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INNOVACIÓN: “Las estructuras y prácticas usuales de derechos humanos ya no son óptimas ni suficientes”
CIVICUS conversa con Edwin Rekosh, cofundador y socio director de Rights CoLab, sobre los efectos en la sociedad civil del surgimiento de infraestructuras digitales y la importancia de la innovación y los derechos digitales. Rights CoLab es una red multinacional de colaboración que busca desarrollar estrategias audaces para impulsar los derechos humanos en los campos de la sociedad civil, la tecnología, las empresas y las finanzas.
¿Qué hace Rights CoLab?
Rights CoLab produce estrategias experimentales y de colaboración para abordar los desafíos actuales en materia de derechos humanos desde una perspectiva sistémica. En particular, investigamos y facilitamos nuevas formas de organizar el compromiso cívico y de aprovechar los mercados para lograr un cambio transformador.
Vemos en los cambios que están ocurriendo fuera del espacio filantrópico tradicional una oportunidad para impulsar el compromiso cívico. Por ejemplo, nos interesan los modelos organizativos que están surgiendo en el campo de la empresa social, donde pueden generarse ingresos de actividades comerciales para mantener las operaciones. También nos interesa el uso de la tecnología para reducir costos y alcanzar los objetivos de la sociedad civil sin necesidad de una estructura organizativa formal, por ejemplo, a través de una página web o una aplicación. Además, estamos explorando el cambio generacional que está ocurriendo respecto de la forma en que la juventud percibe sus carreras: cada vez son más numerosos los y las jóvenes que buscan una vida laboral que combine objetivos profesionales sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Creemos que es imperativo desarrollar formas más eficaces de colaboración, especialmente a través de las fronteras, las perspectivas profesionales y los terrenos de experiencia.
Entre los desafíos que tratamos de abordar está el resurgimiento del autoritarismo y la política populista, que ha reforzado el énfasis en la soberanía nacional y la demonización de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, percibidas como agentes de valores e intereses extranjeros antagónicos. También tratamos de abordar las cambiantes realidades geopolíticas que están socavando la infraestructura de derechos humanos construida en el último medio siglo, así como los legados a largo plazo de la dinámica de poder colonial. Y queremos desarrollar nuevos enfoques para frenar el impacto negativo sobre los derechos humanos del creciente poder corporativo, especialmente bajo las formas que se han visto agravadas por la pandemia.
¿Qué fue lo que les inspiró a fundar Rights CoLab?
La decisión de fundar Rights CoLab se basó en la comprensión de que el campo de los derechos humanos ha llegado a una etapa de madurez, llena de desafíos que plantean interrogantes respecto de estructuras y prácticas que se han vuelto convencionales, pero que posiblemente hayan dejado de ser óptimas o suficientes.
Yo era un abogado de derechos humanos que había pasado de ejercer el derecho en un gran bufete a trabajar para una organización de derechos humanos en Washington, DC. La experiencia que tuve gestionando un proyecto en Rumanía a principios de los años ‘90 transformó por completo mi forma de ver los derechos humanos y mi rol como abogado estadounidense. Trabajé codo a codo con OSC locales, desempeñando entre bambalinas un rol clave de apoyo e interconexión de la sociedad civil, poniendo a las OSC en contacto entre sí y acercándolas a los recursos, e impulsando la implementación de otras estrategias basadas en la solidaridad.
Poco después, fundé y luego presidí PILnet, una red mundial de abogados de interés público y del sector privado dentro del espacio de la sociedad civil. Más o menos cuando decidí dejar ese rol, me estaba comenzando a enfocar en el cierre del espacio cívico que veía que estaba ocurriendo a mi alrededor, y que afectaba especialmente al trabajo que estábamos haciendo en Rusia y China. Me reconecté con Paul Rissman y Joanne Bauer, los otros dos cofundadores de Rights CoLab, y empezamos a comparar nuestras apreciaciones, preocupaciones e ideas sobre el futuro de los derechos humanos. Los tres creamos Rights CoLab como una forma de continuar la conversación, examinando los desafíos actuales en materia de derechos humanos desde tres perspectivas muy diferentes. Queríamos crear un espacio donde pudiéramos continuar ese diálogo e incluir a otras personas para fomentar la experimentación con nuevos enfoques.
¿En qué medida ha cambiado en los últimos años el terreno de la sociedad civil como consecuencia del surgimiento de infraestructuras digitales?
Ha cambiado muchísimo. Una de las principales consecuencias del surgimiento de la infraestructura digital ha sido la ampliación de la esfera pública en varios sentidos. El papel de los medios de comunicación está menos limitado por las fronteras y hay mucha menos intermediación vía control editorial. Esto representa tanto una oportunidad como una amenaza para los derechos humanos. Los individuos y los grupos pueden influir sobre el discurso público con menos barreras de entrada, pero, por otro lado, la esfera pública ya no es regulada por los gobiernos de forma predecible, lo cual erosiona los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas y vuelve difícil garanteizar un terreno de juego parejo para el mercado de las ideas. La tecnología digital también permite que la solidaridad se exprese a través de las fronteras de forma mucho menos restringida por ciertas limitaciones prácticas del pasado. En resumen, aunque el surgimiento de las infraestructuras digitales supone nuevas amenazas para los derechos humanos, las herramientas digitales también ofrecen oportunidades.
¿Cuán centrales para el trabajo de la sociedad civil son los derechos e infraestructuras digitales?
