multilateralismo

 

  • COVID-19: ‘Necesitamos un nuevo contrato social basado en los derechos y en la prosperidad compartida’

    Owen TudorCIVICUS conversa sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia sobre los derechos laborales, y sobre la respuesta brindada por la sociedad civil, con Owen Tudor, Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Reconocida como la voz global de los y las trabajadoras de todo el mundo, la CSI trabaja para promover y defender los derechos e intereses de las personas trabajadoras a través de la cooperación internacional entre sindicatos, la realización de campañas globales y la incidencia en las principales instituciones mundiales. La CSI adhiere a los principios de democracia e independencia sindical y agrupa a tres organizaciones regionales de África, las Américas y Asia y el Pacífico, al tiempo que coopera con la Confederación Europea de Sindicatos.

    ¿Cuáles han sido los principales impactos de la pandemia de COVID-19 sobre los derechos laborales?

    La CSI recogió información de sus centrales sindicales nacionales afiliadas en forma regular durante los primeros meses de la pandemia y rápidamente entendió que, si bien en muchos países se observaban relaciones constructivas entre el gobierno y los sindicatos, en otros ello no ocurría. En muchos países como los de Escandinavia y el resto de Europa, y a menudo sobre la base de formas ya existentes de diálogo social, gobiernos, empleadores y sindicatos trabajaron juntos para desarrollar medidas para hacer frente a la pandemia y a sus efectos en los lugares de trabajo. Eso también sucedió en algunos países donde dicha cooperación ha sido más infrecuente, como Argentina, Georgia, Nigeria y el Reino Unido. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó la importancia del diálogo social como uno de los cuatro pilares de la acción contra la pandemia, junto con el estímulo de la economía y el empleo, el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos, y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo.

    Pero en algunos países, empleadores deshonestos y gobiernos neoliberales pensaron que podrían usar la pandemia para restringir los derechos de trabajadores y sindicatos, pasando por alto los límites al tiempo de trabajo o la seguridad del empleo. En países como Croacia y Lituania, hicimos campaña en apoyo de nuestras organizaciones afiliadas para evitar esos cambios, pero no en todas partes tuvimos éxito. En India, por ejemplo, los gobiernos estaduales implementaron una desregulación generalizada de las protecciones laborales.

    ¿Se han producido cambios en la forma de trabajo de los sindicatos?

    En demasiados países se perdieron puestos de trabajo y se disparó el desempleo. Esto inevitablemente ha tenido un impacto sobre la organización sindical. Pero en varios países, incluidos algunos que habían experimentado reducciones en la tasa de afiliación sindical en el pasado reciente y otros donde la membresía sindical seguía siendo fuerte, el papel clave desempeñado por los sindicatos en defensa del empleo y el salario y su campaña por una cobertura de salud decente y seguridad en el trabajo resultaron en un aumento de la afiliación. En pocas palabras, los trabajadores vieron con mayor claridad la importancia de afiliarse a un sindicato para recibir protección frente a los malos manejos empresariales y las violaciones de sus derechos más fundamentales.

    En algunos casos, la pandemia ha acelerado la experiencia de la organización virtual, a través de Zoom u otras plataformas de internet. Y en algunos casos estas tecnologías han llevado a los militantes sindicales a cambiar su punto de vista, pasando de concentrarse en explicar los beneficios de la afiliación a escuchar lo que quieren los potenciales afiliados. Esto no hizo más que acelerar una tendencia preexistente al desplazamiento de la idea de ofrecer a la gente un modelo que resuelva sus problemas hacia la idea de permitir que los y las trabajadoras definan qué es lo que mejor funciona para ellos. Como lo expresó un líder sindical australiano, “finalmente comenzamos a contactar a nuestros miembros en la forma en que ellos querían ser contactados”.

    ¿Cómo han trabajado los sindicatos para defender derechos y apoyar a sus afiliados y a sus comunidades durante la pandemia?

    El trabajo cotidiano de los sindicatos se intensificó con la pandemia. Los sindicatos representaron a trabajadores bajo amenaza de despido, presionaron para obtener indemnizaciones adecuadas, buscaron un mayor acceso a la seguridad social, y plantearon las preocupaciones de las mujeres trabajadoras, que enfrentaron una discriminación aún mayor, y las de los y las trabajadores migrantes, a quienes les era negada la igualdad de acceso y de trato. En muchos casos, los sindicatos obtuvieron avances que antes no eran considerados posibles; ahora debemos defender esos logros para el largo plazo.

