Panama

• Civil Society “Contested and Under Pressure”, says new report

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  Civil society around the globe is “contested and under pressure” according to a 22-country research findings report released by CIVICUS, the global civil society alliance, and The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). The report, Contested and Under Pressure: A Snapshot of the Enabling Environment of Civil Society in 22 Countries, brings together insights from Enabling Environment National Assessments (EENA) conducted around the world between 2013 and 2016.

• Entramado de complicidades entre empresas y Estado resulta en creciente criminalización de defensores de derechos humanos en Panamá

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  CIVICUS conversa con Ileana Molo,Presidenta Ejecutiva de la organizaciónAfropanameñ@ Soy e integrante de la Red de Derechos Humanos de Panamá, en cuya representación participó de laaudiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en Panamá en octubre de 2017.

  1. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los y las activistas de la sociedad civil en Panamá? ¿Hay grupos que estén siendo particularmente atacados?

  Uno de los temas más preocupantes que hemos denunciado es el hostigamiento y la intimidación de los líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil por la vía jurídica y mediante agresiones económicas y psicológicas. Esta tendencia afecta desproporcionadamente a grupos movilizados por temas ambientales y en relación con el uso del suelo, cuyo activismo los pone en conflicto con grandes empresas en el área del desarrollo de infraestructura.

  Estamos viendo una fuerte tendencia a la criminalización y la intimidación. Hay un entramado de normas discriminatorias, y las empresas, que tienen muchos recursos económicos y mucho poder, las están usando para demandar a los activistas de modo de intimidarlos legalmente y desalentar su labor. Entonces, si tú denuncias una mala práctica de una empresa, la empresa enseguida te demanda a ti. Muchos activistas están siendo afectados económica y psicológicamente, de manera que estamos viendo cómo podemos apoyarlos.

  Tenemos un mapeo de las diferentes agresiones físicas, económicas y políticas y de las demandas que han enfrentado los defensores. Entre los casos más recientes está el de Basilio Pérez, un activista ambiental y experto forestal que fue demandado por daños y perjuicios por una empresa a la que había denunciado por violaciones a la ley general de ambiente y la contaminación de comunidades aledañas a la mina del Cerro Quema. La empresa le exige una indemnización de 40 mil dólares.

  Otro caso resonado es el de Max Crowe, presidente y representante legal de la Asociación de Propietarios de Jardín Albrook, una asociación de vecinos que inició un proceso para defender la zonificación residencial ante violaciones de las normas de uso del suelo y normas urbanísticas. En este caso, el abuso judicial incluyó una demanda por 65 mil dólares contra Crowe, el secuestro arbitrario de sus bienes personales y el congelamiento de la cuenta bancaria de la organización. Su caso es similar al de María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, que reúne a más de 40 comunidades. En el marco de un conflicto por violación de normas urbanísticas y de uso del suelo, Chávez fue demandada judicialmente por un diputado aparentemente vinculado con concesiones mineras con interés en la creación de un nuevo distrito en esa zona.

  Otro caso muy sonado en los medios es el de la asociación de residentes de Coco del Mar, que por presentar una querella ambiental contra una empresa constructora han sido objeto de una demanda civil de daños y perjuicios por alrededor de 5 millones de dólares. Primero tuvieron una querella penal con sobreseimiento provisional en primera instancia dictado en noviembre de 2016 y ratificado por segunda instancia este año. En octubre de 2016 presentaron la demanda civil, y ahora enfrentan esta millonaria demanda.

  Cabe subrayar también el caso de la compañera Larissa Duarte, joven activista ambientalista de las áreas indígenas comarcales, fundadora del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre, que fue demandada por 10 millones de dólares por la empresa Hidroeléctricas Los Estrechos S.A., en el marco de un conflicto por usurpación de tierras y en defensa del agua. Si bien el reclamo de la empresa, por costos incurridos cuando el proyecto hidroeléctrico fue cancelado supuestamente como consecuencia del activismo, ha sido recientemente desestimado por la justicia, la campaña de difamación contra Larissa Duarte y su organización continúa.

