freedom of assembly

 

  • Alert: Continued deterioration of democratic institutions in Venezuela

    Spanish

    Global civil society alliance, CIVICUS and the International Service for Human Rights (ISHR) are deeply concerned about the continuing deterioration of democratic institutions in Venezuela. On 28 and 29 March 2017, the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court (TSJ) issued rulings No. 155 and 156 by which it declared the National Assembly in contempt of court, stripped legislators of parliamentary immunity, and assumed congressional powers as well as the prerogative to delegate them to whoever it decided, namely the Office of the President.

    In practice, many civil society organisations in Venezuela have expressed an opinion that these rulings amounted to an attempted coup against the legislative branch of government, a fundamental pillar of democratic institutions and the embodiment of the people’s right to be represented in the arena where key decisions concerning their lives and rights are made. Similarly, the Venezuelan Attorney General considered these decisions represent a rupture of the Constitutional order.

    The latest developments are the culmination of a several years’ long process of erosion of congressional authority which has plunged the country into a deep social crisis. Through the past year and a half, the TSJ issued more than 50 rulings that undermined the functions of the National Assembly and conferred unlimited powers onto the executive branch of the state. This is the reason why the backing down by the TSJ on its latest rulings did not amount to a restoration of the separation of powers and the rule of law. The fact that this reversal was executed at the executive’s request further emphasised the judiciary’s lack of independence and the on-going degradation of Venezuelan republican institutions.

    Over the years, the erosion of constitutional checks and balances and the resulting political polarisation have progressed hand in hand with increasing restrictions on civic freedoms, namely the rights to freedom of association, expression and peaceful assembly without which an empowered and enabled civil society cannot exist.

    In turn, the increasing concentration of decision-making powers in the executive leadership has led to serious policy-making failures, thereby intensifying rather than resolving the social crisis facing the country, including acute shortages of food and other basic goods, challenges with the public health system and a spike in street violence which disproportionately affects impoverished communities. We are also concerned about state repression against individuals and civil society groups when they speak up, organise and protest about their troubles.

    In the face of this multidimensional crisis, we call on Venezuelan Government to:

    • Restore the constitutionally defined functions and resources of the National Assembly as well as the prerogatives of its members, devolve the extraordinary powers conferred onto the executive by subsequent TSJ rulings, and introduce measures to guarantee the independence of the judiciary.
    • Repeal the current state of exception, established through an executive decree, and comply with human rights commitments under international law to guarantee basic enabling conditions for human rights defenders and civil society organisations. 
    • Guarantee the rights to freedom of peaceful assembly and association, and of expression. Security forces must refrain from the use of force against, or the arbitrary arrest of peaceful protestors.
    • Engage in dialogue with relevant national actors, including civil society, to resolve the current crisis; and ensure access to food and medicine for the entire population.

    We also urge the international community and in particular, the Organization of American States and its members to assist in resolution of the social and political crisis facing Venezuela.

    Contact:
    Eleanor Openshaw, ISHR NY Office: +1 212 490 2199,
    Inés Pousadela, CIVICUS Policy and Research: +598 2901 1646,

     

  • Alerta: Continuo deterioro de instituciones democráticas en Venezuela

    La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) expresan su profunda preocupación por el creciente deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela. Los días 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió las sentencias N° 155 y 156, mediante las cuales declaró a la Asamblea Nacional en desacato, privó a los legisladores de inmunidad parlamentaria y asumió atribuciones del Congreso, así como la prerrogativa de delegarlas en quien juzgara conveniente, en este caso en la presidencia.

    Numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolanas han manifestado que estas decisiones equivalen en la práctica a un intento de golpe de Estado contra el Poder Legislativo, un pilar fundamental de las instituciones democráticas y la encarnación del derecho de la ciudadanía a estar representada allí donde se toman las decisiones clave que repercuten sobre sus vidas y sus derechos. Del mismo modo, la Fiscal General consideró que estas decisiones del TSJ representan una ruptura del orden constitucional.

    Los últimos acontecimientos han sido la culminación de un proceso de erosión de la autoridad del Congreso que lleva varios años, y que ha sumido al país en una profunda crisis social. Durante el pasado año y medio, el TSJ emitió más de 50 resoluciones que socavaron las funciones de la Asamblea Nacional y otorgaron poderes ilimitados al Ejecutivo. Esta es la razón por la cual la decisión del TSJ de dar marcha atrás sobre sus últimas decisiones no supuso un restablecimiento de la separación de poderes y del estado de derecho. El hecho de que el TSJ revirtiera sus decisiones a petición del Ejecutivo, asimismo, no hizo más que enfatizar la falta de independencia del poder judicial y la degradación en curso de las instituciones republicanas en Venezuela.

    A lo largo de los años, la erosión de los controles constitucionales y la consiguiente polarización política han ido acompañados de restricciones cada vez mayores sobre las libertades cívicas, es decir, sobre los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica sin los cuales no puede funcionar una sociedad civil activa y empoderada.

    A su vez, la creciente concentración de poderes de decisión en el liderazgo ejecutivo ha redundado en graves fallos en la formulación de políticas públicas, intensificando en vez de resolver la crisis social que afronta el país, con fenómenos que incluyen una aguda escasez de alimentos y otros bienes básicos, el desmoronamiento del sistema público de salud y un aumento de la violencia callejera que afecta desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas. También resulta preocupante la creciente represión estatal contra individuos y grupos de la sociedad civil que se expresan, organizan y protestan acerca de estos problemas.

    Frente a esta crisis multidimensional, hacemos un llamado al gobierno venezolano para que:

    1. Restaure las funciones y recursos constitucionalmente definidos de la Asamblea Nacional, así como las prerrogativas de sus miembros, devuelva las facultades extraordinarias conferidas al Poder Ejecutivo mediante sucesivas sentencias del TSJ, e introduzca medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial.
    2. Derogue el estado actual de excepción, establecido mediante decreto ejecutivo, y cumpla con los compromisos de derechos humanos asumidos bajo el derecho internacional en materia de garantía de las condiciones básicas para el trabajo de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
    3. Garantice el derecho a las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión. Las fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza y el arresto arbitrario de manifestantes pacíficos.
    4. Participe en un diálogo con actores nacionales relevantes, incluyendo a la sociedad civil, para resolver la actual crisis; y asegure el acceso a alimentos y medicamentos para toda la población.
      Instamos también a la comunidad internacional, y en particular a la Organización de los Estados Americanos y a sus Estados miembros, a colaborar en aras de la resolución de la crisis social y política que enfrenta Venezuela.

