criminalización

• ‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

  

  ¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

  El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

  La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

  Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

  ¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

  La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

  En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

  ¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

  Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

  Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

  En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

  Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

  Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

  La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

  ¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

  Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

  A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

  Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

  La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

  ¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

  En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

  También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

  ¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

  Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

  También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

  Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

  ¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

  Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

  Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

  El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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• COLOMBIA: ‘La ciudadanía está indignada y cansada de las políticas que la han sumido en la pobreza’

  CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

  

  ¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

  En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

  Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

  Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

  ¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

  Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

  Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

  ¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

  El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

  En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

  En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

  Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

  ¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

  El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

  Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

  El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

  Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

  Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

  En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

  El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

  En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

  Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

  ¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

  En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

  Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

  ¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

  Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

  ¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

  Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

  Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

  El espacio cívico en Colombia es clasificado como ‘represivo’ por elCIVICUS Monitor.
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• CUBA: ‘Las únicas opciones posibles son la prisión, el exilio o la sumisión’

  CIVICUS conversa con la activista cubana Carolina Barrero, exiliada en España desde febrero de este año, acerca de las circunstancias que llevan a cantidades cada vez mayores de cubanos y cubanas a salir del país.

  Carolina es historiadora del arte e integrante del movimiento 27N, constituido a partir de las protestas realizadas el 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para denunciar la falta de libertades, la represión del disenso y el acoso contra el Movimiento San Isidro, un movimiento de protesta formado por artistas. Fue obligada a salir de Cuba en represalia por su activismo en apoyo de familiares de presos políticos del 11J, las protestas del 11 de julio de 2021.

  ¿Por qué saliste de Cuba?

  Mi historia como activista forzada al exilio sigue el patrón utilizado por el aparato de seguridad del Estado para neutralizar a la disidencia. Muchas veces me dijeron que debía irme o de lo contrario sufriría consecuencias penales y eventualmente iría a la cárcel. Ninguna de esas veces cedí. Actualmente tengo cuatro causas abiertas, por instigación a delinquir, conspiración contra la seguridad del Estado, desacato y clandestinidad de impresos. En cada uno de los casos fui amenazada con ser procesada y encarcelada si no cesaba mi activismo. Me instaban a quedarme “tranquila”, un clásico eufemismo que utilizan para decir “sometida”.

  El 31 de enero de 2022 fui detenida en unaprotesta frente al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. Era el primer día deljuicio de un grupo de manifestantes del 11J. Estaba con otros activistas como Alexander Hall, Leonardo Romero Negrín, Daniela Rojo y Tata Poet, acompañando a las madres de los presos políticos que esperaban para poder ver a sus hijos a la distancia cuando los llevaran al tribunal. Cuando eso ocurrió todos aplaudimos y gritamos “libertad” y “son héroes”. La seguridad del Estado nos detuvo a todos violentamente, a los golpes, y nos subió a un camión jaula para llevarnos a distintas estaciones policiales.

  Al igual que las veces anteriores, la seguridad del Estado me dijo que tenía 48 horas para irme de Cuba. Pero esta vez me dijeron que, si no lo hacía, procesarían a doce madres de presos políticos por desorden público. En un primer momento creí que era solo una amenaza vacía, pero me dijeron ‘llevamos 20 años haciéndole esto a las Damas de Blanco’, que desde 2003 se movilizan por sus familiares detenidos. Es decir, estaban dispuestos a ir hasta el final.

  La dictadura cubana conoce muy bien cómo presionarnos utilizando a nuestras familias y nuestras vidas privadas porque nos tienen bajo vigilancia y lo saben todo. Por ejemplo, saben si tu madre sufre del corazón y le hacen una visita para obligarte a que te quedes tranquila y no la mates de un infarto. Si cometiste una infidelidad, te amenazan con mostrarle fotos a tu pareja. Si estás en la universidad, te amenazan con la expulsión. Si vives en una vivienda rentada, presionan a tus caseros para que te echen. Su táctica es detectar tu debilidad y chantajearte para someterte. Al final uno se cansa de esta vida y prefiere autocensurarse.

  Conmigo esas amenazas no tenían asidero, así que me amenazaron con atentar contra la libertad de terceras personas. Sabían de mis vínculos estrechos con las madres con hijos presos, y particularmente con Yudinela Castro y Bárbara Farrat. La mayoría de las madres vive en una situación de mucha precariedad y no puede denunciar las arbitrariedades que padecen. Muchas tienen a más de un hijo preso, o también a sus esposos, por lo que están bastante solas. Cuando me amenazaron con criminalizarlas y encarcelarlas, decidí que esta vez sí me tenía que ir.

  ¿Cuán diferente es la situación de los exiliados políticos de la de quienes emigran por razones económicas?

  En principio parecería haber una gran diferencia entre el exilio resultante del uso de la represión sistemática para castigar o neutralizar la disidencia política, y la emigración motivada por la asfixia social y económica. Sin embargo, esta clasificación oscurece las causas últimas de los factores que llevan a la gente a irse de Cuba.

  En una dictadura como la cubana, las razones profundas por las cuales la gente se va del país son siempre políticas. Todos los procesos de exilio cubanos, desde los años ‘60 hasta la fecha, tienen como trasfondo una causa política: la represión por parte del régimen. No solamente faltan las libertades políticas, sino todas las libertades necesarias para que uno pueda gestionarse su propio destino. En Cuba las personas no tienen agencia sobre ningún aspecto de su vida pública ni privada; todos los aspectos de la vida están controlados por el Estado cubano, que no es simplemente autoritario, sino totalitario.

  Nadie huye del paraíso. Nadie decide dejar su vida, su trabajo, su profesión y sus afectos para perseguir el “sueño americano”. Aunque haya casos en que el carácter forzado del exilio parece más claro que en otros, al final del día todo exilio de Cuba es un exilio forzado. Huimos para sobrevivir y para poder tener la oportunidad de ser.

  Muchos cubanos salen arriesgando sus vidas en el mar, cruzando selvas con sus bebés, para llegar a un lugar donde no conocen el idioma ni la cultura, todo para ser un poco más libres. En Cuba, si tú no encajas con el molde establecido por el Partido Comunista, el único partido autorizado y el que gobierna desde 1965, eres un criminal en potencia. Todo es determinado políticamente, desde el acceso a la educación y al sistema de salud hasta la posibilidad de ganarte la vida. La asfixia económica también tiene causas políticas: de ahí que sea engañoso distinguir tajantemente entre un exilio político y una migración económica.

  Tras las protestas del 11 de julio de 2021 y su represión, quedó más claro que nunca que las únicas tres opciones posibles para los cubanos son la prisión, el exilio o la sumisión. 

  Al igual que otros activistas cubanos exiliados, desde que saliste de Cuba no has parado de hacer incidencia internacional. ¿Piensas que el Estado cubano podría replantearse su táctica de ofrecer la salida en vez de la cárcel?

  Hoy por hoy, al Estado cubano le preocupa más tenernos dentro, encendiendo el fuego de la protesta, que afuera, denunciando la represión en foros internacionales. Pero creo que el régimen se equivoca en sus cálculos, porque quienes salimos al exilio no nos olvidamos de Cuba y no estamos dispuestos a abandonar la causa de la democracia. Y la incidencia internacional juega un importante rol en esta lucha.

  Esto que al régimen le puede parecer inocuo es una parte fundamental del activismo para poner fin a la dictadura porque ataca uno de los pilares fundamentales que han sostenido al régimen: la eficacia de la propaganda internacional. El Estado cubano ha destinado una enorme cantidad de recursos a la diplomacia para que cada embajada sea un centro de propaganda que promueva el relato, la épica y el mito de la Revolución Cubana.

  Para contrarrestar el efecto de esa propaganda sobre la opinión internacional, Cuba ahora tiene en nosotros un creciente ejército de embajadores que ha sido testigo y parte del último ciclo de protestas y puede dar cuenta en los foros internacionales de lo que realmente ocurre en Cuba. Creo firmemente que en buena medida la caída de la dictadura dependerá de la caída del mito. Esta es una labor importante para nosotros en el exilio.

  ¿Cuáles son las probabilidades de que se produzca una transición política en Cuba?

  No me atrevo a hacer predicciones con un tema tan delicado y tan deseado por los cubanos a lo largo de décadas. Lo que sí puedo destacar es un hecho: el régimen cubano nunca ha estado tan débil como ahora. Tras las protestas masivas, el régimen ya no puede ocultar la amplitud del descontento, que históricamente ha adjudicado a cinco opositores sueltos que según su narrativa están financiados por “el imperio”. El descontento social es evidente y masivo, y alcanza a todos los rincones de la isla y a todos los sectores sociales. La dictadura ya no posee el apoyo de los más pobres o de aquellos a quienes dijo defender, sino apenas de la cúpula militar y burocrática.

  También tiene un grave problema de sucesión. Desde que Miguel Díaz-Canel asumió el poder tras ser designado por Raúl Castro, no ha tomado ni una decisión administrativa que le haya valido un elogio. Todo ha sido un desastre y se le recordará como un dictador incompetente y con muy poco carisma. Creo que el régimen piensa las 24 horas del día en cómo solucionar esta especie de vacío de poder, ya que Díaz-Canel no tiene credibilidad alguna ni siquiera entre los funcionarios, y desmoraliza al propio aparato represor. El problema es que no tienen con quién reemplazarlo ni saben cómo. Podrían escenificar una votación, pero la situación está tan delicada que saben que todo podría salírseles de las manos muy fácilmente. Podrían incluso escenificar un autogolpe, pero este también es un camino muy delicado que podría ser letal. 

  En la actual coyuntura internacional, la posición de Cuba frente a la invasión rusa de Ucrania vuelve a la dictadura cubana, la más antigua del hemisferio occidental, aún más difícil de justificar ante la opinión internacional. Justificar a Cuba se ha vuelto un desafío incluso para quienes tienen un marcado sesgo ideológico. A estos factores se suman la crisis económica, social y humanitaria, todo lo cual amenaza al régimen y a su continuidad. Ante la crisis energética y el desabastecimiento de bienes básicos, el propio canciller cubano ha solicitado apoyo a la administración Biden, algo totalmente inaudito. La ironía es total: en Cuba hay personas presas acusadas de mercenarismo por haber recibido apoyo estadounidense, y resulta que ahora el propio gobierno cubano se ha convertido en mercenario según sus propias definiciones.

  Lo que vaya a pasar o no, no me atrevo a pronosticarlo. Creo que las protesta no serán silenciadas y nuestras voces se seguirán escuchando. Solo espero que la transición democrática se produzca a través de un proceso pacífico y no de la violencia. 

  Más allá de derribar a la dictadura, el objetivo –y el desafío- es construir una democracia. Para ello necesitaremos el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como CIVICUS. Tras seis décadas de anestesia cívica y política, en los últimos años la sociedad civil cubana ha despertado y demostrado que tiene la capacidad, la voluntad y la determinación de avanzar hacia la democracia. Tenemos abierta una ventana de la oportunidad y, como diría el escritor cubano José Lezama Lima, tenemos la potencia del cambio.

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• CUBA: “Todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos”

  CIVICUS conversa acerca de la reforma de los códigos Penal y de las Familias cubanos y de las reacciones del régimen a las grandes protestas de 2021 con Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma cubana.

