CIPRODEH
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Honduras: ‘El conflicto generado por la reacción ciudadana contra el fraude puede hacernos perder un año ahora, pero nos hará ganar diez en el futuro’
A fines de 2017, tras lo que muchos en la sociedad civil percibieron como una elección fraudulenta, estalló la protesta en Honduras. CIVICUS conversa con Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), una organización de la sociedad civil hondureña que aboga por cambios orientados a la construcción de un Estado de derecho democrático, justo, inclusivo, participativo y respetuoso de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. El CIPRODEH realiza labores de investigación e incidencia política y promueve los derechos humanos de los sectores más vulnerables en alianza con una variedad de actores cívicos y sociales hondureños, latinoamericanos e internacionales.
- La oposición política y numerosos actores de la sociedad civil hondureña denunciaron fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre. ¿Podría describir cómo fue el proceso electoral, de qué manera se produjo el fraude, y cuáles fueron las consecuencias?
El 26 de noviembre de 2017 enfrentamos un proceso electoral sobre el cual teníamos muchas preocupaciones. Sabíamos que la situación iba a ser compleja no solo en materia electoral sino también en términos de posibles violaciones de los derechos humanos, dados los antecedentes de persecución, criminalización y represión que hemos presenciado desde el golpe de estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
Los grupos que están hoy en el poder son los mismos que protagonizaron el golpe de estado. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, viene acumulando poder desde 2010, cuando asumió la presidencia del Congreso. Luego fue electo presidente para el período 2014-2018, y en noviembre de 2017 se presentó a la reelección, para lo cual antes debió manipular a la Corte Suprema de Justicia para que revirtiera la prohibición constitucional de la reelección consecutiva. El mecanismo de revisión constitucional previsto en la Constitución suponía el llamado a una asamblea constituyente, de modo que el procedimiento empleado fue completamente irregular.
Desde 2009 el gobierno se ha militarizado, se ha apartado cada vez más de sus obligaciones de derechos humanos y ha intensificado la represión, con números crecientes de asesinatos y desapariciones forzadas.
Es por eso que el 26 de noviembre la atención de las organizaciones de derechos humanos estuvo enfocada en el monitoreo de los conflictos sociales y la persecución política. Lo que no imaginamos fue que el fraude electoral que muchos habían anunciado se pudiese enfrentar con relativo éxito, pues la Alianza contra la Dictadura, la coalición opositora, implementó una estrategia que complicó la imposición. Ellos crearon mecanismos para combatir el fraude, el cual normalmente se produce no solo en la mesa electoral receptora sino también en el manejo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y esto fue una sorpresa para el partido de gobierno.
En la noche del domingo de elecciones, el TSE no anunció los resultados, pese a que en Honduras es costumbre que a las 7 u 8 de la noche ya se sepa quién es el presidente electo. Horas más tarde, a las 2:45 de la mañana del día lunes y con el 57% de votos escrutados, el TSE anunció una clara ventaja, de unos cinco puntos, para el candidato de la oposición, Salvador Nasralla. Ese día el país entero no habló de otra cosa que de cómo se había logrado enfrentar el tan anunciado fraude. Y luego, el martes, el sistema de cómputos se detuvo y permanecimos durante todo el día a la espera de datos que no llegaban. Finalmente, alrededor del mediodía del miércoles nos encontramos con la sorpresa de que los resultados se habían modificado a favor del candidato oficialista, quien después de varias semanas (el 17 de diciembre) fue declarado ganador con casi 43% de los votos, contra 41,5% para Nasralla.
La Alianza contra la Dictadura denunció el fraude y la población se manifestó pacíficamente en las calles en demanda de transparencia electoral y respeto de los procedimientos democráticos, por lo cual fue duramente reprimida.
- ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional frente a las denuncias de fraude, y cuál fue la respuesta del gobierno?
