personas migrantes y refugiadas
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CHILE: “Las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración”
CIVICUS conversa con Delio Cubides, asesor jurídico migratorio del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), acerca de la situación de las personas migrantes en Chile, y sobre las medidas restrictivas y las expulsiones masivas que tuvieron lugar este año. Fundado en 1955, el INCAMI es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar a personas migrantes en Chile, proveyendo, entre otras cosas, servicios de acogida, asistencia social, asesoramiento para la regularización de documentos, capacitación y apoyo en la búsqueda de empleo.¿Cómo se llegó en Chile a la actual situación de protestas contra migrantes y expulsiones masivas?
Para responder esa pregunta deberíamos situarnos en el contexto internacional, al que Chile no es ajeno. Desde 2010 se percibe un aumento en la cantidad de personas migrantes de países no fronterizos, como Venezuela y Haití, que han superado al flujo procedente de países fronterizos.
En cierta forma, Chile ha sido visto en la región como un país con seguridad y estabilidad institucional y económica, al mismo tiempo que la situación política, social y económica en Venezuela hizo que desde 2013 el ingreso de personas de ese país creciera exponencialmente, con un pico en 2013 y otro en 2018, pese a que, a diferencia de lo que ocurre con la migración haitiana, no existe en Chile una visa de reunificación familiar para venezolanos.
Frente al aumento de las migraciones, la actual administración de Sebastián Piñera comenzó a tomar medidas restrictivas; de hecho, a los 30 días de asumido su mandato en 2018 publicó una minuta destinada a limitar el ingreso de personas haitianas y venezolanas. La migración haitiana se vio especialmente restringida por la implementación de un visado consular de turismo simple para el ingreso a Chile y, al igual que el resto, por la eliminación del visado por contrato de trabajo.
Aunque no tenemos cifras exactas, sabemos que la tasa de rechazo de las visas consulares solicitadas por personas haitianas es alta; testimonios de migrantes haitianos que atendemos en nuestras oficinas dan cuenta de numerosos rechazos por motivos que les son ajenos o por requisitos que no está en sus manos cumplir.
Por ejemplo, para la tramitación de la permanencia definitiva de las personas migrantes ya presentes en Chile, el gobierno solicita un certificado de antecedentes penales que debe obtenerse en el consulado del país de origen. En el caso de países como Haití, al costo elevado y la prolongada tramitación en el país de origen se suma el hecho de que, en el actual contexto político, social y sanitario, el certificado es casi imposible de conseguir. En consecuencia, muchas personas no logran presentarlo dentro de los plazos establecidos. En la actualidad, ese requisito está limitando el acceso de cientos de personas de origen haitiano al llamado ‘proceso de regularización extraordinaria´.
A las personas migrantes procedentes de Venezuela se les impuso en 2019 la exigencia de una visa consular conocida como ‘visa de responsabilidad democrática’. Pero la situación desesperada de Venezuela siguió impulsando a las personas a migrar a pesar de los obstáculos, ya que las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración.
Lo que no lograron estas medidas lo hicieron las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19: en noviembre de 2020 el gobierno suspendió alrededor de 90 mil trámites de visas a personas venezolanas, y muchas otras con sus visas ya otorgadas o próximas a la entrevista de otorgamiento no pudieron ingresar a Chile porque la suspensión de los vuelos internacionales les impidió hacerlo dentro del plazo de 90 días que les otorga la ley; en consecuencia, sus trámites fueron cerrados administrativamente sin ninguna consideración por la situación de pandemia.
Muchas personas han interpuesto recursos de amparo y han logrado reabrir sus casos, pero claramente Chile ha optado por una estrategia de restricción. Todas estas medidas se tomaron para regular y controlar un flujo migratorio que venía en crecimiento, pero muchos lo vemos como un reflejo de la falta de empatía a la realidad humanitaria que atraviesan estas personas en su país de origen. Muchas de ellas requerían protección o estaban en proceso de reunificarse con sus familias, proyectos que se vieron truncados ya sea por la pandemia, ya por las restricciones administrativas.
