotros tenemos los medios para escapar de la peor parte de los impactos del cambio climático, mientras que otros cuentan con protecciones sociales limitadas mientras que muchos otros, que ya están en la pobreza extrema y al margen de la sociedad, caerán más abajo y no podrán huir de los múltiples impactos en todos los niveles.

  ¿Está el tema del desplazamiento climático recibiendo suficiente atención? ¿Se ha logrado algún progreso en la conformación de un marco legal internacional que proteja a las personas desplazadas por el cambio climático?

  Sin duda, estamos viendo que los medios prestan más atención a los impactos del cambio climático, entre ellos las migraciones. Pero a medida que el tema se convierte en parte de la conversación cotidiana, también existe la posibilidad de que se pierdan matices importantes. Yo diría que se han logrado algunos avances en el área del desplazamiento climático, es decir, de los desplazamientos que se producen como resultado de desastres tales como inundaciones y tormentas. Tenemos datos que nos dicen cuántas personas son desplazadas cada año por desastres -un promedio de alrededor de 25 millones- y comprendemos mejor la naturaleza y las determinaciones causales de estos desplazamientos.

  Pero la migración climática es mucho más complicada, ya que los factores que impulsan esta migración, ya sea interna o a través de las fronteras, están cada vez más entrelazados. Y cuando hay múltiples factores en juego, es difícil desentrañar qué papel juega cada uno de ellos, o en qué medida el fenómeno resultante, en este caso la migración, puede atribuirse a una causa determinada, en este caso al cambio climático. La ciencia y la tecnología en el área de la atribución climática están mejorando, lo que permite a los expertos determinar cada vez mejor la medida en que el cambio climático es un factor relevante en cada situación. Pero en términos generales, en muchas partes del mundo el medio ambiente también es un problema económico y político, por lo que por el momento es correcto afirmar que el cambio climático está contribuyendo grandemente a las migraciones.

  Dicho esto, gran parte de la discusión sobre el marco legal se estanca en conversaciones que giran en torno del hecho de que las migraciones son en gran parte internas, así como en proyecciones de desplazamientos apocalípticas. El sistema internacional duda en impulsar conversaciones que conviertan aún más a las migraciones en un tema de seguridad y los estados se resisten a asumir compromisos que brinden mayores protecciones a las personas migrantes o refugiadas.

  Entonces, por ahora los avances se limitan a compromisos no vinculantes por parte de los estados bajo la forma Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que incluye algunas medidas relacionadas con la migración ambiental a través de las fronteras. La Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres es una iniciativa liderada por estados que hace un buen trabajo a la hora de proteger a las personas desplazadas a través de las fronteras a causa de desastres y del cambio climático.

  A principios de este año el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió revisar el caso de una persona de Kiribati que afirmaba ser “refugiada climática”. Había llevado su caso ante dicho órgano de derechos humanos con el argumento de que el hecho de que Nueva Zelanda denegara su solicitud de asilo violaba su derecho a la vida en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ONU estableció que los países no pueden deportar a personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático que violan su derecho a la vida.

  ¿Qué debería hacerse para que el problema sea no solamente reconocido sino también mitigado?

  Hay quienes temen que alertar sobre una inminente crisis migratoria provocada por el cambio climático podría tener el efecto de alimentar la hostilidad y la xenofobia contra las personas migrantes y refugiadas. Si bien entiendo el argumento y reconozco que el riesgo es real, también creo que es igualmente cierto que, para las personas xenófobas y hostiles hacia migrantes y refugiados, cuál sea el motivo que lleva a la gente a migrar no es relevante. De modo que cuando hablamos de estas cosas debemos preocuparnos por encontrar un delicado equilibrio, ya que realmente no sabemos cómo resultará, pero lo que sí sabemos es que las trayectorias y las perspectivas no suelen ser tan buenas, falta voluntad política y la cuestión no suele abordarse desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en la protección de las comunidades afectadas, entre ellas las personas migrantes. En ese sentido, no se trata de ser alarmistas con los números, sino más bien de hacer sonar la alarma respecto de la necesidad de hacer mejor las cosas para llenar vacíos vitales en materia de derechos y protecciones.