  

  Foto de María Lucía Expósito

  ¿Cuál es tu balance de la reciente reforma del Código Penal cubano?

  La reforma del Código Penal no se entiende sin referencia a las protestas del año pasado. El argumento que se dio para justificar la reforma refirió a la reforma de la constitución: una vez actualizada la constitución en 2019, era necesario hacer esta reforma. Pero ya el proceso constitucional resultó engañoso: uno pensaría que una actualización constitucional es algo positivo, pero en Cuba no necesariamente es así. El proceso de reforma constitucional ya de por sí fue complicado: se hizo el ritual de la consulta pero fue básicamente impuesta. Y en términos de sustancia, la nueva constitución contiene muchos elementos cuestionables, que son los que debieran haberse reformado, pero se trasladaron intactos de la vieja constitución.

  Por ejemplo, si bien la nueva constitución reconoce la existencia del mercado, continúa declarando que el sistema vigente es el de la economía socialista y subraya el carácter “irrevocable” del socialismo. El sistema de partido único continúa intacto, con el Partido Comunista Cubano reconocido como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” en función de “su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo”.

  Dicho esto, otras libertades que la Constitución también reconoce se vacían de sentido. Por ejemplo, la Constitución reconoce “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, […] siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley” – la misma ley que establece que la única pertenencia política legítima es al Partido Comunista Cubano.

  Lo mismo ocurre con la libertad de expresión y creación artística, reconocida si se ejerce “conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista”, o sea, solo si se expresa aquiescencia, pero no si se expresa un pensamiento crítico.

  Pero en función de esta reforma se sostuvo que se debía actualizar el resto del marco legal, incluidos el Código Penal y el Código de las Familias. En el caso del Código de las Familias, esto era realmente necesario, porque no se actualizaba desde 1975 y estaba totalmente desajustado en relación con la realidad de la sociedad actual. La reforma del Código Penal también se justificó por la necesidad de “modernizar” la legislación y codificar delitos que el anterior, que databa de 1987, no reconocía, como los delitos ambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género. Pero desde mi perspectiva, esta reforma solo se entiende en referencia a las protestas de julio del año pasado y sus antecesoras: las del 11 de mayo de 2019, el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021.

  Con el objeto de proteger al régimen del disenso, todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos de desorden público y contra la seguridad del Estado y se penaliza la financiación extranjera de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación. Así se busca ahogar a los medios disidentes, porque ¿cómo se va a financiar en Cuba un medio que no esté alineado con el Estado?

  También se han endurecido las penas para varios delitos. La pena de muerte no solamente no se ha eliminado, sino que se ha agregado para algunos delitos más. La edad de imputabilidad es de las más bajas del mundo ¿Qué clase de modernización es esta? Por algún motivo se decidió no someter esta reforma a ninguna clase de consulta.

  Si se analiza la producción de leyes de los últimos años, es evidente que ha habido un proceso de blindaje del régimen, que además ha avanzado más allá de controlar las acciones, para intentar también controlar el pensamiento. Este blindaje se cierra con el Código Penal, que busca evitar que se repitan las protestas del año pasado y acallar cualquier disenso

  ¿Cómo se entiende la discrepancia entre esta reforma tan regresiva del Código Penal y la aparentemente progresista reforma del Código de las Familias, actualmente en curso?

  El Código de las Familias también debió actualizarse tras la reforma constitucional, aunque en realidad hubiera debido –y hubiera podido– ser reformado mucho antes. La primera vez que oí hablar oficialmente en Cuba sobre el matrimonio igualitario fue en el año 2007. Ya desde entonces hubo peticiones de reforma surgidas de la academia, que es donde se concentraba el activismo vinculado a cuestiones de género, derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

  Pero hubo mucha resistencia y la excusa era que para reconocer el matrimonio igualitario se necesitaba reformar la constitución. Lo cual obviamente no era cierto: el matrimonio estaba regulado por el Código de la Familia y no por la constitución y cuando ésta se reformó, no se incorporó este derecho, sino que se lo excluyó y se lo dejó pendiente para cuando se reformara el Código de las Familias.

  El tema del matrimonio igualitario volvió a quedar en el centro del debate desde el momento que, como consecuencia de la reforma constitucional, se debe reformar el Código de las Familias, y entonces recomenzaron las presiones para que este derecho que no se consagró constitucionalmente fuera incluido en el Código – cosa que se podría haber hecho en 2007, 15 años atrás. Pero claramente en Cuba se gobierna así.

  En el Código de las Familias que se llevó a consulta no hay protección especial para las infancias trans. Nada, ni una mención, aunque sabemos que este grupo presenta altas tasas de abandono escolar, expulsión del hogar y bullying escolar, por parte tanto de alumnos como profesores, es decir, una total imposibilidad de vivir su identidad de género con garantías. Cuando crecen, las personas trans, y particularmente las mujeres trans, son las víctimas predilectas de disposiciones punitivas relativas a “conductas predelictivas”. Algo tan fascista que ya no está más con ese nombre en el actual Código Penal, pero que seguirá vigente en otras disposiciones, en el imaginario de los operadores del derecho y en los sesgos que de hecho seguirán existiendo. 

  ¿Por qué estamos discutiendo estos temas ahora? Daría la impresión de ser una cortina de humo, una maniobra para aplacar una demanda sin hacer cambios profundos en el régimen político. Las dos estrategias que parecen ser contradictorias -una reforma regresiva del Código Penal y una reforma aparentemente progresista del Código de las Familias- apuntan en la misma dirección, la estabilización del régimen.

  Digo “aparentemente progresista” porque después de todo un proceso de consultas, ahora el parlamento debe tomar las propuestas recibidas, reformular el proyecto y fijar una fecha para un referendo que lo convierta en ley. Todavía no sabemos qué va a quedar en ese proyecto y qué se va a diluir o a modificar. Tampoco se sabe cómo se traducirá ese documento a la vida cotidiana de las familias cubanas. 

  ¿Cuáles son elementos positivos que se espera que entren en el nuevo Código de las Familias?

  Uno de los temas incluidos en el proyecto del Código de Familias es el matrimonio entre personas del mismo sexo, con posibilidad de adopción. Otro tema que se ha incluido es el de la llamada gestación solidaria, o gestación subrogada, hasta ahora ilegal. Este último genera una preocupación enorme entre las activistas feministas. Recordemos que estamos en un contexto de machismo brutal y de feminización de la pobreza. ¿Cómo se regulará la gestación solidaria? Aunque la ley sea clara en relación con la prohibición de remuneración, ¿cómo se podrá evitar en este contexto el desarrollo de un mercado negro basado en la explotación de las gestantes?

  Otro tema importante es el de los derechos de los abuelos a tener relación con sus nietos, que tiene su contraparte en algunas disposiciones sobre responsabilidad parental, entre las que se contarían la de respetar y facilitar el derecho de los hijos a mantener comunicación con sus abuelos y otros parientes cercanos.

  Otro parteaguas es de hecho el tema de la responsabilidad parental, que viene a sustituir al concepto de patria potestad, con un desplazamiento interesante de la idea del poder de los padres y madres sobre los hijos a la idea de que los padres y las madres tienen una responsabilidad sobre los hijos e hijas. Esto es muy interesante, y sin embargo ha generado revuelo, no solo desde sectores socialmente conservadores, sino también por parte del activismo político.

  Esto hay que entenderlo en el contexto político de Cuba. Los y sobre todo las activistas –no necesariamente conservadoras– piensan que el énfasis en la responsabilidad le permitiría al Estado aducir irresponsabilidad para quitarles a sus hijos, o utilizar esta amenaza para obligarles a desistir de su activismo. Muchos activistas, y en particular las mujeres con responsabilidad maternal, hemos recibido esta clase de amenaza, con comentarios tales como “cuida a tus hijos”, “sabemos que estás con tu hija”, “ten cuidado por tu hijo”.

  Pero yo pienso que estas amenazas de hecho ya existen, y lo que podría ocurrir bajo el nuevo Código es que también los padres sean obligados a hacerse cargo de sus responsabilidades –algo que actualmente no sucede en Cuba, con la consecuente feminización de la pobreza. Al igual que en otras partes de la región, han aumentado masivamente los hogares monoparentales, liderados por mujeres, algo que las cifras oficiales no reconocen.

  Otro asunto en que se ha centrado la discusión es el de la autonomía progresiva de los niños y niñas. Sabemos que el castigo –incluso físico– se encuentra normalizado en Cuba, y que los padres toman decisiones importantes por sus hijos, sin consultarles. La idea de que los padres tienen que decidir todo por sus hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad ha cambiado con el tiempo, y ha sido reemplazada por el concepto de que los niños van adquiriendo progresivamente la capacidad de tomar sus propias decisiones. Personalmente creo que como padres ya no debemos hablar estrictamente de crianza, sino más bien de acompañamiento de nuestros hijos en el aprendizaje.

  Un tema importante contenido en la versión del documento que se llevó a consulta fue el del matrimonio infantil, incorporado a último minuto como resultado de una fuerte presión del activismo feminista, medios independientes y personas aliadas. Es un tema vital pero las personas encargadas de legislar no lo habían visto.

  Muchos de estos temas han generado controversia, pero no considero que haya habido un auténtico debate. En un marco de semejante polarización política, el país no está preparado para debatir. Como lo han reportado activistas que participaron como observadores independientes, los debates que han tenido lugar en las etapas consultivas han estado mal orientados y no han sido liderados por personas bien entrenadas para conducirlos. En Cuba realmente no existe el debate; simplemente se escuchan monólogos a favor y en contra.

  ¿Qué otros problemas has detectado?

  En términos generales, el problema no está en el contenido del Código de las Familias. Las mujeres somos más de la mitad de la población, y si se cuenta también a niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes al colectivo LGBTQI+, el nuevo Código estaría respondiendo a las necesidades de una amplia mayoría.

  Pero tenemos grandes dudas respecto de las razones por las cuales se lo está impulsando justo ahora, sobre todo por el modo en que se alentaron algunas controversias que sirvieron para oscurecer el hecho de que al mismo tiempo se nos estaba imponiendo, sin ningún debate, una reforma terriblemente regresiva del Código Penal. 

  En el nuevo Código Penal, todo lo que hacemos en tanto que activistas y ciudadanos está criminalizado. Es un código medieval. El Código de las Familias, en cambio, se nos presenta como ultramoderno y consensuado, lo cual también genera incertidumbre respecto de su implementación. Pero mientras de la implementación del Código Penal no nos quedan dudas –sabemos que será implementado a rajatabla– del Código de las Familias, si termina siendo todo lo moderno y progresista que se anuncia, tengo enormes dudas de que sea realmente aplicado. 

  En gran medida, quienes se verían beneficiados por el nuevo Código de las Familias son los mismos que serán reprimidos con el nuevo Código Penal. Quienes están protestando por liberar a los activistas encarcelados tras las protestas de 2021 son, en su mayoría, madres solas que reclaman la libertad de sus hijos. Quienes salieron a las calles a protestar eran pobres, afrodescendientes, personas trans e hijos de madres solas. Este problema existe desde hace mucho tiempo y no ha habido políticas públicas para resolverlo. No se ha hecho el más mínimo intento de hacer políticas públicas con un enfoque de género. Los cambios que puedan resultar del Código de las Familias, en este contexto, son más que relativos.

