protesta
-
ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”
CIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?
Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.
Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.
Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.
Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.
En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.
En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.
El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.
La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.
En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.
El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.
En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.
La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.
¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?
Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.
El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.
El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.
El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.
¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?
En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.
En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.
El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.
La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.
El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.
¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?
En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.
Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.
Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.
El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Amnistía Internacional Argentina a través de susitio web o sus cuentas deFacebook, Instagram, TikTok o Twitter, y contáctese con Mariela Belski a través de sus cuentas deInstagram oLinkedIn.
-
CUBA: ‘Las únicas opciones posibles son la prisión, el exilio o la sumisión’
CIVICUS conversa con la activista cubana Carolina Barrero, exiliada en España desde febrero de este año, acerca de las circunstancias que llevan a cantidades cada vez mayores de cubanos y cubanas a salir del país.Carolina es historiadora del arte e integrante del movimiento 27N, constituido a partir de las protestas realizadas el 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para denunciar la falta de libertades, la represión del disenso y el acoso contra el Movimiento San Isidro, un movimiento de protesta formado por artistas. Fue obligada a salir de Cuba en represalia por su activismo en apoyo de familiares de presos políticos del 11J, las protestas del 11 de julio de 2021.
¿Por qué saliste de Cuba?
Mi historia como activista forzada al exilio sigue el patrón utilizado por el aparato de seguridad del Estado para neutralizar a la disidencia. Muchas veces me dijeron que debía irme o de lo contrario sufriría consecuencias penales y eventualmente iría a la cárcel. Ninguna de esas veces cedí. Actualmente tengo cuatro causas abiertas, por instigación a delinquir, conspiración contra la seguridad del Estado, desacato y clandestinidad de impresos. En cada uno de los casos fui amenazada con ser procesada y encarcelada si no cesaba mi activismo. Me instaban a quedarme “tranquila”, un clásico eufemismo que utilizan para decir “sometida”.
El 31 de enero de 2022 fui detenida en unaprotesta frente al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. Era el primer día deljuicio de un grupo de manifestantes del 11J. Estaba con otros activistas como Alexander Hall, Leonardo Romero Negrín, Daniela Rojo y Tata Poet, acompañando a las madres de los presos políticos que esperaban para poder ver a sus hijos a la distancia cuando los llevaran al tribunal. Cuando eso ocurrió todos aplaudimos y gritamos “libertad” y “son héroes”. La seguridad del Estado nos detuvo a todos violentamente, a los golpes, y nos subió a un camión jaula para llevarnos a distintas estaciones policiales.
Al igual que las veces anteriores, la seguridad del Estado me dijo que tenía 48 horas para irme de Cuba. Pero esta vez me dijeron que, si no lo hacía, procesarían a doce madres de presos políticos por desorden público. En un primer momento creí que era solo una amenaza vacía, pero me dijeron ‘llevamos 20 años haciéndole esto a las Damas de Blanco’, que desde 2003 se movilizan por sus familiares detenidos. Es decir, estaban dispuestos a ir hasta el final.
La dictadura cubana conoce muy bien cómo presionarnos utilizando a nuestras familias y nuestras vidas privadas porque nos tienen bajo vigilancia y lo saben todo. Por ejemplo, saben si tu madre sufre del corazón y le hacen una visita para obligarte a que te quedes tranquila y no la mates de un infarto. Si cometiste una infidelidad, te amenazan con mostrarle fotos a tu pareja. Si estás en la universidad, te amenazan con la expulsión. Si vives en una vivienda rentada, presionan a tus caseros para que te echen. Su táctica es detectar tu debilidad y chantajearte para someterte. Al final uno se cansa de esta vida y prefiere autocensurarse.
Conmigo esas amenazas no tenían asidero, así que me amenazaron con atentar contra la libertad de terceras personas. Sabían de mis vínculos estrechos con las madres con hijos presos, y particularmente con Yudinela Castro y Bárbara Farrat. La mayoría de las madres vive en una situación de mucha precariedad y no puede denunciar las arbitrariedades que padecen. Muchas tienen a más de un hijo preso, o también a sus esposos, por lo que están bastante solas. Cuando me amenazaron con criminalizarlas y encarcelarlas, decidí que esta vez sí me tenía que ir.
