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  • Asia home to largest number of indigenous peoples: Activists building a movement in face of attacks

    By Josef Benedict, Civic Space Research Officer

    The 9th of August, marks International Day of the World's Indigenous Peoples. The day is commemorated in recognition of the first meeting of the United Nations Working Group on Indigenous Populations in Geneva in 1982.

    Asia is home to the largest number of indigenous peoples with an estimated 260 million from the 370 million original inhabitants worldwide. Despite this significant number, equaling half of the combined population of Europe, Asian indigenous peoples face an array of challenges such as the denial of the right to self-determination, the loss of control over their land and natural resources, discrimination and marginalisation, forced assimilation and violent repression by state security forces. 

    While most of the countries in Asia had voted for the adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) in September 2007, many refuse to respect and implement these rights. This has been made more difficult with the shrinking democratic space in many Asian countries and the rise of autocratic leaders. 

    In 2018, the CIVICUS Monitor continued to document human rights violations and state repression against indigenous peoples in the region. In the Philippines, there has been an increase of vilification against indigenous activists under the Duterte government. In March 2018, the Philippines labelled a number of local indigenous rights activists as “terrorists” for alleged links to the Communist Party. This included Victoria Tauli-Corpuz, the UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, a Filipino national. 

     

  • Entramado de complicidades entre empresas y Estado resulta en creciente criminalización de defensores de derechos humanos en Panamá

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    CIVICUS conversa con Ileana Molo,Presidenta Ejecutiva de la organizaciónAfropanameñ@ Soy e integrante de la Red de Derechos Humanos de Panamá, en cuya representación participó de laaudiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en Panamá en octubre de 2017.

    1. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los y las activistas de la sociedad civil en Panamá? ¿Hay grupos que estén siendo particularmente atacados?

    Uno de los temas más preocupantes que hemos denunciado es el hostigamiento y la intimidación de los líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil por la vía jurídica y mediante agresiones económicas y psicológicas. Esta tendencia afecta desproporcionadamente a grupos movilizados por temas ambientales y en relación con el uso del suelo, cuyo activismo los pone en conflicto con grandes empresas en el área del desarrollo de infraestructura.

    Estamos viendo una fuerte tendencia a la criminalización y la intimidación. Hay un entramado de normas discriminatorias, y las empresas, que tienen muchos recursos económicos y mucho poder, las están usando para demandar a los activistas de modo de intimidarlos legalmente y desalentar su labor. Entonces, si tú denuncias una mala práctica de una empresa, la empresa enseguida te demanda a ti. Muchos activistas están siendo afectados económica y psicológicamente, de manera que estamos viendo cómo podemos apoyarlos.

    Tenemos un mapeo de las diferentes agresiones físicas, económicas y políticas y de las demandas que han enfrentado los defensores. Entre los casos más recientes está el de Basilio Pérez, un activista ambiental y experto forestal que fue demandado por daños y perjuicios por una empresa a la que había denunciado por violaciones a la ley general de ambiente y la contaminación de comunidades aledañas a la mina del Cerro Quema. La empresa le exige una indemnización de 40 mil dólares.

    Otro caso resonado es el de Max Crowe, presidente y representante legal de la Asociación de Propietarios de Jardín Albrook, una asociación de vecinos que inició un proceso para defender la zonificación residencial ante violaciones de las normas de uso del suelo y normas urbanísticas. En este caso, el abuso judicial incluyó una demanda por 65 mil dólares contra Crowe, el secuestro arbitrario de sus bienes personales y el congelamiento de la cuenta bancaria de la organización. Su caso es similar al de María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, que reúne a más de 40 comunidades. En el marco de un conflicto por violación de normas urbanísticas y de uso del suelo, Chávez fue demandada judicialmente por un diputado aparentemente vinculado con concesiones mineras con interés en la creación de un nuevo distrito en esa zona.

