20. El nuevo Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación esboza las amenazas que pesan sobre los derechos humanos

Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son pilares fundamentales de un gobierno democrático y de sociedades abiertas, a la vez que forman parte del derecho internacional en materia de derechos humanos. A través del disfrute de estos derechos se puede lograr un progreso significativo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ya que permiten la participación de individuos y de organizaciones de la sociedad civil.

Desde hace poco ocupo el cargo de Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Una de mis principales funciones consiste en informar sobre las tendencias y amenazas que socavan las libertades cívicas en cualquiera de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Asimismo, tengo la misión de dar voz a los que no la tienen y de trabajar en estrecha colaboración con organizaciones de base y con las comunidades locales. Vengo de la sociedad civil y comprendo los desafíos que supone oponer la verdad al poder.

En mi primer informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, he insistido ante el gobierno y los funcionarios de las Naciones Unidas en que debemos adoptar medidas prácticas para garantizar que los más de 7 000 millones de ciudadanos de los Estados miembros de las Naciones Unidas puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Tanto en ese informe y como en esta presentación he identificado ocho grandes amenazas que están erosionando estos derechos:

En primer lugar, el uso de la legislación para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de reunión pacífica y de asociación. En el marco de mi mandato se ha puesto en relieve el hecho de que los Estados cumplen las normas internacionales en materia de derechos humanos al tiempo que luchan contra el terrorismo y garantizan la seguridad pública. Se está utilizando una legislación represiva para asfixiar la disidencia, creando así un entorno jurídico complejo con requisitos onerosos para el funcionamiento de las organizaciones y grupos cívicos. En nombre de la transparencia, las asociaciones están obligadas a cumplir con regulaciones complicadas, restrictivas e invasivas para poder funcionar con normalidad. A menudo estas leyes contienen cláusulas que amenazan a las asociaciones con su desinscripción del registro, la pérdida de su personalidad jurídica o incluso el procesamiento penal por incumplimiento. Toda restricción al ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de asociación debe perseguir un interés legítimo y, al mismo tiempo, defender los pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Clement Special Rapporteur FoAA with CIVICUS Susan Wilding En segundo lugar, la criminalización, el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza para contrarrestar o reprimir las protestas pacíficas siguen siendo un obstáculo importante para el derecho de reunión pacífica, pilar fundamental de un gobierno democrático y sociedades abiertas. Gracias a estos derechos los individuos y grupos pueden expresar sus opiniones sobre temas de interés público. Nadie debe ser criminalizado por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, ni ha ser objeto de amenazas o del uso de la violencia, ni sufrir acoso, persecución, intimidación o represalias por ejercer estos derechos.

En tercer lugar, la represión de los movimientos sociales se está convirtiendo en algo habitual en todo el mundo. Las personas están saliendo a las calles para protestar contra la corrupción, el elevado coste de vida, la desigualdad, la marginación y la falta de acceso a recursos, oportunidades y espacio democrático para expresar sus opiniones. En muchas de estas manifestaciones participan jóvenes y surgen como reacciones espontáneas a decisiones que se perciben como agravantes de las injusticias de larga data y sin resolver de la población. En varias ocasiones, he publicado comunicados sobre la represión de tales movimientos, los cuales son percibidos como una amenaza para el orden público y la estabilidad por algunos gobiernos.

En cuarto lugar, la estigmatización y los ataques contra los actores de la sociedad civil están muy extendidos. He recibido numerosos informes sobre violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos, activistas, líderes comunitarios y otros actores de la sociedad civil, los cuales se ven obligados a llevar a cabo sus actividades legítimas en un entorno cada vez más hostil en el que se aplican leyes restrictivas relacionadas con la inscripción en el registro y la recepción y la utilización de fondos extranjeros por parte de ONG y asociaciones. También hay una tendencia creciente en cuanto a las amenazas, el acoso, la intimidación e incluso las acciones violentas, perpetradas tanto por agentes públicos como privados.

En quinto lugar, las restricciones dirigidas contra grupos desfavorecidos y vulnerables amenazan la estabilidad de las sociedades. Algunos de los grupos en mayor riesgo son las personas con discapacidad, los jóvenes, incluidos los niños, las mujeres, las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales, los transexuales y los intersexuales; así como los miembros de grupos minoritarios, ya sean comunidades indígenas, desplazados internos o extranjeros, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los trabajadores inmigrantes.

En sexto lugar, las limitaciones de los derechos durante los períodos electorales son particularmente preocupantes y socavan los procesos democráticos. He dedicado mucha atención a esta cuestión, ya que ha habido innumerables amenazas a la libertad de reunión y de expresión durante los comicios. Las elecciones no se celebran en el vacío y no pueden juzgarse únicamente por lo que ocurre durante la votación.

En séptimo lugar, los efectos negativos del populismo y del extremismo crecientes amenazan con hacer retroceder los progresos logrados en materia de derechos humanos. Hemos identificado cuatro tipos de fundamentalismo: el fundamentalismo de mercado, el fundamentalismo político, el fundamentalismo religioso y los fundamentalismos culturales y nacionalistas. Todos ellos son preocupantes.

Por último, las limitaciones existentes en el espacio digital. El ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación se realiza cada vez más en internet, por ello he alertado contra las normas y las prácticas que tratan de frenar el disfrute de estos derechos en línea. Este es un tema bastante nuevo que desarrollaré en el próximo informe que presentaré ante Consejo de Derechos Humanos en junio de 2019.

Espero poder trabajar con otros relatores especiales y expertos pertinentes, así como con los mecanismos regionales de derechos humanos con el fin de garantizar la protección de la libertad de reunión pacífica y de asociación. No podemos conseguirlo nosotros solos, necesitamos que los Estados, las instituciones multilaterales y la sociedad civil trabajen juntos.

En los próximos tres años, mi mandato se esforzará en hacer frente a los desafíos identificados a través de estas tendencias mediante la participación y la profundización de los canales de comunicación con el Estado, los agentes de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones internacionales, los agentes privados, incluidas las empresas privadas y los defensores de los derechos humanos, con el fin de fortalecer y compartir las buenas prácticas y de suscitar inquietudes cuando prevalezcan las tendencias negativas. De esta manera espero dar continuidad a la labor realizada por mis predecesores y trabajar en armonía con otros expertos de diferentes mecanismos regionales y de las Naciones Unidas.

Finalmente, me gustaría mencionar que este mes presentaré mi primer informe ante la Asamblea General en el que se abordan los vínculos entre el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este informe proporcionará una nueva perspectiva para los debates previos al foro político de alto nivel de 2019 sobre el tema «Empoderar a las personas y garantizar su inclusión: sociedades pacíficas e inclusivas, desarrollo del capital humano e igualdad de género».

Clément Voule es el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Para consultar el texto íntegro de sus informes haga clic aquí. Sígalo en Twitter a través de su cuenta @cvoule.

Este artículo forma parte de una serie para celebrar el 25 aniversario de CIVICUS y proporcionar perspectivas e ideas sobre la acción ciudadana en todo el mundo.

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