Centroamérica

 

  • COSTA RICA: ‘Logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural’

    El 26 de mayo de 2020 Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. CIVICUS conversa con Herman Duarte, abogado habilitado para ejercer en Costa Rica y El Salvador y director deSimple Legal Consulting, así como enlace para América Latina del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y fundador y presidente de la Fundación Igualitxs. Fundación Igualitxs es un centro de pensamiento líder en América Central, enfocado en la promoción del matrimonio civil igualitario en la región. Persigue este objetivo mediante la conducción de litigios estratégicos a nivel tanto nacional como interamericano, la presentación de sus ideas en sitios de alto prestigio académico y el trabajo con aliados internacionales de alto nivel.

    Herman Duarte 

    ¿Qué roles desempeñaron la sociedad civil y el gobierno en el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica?

    Costa Rica es una democracia constitucional estructurada como un estado unitario con tres poderes - legislativo, ejecutivo y judicial – en principio independientes, donde, al menos en teoría, se respetan los principios del Estado de derecho y la igualdad legal de trato de todos sus habitantes. Pero también es un Estado confesional: su constitución reconoce expresamente al catolicismo como la religión oficial. En las últimas décadas, las congregaciones evangélicas se han expandido en número hasta llegar a ser cerca de 3.800. Hacia 2017, más del 80% de la población se identificaba como católica o evangélica; claramente, Costa Rica es culturalmente un país conservador.

    En el marco de una lucha de décadas del movimiento de la diversidad, el puntapié inicial lo dio el Gobierno de Costa Rica, cuando en mayo de 2016 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva respecto de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Esta consulta abrió una ventana para todas las partes interesadas en presentar argumentos, cosa que hicieron más de 90 actores de naturaleza variada, como Estados, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), universidades y particulares. Las audiencias tuvieron lugar los días 16 y 17 de mayo de 2017 y nosotros participamos en ellas.

    El impulso generado por este evento se reflejó en la organización del Primer Congreso de Matrimonio Igualitario, celebrado en San José en noviembre de 2017, que reunió a más de 54 oradores de la región. En enero de 2018 la Corte IDH publicó su decisión, donde explicaba que los Estados parte deberían regular el estatus de las familias no heterosexuales, abriendo las puertas del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Un grupo de 60 organizaciones LGBTQI+ de la región celebró la decisión como la más importante en la historia de los derechos de las personas LGBTQI+ hasta la fecha.

    En ese momento se generó una gran discusión sobre si la opinión de la Corte IDH era o no vinculante para Costa Rica, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica saldó este debate en agosto de 2018, cuando argumentó que las secciones del Código de Familia que limitaban el matrimonio civil (no religioso) a las parejas heterosexuales eran inconstitucionales. El fallo dio a la Asamblea Legislativa 18 meses para enmendar la normativa; caso contrario, la restricción se levantaría automáticamente y a partir del 26 de mayo de 2020 cualquier pareja podría casarse sin obstáculo alguno en Costa Rica. Y así fue, ya que no hubo consenso legislativo para legislar en ese sentido.

    En el trayecto hacia la entrada en vigencia del fallo de la Corte se desarrollaron importantes campañas de la sociedad civil para generar aceptación social que acompañara al cambio normativo.

     

    ¿Debieron enfrentar reacciones de grupos anti-derechos?

    La reacción de los sectores conservadores ha sido brutal. Hay que entender que la comunidad LGBTQI+ ha enmarcado sus luchas en la demanda del reconocimiento de su dignidad humana y su igual valor en tanto que seres humanos y que de igual modo los grupos religiosos se han movilizado como grupos de identidad – solo que su identidad es definida en forma estrecha, no universalista, en oposición a un enemigo. Estos grupos canalizaron los resentimientos provocados por los cambios legales igualadores y dieron esperanzas a quienes se habían sentido desplazados por ellos, dando lugar al surgimiento de partidos políticos religiosos.

    En ese contexto, las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una especie de referéndum sobre los derechos de las personas LGBTQI+, y específicamente sobre el matrimonio igualitario. Un pastor evangélico, Fabricio Alvarado, por entonces el único congresista de un partido evangélico, se postuló para la presidencia, explotando los sentimientos de indignación y temor de la ciudadanía conservadora ante el fallo de la Corte Suprema. El candidato se destacó por sus declaraciones incendiarias; declaró, por ejemplo, que la homosexualidad era “causada por el diablo”. Así escaló hasta el primer lugar en las encuestas preelectorales: en solo un mes pasó del 3% al 17% de la intención de voto, y se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, conquistando además 14 de los 54 escaños legislativos, lo cual representó un aumento del 1300% en la presencia legislativa de su partido político.

