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#BEIJING25 : « Nous sommes indignées par la discrimination et nous transformons nos demandes en actions »
À l’occasion du 25ème anniversaire duProgramme d’Action de Beijing, qui aura lieu en septembre 2020, CIVICUS s’entretient avec des activistes, des dirigeants et des experts de la société civile pour évaluer les progrès accomplis et les défis qui restent à surmonter. Adopté en 1995 lors de la quatrièmeConférence mondiale des Nations Unies (ONU) sur les femmes, le Programme d’Action de Beijing poursuit les objectifs d’éliminer la violence contre les femmes, de garantir l’accès au planning familial et à la santé reproductive, d’éliminer les obstacles à la participation des femmes à la prise de décision et de fournir un emploi décent et un salaire égal pour un travail égal. Vingt-cinq ans plus tard, des progrès importants mais inégaux ont été faits, en grande partie grâce aux efforts incessants de la société civile, mais aucun pays n’a encore atteint l’égalité des genres.
CIVICUS s’entretient avec Viviana Krsticevic, directrice exécutive du Center for Justice and International Law (CEJIL) et membre du secrétariat de la campagne Gqual, une initiative mondiale qui promeut la parité des sexes dans la composition des organisations internationales.
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#BEIJING25: ‘Nos indignamos ante la discriminación y transformamos nuestros reclamos en acciones’
En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.
CIVICUS conversa con Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e integrante del Secretariado de la campaña Gqual, una iniciativa global que busca promover la paridad de género en la composición de los organismos internacionales.
¿Cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en mejoras concretas?
Todavía nos falta mucho para garantizar que las mujeres podamos vivir con autonomía sin el lastre de la discriminación. Claramente, hay disparidades y afectaciones entre las mujeres por la edad, la situación económica, el color de la piel, la etnicidad, la calidad de migrantes o campesinas y muchas otras situaciones que definen parte de nuestra experiencia. Las cifras a nivel global de disparidades en la educación, el acceso a la salud, a la propiedad y los puestos de poder evidencian la enorme desventaja en la que estamos las mujeres en la mayor parte de las sociedades y los pesos diferenciados de la desigualdad. Por ejemplo, según datos de ONU Mujeres actualizados al primer semestre de 2020, a nivel mundial solo el 6,6% de las jefaturas de gobierno son ocupadas por mujeres, así como el 20,7% de los cargos ministeriales; asimismo, las mujeres ocupan el 24,9% de las bancas parlamentarias. La subrepresentación de mujeres también se ve reflejada en otros ámbitos, tales como el acceso a la educación: a nivel global, el 48,1% de las niñas no se encuentran escolarizadas. También se observa en el terreno laboral, ya que las mujeres perciben un 23% menos de ingresos económicos que los hombres. Lo mismo puede decirse de la prevalencia de la violencia de género: la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estima que 87.000 mujeres fueron víctimas de femicidios en todo el mundo en 2017, y que más de la mitad –50.000, es decir el 58%- fueron asesinadas por sus parejas o miembros de sus familias.
Es decir, falta mucho por andar, pero hemos avanzado significativamente en los 25 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing. Algunos ejemplos importantes son las conquistas, en las leyes y en la calle, en rechazo de la violencia machista y al feminicidio, el reconocimiento de las afectaciones diferenciadas de la violencia que afecta a las mujeres afrodescendientes, las modificaciones en las políticas para enfrentar la mortalidad materna, los avances en el acceso a los puestos de gobierno o legislativos, la revisión del valor de las tareas de cuidado y el desarrollo de marcos legales para el hostigamiento laboral, entre otras.
En parte, estos avances fueron posibles gracias a las sinergias entre los procesos nacionales de cambio y los procesos internacionales de elaboración de metas y reconocimiento de derechos. En este sentido, el objetivo de desarrollo sustentable (ODS5) sobre la igualdad de las mujeres, pactado a nivel mundial en el ámbito de la ONU, es una de las herramientas clave para lograr el respeto de la autonomía individual y del desarrollo colectivo de la comunidad. Acompañando esta meta consensuada por los gobiernos, hay una serie de espacios institucionales que promueven su avance en los niveles internacional y regional.
A ello se suma el hecho de que muchas mujeres de diversos sectores, en América Latina y en el mundo, nos indignamos ante la discriminación y la violencia estructural y transformamos nuestros reclamos en acciones. Ejemplos de ello han sido las iniciativas de #NiUnaMenos, #SayHerName y #LasTesis, entre muchas otras. El análisis, la protesta y la propuesta son claves para asegurar la superación de las estructuras discriminatorias.
