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BOLIVIA: “Para ejercer nuestros derechos, los pueblos indígenas no necesitamos el permiso de nadie”
CIVICUS conversa acerca de las luchas de los pueblos indígenas de Bolivia con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).
CONTIOCAP surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.
¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Bolivia en la lucha por sus derechos territoriales?
El desafío más grande para los pueblos indígenas es el propio gobierno boliviano, que se ha convertido en el principal órgano y fuente de violación de derechos, ya que no garantiza el cumplimiento de la Constitución ni protege los derechos de sus ciudadanos, y particularmente los de los pueblos indígenas. Somos seres humanos de tercera categoría, sin derechos, a los que se sacrifica.
Las organizaciones que nos representaban han sido sometidas políticamente y convertidas en cómplices y brazos operativos de la violación de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y campesinos. El aparato estatal está imponiendo todas las formas de extractivismo en nuestros territorios y áreas protegidas: minería, agroindustria y exploración y explotación de hidrocarburos.
El derecho a la consulta libre, previa e informada está siendo manipulado y convertido en un simple trámite administrativo de elaboración de actas y firma de planillas en el que participan grupos afines al gobierno, que éste identifica como interlocutores válidos aunque no se trata de los verdaderos afectados por los proyectos en cuestión.
Otro desafío que tenemos los pueblos indígenas es entender que nos han colonizado mentalmente con ofertas de una gran riqueza que nunca llega. Debemos entender que la riqueza que se genera en nuestros territorios se la llevan los de afuera y sus entornos corruptos. Tras la fachada de la interculturalidad, el gobierno nos divide para disciplinarnos y ponernos al servicio de su interés político.
Una vez que entendamos eso, el principal desafío será recuperar la unidad de nuestros pueblos indígenas originarios, recuperar nuestra memoria ancestral de libertad, hacer nuestra autocrítica y volcarnos a proyectar y construir el país que queremos ejerciendo los derechos que ya están reconocidos en la Constitución.
La Constitución de Bolivia y los convenios y declaraciones internacionales son hasta el momento avances en el papel. La forma en que los administra el Estado boliviano los convierte en retrocesos abismales, brechas, murallas y barreras. A 13 años de su promulgación, el 7 de febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional sigue guardada en algún cajón de escritorio. En la última década y media, el Estado monocultural, centralista, autoritario, patriarcal, elitista, y clasista -que impone su política económica radicalmente extractivista y capitalista- es al arma más letal contra el pluralismo económico, cultural, social y de la justicia.
Las violaciones de los derechos territoriales incluyen intimidación, acoso, hostigamiento, desacreditación, descalificación, judicialización y procesos legales para acallar a las personas defensoras de los territorios. Estos actos son ejecutados por las empresas petroleras y mineras, por la fuerza pública, por la justicia que está sometida al gobierno, e incluso por organizaciones indígenas afines al gobierno, que emiten resoluciones públicas para desconocernos y coartar nuestro derecho a defender derechos.
¿Cuáles son sus estrategias de movilización?
Nuestra estrategia consiste en siempre mantener la integridad y la dignidad e insistir en ejercer los derechos amparados en la Constitución de Bolivia y en los convenios internacionales. Para ejercer nuestros derechos no necesitamos el permiso ni la aprobación de nadie, solo reconocernos como seres libres e independientes con plenos derechos. Eso es lo que venimos haciendo desde CONTIOCAP. Si el gobierno no cumple, hay que recordarle que el Estado es de todos, y que todos tenemos la obligación moral de cuestionar las malas prácticas de los gobiernos, debatir qué país queremos, y buscar las vías para que todos tengamos la oportunidad de crecer como seres humanos.
Históricamente, hemos recurrido a largas marchas como forma extrema de movilización para llamar la atención y buscar justicia. Primero marchamos para lograr una Constitución que reconociera nuestros derechos como pueblos indígenas. Y en los últimos 13 años marchamos para reclamar que esos derechos se cumplieran.
Nuestras marchas han sido ignoradas, invisibilizadas, aisladas, acosadas y reprimidas. Han sido acusadas de responder a intereses oportunistas y desacreditadas por poderosos actores económicos, políticos y gubernamentales.
La marcha de 37 días que iniciaron los hermanos de tierras bajas en septiembre de 2021 no ha sido la excepción en ese sentido. Después de tanto sacrificio, tras dejar abandonados sus pueblos, sus casas, sus familias, sus animales, la respuesta que obtuvieron del gobierno fue insultante: mientras ellos esperaban una señal del gobierno, éste se reunió no con ellos sino con organizaciones sometidas a su interés. Fue un claro mensaje de que es el gobierno quien decide si somos ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.
¿Qué cambios legislativos reclaman?
Entre las normas que van en contra de los pueblos indígenas está la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014, que atenta contra principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Otorga privilegios a los operadores mineros que quedan colocados por encima del principio de igualdad universal de los ciudadanos. Les otorga derechos de acceso al agua por encima de los de las comunidades locales. Vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la consulta previa, la cual es reducida a un trámite administrativo con plazos y procedimientos que atentan contra la consulta como derecho.
También exigimos la derogación de la Ley 969 de 2017, que vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, del Decreto Supremo 2298 de 2015, que vulnera nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada en el sector hidrocarburífero, y del Decreto Supremo 2366 de 2015, que permite la exploración petrolera en áreas protegidas.
Son muchas las normas que reclamaríamos se aprueben, pero en el actual contexto de control total de todos los poderes por el gobierno del Movimiento al Socialismo es peligroso plantear una agenda legislativa. En el mejor de los casos, el gobierno podría utilizarla para lavar su imagen, y en el peor, para impulsar sus propios intereses. Nosotros solo serviríamos para validar normas que podrían incluso ir en nuestra contra.
Pero sí reclamamos una norma para garantizar la inclusión económica de las organizaciones comunitarias productivas y las familias productoras, la aprobación de la Ley de Restitución de Territorios Ancestrales, que fue presentada en 2019, y la modificación del artículo 10 de la Ley 073 sobre deslinde jurisdiccional. Exigimos que se le dé prioridad al cumplimiento efectivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y de otros acuerdos, convenciones, pactos y convenios internacionales.
¿Considera que sus luchas forman parte de un movimiento regional más amplio?
La lucha para proteger al medio ambiente y a los territorios no es la lucha de un solo movimiento sino una lucha global por la defensa de la vida mediante la protección de nuestros territorios. Tampoco es producto de una inspiración repentina, sino de la conciencia de nuestro derecho y el de todas las formas de vida a existir en este mundo. Buscamos respeto como seres humanos que hemos cuidado el mundo para todos, incluso para quienes hoy lo destruyen.
En ese orden, nuestras luchas son las mismas que llevan los pueblos indígenas en todo el mundo. De algún modo estamos conectados y articulados a nivel regional y global, aunque en los últimos dos años la pandemia de COVID-19 nos ha impedido realizar intercambios presenciales, mientras que los intercambios virtuales fueron obstaculizados por las limitaciones de acceso a las comunicaciones desde nuestros territorios. Sin embargo, ahora estamos retomando el intercambio de experiencias y la articulación.
¿Qué apoyos de la sociedad civil internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Bolivia?
Pueden ayudarnos haciendo visibles nuestras luchas, dándolas a conocer para que podamos conectar con otras luchas de hermanos indígenas alrededor del mundo. Queremos que sepan que defendemos nuestros territorios en condiciones precarias y con nuestros propios recursos y sacrificando la economía de nuestras familias, más aún después de la pandemia. Y no lo hacemos solo para nosotros sino para todo ser que requiere oxígeno y agua para vivir. Necesitamos apoyo directo con pequeños fondos para acciones legales y otras acciones de emergencia.
Esperamos que nos ayuden a desenmascarar el doble discurso de los gobiernos bolivianos de los últimos 16 años, que en los espacios internacionales se han erigido en salvadores de los pueblos indígenas y defensores de la Madre Tierra. Eso está muy lejos de la verdad, son solo discursos que suenan bien desde afuera y que gustan a los organismos internacionales.
Hay que desenmascarar la propaganda internacional sobre los gobiernos de izquierda. Para nosotros, los pueblos indígenas, todos los gobernantes de Bolivia -de la línea política que sean- han tenido los mismos planes contra los pueblos indígenas. Buscan relegarnos, postergarnos, dividirnos y enfrentarnos entre nosotros para perpetuarse en el poder.
El espacio cívico en Bolivia es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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Comunicado conjunto Ecuador: Bloqueo de cuentas bancarias obstaculiza el ejercicio de derechos colectivos de UNORCAC y su defensa de derechos humanos
Las organizaciones abajo firmantes condenamos enérgicamente el bloqueo de las cuentas bancarias de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), así como de las cuentas personales de sus integrantes, del que tuvieron conocimiento el pasado 29 de mayo. Esta acción no solo obstaculiza el funcionamiento y la labor de defensa de derechos de la UNORCAC, sino que también limita el ejercicio de los derechos colectivos de sus integrantes. Las organizaciones firmantes expresamos también nuestra profunda preocupación por el uso reiterado de estas prácticas en Ecuador, especialmente contra organizaciones y defensores de derechos indígenas.
La UNORCAC tiene más de 50 años de trayectoria y representa a 48 gobiernos comunitarios y diversos grupos organizados del cantón de Cotacachi. El bloqueo de sus cuentas causa afectaciones a su funcionamiento integral que no solo son patrimoniales; también se ve afectada su capacidad para desarrollar actividades de promoción de derechos colectivos, soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, defensa de la identidad cultural, protección ambiental y fortalecimiento del tejido social comunitario. Tiene impacto directo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, laborales y contractuales, lo que pone en riesgo su sostenibilidad y la continuidad de sus proyectos de protección de las comunidades. Asimismo, se ven afectados los apoyos humanitarios y de protección que la UNORCAC brinda a al menos 18 personas -y sus familias- quienes fueron gravemente heridas por el uso excesivo de la fuerza por agentes estatales durante las movilizaciones sociales de septiembre y octubre de 2025.
Actualmente, cinco cuentas de la organización y de sus integrantes tienen órdenes de bloqueo. La UNORCAC conoció informalmente esta medida, implementada sin notificación previa, motivación suficiente ni acceso a información que la sustente. Esta orden administrativa fue posteriormente ratificada judicialmente; sin embargo, la organización ha enfrentado dificultades para acceder al expediente, pese a múltiples solicitudes ante instancias gubernamentales, incluida a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Las solicitudes han sido respondidas invocando el carácter reservado de la información y, además, las gestiones se realizan en Quito, implicando traslados exigentes para sus integrantes. Fue solo al acudir a instancias judiciales que obtuvieron acceso parcial a la información. Es especialmente alarmante que el motivo del bloqueo se base en informes de inteligencia aún inaccesibles, y que se pretenda vincular a la UNORCAC con presuntos delitos financieros en un contexto de criminalización contra organizaciones y personas defensoras indígenas tras las protestas de 2025.
La UNORCAC es una de las organizaciones impactada por este contexto, y viene enfrentando un preocupante proceso de persecución y criminalización. Al menos 30 integrantes de la organización están siendo procesados penalmente por su participación en las protestas nacionales de 2025. Para responder a este escenario, la organización ha buscado el reconocimiento legal de sus derechos colectivos, particularmente el derecho a ejercer la jurisdicción indígena, como ruta alternativa y prioritaria antes de la aplicación del derecho penal. Debido a la negativa reiterada de la Fiscalía General del Estado de reconocer esos derechos, criminalizando a integrantes de la organización e incluso exigiendo que sus solicitudes se presentaran únicamente por medio de abogado, la UNORCAC promovió una acción de protección contra la Fiscalía General del Estado. El 12 de junio de 2026, un juez de la Unidad Judicial de Ibarra les dictó decisión favorable, reconociendo que la Fiscalía debe respetar el ejercicio de la jurisdicción indígena y el derecho propio, con carácter previo al inicio de procesos penales por parte del Estado. Aunque la decisión inicial fue favorable para UNORCAC, la Fiscalía apeló dicha resolución y los procesos penales en la justicia convencional por la vía ordinaria continúan, profundizando la incertidumbre jurídica que enfrenta la organización y que afecta a las comunidades y pueblos indígenas que representa. En este escenario de persecución y criminalización, el bloqueo de las cuentas de UNORCAC también impacta y limita su capacidad para sostener los procesos de defensa, acompañamiento legal y debido proceso en estos casos ante la justicia ordinaria.
Desde las protestas de 2025, el bloqueo de cuentas bancarias y los procesos penales subsecuentes se ha consolidado como un patrón recurrente de actuación de las autoridades ecuatorianas contra personas defensoras, líderes comunitarios, organizaciones y movimientos sociales, afectando sus medios de vida y el ejercicio de sus derechos. Así como le ha pasado con la UNORCAC, los procesos se caracterizan por la falta de notificación oportuna, la opacidad en el acceso a información clave y la ausencia de transparencia, vulnerando el debido proceso . Estas medidas tienen un claro efecto intimidatorio sobre quienes defienden los derechos humanos, la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador.
El espacio cívico en Ecuador está cada vez más restringido por leyes y prácticas que limitan la participación de la sociedad civil, como el uso injustificado del concepto de «conflicto armado interno» para criminalizar las protestas, los controles de inteligencia sin garantías judiciales y la persecución de quienes defienden los derechos humanos, la naturaleza y los pueblos indígenas. A esto se suma el bloqueo de cuentas, que se une a otras medidas administrativas y penales que buscan debilitar y silenciar a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos y en la protección de los territorios.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra más profunda preocupación por el bloqueo de cuentas bancarias y la persecución reiterada de la que es objeto UNORCAC, lo que impide el funcionamiento diario de la organización y su labor de defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas a las que representa.
Por lo anterior, también instamos a las autoridades ecuatorianas a:
- Levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de UNORCAC y de sus integrantes, así como de otras organizaciones aliadas afectadas;
- Asegurar una revisión de la medida judicial con participación de las personas afectadas, que permita su evaluación y habilitar el uso de recursos para atención médica, apoyo humanitario y cumplimiento de obligaciones laborales y otras responsabilidades de la UNORCAC;
- Garantizar que la UNORCAC tenga acceso suficiente a la información necesaria para ejercer su defensa, evitando que la clasificación como información reservada o de inteligencia financiera limite o impida este derecho;
- Cesar el uso de mecanismos administrativos, financieros y penales como formas de criminalización de la protesta social y de la defensa de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, garantizando además el respeto a la jurisdicción indígena, el pluralismo jurídico y la autonomía organizativa de los pueblos indígenas.
FIRMAN:
- CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
- Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
- Front Line Defenders
- Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
- World Rainforest Movement (WRM)
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PARAGUAY: “Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar”
CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.
¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?
Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.
La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.
Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.
A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.
¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?
Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.
La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.
¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?
La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.
Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.
¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?
CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.
También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.
¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?
La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.
El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.
En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.
Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.
Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.
El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con CONAMURI a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@Conamuri en Twitter.