    La segunda vuelta para la elección presidencial giró en torno de los derechos de la población LGBTQI+. El otro contendiente, Carlos Alvarado, era el candidato del partido gobernante y tenía una postura favorable a los derechos LGBTQI+. Esta postura finalmente se impuso, pero la elección nos obligó a confrontar el enorme poder que han alcanzado las iglesias evangélicas. La victoria de Carlos Alvarado se explica por varios factores; uno de ellos fue la gran movilización de la sociedad civil. Entre las campañas de la sociedad civil que tuvieron impacto cabe mencionar la del grupo Coalición por Costa Rica, que buscó generar un debate informado e inclusivo, divulgando las propuestas de los candidatos para que la ciudadanía pudiera deliberar antes votar; y la de Igualitxs, “Por todas las familias”, lanzada una semana antes de las elecciones para difundir un mensaje inclusivo y pedir un trato igualitario hacia la población LGBTQI+.

    La profunda división generada en torno de las elecciones ha tenido secuelas. Siguen abundando los políticos que usan la religión para polarizar a la sociedad y reclaman porque, según ellos, el gobierno solo atiende los problemas de la población LGBTQI+. Esto se ha intensificado con la entrada en vigor del matrimonio igualitario y la propuesta de leyes para censurar el odio y el discurso discriminatorio.

     

    ¿Piensas que el cambio legal ha ido acompañado de un cambio en las actitudes? ¿Qué está haciendo la sociedad civil para promover la aceptación de las personas LGBTQI+?

    Una cosa es el cambio legal y otra el cambio cultural. El cambio legal ha representado un progreso de los derechos humanos y una forma de concretar la aplicación universal de la ley. Ha sido el resultado de una lucha de varias décadas de la comunidad LGBTQI+. Pero sigue habiendo homofobia, discriminación y violencia contra las personas LGBTQI+. Una vez logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural. Porque el cambio legal por sí mismo no necesariamente produce sensación de pertenencia a una comunidad. Como lo explica el teórico político Bikku Parekh, mientras que la ciudadanía es un tema de estatus y derechos, la pertenencia se alcanza cuando uno es aceptado y se siente bienvenido. Y para esto último todavía falta. Las actitudes de la gente no cambian en forma automática por efecto de la implementación de una ley. La ley es un parámetro objetivo de lo permitido, pero es necesario trabajar mucho más para modificar los parámetros de lo que es considerado normal o moralmente aceptable.

    Por eso, para preparar el terreno para el cambio legal, en los 18 meses entre la publicación de la sentencia de la Corte Suprema y la entrada en vigencia de la decisión, más de 35 OSC locales desarrollaron la campaña “Sí, Acepto”, llamando al reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esta campaña también fue acompañada por medios de comunicación, empresas que son parte del gremio de la publicidad, gremiales como el Asocio Empresarial para el Desarrollo, las Naciones Unidas y embajadas como las de Canadá y los Países Bajos.

    La campaña presentó testimonios de personas, parejas y familias LGBTQI+, así como de sus familiares, vecinos y amigos con el objetivo de promover la aceptación y modificar las percepciones de lo que significa ser LBGTQI+ en la sociedad costarricense. Fue una activación a nivel nacional, con videos que fueron transmitidos no solo por las redes sociales sino también por la televisión nacional durante meses. Es la mejor campaña que se ha ideado sobre el tema, y se la debemos a la señora Nisa Sanz, presidenta de la OSC Familias Homoparentales, y a Gia Miranda, vocera oficial de la campaña.

    Los videos mueven emociones y generan empatía. Llevaron a miles de personas que no estaban involucradas políticamente a renunciar a su sagrado derecho a la privacidad y dar la cara, para dejar ser una abstracción y volverse una realidad. Le puso un rostro humano a la idea abstracta de “los gays”, como la presentan los periódicos. Al decirles que no van a ser rechazadas, generó las condiciones para que las personas vayan perdiendo el miedo, pues la mayoría de las personas LGBTQI+ sufren algún tipo de rechazo en su vida cotidiana, independientemente de su estatus social. El resultado fue la participación de una ciudadanía activa, que con o sin pandemia no dio un paso atrás sobre el terreno conquistado. Esto fue determinante para dejarles claro a los diputados que intentaban sabotear el matrimonio civil igualitario que no les sería posible conseguirlo.

    Fue una de las campañas de derechos civiles más importantes de la historia, y quedará en el recuerdo como una luz que brilló en las tinieblas de la pandemia. Un día antes de que el matrimonio civil comenzara a regir para todas las personas adultas en Costa Rica, el obispo de la Iglesia Católica de Alajuela pronunció un mensaje que decía: “nos alegramos de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia y creo que ahí, donde hay una manifestación de cariño y de familia de alguna forma, ahí se manifiesta Dios, y tenemos que favorecerlo”. Si bien no necesariamente reflejaba la posición de toda la institución, las palabras de este representante religioso fueron el producto del excelente trabajo de los y las activistas para lograr el cambio cultural necesario para lograr la aceptación de las personas LGBTQI+.