¿Por qué es importante la paridad de género en la representación, y cuál es la situación en las instituciones internacionales?
Uno de los argumentos más significativos de las mujeres y otros movimientos en búsqueda de representación es el de la igualdad, ya que muchas veces la ausencia de las mujeres de los sitios de toma de decisiones no es el resultado de una decisión propia sino el efecto de los techos de cristal, las discriminaciones implícitas y la segmentación de los mercados de trabajo, entre otros factores. A ello se suma el argumento del impacto de la participación igualitaria en la riqueza de los debates, la innovación y la debida diligencia en la toma de decisiones, la legitimidad y la sostenibilidad de ciertos procesos, entre otros posibles efectos benéficos de la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. En este mismo espíritu, varias convenciones internacionales innovadoras han incluido cláusulas para promover la representación y la igualdad de género. La Resolución 1325 de la Asamblea General de la ONU sobre paz y seguridad también incluye lenguaje sobre la necesidad de la participación de las mujeres en los procesos de paz.
Este reconocimiento contrasta con la limitada participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, las normas y los mecanismos instaurados en la mayor parte de dichos espacios no aseguran la participación de las mujeres en condiciones de igualdad ni la representación paritaria.
En el ámbito internacional, en los espacios que deciden sobre la guerra y la paz, el curso del derecho penal internacional, el alcance de los derechos humanos, el derecho económico, el derecho ambiental y muchas otras cuestiones clave, las mujeres están subrepresentadas a niveles insólitos. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia actualmente cuenta con apenas tres juezas mujeres (19%) e históricamente ha habido solamente cuatro mujeres sobre un total de 108 magistrados (3,7%). En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo una de los siete integrantes actuales es mujer (14,3%), y en la Corte Penal Internacional las mujeres son apenas seis sobre un total de 18 miembros (33%). Finalmente, 10 de los 56 mecanismos especiales de la ONU hasta el día de hoy nunca han sido ocupados por una mujer.
En otras palabras, las mujeres están al margen de las decisiones que se toman en la mayor parte de los temas más significativos para el futuro de la humanidad en lo político, lo judicial y los procesos de paz. Esta realidad contrasta con el reconocimiento del derecho a la participación en el ámbito internacional en condiciones de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ampliamente ratificada a nivel mundial, y con las aspiraciones de participación balanceada o igualitaria propuestas en diferentes espacios de la ONU y otras instituciones.
¿Cuál fue el origen de la campaña Gqual, cuáles son sus objetivos, y qué han logrado hasta la fecha?
Teniendo en cuenta la realidad de los techos de cristal y las involuciones drásticas que se han producido recientemente en la composición de algunos órganos, un grupo de mujeres y hombres convencidos del valor de los espacios paritarios y diversos nos unimos en una iniciativa para impulsar la paridad de género en los espacios de justicia y monitoreo a nivel internacional. Con ese objetivo lanzamos la campaña Gqual en septiembre de 2015. Desde allí impulsamos compromisos individuales e institucionales con la paridad de género en la representación internacional, el desarrollo de investigaciones, estándares y mecanismos que promueven la igualdad de género en los espacios de monitoreo y de justicia a nivel internacional, el debate vibrante y oportuno sobre el tema para hacer avanzar la agenda de igualdad, y la generación de una comunidad de discusión y acción sobre el tema.
Entre las acciones de la campaña se encuentran el seguimiento y distribución de la información sobre los puestos disponibles en la esfera de la justicia internacional. Enviamos cartas y publicamos información en redes llamando la atención acerca de las oportunidades y las disparidades, promovemos investigaciones académicas, y hacemos propuestas para la modificación de los procedimientos de nominación y selección de quienes ocupan los puestos de justicia y monitoreo a nivel nacional e internacional. Entre las iniciativas más interesantes se cuenta el ranking donde incluimos el número de hombres y mujeres en puestos por país. También hacemos reuniones de personas expertas para contribuir al desarrollo de documentos especializados. Adicionalmente, hacemos sinergia con los procesos de selección en los espacios de la justicia a nivel nacional y participamos de debates sobre representación a nivel nacional e internacional, de modo de avanzar en la agenda más amplia de cambio político y social en favor de la igualdad.
