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  • ‘Solo un gobierno auténticamente democrático podrá enfrentar seriamente el problema del cambio climático’

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    CIVICUS conversa con Enrique de León, dirigente del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), unaorganización de la sociedad civil dominicana que lucha por la desaceleración del calentamiento global. La organización trabaja para diseminar información y educar a la ciudadanía sobre el cambio climático, monitorear y presionar para que el gobierno cumpla con los compromisos contraídos en la materia, y promover las energías renovables y la descarbonización de la economía nacional.

    1. ¿A qué se debió el fuerte impacto que tuvieron los recientes huracanes Irma y María sobre el Caribe? ¿Cabe considerarlos desastres solamente “naturales”, o tuvieron causas humanas y acaso hubiera podido hacerse algo para morigerar sus impactos?

    En el Caribe siempre hemos tenido huracanes; los ha habido antes de que se iniciara el registro histórico. Pero han cambiado su intensidad, su frecuencia y su previsibilidad. Este año los ciclones fueron consecutivos y en línea, lo que no había pasado en mucho tiempo, por no decir nunca desde que se tenga registro. Y han tenido un comportamiento muy difícil de prever. Esto se debe al cambio climático, y más precisamente al aumento de la temperatura por efecto de la creciente concentración de partículas de dióxido de carbono. Sabemos que el enorme volumen de emisiones de dióxido de carbono en todo el planeta está creando las condiciones para que los huracanes en el Caribe sean más frecuentes, intensos y difíciles de prever.

    Lo que se puede hacer para evitarlo lo sabemos hace mucho, aunque algunos lo nieguen: tenemos que disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Es difícil, porque nuestra civilización está basada en la quema de combustibles fósiles – carbón, gas natural, petróleo - que emiten gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global. Pero la solución al problema está en manos de la humanidad, y en particular de la parte de la humanidad que es responsable de la mayor parte de la emisión de gases, es decir de los países altamente industrializados – aunque también los países menos industrializados tenemos un alto nivel de emisiones en términos relativos.

    Las emisiones de dióxido de carbono y el consiguiente calentamiento global constituyen una amenaza particularmente grave para los países insulares, vulnerables a la elevación del nivel del mar. Tal es nuestro caso, que además vivimos de nuestras playas. Más del 80% de nuestra población vive en las costas, y estamos perdiendo territorio. La elevación de la temperatura está afectando también la biodiversidad en nuestros arrecifes y, por consiguiente, la viabilidad de la pesca. De modo que también está en juego nuestra seguridad alimentaria.

    Los huracanes están provocando fenómenos extremos: en 2014-2015 tuvimos una gran sequía, mientras que a fines de 2016 tuvimos un diluvio en una época inhabitual, que fue un verdadero desastre. En 2017 tuvimos tres huracanes que vinieron en fila india, y si bien la isla de Santo Domingo – que la República Dominicana comparte con Haití – se libró por poco de su impacto directo, Puerto Rico fue atravesado por el huracán María, y todavía no consigue recuperar ni siquiera la energía eléctrica.

    En suma, se puede hacer algo para modificar la intensidad y el comportamiento de los huracanes en el Caribe: disminuir las emisiones de dióxido de carbono tal como lo establecen los Acuerdos de París de noviembre de 2015. Pero es difícil, porque ello depende de la introducción de cambios profundos en el sistema económico global.

    1. Más allá de lo que pase a nivel global, ¿hay algo que los países más afectados por estos fenómenos puedan hacer para protegerse?

    Ante todo, podemos y debemos emprender una acción política, consistente en apelar a la comunidad internacional, y en particular a los países con mayor responsabilidad en la emisión de dióxido de carbono, para que reduzcan sus emisiones. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, dado que si bien son bajas en términos absolutos, las emisiones per cápita de la República Dominicana son muy altas (3,8 toneladas anuales). De modo que somos corresponsables, y no podemos demandar que otros reduzcan sus emisiones si nosotros no hacemos lo mismo.