    Los sindicatos han trabajado activamente con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con gobiernos nacionales de todos los continentes y con empleadores desde el piso de fábrica hasta la sala de directorio de las multinacionales para garantizar la protección de los y las trabajadoras y sus empleos. Desde la negociación de planes nacionales de trabajo a corto plazo en Alemania, hasta la búsqueda de garantías para asegurar el respeto de los contratos en la industria global de la confección y la organización de políticas sectoriales para el regreso seguro al lugar de trabajo en Bélgica, los sindicatos se han estado rompiendo la espalda para garantizar que se reconozcan los intereses de los y las trabajadoras. Lamentablemente, cada vez que nos llega información acerca de la transmisión comunitaria del COVID-19, ésta suele referirse a casos ocurridos en el lugar de trabajo, por ejemplo en la industria hotelera y gastronómica, en la atención de la salud o en plantas de procesamiento de carne. Los sindicatos han subrayado la necesidad de que la salud ocupacional sea considerada tan importante como la salud pública y de que incluya la provisión de equipos de protección personal y el acceso a licencia paga por enfermedad.

    Los sindicatos también han estado negociando ferozmente con los empleadores para detener los despidos, los cuales se han producido, vergonzosamente, incluso en empresas que fueron rescatadas con dinero de los contribuyentes. En algunos países, la ley ha impedido a los empleadores despedir trabajadores. Hemos negociado acuerdos para el trabajo domiciliario, que se está volviendo cada vez más común aún tras el retroceso de la pandemia. En Argentina los sindicatos negociaron una nueva ley de teletrabajo que aportó innovaciones tales como la de dar a los y las trabajadoras la oportunidad de decidir si quieren volver a sus lugares de trabajo.

    ¿Qué ha revelado la pandemia en relación con los problemas económicos y laborales subyacentes y los cambios que deberían producirse?

    Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la desigualdad masiva, incluidas las disparidades de ingresos, la injusticia racial y la discriminación de género, ya estaba motorizando una indignación que se traducía en disturbios civiles y desconfianza hacia la democracia. Si a ello se le suma la destrucción resultante de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, los riesgos para las economías y las sociedades ya eran evidentes. Adicionalmente, enfrentamos disyuntivas asociadas a los impactos positivos y negativos de la tecnología en ausencia de una perspectiva de derechos.

    La pandemia ha puesto de relieve las fisuras que ya estaban presentes en el contrato social. La inadecuada provisión de atención médica hizo que las primeras semanas de la pandemia fueran particularmente preocupantes, ya que se temía que los hospitales no dieran abasto. Similares brechas de financiamiento en materia de cuidado de las personas mayores y disposiciones laborales abusivas requerían que los y las trabajadoras se trasladaran entre instalaciones residenciales y no pudieran tomar licencia por enfermedad cuando mostraban síntomas. La inseguridad del empleo y la insuficiente protección social obligaron a muchas personas a seguir trabajando estando infectadas para poder poner comida en la mesa familiar. El hecho de que no se les proporcionara el equipo de protección personal adecuado fue apenas el signo más visible de los déficits en materia de salud y seguridad ocupacional.

    Para la economía en su conjunto, las nefastas predicciones de la OIT respecto de la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo en la fuerza laboral formal se vieron eclipsadas por el número de trabajadores y trabajadoras del sector informal que perdieron sus medios de vida. En cada una de estas áreas de falla sistémica, fueron las mujeres las que más padecieron la precariedad del empleo y gozaron de menores protecciones para su salud, y las que más se vieron afectadas por situaciones de confinamiento que obligaron a muchas a asumir la carga adicional del cuidado infantil no remunerado y arrojaron a algunas a la trampa de la violencia y el abuso.

    Necesitamos reconstruir una realidad mejor, que incluya un nuevo contrato social que impulse la recuperación y la resiliencia brindando protección y garantías laborales universales, tanto para el empleado de tiempo completo de Amazon como para el precarizado conductor de Uber. La salud y la seguridad en el trabajo deben convertirse en derechos laborales tan fundamentales como el derecho a no ser esclavizado y el derecho de huelga. Necesitamos servicios públicos de salud, educación y agua de calidad y con financiación adecuada, como parte de un mecanismo de protección social universal. Y necesitamos regular el poder económico, imponiendo la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, salarios mínimos dignos y obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos y normas ambientales en las cadenas de suministro.