    Contactos:
    Eleanor Openshaw,
    ISHR Oficina de Nueva York
    +12124902199

    Inés Pousadela
    CIVICUS Políticas e Investigación
    +598 2901 1646

     

  • Alerta: Continuo deterioro de instituciones democráticas en Venezuela

    La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) expresan su profunda preocupación por el creciente deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela. Los días 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió las sentencias N° 155 y 156, mediante las cuales declaró a la Asamblea Nacional en desacato, privó a los legisladores de inmunidad parlamentaria y asumió atribuciones del Congreso, así como la prerrogativa de delegarlas en quien juzgara conveniente, en este caso en la presidencia.

    Numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolanas han manifestado que estas decisiones equivalen en la práctica a un intento de golpe de Estado contra el Poder Legislativo, un pilar fundamental de las instituciones democráticas y la encarnación del derecho de la ciudadanía a estar representada allí donde se toman las decisiones clave que repercuten sobre sus vidas y sus derechos. Del mismo modo, la Fiscal General consideró que estas decisiones del TSJ representan una ruptura del orden constitucional.

    Los últimos acontecimientos han sido la culminación de un proceso de erosión de la autoridad del Congreso que lleva varios años, y que ha sumido al país en una profunda crisis social. Durante el pasado año y medio, el TSJ emitió más de 50 resoluciones que socavaron las funciones de la Asamblea Nacional y otorgaron poderes ilimitados al Ejecutivo. Esta es la razón por la cual la decisión del TSJ de dar marcha atrás sobre sus últimas decisiones no supuso un restablecimiento de la separación de poderes y del estado de derecho. El hecho de que el TSJ revirtiera sus decisiones a petición del Ejecutivo, asimismo, no hizo más que enfatizar la falta de independencia del poder judicial y la degradación en curso de las instituciones republicanas en Venezuela.

    A lo largo de los años, la erosión de los controles constitucionales y la consiguiente polarización política han ido acompañados de restricciones cada vez mayores sobre las libertades cívicas, es decir, sobre los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica sin los cuales no puede funcionar una sociedad civil activa y empoderada.

    A su vez, la creciente concentración de poderes de decisión en el liderazgo ejecutivo ha redundado en graves fallos en la formulación de políticas públicas, intensificando en vez de resolver la crisis social que afronta el país, con fenómenos que incluyen una aguda escasez de alimentos y otros bienes básicos, el desmoronamiento del sistema público de salud y un aumento de la violencia callejera que afecta desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas. También resulta preocupante la creciente represión estatal contra individuos y grupos de la sociedad civil que se expresan, organizan y protestan acerca de estos problemas.

    Frente a esta crisis multidimensional, hacemos un llamado al gobierno venezolano para que:

    1. Restaure las funciones y recursos constitucionalmente definidos de la Asamblea Nacional, así como las prerrogativas de sus miembros, devuelva las facultades extraordinarias conferidas al Poder Ejecutivo mediante sucesivas sentencias del TSJ, e introduzca medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial.
    2. Derogue el estado actual de excepción, establecido mediante decreto ejecutivo, y cumpla con los compromisos de derechos humanos asumidos bajo el derecho internacional en materia de garantía de las condiciones básicas para el trabajo de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
    3. Garantice el derecho a las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión. Las fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza y el arresto arbitrario de manifestantes pacíficos.
    4. Participe en un diálogo con actores nacionales relevantes, incluyendo a la sociedad civil, para resolver la actual crisis; y asegure el acceso a alimentos y medicamentos para toda la población.
      Instamos también a la comunidad internacional, y en particular a la Organización de los Estados Americanos y a sus Estados miembros, a colaborar en aras de la resolución de la crisis social y política que enfrenta Venezuela.

    Contactos:
    Eleanor Openshaw,
    ISHR Oficina de Nueva York
    +12124902199

    Inés Pousadela
    CIVICUS Políticas e Investigación
    +598 2901 1646

     

  • Attacks on women’s day march in Malaysia inconsistent with the government’s commitment to fundamental freedoms

    Amnesty International, Article 19 and CIVICUS strongly condemn the government backlash against the International Women’s Day march held in Malaysia on 9 March 2019. A few days after the event, the country’s Home Minister announced that police were investigating the organisers of the march for allegedly conducting an illegal assembly, while the Minister in charge of Religious Affairs criticized the march as “a misuse of democratic space.” On 14 March 2019, the organisers were also informed that they were being investigated under the Sedition Act. These actions undermine the rights to freedom of expression and assembly and are inconsistent with human rights commitments made by the Pakatan Harapan government in its election manifesto and at the UN Human Rights Council.

     

  • Azerbaijan: End attacks on peaceful protestors

    Johannesburg. 8 April 2011. The Government of Azerbaijan should immediately order its security forces to cease the use of violent force against peaceful protesters and free those arbitrarily detained without charge after mass arrests, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation said today.

    At least 200 people were arrested and dozens beaten on 2 April 2011 when security forces shut down a largely peaceful anti-government protest in the capital city of Baku. According to a statement released by the Azerbaijani Ministry of Internal Affairs on 4 April, 17 activists and organisers were arrested in the days leading up to the protest.

    CIVICUS partners in the country said leaders of opposition political parties, journalists and members of civil society organisations were among those detained. Currently authorities continue their crackdown on civil society in Azerbaijan, promising to halt another planned protest slated for 16 April.

     

  • Bahrain: On 7th anniversary of beginning of popular movement, NGOs call for end to systematic targeting of human rights defenders and journalists

    Arabic

    On the 7th anniversary of the peaceful popular movement of the Bahraini people which started on 14 February 2011, the undersigned NGOs call on the international community to help free human rights defenders in Bahrain, some of whom are jailed for life, and to stop the persecution of journalists simply for peacefully exercising their rights to freedom of expression and assembly.