    Por lo menos es necesario cumplir con las metas fijadas por el Acuerdo de París, aunque habría que fijar metas más ambiciosas, ya que está comprobado que con aquellas no será suficiente para llevar el calentamiento global a niveles aceptables. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), al igual que todo el movimiento ambientalista latinoamericano y mundial, sostiene que los países más vulnerables, que son los estados insulares del mundo en desarrollo, deben exigir que los mayores responsables por un lado reduzcan las emisiones, y por el otro ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y a establecer un sistema económico más sostenible.

    Este tiene que ser un movimiento político. Hemos hecho una apuesta fuerte en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 23) que tuvo lugar en Noviembre de 2017. Con el liderazgo de los compañeros peruanos, que han resultado muy golpeados por el cambio climático, hemos formado una coalición latinoamericana con apoyos europeos que presiona para que se alcancen acuerdos puntuales, tales como la eliminación para 2020 del uso del carbón para generar electricidad. Aunque la eliminación de la minería de carbón pueda llevar más tiempo, al menos no deben seguir construyéndose nuevas plantas eléctricas de carbón. También hemos planteado, sobre todo con los compañeros bolivianos y brasileños, que para 2030 se mantenga por lo menos el 80-85% de las reservas mundiales de hidrocarburos bajo tierra. Como contrapartida, deben usarse energías renovables tanto para la generación de energía eléctrica como para el transporte y otras necesidades.

    Lamentablemente, dependemos de la voluntad de los gobiernos y de los políticos, que en muchas partes del mundo responden a intereses económicos muy mezquinos. El mejor ejemplo de esto es el presidente de los Estados Unidos, que es realmente un energúmeno, pero no uno cualquiera sino uno que representa a otros energúmenos cuyos intereses y fortunas están vinculados a la reproducción de una economía basada en la quema de combustibles fósiles. El hecho de que Estados Unidos se haya retirado de los Acuerdos de París es un retroceso catastrófico, así como la expresión de que la cúpula dominante de ese país está dispuesta a arriesgar un holocausto global con tal de conservar sus tasas de ganancia.

    Esta es una batalla política que no puede ser de unos pocos, y que como todas las luchas cruciales debe librarse en las calles. Tenemos que sacar a la humanidad a la calle, como lo hicimos en 2015, para dejar en claro que no está dispuesta a sacrificarse en aras de las ganancias de una minoría, y exigir que los yacimientos de hidrocarburos permanezcan bajo tierra y que se impulsen con fuerza las energías renovables en todas sus expresiones. En las islas del trópico, por ejemplo, debe promocionarse la energía solar y eólica.

    1. Internamente, en la República Dominicana, ¿libran ustedes en tanto que sociedad civil  una lucha similar con su propio gobierno, o acaso el gobierno dominicano está alineado con estas posturas?

    Efectivamente libramos una lucha similar. El nuestro es un gobierno canalla: de un modo ilegal y corrupto hasta un grado nunca visto en nuestra historia, desde 2013 construye dos plantas de carbón de 770 megavatios en Punta Catalina, a 50 kilómetros de la capital. Al mismo tiempo, en noviembre de 2015 nuestro presidente fue a París a liderar a los estados insulares más amenazados en el planteo de la demanda de reducción de la huella de carbono, y a prometer una disminución del las emisiones de 25% para 2030. Cosa que será imposible de cumplir si se pone a funcionar unas plantas de carbón que por sí solas generarán 6,34 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, lo cual supone un incremento de más de 20% en las emisiones totales del país.

