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CHILE: “Por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay voces antidemocráticas inaceptables”
CIVICUS conversa con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, acerca de las elecciones presidenciales de Chile y el patrón persistente de bajo presentismo electoral. Fundada 23 años atrás, Chile Transparente es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la transparencia de las instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción.
¿Cuáles son las particularidades de este proceso electoral?
En Chile ha habido últimamente tres votaciones: primero el plebiscito nacional de octubre de 2020, que preguntó a la ciudadanía si quería una nueva constitución y, en caso afirmativo, qué cuerpo debía redactarla; luego las elecciones de convencionales constituyentes en mayo de 2021; y actualmente, con la convención constitucional funcionando, las elecciones presidenciales, que ya han tenido su primera vuelta el 21 de noviembre y tendrán su segunda vuelta el 19 de diciembre.
Estos procesos electorales han sido bastante particulares porque cado una ha dado resultados bastante distintos en relación con el eje izquierda-derecha. Por un lado se logró una convención constitucional progresista, incluso con un componente importante de una izquierda más dura. Por el otro lado, tanto en las elecciones primarias como en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se impuso en primer lugar un candidato de la derecha más dura, José Antonio Kast, seguido por Gabriel Boric, un candidato progresista que se presenta en coalición con el Partido Comunista.
El ambiente político está bastante polarizado, pero lo que llama más la atención es que entre el 50% y el 60% de los chilenos no va a votar. Esto vuelve los resultados de las elecciones muy inciertos; además, quien gane lo hará con el 13 o 14% de los votos de todos los electores habilitados. No sorprende que luego se generen enormes corrientes de opinión contrarias al gobierno, ya que éste nunca representa a una mayoría.
¿Por qué vota tan poca gente?
Es paradojal, porque en el contexto actual uno hubiese esperado una mayor participación. La elección más importante desde 1988 fue la de convencionales constituyentes de 2021, y la participación no alcanzó el 50%. La única votación que superó ese umbral fue el plebiscito de 2020, con 51%, pero era diferente porque se trataba de un voto por sí o por no. Este bajo presentismo llamó la atención, porque si bien nadie esperaba que concurriera un 80 o 90%, como ocurrió en el plebiscito histórico de 1988 que le dijo “no” a la dictadura de Pinochet, sí se esperaba que la participación estuviera más cerca del 60%.
Es muy posible que en la segunda vuelta tengamos aún menos participación, aun cuando hay dos opciones muy claras y distintas, lo cual se esperaría que motive a más personas a votar.
En Chile hay un problema estructural de baja participación. En parte, eso tiene que ver con que el voto es voluntario, pero también tiene que ver con el escaso atractivo de la oferta política. A pesar de que la oferta ha cambiado mucho y la última reforma en el sistema de elección de parlamentarios ha permitido un mayor pluralismo, esto no ha sido suficiente para motivar a las personas a votar. Las últimas elecciones han sido una montaña rusa muy difícil de analizar; lo único cierto es que hay por lo menos un 50% de la ciudadanía que no se siente representado en el sistema electoral.
¿Cómo se podría motivar a la ciudadanía para votar?
Ya se están haciendo algunas reformas normativas en ese sentido. El plebiscito nacional de 2022, donde la ciudadanía manifestará si está de acuerdo con la nueva constitución, va a ser con voto obligatorio. Asimismo, la votación se va a organizar en forma georreferenciada, para que la gente tenga su local de votación a una distancia caminable.
Esto no es un detalle menor: en Chile, los lugares de votación no se asignan en función del lugar de residencia, por lo que la gente, sobre todo la de bajos recursos, tiene que tomar mucho transporte colectivo para llegar a votar. A pesar de que no le cuesta dinero, porque es gratuito, tiene que dedicar el día a ir a votar, cosa que muchos no pueden hacer. Estos cambios tendrán el efecto de aumentar los porcentajes de participación, pero va a ser muy difícil que Chile llegue en el corto plazo a una participación del 80%.
El gran interrogante que nadie ha podido responder es quién y qué piensa el que no vota. Entre la elección de convencionales constituyentes y la elección presidencial parece haber habido un recambio de votantes. El votante más joven fue a votar en las elecciones para constituyentes, mientras que en las presidenciales tendió a participar el votante más adulto.
¿Qué rol desempeña Chile Transparente en el proceso electoral?