     

  • Case of Zambia’s 42-for-42 tests freedom of expression and assembly

    On May 17, six Zambia activists, civil society leader’s and a musician will appear before the magistrates in Court 3 in the capital Lusaka. This is not the first appearance as their case has been postponed several times. The six (pictured) are jointly charged with disobeying lawful orders after they held a protest last September questioning the government why it has used 42-million Kwacha to purchase 42 firetrucks, a cost that the six say is exorbitant. Laura Miti of theAlliance for Community Action who is also one of the six accused tells CIVICUS briefly about the case and why it is important.

    Defiant and standing strong: Six of the Zambian activists and civil society leaders at one of the many court appearances after they held a protest in Lusaka last year questioning the government over expenditure

    1. Can you tell us more about the court case in which you are appearing for in court on May 17?

    The court case is the result of a peaceful protest that the Alliance for Community Action led on Parliament on 29 September 2017. The protest was called for together with civil society organisations and the general public to demand that accountability for a purchase by government of 42 fire trucks for 42 million Kwacha. Protesting and freedom of expression are both values enshrined in our Constitution so we were not breaking the law. The protest was broken up by the police and 6 protesters arrested and charged with disobeying lawful orders. Instead we were arrested and held for 10 hours and later released after being charged.

    2. What does this case mean for the state of the freedom to protest and freedom of expression in Zambia?

    By misapplication of the Public Order Act, Police in Zambia routinely prevent or break up protests that are even mildly critical of the government. However, protests or marches in support of government are allowed to go on even if the protester are openly breaking the law by being carrying weapons and being violent. The way this case has been held is an assault on both freedoms and it is concerning for us.

    3. What challenges do you face as a woman human rights defender?

    The terrain for women who speak out and challenge authorities is not easy for activists and it is even tougher for women due to the patriarchal nature of our society. As happens with all female activists, those who are unhappy with my work tend to attack my person and speak about my private life rather than engage with the issues at hand. This then discourages other women from speaking out and holding the state to account.

    4. How can international civil society support you and the other 5 you are jointly charged with?

    The defence of human rights in Zambia is for Zambians to ensure but a breakdown of human rights anywhere in the world, affects us all. We therefore believe that the excesses of the Zambian government should be called out by all who believe in a just world. When representatives of the Zambian government travel to international fora, they should be asked to explain the steep degeneration of the Zambian democratic space and respect for human rights in the last few years.

    5. Please describe in one paragraph what you or your CSO does in Zambia

    The Alliance for Community Action (ACA) works to grow the routine demand and supply of public resource accountability in Zambia, with focus on instituting the demand in the general public. The ACA would like Zambians to routinely link the quality of services they access to the budgetary and expenditure choices made by government and to demand accountability. The ACA encourages Zambians to speak up and ask targeted questions about how public money is spent and capacitates ordinary citizens to do so.

     

  • CHILE: ‘There has been a citizen awakening of historical proportions’

    soledad munozProtests broke out in Chile in October 2019, initially led by students rejecting an increase in the price of transport and quickly escalating into mass demonstrations urging structural change. Protests were repressed with savagery by security forces. CIVICUS speaks about the protests with Soledad Fátima Muñoz, a Chilean activist and the founder of a mentoring programme and feminist festival,Current Symposium. (Photo by Kati Jenson)

    How did something that started with a small increase in the price of the metro ticket become a mobilisation of unprecedented dimensions?

    The first thing to clarify is that this was not caused just by an increase in the price of the metro ticket, nor is it an isolated protest. Mobilisations against the abuses derived from the neoliberal system have been a constant occurrence in Chile over the years. Among these were mass protests against the privatised pension system, against the Trans-Pacific Economic Cooperation Agreement and against the Fisheries Law, feminist protests and protests by the movement promoted under the slogan ‘Ni Una Menos’ (not one less), mobilisations about the historic debt owed to teachers, the student protests held in 2006 and 2011, and the more recent mobilisations by students against the so-called Safe Classroom Law. On top of this, there’s the outrage caused by systematic state repression of the Indigenous peoples in Wallmapu, the deaths of Camilo Catrillanca and Macarena Valdés, and the imprisonment of Machi Francisca Linconao and Lonko Alberto Curamil, among other political prisoners. Combined with a generation-long dissatisfaction with the impunity granted to those responsible for the tortures, disappearances and killings of thousands of people under the dictatorship led by Augusto Pinochet, this produced an environment conducive to a citizen awakening of historical proportions. After years of abuse, the Chilean people woke up and want a new constitution, since the current one was drafted under the dictatorship and was designed to promote social inequality.

    The big difference between the current protests and all the previous ones is the response they triggered from the government of President Sebastián Piñera, who declared a state of emergency and a curfew, unleashing a police and military repression against the Chilean people that is only paralleled by the crimes perpetrated during the dictatorship.

    The protests are not being centrally organised and are not guided by a single political motto; there are many independent initiatives calling for people to gather and demonstrate, through social media or through various independent information channels. Some of the most widespread demands call for a constituent assembly to write a new constitution. Frequently demanded are the nationalisation of basic services and natural resources, including copper, lithium and water. There are also demands for direct democracy and binding referendums, the prosecution of political and economic corruption, respect for Indigenous peoples and plurinational sovereignty, and for health, education and decent pensions. On top of these there are also more specific demands, such as raising the minimum monthly wage to 500,000 Chilean pesos (approx. US$650), reducing legislators’ salaries and raising taxes on the richest.

    These were the reasons why the movement began, but in the face of excessive state repression, citizens are now also demanding the resignation and prosecution of President Piñera and all the people involved in the systematic violations of human rights that have taken place over the past month.

    Twenty deaths have been reported during the repression of the protests, in addition to large numbers of people injured and under arrest. Could you describe the human rights violations committed against protesters?

    It is difficult to estimate right now the human rights violations that are being committed by the Piñera administration, since – as was also the case under the dictatorship – thousands of detainees are being kept incommunicado. That is why, when people are taken away in the streets, they shout out their name, surname and identity card number. The latest official figures from the National Institute of Human Rights (INDH) account for 335 legal actions initiated, 489 victims represented, 6,199 people under arrest – 726 of them minors – and 2,365 injured people registered in hospitals. But it is difficult to confirm the veracity of these figures since the institutions that disseminate them may have been pressured by the government.