    Otro caso muy sonado en los medios es el de la asociación de residentes de Coco del Mar, que por presentar una querella ambiental contra una empresa constructora han sido objeto de una demanda civil de daños y perjuicios por alrededor de 5 millones de dólares. Primero tuvieron una querella penal con sobreseimiento provisional en primera instancia dictado en noviembre de 2016 y ratificado por segunda instancia este año. En octubre de 2016 presentaron la demanda civil, y ahora enfrentan esta millonaria demanda.

    Cabe subrayar también el caso de la compañera Larissa Duarte, joven activista ambientalista de las áreas indígenas comarcales, fundadora del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre, que fue demandada por 10 millones de dólares por la empresa Hidroeléctricas Los Estrechos S.A., en el marco de un conflicto por usurpación de tierras y en defensa del agua. Si bien el reclamo de la empresa, por costos incurridos cuando el proyecto hidroeléctrico fue cancelado supuestamente como consecuencia del activismo, ha sido recientemente desestimado por la justicia, la campaña de difamación contra Larissa Duarte y su organización continúa.

    Otro caso muy importante es el de la Isla Pedro González, que ha afectado a muchas familias. La empresa Pearl Island Living llegó a la isla un día diciendo que ellos eran los dueños de la tierra y que iban a desarrollar un proyecto turístico y habitacional de modo que las personas que vivía ahí se tenían que ir. En este caso, se han dado muchas situaciones de enfrentamiento entre los pobladores y la empresa. Se mantiene latente el conflicto por la legalidad de la titulaciones.

    Por el momento, sin embargo, los activistas han enfrentado más acoso judicial que ataques violentos. Pero es importante mencionar el caso de Ligia Arreaga, que debió abandonar el país tras recibir amenazas de muerte. Arreaga, defensora del Humedal Laguna de Mtusagaratí y enfrentada a los proyectos de una empresa de sembrar palma aceitera en gran escala en la provincia de Darién, denunció en tres ocasiones, en 2009, 2015 y 2016, que había recibido advertencias de que la empresa AGSE Panamá S.A. la mandaría matar por sus denuncias sobre titulación de tierras. Finalmente dejó el país porque no recibió ningún respaldo policial ante las amenazas.

    1. Por lo que relatas, daría la impresión de que la principal fuente de agresiones son las empresas. ¿Qué rol le cabe al Estado?

    Efectivamente, las empresas son la principal fuente de agresiones, y de hecho tienen suficiente poder como para obstaculizar nuestro trabajo. Cuando trabajábamos en el informe sobre Barro Blanco, nos resultó bien difícil llegar hasta las comunidades afectadas para entrevistarlas, porque teníamos a la empresa todo el tiempo pisándonos los talones y nos resultaba intimidante que una persona supervisara todo lo que hacíamos. Además nos costó muchísimo llegar hasta la zona, porque había que ir en lancha, ya que todo el ensamble de la hidroeléctrica está rodeado por agua – que es precisamente lo que las comunidades alegan: que están perdiendo sus tierras, que se están inundando y ya no resultan cultivables.

    El rol del Estado es, como mínimo, ambiguo. Por un lado, el Estado tiene la potestad de mediar, y nosotros le exigimos que lo haga. En el caso de la isla Pedro González, le solicitamos que se reuniera con la empresa y la comunidad, para llegar a acuerdos y que se levantaran las órdenes de detención que había contra 37 personas desde el año pasado. Esto se logró finalmente gracias al trabajo que hizo la Alianza Ciudadana Pro Justicia en conjunto con la Red de Derechos Humanos y organizaciones de afrodescendientes. Llegamos a un acuerdo con el fiscal para que permitiera que estas personas se presentaran voluntariamente y las órdenes de detención fueran reemplazadas por medidas cautelares; esta dinámica requirió del trabajo de numerosos abogados que de forma desinteresada brindaron sus servicios legales ya que los pobladores de la Isla son, en su mayoría, de escasos recursos.