    Es notable el modo en que Costa Rica pasó de criminalizar la homosexualidad en los años ’70 y cerrar sus bares, considerados “perversos”, y perseguirla con redadas bajo la excusa de la salud pública en los ’80, a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en 2016 y, tras una elección presidencial enfocada en el tema, nombrar en 2018 un comisionado presidencial para asuntos LGBTQI+ y reconocer dos años más tarde el matrimonio igualitario.

    Hemos dejado atrás una ley injusta más. Y mucha gente ha comprendido que el hecho de que la unión de pareja y los planes de vida de dos adultos del mismo sexo reciban protección legal no les afecta en nada – a lo sumo, valida la institución matrimonial de la cual ellos también forman parte – y que ser gay no tiene nada de malo, y que en todo caso nadie se “hace gay” como resultado de esta normalización.

    ¿Qué significación regional tienen los progresos logrados en Costa Rica?

    Centroamérica es una de las regiones más hostiles de América Latina para las personas LGBTQI+. Los asesinatos de personas homosexuales y trans son frecuentes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica, el primer país centroamericano que aprueba el matrimonio igualitario, debería ser un modelo para toda la región. La opinión consultiva de la Corte IDH tiene validez para la veintena de países de las Américas que reconocen su competencia. Panamá pronto podría seguir el camino de Costa Rica: se ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad fundada en el fallo de la Corte IDH, y la Fundación Iguales Panamá está coordinando la participación de la sociedad civil nacional internacional en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

    La Fundación Igualitxs también lleva mucho tiempo trabajando en el mismo sentido en El Salvador, mi país de origen. La sociedad civil salvadoreña ha logrado avances inmensos. En función de las tendencias regresivas de la Asamblea Legislativa sobre el tema de matrimonio civil igualitario, durante una década y media nuestros esfuerzos se centraron en la presentación de demandas de inconstitucionalidad del Código de Familia. Yo presenté una de estas demandas, titulada Demanda por la Igualdad, el 11 de noviembre de 2016. Poco después, varias OSC, como la Asociación Entre Amigos, Comcavis y Hombres Trans El Salvador, así como numerosos activistas independientes, presentaron una demanda similar.

    Igual que en Costa Rica, los sectores conservadores reaccionaron con fuerza. En la Asamblea Legislativa, se apuraron a dar inicio al proceso de ratificación de una reforma constitucional excluyente que llevaba años estancada, y que daría rango constitucional a la definición restrictiva del matrimonio que nosotros cuestionábamos en el Código de Familia, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frente a esto promovimos una solicitud de medida cautelar contra el proceso de reforma constitucional, y logramos que la Corte Suprema lo frenara. Fue a raíz de esta demanda que se creó el movimiento Igualitos, que luego se convertiría en la Fundación Igualitxs.

    Las dos demandas de inconstitucionalidad de 2016 fueron finalmente admitidas en agosto de 2019, y en enero de 2020 un magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anunció que el tribunal fallaría próximamente y admitió que esta es una de sus grandes deudas pendientes. De modo que puede que estemos cerca de lograrlo.

    ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil defensora de los derechos de las personas LGBTQI+ de la sociedad civil internacional?

    En el contexto de la pandemia del COVID-19, la situación se está poniendo cada vez más difícil. Los Estados tienen sus recursos comprometidos en la lucha contra la pandemia; las OSC enfrentan dificultades presupuestarias y la crisis está afectando a todo el mundo. Además, mucha gente se vuelca a la fe para sobrellevar la crisis y algunos grupos religiosos están aprovechando para impulsar campañas contra las personas LGBTQI+. Sin embargo, sigue siendo posible tomar medidas y acciones concretas, como por ejemplo, en El Salvador, la aprobación de un proyecto de ley que decenas de organizaciones impulsan para que se reconozca a las personas defensoras de derechos humanos.

    En lo que se refiere específicamente a nuestra organización, que no tiene fondos y funciona enteramente sobre la base del voluntariado, estamos tratando de ir de a un día a la vez, para retomar el control que hemos perdido por la pandemia. Pienso que es el momento para preguntarnos no solo qué queremos y podemos obtener de la vida, sino también qué podemos darle de regreso. De esta manera entramos a una zona de poder, donde conservamos agencia pese a las limitaciones. Salimos así de nuestra zona de confort para ingresar a una zona de crecimiento. A partir de la aceptación de la realidad que nos toca, tenemos que hacer una profunda introspección para reinventarnos. Este es el momento para volver a creer que todas las personas tenemos el potencial de hacer grandes cosas y dejar huella si actuamos no para obtener halagos y ganar popularidad, sino en busca de la satisfacción de hacer lo correcto y lo justo, generando un impacto positivo en el mundo.

