El proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros propicia el cierre del espacio de la sociedad civil en El Salvador, denunció una coalición de diecisiete organizaciones de derechos humanos. El Estado debe garantizar los derechos a la libertad de asociación y a defender derechos humanos, señalaron.
El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa de El Salvador despierta fantasmas conocidos en la región y en el mundo donde este tipo de leyes se están convirtiendo en la herramienta multifuncional de los regímenes autoritarios. Con un texto similar a la restrictiva Ley de Regulación de Agentes Extranjeros vigente en Nicaragua desde octubre de 2020, con la que se ha fomentado la criminalización de la disidencia en ese país gobernado por un régimen autoritario, el proyecto de ley salvadoreño incluye directrices orientadas a controlar, fiscalizar, cancelar la personería jurídica y criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes que trabajan en el país en caso de no cumplir con lo estipulado en la ley.
Si bien las discusiones e inminente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros fue puesta en pausa el 23 de noviembre de 2021 ante la profunda preocupación expresada por organismos internacionales de derechos humanos y el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que el país necesita de dicha ley y que hay límites a lo que puede cambiar la presión internacional.
Leyes como la que propone aprobar el Estado de El Salvador son contrarias a los tratados internacionales en materia de derechos humanos por ser violatorios de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos. El proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es un grave indicador del inminente cierre de los espacios de la sociedad civil en El Salvador y representa una amenaza a la labor de promoción de la participación ciudadana y la libertad de expresión, elementos pilares de un sistema democrático.
En este sentido, las organizaciones firmantes recuerdan que el derecho a defender derechos humanos es ampliamente reconocido por los organismos internacionales de protección. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen de manera esencial al fortalecimiento del Estado de Derecho, cuestionando la impunidad y activando los mecanismos que mantienen vivos los sistemas democráticos.
Por todo ello, las organizaciones firmantes se suman al llamado realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la comunicación realizada por diversos Expertas y Expertos de las Naciones Unidas y urgen a las autoridades legislativas a abstenerse de aprobar la ley propuesta, en cumplimiento con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- Action Solidarité Tiers Monde (ASTM)
- Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- CIVICUS
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) – Euskadi
- CooperAcció
- Diakonia
- ForumCiv
- Front Line Defenders
- IM Sweden
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
- Mundubat
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
- Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Óscar Romero” (SICSAL)