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• EL SALVADOR: “Más que una verdadera política de seguridad, lo que tiene el gobierno es una estrategia electoral”

  CIVICUS conversa acerca del año transcurrido bajo el estado de emergencia en El Salvador con César Artiga, fundador y coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú y del Grupo Impulsor Nacional de la Resolución 2250 (Agenda de Juventud, Paz y Seguridad).

  Estas agrupaciones ciudadanas acompañan procesos de sensibilización social, empoderamiento jurídico e incidencia política desde el año 2017. Promueven y defienden los derechos humanos, la construcción de la paz, la justicia y la sustentabilidad mediante el trabajo con grupos y comunidades que viven en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, en particular en lo que se refiere a sus derechos ambientales.

  ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de propaganda en la afirmación de que Bukele ha triunfado en la lucha contra la violencia de las pandillas?

  A nivel de los medios, tanto nacionales como internacionales, se ha logrado posicionar que El Salvador se ha convertido en un paraíso. La portada de la revista Semana de Colombia salió con el titular “El milagro Bukele”. Se ha impuesto la narrativa de que el presidente ha resuelto uno de los grandes problemas del país: la inseguridad. Este era el problema al que se culpaba de todo: de la falta de oportunidades, de la falta de crecimiento económico, incluso de la falta de empleo. Todo era culpa de la inseguridad provocada por las pandillas que controlaban al país.

  Es innegable que el gobierno ha dado un golpe fuerte a las pandillas. Muchos integrantes de pandillas han tenido que salir huyendo hacia otros países y muchos han sido detenidos. Los niveles de violencia perpetradas por estos grupos han bajado dramáticamente, a un mínimo histórico.

  Pero para entender lo que ha ocurrido, es necesario diferenciar entre dos momentos. En un primer momento hubo un pacto del gobierno con las pandillas. Esto ha sido ampliamente documentado tanto a nivel nacional como internacional, con investigaciones incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Varios funcionarios, titulares de ministerios y otras agencias de gobierno estuvieron involucrados en diálogos con las pandillas para reducir la cantidad de homicidios a cambio de beneficios. Esto no es nuevo: otros gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Funes, que precedió a Bukele, fueron acusados de negociar la reducción de homicidios a cambio de crearles condiciones favorables.

  No está muy claro cuál fue el contenido del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas, pero según las investigaciones que se han dado a conocer, incluía beneficios para los líderes de las pandillas, que recibían trato preferencial en las prisiones y tenían la garantía de que no serían extraditados a los Estados Unidos.

  Mientras esto se mantuvo, hubo una reducción dramática de los homicidios, de más de 10 por día hasta casi cero. Pero en un momento ese pacto se rompió, y durante un fin de semana hubo una ola de violencia que llegó a más de 80 asesinatos, algo inédito en la historia de El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. Esto fue el desencadenante de la actual “guerra contra las pandillas”. El 27 de marzo de 2022, es decir hace exactamente un año, el gobierno declaró un estado de excepción que luego prorrogó una y otra vez. El argumento fue que para combatir a las pandillas era necesario limitar derechos, en particular la libertad de movimiento en ciertos territorios, y eventualmente en todo el país. Y efectivamente, el programa de detenciones masivas e indiscriminadas ha resultado nuevamente en la baja de la tasa de homicidios a mínimos históricos, pero al costo de violaciones masivas de derechos.

  ¿Qué tipos de violaciones de derechos humanos se han documentado en el marco de la “guerra contra las pandillas?

  La presidencia ha reconocido que hay un “margen de error”, que el gobierno estima en un 1%, de personas que son inocentes y que han sido detenidas bajo la acusación de pertenecer a pandillas. Pero esas detenciones arbitrarias e injustificadas no son un error: son parte de la política del gobierno.

  Si vas a las comunidades, te das cuenta de que persisten todas las condiciones estructurales que llevaron a la formación de las pandillas. Las pandillas tenían control del territorio porque tenían la capacidad de llegar adonde el Estado no llegaba y daban un espacio en sus estructuras a personas jóvenes sin ninguna otra forma de inserción social.

  En vez de hacer algo para mejorar la situación de esas comunidades, el gobierno está criminalizando a las poblaciones empobrecidas, que han sido históricamente asediadas por las pandillas. Alrededor de esas zonas catalogadas como “peligrosas” ahora hay cercos militares, y el ejército o la policía, según el caso, puede detener a cualquier persona que considere sospechosa por cómo se viste, por dónde vive o por no tener un empleo fijo, sin respetar las garantías constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso. Te pueden detener porque el gobierno ha instalado la noción de que el policía y el soldado son “jueces de calle”: tienen poder de decisión y no puedes reclamar nada por tus derechos.

  Ha habido más de 3,000 denuncias sobre este tipo de detenciones, y cabe imaginar que, sobre las más de 70.000 personas detenidas, hay un subregistro de las detenciones arbitrarias. Tenemos casos documentados de personas que han sido detenidas arbitrariamente cuando iban a su trabajo, e incluso de personas que las han ido a sacar de su trabajo, porque se ha instalado la denuncia anónima: cualquiera te puede denunciar por sospechas de colaboración con las pandillas mediante una llamada anónima.

  Esto ha resultado en la criminalización de quienes viven en estas zonas. Esto no es nuevo, no empezó con este gobierno, pero se ha intensificado porque está muy presente en el discurso de un presidente que es muy popular, y mucha gente lo acepta como cierto. Además, se ha extendido territorialmente: antes el foco estaba en las zonas urbanas históricamente controladas por pandillas, pero ahora se ha extendido a las comunidades rurales.

  Las personas detenidas son sometidas a procesos judiciales en los que la fiscalía reclama medidas de privación de libertad con el argumento de que son personas sin arraigo, ya que no tienen propiedades a su nombre ni empleo formal, de donde deducen no solamente que tienen alto riesgo de fuga, sino que además consiguen sus ingresos mediante la colaboración con las pandillas.

  Básicamente, la justicia está consagrando la idea de que la pobreza es un delito en El Salvador, algo inaceptable si consideramos que es parte del mismo sistema que reproduce los patrones de pobreza y desigualdad en que viven estas personas.

  En este marco, las personas defensoras de derechos humanos que son parte de o trabajan con esas comunidades excluidas están siendo específicamente atacadas. Es decir, se está usando el régimen de excepción para perseguir a activistas que trabajan sobre el tema del derecho al medio ambiente, la alimentación, a la tierra y el agua.

  Un caso resonante ha sido el de Levi César Morales Ramírez, un joven indígena de 21 años, hijo de un líder social de una comunidad nahuat pipil en el occidente del país. Levi César fue capturado en noviembre de 2022 junto a dos de sus tíos, cuando se dirigían a realizar labores agrícolas. En febrero de 2023 tuvieron una audiencia de revisión de medidas solicitada por su familia y por la organización de la sociedad civil (OSC) que acompaña su caso, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Por presiones del gobierno, la jueza rechazó la adopción de medidas sustitutivas a la detención argumentando que no se podía acreditar el arraigo del joven ya que no tiene bienes a su nombre ni cuenta con un empleo formal.

  En la actualidad el país carece de un marco de políticas públicas robustas de prevención, participación, protección y reinserción de las juventudes. El aparato del Estado sólo ofrece como opción la represión. El enfoque punitivo es la contrapartida de su negligencia y su incapacidad para garantizar los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a lo largo del ciclo de vida de las personas.

  ¿Está el gobierno abusando de las facultades que le otorga el estado de excepción para perseguir otros fines?

  Efectivamente, casos como el de Levi César no caben dentro de lo que el gobierno considera un “margen de error” aceptable en su “guerra contra las pandillas”. El estado de excepción está siendo muy útil para el propósito del presidente de acumular poder sin ningún control. Por ejemplo, bajo el estado de excepción toda la información ha sido declarada reservada. Todos los procesos de compra y adjudicación han sido hechos a un lado y se hacen compras directas de servicios y bienes, totalmente discrecionales, con la excusa de que el Estado necesita mantener en reserva la información porque hay una guerra contra las pandillas. Esto ha dado rienda suelta a la corrupción dentro del aparato estatal.

  En el fondo, la guerra contra las pandillas es una excusa para muchas otras cosas. Más que una verdadera política de seguridad, lo que tiene el gobierno es una estrategia electoral. La seguridad nunca fue el foco del programa de Bukele: su plan de gobierno, el Plan Cuscatlán, apenas contenía declaraciones muy generales sobre el tema seguridad, que además estaban centradas en la necesidad de garantizar seguridad jurídica a las empresas, y en cambio se enfocaba en una serie de “proyectos insignia”, megaproyectos que incluían la llamada “Bitcoin City”, una suerte de paraíso fiscal para las criptomonedas y la tecnología blockchain, que tendría su propio aeropuerto y línea férrea, y un proyecto turístico llamado Surf City, un circuito de playas a lo largo de la costa del país. Su objetivo declarado era convertir a El Salvador en un centro global de turismo y negocios, la “Singapur de América”.

  El mandato de Bukele termina en 2024 y de todos sus proyectos insignia no ha concretado ninguno. Ahora necesita mostrar éxitos en la política de seguridad, aunque sean efímeros, para quedarse en el poder aún contra lo que establece la constitución, que prohíbe la reelección inmediata. Así que toda su propaganda pasa por decirle a la gente que, si quiere que el “clima de paz y tranquilidad” continúe, y que todos los criminales que él encerró no vuelvan a salir a la calle, deben volver a votarlo a él, que es el único que puede garantizarles seguridad.

  Asimismo, se escuda en la pandemia para justificar que sus proyectos insignia no avanzaron, para lo cual reclama un nuevo período en el que sí se podrán concretar. Cuando en realidad, la pandemia le vino como anillo al dedo, porque la declaración de la emergencia sanitaria le dio un enorme margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos que le permitió invertir en sus estrategias políticas. Esto se reflejó en las elecciones legislativas de 2021, en las cuales se quedó con 56 de los 84 diputados. Eso significa que ahora tiene mayoría absoluta para aprobar cualquier ley – al costo de que ya no existan garantías constitucionales ni institucionales para nada ni para nadie.

  ¿Piensas que Bukele conseguirá la reelección?

  El camino lo tiene allanado. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que él nombró luego de que la Asamblea Legislativa que él domina destituyera a cinco de sus magistrados, interpretó que la Constitución de El Salvador, que prohíbe expresamente la reelección para dos mandatos consecutivos, en realidad la permite.

  Estando habilitado a presentarse, seguramente ganará. En un país con una cultura cívica y democrática tan débil, encuentras mucha gente que admite que se están cometiendo injusticias y violaciones de derechos, pero considera que, si ese es el precio a pagar por la eliminación de las pandillas, sigue valiendo la pena. Encuentras incluso personas que tienen familiares o personas muy cercanas que han sido detenidas pero que aceptan el discurso del gobierno de que son errores y consideran que lo que está haciendo el gobierno está bien – a lo sumo expresan que lo podría haber hecho con más cuidado, utilizando mejor la inteligencia del Estado disponible para no capturar personas inocentes.