  Se suele poner demasiado el acento en cómo no deberíamos llamar a estas personas, cómo no deberíamos enmarcar el tema, pero en cambio no se presta suficiente atención a cómo deberíamos proteger a las poblaciones vulnerables.

  Los países que ya tenían un problema de pobreza extrema ahora están luchando también contra condiciones climáticas extremas, y hay en este punto una enorme injusticia subyacente, en la medida en que no se reconoce que el cambio climático no fue provocado por todos por igual, y que sus impactos tampoco serán experimentados por todos por igual.

  Se podría hacer mucho más en materia de adaptación. La adaptación es muy costosa y los países que soportan el grueso de los impactos del cambio climático no están en condiciones de asumir también sus costos financieros. Muchos expertos regionales afirman que gran parte de la financiación internacional que se les destina se centra en la mitigación de los efectos del cambio climático más que en la adaptación.

  Tenemos que desarrollar la resiliencia de las comunidades para resistir los efectos del cambio climático y, en algunos contextos, esto también podría suponer la construcción de instituciones de gobernanza, instituciones públicas y capacidades para resistir frente a las fuertes presiones de los impactos del cambio climático sobre las sociedades.

  La adaptación puede requerir innovación, desarrollo de infraestructura y cambios sociales, todo lo cual puede ser muy costoso, y la planificación de la adaptación debe respetar los derechos humanos y habilitar opciones, incluida la opción de migrar, que tampoco es necesariamente una “opción” enteramente voluntaria. El punto es que el establecimiento de caminos seguros para migrar, cuando las condiciones no permiten que la gente se quede, es una forma de salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones afectadas por el cambio climático.

  ¿Se están estableciendo suficientes conexiones entre los esfuerzos de promoción de los derechos de migrantes y refugiados y el activismo climático?

  Desde mi perspectiva, daría la impresión de que existen pocas conexiones entre estos dos movimientos y pienso que hay un gran potencial para una labor de incidencia conjunta más fuerte. Por ejemplo, el solo hecho de ampliar la conversación sobre la migración climática y convertirla en el debate de un movimiento más que en una conversación sobre investigación y política pública, sería un paso adelante en el involucramiento de la ciudadanía en una cuestión que me temo que para mucha gente es demasiado difícil de entender, por no decir de abordar.

  Al mismo tiempo, existe un público preocupado e interesado que desea ser parte de la solución. De modo que, al mismo tiempo que tratamos de contribuir a las políticas públicas, nos esforzamos para que la información sea más accesible de modo de poder involucrar y unir al movimiento con la ciudadanía para abordar el problema como una cuestión de justicia climática, ya que así es como lo vemos.

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• NACIONES UNIDAS: ‘Ahora la regulación ambiental deberá guiarse por un enfoque de derechos humanos’

  CIVICUS conversa con Victoria Lichet, directora ejecutiva de la Coalición del Pacto Mundial, sobre la resolución recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en tanto que derecho humano.

  La Coalición del Pacto Mundial reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC), activistas, artistas, abogados y científicos que abogan por la adopción del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, un proyecto de tratado internacional que apunta a consagrar una nueva generación de derechos y deberes fundamentales relativos a la protección del medio ambiente, y especialmente el derecho a un medio ambiente sano.

  ¿Qué relevancia e implicaciones tiene la reciente resolución de la AGNU sobre el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible?

  La adopción de una resolución sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible por parte de la AGNU, el órgano legislativo de la ONU, que incluye a todos sus Estados miembros, es una victoria histórica para la protección del medio ambiente. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano universal convierte a la protección del medio ambiente en un aspecto fundamental de la protección de los derechos humanos. Es un paso importante hacia la introducción de una perspectiva de derechos humanos en el litigio ambiental, ya que integra normas de derechos humanos en los asuntos ambientales.

  Además de reconocer el derecho a un medio ambiente sano en tanto que derecho de todas las personas, el preámbulo de la resolución afirma claramente el vínculo entre un medio ambiente sano y los derechos humanos. La AGNU reconoce que “los daños ambientales tienen repercusiones negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.

  Aunque las resoluciones de la AGNU no son jurídicamente vinculantes, esta resolución es un fuerte mensaje político de gran contenido simbólico. Desempeñará un papel importante en la formación y el fortalecimiento de normas, leyes, estándares y políticas ambientales internacionales más sólidas. De ese modo, necesariamente mejorará la eficacia general del derecho ambiental y catalizará nuevas acciones ambientales y climáticas. Esto también demuestra que el multilateralismo todavía tiene un rol que desempeñar en el derecho ambiental internacional.