¿Está la sociedad chilena polarizada en torno del tema de la migración?
Yo no veo tal polarización. La situación de la ciudad de Iquique, donde en septiembre de 2021 se produjo una marcha contra la llegada de migrantes, fue un hecho aislado, fruto también del estrés que puede generar una situación de convivencia en condiciones indignas, como consecuencia de la falta de políticas públicas que se anticiparan al drama de esta crisis humanitaria.
En las redes sociales las opiniones se polarizan y la gente dice muchas cosas, pero estas posiciones no se han materializado en marchas en la capital, Santiago de Chile, o en otras ciudades. Al contrario, en Iquique hemos visto migrantes en las calles en condiciones sumamente difíciles, y a residentes de la ciudad ayudándoles y acogiéndoles en la medida de sus posibilidades.
La situación en Iquique también fue de la exclusión de la posibilidad de regularización de las personas que ingresaron por pasos no habilitados, por efecto de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería aprobada en abril de este año. En el anterior proceso de regularización de 2018 se permitió la incorporación de ingresantes por pasos no habilitados, aunque no se otorgaron permisos de trabajo a quienes se inscribieron. Las personas migrantes lo saben, pero prefieren esa precariedad antes que pasar hambre en su país de origen.
En el contexto de la pandemia, a causa de las restricciones sanitarias, muchas personas migrantes se vieron obligadas a quedarse en plazas públicas, sin poder ir a ninguna parte, sin documentos y excluidas de los beneficios sociales. Esto generó dificultades para los residentes locales, así como para los propios migrantes desprovistos de asistencia estatal.
Recién luego de que se produjeran muertes de migrantes venezolanos durante su cruce de la frontera, el Estado chileno comenzó a proveer asistencia, entendiendo que se trataba de personas refugiadas o solicitantes de refugio.
¿Qué tendría que hacer el Estado frente a esta situación?
El Estado tiene la obligación de dar una solución a esta realidad. Una alternativa puede venir de la articulación con el sector privado, que requiere trabajadores sobre todo en la construcción, la agricultura, los servicios y ciertas profesiones. La situación de estas personas podría regularizarse previa coordinación con tal sector, brindándoles capacitación e inserción laboral. Esto daría otra perspectiva a la migración y evitaría situaciones de dependencia y de falta de autonomía.
Pareciera que poner restricciones no es la mejor solución. Las restricciones no detienen las migraciones, y en cambio profundizan las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, pues las hace susceptibles a las inclemencias del mercado de trabajo o del mercado de alquiler de vivienda y les limita el acceso a derechos básicos como salud y educación. Esto tampoco resulta útil para la autoridad, que no sabe dónde están, quiénes son, cuántos son o cómo llegaron.
En todo el período reciente desde la recuperación de la democracia, ninguno de los sucesivos gobiernos de Chile desarrolló una verdadera política migratoria que incluyera una reforma y actualización de la normativa. Este gobierno ha sido el único con una propuesta de cambio en la Ley de Extranjería y en la gestión migratoria, pero, a causa del contexto y de la presión de los flujos migratorios, ha devenido en una política restrictiva, o cuanto menos limitante de los flujos. Es una política que desincentiva el ingreso al país, llevando también a las personas en situación regular a la extenuación por la eterna espera en la obtención de documentos, la escasa comunicación de la autoridad migratoria y la centralización de la gestión en Santiago.
Ahora estamos en campaña, y en estos tiempos el tema migratorio puede ser instrumentalizado para ganar votos. Los programas de gobierno de todos los candidatos son muy pobres esta materia, pero todos los que han hablado del tema lo han hecho en un tono restrictivo. Creo que el problema pasa por ahí, más que por el hecho de que haya xenofobia en la sociedad. Pareciera que el migrante solo comienza a ser oído cuando se vuelve una fuerza con capacidad de elección, lo cual en Chile apenas empieza a ocurrir.
¿Qué tan apta es la nueva ley para lograr una migración “segura, ordenada y regular”?