    The INDH in particular partly lost its credibility when its director denied the existence of systematic human rights violations in our country on an open-air TV programme. That was simply a lie, since the institution itself had submitted complaints in the face of arbitrary actions by the police and the military. More than 200 cases of eye mutilations have happened as a result of the excessive use of pellets by the police, and there have been numerous cases of mistreatment, sexual violence and torture in detention centres. Additionally, there was an instance of repression at a school, Liceo 7 in Santiago, where a carabinero, a member of the military police, fired against students who were inside the building. There have also been raids on private homes and arrests made out of cars without police identification.

    On top of repression by the security forces, there is a group of citizens who call themselves ‘yellow vests’ and say their mission is to maintain civic order and protect the work of the police, but in reality they are a violent far-right group. Among its members is John Cobin, who fired a firearm at a protester in broad daylight on the busy streets of the Reñaca resort. He belongs to the League of the South, a white supremacist organisation from California.

    What immediate actions should the Chilean government take to safeguard civil rights and democratic freedoms?

    A month into the protests, the government has not yet listened to its citizens, and instead has responded with increasing violence. In the early hours of 15 November, lawmakers reached a political agreement behind closed doors, named the ‘Peace Agreement’ which would lead to a new constitution. The agreement guarantees a ‘blank slate’ for free discussion to take place and establishes that the call for a constitutional convention is going to be done through a public referendum. But part of the mobilised citizenry is not satisfied with either the deadlines or the required quorum of two thirds established for decision-making by the constituent body, since they think it will redirect the current democratic process towards a system designed to protect the political class and prevent minority voices from gaining power.

    I think what’s most important at this moment is the security of the citizenry and, above all, of the communities at greatest social risk, which are not only the most affected by the neoliberal system, but are also at the epicentre of the undiscerning violence applied by carabineros and the armed forces. An example of this happened in the community of Lo Hermida, in Peñalolén. After the authorities announced that they would not build the decent homes they had promised, inhabitants occupied the Cousiño-Macul vineyard. `Police repression was not long in coming, and in just one night 200 people were injured, two of them with severe eye trauma. In addition, carabineros broke in and threw pepper gas into homes with older people and minors inside.

    It is time for the Piñera government to stop the repression, release the more than 6,000 protesters who are currently being held in detention centres, take responsibility for the consequences of its actions, and – for the first time in Chilean history since Pinochet – end impunity for the systematic human rights violations that have been committed. The Piñera government must respond before the law for the more than 20 people who have been killed and the 200 that experienced eye mutilations, plus the torture of minors and sexual abuses against women, men and non-binary people, since all of these were consequences of the lousy decisions made by the government, and would have been at least partly avoided if they had maintained a direct dialogue with the public since the beginning. In this regard, the slogan chanted on the streets is: "There is no peace without justice."

    Do you think that the mobilisations in Chile are part of broader regional trends?

    What is happening in Chile is structurally international, since it derives from the austerity measures perpetrated by neoliberalism. Chile’s current socio-economic system is rooted in European colonialism and was enshrined by Pinochet’s coup d'état in 1973. Specifically, it came from a group of students belonging to Chilean elites who studied in the USA in the mid-1950s, where they absorbed the ideology of extreme monetarism and neoliberalism, under the tutelage of Milton Friedman and Arnold Harberger. These students – nicknamed the ‘Chicago Boys’ – served as finance and economics ministers under the dictatorship and introduced extreme privatisation measures. These measures were accepted and naturalised by a citizenry that was in a state of shock and repression.

    The consequences of this privatisation translate into abuses perpetrated by multinational corporations that are enabled by governments around the world. In Chile, a good example of this is the case uncovered by journalist Meera Karunananthan in an article published by The Guardian in 2017. The author explains that the Ontario Teachers' Pension Plan is the largest investor in Aguas del Valle, Essbio and Esval, which control 41 per cent of the water and sanitation system in Chile. This is possible because the constitution allows for the private ownership of water, which has left entire communities in a drought situation and unprotected by the law. However, in 2010 the United Nations’ General Assembly passed a resolution recognising access to water and sanitation as a human right. This means that in Chile human rights are violated not only through police repression but also through the maintenance of an unfair and abusive economic system.

    The example cited above is just one within the great chain of international abuses perpetrated by corporations, including by the Canadian company Barrick Gold and the Norwegian state company Statkraft, which continue to abuse the policies of the Chilean subsidiary state and threaten our planet. That is why we must raise awareness at an international level so that the decisions of the Chilean people are respected and protection is provided to Indigenous peoples, without blockages or political interventions protecting foreign capital and perpetuating the destruction of our environment.

    What support does Chilean civil society need from international civil society in this process?

    At this time, it is important to recognise and create international awareness about the abuses committed against the working class, Indigenous peoples, Afro-descendant communities and sexual minorities. I personally have learned a lot in the course of these mobilisations. One of the most subversive things that citizens are doing is rejecting the right/left binarism that has so severely affected Latin American societies and that has been used by neoliberal governments as an excuse to repress working people. The prevalence of citizen politics that do not identify with any dogmatic position on the right/left spectrum meant that the government could not identify an ideological enemy and ended up declaring war on its own people.

    Mainstream national and international media are misrepresenting the facts and building a narrative against the mobilised population. But unlike what happened in the past, we are now equipped with phone cameras and can report directly. I invite people around the world to get informed through independent media and civil society channels to really know what is happening.

    Civic space in Chile is classified as ‘narrowed’ by theCIVICUS Monitor.

    Get in touch with Soledad Muñoz through herwebsite or followmúsica_del_telar on Instagram.

     

  • CIVICUS condemns crackdown on Civil Society in Bahrain

    Johannesburg. 10 December 2010. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation is deeply concerned about the deteriorating operating environment for civil society in the Kingdom of Bahrain. The past few months have been marred by growing intolerance towards dissenters, which began in the run up to the October elections and continues in the post election phase.