  ¿Qué papel desempeñó la sociedad civil en el proceso que culminó con esta resolución?

  Esta resolución fue el resultado de meses de movilización por parte de OSC y organizaciones de pueblos indígenas (OPI), entre ellas la Coalición del Pacto Mundial. Bajo el inspirador liderazgo del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, y su predecesor, John Knox, la coalición de OSC y OPI pudo llegar a los gobiernos a través de correos electrónicos y cartas para informarles mejor sobre la importancia del derecho a un medio ambiente sano. También hizo campañas en las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre el proceso.

  El grupo de países que lideró esta iniciativa, formado por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza, fue un gran apoyo y comunicó sobre cada paso relativo al avance de la resolución. Estamos muy agradecidos por su liderazgo.

  ¿Considera que el texto final de la resolución refleja plenamente los aportes de la sociedad civil?

  El texto final de la resolución mayormente refleja las expectativas de la sociedad civil. En el curso de la negociación, algunos Estados lograron eliminar algunos párrafos. Por ejemplo, el primer borrador decía que el derecho a un medio ambiente sano estaba relacionado con el derecho a la vida y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Pero el borrador final también incluía párrafos adicionales en los cuales, por ejemplo, se mencionaba a “empresas y otras partes interesadas” en el llamamiento a adoptar políticas de cooperación internacional para aumentar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano.

  En términos generales, el principal objetivo de la sociedad civil era que se reconociera el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano para todas las personas, y esto, obviamente, quedó plenamente reflejado en el texto final. Se trata, pues, de una victoria histórica de la sociedad civil.

  ¿Qué medidas deberían adoptar los Estados para hacer efectivo el derecho reconocido en la resolución?

  El reconocimiento debe combinarse con políticas públicas nacionales y regionales sólidas y ambiciosas que pongan en marcha mecanismos para reforzar la protección del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y el disfrute de sus restantes derechos humanos. A partir de ahora, los Estados deberán adoptar un enfoque de derechos humanos en la regulación ambiental, así como mejores políticas de energía renovable y economía circular.

  Como lo expresó el relator especial David Boyd, el reconocimiento internacional del derecho a un medio ambiente sano debe alentar a los gobiernos a revisar y reforzar sus leyes y políticas ambientales y a mejorar su implementación y cumplimiento.

  ¿Qué debería hacer la sociedad civil a continuación?

  Ahora la sociedad civil debe abogar por instrumentos más sólidos y ambiciosos para proteger el medio ambiente, nuestro derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ahora que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido a nivel internacional, debemos introducir derechos y deberes adicionales que nos lleven aún más lejos en el camino de la protección del medio ambiente.

  La resolución de la AGNU podría ser la base de un instrumento internacional más amplio sobre el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ya disponemos de modelos ambiciosos que podrían utilizarse en estas futuras negociaciones, tales como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente y el proyecto de pacto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la mayor red ambiental global.

  El desplazamiento del “derecho blando” al “derecho duro” -en este caso, de la resolución no vinculante de la AGNU a una convención sobre el derecho a un medio ambiente sano- es muy común en el derecho internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en rigor una parte de la resolución de la AGNU sobre la Carta Internacional de Derechos Humanos, y por lo tanto no es jurídicamente vinculante, abrió camino a dos tratados que fueron adoptados en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se necesitaron 18 años para traducir la Declaración en dos textos jurídicamente vinculantes.

  Esperamos que no hagan falta 18 años para lograr una convención sobre derechos ambientales, porque eso nos llevaría hasta 2040. No tenemos tanto tiempo. Ha llegado el momento de adoptar una convención que sea una suerte de “tercer pacto”, es decir, que reconozca una tercera generación de derechos humanos. Tras los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, ha llegado el momento de consagrar los derechos ambientales.

  Ante la actual triple crisis planetaria, un texto internacional vinculante sobre el medio ambiente tiene una importancia vital, ya que millones de personas están muriendo a causa de sus entornos tóxicos, y especialmente por la contaminación atmosférica.

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