    El espacio cívico en Costa Rica es clasificado como ‘abierto’ por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con la Fundación Igualitxs a través de susitio web y su perfil deFacebook. 

     

  • EL SALVADOR: “La justicia patriarcal persigue, tortura y abusa de las mujeres”

    SaraGarciaGrossCIVICUS conversa con Sara García Gross acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño y la lucha de las mujeres de El Salvador por el derecho al aborto.

    Sara García Gross es coordinadora de incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Fundada en 2009, la organización concientiza a la ciudadanía para cambiar las leyes sobre el aborto, provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por abortos o delitos relacionados, y difunde información sobre la importancia de que las mujeres reciban asistencia adecuada en materia de salud sexual y reproductiva para evitar que recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.

    ¿Qué reclama el movimiento feminista de El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos?

    Como feministas estamos luchando para cambiar la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. En El Salvador se persigue a las mujeres injustamente. Se violan los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que viven en situación de pobreza, y de las que viven en zonas rurales del país. En ese sentido, desde el movimiento feminista luchamos para cambiar este marco normativo tan restrictivo, absolutista y absurdo.

    También luchamos por la libertad de las mujeres. En la actualidad hay doce mujeres que están en la cárcel pagando penas que son sumamente injustas. Nuestra lucha es por la libertad y la vida de las mujeres. Queremos que el aborto sea legal en El Salvador. Luchamos por que las mujeres tengamos el derecho de construir nuestro proyecto de vida. Denunciamos los embarazos impuestos; esto constituye una forma de tortura. Hay niñas de apenas diez años que enfrentan la maternidad forzada, Hay jóvenes que no han recibido educación sexual y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos para que se garantice el derecho a recibir una educación sexual integral.

    También luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+, porque los crímenes de odio son otra forma cruel de tortura que el Estado impone o condona.

    ¿Qué tácticas utiliza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto?

    En nuestra lucha por la libertad de las mujeres hemos impulsado múltiples estrategias, empezando por el litigio estratégico para conseguir desde conmutaciones de penas hasta revisiones de sentencias. El foco está puesto en conseguir la libertad, llevando a la práctica la consigna feminista “Yo te creo hermana”. Luchamos para que se reconozca la inocencia de las mujeres que enfrentan penas injustas y absurdas.

    Pero la estrategia jurídica no ha sido la única estrategia clave; también ha pesado mucho la movilización social a nivel nacional y regional. El movimiento feminista se ha organizado y se ha pronunciado en relación a los casos de las mujeres criminalizadas. Se han organizado plantones frente a embajadas de El Salvador y de otros países, se han enviado cartas a los juzgados y se han hecho campañas por la justicia reproductiva, tales como la campaña “Nos faltan las 17”.

    Otra de nuestras grandes estrategias ha sido interpelar al sistema interamericano de derechos humanos. Hemos llevado el caso de la mujer conocida como Manuela a la Corte IDH, logrando que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.

    Otra estrategia ha sido la recolección de evidencia. Hemos realizado una investigación titulada “Del hospital a la cárcel” que nos ha permitido visibilizar esta problemática. A través de una revisión y análisis de expedientes, sentencias e instrucción, hemos logrado entender contra quiénes apunta la legislación antiaborto, a quiénes persigue: mujeres jóvenes y pobres que viven en zonas rurales. Esto constituye discriminación interseccional.

    Las campañas, diálogos, y debates que impulsamos a nivel de la academia y de las comunidades en diferentes territorios también han formado parte de nuestra estrategia. Los procesos de incidencia política son fundamentales para que, a partir de ventanas de oportunidad que se identifiquen en la Asamblea Legislativa u otras instituciones del Estado, puedan presentarse nuevas propuestas de ley.

    En el pasado se presentaron varios proyectos para reformar el artículo 133 del Código Penal de modo de despenalizar el aborto bajo cuatro causales. Estos proyectos estuvieron lejos de aprobarse; en algunos casos fueron rápidamente archivados y en otros languidecieron durante años en comisiones legislativas. Las organizaciones de mujeres fueron recibidas con gran hostilidad. Sin embargo, nuestras estrategias de incidencia política lograron poner el tema del aborto en la agenda pública.

    ¿Qué piensa la opinión pública salvadoreña sobre el aborto? ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para instalar una narrativa alternativa a la criminalización?

    En la opinión pública hay una amplia aceptación de la causal vinculada a salvar la vida de las mujeres: más de la mitad de la población lo ha manifestado en diversas encuestas.