La Ley 21.325 refleja bien la posición de esta administración en torno al tema de la migración. Hay que recordar que en diciembre de 2018 Chile se negó a firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, alegando que cada país debe conservar su soberanía para fijar sus reglas migratorias, pese a que Chile había sido uno de los países que había liderado su redacción.
La nueva ley tiene algunos aspectos positivos y garantiza ciertos derechos: a la salud, a la educación, a la reunificación familiar y al trabajo. Incluye visa para menores de edad y considera a las personas en situación de discapacidad y a las mujeres y les da protección en ciertos casos específicos como embarazo, tráfico y trata y violencia de género. Descentraliza la revalidación de títulos y aumenta la presencia en las regiones. Asimismo, concede autonomía para el desarrollo de actividad económica a las personas con visa en calidad de dependientes.
Si bien estos derechos actualmente no están negados, tampoco están garantizados en la ley, sino que se conceden por vía administrativa, lo cual les confiere cierta fragilidad.
Al mismo tiempo, la nueva ley representa un cambio en la gestión migratoria. Hasta ahora la normativa permitía el cambio de estatus dentro del territorio nacional, pero la nueva normativa no lo va a permitir: todas las visas deberán obtenerse en los consulados de los respectivos países de origen. Eso entregará a la administración la decisión última de cuántos migrantes permite entrar, cuáles y en qué condiciones. Este es tal vez el mayor cambio propuesto en la nueva ley. Solo en algunos casos se permitirá a algunas personas cambiar su estatus migratorio, pero esto dependerá de los contenidos del reglamento para la implementación de la nueva ley.
¿Qué trabajo realiza el Instituto Chileno Católico de Migración en este contexto?
Como está fuera de nuestro alcance atacar las causas de la migración, defendemos los derechos de las personas migrantes. Nuestros objetivos son acogerlas, protegerlas e integrarlas.
Hacemos incidencia con las autoridades, lo cual a veces tiene costos. Este es un trabajo necesario porque si bien existen organizaciones de personas migrantes, suelen estar organizadas en torno de una persona, un líder, sin mucha institucionalidad. Hay organizaciones de colombianos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos, entre otros. También está la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, que nuclea a varias organizaciones, tiene presencia en las manifestaciones, en las redes sociales, y cuenta con presencia de varios colectivos haitianos, peruanos y venezolanos.
También prestamos un servicio de asesoría legal, que es lo que más escasea en Chile, por falta de acceso a la información, que no es promovido por la autoridad que debería atender a las personas migrantes. Nos encargamos de trámites digitales y brindamos asistencia social, particularmente bajo la forma de casas de acogida, ya que no hay albergues para migrantes gestionados por el Estado.
Todo lo que existe en materia de acogida y atención a personas migrantes en Chile es por iniciativa de la sociedad civil, y mayormente de organizaciones, instituciones y servicios de la Iglesia Católica. INCAMI es el organismo de la Iglesia Católica de Chile referente en temas de migración: a través de los equipos de trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) en las distintas regiones de Chile, coordinamos con otros organismos de la Iglesia la recepción y atención de personas migrantes. Nuestros recursos son limitados, pero durante la pandemia hemos habilitado iglesias y parroquias para recibir a mujeres y niños y hemos brindado toda la atención que hemos podido a través de las redes sociales.
Nosotros escuchamos lo que las personas precisan, cosa que las autoridades no hacen. Con ayuda de algunas municipalidades acompañamos el retorno de miles de personas no solamente de la vecina Bolivia, sino también de Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela y otros países.
Nuestros equipos de atención migratoria se desplazan no solo dentro de la Región Metropolitana de Santiago sino también a las regiones, para visitar las comunas con mayor presencia de migrantes y acercarles la posibilidad de regularizarse, tener una visa, trabajar en igualdad de condiciones, aportar al sistema previsional y acceder a sus derechos fundamentales. En ocasiones lo hacemos con el apoyo de los equipos de la PMH en las regiones, de algunas autoridades o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
¿Qué apoyo necesitan de la comunidad internacional las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Chile?
