FILIPINAS: “Los cargos en mi contra son parte de la tentativa del gobierno de silenciar a quienes lo critican”

CIVICUS conversa con la presidenta del grupo de derechos humanos Karapatan, Elisa “Tita” Lubi, que actualmente enfrenta cargos falsos de intento de asesinato. Fue acusada, junto con el secretario general de Karapatan para la región de Mindanao Sur, Jayvee Apia, por la presunta comisión de estos delitos durante un enfrentamiento armado entre militares y miembros del grupo opositor armado Nuevo Ejército del Pueblo en mayo de 2018. La causa recién se abrió en junio de 2020, dos años después del supuesto enfrentamiento.

Karapatan es una alianza nacional de activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan para promover y proteger los derechos humanos en Filipinas. Fundada en 1995, Karapatan tiene 16 capítulos regionales y cuenta con más de 40 organizaciones miembro. El personal y los miembros de Karapatan han sido vilipendiados por la administración del presidente Rodrigo Duterte a causa de su activismo y han enfrentado acusaciones falsas en varias ocasiones.

Elisa Lubi

¿Cuál es su trayectoria y experiencia como activista?

Después de que el presidente Ferdinando Marcos declarara la ley marcial en 1972, decidí no sólo apoyar a los activistas estudiantiles, sino también dedicar parte de mi tiempo -que solía estar totalmente consumido por el mundo empresarial- a ayudar y aprender de la vida real de los agricultores y pescadores. Empecé a participar activamente en el movimiento de mujeres después de mi tercera detención y encarcelamiento. Me uní a Gabriela, una alianza nacional de organizaciones de mujeres, que desarrolló exitosamente una campaña por mi liberación en Filipinas y a nivel internacional. También utilicé las habilidades que había desarrollado en una empresa estadounidense y en un conglomerado multinacional como joven gestora de recursos humanos y de desarrollo para diseñar e implementar un Curso Básico de Gestión de ONG para ayudar a las organizaciones no gubernamentales y populares a gestionar mejor sus proyectos, programas y operaciones.

Con el tiempo pasé a formar parte de Selda, una organización de antiguos presos políticos, y contribuí a formar Karapatan. Me convertí en la vicepresidenta fundadora del Partido Femenino Gabriela, que obtuvo representación en la primera elección a la que se presentó. En su momento era uno de los dos únicos partidos políticos de mujeres de todo el mundo.

Como activista trabajé en el movimiento popular, en el movimiento de mujeres, en la lucha por los derechos humanos y en el ámbito electoral. Con el tiempo empecé a centrarme más en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los pueblos con una atención especial a la situación de los presos políticos y haciendo campaña por su liberación, ya que yo también fui presa política. Fui arrestada y detenida dos veces bajo la ley marcial de Marcos y una vez durante la presidencia de Corazón Aquino (1986-1992).

Ahora soy presidenta nacional de Karapatan, una alianza de organizaciones y personas que abogan y luchan por los derechos humanos y de los pueblos. Entre sus principales responsabilidades se cuenta la de monitorear e informar sobre la situación general de los derechos humanos en Filipinas, por lo que desde 2007 publicamos periódicamente un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país.

A través de nuestro Monitor trimestral de derechos humanos hemos documentado y denunciado casos de violaciones de derechos humanos. También coordinamos el Equipo de Reacción Rápida, compuesto por asistentes jurídicos de las regiones y sectores afectados, abogados especializados en derechos humanos, profesionales médicos cuando es necesario, y personas defensoras de derechos humanos en calidad de voluntarias. Estos equipos verifican inmediatamente la denuncia de cada violación de derechos, buscan a las víctimas en campamentos militares, centros de detención y comisarías, se ponen en contacto con sus familias y visitan e investigan el lugar de la violación.

También utilizamos la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales para divulgar casos de violaciones de derechos humanos, especialmente los más graves, a nivel nacional e internacional. Pretendemos generar una protesta generalizada y reforzar la presión política sobre el gobierno filipino para evitar que se sigan violando los derechos humanos. Nos oponemos y hacemos campaña contra leyes, proyectos de ley, directivas, políticas y programas gubernamentales represivos que ponen en peligro los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Formamos parte de la campaña “Liberen a los presos políticos” y juntamos apoyo político y material para ellos.

Por último, colaboramos en la prestación de servicios jurídicos y médicos a los presos políticos, apoyamos su lucha por la reforma penitenciaria, les ayudamos a cubrir sus necesidades básicas cotidianas, que no son suficientemente atendidas por las administraciones penitenciarias, e iniciamos o nos unimos a misiones de investigación y solidaridad para documentar y ayudar a las víctimas y a sus familias.

¿Qué tipo de acoso ha experimentado a lo largo de los años?

He vivido una larga historia de acoso, arrestos, detenciones y “etiquetado rojo”, es decir, de descalificación como comunista y terrorista. Desde 2016, cuando llegó al poder el presidente Duterte, el gobierno ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluido el asesinato de personas defensoras. La campaña contrainsurgente del gobierno no distingue entre civiles y combatientes armados y ha habido acosos y ataques contra activistas que son señalados y acusados de apoyar a la insurgencia comunista. En mi primera detención, en la época de la ley marcial de Marcos, dos de mis compañeros, activistas estudiantiles de la universidad estatal, fueron asesinados a tiros.