    Los sindicatos y los millones de afiliados que representamos pueden ayudar a lograr todo esto a través de la negociación colectiva con sus empleadores, el diálogo social con sus gobiernos y la participación en instituciones internacionales y multilaterales.

    ¿Qué deberían hacer los gobiernos y las empresas para trabajar mejor con los sindicatos, y qué rol podría desempeñar la comunidad internacional?

    Los gobiernos y las empresas deben reconocer el rol fundamental de representación de los trabajadores que desempeñan los sindicatos, no solamente en las elecciones o cuando se negocian acuerdos salariales, sino durante todo el año y en todos los recovecos de la economía. Deben respetar los derechos y libertades fundamentales que los sindicatos necesitan para funcionar, incluidos la libertad de asociación, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga. Cuando toman decisiones que afectan a millones, si es que no a cientos de millones de personas, deben respetar el principio que reza “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo cual significa que deben trabajar mano a mano con los sindicatos.

    Al mismo tiempo, estamos frente a una crisis del multilateralismo, a menudo impulsada por políticos nacionalistas y populistas, pero también resultante del colapso de la confianza pública en la globalización impulsada por el comportamiento rapaz y motivado por el lucro de las corporaciones multinacionales globales y las poderosas empresas de tecnología.

    El mundo enfrenta una convergencia de varias crisis; sin embargo, las instituciones globales establecidas para apuntalar y reforzar los derechos, la igualdad, el crecimiento inclusivo y la estabilidad global están en su punto de mayor fractura. Es necesario reforzarlas y reenfocarlas para que respondan a las necesidades de los seres humanos y del planeta.

    La OMS ha demostrado ser necesaria a la hora de dar una respuesta global al COVID-19, pero aun así, es necesario asegurar que los riesgos para la salud se gestionen sobre la base de la ciencia y se provea acceso universal al tratamiento, sin compromisos políticos.

    La Organización Mundial del Comercio preside un modelo comercial global que nos ha fallado tanto a los seres humanos como al medio ambiente. Y las instituciones de Bretton Woods se han desviado de sus mandatos al promover la reforma estructural neoliberal y las políticas de austeridad, los intereses de los países dominantes y la codicia empresarial. Esto debe cambiar.

    La OIT, con su sistema tripartito único, es tan necesaria hoy como lo era cuando dio origen a un contrato social basado en un mandato de justicia social. Las partes involucradas deben estar hoy tan comprometidas con la garantía de un piso global de derechos y prosperidad compartida como lo estuvieron sus fundadores 100 años atrás, en 1919, y como lo reafirmó la Declaración de Filadelfia en 1944.

    Trabajando con nuestros aliados en la sociedad civil, los sindicatos queremos construir un nuevo contrato social basado en esos principios. De lograrlo, podremos crear una mejor economía, una mejor sociedad y un mundo mejor.

    Contáctese con la Confederación Sindical Internacional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@ituc y a@Owen4ituc en Twitter.

     

  • Nacionalismos de derecha ponen en riesgo a las democracias

    Por Thalif Deen,Director y Editor Senior, Oficina de la ONU, Servicio de Prensa Inter entrevista a Lysa John, secretaria general de Civicus 

    El constante deterioro del multilateralismo, sumado al crecimiento del unilateralismo, pone en riesgo a las democracias, y en especial a la libertad de prensa, a la gobernanza global, a la participación cívica y a los derechos humanos en Asia, África, América del Sur y Medio Oriente.

    Leer en: Inter Press News 

     

  • UN75: “La sociedad civil debe ser la conciencia de la comunidad global”

    En conmemoración del 75º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), CIVICUS está teniendo conversaciones con activistas, personas defensoras y profesionales de la sociedad civil acerca de los roles que la ONU ha desempeñado hasta ahora, los éxitos que ha conseguido y los desafíos que enfrenta de cara al futuro. CIVICUS conversa con Keith Best, Director Ejecutivo interino del Movimiento Federalista Mundial-Instituto de Política Global (WFM/IGP), una organización no partidista sin fines de lucro comprometida con la realización de la paz y la justicia globales a través del desarrollo de instituciones democráticas y la aplicación del derecho internacional. Fundado en 1947, WFM/IGP trabaja para proteger a la población civil de las amenazas del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; facilitar la transparencia en la gobernanza; a aumentar el acceso a la justicia; y promover la vigencia del estado de derecho.

    Keith best

    ¿Qué tipo de relación ha mantenido la sociedad civil con la ONU a lo largo de sus 75 años de historia?

