"Somos parte de un movimiento creciente, compuesto por muchas personas en todas las ramas de la industria, que reconocen la grave responsabilidad que tienen quienes crean una poderosa tecnología para garantizar que lo que construyen se use para el bien y no para dañar".
Estas son palabras poderosas, pero: ¿quién las escribió? ¿Fueron voces marginales? No lo fueron. Estas palabras fueron escritas por personal de Microsoft, quienes circularon una carta pidiendo a la compañía que cancelara su contrato de USD19 millones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la luz de la cruel política de separar a niños y niñas migrantes de sus padres. La carta llama además al liderazgo de la compañía a "redactar, publicitar y hacer cumplir una política clara que establezca que ni Microsoft ni sus contratistas trabajarán con clientes que violen las leyes internacionales de derechos humanos". A las pocas horas de ser publicada la carta, ya había reunido más de 100 firmas y nuevas personas seguían firmando.
My views on U.S. immigration policy https://t.co/AZ84yWhFmR
— Satya Nadella (@satyanadella) June 20, 2018
Este no es un hecho aislado de activismo laboral. En muchos sectores, particularmente aquellos que compiten por mano de obra altamente calificada de personas de la generación del milenio, las empresas se enfrentan a apelaciones desde dentro de sus propios muros para vivir a la altura de los valores éticos. Desde las revueltas contra la "prohibición de viajar" musulmana de Donald Trump en Silicon Valley hasta los boicots empresariales tras la adopción de leyes anti LGBTI en Carolina del Norte, los empleados y empleadas están presionando a sus empresas para que adopten posiciones más activistas como su costo por hacer determinados negocios.
Este creciente activismo social de empleados y empleadas fue precedido por el creciente movimiento de las “empresas de beneficio público”. Las "empresas de beneficio público" acuerdan en sus documentos fundacionales tener en cuenta a las partes interesadas más amplias y no solamente a sus accionistas, incluidos el medio ambiente, la comunidad y sus trabajadores. Esto les da una mayor amplitud, en teoría, para ir más allá de la búsqueda a corto plazo de la maximización de beneficios para los accionistas que es el sello distintivo de las empresas tradicionales. Estas empresas de beneficios a veces se conocen como el "cuarto sector", después de empresas públicas, privadas y sin fines de lucro.
Las empresas de beneficio público han crecido en número al mismo tiempo que ha habido un crecimiento exponencial en la "inversión de impacto". Definida como las "inversiones realizadas en empresas, organizaciones y fondos con la intención de generar impacto social y ambiental junto con un rendimiento financiero", las inversiones de impacto en alguna medida representan el 30% de los activos de inversión bajo gestión financiera profesional.
El año pasado, el Foro Económico Mundial (WEF) lanzó su Estrategia de Desarrollo del Cuarto Sector (FSDI) para estimular la inversión rápida en "un fuerte ecosistema de apoyo que se adapte a sus requisitos únicos". Al hacer esto, el WEF citó la necesidad de invertir en nuevos modelos de negocios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030. Pero si bien las empresas de beneficio público son un desarrollo bienvenido, ¿qué implica esto para quienes luchan dentro de las empresas tradicionales hoy en día y exigen una toma de decisiones más responsable desde el punto de vista social y ambiental?
Las empresas de beneficio público son una evolución interesante y necesaria del sector corporativo para enfocarse más allá de la maximización del valor para los accionistas, y al mismo tiempo una salida para el sector corporativo, tal como lo es hoy. Porque los esfuerzos para desarrollar el sector de las corporaciones de beneficio público se basan esencialmente en el argumento de que la estructura de la empresa privada existente debe centrarse necesaria y exclusivamente en la maximización de los beneficios y el valor para los accionistas, excluyendo cualquier otra consideración. Pero el requisito legal real para esto no es tan absoluto.
Un artículo publicado por el Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre Gobierno Corporativo y Regulación Financiera argumentó que "no existe una razón legal para que todas las empresas no puedan considerar una amplia gama de intereses a fin de tomar decisiones corporativas responsables". Tampoco hay motivos para que los defensores de las empresas de beneficio público les proporcionen excusas para no hacerlo al exagerar las limitaciones impuestas a la discreción de las juntas directivas de las empresas según la ley vigente".
Una de las afirmaciones más asombrosas y deprimentes en el anuncio de la FSDI fue que sería "exponencialmente más fácil" dirigir más de un billón de dólares en inversión para el desarrollo del cuarto sector para alcanzar los ODS, "en lugar de tratar de efectuar procesos de reingeniería en los otros tres. Esto implica “tirar la toalla” de forma masiva, diciéndole al sector privado que siga haciendo lo que está haciendo porque, por supuesto, no puede cambiar. Siempre resulta más sexy construir algo nuevo en lugar de tratar de arreglar algo roto, pero la verdad es que, si no abordamos los imperativos comerciales que están impulsando la desenfrenada destrucción del medio ambiente y el aumento de la desigualdad, estamos simplemente reorganizando las sillas a bordo del RMS Titanic.
¿Lograremos los ODS sin el sector empresarial? No, aunque sea por el simple hecho de que los ODS fueron diseñados explícitamente para ser cumplidos a través de la inversión y la implementación del sector privado. Será necesario que las empresas de beneficio público, las Empresas C, el gobierno y las organizaciones sin fines de lucro traigan múltiples herramientas para lograrlas. Pero no nos apresuremos a descartar el potencial transformador del activismo de los empleados y empleadas dentro de las empresas tradicionales y hacerles rendir cuentas al liderazgo de esas empresas.
Quinn McKew es el sub-director ejecutivo de ARTICLE 19, una organización aliada de CIVICUS.
Este artículo es parte de una serie para celebrar el 25 ° aniversario de CIVICUS y pretende proporcionar perspectivas e ideas sobre la acción ciudadana en todo el mundo.
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