    Así, mientras construye estas plantas de carbón que van a disparar nuestras emisiones de carbono, que ya son altas en términos relativos, el gobierno se compromete con la comunidad internacional a reducirlas sustancialmente. Frente a esto, desde principios de 2016 el CNLCC, junto con otras veintitantas OSC, sobre todo del movimiento ambientalista, desarrolló una campaña intensa para que nuestro país ratificara los Acuerdos de París. Una vez que, gracias a la campaña, logramos que el Congreso de la República ratificara los acuerdos, y que lo hiciera de manera rápida, unánime y en una sola lectura, tuvimos que esperar tres meses para que del despacho de la Cancillería se dignaran a informárselo a la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Para que eso sucediera tuvimos que movilizarnos; el gobierno se resistía a la ratificación porque sabía que con las nuevas plantas de carbón le sería imposible cumplir con las metas, más allá de su plan de sembrar un millón de árboles de caoba, con los cuales en 50 años con suerte lograrían absorber la cuarta parte del dióxido de carbono que esas plantas van a emitir.

    Nuestro país tiene una gran necesidad de energía eléctrica porque, aún bajo un modelo de gran desigualdad y exclusión, la economía está creciendo. Actualmente tenemos déficit energético, con producción de energía cara e ineficiente, y por eso tenemos grandes apagones. O sea que sí necesitamos producir más y mejor energía, pero lo que no necesitamos es que esa energía salga del carbón, cuando nosotros ni siquiera somos productores de carbón. Gracias a la lucha de la sociedad civil dominicana, en 2012 fue aprobada la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 27 estableció la meta de reemplazar antes de 2030 los combustibles fósiles importados por energías renovables, y así descarbonizar la economía. Pero desde que llegó al poder en 2013, el gobierno de Danilo Medina ha hecho todo lo contrario, con acuerdos muy redituables para establecer nuevas plantas eléctricas de carbón.

    1. ¿Por qué el gobierno dominicano optó por el carbón en vez de energías renovables? ¿A qué intereses representa?

    La opción por el carbón, así como la elección de la empresa Odebrecht, que encabeza el consorcio que construye Punta Catalina, fue una decisión de financiamiento político. El gobierno de Danilo Medina necesitaba reelegirse, y la reelección estaba prohibida, de modo que tuvo que financiar primero la reforma electoral y luego la campaña para la reelección. Ese financiamiento lo facilitó la planta de carbón construida junto con Odebrecht. Está plenamente documentado que la licitación fue amañada: Odebrecht compró ese contrato, tal como lo confesó en diciembre de 2016 en Nueva York. En tanto que forma de financiamiento político corrupto, la obra incluyó desde el principio una sobrevaluación de mil millones de dólares. De los 2945 millones de dólares que iba a costar la obra, mil eran sobreprecios. Esto lo denunciamos, pero no hubo forma de que se abriera un proceso de investigación serio, porque nuestro Poder Judicial es extremadamente dependiente del Ejecutivo.

    De hecho, esas plantas van a terminar costando mucho más caras, porque recientemente se develó que hay un sobrecosto de 708 millones más, ya que no se habían hecho los estudios correspondientes y para hacerlos le están pasando la factura al gobierno. Además, una de las socias de Odebrecht en la construcción de la planta ha hecho una reclamación por 720 millones por montos adeudados a proveedores y por la reposición de un generador dañado por la empresa estatal cuando quiso montar a toda velocidad la primera unidad para hacer una demostración. Nosotros denunciamos que la planta no estaba lista, y efectivamente tiene una enorme demora, pero para demostrar que no era así el gobierno se apuró y dañó un generador. En cuanto a los pagos adeudados, los retrasos se deben a la campaña que hicimos con el apoyo de aliados europeos para que los bancos europeos que estaban financiando las obras detuvieran el desembolso por razones de corrupción.

    1. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía dominicana a medida que se develaron estos hechos de megacorrupción?