    Authorities in Bahrain are waging a relentless campaign against activists whose views are not in line with the official position. Currently, 24 prominent human rights defenders are facing trial under Bahrain's anti-terrorism laws. They have been charged with collaborating with foreign organisations and circulating false information. They have also been accused of forming terrorist networks, destruction of public and private property and defaming the authorities.

    The arrested activists have complained about torture and abuse meted out to them by the National Security Agency. They have so far appeared in court on four occasions and the next hearing has been scheduled for 23 December. During their first appearance in court on 27 October, detainees informed the court that while in detention they were beaten, electrocuted, verbally and physically assaulted and denied adequate sleep. Those detained were not allowed access to legal representation during interrogation and some family members did not know where they were being detained for two weeks after their arrest. It has also been reported that prior to, during and after the elections about 350 other activists have been arrested.

    "In a worrying trend, it has become commonplace in Bahrain to arrest activists for writing articles and delivering speeches which are critical of the government's discriminatory policies and official corruption,"  said Netsanet Belay, CIVICUS' Director of Policy and Research. "Persecution and torture of public-spirited individuals offering legitimate criticism against official policies and the clampdown on their organisations amounts to a repudiation of Bahrain's accession to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention Against Torture."

    The Bahrain Human Rights Society (BHRS), a CIVICUS partner for the Civil Society Index and one of the few remaining independent groups striving for the protection of civil and political freedoms in the country, has been targeted in the recent crackdown. On 6 September, the Ministry of Social Development issued an order to dissolve the Board of the BHRS and went ahead to appoint an administrator 'an employee from the Ministry' to lead the BHRS. The BHRS has had to go to court in response to these arbitrary actions and its fate currently depends on the court's response. The first hearing of the case scheduled for 26 October has been postponed to 4 January 2011.

    According to Abdullah Aldorazi of BHRS, "The unfair order issued by the Ministry of Social Development to dissolve the Board of the BHRS is a security strategy aimed at preventing the documentation of atrocities carried out by the authorities during the crackdown and preventing families of the detainees from using the society as a safe haven."

    CIVICUS urges the authorities of the Kingdom of Bahrain to live up to their commitments under international law and guarantee civil society the space to freely express, associate and assemble.

    CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation is a global movement of civil society with members and partners in over a hundred countries. The Civil Society Watch (CSW) Project of CIVICUS tracks threats to civil society freedoms of expression, association and assembly across the world.


    For more information please contact CIVICUS:


    Jessica Hume ( , +27 82 768 0250), Communications Manager

    or

    David Kode ( , +27 73 775 8649), Policy Officer
    Office Tel: +27 11 833 5959

    CIVICUS House, 24 Gwigwi Mrwebi Street, Newtown 2001, Johannesburg, South Africa
    PO Box 933, Southdale 2135, Johannesburg, South Africa
    tel: +27-11-833-5959 | fax: +27-11-833-7997 | email:
    web: www.civicus.org

     

  • CIVICUS Monitor: a new effort to study civic space

    After two years of deep thinking and hard work, the global civil society alliance CIVICUS has launched the beta version of the CIVICUS Monitor – the first ever online tool specifically designed to track and rate respect for civic space, in as close to real-time as possible.

     

  • CIVICUS: International community must protect pro-democracy protestors in Yemen and Syria

    Johannesburg. 28 March 2011.CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation reiterates solidarity with pro-democracy protestors in Yemen and Syria. The international community must take concrete steps to ensure the safety of the protestors against deadly attacks.

    "As the world's attention turns to the crisis in Libya, it's important that the international community doesn't lose sight of the legitimate struggles for democratic rights being waged by the Yemeni and Syrian people," said Netsanet Belay, Policy and Research Director of CIVICUS. "Thousands of people in these countries are risking their lives by coming out onto the streets to express their revulsion at the decades of repression by their governments. They must be protected in the exercise of their rights."

     

  • Civil society in Latin America and the Caribbean under threat

    Restrictions on civic space rising despite prevalence of democracy

    Click hereto read a Spanish language version of this release

    Civil society in Latin America and the Caribbean is coming under increasing pressure despite the prevalence of electoral democracy in the region, says a new reportreleased today by CIVICUS, the global civil society alliance.

    While the core civil society freedoms of association, assembly and expression are constitutionally recognised in most countries, legal, administrative and de facto barriers to the exercise of these freedoms have risen throughout the continent. These restrictions are appearing after an upsurge of citizens’ protests over entrenched issues of inequality, corruption and abuses of political power.

     

  • Civil Society Organisations Call for the Draft Law on Public Order to be Immediately Discarded

    CambodiaRightsGroups

    Phnom Penh, 13 August 2020We, the undersigned national and international organisations and communities, call on the Royal Government of Cambodia (“RGC”) to immediately discard the repressive draft Law on Public Order and uphold its obligations under international human rights law. The draft law contains an extensive array of provisions that effectively criminalise the legitimate everyday activities of many within the Kingdom of Cambodia (“Cambodia”), in violation of their rights to freedom of expression, association, assembly and other protected human rights. If enacted, the draft law will become yet another piece of repressive legislation in a legal framework that severely undermines human rights.

     

  • Civil society reports show evidence of shrinking civic space in Europe

    A survey of civil society organisations in Europe conducted  in early 2016  by Civil Society Europe and CIVICUS shows evidence of a shrinking civic space in Europe.

     

  • COLOMBIA: ‘Citizens are outraged and tired of the policies that have plunged them into poverty’

    CIVICUS speaks with Alexandra González Zapata, coordinator for democracy and social protest at the Solidarity Committee with Political Prisoners Foundation, and a member of the Campaign to Defend Freedom. The Solidarity Committee Foundation is a Colombian civil society organisation that works to defend the rights to life, freedom, physical and moral integrity, decent, fair and impartial treatment and other rights of people deprived of liberty, prosecuted for political crimes and criminalised for participating in social protest. The Solidarity Committee Foundation is a member of the Campaign to Defend Freedom, which focuses on denouncing arbitrary detentions, judicial persecution and the criminalisation of social protest in Colombia. A network made up of social, student, cultural, community and human rights organisations, Defend Freedom works in a coordinated manner to challenge the illegal use of force as a mechanism of persecution against those who, individually or collectively, demand and promote human rights through social mobilisation in Colombia.

    alexandra gonzalez zapata

    What triggered the 2019 protests in Colombia, and why did they escalate?