  En general, hay una gran aceptación de que las cosas son así. Y entre quienes no aceptan las explicaciones del gobierno, lo que predomina es el temor. El gobierno ha acumulado mucho poder y si expresas una opinión disonante puedes ser considerado enemigo del país, agente extranjero, y te pueden detener y dejar preso, sobre todo si te identificas como persona defensora de derechos humanos.

  Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Bukele arrasaría. Pero pienso que lo haría en un contexto de creciente abstencionismo. Nosotros hacemos mucho trabajo territorial, conocemos cientos de estructuras territoriales que votaron por él por desencanto con los partidos tradicionales, y mucha gente nos ha dicho que no va a ir a votar porque no está de acuerdo con lo que está haciendo, pero no hay otras opciones. Es decir, el abstencionismo va a beneficiar a Bukele: mucha de la gente que vote, va a votar por él, y la gente que no quiere votar por él, en su mayoría no va a ir a votar.

  ¿Qué puede hacer la sociedad civil para resistir esta regresión autoritaria?

  La historia de los autoritarismos nos dice que esto también pasará. Bukele no va a ser eterno: en algún momento ya no va a estar, y por eso tenemos que monitorear y documentar todo. Necesitamos construir la memoria histórica de lo que está pasando, documentar todas las violaciones de derechos humanos y darles visibilidad internacional, porque al fin y al cabo este gobierno está tratando de crearse una imagen internacional de artífice de un milagro económico, y no podemos dejar que esa sea la imagen que prevalezca.

  La sociedad civil tiene que defender la democracia de los atropellos de un gobierno que se dice democrático por el hecho de que todas las decisiones que está tomando las está tomando con el respaldo de la mayoría. Al fin y al cabo, puede tomar las decisiones que quiera porque tiene una abrumadora mayoría legislativa y una gran popularidad que se confirmaría si hoy hubiera nuevas elecciones presidenciales. Este es un discurso muy dañino porque mucha gente comienza a cuestionarse si acaso la democracia es esto: que en una democracia el gobierno pueda violar tus derechos.

  Las OSC continuaremos en las comunidades educando a la ciudadanía, preparando a la gente para la participación cívica y democrática, insistiendo en la importancia de los frenos y contrapesos institucionales, mostrando que la concentración de poder en una sola persona no es la vía para la solución de nuestros problemas. Parafraseando a Monseñor Romero, seguiremos caminando con el pueblo, porque el abandono de las comunidades nos ha salido caro.

  Sin embargo, sabemos que enfrentaremos crecientes dificultades en este trabajo, porque el gobierno lleva mucho tiempo diciéndole a la gente que las OSC son enemigas del gobierno, y que dado que el gobierno representa los intereses del pueblo, pues las OSC son enemigas del pueblo.

  Antes de que las cosas mejoren todavía van a seguir empeorando. Creo que cuando asuma su segundo mandato vamos a ver una cara mucho más feroz de Bukele. Va a tomar medidas impopulares, como ajustes fiscales bastante regresivos, porque el margen de maniobra que le dan las finanzas públicas es cada vez menor. Y lo va a hacer en un contexto en el que no hay prácticamente una red de seguridad y protección social. Va a tratar de avanzar con megaproyectos de infraestructura y turismo, con impactos muy fuertes a nivel local, incluyendo desplazamientos forzados de comunidades y daños ambientales severos. La represión a la sociedad civil va a aumentar.

  Pero sabemos que no podemos hacer cualquier cosa con tal de sacar a Bukele. Yo tengo esperanza, pero con un optimismo de largo plazo. Tenemos que enfocarnos en promover la participación democrática. Bukele no es lo peor que nos podría pasar: si no apostamos a la profundización de la participación democrática, podría sobrevenir algo peor. Debemos mantenernos alertas y trabajar mucho con las comunidades porque en política, el espacio vacío no existe. Si se abandonan las comunidades, siempre habrá un oportunista que vendrá a aprovecharse.

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• GUATEMALA: ‘El derecho penal es utilizado como arma de persecución política’

  CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.

  Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.

• GUATEMALA: “El acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes”

  En el Día Mundial de la Libertad de Prensa CIVICUS conversa con Carlos Ernesto Choc, un periodista maya Q’eqchi’ con casi dos décadas de trayectoria, acerca de la criminalización del periodismo y los medios en Guatemala.

  ¿En qué condiciones trabajan los periodistas en Guatemala?

  Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala son bastante difíciles. Enfrentamos la persecución penal del Ministerio Público y amenazas que provienen de diversos actores, incluidos funcionarios públicos que enfrentan cuestionamientos o son investigados por los periodistas. Las campañas de difamación contra periodistas también son muy graves.

  Internet y las redes sociales están plagadas de trols que mandan mensajes amedrentadores y difamatorios. Desprestigian el trabajo periodístico y luego las agresiones vienen naturalmente. Éstas llegan a provenir incluso del Estado, y en particular de agencias de seguridad pública. La Policía Nacional Civil agrede a los medios y a los periodistas tanto en el contexto de manifestaciones como en otros momentos y lugares en que no quieren que se transmita lo que ocurre para preservar la impunidad por delitos o violaciones de derechos perpetradas en los territorios.

  Desde 2015 a la fecha las agresiones contra la prensa no han hecho más que escalar. Ahora ya no solamente te persiguen penalmente, te acosan judicialmente, te amenazan, intimidan y difaman, sino que también te encarcelan. Para hacerlo, te imputan delitos que se usan para combatir al crimen organizado, tales como el de asociación ilícita, como es mi caso, o lavado de dinero, como en el caso de mi colega Rubén Zamora. O sea, nos acusan como criminales y nos procesan penalmente con acusaciones de estar vinculados con el crimen organizado, de liderar invasiones de tierra o de instigación a delinquir. Son claramente acusaciones fabricadas, por lo que se trata de detenciones ilegales, sin sustento. No tienen cómo probar sus acusaciones, pero mientras tanto uno es sometido a largos procesos penales.

  Si bien todos los y las periodistas estamos vulnerados ahorita en este país, somos particularmente vulnerables quienes investigamos el tema de la agresión al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y temas vinculados con el narcotráfico y la corrupción. Son temas realmente complicados y hay quienes los investigan desde el anonimato porque muchos han sido asesinados – el más reciente, Eduardo Mendizabal, hace poco más de un mes.

  La situación se complica cada día más y ha habido periodistas comunitarios que han optado por emigrar y dejar de ejercer la labor periodística. Es triste ver a los colegas que se van yendo, y bajo el actual gobierno son cada vez más. Yo mismo no me veo en el exilio, pero lo considero una opción de última instancia.

  ¿En qué situación te encuentras tras el proceso de criminalización que has experimentado?

  El mío ha sido un caso de persecución penal con el que han intentado censurarme. Comenzó en 2017 cuando investigaba la contaminación del lago de Izabal. Estaba documentando las protestas de pescadores contra la minería y capté el momento exacto en que un manifestante era asesinado por disparos de la Policía Nacional Civil. La acusación en mi contra vino de la empresa minera, una compañía de capital ruso basada en Suiza, Solway Investment Group. En agosto de 2017 tuve una orden de captura. Una audiencia tras otra fueron suspendidas y mi primera declaración fue escuchada en enero de 2019, cuando me dieron una medida sustitutiva.

  Cuanto tienes medida sustitutiva de prisión estás libre bajo ciertas condiciones: quedas atado a la obligación de firmar un libro en el Ministerio Público cada 30 días y tienes prohibido estar en ningún sitio donde se vendan bebidas alcohólicas, entre otras cosas. La fuerza pública, la policía, las autoridades están pendientes de donde estés y esperan que cometas algún incumplimiento para poder procesarte. Yo veo a estas medidas sustitutivas como formas de castigo que implican restricciones y limitaciones a tu derecho tanto de informar como de ser informado.

  En enero de 2022 tuve otro proceso penal, acusado por la Policía Nacional Civil de instigar a la violencia durante una protesta de comunidades indígenas en Izabal contra la mina a cielo abierto en activo más grande del país, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de Solway. Trece agentes de policía me acusaron de haberlos agredido físicamente a ellos, cuando todo lo que yo hacía era documentar el momento en que las fuerzas de seguridad reprimían a los pobladores con gas lacrimógeno. Desde entonces ya no pude ejercer mi trabajo como periodista, ni desplazarme libremente, hasta que mis abogados lograron probar frente al juez que realmente soy un periodista y no un criminal. En septiembre se levantaron los cargos en mi contra. Ha sido muy agotador: el acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes.

  ¿Qué estrategias han adoptado para poder seguir trabajando?

  Las estrategias para romper la censura se renuevan día a día, y están muy centradas en la seguridad no solamente física sino también digital, y en particular en la seguridad de los archivos. También es muy importante la articulación local, nacional e internacional entre las y los periodistas y los medios alternativos e independientes.

  Estas articulaciones han hecho posibles trabajos como Sangre Verde, publicado en 2019, y Secretos Mineros, publicado en 2022. Ambos fueron liderados por Forbidden Stories, una organización con sede en Francia que apoya la publicación del trabajo de periodistas que enfrentan en sus países amenazas, criminalización y violencia. El primero fue el resultado de una investigación realizada en tres países de tres continentes: Guatemala, India y Tanzania, y analiza las tácticas de la industria minera para criminalizar a quienes se oponen a sus prácticas y obstaculizar el trabajo periodístico. La segunda surgió de la filtración de una enorme cantidad de archivos internos de Solway sobre el funcionamiento de su proyecto minero Fénix en Izabal. Un consorcio de 20 medios de 15 países del mundo hizo una investigación con información corroborada por 65 periodistas, incluido el equipo de Prensa Comunitaria que yo integraba.

  De lo que se trata es de encontrar la forma de seguir haciendo el trabajo que uno está haciendo. Igual que muchos otros, yo hago periodismo por pasión y por convicción. No espero un premio o un reconocimiento internacional: sé que lo que estoy haciendo va a ayudar mucho a mi comunidad y a la sociedad en general. Considero que visibilizar el daño al medio ambiente y las violaciones de derechos humanos es muy importante.

  ¿Qué tipo de apoyos reciben actualmente periodistas y medios comunitarios de Guatemala, y qué apoyos adicionales necesitarían?

  Recibimos apoyo sobre todo bajo la forma de acompañamiento: acompañamiento jurídico, acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y acompañamiento de la propia comunidad y de las autoridades comunitarias que respaldan nuestro trabajo.

  Esto es muy importante, pero hay mucho más por hacer. Una de las situaciones que experimentamos los y los periodistas criminalizados o en situación de riesgo es la dificultad para sobrevivir económicamente y mantener a nuestras familias, por lo que es importante el apoyo económico. Lo mismo pasa con el apoyo en materia de salud, porque hay momentos en que por las situaciones que vives, el cuerpo ya no te responde. Finalmente, es importante la provisión de espacios de intercambio con otros colegas periodistas. Ayuda mucho conocer las experiencias de otros.