Quiero invitar a todas y todos a sumarse a la campaña en línea y a seguirla e interactuar con ella en redes sociales. Desde el lanzamiento de la campaña hemos avanzado en el debate del tema y hemos tenido varios logros significativos, entre los que se cuentan resoluciones de la ONU y la Organización de los Estados Americanos sobre equilibrio de género en la composición de órganos internacionales, la sistematización de información sobre la composición de puestos en el ámbito de la ONU desagregados por género e investigaciones excelentes que permiten fundamentar las obligaciones internacionales de los estados y los organismos internacionales, entre muchos otros. Al trabajar por el acceso de las mujeres a los espacios internacionales en condiciones de paridad, la campaña Gqual impulsa varios de los compromisos expresados en los ODS: el de igualdad, el de acceso a la justicia, el de lucha contra la pobreza y el de compromiso con la paz.
¿Qué apoyo de la sociedad civil internacional se necesita para seguir impulsando la campaña?
El mayor apoyo que la sociedad civil internacional podría dar a la campaña es sumarse al debate sobre la importancia de asegurar la participación paritaria de las mujeres en los espacios de monitoreo y justicia a nivel internacional. Dependiendo de las posibilidades de cada persona, organización o institución, quizás puedan avanzar en agendas más específicas a nivel local o internacional en sinergia con los objetivos de la campaña. Por ejemplo, impulsando que el gobierno de su país haga seguimiento de sus nacionales en puestos de elección, haciendo investigaciones de campo sobre los procesos de selección, escribiendo sobre las obligaciones constitucionales o derivadas del derecho internacional para garantizar la igualdad en el acceso a la representación internacional, haciendo campañas de sensibilización pública, o escribiendo para el blog de la campaña o en periódicos locales. Dada la desigualdad estructural y la inercia de algunos gobiernos que los vuelve reacios a actuar, la sociedad civil y la ciudadanía deben exigir que las autoridades aseguren que las mujeres sean nominadas y consideradas para puestos de toma de decisiones a nivel internacional y nacional. La sociedad civil también puede ayudar a impulsar el debate recopilando datos y publicando análisis y estudios.
Quiero resaltar que por la naturaleza de la campaña -que surge de la iniciativa de mujeres que abogan por la igualdad y que en su mayoría donan su tiempo para conseguir avanzar- les agradecemos cualquier aporte de tiempo o donaciones para apoyar el trabajo y las iniciativas. Queremos un mundo más justo, igualitario y en paz, y para eso precisamos que las mujeres intervengan en pie de igualdad en la toma de las decisiones que nos atañen a todos y todas.
Contáctese con la campaña Gqual a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@GqualCampaign, a@cejil y a @mundopenelope en Twitter.
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#BEIJING25: “Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida”
En ocasión del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.
CIVICUS conversa con Pakou Hang, Directora de Programas de Vote Run Lead (Vota Compite Lidera), una organización dedicada a capacitar a mujeres para que se postulen para cargos políticos y ganen la elección, aumentando la representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Fundada en 2014, ya ha alcanzado a más de 36.000 mujeres en los Estados Unidos, casi el 60% de las cuales son mujeres de color y el 20% procede de las zonas rurales. Numerosas graduadas de Vote Run Lead ahora ocupan puestos en ayuntamientos, juntas de condado, cámaras estatales, cortes supremas y en el Congreso de los Estados Unidos.
Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales?
Se ha avanzado mucho desde 1995, pero todavía queda mucho por hacer y todavía estamos lejos de la equidad. En términos de representación política ha habido algunos avances, pero estos también han sido lentos: a nivel global, a principios de 2019 el 24,3% de los integrantes de los parlamentos nacionales eran mujeres, en comparación con apenas 11,3% en 1995. Solo tres países en todo el mundo alcanzaron o superaron la paridad en sus cámaras bajas o legislativos unicamerales, pero han sido muchos más los que alcanzaron o superaron el umbral del 30%. Hasta el año pasado había también 11 mujeres jefas Estado y 12 jefas de gobierno; y las mujeres ocupaban casi el 21% de los puestos ministeriales, a menudo en las áreas más asociadas a las temáticas de la mujer, tales como acción social y carteras relacionadas con la familia, la niñez, la juventud, la tercera edad y la discapacidad. Así que el resultado final es mixto: se ha avanzado mucho, pero el progreso ha sido lento y está lejos de ser suficiente.
También ha habido una gran variación entre regiones y países, desde alrededor de 16% de mujeres parlamentarias en la región del Pacífico hasta más del 40% en los países nórdicos. El promedio para las Américas es 30%, pero Estados Unidos se encuentra por debajo del promedio. El Congreso sigue siendo desproporcionadamente dominado por hombres. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población, ocupan solamente el 24% de las bancas. El Congreso también es menos racialmente diverso que el conjunto de la población, ya que el 78% de sus miembros se identifican como blancos, una proporción sustancialmente superior al 60% de la población estadounidense compuesta de personas blancas.