    Outrage has been building up little by little in Colombia. Even as it was inaugurated in August 2018, President Iván Duque's government did not enjoy wide margins of legitimacy and support. The electoral results showed that a broad segment of the citizenry rejected traditional power and all that it represented: policies in favour of war, privatisation and indebtedness. This discontent increased as the government announced a series of policy measures, including among those who had voted for Duque.

    The government's proposals were aimed at eliminating the state pension fund Colpensiones, raising the retirement age and lowering the salary for young people to 75 per cent of the minimum wage, among other measures. A widespread atmosphere of indignation emerged as a result, yielding a unified call for mobilisation on 21 November 2019.

    What few expected by then was that the mobilisation would continue over the days that followed 21 November. On that day some acts of vandalism were committed, which the national government tried to use as an excuse to criminalise social protest and adopt measures to restrict freedoms, including a curfew. In response to this, citizens went out to demonstrate freely. We really do not know which was the first neighbourhood or the first block to start banging pots and pans on 22 November, but what we do know is that this dynamic expanded throughout the capital city, Bogotá, as well as other cities around Colombia, shifting the narrative that had prevailed on the media, which was all about vandalism, towards a public discourse that highlighted citizen outrage and social demands.

    How have these mobilisations managed to be sustained over time? How are they different from others in Colombia in the past?

    From 2013 onwards, social mobilisation in Colombia has been on the rise. In 2013 there was an agricultural strike that lasted for more than 20 days and managed to keep several major national roads closed. Then came the agricultural strikes of 2015 and 2016, and the so-called ‘mingas for life’, marches and protests of tens of thousands of Indigenous peoples, and the student strikes of 2018 and 2019.

    In other words, we’ve seen numerous massive and sustained mobilisations over the past few years. What is different about the ongoing national protests in comparison to past mobilisations is that they have been characterised by a majority participation of urban citizens and mainly middle-class people. This caused them to be viewed not as the actions of a particular group of people – Indigenous peoples, peasants, or students – but instead as the work of outraged citizens who are tired of the policies that have increasingly plunged them into poverty, even though the country keeps flaunting positive economic growth indicators. Hence its massive and sustained character.

    What do the protesters demand, and what response do they expect from the government?

    The National Strike Committee has submitted a list of petitions around 13 major issues: guarantees for the exercise of the right to social protest; social rights; economic rights; anti-corruption; peace; human rights; the rights of Mother Earth; political rights and guarantees; agricultural and fishery issues; compliance with agreements between government and social organisations; withdrawal of legislation; the repeal of specific laws; and reform of the law-making process.

    On the first item, guarantees for the right to social protest, protesters urge the government to dismantle the Mobile Anti-Riot Squadron (ESMAD) and refrain from establishing any other similar force. They demand that those responsible for the death of Dylan Cruz, an 18-year-old who was shot dead in the head while running unarmed to escape ESMAD in the early days of the protest in Bogotá, be brought to justice and held accountable.

    On the second item, social rights, protesters demand an end to labour subcontracting, the establishment of an interest rate for mortgage loans that is fair and correlated to people’s real incomes and the repeal of the tax that is currently used to finance the electricity company Electricaribe.

    So far the government has shown no willingness to enter into any real dialogue and negotiation; instead, it insists on beginning ‘exploratory dialogues.’ Protesters expect the government to convene a negotiating table as soon as possible to address the substantial issues that have been raised.

    How did the government react to the protests? What human rights violations were committed by the security forces?

    On 15 November 2019, six days before the first protest was scheduled to take place, the national government made the decision to involve the army in control and security operations in Bogotá. Nine Brigade XIII contingents were deployed and more than 350 soldiers took part in monitoring, patrolling and security controls in Bogotá. This militarisation still persists in the city. The presence of a ‘riot squad’ of the national army, according to information released by the authorities, is particularly concerning. It should be noted that, except in exceptional circumstances, military forces should not intervene in operations to control, contain or even guarantee the celebration of social mobilisations.

    In addition, as confirmed by the authorities, starting at 6am on 19 November, 37 raids were carried out in the residences and workplaces of media professionals throughout Colombia. To date, 21 of those raids have been declared illegal after undergoing judicial scrutiny, because they did not comply with legally established requirements, including being based on reasonable suspicion. According to information provided by the authorities, the raids involved people who were thought to be prone to committing acts of vandalism during the protest. However, it was mainly people linked to artistic groups, alternative media and social movements. Among the items seized were posters, brushes and paintings.

    Also on 19 November, the Ministry of the Interior issued Decree 2087/2019, establishing new measures for the maintenance of public order. Article 3 made “a very special call to district and municipal mayors, so that in their duty to preserve public order in their respective territories, they comply [with the provisions of the Law] in matters of public order.” This call prompted the authorities of at least eight cities – Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí and Popayán – to declare curfews. These affected the exercise of the rights to free movement and social protest for all citizens, even though acts affecting public order had been extremely localised.

    Throughout the protests, the authorities made an improper and disproportionate use of force. Although Resolution 1190/2018 states that “the use of force must be considered the last resort of intervention by the National Police,” in most cases ESMAD has intervened without any apparent reason to do so. On 22 November it intervened in Plaza de Bolívar, where more than 5,000 people had assembled, although the demonstration was completely peaceful. On 23 November, Dylan Cruz was killed as a result of an unjustified intervention by ESMAD during a peaceful mobilisation. Although the weapon uses was among those authorised, the ammunition fired by ESMAD caused the death of this young man because of improper use, since according to international standards this type of weapon can only be fired at a distance greater than 60 metres, and only against lower extremities; otherwise, it is deemed to entail lethal risk. Strikingly, on a video recorded live by the Defend Freedom Campaign, an ESMAD agent can be heard encouraging another one to shoot, saying: “Shoot anyone, just anyone, come on daddy.”

    During the protests more than 300 people were injured, including 12 who had eye injuries. Some young people were injured by firearms shot by the police, including Duvan Villegas, who might remain paralysed as a result of a bullet hitting him in the back. Another young man lost his right eye in Bogotá after being hit by a rubber bullet fired by the ESMAD, and two other people could face the loss of their legs due to the impact of teargas canisters thrown by the police from close range.