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  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”

  CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.

  Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.

  ¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?

  En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.

  En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.

  ¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?

  En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.

  Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.

  No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.

  La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.

  Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.

  Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.

  ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?

  Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.

  Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.

  ¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?

  La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.

  Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.

  El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.

  Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.

  ¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?

  La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.

  En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.

  La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

  Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.

  ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?

  Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.

  El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.

  El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.

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• GUATEMALA: “Nuestra democracia corre riesgo en manos de redes político-criminales”

  CIVICUS conversa con Evelyn Recinos Contreras acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.

  Evelyn es ex investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ex asesora de la fiscal general de Guatemala. Actualmente vive en el exilio a causa de su activismo por los derechos humanos.

  ¿Cuál es la situación del espacio cívico en Guatemala?

  El espacio cívico en Guatemala se encuentra gravemente amenazado. Para entenderlo mejor hay que saber que, como consecuencia del conflicto armado, el tejido social está roto. Es difícil hablar de un involucramiento ciudadano de base. Los sectores que durante décadas sirvieron de motor de cambio social, como el magisterio, el sindicalismo y los estudiantes de institutos y de la universidad pública, fueron golpeados irreparablemente por la violencia.

  De todos ellos probablemente el único sector de base que actualmente está organizado son los pueblos mayas indígenas, en lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales. Y en la ciudad, las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos y por la democracia, que organizaron su trabajo alrededor del fortalecimiento de las instituciones democráticas, con fuerte énfasis en el tema de la justicia.

  Son precisamente esos sectores los que están siendo golpeados nuevamente mediante el autoritarismo y la violencia estatal. En el interior del país miles de lideresas y líderes comunitarios están siendo criminalizados y comunidades enteras tienen órdenes de captura y son amenazadas con procesos penales. Similar situación se vive a nivel urbano donde el sistema de justicia ha sido capturado por redes político-criminales que utilizan las plataformas del Estado para financiar sus empresas criminales y amedrentar a operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y activistas que luchan por los derechos humanos y el fortalecimiento del espacio cívico y la democracia.

  Las redes de corrupción e impunidad afectan al propio espacio democrático, como lo evidencia el hecho de que se impidiera la inscripción de candidaturas y la participación en las elecciones de personas como Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos.

  ¿Cuáles son las causas de la erosión democrática que vive Guatemala?

  La erosión democrática en Guatemala se debe a que redes político-criminales han tomado las instituciones y las usan para perseguir sus intereses, no para el bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Pero ha sido un proceso gradual y casi imperceptible. Se han debilitado varias instituciones clave, como la Policía Nacional Civil, que se encarga de dos tareas principales: prevenir el delito y mantener la seguridad ciudadana, y colaborar en investigaciones criminales. Durante años la sociedad civil trabajó con los mandos policiales para construir una institución al servicio de la seguridad democrática, de modo que su labor sirviera para procurar un espacio cívico en el que las y los ciudadanos pudieran gozar de sus derechos fundamentales y vivir una vida digna sin violencia. Pero partir de 2017 hemos visto un debilitamiento de la institución, el despido de mandos y el mal uso de sus recursos.

  En el poder judicial encontramos problemas similares. Las altas cortes no han llevado a cabo el proceso normal de alternancia, es decir que no han realizado las elecciones de nuevos magistrados, pero además las dos últimas elecciones que se realizaron fueron denunciadas e investigadas por actos de corrupción. El Ministerio Público también ha sido debilitado por efecto de una política de persecución penal y criminalización de operadores de justicia, que además ha hecho que se dejara de lado la investigación de delitos contra la vida, la violencia contra la mujer y contra el patrimonio que golpean duramente a la ciudadanía. Los índices de violencia e inseguridad en Guatemala son prácticamente tan elevados como los que se viven en países con conflictos armados internos.

  ¿Considera que la lucha contra la corrupción en Guatemala ha fracasado?

  Es muy difícil responder en términos absolutos sobre el éxito o fracaso de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Creo que los casos que se llevaron a juicio tuvieron el sustento de pruebas y se respetó el debido proceso. En ese sentido fueron exitosos. Pero esto era solamente una parte de la lucha contra la corrupción, ya que el derecho es una plataforma limitada. El daño a la sociedad ya estaba hecho, los recursos ya se habían perdido.

  La lucha contra la corrupción solo tiene verdadero éxito cuando hay un involucramiento social que conlleva un escrutinio de la función pública y reclama rendición de cuentas. A eso, tristemente, aún no hemos llegado.

  Para quienes se han involucrado en la lucha contra la corrupción, las consecuencias negativas han sido evidentes. Fiscales, jueces y juezas, personas defensoras, activistas, lideresas y líderes comunitarios son perseguidos con acusaciones infundadas y empujados al exilio. Eso transmite un mensaje contundente de temor a la sociedad guatemalteca. Pero estoy convencida que la lucha no acaba aquí. Nos merecemos un país en el que todas y todos podamos vivir con libertad y dignidad. Los pueblos mayas llevan resistiendo por más de 500 años, creo que son nuestro mejor ejemplo.

  ¿Piensa que de esta elección podría surgir un cambio positivo?

  Creo que hay esperanza. La ciudadanía demostró que está cansada de los mismos actores oscuros que durante años han encarnado a intereses económicos voraces que explotan pueblos y territorios y usan la discriminación, la doble moral y la violencia estructural.

  La llegada a la segunda vuelta electoral del binomio del partido Semilla, nacido después de las protestas ciudadanas anticorrupción de 2015 y que reúne muchas personas que nunca participaron en partidos políticos, es una evidencia del deseo de cambio. La ciudadanía rechazó a los típicos actores políticos que representan intereses económicos arcaicos y encarnan formas de hacer política autoritarias y corruptas.

  Para que el cambio realmente se materialice, necesitamos que la comunidad internacional vuelva los ojos a Guatemala. El riesgo que corre nuestra democracia en manos de redes político-criminales no debe pasar desapercibido. Necesitamos que la comunidad internacional llame la atención y se pronuncie sobre la situación de nuestro país, porque la violación de los derechos humanos de los y las guatemaltecas nos afecta a todos como humanidad.

  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

  
  

   

  
  
  

• HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”

  CIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

  ¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

  El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

  El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

  Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

  Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

  El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

  Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

  En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

  En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

  La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

  En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

  De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

  ¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

  Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

  Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

  En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

  El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

  Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

  Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

  ¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

  Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

  En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

  Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

  ¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

  A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

  En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

  La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

  Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

  ¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

  El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

  Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

  En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

  ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

  El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

  Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

  El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
  Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. 

• JAMAICA: “Tras 20 años de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+”

  CIVICUS conversa con Karen Lloyd, directora asociada de J-FLAG, sobre la situación de las personas LGBTQI+ en Jamaica y la significación de un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabiliza al gobierno jamaiquino de la violación de derechos. J-FLAG es una organización de derechos humanos y justicia social que defiende los derechos, la vida y el bienestar de las personas LGBTQI+ en Jamaica.

  ¿Cuál es la situación de las personas LGBTQI+ en Jamaica?

  La discriminación basada en el género y la sexualidad sigue siendo preocupante y afecta a las personas de muchas maneras, ya que dificulta su derecho al trabajo, a la educación y a la salud, e incluso los derechos a la vida y la igualdad ante la ley. La ley no protege a las personas de la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo está penalizada.

  En abril de 2011, el gobierno jamaiquino aprobó la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, pero los llamamientos para que incluyera garantías de no discriminación por orientación sexual e identidad de género no fueron escuchados. La Encuesta Nacional de 2012 sobre Actitudes y Percepciones hacia las Relaciones entre Personas del Mismo Sexo, encargada por J-FLAG, reveló que una de cada cinco personas en Jamaica respetaba a las personas LGBTQI+ y apoyaba la inclusión de la orientación sexual como motivo de no discriminación. Además, aproximadamente un tercio de la población creía que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para proteger a las personas LGBTQI+ de la violencia y la discriminación.

  Las personas que integran la comunidad LGBTQI+ jamaiquina se ven sistemáticamente privadas de sus derechos humanos y sufren discriminación, exclusión, ataques violentos, abusos policiales, falta de empleo y una clara falta de protección legal, entre otros problemas generalizados. Muchas personas LGBTQI+ viven con miedo debido a las políticas, leyes y actitudes discriminatorias y a la falta de voluntad política para proteger sus derechos humanos. Desde 2009, J-FLAG recibió más de 600 denuncias de casos de abuso y violencia, y la Encuesta Nacional realizada en 2015 reveló que apenas el 12% de la ciudadanía manifestaba tolerancia hacia las personas LGBTQI+.

  Un informe de 2016 reveló que de 316 jamaiquinos LGBTQI+, el 32% informó haber sido amenazado con actos de violencia física en los cinco años precedentes y el 12% dijo haber sido agredido; el 23,7% informó que había sido amenazado con violencia sexual y el 19% haber sido agredido sexualmente. Sin embargo, el 41% no había denunciado estos incidentes porque creía que la policía no haría nada al respecto, y el 30% consideró que lo ocurrido no era lo suficientemente importante. Uno de cada cuatro temió una reacción homofóbica de la policía y uno de cada cinco se sintió demasiado avergonzado y prefirió que nadie se enterara.

  Esta realidad se ve agravada por la homofobia y la transfobia, así como por las leyes que criminalizan la intimidad homosexual entre hombres, una legislación antidiscriminatoria débil y en gran medida inaccesible, una débil protección contra la violencia sexual y doméstica y la falta de reconocimiento legal de las relaciones entre personas del mismo sexo.

  En febrero de 2021, la CIDH publicó un informe sobre los derechos del colectivo LGBTQI+ en Jamaica. ¿Cuál fue su relevancia?

  Varios artículos de la Ley de Delitos contra la Persona (OAPA, por sus siglas en inglés), que data de 1864, prohíben las actividades sexuales entre hombres. Su artículo 76 tipifica como delito la sodomía, su artículo 77 tipifica como delito a todo intento de sodomía y su artículo 79 tipifica como delito los actos de indecencia grave, que pueden incluir besos, cogidas de mano y otros actos de intimidad entre hombres. Los hombres condenados por sodomía se enfrentan a un máximo de 10 años de trabajos forzados. Esta y otras leyes relativas a delitos sexuales que preceden a la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales están protegidas de desafíos legales fundados en derechos.

  En los casos examinados por la CIDH, los peticionarios -el Sr. Gareth Henry, que es gay, y la Sra. Simone Edwards, que es lesbiana- alegaron que, al seguir criminalizando la actividad sexual privada consentida entre varones adultos y al proteger a estas leyes de toda impugnación, Jamaica estaba contraviniendo su obligación asumida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sostuvieron que esto contribuía a perpetuar la cultura de homofobia violenta de Jamaica y animaba al Estado y a la población en general a perseguir no solamente a los hombres homosexuales, sino también a la comunidad LGBTQI+ en su conjunto. Ambos afirmaron que habían sido víctimas de ataques homofóbicos. 