Chile Transparente tiene un sistema de denuncias y protección a víctimas y testigos de la corrupción que ha estado recibiendo denuncias de mal uso de fondos electorales. Hoy en día estamos trancados con una polémica bastante importante que involucra al candidato que salió tercero en la primera ronda de las elecciones presidenciales, Franco Parisi. Es un candidato neopopulista cuya campaña ha tenido un financiamiento opaco.
También trabajamos para motivar la participación y hemos participado en observaciones de procesos electorales locales que tuvieron que repetirse. Contamos con el apoyo de la Unión Europea para un programa que se llama Convención Transparente, que da a conocer el funcionamiento de la convención relevando ciertos temas que podrían parecer relativamente opacos y que hay que sacar a la luz pública.
Somos una de las pocas organizaciones del país activas en temas de transparencia y anticorrupción y tenemos un rol muy importante junto con el periodismo de investigación.
¿Cómo influyó sobre estas elecciones el movimiento de protesta?
La elección de constituyentes se alimentó de la fuerza de las protestas de 2019; de hecho, en un momento en la Convención Constitucional reflejó a las personas que estaban protestando. Pero para las elecciones presidenciales, celebradas un año después, solo quedaba la resaca de las protestas, y en los resultados se vieron reflejadas las personas que padecieron o estuvieron en contra de las protestas.
Hay que entender que el proceso de protestas no ha sido meramente romántico, sino que vino acompañado de muchísima violencia. Entre la pandemia y la violencia, hay personas que no han podido reabrir sus negocios, que no pueden ir a trabajar tranquilas, que lo perdieron todo. Al mismo tiempo, obviamente tenemos una deuda en materia de violaciones a de derechos humanos.
Estas tensiones se expresaron en las urnas, y seguramente tengamos una segunda vuelta de infarto, que se definirá entre un candidato que representa a una derecha muy dura, distinta de la derecha tradicional que ha gobernado en los últimos años, y un candidato que ha estado en coalición con el Partido Comunista, hasta ahora marginal en un juego político que tendía más hacia el centro.
¿Qué ha pasado con el otrora institucionalizado sistema de partidos chileno?
Indudablemente hay un cansancio con la democracia de los últimos 30 años, independientemente de todos los avances que tuvo el país. Hay grandes sectores que consideran que el consenso centrista de la transición a la denominada “democracia de los acuerdos”, consistente en hacer ciertas cosas “en la medida de lo posible”, no genera soluciones. Esto condujo no solo al estallido social, sino también a una reacción conservadora. Es una situación de manual: a toda revolución le sigue una contrarrevolución.
A esto se suma el problema de la gestión de la migración, que ha provocado un enorme vuelco electoral en todo el país, y sobre todo en el norte. Antes Chile solía votar por la izquierda y ahora votó por dos candidatos – uno de extrema derecha y otro populista - que proponían medidas más duras contra la migración, tales como la construcción de zanjas o la expulsión masiva: nada más alejado de la cultura de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, a la izquierda le ha faltado una autocrítica. No ha entendido la importancia de responder al malestar con la inseguridad y atender a las víctimas de la violencia. Cuando hay un estallido de violencia, las víctimas de la violencia van a votar por quienes les ofrezcan orden. Como es sabido, en Chile hay desde hace mucho tiempo un conflicto importante con el pueblo indígena mapuche. También ha conflicto con sectores que no son del pueblo mapuche, muchas veces con vínculos con el crimen organizado, que han tomado medidas violentas. En esas zonas, donde se esperaría un voto por la izquierda, ha ocurrido completamente lo contrario. En ciertas localidades donde la violencia está instalada, el candidato conservado ha recibido hasta el 60 o 70% de los votos.
¿Qué implicancias tendría para la sociedad civil del triunfo de uno u otro contendiente en la segunda vuelta?
Una parte de la prensa más tradicional busca dar la imagen de que si gana Boric se viene el comunismo, y otra parte afirma que si gana Kast se viene el regreso pinochetista. Sin embargo, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, en los últimos años han florecido los medios alternativos. Incluso hay canales de televisión más pluralistas y canales con líneas editoriales bastante diversas, que tienen visiones más matizadas.
Creo que con ambas alternativas hay riesgos, porque ambos candidatos incluyen dentro de sus coaliciones a personas o partidos que buscan limitar el espacio de la sociedad civil, que levantan discursos de que la prensa está financiada por poderes internacionales, de que Chile Transparente sirve a ciertos megapoderes, y promueven teorías conspirativas. Recordemos que el candidato del Partido Comunista que perdió las elecciones primarias contra Boric proponía una intervención de los medios de comunicación. Por su parte, Kast tiene el apoyo de elementos del pinochetismo más duro.