Los observadores internacionales fueron contundentes, con la sola excepción de un funcionario de la Unión Europea, que dijo que había que tener confianza en los resultados y pronto fue desmentido por la propia Jefa de Misión de Observación. La Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular, desempeñó un rol fundamental. El Jefe de la Misión de Observadores de la OEA declaró que no había certeza sobre los resultados de las elecciones. Según el informe preliminar difundido por la OEA, las numerosas irregularidades, errores y problemas sistémicos restaban confianza a los resultados, y ésta solo podría restablecerse mediante un acuerdo entre los dos candidatos para revisar las actas, volver a contar los votos y resolver las discrepancias. El segundo informe ratificó estos hallazgos, aunque para entonces el propio Secretario General de la OEA, Luis Almagro, decía que ya no bastaría con un recuento de votos y que era recomendable volver a celebrar las elecciones con las garantías necesarias de rectitud y transparencia. El 4 de enero de 2018 Almagro instó al Consejo Permanente de la OEA a aprobar el informe de observación electoral. Puesto que el informe concluye que las numerosas irregularidades no permiten reconocer un ganador, su aprobación sustentaría el pedido de repetición de las elecciones.
Entretanto, la oposición exigió la anulación de los resultados electorales, pero el recurso de nulidad fue rechazado. Esto era previsible, ya que la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral están, todos ellos, subordinados al presidente.
Por su parte, la reacción del gobierno fue declarar de inmediato y por diez días el estado de excepción, que restringió la libertad de movilización. Impuso también la suspensión de otras garantías constitucionales, no solo para el ejercicio de la libertad de reunión sino también para la libertad de expresión, entre otras. Los medios fueron advertidos de no difundir las acusaciones de fraude de la oposición, y las protestas fueron duramente reprimidas. Esto resultó en más de 30 muertos, decenas de heridos y centenares dedetenciones arbitrarias, además de allanamientos ilegales. Diversos videos filmados por los propios manifestantes mostraron a agentes de seguridad persiguiendo e incluso disparando contra manifestantes. Tres relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron la represión, y el Secretario General de la OEA pidió al gobierno de Honduras que recibiera a un delegado especial de la OEA para relevar la situación de las protestas y la respuesta del Estado.
- ¿Cuáles son las chances de que el gobierno responda a la presión callejera y a los reclamos internacionales?
Las presiones internacionales motivaron al gobierno a empezar a hablar de un “gran diálogo nacional” para buscar una solución a la situación. Sin embargo, en el discurso gubernamental el foco de atención no estuvo colocado en las irregularidades electorales ni en las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo sino en el hecho de que las manifestaciones inicialmente pacíficas supuestamente se habían vuelto violentas por la acción de maras, pandillas y grupos del crimen organizado. En mi experiencia, estos llamados del gobierno al diálogo están dirigidos a aplacar las aguas, reorientar los esfuerzos y mantener el control. Si no se tocan los temas de fondo, el diálogo no tendrá sentido y, peor aún, solo servirá para legitimar el fraude.
Por otra parte, es importante resaltar que el pueblo hondureño ha cambiado, y tiene hoy una experiencia de movilización que no tenía en el pasado. No mucho tiempo atrás era un pueblo más bien apático e indiferente, pero desde 2009 ha forjado una nueva conciencia al calor de la resistencia contra el golpe de estado. Así, en el 2015, cuando se reveló el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social – se supo entonces que cantidades millonarias se habían desviado de sus fines, incluso para financiar la campaña del actual presidente, tal como él mismo lo reconoció – el pueblo se movilizó masivamente durante meses, en lo que se llamó la Marcha de las Antorchas. Fue una movilización sin precedentes, y logró que finalmente se instalara la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA.
Cientos de miles de personas se han movilizado en el país contra el fraude electoral, y ni la más cruda represión las ha detenido. Tampoco se desmovilizaron cuando el candidato cuya elección estaban defendiendo los decepcionó, al menos temporariamente, cuando anunció (para luego dar marcha atrás) que se desvinculaba de la Alianza contra la Dictadura para conformar un frente más amplio. Esto por supuesto desmotivó a la ciudadanía movilizada, pero no la llevó a abandonar las calles, porque mucho más que por una candidatura, la gente se había movilizado contra la corrupción. Justamente, si algo representaba para ellos Nasralla era la honestidad.
A principios de enero de 2018, sin embargo, Nasralla anunció que el sábado 6 de reactivarían las movilizaciones y que a partir del 27 de enero, fecha prevista para la asunción presidencial, actuaría como legítimo presidente de Honduras. También se convocó a un paro general del 20 al 27 de enero, para exigir la renuncia del presidente Hernández. De modo que la población ha regresado a las calles: el 6 de enero se realizó una movilización en San Pedro Sula en la que hubo más de 80 mil personas. En suma, pienso que hay buenas posibilidades de ejercer presión a nivel nacional para que se alcance un acuerdo en torno de la revisión del fraude electoral. En conjunción con las presiones de la OEA para que se repitan las elecciones, es posible que la presión de la ciudadanía movilizada tenga un efecto.