    Por el otro lado, claramente muchas instituciones estatales son utilizadas por las empresas para alcanzar sus fines. De hecho, las instancias jurídicas suelen acoger las demandas que las empresas entablan contra sus críticos, decretan la confiscación de los bienes de los acusados, y en general aunque eventualmente los absuelvan, los someten a largos procesos que son muy desgastantes. Hace pocos días, por ejemplo, acompañamos al juzgado a los residentes de Coco del Mar, que fueron voluntariamente a declarar por la demanda civil contra ellos, y una señora de la junta directiva comentaba que el caso le generaba tal incertidumbre que la estaba perjudicando física y psicológicamente y perturbando su vida personal y familiar.

    En última instancia, el Estado toma partido a favor de las empresas. Recientemente hemos tenido informes de pobladores de Pedro González muy preocupados porque en las próximas semanas se iniciará la construcción del proyecto hotelero. Y francamente nuestra organización aún no ha podido ocuparse del tema de la titulación de las tierras, porque nuestro trabajo es voluntario, no tenemos capacidad suficiente, y por lo tanto hemos tenido que dividir las luchas: primero atender el tema de las personas con medidas de detención, y dejar para luego el tema de las tierras y las titulaciones. Pero el gobierno sí puede, y debería ocuparse de estos temas. El tema es que falta voluntad política; en el caso específico de Pedro González, uno de los grandes accionistas del proyecto en cuestión es Guillermo Saint Malo Eleta, pariente de la vicepresidenta de la nación. Así es que las soluciones al conflicto no avanzan porque hay fuertes intereses de por medio.

    En ciertos casos, como el de Barro Blanco, la toma de partido otorga al Estado un rol más represivo. El caso de Barro Blanco es un conflicto de larga data que empezó con concesiones a empresas hidroeléctricas varios gobiernos atrás. El proyecto se impuso contra la voluntad de la población indígena de la zona, que se vio desplazada y sufrió daños irreparables en poblados, zonas de cultivos y sitios religiosos, históricos, arqueológicos y culturales. En este caso, el Estado se ve involucrado de lleno toda vez que se dan enfrentamientos. Los pobladores exigen que las empresas paren los trabajos, y en cambio el gobierno suelta a la policía antimotines y los agrede. Hay un entramado de complicidades entre las empresas y el Estado, y el tiempo que pasa corre en contra de estas poblaciones, porque los proyectos de infraestructura acaban convirtiéndose en hechos consumados.

    1. ¿De qué manera se organiza y trabaja la sociedad civil panameña para superar estos obstáculos?

    Nosotros trabajamos en red. La organización que presido, Afropanameñ@ Soy, es parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras en Panamá (CONEGPA). Trabajamos todo lo relacionado con los derechos humanos de las personas afrodescendientes. También formamos parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y de la Red de Derechos Humanos de Panamá.

    La Red de Derechos Humanos tiene unos tres años de mucha actividad, y trabaja mediante una asamblea de acción ciudadana formada por unas 30 organizaciones, entre ellas sindicatos y grupos de mujeres, juventud, indígenas, grupos LGTBI y afrodescendientes. La asamblea generalmente se reúne dos veces al mes y aborda temas de actualidad nacional; la red se activa cuando se da alguna presentación de un caso específico de violación de derechos. Tenemos un grupo técnico que se encarga de hacer el relevamiento en el terreno. Nosotros asumimos todos los gastos: hacemos colectas para poder mandar a este grupo a hacer el trabajo de campo y redactamos y difundimos el informe. Tenemos ya dos informes técnicos elaborados, uno sobre Pedro González y otro sobre Barro Blanco, este último disponible en la web. Personalmente he tenido la oportunidad de participar en los dos, y en este último más intensamente porque incluyó la variable étnica, ya que las comunidades afectadas tienen una alta proporción de afrodescendientes.