En muchos sentidos, los derechos digitales son secundarios a las estructuras, prácticas y valores de la sociedad civil. La sociedad civil se deriva intrínsecamente del respeto a la dignidad humana, el espíritu creativo de la acción humana y la política de la solidaridad. Los modos en que las personas se organizan para relacionarse con el mundo que les rodea dependen principalmente de valores, capacidades y prácticas orientadas socialmente. La tecnología digital solo proporciona herramientas, las cuales no poseen intrínsecamente ninguna de esas características. En ese sentido, la tecnología digital no es necesaria para la organización de la sociedad civil, ni tampoco es suficiente. Sin embargo, las tecnologías digitales pueden mejorar la organización de la sociedad civil, tanto mediante el aprovechamiento de algunas de las nuevas oportunidades inherentes a la infraestructura digital emergente como mediante el aseguramiento de los derechos digitales que necesitamos para evitar las consecuencias negativas que dicha infraestructura puede tener sobre los derechos humanos.
Estamos esforzándonos por identificar perspectivas de sociedad civil que puedan ayudar a abordar estas cuestiones. Un ejemplo de ello es Chequeado, un medio de comunicación argentino sin fines de lucro que se dedica a verificar el discurso público, contrarrestar la desinformación y promover el acceso a la información en las sociedades latinoamericanas. Chequeado, que toma la forma de una plataforma tecnológica y una aplicación, logró adaptarse rápidamente para responder a la pandemia de COVID-19 desarrollando un tablero de verificación de datos que pudiera disipar la desinformación sobre los orígenes, la transmisión y el tratamiento de la COVID-19, así como combatir la desinformación conducente a la discriminación étnica y al aumento de la desconfianza en la ciencia. Es decir, si bien es esencial comprender los usos potenciales de la tecnología digital, también lo es mantener la atención en ciertos elementos que tienen poco que ver con la tecnología en sí, tales como los valores, la solidaridad y las normas e instituciones basadas en principios.
¿Cómo promueve RightsColab la innovación en la sociedad civil?
Impulsamos la innovación en la sociedad civil en varias dimensiones: en la forma en que se organizan los grupos de la sociedad civil, incluidas sus estructuras básicas y modelos de ingresos; en el modo en que utilizan la tecnología; y en los cambios que necesita el ecosistema de la sociedad civil internacional para mitigar los efectos negativos de las contraproducentes dinámicas de poder procedentes del colonialismo.
Respecto de las dos primeras dimensiones, nos hemos asociado con otros nodos de recursos para crear conjuntamente un mapa geolocalizado de estudios de casos que ilustren la innovación en materia de formas organizativas y modelos de ingresos. Para esta creciente base de datos de ejemplos hemos desarrollado una tipología centrada en las alternativas al modelo tradicional disponibles para los grupos de sociedad civil de base local, es decir, las alternativas a la financiación benéfica transfronteriza. Junto con nuestros aliados, también estamos desarrollando metodologías de formación y estrategias de comunicación que buscan facilitar una mayor experimentación y una más amplia adopción de modelos alternativos para estructurar y financiar las actividades de la sociedad civil.
Nuestro esfuerzo para mejorar el ecosistema de la sociedad civil internacional se basa en un proyecto de cambio sistémico que hemos lanzado bajo el nombre de RINGO (“Reimaginando la ONG internacional”, por sus siglas en inglés). Un punto clave del proyecto RINGO es la intermediación entre las grandes OSC internacionales y los espacios cívicos más locales. La hipótesis es que las OSC internacionales pueden ser una barrera o un factor habilitante de una sociedad civil local más fuerte, y que la forma en que el sistema está organizado ahora -con los roles principales concentrados en el norte y el oeste del planeta- necesita ser replanteada.
RINGO incluye un Laboratorio Social con 50 participantes que representan un espectro amplio de OSC de distintos tipos y tamaños, procedentes de una diversidad de geografías. A lo largo de un proceso de dos años, el Laboratorio Social generará prototipos que podrán ponerse a prueba con la intención de transformar radicalmente el sector y la forma en que organizamos la sociedad civil a nivel global. Esperamos extraer valiosas lecciones de los prototipos que puedan reproducirse o reformularse e implementarse en mayor escala. Ya hay muchas buenas prácticas, pero también hay disfuncionalidades sistémicas que siguen sin ser abordadas. Por eso buscamos prácticas, estructuras y procesos nuevos y más transformadores. Si bien no perseguimos una utopía, sí pretendemos lograr un cambio sistémico. De ahí que el proceso de indagación a través del Laboratorio Social sea vital para profundizar en los problemas de fondo que paralizan el sistema, avanzando más allá de prácticas paliativas y superficialmente atractivas.
Póngase en contacto con Rights CoLab a través de supágina web y siga a@rightscolab y a@EdRekosh en Twitter.
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TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “La sociedad civil somete a verificación de datos los argumentos los Estados”
CIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de unTratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.Ian preside laAlianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de laIniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.
¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?
No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.
La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.
¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?
Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.
A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.
¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?
Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.
Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.
¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?
En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.
El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.
¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?
Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.
Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.
Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de susitio web, y siga a@GI_TOC y@IanTennant9 en Twitter.
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TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”
CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.
¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?
Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención dela Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.
Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.
Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.
Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.
Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.
¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?
El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.
Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.
¿Cuáles son los principales desafíos?
El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.
Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.
No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.
Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.
Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.
Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.
¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?
La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.
Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.
El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.
También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.
Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.
En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.
¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?
Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.
El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.
Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.
¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?
Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.
El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.
Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.