Sin embargo, de cara a la segunda vuelta los dos candidatos se han corrido al centro para poder captar los votos que les faltan para poder ganar. Los sectores que seguían a la expresidenta Michelle Bachelet, que se oponían a Boric, ahora trabajan con él. Del otro lado del espectro, para atraer a sectores de la derecha liberal, Kast ha debido moderar su discurso.
Puede que la esperanza esté en que el parlamento actúe como un termorregulador de los dos extremos. Es un parlamento diverso y donde ningún partido tendrá mayoría, por lo cual al que le toque gobernar, tendrá que hacerlo en negociación con el parlamento. Al mismo tiempo, el proceso constituyente, que sigue en marcha, puede producir una constitución de unidad que permitiría al nuevo presidente gobernar.
El problema es que por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay algunas voces inaceptables desde el punto de vista democrático. Por ejemplo, dos diputados electos por la extrema derecha recientemente se burlaron de una candidata electa que es transgénero. También desde la izquierda se han expresado posiciones no muy alentadoras en materia derechos humanos. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile acaba de reconocer a Daniel Ortega como presidente legítimo de Nicaragua y sigue reconociendo a Nicolás Maduro en Venezuela.
El espacio cívico en Chile es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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PANAMÁ: “Tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades”
CIVICUS conversa acerca de los resultados de lasrecientes elecciones presidenciales de Panamá con Olga de Obaldía, directoraejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es una organización de la sociedad civil que trabaja en defensa de las libertades fundamentales, la formación de la ciudadanía para la participación democrática y el fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la transparencia y la lucha anticorrupción.
¿Quién es José Raúl Mulino, y por qué ganó las elecciones?
Mulino ganó las elecciones en gran medida debido a la popularidad y carisma del expresidente Ricardo Martinelli, y también en parte debido a las particularidades del sistema electoral panameño.
Martinelli hizo campaña a pesar de estar inhabilitado para ser candidato o ejercer cargos públicos tras haber sido condenado por lavado de activos en el marco de un gran esquema de corrupción relacionado con sobreprecios en la construcción de carreteras. Inicialmente intentó que su esposa se postulara como su compañera de fórmula, suponemos que para luego dejarle su lugar si sus deudas con la justicia le imposibilitaban competir. Sin embargo, debido a que la constitución prohíbe al presidente nombrar a familiares de primero o segundo grado, desistió de ese plan.
En lugar de a su esposa nombró a Mulino, quien fue su ministro de seguridad entre 2009 y 2014. La sentencia contra Martinelli quedó firme en febrero: fue condenado a más de 10 años de cárcel y, para no ir a prisión, buscó asilo en la embajada de Nicaragua. El Tribunal Electoral habilitó a Mulino para que tomara el lugar de Martinelli. Esta decisión fue apelada con una demanda de inconstitucionalidad, pero dos días antes de las elecciones la Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Electoral.
Condenado y todo, Martinelli mantuvo su enorme popularidad y, desde el encierro en la embajada, inició una campaña mediática basada en la consigna “Mulino soy yo”, para intentar traspasar a Mulino el núcleo duro de su apoyo electoral, estimado en entre 30 y 35%.
Como en Panamá el presidente es elegido por pluralidad simple de votos, sin segunda vuelta, habiendo ocho candidatos en competencia, Mulino fue electo con el 34% de los votos.
Este sistema electoral debería ser revisado para garantizar la voluntad popular. Cabe destacar, sin embargo, el civismo de los panameños, quienes aceptaron pacíficamente el resultado aunque la mayoría había votado en contra del presidente electo.
¿Cuáles fueron las promesas de campaña de Mulino?
Entre las promesas de Mulino se destacaron las de “poner ‘chen-chen’ (dinero) en el bolsillo” de la gente y construir obras de infraestructura, y específicamente un tren para conectar la ciudad de David, en el extremo este del país, con la ciudad de Panamá. Las justificaciones esgrimidas son que mejoraría el transporte entre el interior y la capital, y estimularía el desarrollo económico en regiones apartadas y postergadas.
Otro tema recurrente de la campaña de Mulino fue la necesidad de acabar con la llamada “persecución judicial”. Es que en el partido de Martinelli hay muchas personas imputadas en casos de corrupción durante su administración. Varias de estas personas fueron electas para el Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fueros ante acciones judiciales, según un tratado que equipara sus privilegios con los de los diputados nacionales.
Durante la campaña también se mencionó la posibilidad de “cerrar” el Tapón del Darién, es decir, la frontera con Colombia, para frenar el flujo migratorio por esa selva. Sin embargo, la viabilidad e impactos de esta medida no están claros. Las prohibiciones impuestas anteriormente para detener la migración no han hecho otra cosa que alentar la clandestinidad y profundizar los problemas humanitarios. La situación del Darién es compleja y requiere soluciones de fondo.
Estas promesas claramente fueron populares entre algunos sectores de la población, pero su viabilidad y potenciales consecuencias deberían ser cuidadosamente consideradas.
Finalmente, otra promesa fue “ayudar” al expresidente Martinelli. Todavía no está claro qué forma tomará esa ayuda. El presidente electo ha declarado que su gobierno se ceñirá al Estado de Derecho, y su primera gran prueba será la solución del impassedel expresidente asilado en la embajada de Nicaragua, desde la cual sigue tratando de influir sobre la política nacional.
¿Qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para abordar los principales desafíos sociales y económicos del país?
El nuevo gobierno deberá tomar decisiones críticas en un contexto de profunda crisis económica. Entre ellas se destaca el rescate del sistema de seguridad social.
Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. La informalidad laboral ha alcanzado el 55%, con 20.000 empleos que no se han recuperado desde la pandemia. El Seguro Social está en peligro de quiebra: atiende al 80% de la población, aunque solo el 30% cotiza. El sistema de jubilaciones y pensiones carece hoy de los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones a futuro, y podría colapsar.
El problema económico se agrava con la caída de la inversión. La deuda pública ha aumentado a 49 mil millones de dólares sin que haya habido inversiones claras en infraestructura o generación de empleo. El Estado debería hacer un primer gran pago de deuda en tres meses, pero no parece tener los fondos suficientes para afrontarlo.
El presidente electo ha anunciado que buscará formar un gobierno de unidad nacional. No está claro qué forma tomará, pero es evidente que ante tamaños problemas, la única vía es un gobierno de coalición o alguna forma de colaboración intersectorial. Por las declaraciones del presidente electo, el empresariado sería su aliado natural en la búsqueda de soluciones.
¿En qué condiciones trabaja la sociedad civil en Panamá? ¿Cabe esperar cambios bajo el nuevo gobierno?
Al acercarse las elecciones, enfrentamos un fenómeno recurrente en nuestra pequeña sociedad civil: un éxodo hacia la actividad política partidista. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, están profesionalizadas –es decir, tienen gobernanza, personal administrativo, presupuesto y estructuras definidas–, la mayoría depende del voluntariado. Tradicionalmente, después de las elecciones se observa un éxodo inverso, desde los partidos políticos no ganadores hacia la sociedad civil.
Además, son pocas las organizaciones que centran su trabajo en la incidencia en favor de los derechos y libertades civiles y políticas y la gobernanza democrática. La mayoría se enfoca en la provisión de asistencia para la pobreza o la provisión de servicios sociales como salud o educación, y en ese sentido son más bien socias del Estado en la implementación de sus programas. Con todo, en los últimos años hemos presenciado un aumento en el activismo y la formación de nuevos grupos identitarios que reivindican la igualdad de derechos, al tiempo que nuevos grupos de jóvenes han surgido en el plano nacional como la fuerza política y social mayormente responsable del éxito de las movilizaciones nacionales en octubre y noviembre del 2023 contra la minería a cielo abierto.
En el proceso electoral de 2024, si bien la participación de la sociedad civil siguió siendo limitada, ya que son pocas las organizaciones dedicadas a promover valores cívicos o libertades fundamentales, sí vimos múltiples iniciativas no partidistas de generar voto informado y varias organizaciones nos aliamos en ese esfuerzo.
No sabemos qué pasará bajo el nuevo gobierno, pero nos preocupan los antecedentes del gobierno de Martinelli, que limitó el espacio cívico con tácticas de intimidación contra las organizaciones civiles críticas, sumadas a un hostigamiento judicial contra activistas y periodistas. No está claro qué patrón seguirá el gobierno de Mulino, pero tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades fundamentales o restringir el espacio cívico.
El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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