    Como la Red se sostiene exclusivamente en los esfuerzos de sus miembros, sin ningún otro financiamiento, es clave para nosotros recibir la colaboración de otros actores. Así, por ejemplo, cuando tenemos alguna consulta legal más técnica recibimos apoyo del Colegio de Abogados. En este momento estamos trabajando en un pequeño proyecto con la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá y otras instituciones académicas, para desarrollar un diplomado para formar expertos en levantamiento de informes en situaciones de crisis. Todavía está un poco verde, pero para nosotros esto es fundamental porque no cualquiera puede hacer una investigación y producir informes de este tipo, y necesitamos más técnicos que puedan dedicarse a estos procesos.

    Nos vinculamos también con grupos de prensa alternativos que nos apoyan dando divulgación a nuestros casos. El sistema de medios de comunicación es muy poco accesible para nosotros, ya que en general está compuesto de grandes empresas muy poderosas que suelen tomar partido por las empresas que criminalizan al activismo. Nuestro trabajo de difusión recientemente resultó en una cobertura más equilibrada de la movilización que se produjo cuando los residentes de Coco del Mar se presentaron a declarar.

    Y también, por supuesto, llevamos nuestros reclamos a organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    1. ¿Qué le reclama la Red de Derechos Humanos al gobierno de Panamá en la CIDH?

    Como Red de Derechos Humanos hemos tenido la oportunidad de participar en audiencias temáticas de la CIDH en 2014, 2015 y 2017. A ellas hemos llevado casos de violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en Panamá, y en particular en la última, hemos expuesto el reiterado incumplimiento del Estado a las recomendaciones de la CIDH así como a algunos fallos vinculantes de la Corte Interamericana.

    En efecto, el seguimiento por parte del gobierno es totalmente inconsistente. El gobierno asume compromisos pero luego no cumple con lo acordado. Uno de los compromisos tomados en la audiencia de la CIDH en Washington, en marzo de 2017, fue el de establecer una mesa temática con reuniones periódicas en las que se irían viendo los casos. Sin embargo, dicha mesa nunca se estableció. Tras regresar a Panamá, fuimos convocados a una sola reunión en Cancillería en abril. Fue muy incómoda, porque no fue más que un monólogo y no se pudo ni siquiera definir una agenda, por no hablar de llegar a algún acuerdo. Estaban presentes todas las partes, había altos funcionarios – estuvo incluso el viceministro de la Presidencia Salvador Sánchez González, a quien siempre mandan a dar la cara a las audiencias porque antes de entrar al gobierno trabajó en temas de derechos humanos -, pero fue una pérdida de tiempo. Lo único que quedó de allí fue la idea de hacer una gira a la isla de Pedro González, que eventualmente se hizo, pero eso era parte de un compromiso ya asumido. En la reunión solo se habló de Pedro González; el caso de Barro Blanco se abordó apenas de un modo muy general.

    En la última audiencia de la CIDH, realizada en Montevideo en octubre de 2017, aprovechamos para recalcarle al Estado que estamos totalmente disconformes con la forma en que están abordando, o más bien no están abordando, el tema. Nuevamente reclamamos el establecimiento de la mesa temática, desde la cual esperamos poder desarrollar un Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que queremos que se convierta en ley. Queremos un sistema de protección con protocolos para aplicar en determinadas situaciones y con mecanismos de alerta, prevención, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas desarrollados e implementados con la participación de expertos de la sociedad civil. Queremos una dinámica de respuesta competente, especializada, ordenada, moderada, oportuna, e integrada no solamente por personas la sociedad civil expertas en temas de derechos humanos sino también por contrapartes estatales con capacidad de decisión, ya que queremos la seguridad de que podrá resolver las situaciones de conflicto que estamos observando.