¿Cuán diferente es la situación de los exiliados políticos de la de quienes emigran por razones económicas?
En principio parecería haber una gran diferencia entre el exilio resultante del uso de la represión sistemática para castigar o neutralizar la disidencia política, y la emigración motivada por la asfixia social y económica. Sin embargo, esta clasificación oscurece las causas últimas de los factores que llevan a la gente a irse de Cuba.
En una dictadura como la cubana, las razones profundas por las cuales la gente se va del país son siempre políticas. Todos los procesos de exilio cubanos, desde los años ‘60 hasta la fecha, tienen como trasfondo una causa política: la represión por parte del régimen. No solamente faltan las libertades políticas, sino todas las libertades necesarias para que uno pueda gestionarse su propio destino. En Cuba las personas no tienen agencia sobre ningún aspecto de su vida pública ni privada; todos los aspectos de la vida están controlados por el Estado cubano, que no es simplemente autoritario, sino totalitario.
Nadie huye del paraíso. Nadie decide dejar su vida, su trabajo, su profesión y sus afectos para perseguir el “sueño americano”. Aunque haya casos en que el carácter forzado del exilio parece más claro que en otros, al final del día todo exilio de Cuba es un exilio forzado. Huimos para sobrevivir y para poder tener la oportunidad de ser.
Muchos cubanos salen arriesgando sus vidas en el mar, cruzando selvas con sus bebés, para llegar a un lugar donde no conocen el idioma ni la cultura, todo para ser un poco más libres. En Cuba, si tú no encajas con el molde establecido por el Partido Comunista, el único partido autorizado y el que gobierna desde 1965, eres un criminal en potencia. Todo es determinado políticamente, desde el acceso a la educación y al sistema de salud hasta la posibilidad de ganarte la vida. La asfixia económica también tiene causas políticas: de ahí que sea engañoso distinguir tajantemente entre un exilio político y una migración económica.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021 y su represión, quedó más claro que nunca que las únicas tres opciones posibles para los cubanos son la prisión, el exilio o la sumisión.
Al igual que otros activistas cubanos exiliados, desde que saliste de Cuba no has parado de hacer incidencia internacional. ¿Piensas que el Estado cubano podría replantearse su táctica de ofrecer la salida en vez de la cárcel?
Hoy por hoy, al Estado cubano le preocupa más tenernos dentro, encendiendo el fuego de la protesta, que afuera, denunciando la represión en foros internacionales. Pero creo que el régimen se equivoca en sus cálculos, porque quienes salimos al exilio no nos olvidamos de Cuba y no estamos dispuestos a abandonar la causa de la democracia. Y la incidencia internacional juega un importante rol en esta lucha.
Esto que al régimen le puede parecer inocuo es una parte fundamental del activismo para poner fin a la dictadura porque ataca uno de los pilares fundamentales que han sostenido al régimen: la eficacia de la propaganda internacional. El Estado cubano ha destinado una enorme cantidad de recursos a la diplomacia para que cada embajada sea un centro de propaganda que promueva el relato, la épica y el mito de la Revolución Cubana.
Para contrarrestar el efecto de esa propaganda sobre la opinión internacional, Cuba ahora tiene en nosotros un creciente ejército de embajadores que ha sido testigo y parte del último ciclo de protestas y puede dar cuenta en los foros internacionales de lo que realmente ocurre en Cuba. Creo firmemente que en buena medida la caída de la dictadura dependerá de la caída del mito. Esta es una labor importante para nosotros en el exilio.
¿Cuáles son las probabilidades de que se produzca una transición política en Cuba?