    La relación de la sociedad civil con la ONU a lo largo de su historia ha sido principalmente la de un amigo crítico, y así lo refleja la experiencia de WFM/IGP. A menudo, este sentimiento ha sido mutuo. Recuerdo vívidamente que cuando era Secretario General de la ONU (SGNU), en una reunión con organizaciones de la sociedad civil (OSC) Boutros Boutros-Ghali nos pidió que le ayudáramos a lograr que Estados Unidos pagara sus cuotas atrasadas – ¡cosa que hizo en cuanto necesitó apoyo para la Guerra del Golfo! El exdirector ejecutivo de WFM/IGP, Bill Pace, también escribió que “Kofi Annan fue un secretario general muy importante, con quien tuve la suerte de desarrollar una relación tanto profesional como personal. Aunque su legado aún está siendo debatido, creo que tuvo el compromiso de hacer frente a las grandes potencias y plantarse frente a la corrupción de los principios establecidos en la carta”. Fue gracias a Kofi Annan que se adoptó por unanimidad la doctrina de la responsabilidad de proteger.

    ¿De qué maneras el trabajo de la ONU ha marcado una diferencia positiva?

    Hay una tendencia a pensar a la ONU solamente en su rol de mantenimiento de la paz y en sus esfuerzos más visibles para tratar de mantener la paz mundial, descuidando el trabajo, menos celebrado pero a veces más efectivo, que llevan a cabo sus agencias. Mencionaré a solo tres de ellas. A pesar de la reciente controversia en torno del COVID-19, donde los problemas principales parecen haber sido sus limitados poderes y la falta de coordinación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha logrado un éxito duradero. Fue establecida oficialmente el 7 de abril de 1948 con el fin de “alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”, entendiendo a la salud no solo como ausencia de enfermedad o dolencia, sino como el bienestar físico, mental y social pleno de cada individuo. Su mayor triunfo fue la erradicación de la viruela en 1977; asimismo, los esfuerzos que ha llevado a cabo a nivel global para poner fin a la poliomielitis se encuentran ahora en sus etapas finales. En los últimos años, la OMS también ha coordinado batallas contra las epidemias virales de Ébola en la República Democrática del Congo y de Zika en Brasil. Será un desastre si Estados Unidos se retira de la organización en vez de ayudarla a implementar un mecanismo de alerta más eficaz y a coordinar la distribución de medicamentos tras una pandemia a la que, seguramente, habrán de seguir otras.

    Otro héroe olvidado es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que ha trabajado mucho para mejorar la situación de los pequeños agricultores, la conservación y el mejoramiento de los métodos agrícolas y el conocimiento sobre biotecnologías, entre otras cosas. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fundado en 1965, promueve la cooperación técnica y de inversión entre naciones y aboga por el cambio, conectando a los países con el conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a las personas a construir una vida mejor para sí mismas; y proporciona asesoramiento especializado, capacitación y subvenciones a los países en desarrollo, con un énfasis cada vez mayor en la asistencia a los países menos desarrollados. Algunas de estas agencias han sido criticadas no tanto por el trabajo que realizan sino sobre todo por la conducta y las acciones de algunos de sus funcionarios. La forma en que algunos de ellos son seleccionados es un asunto pendiente para WFM/IGP.

    En gran medida gracias al trabajo de la ONU, se han producido avances importantes como son la Corte Penal Internacional (CPI) y la responsabilidad de proteger. Sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Derecho Internacional y los tribunales de Nuremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia, la CPI ha consagrado por primera vez en la historia la responsabilidad individual de los jefes de estado y otras personas en posición de autoridad por la comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio y, más recientemente, el crimen de agresión. A la luz más calma de la mirada retrospectiva, esto será considerado un desarrollo importante en el concepto de responsabilidad global que, hasta ahora, solamente se atribuía a los estados, no a los individuos. El concepto de responsabilidad de proteger, respaldado abrumadoramente en 2005 en la Cumbre Mundial de la ONU, la mayor reunión de jefes y jefas de estado y de gobierno de la historia, dio la vuelta a siglos de obligaciones del ciudadano hacia el Estado- una obligación no solo de pagar impuestos, sino en última instancia de dar la propia vida – para enfatizar su reverso, la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos. Encierra el potencial de poner fin a 400 años de inviolabilidad del Estado para responder a sus pares, consagrada en el Tratado de Westfalia, en tanto que el concepto de no intervención no ha sobrevivido al siglo pasado.