    Luego de que regresamos de Montevideo fuimos citados para una reunión en Cancillería el 23 de noviembre; esperamos antes de esa fecha poder fijar una agenda para que sea una reunión productiva. Ojalá haya voluntad del gobierno para establecer el sistema de protección que estamos reclamando.

    1. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de Panamá con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿De qué modo podrían los actores externos apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil panameña?

    En la Red trabajamos con las uñas, en forma voluntaria y sin más apoyo que el que nos dan las organizaciones y personas que integran la Red. El tiempo que yo le destino a la Red es no remunerado y se suma a mis actividades profesionales, de modo que me es muy difícil estar 100% en eso. La Red todavía no tiene siquiera una página web, y cuando viajamos a instancias como la CIDH lo hacemos generalmente por esfuerzo que proporcionamos los integrantes de las diversas organizaciones. Para la audiencia de Montevideo solo pude ir yo en representación de la Red.

    De ahí que para nosotros sea clave fortalecer las redes de las que formamos parte. Por ejemplo, en calidad de organización afrodescendiente, Afropanameñ@ Soy es parte de redes internacionales de organizaciones afrodescendientes. Trabajamos con la Red de Mujeres Afrocostarricences, a la cual hemos puesto sobre aviso respecto de los temas que nos ocupan, sobre todo en la Isla Pedro González, y ellos a su vez nos pusieron en contacto con otras organizaciones similares en otros países. Se trata todavía de vínculos muy leves y todavía no muy concretos, pero estamos tratando por todos los medios de informar a nuestros amigos y contactos.

    La labor de visibilizar los casos es titánica, y para eso necesitamos de mayores contactos con organizaciones internacionales. Se nos ha hecho muy difícil, pero estamos intentando conectarnos con organizaciones que se ocupan de temas de tierras y que puedan orientarnos y asesorarnos sobre cómo llevar los casos.

    Pero para conseguir apoyos, tenemos que trabajar primero en disipar esa imagen que nuestro país emite hacia afuera de que acá no pasa nada, que somos cosmopolitas y modernos y está todo bien. De hecho muchos primero se asombran cuando leen nuestros informes y se enteran de los atropellos contra las comunidades y los casos de criminalización e intimidación de activistas. Pero esta es la realidad que estamos viviendo, y estamos tratando de hacerla visible. El hecho de que CIVICUS muestre interés en escucharnos y dar a conocer lo que aquí está pasando es sumamente valioso para nosotros.


     

     

  • Joint statement from Environmental rights defenders workshop

    In response to the rise in the attacks, harassment and killings of human rights defenders and activists defending land, environmental and indigenous rights, CIVICUS and Publish What you Pay released a report on the different restrictions and attacks faced by activists. 

     

  • Liberian rural communities face ‘David vs Goliath’ battle with multinationals

    CIVICUS speaks to a Liberian activist about the invasions by multinational companies into community and indigenous lands. Rural communities are at the receiving end of human rights violations perpetuated against these companies and the police while the state appears to be turning a blind eye to their plight. The activist prefers to remain anonymous to protect their identity.

    1. Can you describe the state of land rights, resource rights and indigenous rights in Liberia?
    Communities and land rights activists in Liberia struggle to protect land and natural resources from multinational companies who are given access to land and natural resources by the government without taking into consideration the needs and views of Liberians. In exploiting land and natural resources, these multinational corporations violate the rights of communities, exploit children and their actions have an adverse effect on the environment. Recently, the Liberian government discussed land ownership and rights through a land authority and land rights Act and promised to include more local voices such as those of women and children. However, the laws remain unenforced even though resources that are being taken by big companies are supposed to empower all communities in Liberia. A major challenge is that these multinationals have agreements with the government without taking into account the views and concerns of communities whose livelihood will be affected by the exploitation of these resources. 