No me atrevo a hacer predicciones con un tema tan delicado y tan deseado por los cubanos a lo largo de décadas. Lo que sí puedo destacar es un hecho: el régimen cubano nunca ha estado tan débil como ahora. Tras las protestas masivas, el régimen ya no puede ocultar la amplitud del descontento, que históricamente ha adjudicado a cinco opositores sueltos que según su narrativa están financiados por “el imperio”. El descontento social es evidente y masivo, y alcanza a todos los rincones de la isla y a todos los sectores sociales. La dictadura ya no posee el apoyo de los más pobres o de aquellos a quienes dijo defender, sino apenas de la cúpula militar y burocrática.
También tiene un grave problema de sucesión. Desde que Miguel Díaz-Canel asumió el poder tras ser designado por Raúl Castro, no ha tomado ni una decisión administrativa que le haya valido un elogio. Todo ha sido un desastre y se le recordará como un dictador incompetente y con muy poco carisma. Creo que el régimen piensa las 24 horas del día en cómo solucionar esta especie de vacío de poder, ya que Díaz-Canel no tiene credibilidad alguna ni siquiera entre los funcionarios, y desmoraliza al propio aparato represor. El problema es que no tienen con quién reemplazarlo ni saben cómo. Podrían escenificar una votación, pero la situación está tan delicada que saben que todo podría salírseles de las manos muy fácilmente. Podrían incluso escenificar un autogolpe, pero este también es un camino muy delicado que podría ser letal.
En la actual coyuntura internacional, la posición de Cuba frente a la invasión rusa de Ucrania vuelve a la dictadura cubana, la más antigua del hemisferio occidental, aún más difícil de justificar ante la opinión internacional. Justificar a Cuba se ha vuelto un desafío incluso para quienes tienen un marcado sesgo ideológico. A estos factores se suman la crisis económica, social y humanitaria, todo lo cual amenaza al régimen y a su continuidad. Ante la crisis energética y el desabastecimiento de bienes básicos, el propio canciller cubano ha solicitado apoyo a la administración Biden, algo totalmente inaudito. La ironía es total: en Cuba hay personas presas acusadas de mercenarismo por haber recibido apoyo estadounidense, y resulta que ahora el propio gobierno cubano se ha convertido en mercenario según sus propias definiciones.
Lo que vaya a pasar o no, no me atrevo a pronosticarlo. Creo que las protesta no serán silenciadas y nuestras voces se seguirán escuchando. Solo espero que la transición democrática se produzca a través de un proceso pacífico y no de la violencia.
Más allá de derribar a la dictadura, el objetivo –y el desafío- es construir una democracia. Para ello necesitaremos el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como CIVICUS. Tras seis décadas de anestesia cívica y política, en los últimos años la sociedad civil cubana ha despertado y demostrado que tiene la capacidad, la voluntad y la determinación de avanzar hacia la democracia. Tenemos abierta una ventana de la oportunidad y, como diría el escritor cubano José Lezama Lima, tenemos la potencia del cambio.
El espacio cívico en Cuba es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
Contáctese con Carolina Barrero a través de su página deInstagram y siga a@carolinabferrer en Twitter.
-
CUBA: “Todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos”
CIVICUS conversa acerca de la reforma de los códigos Penal y de las Familias cubanos y de las reacciones del régimen a las grandes protestas de 2021 con Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma cubana.
Foto de María Lucía Expósito
¿Cuál es tu balance de la reciente reforma del Código Penal cubano?
La reforma del Código Penal no se entiende sin referencia a las protestas del año pasado. El argumento que se dio para justificar la reforma refirió a la reforma de la constitución: una vez actualizada la constitución en 2019, era necesario hacer esta reforma. Pero ya el proceso constitucional resultó engañoso: uno pensaría que una actualización constitucional es algo positivo, pero en Cuba no necesariamente es así. El proceso de reforma constitucional ya de por sí fue complicado: se hizo el ritual de la consulta pero fue básicamente impuesta. Y en términos de sustancia, la nueva constitución contiene muchos elementos cuestionables, que son los que debieran haberse reformado, pero se trasladaron intactos de la vieja constitución.
Por ejemplo, si bien la nueva constitución reconoce la existencia del mercado, continúa declarando que el sistema vigente es el de la economía socialista y subraya el carácter “irrevocable” del socialismo. El sistema de partido único continúa intacto, con el Partido Comunista Cubano reconocido como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” en función de “su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo”.