  El informe de la CIDH concluyó que el gobierno jamaiquino era responsable de estas violaciones de sus derechos. Lo último que supimos fue que el departamento del fiscal general había reconocido la decisión y estaba preparando una respuesta. Para la sociedad civil, el informe reforzó los llamamientos en curso a enmendar la OAPA y pasó a formar parte de la incidencia legislativa para lograr el cambio legal. Sin embargo, los esfuerzos de incidencia con legisladores han seguido siendo difíciles, ya que éstos no quieren que se los asocie públicamente con un llamamiento a derogar la OAPA, en previsión de una posible reacción de grupos extremistas religiosos y de algunos segmentos de la ciudadanía.

  ¿Cómo trabaja el J-FLAG para intentar mejorar la situación?

  J-FLAG es la principal organización de derechos humanos y justicia social jamaiquina que aboga por los derechos, los medios de vida y el bienestar de las personas LGBTQI+ en Jamaica. Nuestro trabajo apunta a construir una sociedad que respete y proteja los derechos de todas las personas. Nuestra dirección y nuestro personal están comprometidos con la promoción del cambio social, el empoderamiento de la comunidad LGBTQI+ y el fomento de la tolerancia y la aceptación hacia las personas LGBTQI+. Promovemos los valores de la inclusión, la diversidad, la igualdad, la equidad y el amor. Estos valores están en el centro de todo lo que hacemos, ya que buscamos convertirnos en agentes eficaces de cambio social.

  Para lograr nuestros objetivos, trabajamos en cuatro áreas principales. En primer lugar, tratamos de mejorar la prestación de servicios sanitarios no discriminatorios, de involucrar a las principales partes interesadas para hacer frente a la discriminación relacionada con el empleo y de ofrecer a los y las jóvenes LGBTQI+ una organización enfocada en las cuestiones que afectan directamente sus perspectivas de vida.

  En segundo lugar, tratamos de aumentar la participación en los procesos de desarrollo y revisión de políticas, empoderando a la juventud LGBTQI+ y a los y las líderes juveniles y aumentando la colaboración entre jóvenes LGBTQI+ que participan en organizaciones juveniles convencionales.

  En tercer lugar, creamos paquetes de servicios para jamaiquinos LGBTQI+ con el objetivo de aumentar su acceso a información y asesoramiento, reducir el número de personas sin hogar, incrementar el acceso a servicios sociales no discriminatorios, habilitar el acceso a un ocio seguro y alentar la creación de redes.

  En cuarto lugar, defendemos los derechos humanos de las personas LGBTQI+ legitimando las necesidades de la comunidad, sensibilizando a la población y a los parlamentarios en materia de derechos humanos, estigma y discriminación, aumentando la capacidad de los y las líderes LGBTQI+, de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de otras partes interesadas y titulares de obligaciones para que estén mejor equipados para responder a las necesidades de las personas LGBTQI+, y aumentando la visibilidad de las experiencias y los problemas que les afectan. 

  ¿Cuáles han sido sus principales logros y lecciones aprendidas hasta ahora? 

  Nuestros logros en la última década incluyen la formación de más de 700 trabajadores de la salud, en colaboración con el Ministerio de Salud y Bienestar, sobre cómo tratar a pacientes LGBTQI+; exitosas campañas en los medios de comunicación, tales como We Are Jamaicans (“Somos Jamaiquinos”), #iChooseLove (“Yo elijo el amor”) y #OutLoudJA (“En vos alta”), que buscaban concientizar a la ciudadanía sobre la situación y los derechos de las personas LGBTQI+; nuestras celebraciones públicas del Orgullo; cuatro encuestas nacionales sobre las actitudes y percepciones de la ciudadanía sobre las personas y los temas LGBTQI+; la provisión de apoyo en desarrollo de capacidades para OSC y líderes juveniles; y la producción de numerosas investigaciones y publicaciones sobre temas LGBTQI+.

  Desde nuestro evento inaugural del Orgullo en 2015, todos los años Jamaica ha tenido celebraciones durante el período de la “Emancipendencia”, que incluye celebraciones en conmemoración tanto del fin de la esclavitud como de la independencia del dominio colonial británico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Orgullo de Jamaica ha sido conceptualizado e implementado en forma adaptada al contexto cultural; por ejemplo, no incluye un desfile y en cambio adopta la forma de un conjunto diverso de eventos y actividades que son relevantes para los jamaiquinos, entre las que se cuentan una jornada de deportes, un servicio religioso, una feria comercial, un concierto, eventos festivos y una jornada de servicio. En nuestro Orgullo inaugural de 2015, la oradora principal de la ceremonia de apertura fue la alcaldesa de Kingston, la Dra. Angela Brown-Burke, que constituyó una señal de que la comunidad tenía aliados en la cúpula política y parlamentaria.

  Otro éxito ha sido contar en los actos del Orgullo con la participación de artistas de renombre, como Tanya Stephens, D'Angel, Jada Kingdom, Tifa, Ishawna, Yanique Curvy Diva y Stacious. Esto enfocó la atención nacional en nuestras celebraciones y supuso un cambio positivo en relación con espacios culturales que habían sido muy disputados.

  Por primera vez este año, J-FLAG no estuvo al frente de la organización de todos los actos del Orgullo, sino que proporcionó apoyo financiero y logístico a integrantes de la comunidad para que lideraran sus propios actos. Bautizada como #PrideShare (“Orgullo compartido”), la iniciativa contó con actos dirigidos por miembros de la comunidad, incluidos eventos artísticos y una batalla de sincronización de labios, cuyo éxito indicó que nuestros esfuerzos constituyen un paso en la dirección correcta.

  Tras 20 años de labor de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+ y se observa un aumento de la tolerancia pública y una creciente voluntad entre representantes parlamentarios, líderes políticos y tomadores de decisiones de interactuar con la comunidad LGBTQI+ local, lo cual ha implicado avances en el trabajo con organizaciones y personas defensoras de los derechos LGBTQI+ para mejorar la vida de quienes integran esta comunidad. En particular, J-FLAG ha establecido y sostenido una importante alianza con el Ministerio de Salud que ha permitido formar y sensibilizar a más de 500 trabajadores de la salud para luchar contra el estigma y la discriminación en el sector sanitario.

  A pesar de estos logros, el movimiento se ha visto afectado por la lentitud de las reformas legislativas y políticas, la escasa disponibilidad de espacios para la movilización y la participación de la comunidad, el escaso apoyo financiero para hacer frente a la falta de vivienda y al desplazamiento, y el escaso involucramiento de las personas LGBTQI+ que viven en zonas rurales. J-FLAG, en particular, ha subrayado la necesidad de mayores apoyos para fortalecer los sistemas comunitarios como medio para amplificar los esfuerzos de incidencia y garantizar un mayor alcance y un mayor impacto.

  ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor la lucha de las personas LGBQTI+ en Jamaica, y en el Caribe en general?

  La sociedad civil internacional puede apoyar al movimiento local y regional de muchas maneras. Por ejemplo, puede darnos un asiento a la mesa durante las conversaciones globales y partir de la base de que, en lo que atañe a lo que está sucediendo en nuestras sociedades, nosotros somos los expertos. En la medida de lo posible, también debería respaldar nuestros esfuerzos de financiación con los donantes internacionales. También puede ayudarnos compartiendo buenas prácticas e investigaciones pertinentes y concientizando a un público más amplio sobre los problemas que enfrentamos en Jamaica y en el Caribe.

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• MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”

  CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.

  DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.

  ¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?

  Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.

  El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.

  En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.

  DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.

  Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.

  En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.

  La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.

  DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  ¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?

  Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.

  La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.

  Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.

  Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.

  La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.

  ¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?

  Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.

  La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.

  La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.

  Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.

  Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.

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• MÉXICO: “Las personas defensoras ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida”

  CIVICUS conversa con Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en México, y específicamente de la situación de Kenia Hernández, una defensora indígena criminalizada e injustamente encarcelada.

  El CDHZL es una organización de la sociedad civil del estado de México que acompaña procesos de lucha de comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que buscan una vida digna a través del ejercicio y el reclamo de sus derechos humanos.

  ¿Quién es Kenia Hernández, y por qué está detenida?

  Kenia es una joven mujer indígena amuzga. Tiene 32 años. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo neoliberal. Es abogada de formación profesional, se reivindica feminista y se dedica a la defensa de los derechos humanos, y particularmente a la defensa de personas presas por motivos políticos, a la búsqueda para hallar con vida a personas desaparecidas y al acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.

  Kenia fue detenida el 18 de octubre de 2020, acusada de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia. La acusaron de delitos graves para asegurarse de poder internarla en el penal femenino de máxima seguridad más terrible de todo México.

  El 15 de marzo de 2022 el tribunal de enjuiciamiento de Ecatepec, en el estado de México, determinará si es culpable o inocente en una de las cinco causas penales que existen en su contra. Todas estas causas fueron fabricadas con el exclusivo propósito de aislarla y evitar que siga protestando, además de mandar una señal de castigo ejemplar a todas aquellas personas que ella había logrado articular en un movimiento de corte nacional que cuestionó la concesión privada de las autopistas.

  ¿Es el caso de Kenia parte de una tendencia más amplia a la criminalización de las personas defensoras indígenas en México?

  Efectivamente, el caso de Kenia nos revela que el Estado mexicano tiene una clara política de “pedagogía del escarmiento”, por dos razones.

  Por un lado, manda una señal a las personas que protestan, y particularmente a quienes protestan poniendo de relieve el tema de las autopistas privadas, para que ya no recurran a la manifestación pública como forma de movilización social, porque si lo hacen padecerán como consecuencia un encierro injusto y cruel como el que vive Kenia.

  Por el otro lado, los funcionarios del Estado mexicano tratan de someter y doblegar la voluntad de Kenia, pretenden castigarla por haber protestado pero también vulnerar sus convicciones, limitar su energía y fuerza en la protesta, hacerle saber quién manda y quién obedece. Como ella no se ha sometido continúan manteniéndola en prisión. Saben que si la liberan volverá a su activismo.

  Ambas situaciones son de una gravedad por demás preocupante, porque buscan revertir décadas de luchas sociales y de apertura de espacios democráticos.

  ¿Qué está haciendo la sociedad civil, y particularmente el CDHZL, para conseguir su liberación?

  El CDHZL se dedica a difundir, promover y defender los derechos humanos de pueblos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Defendemos el medio ambiente, la tierra y el territorio, el derecho humano al agua y la cultura indígena. Y nos enfocamos particularmente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ya que en México estas personas ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida.

  Parte de nuestro trabajo consiste en dar defensa legal a personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas por defender pacíficamente algún derecho. En sus diez años de vida, el CDHZL ha ayudado a recuperar su libertad a alrededor de 250 personas.

  Esperamos que pronto Kenia sea una más de ellas. La sociedad civil mexicana ha dado mucha visibilidad a su caso, poniendo en la agenda pública la criminalización de que es objeto e involucrando a actores clave, y en particular a senadores de la República, para convencer a tomadores de decisión relevantes de dejar de criminalizar a Kenia. También hemos tratado de llevar su caso al ámbito internacional, señalando la política punitiva del gobierno federal de México.