    Vivimos en un país conservador, con algunos grupos fundamentalistas que se autodenominan a favor de la vida. La realidad es que están a favor del aborto clandestino, de la criminalización, y de la muerte de las mujeres. Estos grupos sostienen una doble moral que nosotras, como sociedad civil organizada y feminista, ponemos en evidencia. Mientras que las mujeres que viven en situación de pobreza son criminalizadas, las que cuentan con recursos económicos viajan y acceden a abortos seguros. Esta doble moral es inaceptable.

    Para nosotras es importante visualizar otras narrativas y dar a conocer la realidad de las mujeres. Disminuir el estigma exige mostrar, humanizar, hablar de historias y proyectos. Se trata de mujeres que tenían un proyecto de vida que la violencia de Estado les impidió concretar.

    Dialogar sobre el tema en diferentes espacios, humanizar esta realidad, y cuestionar este sistema que impone el mandato de la maternidad -un prejuicio de género-, permite abordar el tema sin estigmas ni prejuicios y, sobre todo, desde una perspectiva de derechos humanos.

    ¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte IDH en el caso Manuela?

    Este fallo llegó tras años de trabajo y lucha. Empezamos acompañando el caso en el año 2011, dando acompañamiento psicosocial, político y jurídico a la familia de Manuela.

    La incidencia en el sistema interamericano fue fundamental. El fallo en el caso de Manuela es histórico: la Corte IDH ha reconocido que Manuela era inocente, que realmente enfrentó una emergencia obstétrica, y que los estereotipos de género, empezando por el mandato de la maternidad, permearon todo el proceso. La Corte IDH ha entendido que la penalización absoluta del aborto genera criminalización y obstáculos para acceder a derechos reproductivos.

    La sentencia tiene efectos tanto a nivel nacional como a nivel regional. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga tanto a El Salvador como al resto de los países de la región a tomar una serie de medidas. Primero, garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos vinculados con el aborto. Segundo, asegurar que no se apliquen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que restringen a las mujeres a roles reproductivos y les adjudican un instinto maternal. Tercero, garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.

    El Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo algunas acciones adicionales en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Primero, mientras esté en proceso de regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, debe eliminar la práctica de los profesionales médicos de denunciar a las mujeres que recurran a ellos en busca de servicios de salud reproductiva. Segundo, debe reparar de manera integral a la familia de Manuela. Tercero, debe realizar cambios legislativos y de política pública para asegurar la no repetición, de modo que nadie más sufra una situación similar, por ejemplo garantizando la atención integral en casos de emergencias obstétricas y adecuando la figura de prisión preventiva para que se aplique solo de forma excepcional.

    Nosotras continuamos luchando para que las mujeres nunca más sean criminalizadas. Aún hay 12 mujeres que siguen privadas de libertad, pero creemos que el caso de Manuela ilumina estas injusticias y nos da fuerza para seguir luchando. Para nosotras, Manuela es justicia y esperanza.

    ¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en El Salvador de sus pares de todo el mundo?

    Nosotras consideramos que la solidaridad feminista es fundamental. Queremos visibilizar este tema en la región y en el mundo. Queremos que se hable de lo que está ocurriendo aquí. Queremos que se hable de las consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto. Queremos que se hable de cómo este sistema punitivista no resuelve nada.

    No puede ser que el ejercicio de un derecho reproductivo -un derecho a la salud- sea tratado como un crimen con penas de cárcel. Necesitamos poner los ojos del mundo sobre El Salvador y que el Estado salvadoreño se sienta observado. Debemos exigir, en cada oportunidad que tengamos, libertad para las mujeres, libertad para las 12 que siguen presas, y reparaciones para todas las mujeres que han enfrentado esta criminalización. Debemos exigir que el aborto sea un derecho reconocido por ley.

    El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@AbortoPORlaVIDA en Twitter. 

     

  • HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”

    Edy TaboraCIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

    ¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

    El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

    El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

    Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

    Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

    El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

    Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

    En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

    En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

    La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

    En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

    De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

    ¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

    Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

    Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

    En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

    El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

    Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

    Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

    ¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

    Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

    En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

    Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

    ¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

    A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

    En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

    La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

    Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

    ¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

    El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

    Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

    En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

    ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

    El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

    Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

    El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. 

     

  • NICARAGUA: “El caso de María Esperanza es parte de un proceso creciente de criminalización de la protesta social”

    CIVICUS conversa con Ana Lucía Álvarez, responsable para Nicaragua de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), acerca del caso de María Esperanza Sánchez, injustamente encarcelada en Nicaragua desde marzo de 2020, y acerca de la campaña en curso para obtener su liberación.

    IM-Defensoras es una red de activistas y organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que busca dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Fundada en 2010, busca fortalecer y vincular a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales para fortalecer redes de protección y solidaridad entre ellas y aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de su trabajo por los derechos humanos.