    Overall, there were 1,514 arrests during the protests, 1,109 of them in Bogotá. Out of 914 people who were arrested, 103 (6.8 per cent) were prosecuted for allegedly being caught in the act of committing violence against a public official; however, arrest procedures were declared illegal in a high number of cases, both because there were not enough grounds for conducting them and because they were accompanied by physical violence against detainees.

    The rest of the people who were detained (93.2 per cent) were transferred for protection or by police procedure. According to the law, detention in these cases is justified when the life or integrity of the person or a third party is at risk or danger. However, in practice an abusive use of this power was made, since these were mostly administrative detentions, used as a mechanism of intimidation and punishment against citizens who were exercising their right to protest. Therefore, these were mostly arbitrary detentions.

    In some of these cases, cruel, inhuman, or degrading treatment was documented during detention, particularly in Immediate Attention Commands or police stations. Cases came to our attention of people who were forced to undress, others who received electric shocks through electrical control devices and some who had broken bones in their hands as a result of baton charges or being kicked.

    Additionally, in Bogotá, more than 620 people who were transferred to the Protection Transfer Centre were punished with police appearance orders, in many cases for the crime of disruption, for having obstructed transport. This mechanism, which results in fines amounting to around 200,000 Colombian pesos (approx. US$60), was used indiscriminately and has affected the exercise of social protest.

    How has civil society organised in the face of these abuses?

    In 2012, the Defend Freedom Campaign was established. Through its Verification and Intervention Commissions, recognised in Resolution 1190 of 2018, the campaign does on-site monitoring of social mobilisation, documents cases of arbitrary and excessive use of force by police authorities, arbitrary detention and transfer for protection and various forms of repression and abusive use of police power against protesters and human rights defenders, and it systematises the information collected. The campaign also promotes the creation of a National Network of Civil Society Commissions for Verification and Intervention in situations of social mobilisation.

    Likewise, through a joint demand, the National Process of Guarantees, the Agrarian, Peasant, Ethnic and Popular Summit and the Defend Freedom Campaign have obtained verifiable commitments from the national government and the government of Bogotá to establish public policies aimed at enforcing respect for the freedoms of individuals, communities and social organisations that promote and defend rights. The most important of these were Decree 563/2015 (Protocol of Action for Social Mobilisations in Bogotá: For the Right to Mobilisation and Peaceful Protest) issued by the Office of Bogotá’s Mayor and Resolution 1190/2018 (Protocol for the coordination of actions to respect and guarantee peaceful protest) issued by the Ministry of the Interior.

    What immediate measures should the Colombian government adopt in response to the protests?

    First, the government should convene the monitoring mechanism (‘Mesa de Seguimiento’) to respect and guarantee peaceful protest, as a space for negotiation and dialogue that should define mechanisms to guarantee the right to protest, as envisaged in Resolution 1190. Likewise, the government should immediately suspend the use of 12-calibre shotguns by ESMAD members, due to their high impact on people’s physical integrity and life. Second, it should refrain from pursuing stigmatisation and criminalisation campaigns against those who engage in social protest. Third, the government should initiate a negotiation process with the National Strike Committee to address its demands. And in response to the substantive demands made by the National Strike Committee, the government should start by withdrawing its proposals for labour and pension reform that are due for congressional debate, and initiate a broad and participatory process towards the formulation of new laws concerning those issues.

    Do you think the response of the international community has been adequate? How could international groups and organisations support Colombian civil society and contribute to safeguarding civic space in the country?

    I believe that the international community and the United Nations system were able to issue a timely warning regarding the risks of repression of social protest. The call made by human rights organisations in the USA to urge their government to start a moratorium on the sale of US riot weapons to Colombia was also timely.

    However, it would also be important for Colombian civil society to receive longer-term support to undertake medium-term strategies that allow for a deeper and more detailed follow-up of the human rights situation, and particularly to help make progress in judicial investigations for the human rights violations allegedly committed during the protests.

    Civic space in Colombia is rated as ‘repressed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with the Solidarity Committee Foundation through itswebsite andFacebook page, or follow@CSPP_ on Twitter.
    Get in touch with the Defend Freedom Campaign through itswebsite andFacebook page, or

     

     

  • Colombia: Rise for Climate marchers unlawfully obstructed

    Peaceful activists and campesinos of the “Movimiento Rios Vivos” were unlawfully obstructed by police in Ituango, Colombia on 8 September 2018 as they participated in the global “Rise for Climate” mobilisation. The action in Ituango was part of a global mobilisation organised by the environmental rights group 350.org, which  brought together tens of thousands of people who took part in 900 actions in 95 countries around the world.  The blocking of the protesters is an example of the ongoing pattern of violations against environmental defenders.

     

  • Corruption in Zambia: 42 fire trucks for $42m

    By Teldah Mawarire and Laura Miti

    The African Union (AU) will host a heads of state summit in Mauritania on June 25, under the theme Winning the Fight against Corruption: A Sustainable Path to Africa's Transformation. Zambia's President Edgar Lungu will also be at the summit, showing support for its cause. Yet on the very same day his country will be moving further away from the anti-corruption ideals of the AU. As Lungu sits down with other African leaders to talk about possible ways to eradicate corruption, six Zambian activists will sit in a dock in Lusaka to be prosecuted for protesting against corruption.

    Read on: Al Jazeera

     

  • Critical need to support right to protest, says new report

    Protest movements around the world are finding themselves on the frontlines of a global attack on democracy and human rights, according to a new report by CIVICUS, the global civil society alliance. In the face of acute restrictions on democratic dissent at the national level, there is worryingly little support for protest movements from international stakeholders, including other protest movements, foreign states, UN  bodies and international civil society organisations.   This study concludes that such support is important to uphold the international human rights framework, of which the right to peacefully express democratic dissent is a key component. 

    The report, Keeping up the Pressure: Enhancing the Sustainability of Protest Movements, explores factors that contribute to or undermine the sustainability of contemporary protest movements. The research examines these issues in three countries, Bahrain, Chile and Uganda, drawing from a series of surveys of and interviews with leaders of contemporary protest movements.