    Desde el 22 de enero de 2017 ha habido todos los meses manifestaciones multitudinarias inéditas en nuestra historia, en reclamo del fin de la corrupción y la impunidad. Y el corazón de esa demanda es Punta Catalina, que es realmente la prueba del delito. Estos reclamos expresados en las calles obligaron al gobierno a montar una ópera cómica: al fin y al cabo procesó a todo el mundo menos a los principales culpables. Odebrecht ha comprado contratos desde 2001 hasta 2015, y el gobierno procesó a gran parte de los presuntos implicados hasta 2012, pero a ninguno desde 2012 para acá. Es decir, no rozó siquiera a los involucrados en Punta Catalina, entre ellos el propio Presidente de la República. Además, ni uno solo de los procesados está en prisión.

    El país no solo está indignado: está frustrado y harto, y se siente violentado. Para contener posibles reacciones ciudadanas, el Ministerio Público apeló la liberación de dos de los imputados: el empresario Ángel Rondón, intermediario a cargo del reparto del dinero de los sobornos y las ganancias ilícitas, y Víctor Díaz Rúa, ministro de Obras Públicas del gobierno anterior. Sin embargo, la Suprema Corte mantuvo la libertad de ambos. Esto realmente no sorprendió a nadie.

    El pueblo dominicano hizo uso del medio más democrático que tenía a su disposición: la manifestación callejera. El gobierno se mantuvo indiferente y apostó al desgaste del movimiento: lo dejó gritar y patalear hasta cansarse. Pero ya hay una parte importante de la población que piensa que este gobierno es el principal obstáculo para impartir justicia y acabar con la impunidad, y que hay que terminar con él. Hace poco se comprobó que en las elecciones de 2016, en las que fue reelecto el presidente Danilo Medina, la empresa que proveyó los escáneres también programó el conteo de los votos. La ciudadanía lo tomó con calma, porque de hecho ya lo sabía, pero desde entonces se está buscando alguna forma de acortar esta presidencia.

    El 16 de julio de 2017 el movimiento anticorrupción Marcha Verde hizo la manifestación más grande en la historia del país, y allí se lanzó la idea de procesar al presidente. El pueblo dominicano ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para encontrar una salida, y hasta ahora no la ha encontrado porque el Poder Ejecutivo tiene secuestrada a toda la institucionalidad democrática. Ni el Legislativo ni el Judicial son poderes independientes, de modo que ¿quién va a procesar al presidente?

    Más recientemente, sectores de la Marcha Verde y diversas agrupaciones políticas están haciendo el planteo de que el año próximo se busque un gran acuerdo de todos los sectores para ponerle fin al mandato presidencial y buscar una solución institucional mediante una Constituyente que establezca un Poder Judicial y un Poder Legislativo realmente independientes y provea garantías de pulcritud electoral, de modo de preparar las condiciones para la elección de un nuevo gobierno en 2020.

    1. ¿Hay alguna chance de que nuevas elecciones lleven al poder a alguien que represente intereses más amplios, y que esté en condiciones de enfrentar seriamente el problema del cambio climático?

    No perdemos las esperanzas de que así sea. El pueblo dominicano nunca se ha cansado de luchar por una auténtica democracia. El 22 de enero de 2017, un pueblo al que muchos creíamos derrotado se levantó con fuerza en rechazo de la corrupción. No lo hizo por aumentos de salarios ni por rebajas en los precios de los alimentos, ambas causas legítimas, sino por simple indignación en relación con las implicaciones que las confesiones de Odebrecht tenían para nuestro país.

    El Estado dominicano está atravesado de punta a punta por la corrupción y la impunidad, y ello limita fuertemente su capacidad para luchar contra el cambio climático. Hoy por hoy, a las autoridades no les importa en lo más mínimo mentirle a la comunidad internacional, prometiendo una cosa que saben que no van a cumplir.