  Otro caso muy importante es el de la Isla Pedro González, que ha afectado a muchas familias. La empresa Pearl Island Living llegó a la isla un día diciendo que ellos eran los dueños de la tierra y que iban a desarrollar un proyecto turístico y habitacional de modo que las personas que vivía ahí se tenían que ir. En este caso, se han dado muchas situaciones de enfrentamiento entre los pobladores y la empresa. Se mantiene latente el conflicto por la legalidad de la titulaciones.

  Por el momento, sin embargo, los activistas han enfrentado más acoso judicial que ataques violentos. Pero es importante mencionar el caso de Ligia Arreaga, que debió abandonar el país tras recibir amenazas de muerte. Arreaga, defensora del Humedal Laguna de Mtusagaratí y enfrentada a los proyectos de una empresa de sembrar palma aceitera en gran escala en la provincia de Darién, denunció en tres ocasiones, en 2009, 2015 y 2016, que había recibido advertencias de que la empresa AGSE Panamá S.A. la mandaría matar por sus denuncias sobre titulación de tierras. Finalmente dejó el país porque no recibió ningún respaldo policial ante las amenazas.

  2. Por lo que relatas, daría la impresión de que la principal fuente de agresiones son las empresas. ¿Qué rol le cabe al Estado?

  Efectivamente, las empresas son la principal fuente de agresiones, y de hecho tienen suficiente poder como para obstaculizar nuestro trabajo. Cuando trabajábamos en el informe sobre Barro Blanco, nos resultó bien difícil llegar hasta las comunidades afectadas para entrevistarlas, porque teníamos a la empresa todo el tiempo pisándonos los talones y nos resultaba intimidante que una persona supervisara todo lo que hacíamos. Además nos costó muchísimo llegar hasta la zona, porque había que ir en lancha, ya que todo el ensamble de la hidroeléctrica está rodeado por agua – que es precisamente lo que las comunidades alegan: que están perdiendo sus tierras, que se están inundando y ya no resultan cultivables.

  El rol del Estado es, como mínimo, ambiguo. Por un lado, el Estado tiene la potestad de mediar, y nosotros le exigimos que lo haga. En el caso de la isla Pedro González, le solicitamos que se reuniera con la empresa y la comunidad, para llegar a acuerdos y que se levantaran las órdenes de detención que había contra 37 personas desde el año pasado. Esto se logró finalmente gracias al trabajo que hizo la Alianza Ciudadana Pro Justicia en conjunto con la Red de Derechos Humanos y organizaciones de afrodescendientes. Llegamos a un acuerdo con el fiscal para que permitiera que estas personas se presentaran voluntariamente y las órdenes de detención fueran reemplazadas por medidas cautelares; esta dinámica requirió del trabajo de numerosos abogados que de forma desinteresada brindaron sus servicios legales ya que los pobladores de la Isla son, en su mayoría, de escasos recursos.

  Por el otro lado, claramente muchas instituciones estatales son utilizadas por las empresas para alcanzar sus fines. De hecho, las instancias jurídicas suelen acoger las demandas que las empresas entablan contra sus críticos, decretan la confiscación de los bienes de los acusados, y en general aunque eventualmente los absuelvan, los someten a largos procesos que son muy desgastantes. Hace pocos días, por ejemplo, acompañamos al juzgado a los residentes de Coco del Mar, que fueron voluntariamente a declarar por la demanda civil contra ellos, y una señora de la junta directiva comentaba que el caso le generaba tal incertidumbre que la estaba perjudicando física y psicológicamente y perturbando su vida personal y familiar.

  En última instancia, el Estado toma partido a favor de las empresas. Recientemente hemos tenido informes de pobladores de Pedro González muy preocupados porque en las próximas semanas se iniciará la construcción del proyecto hotelero. Y francamente nuestra organización aún no ha podido ocuparse del tema de la titulación de las tierras, porque nuestro trabajo es voluntario, no tenemos capacidad suficiente, y por lo tanto hemos tenido que dividir las luchas: primero atender el tema de las personas con medidas de detención, y dejar para luego el tema de las tierras y las titulaciones. Pero el gobierno sí puede, y debería ocuparse de estos temas. El tema es que falta voluntad política; en el caso específico de Pedro González, uno de los grandes accionistas del proyecto en cuestión es Guillermo Saint Malo Eleta, pariente de la vicepresidenta de la nación. Así es que las soluciones al conflicto no avanzan porque hay fuertes intereses de por medio.