Según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (Center for American Women and Politics), la situación no es muy diferente a nivel estadual: el 29,2% de los escaños legislativos estaduales y el 18% de las gobernaciones son ocupados por mujeres. Hay menos datos sobre los ejecutivos locales y el grueso de la información disponible refiere a las ciudades más grandes, el 60% de cuyos alcaldes son hombres blancos, a pesar de que estos dan cuenta de apenas el 20% de la población de esas ciudades. Aunque en 2018 más mujeres accedieron a cargos públicos locales, siguió siendo frecuente que los ayuntamientos y las comisiones de los condados incluyesen a una sola o a ninguna mujer.
Por otro lado, a pesar del relativamente pequeño número de mujeres legisladoras, y especialmente de mujeres de color, el Congreso actual es el más diverso en la historia. Y el grupo de candidatos que se postularon para cargos legislativos en 2020 también fue el más diverso jamás visto. Por supuesto, estos candidatos recibieron fuertes ataques de los medios y de la oposición política. Pero creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva para entender la magnitud del cambio ocurrido. Sin duda que me decepcionó que termináramos con dos hombres blancos y mayores a la cabeza de las dos principales fórmulas presidenciales, pero lo cierto es que ahora también tenemos a una mujer negra y de ascendencia india como vicepresidenta electa, y eso es un avance.
Recuerdo que cuando se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2020 llamé con la noticia a mi sobrina de nueve años. Ella estaba extasiada. Lo cual me recordó que ella pertenece a una nueva generación de estadounidenses nacidos durante la presidencia de Barack Hussein Obama. Cuando crezca sabrá que Donald Trump fue presidente, pero también sabrá que Trump fue vencido por una mujer negra de ascendencia india. Mientras hablábamos, mi sobrina me dijo: “Ya casi lo logramos, tía”. Y caí en la cuenta de que tenía razón: sí, ya casi estamos.
¿Por qué es importante alcanzar la paridad de género en la representación política? ¿Es solo una cuestión de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades, o también tendrá efectos positivos en las instituciones democráticas y en las políticas públicas?
Una de las principales razones por las cuales necesitamos más mujeres en puestos gubernamentales es que ellas gobiernan en forma diferente de los hombres. Las mujeres en el gobierno son más colaborativas, más civiles, más comunicativas. Son más proclives a trabajar con miembros de otros partidos para solucionar los problemas. Consiguen más dinero para sus localidades, aprueban más leyes, y sus proyectos están más enfocados en las poblaciones más vulnerables como la niñez, la ancianidad y las personas enfermas. Las mujeres amplían la agenda política, más allá de los asuntos tradicionalmente concernientes a las mujeres. Y el resultado son mejores políticas para todas las personas, es decir no solo para las mujeres y las niñas, sino también para los hombres y los niños. Por último, dado que ellas traen a los procesos de formulación de políticas un nuevo conjunto de perspectivas y experiencias de vida, su presencia asegura que las perspectivas de las mujeres no sean dejadas de lado, y que asuntos tales como la violencia de género o el cuidado infantil no sean ignorados. En resumen, las mujeres en puestos gubernamentales tienden a ser más efectivas que los hombres. Y dada la actual situación de estancamiento político e hiperpartidismo, necesitamos hacer las cosas de un modo diferente. Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida.
Además, la necesidad de mujeres en el poder y en la política se ha vuelto aún más crítica en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el último ciclo electoral los donantes quisieron contribuir a las campañas de las candidatas mujeres más que nunca antes, porque la pandemia los hizo tomar conciencia no solo las numerosas inequidades que atraviesan a nuestra sociedad y al sistema de salud, sino también de la labor sobresaliente que las mujeres, y en particular las mujeres de color, están llevando a cabo en sus comunidades para responder a las necesidades urgentes, cubrir las lagunas de políticas gubernamentales inadecuadas, y abordar los problemas de las comunidades excluidas que han sido desproporcionalmente afectadas por el COVID-19 y la crisis económica. Durante esta crisis, las mujeres han desempeñado roles fundamentales a la hora de mantener conectadas a las comunidades, recolectar y distribuir alimentos y otros bienes básicos para las familias necesitadas, encontrar maneras para apoyar a la actividad económica local y proveer servicios comunitarios ad hoc, entre otras cosas.