    Nosotros abogamos por que una parte del Fondo Verde establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se utilice para mitigar los daños que sufre la República Dominicana a causa del calentamiento global. Es decir, que una parte de esos 100 mil millones de dólares anuales que los países desarrollados, los mayores emisores de gases causantes del cambio climático, aportarán para materializar acciones de mitigación y adaptación en las naciones en desarrollo, financie la adaptación tecnológica, cultural y productiva de nuestro país. Para mitigar desastres y volver a reconstruir se necesita mucho dinero: por ejemplo, el huracán Georges, que en 1998 nos pegó de lleno, provocó en República Dominicana pérdidas que representaron el 14% del PIB (de 1997). La lluvia de finales de 2016 nos costó 9478 millones. Con el huracán María, nuevamente, hemos tenido entre 9 mil y 10 mil millones de dólares en pérdidas, pese a que no nos pegó directamente sino que solamente pasó cerca.

    El problema es que si ese dinero llega hasta aquí, corre el riesgo de perderse, ya que los desastres y la posterior reconstrucción son ocasiones perfectas para la corrupción. Así, por ejemplo, los fondos destinados a la mitigación de los efectos de las lluvias de 2016 nunca llegaron a los territorios. La gente de Marcha Verde en las regiones más afectadas reclamó una y otra vez que el dinero no había llegado. De modo que enfrentamos un dilema muy duro: al mismo tiempo que reclamamos a la comunidad internacional apoyo para enfrentar las consecuencias y combatir las causas del cambio climático, nos sometemos a la rapacidad de nuestros propios gobiernos. Evitar que ese dinero se pierda y lograr que llegue a su destino es un problema que compartimos con otros países de la región. Solo un gobierno auténticamente democrático, que represente los intereses de la mayoría de la ciudadanía en vez de los intereses concentrados de los empresarios y los políticos aunados por la corrupción, podrá enfrentar seriamente el problema del cambio climático.

    • El espacio cívico en República Dominicana recibe la calificación de ‘obstruido’ en elCIVICUS Monitor, lo cual indica la existencia de restricciones serias de las libertades cívicas.
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  • ‘The government is in fact listening to civil society, just not to the progressive side of it’

    CIVICUS speaks to Horace Levy, the director of Jamaicans for Justice, a non-profit, non-partisan, non-violent citizens’ rights action organisation that advocates for good governance and improvements in state accountability and transparency.

    1. What led to the formation of Jamaicans for Justice, and what does the organisation do?

    In April 1999, the government announced new taxes, including a special fuel tax and a 30% hike in the cost of licensing vehicles. This prompted widespread protests, both peaceful and violent, including roadblocks and barricades, which lasted for several days. There was one group, in the St. Andrew’s section of Kingston, that included some lower class people, but was mostly middle class, and had gathered to block a road in protest. The poorer people were on one side of the road and the middle class people were on the other, but after a couple of days they came together. Some people from that middle-class group met afterwards to discuss the causes of the protests – the general state of injustice, the oppression of poor people. Out of a series of meetings, held along with a Roman Catholic priest, Monsignor Richard Albert, who offered his church as a venue, was born Jamaicans for Justice (JFJ). By July the group had formed, in August it registered as a limited liability company, and on 15 October 1999, six months after the riots, it officially became a registered NGO.

    The very first case JFJ took on involved the ill treatment of inner city poor youth by the police. The police had detained 52 poor youths, put them behind bars — then they released some but they kept others. From the beginning, then, ill treatment by police became a major issue for JFJ. As a result of several presentations we made before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), the government eventually set up a Special Coroners’ Court, because the Coroner’s Court was totally inadequate to deal with this. The Special Coroners’ Court deals specifically with police abuse, and killings in particular.

    Another broad area of our work involves children in the care of the state. JFJ monitors the situation of wards of the state in children’s homes, places of safety, police lock-ups, remand and correctional facilities. We gather data, provide reports and lobby for the protection of this particularly vulnerable group.

    We are also involved in a wide range of other things: we deliver human rights education in schools, we provide human rights training to police recruits, we bring legal advice to inner-city communities through legal advice sessions and workshops, we give testimony in front of parliamentary committees, we promote citizen awareness of the right to access public information, and we develop media campaigns, among other things. Right now some of us are working very hard on an identification process the government is putting in place, which involves elements of respect for privacy and other rights. But we keep focusing on one of our core issues: the conditions of detention.