    Ana Lucia AlvarezEntrevista

    ¿Desde cuándo está María Esperanza en la cárcel, y por qué?

    María Esperanza fue capturada el 26 de enero de 2020. Ella es una activista que estuvo acompañando durante mucho tiempo a familiares de personas presas políticas, y tengo entendido que inició su activismo y su organización a partir del levantamiento ciudadano de abril del 2018. Ella ya era perseguida por lo que estaba en una casa de seguridad. La policía allanó ilegal y arbitrariamente la vivienda, sin orden de allanamiento, y se la llevó. La acusaron de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública. Su caso lo está llevando el abogado Julio Montenegro, dedicado a litigar en casos de criminalización de la protesta y judicialización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. 

    ¿Consideras que el caso de María Esperanza es parte de un ataque más amplio contra el espacio cívico en Nicaragua?

    Definitivamente, hay un proceso creciente de criminalización de la protesta social en Nicaragua. El primer auge de esa criminalización se dio luego de la Operación Limpieza, que terminó aproximadamente en agosto de 2018. Fue una operación pseudo militar realizada por fuerzas policiales y parapoliciales, para desmantelar toda organización de resguardo y protección territorial que la población había levantado a través de barricadas en los barrios y tranques en las calles de todo el país. 

    Terminada la Operación Limpieza, comenzó la criminalización de quienes habían participado en la lucha cívica. Más de 800 personas fueron presas políticas, y luego fueron excarceladas en 2019 por decisión unilateral del gobierno mediante la Ley de Amnistía.

    María Esperanza ya era perseguida, hostigada, vigilada y amenazada desde antes de caer presa por su labor de defensa de los derechos humanos. Su detención y su juicio, al igual que el de muchísimas otras personas, estuvieron plagados de irregularidades. Las violaciones del debido proceso son sistemáticas. En Nicaragua el sistema de justicia está totalmente cooptado, colapsado y controlado por la llamada “pareja presidencial”, constituida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

    ¿Cómo ha seguido la situación de la sociedad civil desde la ola de protestas de 2018?

    En las protestas de 2018 hubo más de 350 personas asesinadas en un lapso de seis meses. El peso simbólico y emocional que tuvo esa cantidad de muertos en un país que ha vivido guerras civiles, dictaduras y levantamientos armados, ha sido tremendo. En Nicaragua nunca ha habido rendición de cuentas, siempre ha habido políticas de borrón y cuenta nueva, lo cual profundiza las heridas.

    Al sufrimiento de los 350 muertos se suman los de las más de 800 personas que fueron presas por motivos políticos, gran parte de las cuales están excarceladas. Decimos “excarceladas”, y no “libres”, porque tras la excarcelación la persecución política no se termina: el hostigamiento sistemático de las fuerzas policiales y parapoliciales continúa, y se constituye en obstáculo para el disfrute de múltiples derechos, tales como el derecho al trabajo.

    Para estas personas, a los efectos de la crisis económica que atraviesa el país se suman las dificultades que trae consigo la persecución política. Muchas veces no pueden salir de su casa porque hay una patrulla afuera, y cuando salen los siguen, consiguen los nombres de sus empleadores y también comienzan a hostigarlos.

    La persecución se da a nivel barrial. El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha establecido diversas estructuras que utilizan para el control territorial mediante la vigilancia y la represión: los Consejos de Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia y los Comités de Liderazgo Sandinista. Si eres una persona opositora o defensora de derechos humanos, siempre habrá algún vecino tuyo que está metido en alguna de esas estructuras e informa al régimen y a la policía de lo que haces, y luego comienzas a recibir persecución, hostigamiento, e incluso puede que detenciones arbitrarias.

    El hostigamiento y la hipervigilancia provocan daños psicológicos no solamente en la persona perseguida sino también en su familia. Eso ha repercutido en el aumento de la emigración, que es un fenómeno dual, causado tanto por la persecución política como por la precarización social. Desde 2018 120 mil personas se han ido de Nicaragua, una cantidad enorme para un país de apenas seis millones de habitantes.

    Las elecciones de 2021 exhibieron abiertamente la falta de legitimidad del régimen. ¿Sobre qué bases se sostiene el gobierno?

    En el contexto de las elecciones de 2021 la persecución no hizo más que exacerbarse. Para poder llevar a cabo la farsa electoral de noviembre, el gobierno encarceló a diez precandidatos y precandidatas presidenciales y a mucha gente con un rol central en el proceso electoral y en la conformación de alternativas. Eso mandó un mensaje muy claro, como consecuencia del cual sigue habiendo mucha autocensura.