Las investigaciones que analizan las formas en que diversos países han respondido a la pandemia parece mostrar que los países con líderes mujeres tienden a tener menos casos y menos muertes por COVID-19. Parece que las mujeres en el poder han adoptado un estilo de liderazgo transformador que puede resultar más apropiado para el manejo de crisis. Este tipo de liderazgo se centra en las relaciones humanas profundas, la inversión en el equipo de trabajo y el intercambio de conocimientos, la acción ejemplificadora y la motivación de los demás. Estas cualidades son muy útiles en nuestro contexto actual.
¿Por qué crees que la representación política de las mujeres en los Estados Unidos sigue siendo tan baja?
Hay muchas razones por las cuales no tenemos paridad de género en la representación política. En primer lugar, todavía hay demasiadas razones estructurales por las cuales las mujeres no se postulan y no son elegidas. Las mujeres siguen realizando una cantidad desproporcionada de las tareas domésticas y de crianza y la cobertura mediática sigue siendo sexista, ya que se enfoca en las apariencias y en la personalidad de las mujeres más que en sus políticas. Además, las personas que ocupan las estructuras partidarias y cuentan con conocimiento político, redes de contactos y dinero siguen siendo hombres, y a menudo son ellos quienes determinan quién es políticamente viable. Por ejemplo, un hombre joven que estudió desarrollo comunitario en Harvard es considerado más viable que una mujer de mediana edad que ha desarrollado labores de organización comunitaria durante 20 años.
Paradójicamente, las candidatas mujeres ganan elecciones en aproximadamente las mismas proporciones que sus homólogos masculinos y, según las encuestas, a los votantes les entusiasma la posibilidad de elegir mujeres. Pero la segunda razón por la cuales las mujeres no son electas es simplemente que no se postulan en las mismas cantidades que los hombres, y desde ya que si no compites no puedes ganar.
¿Por qué las mujeres no se postulan para cargos públicos? Quizás la razón más generalizada es que las mujeres dudan de sí mismas. No se consideran calificadas. No ven a otras mujeres que se parecen a ellas o que piensan como ellas en esas posiciones de poder y, por lo tanto, es un círculo vicioso. Y no solamente las mujeres dudan de sí mismas, sino que también lo hacen los observadores externos. De hecho, si una determinada posición de poder nunca ha sido ocupada por una mujer, entonces la pregunta que se plantea una y otra vez en los medios, en tono de duda, es: ¿podría una mujer ser elegida? Es una pregunta que escuchamos mucho durante las primarias presidenciales demócratas de 2020.
También está el hecho de que ciertas cualidades que se consideran positivas en los hombres, como la asertividad o la ambición, adquieren una connotación negativa cuando se aplican a las mujeres. Mientras que sin duda ha habido hombres furiosos y vengativos que fueron elegidos presidente, las mujeres que son percibidas como “enojadas” o “vengativas” son consideradas desagradables y, por lo tanto, descalificadas. Las mujeres candidatas son sometidas a estándares de calificación mucho más altos, a veces por sí mismas, pero más a menudo por otras personas, y como resultado de ello carecemos de paridad de género en nuestra representación política.
¿Cuándo se dio cuenta de que, a diferencia de los hombres, las mujeres necesitaban entrenamiento para postularse a un cargo público?
A pesar de haber estudiado Ciencia Política en la universidad, sentía que la política estadounidense era sucia y corrupta y nunca estuve me involucré en la política electoral. Pero en 2001 mi prima mayor, Mee Moua, decidió postularse para un escaño en el Senado estadual por el distrito Este de Saint Paul en una elección especial. El distrito Este de Saint Paul se estaba convirtiendo rápidamente en un distrito donde las minorías eran mayoría, pero aun así todos sus funcionarios electos, desde el nivel estadual al condado y la ciudad, eran hombres blancos y conservadores. Mi prima se había graduado en una universidad prestigiosa, había ejercido como abogada y había sido presidenta de la Cámara de Comercio Hmong, y decidió postularse después de ser voluntaria por años en numerosas campañas políticas. Sin embargo, como sucede a menudo con las candidatas mujeres, le dijeron que tenía que esperar su turno. Bueno, decidió no hacerlo, y como ningún actor político relevante la ayudó, reunió a nuestros 71 primos hermanos para convertirlos en su ejército de voluntarios y me reclutó a mí como jefa de campaña, porque yo era la única que había estudiado Ciencia Política. Contra todo pronóstico, sin ninguna experiencia política y en medio del invierno de Minnesota, golpeamos puertas, hicimos llamadas telefónicas, movilizamos a los votantes usando estaciones a través de las radios de la colectividad, llevamos a la gente a las urnas y ganamos. Hicimos historia al elegir al primer legislador estadual hmong en la historia de los Estados Unidos y en la historia hmong.