Durante el gobierno de la presidenta Aquino, posterior a Marcos, hubo algunos cambios, pero fueron superficiales; en modo alguno se trató de los cambios de fondo que buscábamos. Una vez más fui detenida por violar la ley antisubversiva y fui encarcelada, primero en una comisaría y luego en una cárcel municipal. Pero antes de eso, fui acosada sexualmente mientras me sometían a un interrogatorio táctico. Fui liberada después de más de seis meses, cuando el caso fue desestimado por falta de pruebas. Por cierto, más de 100 detenidas de la cárcel municipal me eligieron Mayora, una especie de presidenta de las detenidas.

Bajo su mandato, la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo también invocó la emergencia nacional. En 2006 se abrió un expediente contra seis diputados progresistas del Congreso de Filipinas y otras 40 personas críticas del gobierno. Los legisladores fueron conocidos como los Seis de Batasan; yo fui una de las otras 40. El caso fue desestimado por el Tribunal Supremo con la siguiente advertencia: “Nunca está de más insistir en que los fiscales no deben permitir y deben evitar dar la impresión de que su noble cargo está siendo utilizado o prostituido, consciente o inconscientemente, con fines políticos”.

¿De qué se los ha acusado a usted y a Karapatan durante la administración Duterte?

En 2018, el Departamento de Justicia presentó una petición para que se proscribiera como organizaciones terroristas al Partido Comunista de Filipinas (PCP) y al Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), que desde hace mucho tiempo lideran un movimiento de liberación nacional en Filipinas. A la petición se adjuntaba una lista de más de 650 nombres que incluía a activistas sociales, personas defensoras de derechos humanos y promotoras de la paz y otras voces críticas del gobierno. Mi abogado y yo presentamos una moción para que se eliminara mi nombre de la petición. Presionado por la fuerte protesta contra esta evidente maniobra militar para silenciar el disenso y la libertad de expresión, el gobierno presentó una petición enmendada que eliminaba la lista de nombres, conservando solamente dos.

Karapatan ha sido blanco permanente de acoso despiadado, intimidación, etiquetado rojo, demonización y vilipendio a causa de su incesante labor de defensa de los derechos y de denuncia del pésimo historial de derechos humanos del gobierno de Duterte, no sólo en el país sino también en la comunidad internacional, por ejemplo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para protegerse, junto a las organizaciones Gabriela y Misioneros Rurales de Filipinas Karapatan presentó una petición de protección legal acogiéndose al recurso de amparo y al habeas data. En represalia, el asesor de seguridad nacional de Duterte acusó de perjurio a los dirigentes de las tres organizaciones. Los líderes de estas organizaciones, incluida yo como presidenta de Karapatan, estamos todos en libertad provisional tras pagar una fianza. Las audiencias sobre el caso se están llevando a cabo durante la pandemia.

El último de los intentos de represión política en nuestra contra ha sido la presentación de una acusación de intento de asesinato contra Jay Apiag, contra mí, y contra otras tres personas. Dos años después del supuesto incidente, un soldado del ejército filipino supuestamente nos identificó como parte de una unidad del NEP que organizó una emboscada. El 29 de marzo de 2021 mis abogados y yo presentamos una moción urgente para que se volviera a investigar y se aplazara la ejecución de la orden de detención, pero todavía está pendiente de resolución en el tribunal.

También he aportado pruebas a los tribunales que confirman mi presencia en el área metropolitana de Manila antes, durante y después del supuesto incidente. Además, es inverosímil que participara en un combate armado porque tengo 76 años y sufro de hipertensión y artritis.

¿Por qué cree que las autoridades les persiguen a Karapatan y a usted?

Estas medidas forman parte de la tentativa del gobierno de Duterte y de sus fuerzas militares y policiales de silenciar a quienes los critican, a quienes califican de “enemigos del Estado”. Las medidas forman parte del intento de Duterte de construir un gobierno autoritario siguiendo el ejemplo de su ídolo, el dictador Marcos.

Su plan operativo de contrainsurgencia, Oplan Kapanatagan, tiene el objetivo de frenar el continuo crecimiento del movimiento de liberación nacional dirigido por el PCP, el NEP y el Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF). El gobierno de Duterte, que incluye a varios generales retirados en puestos ministeriales, no puede entender que a menos que se resuelvan los problemas básicos de la sociedad filipina, aunque sea de a poco, el movimiento popular persistirá.

Sin embargo, lo que Duterte y sus secuaces militaristas han hecho es unificar como blanco de sus ataques a los movimientos armados y clandestinos y al movimiento popular democrático legal. Así que ahora Karapatan y los activistas sociales y personas defensoras de derechos humanos como yo estamos en la mira de las armas de Duterte, por así decirlo.