    Daniel Ortega ha continuado concentrando y consolidando su poder. Actualmente vivimos bajo un régimen que se ha convertido en totalitario, donde todas las libertades están totalmente restringidas. Esta es la única forma en que el gobierno puede sostenerse, porque no tiene ninguna legitimidad. Por eso la represión y el control social continúan aumentando en vez de disminuir. En ausencia de esos niveles de represión y control social, el altísimo nivel de rechazo popular hacia el régimen le haría imposible mantener el control político.

    En consecuencia, cabe esperar que continúen la represión, el control territorial, la represión barrial, la criminalización de la protesta y la disidencia social y el cierre de espacios para la libertad de expresión y para la libertad de prensa.

    Ahora se ha aprobado un combo de leyes que incluye una Ley de Ciberdelitos. Y ya tenemos al primer preso político condenado por esta ley, que no hace otra cosa que criminalizar la libertad de opinión.

    Lo que busca el gobierno con los presos políticos es tener rehenes. Entre las personas detenidas en los últimos tiempos destacan precandidatos presidenciales, empresarios, banqueros, abogados, activistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno trata de negociar su salida para ganar legitimidad y aprobación internacional.

    Lo cierto es que el gobierno no tiene apoyo internacional. Los únicos líderes extranjeros que asistieron a su toma de posesión fueron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

    ¿Cómo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la recuperación de la democracia y los derechos humanos?

    Hay que amplificar la denuncia de las violaciones y afinar los mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil en Nicaragua ha hecho un tremendo esfuerzo no solamente para documentar las violaciones de derechos humanos sino también para identificar autores y responsables. Dado que el sistema de justicia en Nicaragua está colapsado, y que la sociedad civil está haciendo todo lo que está en sus manos, recae sobre la comunidad internacional la gran responsabilidad de impulsar la rendición de cuentas y el castigo a los responsables.

    El régimen de Daniel Ortega ya no es un proyecto político sino un proyecto económico. El control del Estado le permite disponer de redes de corrupción en su provecho. En función de esto la comunidad internacional debería afinar sus mecanismos, revisando el tema de las sanciones económicas, identificando a las empresas que siguen haciendo negocios, no siempre totalmente lícitos, con el régimen de Ortega. Ya que muchos acuerdos de asociación tienen cláusulas democráticas y anticorrupción, es necesario hacerlos operativos. También deben imponerse sanciones personales a los artífices de la corrupción y de la represión.

    ¿Qué tipo de presión debería ejercerse para lograr la liberación de María Esperanza Sánchez?

    María Esperanza fue condenada a diez años de prisión. Todo lo que ha pasado con ella y con el resto de las personas presas políticos es completamente arbitrario; justamente por eso les consideramos presos políticos. Lo que reclamamos es la liberación incondicional y con garantías de todos ellos. 

    Lo que ocurra con ellos dependerá en gran medida de la fuerza con que logren ejercer presión la oposición y la comunidad internacional, de la correlación de fuerzas que se establezca entre el gobierno de Nicaragua y los movimientos de defensa de los derechos humanos.

    Hay que hacer campañas y seguir presionando. Seguir poniendo el dedo en la llaga de todas las arbitrariedades, ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Todavía sigue habiendo gente en Europa y en otras partes del mundo que piensa que Daniel es aquel antiguo revolucionario idealista, y no el déspota en que se ha convertido. La mejor forma de desenmascarar a dictadores y violadores de derechos humanos es seguir comunicando la verdad sobre la base de evidencia bien documentada.

    El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que identifica a los países donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.
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  • NICARAGUA: “Estas elecciones fraudulentas fueron para el gobierno un completo fracaso”

    CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones en Nicaragua, caracterizadas por la proscripción de candidaturas, el fraude y la represión, con una defensora de derechos humanos perteneciente a una plataforma nacional de la sociedad civil nicaragüense, que por razones de seguridad solicitó mantener el anonimato.

    Nicaragua elections Nov 2021

    ¿En qué contexto político se desarrollaron las elecciones presidenciales del 7 de noviembre?

    El contexto comenzó a configurar se en el año 2006, con el pacto entre los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, y la fuerza por entonces gobernante, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el expresidente Arnoldo Alemán a la cabeza. El objetivo del llamado “pacto Alemán-Ortega” consistía en instaurar un sistema bipartidista dominado por ambos líderes, lo cual no funcionó para ambos: resultó en una completa reestructuración del sistema político, incluidas una reforma de la Constitución y la modificación de las fechas de las elecciones, que le permitió al FSLN – que llevaba varios turnos electorales perdiendo la presidencia - ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, para ya no volver a dejar el poder.

    Ya en el poder, el FSLN realizó varias reformas constitucionales y de la ley electoral ordenadas por Daniel Ortega, en contubernio con los poderes legislativo, judicial y electoral, para imponer una constitución a su medida y hacerse reelegir indefinidamente.