En un examen retrospectivo, me doy cuenta de que dirigí la campaña basándome puramente en el instinto, alimentado a partir de mi experiencia infantil de ayudar a mis padres, que no hablaban inglés, a moverse en el mundo exterior. Y aunque ganamos, bien podría haber sucedido que enfrentáramos a un adversario mejor organizado y perdiéramos. Recién años más tarde, tras hacer una capacitación política en Camp Wellstone, me di cuenta de que las candidatas mujeres necesitábamos algo diseñado especialmente para nosotras, algo que nos interpelara directamente y nos preparara para los problemas reales que enfrentaríamos en tanto que candidatas mujeres.
¿Qué tipo de capacitación ofrece Vote Run Lead, y cómo ayuda a derribar las barreras que mantienen a las mujeres alejadas del poder?
Vote Run Lead es el programa de liderazgo de mujeres más grande y diverso de los Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 38.000 mujeres para postularse a cargos públicos, incluidas mujeres rurales, mujeres trans, mujeres jóvenes y mujeres negras, indígenas y de color. Más del 55% de nuestras graduadas que compitieron en la elección general de 2020 ganaron, y el 71% de nuestras graduadas que son mujeres de color también fueron electas.
Las mujeres que entrenamos usualmente deciden postularse a cargos públicos porque identifican algo negativo en sus comunidades y quieren arreglarlo. Pero no ven a mucha gente parecida a ellas en posiciones de poder. Vote Run Lead ofrece varios módulos de capacitación que enseñan a las mujeres todo lo que necesitan saber sobre las campañas, desde dar un discurso, armar un equipo de campaña o elaborar un mensaje, hasta recaudar fondos y motivar a la gente a votar. Pero lo que diferencia a nuestro programa de capacitación es que entrenamos a las mujeres para que se postulen tal como son. Las mujeres a menudo necesitan apoyo para verse a sí mismas como candidatas calificadas, capaces y merecedoras. Les mostramos que no necesitan buscar otra promoción u obtener otro título ya que, de hecho, su historia personal es su mayor activo. Nuestro currículo de capacitación, Run As You Are (Compite Tal Como Eres), les recuerda a las mujeres que ellas son suficiente y que son el tipo de líderes que necesitamos elegir para construir la democracia justa que merecemos.
¿Cuál es el perfil “típico” de la mujer que ustedes ayudan a postular? ¿Apoyan a cualquier mujer que quiera competir independientemente de su orientación política?
No hay una graduada típica de Vote Run Lead. Somos una organización no partidaria, por lo que capacitamos a mujeres de las procedencias más diversas, de todas las profesiones, de todos los partidos políticos, y cualquiera sea nivel su desarrollo político. Nuestros valores están profundamente vinculados con la promoción de mujeres interseccionales y antirracistas comprometidas con la construcción de una democracia más justa y equitativa.
Dado el fenómeno generalizado de la supresión de votantes en los Estados Unidos, ¿el programa también se orienta a motivar la participación electoral?
Tradicionalmente, Vote Run Lead no utiliza un programa propio para motivar la participación electoral (GOTV, por sus siglas en inglés) ya que la mayoría de nuestras graduadas están ya sea compitiendo en una elección o trabajando en una campaña. Pero en 2020, cuando los ya elevados niveles de supresión de votantes fueron alimentados por campañas de desinformación y preocupaciones por la seguridad de la salud, Vote Run Lead lanzó un sólido programa GOTV que involucró a nuestras graduadas. Este programa GOTV incluyó ocho módulos de capacitación específicos para motivar la participación electoral, que abarcaron desde cómo responder a la apatía y el cinismo en torno a la elección, hasta cuáles plataformas digitales y herramientas de comunicación usar para promover la participación. También contactamos a más de 200 voluntarias, tuvimos 3.000 conversaciones, hicimos 30.000 llamadas telefónicas y enviamos más de 33.000 mensajes de texto para que nuestras graduadas y sus redes fueran a votar.
Antes del verano también lanzamos una serie llamada “Tu gabinete de cocina”, con la cual capacitamos a las mujeres sobre cómo recaudar dinero, hacer contacto directo con los votantes e incluso lanzar un plan digital manteniendo la distancia social. Esas guías y seminarios virtuales se pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube y ofrecen consejos en tiempo real e información basada en evidencia.
El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
Contáctese con Vote Run Lead a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@VoteRunLead en Twitter. -
#BEIJING25: “Todos los esfuerzos hacia la igualdad de género deben basarse en la interseccionalidad y el empoderamiento”
En ocasión del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.
