Por William Gumede
Imaginemos por un momento que unos extraterrestres visitaron Sudáfrica a finales de 1993, secuestraron a un sudafricano común y corriente, y lo devolvieron a su país exactamente 25 años después.
El secuestrado podría hallarse muy sorprendido ante el resultado de nuestro proyecto democrático; por todos los cambios por los que hemos pasado y por la situación actual del país, sobre todo en el plano político. Pero entre las cosas que vería que no han cambiado mayormente durante ese tiempo, estaría el papel y el impacto de la sociedad civil.
Cuando celebramos nuestras distintas culturas en el Día de la tradición, también valdría la pena celebrar la cultura de la sociedad civil, la cual no solo ha promovido la diversidad cultural, sino que ella misma es diversa y posee un patrimonio ganado con mucho esfuerzo en la lucha incansable por los derechos de los pueblos de este país.
El colapso del apartheid es la historia del éxito de la presión de la sociedad civil local y mundial contra el gobierno del apartheid. En la década de 1980, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se movilizaron y contaron con la motivación necesaria para desafiar la discriminación, la represión y las políticas y prácticas antidemocráticas del Estado. Hoy, siguen desempeñando su papel: responder ante el fracaso del Estado para servir adecuadamente a los intereses del pueblo. En los últimos años, las OSC se han convertido en la última línea de defensa que lucha en nombre de los ciudadanos comunes y corrientes contra la corrupción desbocada, el fracaso en la prestación de servicios públicos y el abuso de poder por parte de los representantes públicos y electos.
La sociedad civil sudafricana es mucho más diversa, dinámica y decidida en cuanto a la rendición de cuentas por parte del gobierno, la lucha contra la corrupción y el apoyo a la democracia y a las instituciones democráticas que en muchos otros países en desarrollo similares. Con todo, ha habido una dramática movilización de la sociedad civil en Sudáfrica y en el resto del continente contra el mal gobierno; algo que no se había visto desde la lucha por la independencia y contra el apartheid en África.
De hecho, la histórica investigación judicial sobre el Secuestro del Estado (aún en curso) se produjo tras la condena pública generalizada contra el impacto del secuestro de las instituciones estatales en la integridad del país y tras las exigencias de rendición de cuentas; una campaña liderada por organizaciones de la sociedad civil.
La constitución sudafricana otorga un lugar especial a la sociedad civil con el objetivo de que supervise las instituciones democráticas, vele por los derechos humanos y proporcione a los ciudadanos, especialmente a los pobres, vulnerables y excluidos, las herramientas necesarias para conocer y hacer valer sus derechos.
Desde 1994, los grupos de la sociedad civil han exigido cuentas a los diversos gobiernos democráticos. Sin embargo, la defensa de los derechos democráticos ha tenido a menudo un precio. Los elementos antidemocráticos dentro del gobierno del CNA han a menudo desaprobado las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y de los activistas para hacer que el gobierno y los líderes rindan cuentas. Han exigiendo que sean prohibidas alegando que se trata de tapaderas de grupos de la era del apartheid o de enemigos extranjeros.
Sudáfrica ha tenido tres presidentes nacionales y del CNA desde el fin del apartheid en 1994. Dos de ellos fueron expulsados del poder tras enormes esfuerzos por parte de la sociedad civil, demostrando así su poder para lograr un cambio político. Las organizaciones de la sociedad civil llevaron a Zuma ante los tribunales por los múltiples casos de corrupción y manipulación de las instituciones estatales para obtener beneficios personales. Una vez más, los críticos con Zuma dentro del CNA aprovecharon la movilización de la sociedad civil en su contra para impedir que consiguiera que su sucesor, su exesposa Nkosazana Dlamini-Zuma, lo sustituyera, obligándole finalmente a dimitir como presidente del Estado.
El expresidente sudafricano Thabo Mbeki se enfrentó a una vasta oposición de la sociedad civil debido a su evidente falta de diálogo, a la marginación de los críticos y a su negativa a ofrecer tratamientos contra el VIH/SIDA en los hospitales públicos. Los críticos de Mbeki dentro del CNA se sirvieron de la movilización anti-Mbeki liderada por las organizaciones de la sociedad civil para movilizarse y evitar que fuera reelegido como presidente del CNA en la conferencia nacional del partido en Polokwane en 2007.
Fue un grupo de OSC el que encabezó una exitosa batalla legal en 2017 para impedir que el gobierno liderado por Zuma concluyera un acuerdo nuclear con Rusia que habría costado billones de rands a los contribuyentes y que, en última instancia, habría sido desastroso para nuestro futuro económico.
Las organizaciones han presionado para que se apliquen derechos socioeconómicos fundamentales, como el derecho a la vivienda, la salud, la alimentación y el bienestar social, que aún no se han cumplido plenamente. En el año 2000, el Legal Resources Centre y un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitaron con éxito a los tribunales que ordenaran al gobierno que proporcionara viviendas a las personas sin acceso a la tierra, en lo que hoy se conoce como el caso Grootboom.
La sociedad civil sudafricana también ha luchado arduamente para cambiar comportamientos arcaicos, sexistas, homófobos y racistas contrarios a la constitución. En 2007, dos mujeres lesbianas, Sizakele Sigasa y Salomé Masooa, fueron asesinadas en Soweto. Al año siguiente, Eudy Simelane, jugadora de la selección nacional de fútbol femenino de Sudáfrica, Banyana Banyana, fue asesinada. Sudáfrica cuenta con leyes progresistas sobre la igualdad de género, la libertad de orientación sexual y la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.