    ¿Qué cosas no están funcionando actualmente y deberían cambiar, y cómo está trabajando la sociedad civil para que ello ocurra?

    Lo decepcionante, por supuesto, ha sido la incapacidad de la ONU para reformarse a sí misma desde dentro de manera efectiva y, sobre todo por efecto del interés de las principales potencias en mantener el statu quo, el hecho de que se ha vuelto inadecuada para cumplir su propósito en el mundo moderno. El mejor ejemplo de ello es el uso o la amenaza de uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU). El P5, es decir sus cinco miembros permanentes, todavía representan a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con la salvedad de que en 1971 la República Popular China sustituyó a Taiwán/República de China. Hasta el Brexit, dos escaños eran ocupados por estados parte de la Unión Europea. Ni la democracia más numerosa del mundo, India, ni su tercera economía, Japón, están representadas. En los últimos años, el uso o la amenaza de uso del veto tornaron a la ONU incapaz de prevenir conflictos en una cantidad de situaciones. En un libro reciente, Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes (Límites legales vigentes al poder de veto en el Consejo de Seguridad frente a crímenes atroces), Jennifer Trahan explica que este abuso de poder es, de hecho, contrario al espíritu y a la letra de la Carta de la ONU. Hay una presión cada vez mayor de otros estados para reducir ese abuso, y esperamos que las campañas de la sociedad civil en ese sentido logren que el cambio se materialice.

    Otra cosa que debe cambiar es la forma de nombrar al SGNU, que en el pasado ha sido entre bambalinas y posiblemente no lograra sondear a todos los candidatos adecuados. Pero gracias a la Campaña 1 para 7 mil millones, en la que WFM/IGP participó activamente junto con muchos otros actores, gobiernos incluidos, el proceso de selección del SGNU posiblemente haya cambiado para siempre, ya que el espacio donde ocurría, y que permitía la concreción de acuerdos entre las principales potencias, se desplazó desde el CSNU hacia la Asamblea General de la ONU (AGNU). El actual SGNU, António Guterres, ha elogiado y apoyado con frecuencia el nuevo proceso a través del cual fue seleccionado. Este proceso fue el resultado del trabajo conjunto de numerosas organizaciones lideradas por un comité directivo informal integrado por Avaaz, la Fundación Friedrich Ebert-Nueva York, United Nations Association-UK y WFM/IGP, y tuvo el apoyo de más de 750 OSC, con un alcance estimado en más de 170 millones de personas. Muchas de ellas esperan poder insuflar nueva vida a una campaña para consolidar y mejorar los logros obtenidos hasta ahora. Uno de los aspectos delicados es que la campaña original favorecía un mandato único más prolongado para el SGNU en lugar de dos potenciales mandatos; este objetivo seguirá vigente, y con suerte el actual titular del cargo no lo considerará una amenaza para su propia posición.

    Muchas organizaciones ahora están reclamando una conferencia de revisión en virtud del artículo 109 de la Carta de la ONU, pero debemos tener cuidado con lo que deseamos. En el clima actual, dominado por el nacionalismo y el populismo cortos de miras, bien podríamos terminar con una versión diluida de la Carta actual. Sería mucho mejor alentar un cambio evolutivo e incremental, que probablemente será más duradero.

    ¿Considera que es necesario y posible democratizar a la ONU?

    Efectivamente. Las principales debilidades del sistema de la ONU reclaman no solo la reforma del CSNU para que sus miembros permanentes - y muchos argumentan que no debería haber ninguno, o al menos que no debería incorporarse ninguno nuevo - reflejen con mayor precisión el poder económico y diplomático en el mundo actual, sino también el abordaje de su frecuente falta de transparencia y rendición de cuentas y la ausencia de un elemento democrático; de ahí la campaña 1 para 7 mil millones.

    En el futuro previsible, es probable que la ONU siga basándose en los estados nacionales, cuya igualdad en el seno de la AGNU es una de sus características más entrañables. Sin embargo, hay un reclamo cada vez más fuerte de mayor democracia para realizar el principio de “nosotros, los pueblos de las naciones unidas”, en contraposición con la mera representación de los gobiernos. De ahí el llamamiento al establecimiento de una asamblea parlamentaria de la ONU, quizás creada en virtud del artículo 22, que comenzaría no como un cuerpo legislativo sino como un órgano de monitoreo de la ONU y sus agencias, dado que cualquier atribución de poderes legislativos aseguraría su fracaso porque haría que los estados se opusieran desde el principio. Cuando tantas organizaciones y tratados internacionales incluyen asambleas parlamentarias - con diferentes poderes -, no debería haber ninguna razón, más allá de la mecánica electoral, para que ello no ocurra también a nivel mundial.