  A través de su amplio equipo de abogados y abogadas, el CDHZL ha sostenido una defensa jurídica en los cinco procesos legales contra Kenia, con todo lo que ellos implican: decenas de audiencias, impugnaciones y juicios de garantías, algunos de ellos ganados. Pero claramente esto es mucho más que una lucha jurídica, ya que altos funcionarios se han empeñado en mantener a Kenia en prisión a toda costa.

  ¿No ha habido mejoras en la situación de las personas defensoras indígenas tras el ascenso del actual gobierno de izquierda?

  Nuestra expectativa era que hubiera mejoras en la situación de las personas indígenas, las personas defensoras y los derechos colectivos en general, pero desafortunadamente continúa habiendo un desdén generalizado en el gobierno federal, más allá de su corte de izquierda.

  El gobierno no ha podido o no ha querido sintonizar con las demandas más sentidas de los pueblos originarios. Han continuado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Entre los casos de prisión, el de Kenia Hernández es uno de los ejemplos más lacerantes del uso indebido del sistema penal en contra de una persona defensora, producido bajo este gobierno que se autoproclama artífice de una “cuarta transformación” – un proceso de cambio profundo supuestamente comparable a los de la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917).

  ¿Qué clase de apoyos regionales e internacionales necesita la sociedad civil mexicana en su lucha por los derechos humanos y el espacio cívico?

  Sin duda la observación internacional, muy mal aceptada por el gobierno actual, ayuda y ayudará a recuperar espacios democráticos para la protesta social y la libre manifestación de las ideas.

  Llamamientos al gobierno de la República Mexicana pueden ayudar a sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de respetar los derechos humanos y a quienes los defienden más allá de filiaciones a partidos políticos. 

  La mediación y buenos oficios internacionales serán sin duda una herramienta fundamental para fortalecer a la sociedad civil en los procesos de defensa de derechos humanos, y particularmente en aquellos donde se encuentren en juego la vida y libertad de personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

  El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• NICARAGUA: “El caso de María Esperanza es parte de un proceso creciente de criminalización de la protesta social”

  CIVICUS conversa con Ana Lucía Álvarez, responsable para Nicaragua de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), acerca del caso de María Esperanza Sánchez, injustamente encarcelada en Nicaragua desde marzo de 2020, y acerca de la campaña en curso para obtener su liberación.

  IM-Defensoras es una red de activistas y organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que busca dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Fundada en 2010, busca fortalecer y vincular a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales para fortalecer redes de protección y solidaridad entre ellas y aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de su trabajo por los derechos humanos.

  

  ¿Desde cuándo está María Esperanza en la cárcel, y por qué?

  María Esperanza fue capturada el 26 de enero de 2020. Ella es una activista que estuvo acompañando durante mucho tiempo a familiares de personas presas políticas, y tengo entendido que inició su activismo y su organización a partir del levantamiento ciudadano de abril del 2018. Ella ya era perseguida por lo que estaba en una casa de seguridad. La policía allanó ilegal y arbitrariamente la vivienda, sin orden de allanamiento, y se la llevó. La acusaron de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública. Su caso lo está llevando el abogado Julio Montenegro, dedicado a litigar en casos de criminalización de la protesta y judicialización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. 

  ¿Consideras que el caso de María Esperanza es parte de un ataque más amplio contra el espacio cívico en Nicaragua?

  Definitivamente, hay un proceso creciente de criminalización de la protesta social en Nicaragua. El primer auge de esa criminalización se dio luego de la Operación Limpieza, que terminó aproximadamente en agosto de 2018. Fue una operación pseudo militar realizada por fuerzas policiales y parapoliciales, para desmantelar toda organización de resguardo y protección territorial que la población había levantado a través de barricadas en los barrios y tranques en las calles de todo el país. 

  Terminada la Operación Limpieza, comenzó la criminalización de quienes habían participado en la lucha cívica. Más de 800 personas fueron presas políticas, y luego fueron excarceladas en 2019 por decisión unilateral del gobierno mediante la Ley de Amnistía.

  María Esperanza ya era perseguida, hostigada, vigilada y amenazada desde antes de caer presa por su labor de defensa de los derechos humanos. Su detención y su juicio, al igual que el de muchísimas otras personas, estuvieron plagados de irregularidades. Las violaciones del debido proceso son sistemáticas. En Nicaragua el sistema de justicia está totalmente cooptado, colapsado y controlado por la llamada “pareja presidencial”, constituida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

  ¿Cómo ha seguido la situación de la sociedad civil desde la ola de protestas de 2018?

  En las protestas de 2018 hubo más de 350 personas asesinadas en un lapso de seis meses. El peso simbólico y emocional que tuvo esa cantidad de muertos en un país que ha vivido guerras civiles, dictaduras y levantamientos armados, ha sido tremendo. En Nicaragua nunca ha habido rendición de cuentas, siempre ha habido políticas de borrón y cuenta nueva, lo cual profundiza las heridas.

  Al sufrimiento de los 350 muertos se suman los de las más de 800 personas que fueron presas por motivos políticos, gran parte de las cuales están excarceladas. Decimos “excarceladas”, y no “libres”, porque tras la excarcelación la persecución política no se termina: el hostigamiento sistemático de las fuerzas policiales y parapoliciales continúa, y se constituye en obstáculo para el disfrute de múltiples derechos, tales como el derecho al trabajo.

  Para estas personas, a los efectos de la crisis económica que atraviesa el país se suman las dificultades que trae consigo la persecución política. Muchas veces no pueden salir de su casa porque hay una patrulla afuera, y cuando salen los siguen, consiguen los nombres de sus empleadores y también comienzan a hostigarlos.

  La persecución se da a nivel barrial. El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha establecido diversas estructuras que utilizan para el control territorial mediante la vigilancia y la represión: los Consejos de Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia y los Comités de Liderazgo Sandinista. Si eres una persona opositora o defensora de derechos humanos, siempre habrá algún vecino tuyo que está metido en alguna de esas estructuras e informa al régimen y a la policía de lo que haces, y luego comienzas a recibir persecución, hostigamiento, e incluso puede que detenciones arbitrarias.

  El hostigamiento y la hipervigilancia provocan daños psicológicos no solamente en la persona perseguida sino también en su familia. Eso ha repercutido en el aumento de la emigración, que es un fenómeno dual, causado tanto por la persecución política como por la precarización social. Desde 2018 120 mil personas se han ido de Nicaragua, una cantidad enorme para un país de apenas seis millones de habitantes.

  Las elecciones de 2021 exhibieron abiertamente la falta de legitimidad del régimen. ¿Sobre qué bases se sostiene el gobierno?

  En el contexto de las elecciones de 2021 la persecución no hizo más que exacerbarse. Para poder llevar a cabo la farsa electoral de noviembre, el gobierno encarceló a diez precandidatos y precandidatas presidenciales y a mucha gente con un rol central en el proceso electoral y en la conformación de alternativas. Eso mandó un mensaje muy claro, como consecuencia del cual sigue habiendo mucha autocensura.

  Daniel Ortega ha continuado concentrando y consolidando su poder. Actualmente vivimos bajo un régimen que se ha convertido en totalitario, donde todas las libertades están totalmente restringidas. Esta es la única forma en que el gobierno puede sostenerse, porque no tiene ninguna legitimidad. Por eso la represión y el control social continúan aumentando en vez de disminuir. En ausencia de esos niveles de represión y control social, el altísimo nivel de rechazo popular hacia el régimen le haría imposible mantener el control político.

  En consecuencia, cabe esperar que continúen la represión, el control territorial, la represión barrial, la criminalización de la protesta y la disidencia social y el cierre de espacios para la libertad de expresión y para la libertad de prensa.

  Ahora se ha aprobado un combo de leyes que incluye una Ley de Ciberdelitos. Y ya tenemos al primer preso político condenado por esta ley, que no hace otra cosa que criminalizar la libertad de opinión.

  Lo que busca el gobierno con los presos políticos es tener rehenes. Entre las personas detenidas en los últimos tiempos destacan precandidatos presidenciales, empresarios, banqueros, abogados, activistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno trata de negociar su salida para ganar legitimidad y aprobación internacional.

  Lo cierto es que el gobierno no tiene apoyo internacional. Los únicos líderes extranjeros que asistieron a su toma de posesión fueron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

  ¿Cómo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la recuperación de la democracia y los derechos humanos?

  Hay que amplificar la denuncia de las violaciones y afinar los mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil en Nicaragua ha hecho un tremendo esfuerzo no solamente para documentar las violaciones de derechos humanos sino también para identificar autores y responsables. Dado que el sistema de justicia en Nicaragua está colapsado, y que la sociedad civil está haciendo todo lo que está en sus manos, recae sobre la comunidad internacional la gran responsabilidad de impulsar la rendición de cuentas y el castigo a los responsables.

  El régimen de Daniel Ortega ya no es un proyecto político sino un proyecto económico. El control del Estado le permite disponer de redes de corrupción en su provecho. En función de esto la comunidad internacional debería afinar sus mecanismos, revisando el tema de las sanciones económicas, identificando a las empresas que siguen haciendo negocios, no siempre totalmente lícitos, con el régimen de Ortega. Ya que muchos acuerdos de asociación tienen cláusulas democráticas y anticorrupción, es necesario hacerlos operativos. También deben imponerse sanciones personales a los artífices de la corrupción y de la represión.

  ¿Qué tipo de presión debería ejercerse para lograr la liberación de María Esperanza Sánchez?

  María Esperanza fue condenada a diez años de prisión. Todo lo que ha pasado con ella y con el resto de las personas presas políticos es completamente arbitrario; justamente por eso les consideramos presos políticos. Lo que reclamamos es la liberación incondicional y con garantías de todos ellos. 

  Lo que ocurra con ellos dependerá en gran medida de la fuerza con que logren ejercer presión la oposición y la comunidad internacional, de la correlación de fuerzas que se establezca entre el gobierno de Nicaragua y los movimientos de defensa de los derechos humanos.

  Hay que hacer campañas y seguir presionando. Seguir poniendo el dedo en la llaga de todas las arbitrariedades, ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Todavía sigue habiendo gente en Europa y en otras partes del mundo que piensa que Daniel es aquel antiguo revolucionario idealista, y no el déspota en que se ha convertido. La mejor forma de desenmascarar a dictadores y violadores de derechos humanos es seguir comunicando la verdad sobre la base de evidencia bien documentada.

  El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que identifica a los países donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.
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• NICARAGUA: “El régimen busca aniquilar toda organización autónoma de la ciudadanía”

  CIVICUS conversa con María Teresa Blandón, defensora nicaragüense de los derechos humanos y directora del Programa Feminista La Corriente, una organización de la sociedad civil (OSC) cuya personería jurídica fue recientemente cancelada por el régimen autoritario liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

  

  ¿A qué se debe la renovada ola de represión actualmente en curso en Nicaragua?

  La represión se incrementó en vísperas de las elecciones fraudulentas de 2021, cuando el régimen apuntó específicamente contra los líderes de los principales grupos de oposición que habían estado construyendo alianzas para participar de las elecciones, ya que aun sabiendo que las condiciones eran sumamente adversas insistían en que esta era la salida a la crisis.