En 2016, Sudáfrica se alineó con los países africanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas para oponerse al nombramiento de un Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil sudafricana enviaron una carta abierta al entonces ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, en la que le pedían que rompiera con el grupo de presión conservador africano y adoptara una postura a favor de los derechos de los homosexuales en línea con la constitución democrática del país.
Los sindicatos sudafricanos han garantizado mediante campañas públicas la adopción y la consolidación de los derechos básicos de los trabajadores, incluido el derecho a la huelga, así como unas condiciones mínimas de seguridad y de trabajo para quienes trabajan dentro de la economía formal. El movimiento sindical desempeñó un papel fundamental para garantizar la adopción de un salario mínimo, incluso si el salario mínimo acordado de 20 rands la hora es bajo.
Las organizaciones de la sociedad civil local también han pedido cuentas a las empresas mineras por no haber cumplido sus promesas de construir viviendas de bajo coste, impulsar el desarrollo económico local y rehabilitar el medio ambiente a cambio de lucrativos permisos para la explotación minera. En 2016, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas y organizaciones locales lanzaron una serie de protestas contra Lonmin por la falta de implementación de un edificio de viviendas de bajo coste que había prometido así como por la escasez de desarrollo económico local y de rehabilitación ambiental.
La sociedad civil sudafricana ha prestado servicios en muchas circunstancias en las que la prestación de servicios públicos en el país ha sido deficiente. El Programa de Bienestar Infantil de Johannesburgo, el Instituto Nacional para la Prevención del Delito y la Reintegración de los Delincuentes (NICRO, por sus siglas en inglés) y Cotlands, por ejemplo, proporcionan servicios básicos esenciales que el Estado no suele ofrecer.
Las organizaciones de la sociedad civil también han educado a los ciudadanos sobre sus derechos en un país con un gran analfabetismo en el que líderes políticos, empresariales, tradicionales y religiosos sin escrúpulos han explotado la falta de conocimientos de los pobres para enriquecerse.
A pesar de la disminución de la financiación, la sociedad civil sudafricana ha estado a la altura del desafío que supone la defensa de la constitución, de la democracia y de sus instituciones. Ha luchado contra la corrupción pública y privada. Las organizaciones de la sociedad civil han ayudado a proteger a los ciudadanos sudafricanos vulnerables de los abusos del gobierno, luchando en nombre de los ciudadanos comunes y corrientes. Han fortalecido la capacidad del Estado al proporcionar a menudo servicios públicos alternativos allí donde el Estado ha fracasado. Han puesto a disposición información alternativa, cuando los gobiernos y los líderes han ocultado u oscurecido los hechos, y han luchado para eliminar las leyes de la era del apartheid que niegan derechos democráticos a los ciudadanos. Las OSC han apoyado a las instituciones democráticas, cuando estas eran marginadas, corrompidas y manipuladas con fines egoístas por algunos líderes del CNA.
En una sociedad en la que un gran número de ciudadanos son analfabetos y en la que los políticos utilizan su ignorancia para enriquecerse, encubrir su corrupción o culpar al colonialismo y al apartheid de sus propios fracasos actuales, son muchas las organizaciones de la sociedad civil han dado a conocer a los ciudadanos sus derechos. También han exigido cuentas a las empresas por sus abusos contra los ciudadanos, la destrucción del medio ambiente y la corrupción. Sin organizaciones de la sociedad civil activas, el retroceso de los derechos democráticos en los últimos años, la disminución en la prestación de servicios públicos y el aumento de la corrupción habrían sido, en última instancia, peores.
En los últimos tiempos, muchos países industrializados, liderados por gobiernos populistas, de derechas y ultranacionalistas, han reducido drásticamente la financiación de las organizaciones de la sociedad civil africanas y sudafricanas.
Sin embargo, privar de financiación a las organizaciones de la sociedad civil aumentará la corrupción, el mal gobierno y la violencia en el continente, lo que probablemente repercutirá en los países industrializados y hará que continúen las migraciones masivas de africanos hacia Europa en busca de empleo, paz y seguridad.
Esperamos que la Comisión de Investigación sobre el Secuestro del Estado no sea la última ocasión en la que la opinión pública sudafricana, apoyada y dirigida por la sociedad civil, responsabilice a los que están en el poder por actos ilícitos que amenazan la democracia. Es imposible saber dónde estará el país dentro de 25 años, pero esperamos que la sociedad civil sudafricana seguirá en las trincheras de la batalla para que el gobierno sirva a los intereses del pueblo.
William Gumede es presidente ejecutivo de la Democracy Works Foundation; profesor adjunto de la Escuela de School of Governance de la Universidad de Witwatersrand; exeditor; autor de superventas y ha ocupado varios puestos de liderazgo en la sociedad civil.
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Esta es una versión adaptada de un artículo publicado originalmente en el sitio web de la Democracy Works Foundation.
Este artículo forma parte de una serie para celebrar el 25 aniversario de CIVICUS y proporcionar perspectivas e ideas sobre la acción ciudadana en todo el mundo.
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