    “With formal spaces for participation closing across the globe, citizens are more likely to take to the streets to have their voices heard and press for change,” said Tor Hodenfield, Policy and Research Analyst at CIVICUS, and author of the report. “This study shows that the international community and national stakeholders must foster a safer and more enabling environment for people to engage in public protests.”

    Recent years have seen the world swept by new waves of citizen protest. In countries around the world, large numbers of people have marched, demonstrated, occupied and blockaded to call attention to governance failures, demand democracy, stand against autocracy, claim human rights and urge that their fundamental needs are met. While the triggers of protests vary, the new protest movements that have sprung to life in many parts of the globe in have much in common, including the imaginative and creative tactics they employ, their ability to connect local and immediate issues to larger and longer-term concerns, and their determination to sustain action over time.

    “Governments must recognise that protest movements play an essential role in shaping democratic life and addressing public concerns,” said Sebastián Vielmas, Chilean right to education activist, “We must forge broad alliances at home and abroad with international civil society and human rights bodies to ensure the sustainability of protest movements and enable the fundamental right to peaceful assembly.”

    This study concludes that such support is essential for enhancing the sustainability of national protest movements, across all three contexts. 

    Additional key findings include:

    •     The states covered by the research are failing to facilitate the right to peaceful assembly.
    •    The major ways in which states undermine the sustainability of protest movements are excessive use of force, arbitrary arrest of protesters and imposition of legal restrictions on the freedom of peaceful assembly.
    •    Civil society organisations at the national level need to play a larger role in mobilising support for protest movements through networking.
    •    The sustainability of protest movements would be enhanced if legal and extra-legal restrictions on the right to the freedom of assembly are removed or eased. 
    •    Protest movement leaders believe that they and their movements have capacity enhancement needs that are currently not being met.

    For more information, contact:

    CIVICUS Media 
     

    Tor Hodenfield 
    Policy & Advocacy Officer 

    Deborah Walter
    Communication Manager

    Editor’s Notes

    CIVICUS can organise interviews with research partners in Bahrain, Chile, and Uganda. 

    ###

     

  • Ethiopia: Stop violence against protesters and lift internet restrictions

    (Johannesburg 2 July 2020) CIVICUS calls on the authorities in Ethiopia to stop using violence to disperse ongoing protests and to lift internet restrictions that have been imposed across the country.

    At least 80 people have been killed since protesters started demonstrating against the brutal assassination of prominent musician Hachalu Hundessa on 29 June 2020. Hachalu, whose songs reflected the challenges of the Oromia people during anti-government protests from 2014 to 2018, was killed by unidentified gunmen in Addis Ababa.

    “The Ethiopian authorities have a long history of using brutal force to quell protests, and the ongoing repression of protesters has once again opened divisions and provoked violence among the different ethnic groups. The shutting down of the internet and arrest of prominent political figures bring back memories of the human rights violations perpetrated by previous governments. The authorities should lift restrictions on the internet and implement UN guidelines on managing protests to avoid a further escalation of violence,” said Paul Mulindwa, Advocacy and Campaigns Officer, CIVICUS.

    Background

    More than 80 people have been killed as protesters condemn the killing of popular musician Hachalu Hundessa. The Ethiopian government has failed to provide assurances that those responsible have been identified and will be brought to justice. The number of deaths may be higher as internet restrictions imposed by the authorities in cities affected by the violence make it impossible to obtain credible information on the extent of the unrest. Prominent political figures, including former political prisoner and journalist Eskinder Nega, have also been arrested. CIVICUS is concerned that the government’s violent response may intensify this volatile situation.

    For more information on civic space violations, visit the Ethiopia country page on theCIVICUS Monitor.

    To arrange an interview with CIVICUS or activists in Ethiopia please contact:

     |  

     

  • Groundbreaking tool tracking civic freedoms worldwide to launch 24.10.2016

    French | Spanish

    The CIVICUS Monitor is a new global platform tracking violations of freedoms of assembly, association and expression in real-time.

    Johannesburg, 18 October 2016 - In light of widespread global restrictions on civil society, CIVICUS is launching a new tool to measure the freedoms that people around the world have to protest, organise and speak out. The tool will go online at 00.01 Central Africa Time (CAT) on 24 October 2016 (UN World Development Information Day).

    The CIVICUS Monitor will rate country respect for civic space in five broad categories from Closed to Open, based on how well they uphold the three fundamental rights that allow citizens to come together and demand change: freedom of association, freedom of peaceful assembly, and freedom of expression. In addition to the 104 country ratings available on launch day, the latest updates on civic space will be available for most countries in the world.

    CIVICUS will also be releasing numbers on which types of violations were most common and the driving forces behind them, based on analysis of more than 200 national-level updates on civic freedoms gathered over the past four months (June – October 2016).

    By signing up to the Sustainable Development Goals last year, world leaders agreed that people must be able to take part in making the decisions that affect their lives, and to ensure access to information (Goal 16). The CIVICUS Monitor will show how the key civic freedoms that should allow for this are coming under sustained assault.

    Ratings are based on a combination of inputs from local civil society advocates, regionally-based research partners and civil society experts, existing assessments, user-generated input and media-monitoring. Local views are prioritised and all users are invited to contribute information on the situation in their countries. The number of countries rated by the CIVICUS Monitor will increase over time and news updates will be added each weekday.

    CIVICUS Monitor

    Launching online at https://monitor.civicus.org/

    00.01 Central Africa Time (CAT), 24 October 2016

    Notes to editors: 

    For advance access to the CIVICUS Monitor web platform under embargo or to set up an interview, please contact CIVICUS’ global press office on . Interviews can be arranged in advance with CIVICUS Secretary General Danny Sriskandarajah and CIVICUS Monitor Researcher Cathal Gilbert, as well as regional researchers.

    A one-minute video explainer on civic space and the CIVICUS Monitor is available here.

    CIVICUS is a global alliance of civil society organisations and activists dedicated to strengthening citizen action and civil society around the world.

    www.civicus.org 

    www.twitter.com/CIVICUSalliance 

    www.facebook.com/CIVICUS 

     

     

Página 1 de 2