Desde CIVICUS condenamos el brutal asesinato del defensor del medio ambiente y líder comunitario Juan López, del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT). Expresamos toda nuestra solidaridad con su familia y su comunidad.
Honduras es uno de los países más letales del mundo para quienes defienden el derecho a la tierra y el medio ambiente frente a proyectos extractivistas. La situación en el Bajo Aguán es grave, al menos cuatro defensores vinculados a la lucha por la preservación del río Guapinol han sido asesinado. Oscar Oquelí, Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron asesinados en 2023. La última víctima, Juan López, fue abatido a tiros a pesar de los llamamientos para garantizar su seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había concedido protección, junto con otros 29 activistas, en virtud de la resolución MC nº 137-23, destinada a salvaguardar sus vidas.
La crisis en el Bajo Aguán es parte de un conflicto territorial prolongado, donde empresas privadas y grupos criminales siguen aprovechándose de los recursos naturales, actuando con impunidad y poniendo en peligro la vida de las comunidades locales. El asesinato de Juan López expone la alarmante situación de violencia, impunidad y omisión estatal en Honduras, respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos.
🕯️Hoy se cumplen 10 días tras el asesinato de Juan López, defensor ambientalista de @guapinolre y regidor de Tocoa.
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) September 24, 2024
Exigimos justicia para él y para todas las víctimas de la lucha por los derechos ambientales en #Honduras.#JusticiaParaJuanLopez pic.twitter.com/JpmuWjZHg8
En este contexto, la comunidad de Guapinol y otras comunidades de Tocoa continúan enfrentándo se a amenazas y a actos de intimidación y criminalización por cuestionar pacíficamente la legalidad de un proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Del mismo modo, el equipo de abogados y la sociedad civil que apoyan a los activistas también sufren acoso.
Por ello, exigimos al Estado de Honduras que:
- Investigue de manera imparcial, efectiva y con prontitud el asesinato de Juan López en coordinación con el CMDBCPT, así como garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Debe proporcionarse reparación a las víctimas.
- Establezca de manera urgente las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la familia de Juan López, de los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, así como de los profesionales jurídicos del Bufete Justicia para los Pueblos. Esto es de urgencia para los beneficiarios de las medidas cautelares (MC nº 137-23) y sus familias.
- Tome medidas para evitar que se produzcan represalias contra las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y las personas testigos de este crimen.
- Deben reforzarse los medios de investigación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las competencias de los tribunales para garantizar justicia sin demora a las víctimas.
El espacio cívico en Honduras está calificado como 'represivo' por el CIVICUS Monitor.