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BAHRAIN: ‘This election is make-believe: its only role is to provide a veneer of democracy’
CIVICUS speaks about the election being held today in Bahrain withJawad Fairooz, founder and director of Salam for Democracy and Human Rights (Salam DHR).
Salam DHR is a human rights civil society organisation (CSO) founded in 2012 to undertake research and advocacy for the advancement of democracy and human rights, mainly in relation to Bahrain, but also in the wider Gulf and Middle East and North Africa regions.
Jawad Fairooz is a former Bahraini parliamentarian. In the 2010 election his political group, al-Wefaq, won 18 out of 40 seats, becoming the largest group in the Council of Representatives. They all resigned in repudiation of the repression of protests in 2011, and Jawad and another parliamentarian were arrested, tortured and ill-treated in detention. In November 2012, while he was visiting the UK, the government withdrew his citizenship, making him stateless. He became a campaigner against statelessness and for the rights of the stateless and founded Salam DHR in 2013.
What is the significance of today’s election?
Elections matter, or at least they should. In Bahrain, elections for municipal councils and the 40-seat parliament, the Council of Representatives, are held every four years, with possible runoffs where no candidate obtains a majority.
Between 2002 and 2010, these elections were carried out in a context where civil society had become relatively more vibrant. They continued – even if only just – to carry the promise that parliament would take an increasingly larger and more responsible role in deepening democracy and freedoms and ensuring the continuing existence of civil society.
Far more than now, they showed elections are a pivotal moment for social and political renewal – for those who will shape society to engage with civil society and to accommodate differing social and political views. Elections can create a sense of shared ownership, and in a context of tolerance and acceptance they can foster a vibrant and responsible civil society. They can help build a culture of human rights.
But that is not the case with today’s election.
This one reflects an ever-shrinking civic space. Parliamentarians’ institutional power has weakened, as they too operate under limited civic space. The government is inclined to seek less qualified parliamentarians whose conduct it will be able to control. To further weaken and subordinate parliament to the government’s will, the King recently issued a decree giving more power to parliament’s chair, a government loyalist, to determine the body’s workings. This will further extend government writ and further chill civic space.
This election, like those of 2014 and 2018, is controlled or stage managed in a way that makes it clear that its only role is to provide a veneer of democracy. It’s make-believe.
But let’s be clear: it is also an opportunity for us to get back to work on our own renewal, to locate openings and fissures and pry them open, and to chip away at walls enclosing us, in Bahrain, in the Gulf and across the region. An opportunity to look forward.
Flaws notwithstanding, we need to engage with the new parliamentarians. Will the government let them engage with independent civil society? It looks unlikely, but we will try, both through bilateral parliamentary visits and in the context of the Inter-Parliamentary Union’s General Assembly, which will be held in Bahrain’s capital, Manama, in March 2023. We need to start organising now so that global parliamentarians can help carry our voices and those of international civil society to the heart of Manama.
We also need to plant the seeds for civil society activism around COP28, which will take place a year from now in neighbouring United Arab Emirates, where civic space is non-existent. We just can’t stop now, however bleak the situation of Bahrain or the Gulf may seem. This cycle of unfair elections is done, but our task to continue to look for avenues of engagement and activism continues apace. We are looking forward.
Have further restrictions been imposed on civic space in the run-up to the election?
Not really, as most of the damage was already done.
In December 2014, the authorities imprisoned Ali Salman, the leader of al-Wefaq, the largest political association. He was arrested for protesting against the parliamentary elections, which al-Wefaq boycotted because promised reforms had not been implemented. In 2015 he was sentenced to four years in prison on charges such as inciting hatred, disturbing the peace and insulting public institutions, but he was acquitted of the most serious charge, of inciting political change, which could carry a life sentence.
He appealed, but so did the prosecutor, who demanded a stricter sentence, and in 2016 his prison sentence was increased to nine years. Further charges were subsequently added and in 2017 he was accused and tried for the crime of ‘spying for Qatar’. For having tried to mediate in Bahrain’s conflict with Qatar, the authorities handed him a life sentence.
In July 2016, a court in Bahrain dissolved and banned Al-Wefaq after accusing it of fostering violence and ‘terrorism’. In May 2017, the main non-sectarian political association, Wa’d, was shut down as well, also under accusations of advocating violence, supporting terrorism and inciting crimes.
In advance of the 2018 parliamentary election, the government amended the NGO law, extending restrictions on who could establish or be on a CSO board, irrespective of the organisation’s nature – this applies even to organisations working on sports, working with the community or providing charitable services. It also forbade all those linked to banned political parties from engaging with CSOs.