Dicho esto, otras libertades que la Constitución también reconoce se vacían de sentido. Por ejemplo, la Constitución reconoce “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, […] siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley” – la misma ley que establece que la única pertenencia política legítima es al Partido Comunista Cubano.
Lo mismo ocurre con la libertad de expresión y creación artística, reconocida si se ejerce “conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista”, o sea, solo si se expresa aquiescencia, pero no si se expresa un pensamiento crítico.
Pero en función de esta reforma se sostuvo que se debía actualizar el resto del marco legal, incluidos el Código Penal y el Código de las Familias. En el caso del Código de las Familias, esto era realmente necesario, porque no se actualizaba desde 1975 y estaba totalmente desajustado en relación con la realidad de la sociedad actual. La reforma del Código Penal también se justificó por la necesidad de “modernizar” la legislación y codificar delitos que el anterior, que databa de 1987, no reconocía, como los delitos ambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género. Pero desde mi perspectiva, esta reforma solo se entiende en referencia a las protestas de julio del año pasado y sus antecesoras: las del 11 de mayo de 2019, el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021.
Con el objeto de proteger al régimen del disenso, todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos de desorden público y contra la seguridad del Estado y se penaliza la financiación extranjera de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación. Así se busca ahogar a los medios disidentes, porque ¿cómo se va a financiar en Cuba un medio que no esté alineado con el Estado?
También se han endurecido las penas para varios delitos. La pena de muerte no solamente no se ha eliminado, sino que se ha agregado para algunos delitos más. La edad de imputabilidad es de las más bajas del mundo ¿Qué clase de modernización es esta? Por algún motivo se decidió no someter esta reforma a ninguna clase de consulta.
Si se analiza la producción de leyes de los últimos años, es evidente que ha habido un proceso de blindaje del régimen, que además ha avanzado más allá de controlar las acciones, para intentar también controlar el pensamiento. Este blindaje se cierra con el Código Penal, que busca evitar que se repitan las protestas del año pasado y acallar cualquier disenso
¿Cómo se entiende la discrepancia entre esta reforma tan regresiva del Código Penal y la aparentemente progresista reforma del Código de las Familias, actualmente en curso?
El Código de las Familias también debió actualizarse tras la reforma constitucional, aunque en realidad hubiera debido –y hubiera podido– ser reformado mucho antes. La primera vez que oí hablar oficialmente en Cuba sobre el matrimonio igualitario fue en el año 2007. Ya desde entonces hubo peticiones de reforma surgidas de la academia, que es donde se concentraba el activismo vinculado a cuestiones de género, derechos de las mujeres y las minorías sexuales.
Pero hubo mucha resistencia y la excusa era que para reconocer el matrimonio igualitario se necesitaba reformar la constitución. Lo cual obviamente no era cierto: el matrimonio estaba regulado por el Código de la Familia y no por la constitución y cuando ésta se reformó, no se incorporó este derecho, sino que se lo excluyó y se lo dejó pendiente para cuando se reformara el Código de las Familias.
El tema del matrimonio igualitario volvió a quedar en el centro del debate desde el momento que, como consecuencia de la reforma constitucional, se debe reformar el Código de las Familias, y entonces recomenzaron las presiones para que este derecho que no se consagró constitucionalmente fuera incluido en el Código – cosa que se podría haber hecho en 2007, 15 años atrás. Pero claramente en Cuba se gobierna así.
En el Código de las Familias que se llevó a consulta no hay protección especial para las infancias trans. Nada, ni una mención, aunque sabemos que este grupo presenta altas tasas de abandono escolar, expulsión del hogar y bullying escolar, por parte tanto de alumnos como profesores, es decir, una total imposibilidad de vivir su identidad de género con garantías. Cuando crecen, las personas trans, y particularmente las mujeres trans, son las víctimas predilectas de disposiciones punitivas relativas a “conductas predelictivas”. Algo tan fascista que ya no está más con ese nombre en el actual Código Penal, pero que seguirá vigente en otras disposiciones, en el imaginario de los operadores del derecho y en los sesgos que de hecho seguirán existiendo.