Enfrentamos un desafío regional que requiere una respuesta regional. Los Estados deberían coordinar un abordaje internacional de la migración, como ya lo está haciendo la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM. Se requiere seguir avanzando en este proceso, pues la situación que vive Venezuela está lejos de terminar.
Para asistir a las personas migrantes al tiempo que hacemos este necesario trabajo de incidencia necesitamos recursos: bienes alimentarios para armar canastas básicas y recursos económicos para el pago de alojamiento, entre otras cosas. Es importante recordar que las personas migrantes no son el problema, sino que son el síntoma de realidades en transformación más profunda, y en su mayoría requieren protección.
El espacio cívico en Chile es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el Instituto Católico Chileno de Migración a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@INCAMIchile y a@JosDelioCubides en Twitter. -
COLOMBIA: “La sociedad civil es un pilar importante del trabajo con la población migrante”
CIVICUS conversa con Carmen Aida Faria, directora de la Fundación Manitas Amarillas, acerca de las dificultades que enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia y la labor de la sociedad civil para facilitar el acceso a sus derechos.Manitas Amarillas es una organización de la sociedad civil (OSC) colombiana constituida en 2018, en el contexto de la migración venezolana masiva en Colombia, para brindar asistencia humanitaria, acceso a servicios de salud y asesoramiento a personas migrantes y refugiadas.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la situación de las personas migrantes venezolanas en Colombia?
Los flujos migratorios que recibe Colombia han cambiado a lo largo del tiempo. La ola migratoria venezolana de 2015 fue muy importante, pero la cantidad de migrantes en los años siguientes aumentó, con un pico en 2017. En comparación con la anterior, esta oleada incluyó a muchas más personas en situación de vulnerabilidad.
Estas personas que estaban llegando necesitaban inmediata atención de salud y acceso a otros derechos fundamentales que el sistema no podía brindarles. Colombia no contaba con la infraestructura, ni los recursos económicos necesarios para dar respuesta, en particular en las zonas de frontera, con poblaciones locales que también tienen déficits de acceso a educación y salud, entre otros derechos.
Los migrantes en situación de vulnerabilidad tampoco podían acceder a los programas asistenciales del gobierno colombiano para recibir ayudas monetarias o ingresar al sistema de salud subsidiado. Para acceder a los programas sociales las personas deben tener regularizada su situación migratoria.
Además de a la población migrante con vocación de permanencia, hay que considerar a la población de las zonas de frontera, que es pendular, ya que cruza la frontera permanentemente para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, hay muchos niños que viven en Venezuela pero estudian en Colombia y no están incluidos en los programas de alimentación escolar. Hay organizaciones que trabajan específicamente para que estos niños tengan acceso a alimentación, ya que llegan con problemas nutricionales importantes.
Estos procesos generaron una exigencia a la comunidad, pero sobre todo al Estado colombiano, para que brindara respuestas. Y el país comenzó a operar bajo una lógica de solidaridad y de agradecimiento: los colombianos recordamos que en el pasado fue Venezuela la que recibió migrantes colombianos. Así, el gobierno comenzó por otorgar permisos especiales de permanencia para regularizar de alguna manera a toda esa población. Pero lo que definitivamente marcó un hito fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), aprobado en 2021 con una lógica esencialmente humanitaria.
¿Qué avances supuso la implementación de esa nueva política?
El ETPMV propuso una regularización temporaria para que las personas venezolanas pudieran acogerse a los mismos derechos y tener los mismos deberes que las y los ciudadanos colombianos. Mediante el otorgamiento de un documento de identidad llamado Permiso por Protección Temporal, las personas migrantes tienen la posibilidad de acceder, al sistema de salud y al mercado laboral, entre otros derechos.
Teóricamente el mecanismo está bien pensado; sin embargo, ha costado llevarlo a la práctica. Mucha gente ha quedado afuera: más de 2,4 millones de migrantes se inscribieron en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, pero todavía hay más de 1 millón que, habiendo completado todo el proceso, no han recibido su permiso.