In addition, anyone sentenced to more than six months’ imprisonment, even if subsequently pardoned by the King, convicted in error or provided with a ‘no objection certificate’, is now deprived for life of voting rights and the right to stand for election. Likewise, all those who for whatever reason did not take part in the previous election have been banned from taking part in the next.
Having crushed civic space for years, in the run-up to the 2022 election the authorities only needed to ensure that calm persisted. To that effect, in September the Ministry of Municipalities Affairs issued vaguely worded regulations that appeared to link electioneering and religion. Among other things, these regulations banned the holding of meetings in public religious centres and other public places such as educational facilities. They appeared aimed at the majority Shi’a community for whom such centres have often become the only places where they – we – are allowed to gather.
What are the conditions for civil society like in Bahrain?
In Bahrain, the very existence of a civil society – let alone an independent one – depends on the political will and whim of the government: the Ministry of Labour and Social Development controls the licensing of all CSOs.
The newly amended NGO Law redefined who could establish and run a CSO and prohibited members of banned political bodies from setting up a CSO. These new rules were applied in January 2022 to forbid two peaceful women activists, Zainab al-Durazi and Safia al-Hasan, taking up the board positions to which they had been freely elected in a women-focused CSO. The two women had been linked to the banned group Wa’d.
Do some of the activities of CSOs whose directors are demonstrably loyal to the state help and support society’s needs? Of course they do. We need them and we commend such organisations. But they are not independent.
Those perceived as not personally loyal to the government and its leaders do not get licences to operate any CSO and are not allowed to be on supervisory boards, in any sector, in total contravention to international law and practice, and completely against the wishes of Bahraini people. A thorough vetting process ensures this remains the case.
All CSOs must obtain permission to engage in any way with non-Bahraini bodies such as foreign or international human rights groups or to meet with foreign Bahrain-based diplomats. If they get permission and the meeting takes place, the government requires the participation of a Foreign Ministry representative and the preparation of notes for the meeting, subject to approval. If this is not done, the representative of the CSO risks criminal charges or the closure of the organisation.
The absence of an independent civil society means that any consultation that does take place is performative – just for show. The authorities don’t typically take the limited civil society that is loyal to the government into account, so independent voices are simply not even in the picture.
If the government only consults those of whom they approve, and even then, only barely, how will that shape government policy? How can it capture the concerns and wishes of the wider population? How is this sustainable? Well, it isn’t. It is unwise and risks creating conditions similar to those that resulted in a national crisis in 2011.
What would it take to build democratic institutions in Bahrain?
Recent history has shown that democratic institutions are difficult to build and easy to lose. In Bahrain and the Gulf, the human rights movement does not call for removal of X so that they be replaced by Y. Instead, we build case studies from each country to show the inequities of laws and practices, and we campaign on that. The reform of specific practices, in certain areas – the administration of justice, the freedom of assembly – is achievable if the authorities in Bahrain and across the Gulf actually engage with human rights groups and United Nations human rights bodies.
We need the Bahraini authorities to provide some genuine representation of the people by the people. We are ready to have a real, genuine dialogue with the authorities, but there needs to be a level playing field. If, despite the restrictions placed on them, the parliamentarians elected in this election step up, then we will have a chance to make a difference going forward. But just as we dare to dream and act, they need to do so too.
What kind of support does Bahraini civil society need from the international community?
We need more engagement. We need states and friends in international civil society to step up and explain the character and vision of the democratic society that the majority of Bahrainis seek; to explain that it does not represent a threat but rather an unlocking of potential.
We need international civil society counterparts to engage in international fora, not only to reflect and project our voice but also to emphasise the role and inherent legitimacy of Bahraini civil society to the Bahraini authorities.
We need our international partners to put pressure on the government’s human rights oversight bodies – the Ombudsman’s office, the Special Investigative Unit and the National Institution for Human Rights – to provide real rather than cosmetic redress, accountability and reform. Some of these oversight bodies have helped migrant workers facing abuse, but even then, their scope has been limited as they have failed to address underlying unjust laws or practices.
We need help and expertise to collate evidence to mount realistic claims for accountability in jurisdictions that have provisions for sanctioning, such as the Global Magnitsky Act that the US government uses to sanction foreign government officials deemed to be human rights offenders,
We need international civil society to press the government of Bahrain to explain why it has failed to adhere to the international conventions to which it has acceded, or why it has not acceded to additional standards such as optional protocols, or been clearer about imposing a moratorium on the death penalty.
Civic space in Bahrain is rated ‘closed’ by theCIVICUS Monitor.
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