  A partir de enero de 2022 el régimen Ortega-Murillo escaló nuevamente su ofensiva, posiblemente a causa de un fallo en sus cálculos políticos: había pensado que una vez consumado el fraude electoral y con la oposición en la cárcel, ésta abdicaría de su rol y el régimen obtendría el aval de la comunidad internacional.

  Pero ninguna de las dos cosas ocurrió: ni la oposición se resignó ni hubo apoyo internacional, sino todo lo contrario: el aislamiento del régimen se profundizó. La oposición nicaragüense mantuvo y mantiene una constante denuncia ante la instalación de un estado policial de facto y reclama la salida del régimen por vías cívicas. Las OSC que lograron mantenerse en el país continuaron denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la represión; de ahí la aprobación de nuevas leyes para despojarlas de su personería jurídica y de sus bienes.

  Ante la falta de legitimidad, el régimen Ortega-Murillo ha profundizado su estrategia de aniquilación de toda forma de organización de la ciudadanía que no se subordine a sus intereses. A la fecha, más de 1.600 OSC han sido eliminadas por la Asamblea Nacional y en muchos casos sus bienes han sido confiscados en el marco de leyes abiertamente violatorias de la Constitución de nuestro país, que establece el derecho a la libre asociación y la prohibición expresa de la confiscación.

  Hasta hace muy poco, la cancelación de personerías jurídicas había estado a cargo de la Asamblea Nacional, pero una nueva ley asignó esta atribución al Ministerio de Gobernación, que ahora tiene el poder absoluto de decidir quiénes tienen derecho a asociarse y quiénes no. El procedimiento es expedito y no existe ninguna instancia de apelación, lo cual habla claramente del nivel de indefensión en que se encuentra la sociedad civil nicaragüense.

  El Poder Judicial ha guardado silencio ante los recursos por inconstitucionalidad presentados en 2021, luego de la aprobación de la Ley de agentes extranjeros que obliga a las OSC que reciben fondos de la cooperación internacional a reportar en detalle sus actividades en un nivel que hace prácticamente imposible su funcionamiento.

  De este modo, el régimen elimina toda forma de participación autónoma, deja a activistas y personas defensoras de derechos humanos en una situación de mayor precariedad, y se hace de los recursos que necesita para continuar con las prácticas clientelares características de su gestión.

  Y es que uno de los problemas que enfrenta el régimen es precisamente la falta de recursos para sostener los proyectos de desarrollo comunitario que llevaban a cabo muchas de las OSC eliminadas. Ya no cuenta con apoyos procedentes de Venezuela y tampoco puede seguir ampliando las empresas familiares que el clan Ortega-Murillo ha construido al amparo del poder. Muchas de estas empresas han sido sancionadas, incluyendo la que tiene el monopolio del combustible, lo que les ha obligado a realizar diversas maniobras para mantenerlas activas. 

  ¿Cuál es el trabajo que hace tu organización?

  El Programa Feminista La Corriente tiene casi 30 años de existencia, y nació con el propósito de contribuir a la generación de pensamiento crítico y alentar nuevas formas de participación de las mujeres en Centroamérica. Durante los últimos 15 años hemos ampliado nuestra labor con jóvenes y colectivos disidentes sexuales y de género.

  Durante todo nuestro recorrido, hemos contribuido a desafiar el heterosexismo, la misoginia y la violencia machista y construido redes vitales para la defensa de derechos. Hemos priorizado temas relacionados con la prevención de la violencia, la maternidad voluntaria, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el respeto de la diversidad sexual y de género.

  Los esfuerzos de investigación de la realidad que viven las mujeres, jóvenes y cuerpos disidentes han sido clave para el desarrollo de programas de formación y comunicación pública. Para nosotras es de vital importancia potenciar la acción colectiva a través de movimientos sociales capaces de pensar y actuar los cambios requeridos por la sociedad nicaragüense. También somos parte de redes y alianzas centroamericanas y latinoamericanas, desde donde contribuimos con procesos de incidencia hacia gobiernos e instituciones globales.

  Precisamente por generar pensamiento crítico y defender derechos, en el mes de mayo del presente año la Asamblea Nacional canceló nuestra personería jurídica y a principios de julio la policía se apropió de nuestras instalaciones.

  ¿Con qué argumentos se ordenó el cierre de la organización?

  En general, los argumentos esgrimidos por los diputados sandinistas que controlan el parlamento incluyen una acusación sin fundamento alguno que coloca a las OSC como posibles lavadoras de dinero por el hecho de recibir dinero de fuentes externas, obviando de manera deliberada que estas fuentes están vinculadas a gobiernos y agencias de cooperación debidamente establecidas. 

  También esgrimen supuestas infracciones burocráticas tales como el vencimiento de juntas directivas, la falta de actualización de estatutos, o simplemente que se habían negado a dar información solicitada por el Ministerio de Gobernación. Sobre esto último, hay que destacar la intervención abusiva de este ministerio, que de acuerdo con la nueva ley obliga a las OSC a presentar información detallada sobre cada una de las actividades a realizar y datos personales de las personas con las que trabajan.

  Tales exigencias desnaturalizan el sentido de las organizaciones no gubernamentales, convirtiéndolas en una extensión del Estado, una clara evidencia del afán totalitario de este régimen. A todas luces se trata de imponer un modelo de control absoluto para lo cual es necesario desarticular toda forma de participación autónoma de la sociedad civil.

  Asimismo, con la cancelación de las OSC que trabajan con sectores de escasos recursos, el régimen pretende retomar el control de lo que supone su base social, a la que intenta recuperar o retener a través de políticas clientelares. En este sentido, han sido eliminadas organizaciones que promueven el acceso a la educación de niños y jóvenes de bajos recursos, atención a necesidades de personas con discapacidad acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra y otros recursos, servicios de salud sexual y reproductiva, y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, entre otras. 

  También se han cerrado OSC que trabajan en el ámbito de la participación ciudadana desde una perspectiva de derechos y con un claro enfoque de defensa de valores democráticos. Han sido declaradas adversarias del régimen y sus representantes han sido objeto de vigilancia, amenazas, exilio y encarcelamiento. También se trata de una suerte de venganza por generar evidencias que desmienten el discurso oficial y denunciar la violación sistemática de derechos por parte del régimen sandinista.

  ¿Por qué el régimen se ha ensañado específicamente con las organizaciones feministas?

  La hostilidad contra las feministas nicaragüenses viene desde la década de los ‘80. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como partido guerrillero que llegó al poder, realmente nunca reflexionó sobre las lógicas patriarcales del poder, simplemente las replicó sin contemplaciones.

  Las feministas de mi generación tuvimos que soportar una relación autoritaria y abusiva con el gobierno sandinista, que en distintos momentos expresó malestar con la existencia de una organización de mujeres, porque desde su perspectiva ello debilitaba la unidad de las fuerzas revolucionarias.

  De hecho, ejercieron su poder de veto para impedir que los colectivos de mujeres colocaran en el debate público demandas relativas a la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos. Las líderes de estos colectivos fueron silenciadas y obligadas a asumir las prioridades establecidas por la dirigencia del partido de gobierno.

  El parteaguas que marcó la ruptura definitiva del movimiento feminista con el FSLN ocurrió a fines de los ‘90, cuando Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y actual vicepresidenta, denunció los abusos cometidos por su padrastro durante más de 20 años. Cuando las feministas nos posicionamos del lado de la víctima se produjo la una ruptura con la dirigencia del FSLN, que desde entonces nos percibe como enemigas. La denuncia de Zoilamérica alentó nuevas denuncias que involucraron a otros miembros de la dirección nacional del FSLN, como el fallecido Tomás Borge.

  Por otro lado, durante la campaña electoral de 2005-2006 un sector del movimiento feminista formó parte de una alianza electoral con partidos de oposición, incluyendo al Movimiento de Renovación Sandinista, ahora UNAMOS, a quienes el FSLN considera traidores de la revolución por haber demandado la democratización del partido y cuestionado el liderazgo autoritario y caudillista de Ortega.

  El retorno de Ortega al gobierno en 2007 enseguida dejó en claro que su estrategia era lograr la desarticulación de las redes feministas que a esas alturas habían crecido en su capacidad de propuesta y de influencia en la sociedad nicaragüense. La campaña de estigmatización arrancó con un discurso de Murillo en el que acusó a las feministas de traficar con el sufrimiento de las mujeres y de querer imponer una forma de vida extraña a la cultura nicaragüense. Ese mismo año el gobierno comenzó a presionar a las agencias internacionales de cooperación para que suspendieran su apoyo a los colectivos feministas, logrando que muchas de ellas se fueran del país.

  El discurso del régimen Ortega-Murillo tuvo entre sus principales ejes su supuesto compromiso con la equidad de género, proclamando como uno de los principales avances el logro de la paridad de género en todos los poderes del Estado. Si bien este discurso fue asumido por organismos de Naciones Unidas e instituciones financieras multilaterales, las feministas aportaron claras evidencias que confirmaban la persistencia de la desigualdad y la ausencia de políticas públicas para atender demandas de las mujeres.

  La penalización absoluta del aborto, la ausencia de políticas de prevención y sanción de la violencia machista, incluyendo el abuso sexual contra niñas y adolescentes que en Nicaragua es una constante, la ausencia de educación sexual, el incumplimiento de la ley que estableció la creación de un fondo para la entrega de tierras a mujeres rurales, la violación de derechos laborales de las trabajadoras de maquila, figuran entre los problemas no resueltos por un régimen que se atrevió a compararse con los países que más han avanzado en materia de equidad de género en el mundo.

  ¿Qué deberían hacer los donantes, y la comunidad internacional en general, para ayudar a la sociedad civil nicaragüense?

  En tiempos tan convulsos y con tantos focos de tensión en el mundo, resulta difícil apelar a la solidaridad con la sociedad nicaragüense, que continúa apostando por un cambio cívico y pacífico para salir de esta nueva dictadura y sentar las bases de la democratización del país. 

  Sin embargo, es urgente seguir apelando a los gobiernos democráticos, independientemente de su signo ideológico, para que no aparten la mirada de lo que pasa en Nicaragua y apoyen nuestras justas demandas de liberación inmediata de las presas y presos políticos, suspensión del estado policial, cese de la persecución a las OSC y a la iglesia católica, y restablecimiento pleno de nuestros derechos.

  Reclamamos una postura coherente por parte de los gobiernos democráticos, las agencias del sistema de Naciones Unidas, las instituciones financieras multilaterales, los bloques de integración regional y los foros de partidos políticos a fin de evitar cualquier acción que contribuya a prolongar la permanencia de la dictadura Ortega-Murillo en el poder.

  A estas alturas resulta inadmisible que denuncien las sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen, al mismo tiempo que votan a favor del otorgamiento de préstamos al mismo régimen, que además de incrementar una deuda que ya es mayor que el PIB, le da un mayor margen de maniobra para sostenerse en el poder.

  El apoyo activo a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y OSC es vital para sostener la esperanza en un cambio democrático que no imponga más sufrimientos al pueblo nicaragüense.

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