    2. What do you view as the core issues related to Golden Veroleum’s work in Liberia?
    The survival and livelihood of Liberia’s rural communities is attributed to their access to the rainforests and to land for cultivation. Upon the arrival in 2010 of Golden Veroleum Liberia (GVL), a oil palm developer, rural farmers’ lands have been taken from them, often times by force. GVL has continued their expansion and let nothing get in their way; not farmers, not virgin rainforests teeming with wildlife, not even their promises made to help the local communities and assist them in developing education and other necessities. GVL has continued their operations but has returned nothing to the Liberian communities from whom they took the land.

    Many of the communities and farmers have disagreed with GVL but have been met with threats and bribery by officials in positions of power. When the members of the communities chose to take a stand and express concerns over the actions of GVL, they have been arrested and beaten. GVL has employed a heavily armed and armored police unit called the Police Support Unit which they have invited to indefinitely stay to protect GVL’s interests and plantations. The workers that work for GVL are underpaid – in most cases US$10 a day and a rice supply which GVL’s forces have been confiscating in village raids. GVL has forced communities out of their land and some members of communities have gone into hiding to avoid reprisals.

    3.  How are communities of rural farmers affected by GVL’s palm oil production?
    The land of these rural farmers has been confiscated, oftentimes by force, and has been poisoned with the chemicals used inside of palm plantations. GVL supposedly assumes that all local farmers will be obliged to work for them, facing underpayment and no access to the land on which they used to live. Some farmers have refused and simply left to live in the rainforest, yet GVL’s continued expansion threatens the delicate balance of the rainforest in which they live. Others have been beaten and imprisoned and remain there with no hope of ever leaving due to the corruption of GVL’s employed police unit.

    4. In addition to concerns by farmers, can you expand on what your concerns are about the palm oil expansion by GVL?
    My concerns are that the pleas of these farmers have remained unheard and overlooked by the Liberian government because of the economic benefit the government is receiving for this development. The conditions into which they force these communities, along with the ruthless means used to place them in such peril is very worrying and speaks a lot about the corruption that remains unexposed within the palm oil industry. I am concerned at what the future will bring, with little advancement in development for the communities. Farmers are detained and several are unaccounted for and GVL colludes with the government to gain access to land without consent of local communities.

    5. In your opinion, why is this issue not being covered in the mainstream media?
    Much of the story has been covered up or kept quiet by corrupt local officials and GVL. However, we hope that as civil society continues to highlight these issues, the matter will get the attention it deserves. Palm oil is used widely for domestic and industrial purposes — from cleaning products to culinary purposes and manufacturing — yet the methods of producing palm oil are not made public. Even major brand names using this oil have not spoken about which companies they source it from and by what means. If this was publicised by the mainstream media there would be a breach of trust between consumers and providers.

    6. How has the government of Liberia responded to opposition to the oil plantation and why has it responded in this manner?
    In the aftermath of Liberia’s war, the government expected investors to boost the economy and were quick to accept companies that produce palm oil. Liberians were initially happy about the arrival of multinational companies as they promised to create jobs and build schools. However, when the multinationals started violating the rights of communities, the government did not respond. In fact, we know that GVL has been bribing government officials who now ignore the actions of GVL and silence the voices of communities.

    7. What can international civil society do to provide support and solidarity to activists in Liberia on this matter?
    I would suggest we call on the UN Human Rights Council and the Office of the High Commissioner for Human Rights to include Liberia consistently on their agenda. It would also be important for international human rights institutions and mechanisms to work with the Roundtable on Sustainable Palm Oil, a voluntary association of the palm oil industry, to ensure GVL stops its operations until it has fulfilled promises made to communities. Finally, we hope local and international media outlets can do more to highlight the human rights violations, human-trafficking, child slavery and illegal deforestation which are common in the palm oil industry. This will persuade customers to demand that their providers ensure that products are produced in line with ethical and human rights standards. Providers unwilling to meet these demands should be exposed to prevent further damage to communities and their lands, in countries such as Liberia. 

    • Liberia is rated as “Repressed” by the CIVICUS Monitor.