¿Por qué estamos discutiendo estos temas ahora? Daría la impresión de ser una cortina de humo, una maniobra para aplacar una demanda sin hacer cambios profundos en el régimen político. Las dos estrategias que parecen ser contradictorias -una reforma regresiva del Código Penal y una reforma aparentemente progresista del Código de las Familias- apuntan en la misma dirección, la estabilización del régimen.
Digo “aparentemente progresista” porque después de todo un proceso de consultas, ahora el parlamento debe tomar las propuestas recibidas, reformular el proyecto y fijar una fecha para un referendo que lo convierta en ley. Todavía no sabemos qué va a quedar en ese proyecto y qué se va a diluir o a modificar. Tampoco se sabe cómo se traducirá ese documento a la vida cotidiana de las familias cubanas.
¿Cuáles son elementos positivos que se espera que entren en el nuevo Código de las Familias?
Uno de los temas incluidos en el proyecto del Código de Familias es el matrimonio entre personas del mismo sexo, con posibilidad de adopción. Otro tema que se ha incluido es el de la llamada gestación solidaria, o gestación subrogada, hasta ahora ilegal. Este último genera una preocupación enorme entre las activistas feministas. Recordemos que estamos en un contexto de machismo brutal y de feminización de la pobreza. ¿Cómo se regulará la gestación solidaria? Aunque la ley sea clara en relación con la prohibición de remuneración, ¿cómo se podrá evitar en este contexto el desarrollo de un mercado negro basado en la explotación de las gestantes?
Otro tema importante es el de los derechos de los abuelos a tener relación con sus nietos, que tiene su contraparte en algunas disposiciones sobre responsabilidad parental, entre las que se contarían la de respetar y facilitar el derecho de los hijos a mantener comunicación con sus abuelos y otros parientes cercanos.
Otro parteaguas es de hecho el tema de la responsabilidad parental, que viene a sustituir al concepto de patria potestad, con un desplazamiento interesante de la idea del poder de los padres y madres sobre los hijos a la idea de que los padres y las madres tienen una responsabilidad sobre los hijos e hijas. Esto es muy interesante, y sin embargo ha generado revuelo, no solo desde sectores socialmente conservadores, sino también por parte del activismo político.
Esto hay que entenderlo en el contexto político de Cuba. Los y sobre todo las activistas –no necesariamente conservadoras– piensan que el énfasis en la responsabilidad le permitiría al Estado aducir irresponsabilidad para quitarles a sus hijos, o utilizar esta amenaza para obligarles a desistir de su activismo. Muchos activistas, y en particular las mujeres con responsabilidad maternal, hemos recibido esta clase de amenaza, con comentarios tales como “cuida a tus hijos”, “sabemos que estás con tu hija”, “ten cuidado por tu hijo”.
Pero yo pienso que estas amenazas de hecho ya existen, y lo que podría ocurrir bajo el nuevo Código es que también los padres sean obligados a hacerse cargo de sus responsabilidades –algo que actualmente no sucede en Cuba, con la consecuente feminización de la pobreza. Al igual que en otras partes de la región, han aumentado masivamente los hogares monoparentales, liderados por mujeres, algo que las cifras oficiales no reconocen.
Otro asunto en que se ha centrado la discusión es el de la autonomía progresiva de los niños y niñas. Sabemos que el castigo –incluso físico– se encuentra normalizado en Cuba, y que los padres toman decisiones importantes por sus hijos, sin consultarles. La idea de que los padres tienen que decidir todo por sus hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad ha cambiado con el tiempo, y ha sido reemplazada por el concepto de que los niños van adquiriendo progresivamente la capacidad de tomar sus propias decisiones. Personalmente creo que como padres ya no debemos hablar estrictamente de crianza, sino más bien de acompañamiento de nuestros hijos en el aprendizaje.