- ¿Piensa que es posible que la represión se intensifique?
Sí, pienso que la situación se está volviendo más complicada cada día, porque la gente está saliendo a las calles, los líderes políticos opositores se mantienen firmes en sus planteos y los líderes sociales no se están echando atrás. Desde las organizaciones de derechos humanos hemos sostenido que la ciudadanía tiene un legítimo derecho a protestar – hemos dicho incluso que la gente tiene que salir a protestar para evitar esta violación de los derechos políticos que sin duda repercutirá sobre la vigencia efectiva de los demás derechos humanos.
Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido más militarización. A principios de diciembre la Policía Nacional se rebeló contra el actual presidente con el argumento de que no iba a obedecer órdenes ilegales de reprimir al pueblo movilizado a causa de un problema político que el propio gobierno había creado. Después de un día de huelga y habiendo alcanzado un acuerdo salarial favorable con el gobierno, la Policía Nacional regresó a las calles, supuestamente a cuidar y no a reprimir las manifestaciones. Pero la conducta policial ha sido atroz; además de la cantidad de muertos, hemos visto una estrategia de generar un clima de mucho miedo en las calles, con levantamiento de perfiles, persecución de líderes políticos y sociales y campañas de desprestigio contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Sin embargo, el miedo no ha detenido a la gente, y estamos muy preocupados por lo que podría pasar si no se alcanza una salida concertada a esta crisis. En estos días estamos teniendo reuniones a nivel de nuestra organización, con la red de movimientos sociales y con la Mesa Nacional de Derechos Humanos para decidir cómo vamos a enfrentar la amenaza de derechos humanos que se nos viene, porque la reacción represiva que hemos visto hasta ahora no augura nada bueno.
Esperamos también que la CIDH pueda agilizar su visita al país. La presencia de observadores internacionales y de la prensa internacional ha sido hasta ahora muy importante para sacar a relucir la verdad atravesando el cerco mediático interno, y es ahora más necesaria que nunca.
En las próximas semanas será fundamental el rol de la OEA. Si el informe que ha emitido, que desconoce los resultados electorales, no es ratificado por el Consejo Permanente, ya no tendría sentido que la OEA volviera a hacer nunca más una observación electoral. La Carta Democrática Interamericana ya no tendría sentido si la OEA terminara reconociendo a un gobierno cuya elección denunció como fraudulenta. Por su parte, los países miembros de la OEA, incluido Estados Unidos, deberían actuar en la misma dirección. Es inconcebible que un país que se invoca principios y valores democráticos otorgue su reconocimiento a un gobierno surgido del fraude, la violencia y la violación de derechos humanos, y Estados Unidos (junto con otros países de la región) no ha manifestado hasta ahora grandes reparos en reconocer la reelección fraudulenta de Hernández.
Antes del 26 de noviembre, el tiempo parecía dividirse en un antes y un después de la elección; nunca imaginamos que tendríamos un durante tan prolongado sin un presidente electo. Nuestro horizonte luego se desplazó al 27 de enero, fecha de inauguración de un gobierno ilegítimo, y las reacciones populares no se hicieron esperar. El presidente no tomó posesión en un lugar abierto porque se esperaban protestas importantes. Lo hizo en el Estado Nacional, con seguridad militarizada y con la población protestando afuera. Con ello se abrió un período de conflicto político y social que difícilmente permita que el país avance en otros temas importantes.
Con todo, tenemos claro que lo más importante es el hecho de que la población esté consciente y no permita un fraude electoral y de corrupción como este. Podremos perder un año ahora, pero ganaremos diez en el futuro en razón de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El pueblo hondureño merece nuestro aplauso, porque ha demostrado que ya no está dispuesto a permitir que políticos de esta naturaleza sigan gobernando a nuestro país.
- El espacio cívico en Honduras es calificado por elCIVICUS Monitor como ‘obstruido’, una categoría indicativa de la existencia de restricciones considerables sobre las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
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