¿En qué situación se encuentran las personas defensoras de derechos humanos?

Filipinas es uno de los países del mundo donde las personas activistas sociales, defensoras de derechos humanos y promotoras de la paz experimentan mayores peligros. Recientemente, el Tribunal Supremo se vio obligado a emitir una declaración contra los ataques contra abogados, ya que 61 abogados han sido asesinados durante la presidencia de Duterte. La intolerancia del gobierno de Duterte a las críticas se manifestó en su designación como enemigos del Estado de estrellas de cine y reinas de belleza, actores universitarios e incluso líderes de despensas comunitarias que simplemente expresaban su opinión. Seis consultores para la paz del FDNF han sido ejecutados bajo el mandato de Duterte: cuatro muertos a tiros, uno apuñalado varias veces, y otro estrangulado.

Recientemente, el Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC) ordenó la elaboración de un perfil de los organizadores de la Despensa Comunitaria de Maginhawa, una iniciativa no gubernamental que solicita donaciones y distribuye alimentos bajo el lema “De cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades”. Las despensas comunitarias están proliferando por todas partes debido a la incapacidad del gobierno para paliar el empobrecimiento provocado por la pandemia de COVID-19. Mucha gente reclama por el hecho de que los organizadores de las despensas comunitarias han sido acusados de ser enemigos del Estado, situación agravada por el vocero general retirado del NTF-ELCAC, que ha comparado a la promotora de la iniciativa con Satanás.

¿Qué debe cambiar para que se respeten el Estado de Derecho y los derechos humanos y para que florezca la democracia?

En primer lugar, y en términos generales, el gobierno de Duterte debería dejar de utilizar la ley para violar la ley. En concreto, debería derogar la Ley Antiterrorista, que permite el arresto sin orden judicial, la detención prolongada y el congelamiento de cuentas bancarias personales por ante meras sospechas de terrorismo. Debe abolir el NTF-ELCAC, que dirige impunemente acciones interinstitucionales que incluyen ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, redadas y detenciones simultáneas, acusaciones falsas y etiquetado rojo. Dispone de miles de millones en fondos públicos, que bien podrían destinarse a testeo, vacunación y asistencia alimentaria para las familias afectadas por la pandemia de COVID-19.

La policía debe dejar de asesinar a presuntos consumidores y vendedores de drogas durante sus operaciones antidroga, la mayoría de las cuales se realizan en comunidades urbanas pobres. El poder judicial también debería dar instrucciones categóricas a sus fiscales y jueces para que desistan de presentar cargos en los tribunales y de emitir órdenes de búsqueda y captura sin pruebas suficientes o sin apenas una investigación preliminar. Debe impedirse que los militares y la policía ejerzan presión o amenacen a funcionarios judiciales.

El gobierno de Duterte debería volver a las negociaciones de paz. Se han logrado avances en el proyecto de Acuerdo General sobre Derechos Sociales y Económicos, concretamente sobre la reforma agraria y el desarrollo rural y la industrialización y el desarrollo económico nacionales. Existe la posibilidad de un Acuerdo de Paz Provisional y un alto el fuego coordinado. El FDNF está dispuesto a continuar las conversaciones de paz para abordar las causas profundas del conflicto armado. Una vez más, es el gobierno de Duterte el que se niega a sentarse a conversar.

El próximo año, 2022, es un año de elecciones nacionales. Debería haber reformas electorales importantes para evitar el fraude mediante trampas electrónicas y el uso desenfrenado de “armas, matones y oro” para mantener a los políticos corruptos atrincherados en el poder. Debería acabarse con las dinastías políticas, incluida la del presidente Duterte, cuya hija es alcaldesa de Davao y parece que ha empezado a hacer campaña presidencial para 2022, a pesar de que lo sigue negando. Un hijo de Duterte es legislador, mientras que otro es vicealcalde. Las reformas electorales y la acción popular deben asegurar que los candidatos que se preocupan por los intereses del pueblo tengan la oportunidad de competir y que de hecho ganen los que son votados por el pueblo.

¿Qué pueden hacer la comunidad internacional y las OSC para apoyarle a usted y a otros activistas que padecen acoso judicial?

Una forma es unirse y apoyar la campaña internacional “Detengan los asesinatos” (Stop the Killings). Otra es acercarse para apoyar la campaña internacional para investigar la situación de los derechos humanos en Filipinas.

Otra forma consiste en apoyar la labor de incidencia que están llevando a cabo en el Consejo de Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales de la ONU las personas defensoras de derechos humanos y promotoras de la paz filipinas para abordar la situación real de los derechos humanos y de los pueblos y reclamar la aplicación del derecho internacional humanitario en Filipinas.

Y, por último, impulsar y apoyar la reanudación de las conversaciones de paz entre el gobierno y el FDNF; e instar al gobierno a poner fin a los ataques contra los consultores para la paz del FDNF y a respetar todo acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la Región Autónoma de Bangsamoro en Mindanao.

El espacio cívico en Filipinas es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con Karapatan a través de su sitio web y siga a @karapatan en Twitter.

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