  En ciertos casos, como el de Barro Blanco, la toma de partido otorga al Estado un rol más represivo. El caso de Barro Blanco es un conflicto de larga data que empezó con concesiones a empresas hidroeléctricas varios gobiernos atrás. El proyecto se impuso contra la voluntad de la población indígena de la zona, que se vio desplazada y sufrió daños irreparables en poblados, zonas de cultivos y sitios religiosos, históricos, arqueológicos y culturales. En este caso, el Estado se ve involucrado de lleno toda vez que se dan enfrentamientos. Los pobladores exigen que las empresas paren los trabajos, y en cambio el gobierno suelta a la policía antimotines y los agrede. Hay un entramado de complicidades entre las empresas y el Estado, y el tiempo que pasa corre en contra de estas poblaciones, porque los proyectos de infraestructura acaban convirtiéndose en hechos consumados.

  3. ¿De qué manera se organiza y trabaja la sociedad civil panameña para superar estos obstáculos?

  Nosotros trabajamos en red. La organización que presido, Afropanameñ@ Soy, es parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras en Panamá (CONEGPA). Trabajamos todo lo relacionado con los derechos humanos de las personas afrodescendientes. También formamos parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y de la Red de Derechos Humanos de Panamá.

  La Red de Derechos Humanos tiene unos tres años de mucha actividad, y trabaja mediante una asamblea de acción ciudadana formada por unas 30 organizaciones, entre ellas sindicatos y grupos de mujeres, juventud, indígenas, grupos LGTBI y afrodescendientes. La asamblea generalmente se reúne dos veces al mes y aborda temas de actualidad nacional; la red se activa cuando se da alguna presentación de un caso específico de violación de derechos. Tenemos un grupo técnico que se encarga de hacer el relevamiento en el terreno. Nosotros asumimos todos los gastos: hacemos colectas para poder mandar a este grupo a hacer el trabajo de campo y redactamos y difundimos el informe. Tenemos ya dos informes técnicos elaborados, uno sobre Pedro González y otro sobre Barro Blanco, este último disponible en la web. Personalmente he tenido la oportunidad de participar en los dos, y en este último más intensamente porque incluyó la variable étnica, ya que las comunidades afectadas tienen una alta proporción de afrodescendientes.

  Como la Red se sostiene exclusivamente en los esfuerzos de sus miembros, sin ningún otro financiamiento, es clave para nosotros recibir la colaboración de otros actores. Así, por ejemplo, cuando tenemos alguna consulta legal más técnica recibimos apoyo del Colegio de Abogados. En este momento estamos trabajando en un pequeño proyecto con la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá y otras instituciones académicas, para desarrollar un diplomado para formar expertos en levantamiento de informes en situaciones de crisis. Todavía está un poco verde, pero para nosotros esto es fundamental porque no cualquiera puede hacer una investigación y producir informes de este tipo, y necesitamos más técnicos que puedan dedicarse a estos procesos.

  Nos vinculamos también con grupos de prensa alternativos que nos apoyan dando divulgación a nuestros casos. El sistema de medios de comunicación es muy poco accesible para nosotros, ya que en general está compuesto de grandes empresas muy poderosas que suelen tomar partido por las empresas que criminalizan al activismo. Nuestro trabajo de difusión recientemente resultó en una cobertura más equilibrada de la movilización que se produjo cuando los residentes de Coco del Mar se presentaron a declarar.

  Y también, por supuesto, llevamos nuestros reclamos a organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  4. ¿Qué le reclama la Red de Derechos Humanos al gobierno de Panamá en la CIDH?