Hay quienes aplicaron para el permiso en septiembre de 2021, es decir, hace más de un año, y han consultado a Migración Colombia, la autoridad migratoria de vigilancia, control migratorio y extranjería, pero todavía desconocen qué ha ocurrido con su aplicación. También ha habido quienes no han recibido sus permisos por problemas de logística: se trata de una población de alta movilidad y cuando cambian de domicilio muchas veces no es posible localizarlos para entregarles la documentación.
Pero también ocurre que las dificultades continúan una vez obtenido el permiso. Ello indica que existen problemas más profundos. Cuando el ciudadano venezolano va con su permiso a abrir una cuenta bancaria o a inscribirse en el sistema de salud, con frecuencia no lo aceptan. El Permiso por Protección Temporal es un documento nuevo y muchas instituciones, tanto públicas como privadas, aún no lo conocen. De ahí que haga falta mucha pedagogía para que estos derechos sean efectivamente accesibles.
Se suponía que el ETPMV priorizaría a los grupos poblacionales más vulnerables. Las primeras en recibir sus permisos debían ser las personas que necesitaban atención médica inmediata y los niños y adolescentes que debían ingresar al sistema educativo, pero carecían de documento de identidad. Esto finalmente no sucedió, a tal punto que se han tenido que presentar tutelas, una herramienta jurídica para garantizar derechos, para asegurar el acceso a la salud por parte de personas con enfermedades crónicas u otras patologías que necesitan atención inmediata.
¿Qué trabajo está haciendo la sociedad civil colombiana para apoyar a las personas migrantes venezolanas?
A partir de la última gran ola migratoria de 2017 han surgido muchas OSC. Fue la misma comunidad de migrantes los que comenzamos a unirnos para ayudar a otros migrantes. Nosotros comenzamos dando comida en la calle y brindando asistencia humanitaria a los caminantes, como llamamos a las personas que se trasladan a pie a través del territorio colombiano, quienes no contaban con información o ni siquiera con el abrigo necesario para adaptarse al clima de Colombia.
Así, las OSC nos convertimos en un pilar importante del trabajo con la población migrante, porque estamos en el terreno y conocemos las problemáticas de las personas migrantes.
Actualmente, muchas OSC estamos agrupadas a través de la Alcaldía de Bogotá e impulsamos una serie de iniciativas conjuntas. Lanzamos campañas publicitarias y firmamos un pacto simbólico para la integración, porque en Colombia los migrantes venezolanos todavía sufren xenofobia y aporofobia, es decir, rechazo por su situación de pobreza. Solicitamos a los medios de comunicación que dejen de difundir la nacionalidad de los autores de delitos, porque solo lo hacen cuando la persona implicada es extranjera, con lo cual sobredimensionan el problema y contribuyen a la discriminación contra los venezolanos.
También estamos participando, en colaboración con el gobierno colombiano y la cooperación internacional, del primer Entregatón, un operativo de entrega masiva de permisos que espera distribuir 40,000 en cinco días. Migración Colombia ha enviado mensajes vía celular a las personas migrantes cuyo documento está listo, con la fecha y lugar donde pueden ir a buscarlo. Pero además de entregar los documentos, en el marco del operativo se prestan servicios de enrolamiento y de registro biométrico para quienes aún no han realizado estas fases del proceso. A quienes ya hayan recibido sus permisos se les ofrecen también servicios de vacunación, de afiliación a entidades promotoras de salud, de inscripción en el sistema de asistencia social, de acompañamiento legal y de información sobre diferentes cuestiones, desde el sistema de transporte hasta el acceso escolar y los programas dirigidos a mujeres migrantes.
El trabajo es mucho y las OSC estamos contribuyendo enormemente. El gobierno y la cooperación internacional deberían tomarnos en cuenta no solamente como fuentes de diagnóstico del fenómeno migratorio, sino también como socias a la hora de ejecutar de manera conjunta las políticas públicas que surgen a partir de estos diagnósticos.
El espacio cívico en Colombia es calificado como ‘represivo’ por elCIVICUS Monitor.
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