    Desde las más recientes reformas electorales, que datan de mayo de 2021, el contexto electoral ya estaba diseñado para que el actual gobierno ganase las elecciones. Esta reforma le entregó al FSLN el control de toda la estructura electoral, le dio a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores y quitó financiamiento a sus candidatos.

    Ya en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional había aprobado una ley para neutralizar candidaturas opositoras: bajo el pretexto de rechazar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, inhibió las candidaturas de quienes hubieran participado en las protestas de 2018, catalogadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado financiado por potencias extranjeras.

    Todas estas leyes fueron aplicadas por las instituciones del Estado para proscribir a todos los postulantes democráticos que de alguna manera pudieran ser considerados idóneos para derrotar al candidato del FSLN. El resultado fueron unas elecciones sin ninguna competencia real.

    ¿Se hizo algún intento de postergar la elección hasta que estuvieran dadas las condiciones?

    Primero, en el contexto de las protestas de 2018, que fueron fuertemente reprimidas y arrojaron centenares de muertos, varios sectores, incluida la Conferencia Episcopal de Nicaragua, propusieron adelantar las elecciones para resolver la crisis. Algunos también pensaron en la posibilidad de forzar la renuncia del presidente por su responsabilidad en las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas de 2018.

    Pero Ortega se negó a convocar a elecciones anticipadas, y en cambio desafió a los supuestos “golpistas” que protestaban contra él a conseguir el voto del pueblo en las elecciones de 2021. Y entretanto, en vez de proceder a la reforma electoral que se reclamaba desde hace años, se dedicó a preparar el terreno para que nadie pudiera desafiarlo en esas elecciones.

    Con el proceso electoral de 2021 ya en marcha, y en vistas de que no habría ninguna competencia real, hubo actores de la sociedad civil que recomendaron suspender y reprogramar unas elecciones que serían claramente ilegítimas y carentes de credibilidad, pero desde ya que este reclamo no tuvo ningún eco.

    ¿Cómo evalúas los resultados de las elecciones?

    Claramente la abrumadora mayoría de la ciudadanía nicaragüense consideró que estas elecciones eran ilegítimas, puesto que solo aproximadamente el 10% de los votantes habilitados se presentaron a votar. Algunos de los que lo hicieron son partidarios del gobierno, mientras que otros, como los integrantes del ejército y la policía y los trabajadores del Estado, fueron obligados por el temor y por sus circunstancias laborales.

    Estas afirmaciones son respaldadas por los datos de los sondeos de diversos grupos de la sociedad civil dentro y fuera del país, tales como Coordinadora Civil, Mujeres Organizadas y Urnas Abiertas. El día de las elecciones, algunas de estas organizaciones hicieron un sondeo rápido en el terreno, en dos tiempos – en una franja matutina y otra vespertina – y documentaron a través de fotos, videos y testimonios de algunos observadores electorales invitados por el gobierno que la mayoría de la población no salió a votar.

    Desde el punto de vista de la sociedad civil, estas elecciones fueron para el gobierno un completo fracaso, ya que nos da todos los fundamentos para demostrar a nivel internacional que el presidente no cumple con las condiciones mínimas de legitimidad para permanecer en su puesto. No solamente el pueblo no reconoce los resultados de estas elecciones: hay más de 40 países que no los han reconocido. El gobierno llevó a cabo unas elecciones fraudulentas para ganar legitimidad, pero no lo consiguió porque nadie lo reconoce ni a nivel nacional ni a nivel internacional.

    ¿Cuál es el panorama para la sociedad civil nicaragüense tras las elecciones?

    El panorama no ha cambiado. Lo que nos espera es más de lo mismo: más represión, más persecución, más secuestros, más presos políticos, más exiliados. Al mismo tiempo, este gobierno que no responde ni rinde cuentas, es completamente incapaz de resolver ninguno de los problemas que tiene Nicaragua, de modo que también continuarán profundizándose la pobreza, el desempleo y la inseguridad ciudadana.

    En respuesta, no podemos hacer otra cosa que sostener la resistencia y tratar de romper las cadenas del miedo, porque este gobierno ilegítimo domina a través del temor.

    ¿Qué clase de apoyos internacionales necesita la sociedad civil nicaragüense?

    La sociedad civil nicaragüense necesita toda clase de apoyos, desde apoyos para la construcción y el fortalecimiento de alianzas que amplifiquen nuestras voces para dar a conocer la situación política que vive Nicaragua y reclamar acción en los foros internacionales, hasta apoyos financieros y en especie para dotarnos de las herramientas con que hacemos nuestro trabajo, sostener a nuestras organizaciones y proveer de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidas y atacadas.

    El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que incluye casos donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.