  Como Red de Derechos Humanos hemos tenido la oportunidad de participar en audiencias temáticas de la CIDH en 2014, 2015 y 2017. A ellas hemos llevado casos de violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en Panamá, y en particular en la última, hemos expuesto el reiterado incumplimiento del Estado a las recomendaciones de la CIDH así como a algunos fallos vinculantes de la Corte Interamericana.

  En efecto, el seguimiento por parte del gobierno es totalmente inconsistente. El gobierno asume compromisos pero luego no cumple con lo acordado. Uno de los compromisos tomados en la audiencia de la CIDH en Washington, en marzo de 2017, fue el de establecer una mesa temática con reuniones periódicas en las que se irían viendo los casos. Sin embargo, dicha mesa nunca se estableció. Tras regresar a Panamá, fuimos convocados a una sola reunión en Cancillería en abril. Fue muy incómoda, porque no fue más que un monólogo y no se pudo ni siquiera definir una agenda, por no hablar de llegar a algún acuerdo. Estaban presentes todas las partes, había altos funcionarios – estuvo incluso el viceministro de la Presidencia Salvador Sánchez González, a quien siempre mandan a dar la cara a las audiencias porque antes de entrar al gobierno trabajó en temas de derechos humanos -, pero fue una pérdida de tiempo. Lo único que quedó de allí fue la idea de hacer una gira a la isla de Pedro González, que eventualmente se hizo, pero eso era parte de un compromiso ya asumido. En la reunión solo se habló de Pedro González; el caso de Barro Blanco se abordó apenas de un modo muy general.

  En la última audiencia de la CIDH, realizada en Montevideo en octubre de 2017, aprovechamos para recalcarle al Estado que estamos totalmente disconformes con la forma en que están abordando, o más bien no están abordando, el tema. Nuevamente reclamamos el establecimiento de la mesa temática, desde la cual esperamos poder desarrollar un Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que queremos que se convierta en ley. Queremos un sistema de protección con protocolos para aplicar en determinadas situaciones y con mecanismos de alerta, prevención, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas desarrollados e implementados con la participación de expertos de la sociedad civil. Queremos una dinámica de respuesta competente, especializada, ordenada, moderada, oportuna, e integrada no solamente por personas la sociedad civil expertas en temas de derechos humanos sino también por contrapartes estatales con capacidad de decisión, ya que queremos la seguridad de que podrá resolver las situaciones de conflicto que estamos observando.

  Luego de que regresamos de Montevideo fuimos citados para una reunión en Cancillería el 23 de noviembre; esperamos antes de esa fecha poder fijar una agenda para que sea una reunión productiva. Ojalá haya voluntad del gobierno para establecer el sistema de protección que estamos reclamando.

  5. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de Panamá con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿De qué modo podrían los actores externos apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil panameña?

  En la Red trabajamos con las uñas, en forma voluntaria y sin más apoyo que el que nos dan las organizaciones y personas que integran la Red. El tiempo que yo le destino a la Red es no remunerado y se suma a mis actividades profesionales, de modo que me es muy difícil estar 100% en eso. La Red todavía no tiene siquiera una página web, y cuando viajamos a instancias como la CIDH lo hacemos generalmente por esfuerzo que proporcionamos los integrantes de las diversas organizaciones. Para la audiencia de Montevideo solo pude ir yo en representación de la Red.

  De ahí que para nosotros sea clave fortalecer las redes de las que formamos parte. Por ejemplo, en calidad de organización afrodescendiente, Afropanameñ@ Soy es parte de redes internacionales de organizaciones afrodescendientes. Trabajamos con la Red de Mujeres Afrocostarricences, a la cual hemos puesto sobre aviso respecto de los temas que nos ocupan, sobre todo en la Isla Pedro González, y ellos a su vez nos pusieron en contacto con otras organizaciones similares en otros países. Se trata todavía de vínculos muy leves y todavía no muy concretos, pero estamos tratando por todos los medios de informar a nuestros amigos y contactos.

  La labor de visibilizar los casos es titánica, y para eso necesitamos de mayores contactos con organizaciones internacionales. Se nos ha hecho muy difícil, pero estamos intentando conectarnos con organizaciones que se ocupan de temas de tierras y que puedan orientarnos y asesorarnos sobre cómo llevar los casos.

  Pero para conseguir apoyos, tenemos que trabajar primero en disipar esa imagen que nuestro país emite hacia afuera de que acá no pasa nada, que somos cosmopolitas y modernos y está todo bien. De hecho muchos primero se asombran cuando leen nuestros informes y se enteran de los atropellos contra las comunidades y los casos de criminalización e intimidación de activistas. Pero esta es la realidad que estamos viviendo, y estamos tratando de hacerla visible. El hecho de que CIVICUS muestre interés en escucharnos y dar a conocer lo que aquí está pasando es sumamente valioso para nosotros.

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• PANAMA: ‘By giving the government the green light to discriminate, the Court has broadened the reach of the LGBTQI+ cause’

  CIVICUS speaks with Iván Chanis Barahona, president of Fundación Iguales, about the situation of LGBTQI+ people and the struggle for equal marriage rights in Panama.

  Fundación Iguales is a Panamanian civil society organisation (CSO) aimed at ending discrimination based on sexual diversity through diagnosis, awareness-raising and human rights advocacy. Taking an intersectional approach, it also promotes the rights of women, Afro-descendant people, older people and other excluded groups.

  What progress has the struggle for LGBTQI+ rights in Panama made since homosexuality was decriminalised in 2008?

  Public opinion has steadily evolved towards an attitude of respect towards LGBTQI+ people. Although there is still a long way to go, especially due to the absence of public policies recognising the rights of the sexually diverse population, the strengthening of a civil society that promotes human rights is a tangible step forward.

  It is important to emphasise that, although homosexuality was decriminalised in 2008, institutional discrimination has persisted, not only in attitudes but also in numerous rules and regulations. For instance, the police's disciplinary regulations include as a very serious offence ‘the practice of homosexuality and lesbianism’. This is as serious a misdemeanour as ‘firing unnecessary shots in a way that harms others’ or ‘physically attacking a colleague or subordinate’. The general regulations for firefighters also codify ‘publicly practising homosexuality (or lesbianism)’ as a very serious offence.

  Likewise, homosexuals are still not allowed to donate blood and there is no law recognising gender identity or banning discrimination based on sexual orientation, gender identity or gender expression. Panama is also one of the few countries in the region without a law for the protection of human rights defenders.

  What was the significance of the Inter-American Commission on Human Rights’ (IACHR) call for the approval of equal marriage in Panama?

  The IACHR’s call came in 2020 in the context of a thematic hearing requested by Fundación Iguales in response to the long delay by Panama’s Supreme Court of Justice in processing the various claims of unconstitutionality of the ban on civil marriage between same-sex couples. The hearing generated many expectations, particularly among same-sex couples who, after years of waiting, had been denied their right to access to justice, and therefore their dignity.

  Fundación Iguales and other LGBTQI+ human rights organisations were able to draw attention to our demands, and the IACHR was categorical in its recommendation that Panama should comply with its Inter-American commitments. But the expectations generated were clearly dashed because the government did not comply with the agreements resulting from the hearing, which included the establishment of a working group between the IACHR and the state to follow up on the demands we expressed at the hearing, and which the IACHR confirmed should be fulfilled within a short period of time.

  How have Panamanian LGBTQI+ organisations, and Fundación Iguales in particular, worked to achieve legal change and overcome cultural resistance?

  In recent years, LGBTQI+ organisations in Panama have grown and increased our advocacy work on various issues and in a variety of spaces, with good results. Collaboration among organisations has been key in addressing cultural resistance to our work.

  At Fundación Iguales we have focused on social work and on supporting litigation around equal marriage claims before the Supreme Court. We make intensive use of the Inter-American human rights system, mainly through thematic hearings at the IACHR and by participating in the General Assembly of the Organization of American States. We also work within the framework of the global human rights system, leading national processes and sending input to bodies such as the United Nations (UN) Human Rights Committee and Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

  At the same time, Fundación Iguales has led a national campaign for same-sex civil marriage, Yes I Do, which has been joined by other CSOs such as Convive, Diversa, Hombres Trans and Pride Connection. Companies such as BBDO, Diageo and LLYC, and institutions including the Canadian and UK embassies and the Regional Office for Central America of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, among others, have joined in.

  We have been supporting trans people in the long process to get their names changed for many years, together with the Panamanian Association of Trans People and Trans Men Panama. We have participated and collaborated in the organisation of Pride marches, with a focus on academic and cultural offerings, along with the lesbian feminist organisation the International Coalition of Women and Families.

  Who supports and who opposes LGBTQI+ rights in Panama?

  Those of us in favour are a diverse group that complement each other, strongly supported by our families and by young people overall. There are numerous companies, embassies, international institutions, media outlets, journalists and academic institutions that speak out strongly for Panama to be an inclusive country where LGBTQI+ people are respected and valued. Connections with other minority groups of Panama, such as Afro descendants, consolidate our intersectional message.

  The group opposing our rights is an extreme faction of conservative and religious groups. However, it is important to clarify that many conservative and religious people in Panama are in favour of respect for and non-violence against LGBTQI+ people.

  Unfortunately, many institutions that are supposed to protect us, such as the police and the Supreme Court, have strongly opposed sexual diversity rights. Their arguments are deeply flawed and tend to focus on a very schematic view of the ‘natural’ versus the ‘unnatural’. The Supreme Court shamefully expressed itself along these lines by stating that the primary function of marriage is procreation for the continuation of the species. The conclusions drawn from these arguments are extremely violent and unacceptable in any modern society.

  Why is progress made in the field of public opinion still not reflected in the legal framework?

  There has been very clear progress in the realm of public opinion. For instance, according to polls, the Yes I Do campaign has had a huge impact on Panamanian society: in just three years it shifted the opinions of more than 300,000 people, a huge number for a country of just 4.2 million. That so many non-LGBTQI+ people support our aspiration for a discrimination-free society is a clear sign of change.

  But these positive changes are not reflected in the legal framework due to a lack of political will. Our country has an outdated, populist, ineffective and unethical political leadership. Our leaders haven’t understood that they are dissociated from the changes of our time in terms of the evolution of human rights, international law and the principles of liberal democracy. But change is unstoppable: new generations are clearly adopting pro-rights, pro-diversity and pro-inclusion positions, and it is only a matter of time before they reach key decision-making positions.

  How is the struggle continuing given that the Supreme Court has upheld the constitutionality of the ban on same-sex marriage?

  The struggle will consolidate, reinvent itself and go on. By giving the government the green light to discriminate, in this case against same-sex couples and their right to form a family that is recognised and protected by the state, the Court has made clear its animus towards LGBTQI+ people. No longer can anyone say that discrimination is subtle or imaginary: it has become obvious and obscene to all people, not just to LGBTQI+ people who suffer it directly. The situation has become clearer than ever, which has led to more people engaging in the struggle for LGBTQI+ rights.

  In sum, the Court’s deplorable decision has broadened the reach of the LGBTQI+ cause, and in that sense constitutes a key moment in the move towards shaping the country we want, with a focus on protecting human rights and the environment, combating social and economic inequalities and promoting transparency and the fight against corruption.

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• PANAMA: ‘Protests reflect structural inequalities and frustration at blatant corruption’

  CIVICUS speaks about recent protests in Panama with Eileen Ng Fábrega, Executive Director of the Panamanian Chamber of Social Development (CAPADESO). CAPADESO is a network of civil society organisations (CSOs) that promote social development in Panama. Its main aim is to highlight the contributions of civil society, strengthen civil society and foster alliances to influence public policies.

• PANAMÁ: “Al dar luz verde al gobierno para discriminar, la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+”

  CIVICUS habla con Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales, sobre la situación de las personas LGBTQI+ y la lucha por el matrimonio igualitario en Panamá.

  La Fundación Iguales es una organización de la sociedad civil (OSC) panameña que lucha por el fin de la discriminación por diversidad sexual a través de actividades de diagnóstico, sensibilización, promoción y defensa de derechos humanos. Sobre la base de un enfoque interseccional, también promueve los derechos de las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas mayores y toda otra persona en situación de vulnerabilidad.

  ¿Qué avances ha experimentado la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá desde la despenalización de la homosexualidad en 2008?

  La opinión pública ha evolucionado sostenidamente hacia una actitud de el respeto hacia las personas LGBTQI+. Si bien queda un largo camino que recorrer, que se evidencia especialmente en la ausencia de políticas públicas de reconocimiento de derechos de la población sexualmente diversa, el fortalecimiento de una sociedad civil promotora de los derechos humanos es un avance palpable.

  Es importante recalcar que, si bien la homosexualidad fue despenalizada en 2008, la discriminación institucional ha persistido, y no solamente en las actitudes sino también en cantidad de normas y regulaciones. Por ejemplo, el reglamento disciplinario de la policía incluye como falta gravísima “la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo”. Es una falta de la misma gravedad que la de “hacer disparos innecesarios haciendo daño a terceros” o “atacar físicamente a un compañero o subalterno”. También el reglamento general de los bomberos incluye como faltas gravísimas “practicar el homosexualismo (o lesbianismo) públicamente”.

  Asimismo, sigue sin permitirse a personas homosexuales donar sangre y no tenemos una ley de reconocimiento de la identidad de género ni leyes antidiscriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.

  ¿Qué significación tuvo el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la aprobación del matrimonio igualitario en Panamá?

  El llamamiento de la CIDH se produjo en 2020 en el marco de una audiencia temática solicitada por Fundación Iguales ante la larga demora por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de dar curso a las diversas demandas de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio civil entre parejas de personas del mismo sexo. La audiencia generó muchas expectativas, especialmente en las parejas del mismo sexo que tras largos años de espera veían denegado su derecho de acceso a la justicia, y por ende a su dignidad.

  Fundación Iguales y otras organizaciones de derechos humanos LGBTQI+ logramos llamar la atención sobre nuestras demandas, y la CIDH fue categórica en su recomendación para que Panamá cumpliera sus compromisos interamericanos. Pero las expectativas generadas fueron claramente defraudades porque el gobierno no cumplió con los acuerdos resultantes de la audiencia, que incluían el establecimiento de una mesa de trabajo entre la CIDH y el Estado para dar seguimiento a las demandas que expresamos en la audiencia y que la CIDH confirmó debían cumplirse en un breve plazo.

  ¿Cómo han trabajado las organizaciones LGBTQI+ de Panamá, y Fundación Iguales en particular, para lograr cambios legales y vencer resistencias culturales?

  En los últimos años, las organizaciones LGBTQI+ de Panamá hemos crecido y aumentado nuestra labor de incidencia en diferentes temas y espacios, con buenos resultados. La colaboración entre organizaciones ha sido clave a la hora de enfrentar las resistencias culturales a nuestro trabajo.

  Desde Fundación Iguales nos hemos enfocado tanto en el trabajo social como en el apoyo a casos de litigio por el matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Justicia. Hacemos un uso intensivo del sistema interamericano de derechos humanos, principalmente a través de audiencias temáticas de la CIDH y participando de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También trabajamos en el marco del sistema universal de derechos humanos liderando procesos nacionales y enviando insumos a instancias tales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

  Paralelamente Fundación Iguales ha liderado una campaña nacional por el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, Sí Acepto, que ha contado con el acompañamiento de otras OSC como Convive, Hombres Trans, Diversa y Pride Connection. También se han sumado empresas como Diageo, LLYC y BBDO, las embajadas de Canadá y el Reino Unido y la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otras instituciones.

  Tenemos muchos años acompañando los procesos de cambio de nombre de personas trans junto a la Asociación Panameña de Personas Trans y Hombres Trans Panamá. Hemos sido partícipes y colaborado con la organización de las Marchas del Orgullo, específicamente en la oferta académica y cultural de la mano de la organización lésbico feminista Coalición Internacional de Mujeres y Familias.

  ¿Cuáles son los grupos a favor y en contra de los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá?

  Quienes estamos a favor somos un grupo diverso y complementario, decididamente acompañado por nuestras familias y la juventud en general. Hay numerosas empresas, embajadas, instituciones internacionales, medios, periodistas e instituciones académicas que se expresan con firmeza para que Panamá sea un país inclusivo donde las personas LGBTQI+ seamos respetadas y valoradas. El acompañamiento de otros grupos minoritarios de Panamá, como el de los afrodescendientes, consolida nuestro mensaje interseccional.

  El grupo que se opone a nuestros derechos constituye una facción extrema de grupos conservadores y religiosos. Sin embargo, es importante aclarar que en Panamá muchas personas conservadoras y religiosas están a favor del respeto y la no violencia contra las personas LGBTQI+.

  Lastimosamente, muchas instituciones que se supone que deben protegernos, como la policía y la Corte Suprema de Justicia, se han opuesto tajantemente a los derechos de la diversidad sexual. Sus argumentos son profundamente pobres y suelen centrarse en una visión muy esquemática de lo “natural” versus lo “antinatural”. En esa línea se expresó vergonzosamente la Corte Suprema al postular que el matrimonio tiene como función principal la procreación para la continuidad de la especie. Las conclusiones que se desprenden de estos argumentos son sumamente violentas e inaceptables en una sociedad moderna.

  ¿Por qué los progresos realizados en el terreno de la opinión pública siguen sin verse reflejados en el marco legal?

  Ha habido clarísimos progresos en la opinión pública. Según indicaron las encuestas, la campaña Sí Acepto, por ejemplo, tuvo un gran impacto en la sociedad panameña: en tan solo tres años cambió la opinión de más de 300 mil personas, lo cual es muchísimo para un país de apenas 4.2 millones de habitantes. Que tantas personas no LGBTQI+ apoyen la aspiración de una sociedad libre de discriminación es un claro indicio de cambio.

  Pero estos cambios positivos no se ven reflejados en el marco legal por falta de voluntad política. Tenemos un liderazgo político vetusto, populista, inoperante y falto de ética. Nuestros líderes no han comprendido que están disociados de los cambios de nuestra época relativos a la evolución de los derechos humanos, el derecho internacional y los principios de la democracia liberal. Pero el cambio es imparable: las nuevas generaciones claramente están adoptando posiciones favorables a los derechos, la diversidad y la inclusión, y que lleguen a ocupar lugares clave en la toma de decisiones es solo cuestión de tiempo.

  ¿Cómo sigue la lucha tras la sentencia de la Corte Suprema que admitió la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo?

  La lucha se consolida, se reinventa y continúa. Al dar luz verde al gobierno para discriminar, en este caso contra parejas del mismo sexo y su derecho a conformar una familia reconocida y protegida por el Estado, la Corte ha puesto en evidencia su animadversión hacia las personas LGBTQI+. Ya nadie puede decir que la discriminación es sutil o imaginaria: se ha vuelto evidente y obscena para todas las personas, y no solamente para las personas LGBTQI+ que la padecen directamente. La situación ha quedado más clara que nunca, lo que ha llevado a que más gente se comprometa con la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+.

  En suma, la deplorable decisión de la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+, y en ese sentido constituye un momento trascendental en dirección de la conformación del país que queremos, con foco en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, el combate de las desigualdades sociales y económicas y la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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• PANAMÁ: “Las protestas reflejan las desigualdades estructurales y la frustración ante la evidente corrupción”

  CIVICUS conversa sobre las recientes protestas en Panamá conEileen Ng Fábrega, Directora Ejecutiva de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO). CAPADESO es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven el desarrollo social en Panamá. Su objetivo es evidenciar los aportes de la sociedad civil, fortalecer a la sociedad civil y fomentar las alianzas para incidir en las políticas públicas.

• Panama: Informe de Diálogo sobre Democracia: 17 de junio de 2018

  Diálogo sobre Democracia organizado por la organización Consumo Ético. Valle del Riscó, 17 de junio de 2018