    ¿Qué lecciones para la cooperación internacional se pueden extraer de la pandemia de COVID-19? ¿Qué debería cambiar después de esta crisis?

    Sin duda, la pandemia de COVID-19 ha concentrado nuestra atención, pero queda por verse si acaba siendo lo suficientemente cataclísmica como para convertirse en un motor de la clase de cambio que en el pasado fue estimulado por las guerras mundiales. La pandemia ha enfatizado que estamos “todos juntos en esto”, que un cruce animal-humano o el desarrollo de un nuevo virus en una parte remota del planeta pronto puede tener efectos en todas partes y que no habrá frontera que lo detenga. Ha dejado en evidencia que las más afectadas son las sociedades que ya eran más vulnerables, más pobres, peor preparadas y peor equipadas desde el punto de vista sanitario. Resulta revelador que las empresas farmacéuticas estén enseñando ética a los políticos en relación con una distribución equitativa de los medicamentos que asegure que no sea la riqueza lo que determine el acceso. Esta es una lección que tiene una aplicabilidad más amplia. Ha resaltado la necesidad de decisiones globales ejecutables en interés de la humanidad en su conjunto. Se trata, nuevamente, de un mensaje con una relevancia más amplia en el contexto del cambio climático y ambiental.

    Gran parte del idealismo de los años sesenta y setenta, que fueron tiempos emocionantes para quienes los vivimos, se ha traducido en el realismo de la era actual. No hay nada de malo en ello, ya que estas cuestiones deben resistir el escrutinio severo. La tecnología ha puesto de manifiesto el hecho de que las guerras ahora se libran contra civiles y no contra soldados uniformados y que los ataques cibernéticos a los suministros de energía y agua tienen más probabilidades de incapacitar al enemigo que los armamentos, que ahora son tan caros que enfrentan limitaciones de sostenibilidad y solo son útiles para los estados que pueden permitírselos. El mundo se ha hecho más pequeño, al punto en que es más probable que sepamos lo que está sucediendo en el otro extremo del mundo que en la casa de nuestro vecino. A través de los medios digitales, las voces de la gente están cada vez más presentes y están mejor articuladas; la gente quiere que se escuche su voz. La tecnología satelital permite no solo la extracción precisa de individuos, sino también la observación de acciones hasta el nivel más elemental: ya no hay donde esconderse. Si se usa de manera responsable para fomentar la justicia internacional en función de normas universalmente aceptadas, esta tecnología moderna puede ser una fuerza para el bien, pero si se usa incorrectamente, también puede conducirnos a la destrucción.

    El desafío del multilateralismo en la actualidad es difundir estos mensajes de interdependencia y dejar en claro que, cada vez más, para lograr sus fines y las aspiraciones de sus ciudadanos, los estados deben trabajar juntos, en sociedad y a partir del entendimiento mutuo. Por sí misma, esta comprensión conducirá inevitablemente a la necesidad de mecanismos que puedan ser implementados para gestionar nuestro clima y nuestro comportamiento, sabiendo que la acción de cada cual provocará en otros lugares una reacción que probablemente nos afectará. Ya sea que se trate de la destrucción de la selva amazónica o del empobrecimiento de un pueblo a través de la rapiña y el autoritarismo, el resto de la humanidad resultará afectado. La pobreza destruye los mercados para las naciones industrializadas, lo cual luego produce inestabilidad, la cual a su vez resulta en un mayor gasto en prevención o resolución de conflictos. La respuesta a los flujos migratorios no es el cerco y el fortalecimiento de las fronteras, sino el abordaje de las causas últimas de la migración.

    Vivimos en la época más veloz de la historia, donde certezas aún recientes son cuestionadas y dejadas de lado. Eso es disruptivo, pero también puede abrirnos a nuevas oportunidades y formas de hacer las cosas. En semejante clima político, es más importante que nunca la capacidad de WFM/IGP y de la sociedad civil para ser la conciencia de la comunidad global y apuntar a una mejor forma de gobernanza, que sea federalista y permita que se escuche la voz de la gente.

    Contáctese con el Movimiento Federalista Mundial-Instituto de Política Global a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@worldfederalist en Twitter.