CIVICUS conversa con Christopher Castillo, Coordinador General de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), acerca de los avances realizados y las asignaturas pendientes de los primeros dos años del gobierno de Xiomara Castro.
ARCAH es un movimiento social comunitario que defiende los territorios y los bienes comunes frente a todo proyecto que amenace la paz y la cosmovisión de las comunidades, desde una perspectiva anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, anticolonialista y anticlasista.
¿En qué medida el gobierno de Xiomara Castro, que en estos días cumple dos años, ha estado a la altura de las expectativas?
La mayor expectativa de los hondureños era acabar con un gobierno autoritario. El eje central de la campaña de Castro consistió pues en desmantelar el Estado autoritario y una serie de elementos asociados, particularmente la corrupción, el tráfico de influencias y la captura de las instituciones por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Ese objetivo se ha conseguido en parte: aparentemente ya no vivimos sometidos a un poder arbitrario, aunque seguimos conviviendo con una corrupción muy enraizada y con altos niveles de delincuencia, inseguridad y violencia.
Otro tema que nos preocupa mucho a los activistas de base es el de las llamadas ZEDE, o zonas de empleo y desarrollo económico. En abril de 2022, en su informe a los 100 días de haber asumido el gobierno, la presidenta Castro declaró con orgullo que se estaba recuperando la soberanía nacional, enfatizando que su gobierno había derogado la ley que establecía estas áreas con condiciones especiales para atraer la inversión; sin embargo, su decreto de derogación no había sido todavía ratificado por el Congreso. La eliminación de las condiciones para la continuidad de los procesos extractivos seguía pendiente, y en gran medida eso aún no ha cambiado.
El nuevo gobierno también prometió frenar los procesos de privatización del agua. Sin embargo, hasta el momento hay 81 municipios de Honduras donde el agua ha sido privatizada, y el gobierno ha continuado fortaleciendo a las empresas prestadoras de servicios que quitan la función a las empresas públicas, particularmente en Comayagüela y Tegucigalpa, las dos ciudades que conforman el Distrito Central.
En suma, las expectativas de la ciudadanía han sido satisfechas en lo que se refiere a la superación de los rasgos más autoritarios y represivos del Estado, pero no en lo que se refiere a las políticas extractivistas y privatizadoras, donde aún no ha habido cambios significativos.
¿Se han producido mejoras en la situación de las personas defensoras de derechos humanos?
En la medida en que sus luchas están ligadas a la resistencia contra el extractivismo y la privatización, la situación de las personas defensoras no ha mejorado. Nosotros mismos hemos experimentado represalias por nuestro trabajo, las cuales han incluido amenazas de muerte, intentos de secuestro y procesos de criminalización. Durante 2023 ARCAH contabilizó 125 ataques contra la organización y sus miembros. En agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de 11 miembros de ARCAH, pero han pasado más de cinco meses y el gobierno todavía no ha implementado ninguna medida en cumplimiento de esas medidas cautelares.
Muchos activistas que buscan ayuda de los mecanismos de protección estatales son ignorados o ven sus trámites sistemáticamente obstaculizados, aun cuando presentan pruebas de que experimentan ataques y sus vidas corren peligro.
Según el último informe de la Secretaría de Derechos Humanos, actualmente se están atendiendo 54 casos, hay más de 100 en cola y apenas ocho tienen medidas vigentes. La excusa que dan para justificar este pobre desempeño es el limitado presupuesto, que actualmente es de 32 millones de lempiras (aproximadamente 1,3 millones de dólares). Hay funcionarios de gobierno que tienen mayor presupuesto para viajes y gestiones en el extranjero. Los derechos humanos deberían ser más que un discurso. Deben reflejarse en la práctica.
¿Cuál es el balance de la opinión pública?
Una encuesta publicada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesuitas (ERIC-SJ) a principios de 2023 mostró que al cabo de un año de mandato la popularidad de Castro había disminuido 20 puntos porcentuales. La misma encuesta mostró que para la mayoría los temas más urgentes a resolver eran la crisis económica y el desempleo. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, a pesar de que tiene una tasa de crecimiento de 6%, una de las más altas de la región.
Según la encuesta del ERIC-SJ, el tercer problema en orden de prioridades, apenas por detrás de los temas económicos, era el de la delincuencia y la inseguridad. Una mayoría muy amplia percibía además que los asesinatos habían aumentado. Respecto de la corrupción y la aplicación de la justicia, en cambio, la mayoría consideraba que la situación se había mantenido sin cambios, aunque era destacable el apoyo a la nueva Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
¿Cuáles deberían ser las prioridades de Castro para la segunda mitad de su mandato?
Las grandes prioridades de política pública en Honduras siguen siendo la educación, la salud y el medio ambiente – además de la situación de los pueblos indígenas, las mujeres, las personas LGBTQI+ y el sector campesino, es decir, todos los colectivos relegados. Buena parte de esta marginación remite al problema del extractivismo, que da cuenta de los altos niveles de violencia contra el activismo ambiental y la casi total impunidad de estos ataques.
La situación de la educación y su vínculo con el empleo es dramática. Mucha gente ya no quiere mandar a sus hijos e hijas a la escuela, porque aunque se gradúen luego no consiguen trabajo. Les resulta más provechoso ingresar a sus hijos al mercado informal para que se dediquen a la compraventa. Esto se ha traducido en crecientes niveles de deserción escolar.
El cambio en esta área debe enfocarse no solamente en elevar la matrícula y la retención de estudiantes sino también en brindar educación de calidad. La educación pública debe volver a ser atractiva para las clases media y media-alta, para revertir la privatización y la segmentación de la educación.
El tema de la salud no se refiere solamente a los servicios hospitalarios sino también a la calidad de la alimentación y a los hábitos de consumo. Honduras tiene niveles de desnutrición muy altos, y no solamente por falta de acceso al alimento sino también porque la calidad de los alimentos ha disminuido. En parte, ello se debe a que los productos de mayor calidad, como en el caso del banano, se destinan a la exportación, y solo lo peor queda para el consumo interno.
Finalmente, el tema del extractivismo debería ser prioritario. Los anuncios realizados en este sentido aún no se han cumplido. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiento emitió declaraciones relativas a la prohibición de la minería a cielo abierto, pero no ha habido ningún decreto que formalmente prohíba esta práctica, y las 20 concesiones existentes siguen funcionando.
En Honduras hay 2.100 proyectos extractivos, de los cuales 300 son represas hidroeléctricas y 900 son de minería. En total, el 33% del territorio nacional está entregado en concesión a corporaciones transnacionales que desarrollan proyectos extractivos. Las ZEDE, por su parte, ocupan el 67% del territorio nacional, incluidas todas las costas.
En 2023 hubo 12 personas defensoras de derechos humanos asesinadas. Honduras fue el país del mundo con más asesinatos de activistas ambientales per cápita, y el cuarto en términos absolutos. Este problema no ha cedido con el cambio de gobierno. Enfrentar esta violencia y la impunidad que continúa prevaleciendo debería ser prioridad.
El espacio cívico en Honduras es clasificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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