Un tema importante contenido en la versión del documento que se llevó a consulta fue el del matrimonio infantil, incorporado a último minuto como resultado de una fuerte presión del activismo feminista, medios independientes y personas aliadas. Es un tema vital pero las personas encargadas de legislar no lo habían visto.
Muchos de estos temas han generado controversia, pero no considero que haya habido un auténtico debate. En un marco de semejante polarización política, el país no está preparado para debatir. Como lo han reportado activistas que participaron como observadores independientes, los debates que han tenido lugar en las etapas consultivas han estado mal orientados y no han sido liderados por personas bien entrenadas para conducirlos. En Cuba realmente no existe el debate; simplemente se escuchan monólogos a favor y en contra.
¿Qué otros problemas has detectado?
En términos generales, el problema no está en el contenido del Código de las Familias. Las mujeres somos más de la mitad de la población, y si se cuenta también a niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes al colectivo LGBTQI+, el nuevo Código estaría respondiendo a las necesidades de una amplia mayoría.
Pero tenemos grandes dudas respecto de las razones por las cuales se lo está impulsando justo ahora, sobre todo por el modo en que se alentaron algunas controversias que sirvieron para oscurecer el hecho de que al mismo tiempo se nos estaba imponiendo, sin ningún debate, una reforma terriblemente regresiva del Código Penal.
En el nuevo Código Penal, todo lo que hacemos en tanto que activistas y ciudadanos está criminalizado. Es un código medieval. El Código de las Familias, en cambio, se nos presenta como ultramoderno y consensuado, lo cual también genera incertidumbre respecto de su implementación. Pero mientras de la implementación del Código Penal no nos quedan dudas –sabemos que será implementado a rajatabla– del Código de las Familias, si termina siendo todo lo moderno y progresista que se anuncia, tengo enormes dudas de que sea realmente aplicado.
En gran medida, quienes se verían beneficiados por el nuevo Código de las Familias son los mismos que serán reprimidos con el nuevo Código Penal. Quienes están protestando por liberar a los activistas encarcelados tras las protestas de 2021 son, en su mayoría, madres solas que reclaman la libertad de sus hijos. Quienes salieron a las calles a protestar eran pobres, afrodescendientes, personas trans e hijos de madres solas. Este problema existe desde hace mucho tiempo y no ha habido políticas públicas para resolverlo. No se ha hecho el más mínimo intento de hacer políticas públicas con un enfoque de género. Los cambios que puedan resultar del Código de las Familias, en este contexto, son más que relativos.
El espacio cívico en Cuba es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
Siga a@Martamar77 en Twitter. -
ETIOPÍA: “Las elecciones de junio de 2021 son una cuestión de vida o muerte para la democracia”
CIVICUS conversa con Mesud Gebeyehu acerca del conflicto político en la región de Tigray, en Etiopía, y sobre las próximas y muy disputadas elecciones nacionales etíopes, que tendrán lugar en junio de 2021 en medio de la pandemia y de un prolongado estado de emergencia. Mesud es Director Ejecutivo del Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos (CEHRO) y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Mesud también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de OSC de Etiopía, un órgano estatutario creado para coordinar la autorregulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Etiopía.
-
GUATEMALA: ‘El derecho penal es utilizado como arma de persecución política’
CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.
-
MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”
CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.
¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?
Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.
El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.
En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.
DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.
Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.
En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.
La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.
DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?
Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.
La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.
Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.
Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.
La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.
¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?
Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.
La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.
La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.
Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.
Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con DLM México a través de susitio web y siga a@DLM_Mx en Twitter y a@dlmx en LinkedIn.
-
TAILANDIA: “La juventud cuestiona que el gobierno abuse de sus derechos y comprometa su futuro”
CIVICUS conversa con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Tailandia, Piyanut Kotsan, acerca del movimiento por la democracia y la represión de las protestas en Tailandia. Fundada en Bangkok en 1993, Amnistía Internacional Tailandia cuenta con más de 1.000 miembros en todo el país. Su trabajo se centra en la promoción de la libertad de expresión en internet y fuera de ella, la libertad de reunión pacífica, la educación en derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en la denuncia de la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte.