CIVICUS conversa acerca de las luchas de los pueblos indígenas de Bolivia con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).

CONTIOCAP surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Bolivia en la lucha por sus derechos territoriales?

El desafío más grande para los pueblos indígenas es el propio gobierno boliviano, que se ha convertido en el principal órgano y fuente de violación de derechos, ya que no garantiza el cumplimiento de la Constitución ni protege los derechos de sus ciudadanos, y particularmente los de los pueblos indígenas. Somos seres humanos de tercera categoría, sin derechos, a los que se sacrifica.

Las organizaciones que nos representaban han sido sometidas políticamente y convertidas en cómplices y brazos operativos de la violación de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y campesinos. El aparato estatal está imponiendo todas las formas de extractivismo en nuestros territorios y áreas protegidas: minería, agroindustria y exploración y explotación de hidrocarburos.

El derecho a la consulta libre, previa e informada está siendo manipulado y convertido en un simple trámite administrativo de elaboración de actas y firma de planillas en el que participan grupos afines al gobierno, que éste identifica como interlocutores válidos aunque no se trata de los verdaderos afectados por los proyectos en cuestión.

Otro desafío que tenemos los pueblos indígenas es entender que nos han colonizado mentalmente con ofertas de una gran riqueza que nunca llega. Debemos entender que la riqueza que se genera en nuestros territorios se la llevan los de afuera y sus entornos corruptos. Tras la fachada de la interculturalidad, el gobierno nos divide para disciplinarnos y ponernos al servicio de su interés político.

Una vez que entendamos eso, el principal desafío será recuperar la unidad de nuestros pueblos indígenas originarios, recuperar nuestra memoria ancestral de libertad, hacer nuestra autocrítica y volcarnos a proyectar y construir el país que queremos ejerciendo los derechos que ya están reconocidos en la Constitución.

La Constitución de Bolivia y los convenios y declaraciones internacionales son hasta el momento avances en el papel. La forma en que los administra el Estado boliviano los convierte en retrocesos abismales, brechas, murallas y barreras. A 13 años de su promulgación, el 7 de febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional sigue guardada en algún cajón de escritorio. En la última década y media, el Estado monocultural, centralista, autoritario, patriarcal, elitista, y clasista -que impone su política económica radicalmente extractivista y capitalista- es al arma más letal contra el pluralismo económico, cultural, social y de la justicia.

Las violaciones de los derechos territoriales incluyen intimidación, acoso, hostigamiento, desacreditación, descalificación, judicialización y procesos legales para acallar a las personas defensoras de los territorios. Estos actos son ejecutados por las empresas petroleras y mineras, por la fuerza pública, por la justicia que está sometida al gobierno, e incluso por organizaciones indígenas afines al gobierno, que emiten resoluciones públicas para desconocernos y coartar nuestro derecho a defender derechos.

¿Cuáles son sus estrategias de movilización?

Nuestra estrategia consiste en siempre mantener la integridad y la dignidad e insistir en ejercer los derechos amparados en la Constitución de Bolivia y en los convenios internacionales. Para ejercer nuestros derechos no necesitamos el permiso ni la aprobación de nadie, solo reconocernos como seres libres e independientes con plenos derechos. Eso es lo que venimos haciendo desde CONTIOCAP. Si el gobierno no cumple, hay que recordarle que el Estado es de todos, y que todos tenemos la obligación moral de cuestionar las malas prácticas de los gobiernos, debatir qué país queremos, y buscar las vías para que todos tengamos la oportunidad de crecer como seres humanos.

Históricamente, hemos recurrido a largas marchas como forma extrema de movilización para llamar la atención y buscar justicia. Primero marchamos para lograr una Constitución que reconociera nuestros derechos como pueblos indígenas. Y en los últimos 13 años marchamos para reclamar que esos derechos se cumplieran.

Nuestras marchas han sido ignoradas, invisibilizadas, aisladas, acosadas y reprimidas. Han sido acusadas de responder a intereses oportunistas y desacreditadas por poderosos actores económicos, políticos y gubernamentales.

La marcha de 37 días que iniciaron los hermanos de tierras bajas en septiembre de 2021 no ha sido la excepción en ese sentido. Después de tanto sacrificio, tras dejar abandonados sus pueblos, sus casas, sus familias, sus animales, la respuesta que obtuvieron del gobierno fue insultante: mientras ellos esperaban una señal del gobierno, éste se reunió no con ellos sino con organizaciones sometidas a su interés. Fue un claro mensaje de que es el gobierno quien decide si somos ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.

¿Qué cambios legislativos reclaman?

Entre las normas que van en contra de los pueblos indígenas está la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014, que atenta contra principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Otorga privilegios a los operadores mineros que quedan colocados por encima del principio de igualdad universal de los ciudadanos. Les otorga derechos de acceso al agua por encima de los de las comunidades locales. Vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la consulta previa, la cual es reducida a un trámite administrativo con plazos y procedimientos que atentan contra la consulta como derecho.

También exigimos la derogación de la Ley 969 de 2017, que vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, del Decreto Supremo 2298 de 2015, que vulnera nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada en el sector hidrocarburífero, y del Decreto Supremo 2366 de 2015, que permite la exploración petrolera en áreas protegidas.

Son muchas las normas que reclamaríamos se aprueben, pero en el actual contexto de control total de todos los poderes por el gobierno del Movimiento al Socialismo es peligroso plantear una agenda legislativa. En el mejor de los casos, el gobierno podría utilizarla para lavar su imagen, y en el peor, para impulsar sus propios intereses. Nosotros solo serviríamos para validar normas que podrían incluso ir en nuestra contra.

Pero sí reclamamos una norma para garantizar la inclusión económica de las organizaciones comunitarias productivas y las familias productoras, la aprobación de la Ley de Restitución de Territorios Ancestrales, que fue presentada en 2019, y la modificación del artículo 10 de la Ley 073 sobre deslinde jurisdiccional. Exigimos que se le dé prioridad al cumplimiento efectivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y de otros acuerdos, convenciones, pactos y convenios internacionales.

¿Considera que sus luchas forman parte de un movimiento regional más amplio?

La lucha para proteger al medio ambiente y a los territorios no es la lucha de un solo movimiento sino una lucha global por la defensa de la vida mediante la protección de nuestros territorios. Tampoco es producto de una inspiración repentina, sino de la conciencia de nuestro derecho y el de todas las formas de vida a existir en este mundo. Buscamos respeto como seres humanos que hemos cuidado el mundo para todos, incluso para quienes hoy lo destruyen.

En ese orden, nuestras luchas son las mismas que llevan los pueblos indígenas en todo el mundo. De algún modo estamos conectados y articulados a nivel regional y global, aunque en los últimos dos años la pandemia de COVID-19 nos ha impedido realizar intercambios presenciales, mientras que los intercambios virtuales fueron obstaculizados por las limitaciones de acceso a las comunicaciones desde nuestros territorios. Sin embargo, ahora estamos retomando el intercambio de experiencias y la articulación.

¿Qué apoyos de la sociedad civil internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Bolivia?

Pueden ayudarnos haciendo visibles nuestras luchas, dándolas a conocer para que podamos conectar con otras luchas de hermanos indígenas alrededor del mundo. Queremos que sepan que defendemos nuestros territorios en condiciones precarias y con nuestros propios recursos y sacrificando la economía de nuestras familias, más aún después de la pandemia. Y no lo hacemos solo para nosotros sino para todo ser que requiere oxígeno y agua para vivir. Necesitamos apoyo directo con pequeños fondos para acciones legales y otras acciones de emergencia. 

Esperamos que nos ayuden a desenmascarar el doble discurso de los gobiernos bolivianos de los últimos 16 años, que en los espacios internacionales se han erigido en salvadores de los pueblos indígenas y defensores de la Madre Tierra. Eso está muy lejos de la verdad, son solo discursos que suenan bien desde afuera y que gustan a los organismos internacionales.

Hay que desenmascarar la propaganda internacional sobre los gobiernos de izquierda. Para nosotros, los pueblos indígenas, todos los gobernantes de Bolivia -de la línea política que sean- han tenido los mismos planes contra los pueblos indígenas. Buscan relegarnos, postergarnos, dividirnos y enfrentarnos entre nosotros para perpetuarse en el poder.

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CIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

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CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

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