    One achievement we contributed to was the establishment by the government of an independent Commission of Enquiry to clarify the events that took place during the State of Emergency declared in May 2010, which left almost 70 civilians dead. A lot of progress was done in prosecuting the police for extra-judicial killings, which helped reduce the number of killings. In order to prevent this from happening again, we keep pushing for radical change in the way the security forces operate.

    2. Organisations defending basic civil rights against actions by the security forces are often accused of “protecting criminals”. How do you get public opinion to take your side on divisive issues such as police brutality?

    I don’t think we have entirely escaped that accusation. But we try in various ways: for instance, when a police officer is killed in the line of duty we issue a press release offering our sympathy to his family and condemning the act. Most of the times the papers don’t print that, but we issue it anyway. Secondly, we work on other issues as well, such as the welfare of children, which shows we are not fixated on police abuses. There was a period when we also did a lot of work on socio-economic rights: education, housing, employment and the development of rural communities. And of course, we also try to explain that the reason why we are concerned with police brutality is that the police are supposed to be protecting human rights. So a criminal killing somebody and a police officer killing somebody are two completely different things. But people seem to overlook that. Criminals are what they are, and they are not going to be moved by our condemning them. But by addressing actions by the state that should not happen, we have a chance to change them.

    3. How would you describe the environment for civil society in Jamaica? Are civic freedoms enjoyed by all Jamaicans equally, or are there restrictions that affect specific groups disproportionately?

    Civic space is quite good in Jamaica. The freedom of the press is perhaps the most unrestricted in the hemisphere. The freedoms of expression, association and peaceful assembly are respected and protected. The state does not attack these freedoms; to the contrary, for instance, the state has facilitated the freedom of expression by passing laws governing the establishment of fresh media outlets.

    About four years ago, we were stigmatised in public comments by the previous government’s Minister of Youth, who accused us of grooming children in state-run homes to be homosexuals, while we were in fact delivering a sexual education programme in about seven children’s homes. But this was an exception rather than a rule, and it was just an individual reaction from a public official that we had criticised. We had only had another situation like that in the past, when we had just started as an organisation and were perceived as hostile to the party that was in power at the time. But as time passed, and both parties spent some time in power, it became apparent that we criticised them both, that we were not partisan in any way, and that we were constructive rather than over-critical, so our position became accepted.

    Along with a quite healthy civic space, we have had free elections since 1945, and elections have been overall free and fair ever since. We never had a party in power that was not legally and legitimately elected. At the same time, slightly more than half the population is currently not voting, which means that each party has the support of about 23% or 24% of the electorate. Although democracy is firmly rooted not just in the political sphere but also among business, civil society and religious groups, recent polls have witnessed an increase in the number of citizens that would favour a military takeover (which is highly unlikely to happen) in reaction to the perceived corruption of politics.

    There are also lot of structural but subtle ways in which democracy is hurt. As a legacy of slavery and colonialism, our country has a hierarchical social structure that has stayed in place even after independence. It is a pyramid on top of which are white people, followed by brown people in the middle, and black people (who account for 85% of the population) at the bottom. Of course it’s not clear-cut: we have black politicians and top public officials, for example. But there is a sharp distinction between the brown and the black. The middle class is largely brown, although there are blacks among them as well. This distinction reflects in education: we have a two-tier education system, with the brown and upper class in private, proprietary and secondary schools, and the large mass of the mostly black population receiving and inferior education. Fortunately, this is changing, and formerly weak schools are now beginning to compete with privileged schools thanks to state funding. As for police abuses, they are directed against the black majority in poor communities: you don’t see upper class and white people being beaten by the police.

    In other words, democracy is in many ways corrupted by overlapping race and class injustices. The system is not corrupt in the sense that officials massively take bribes, but it is indeed damaged by this racial and class hierarchy that, according to public opinion polls, is unfortunately accepted by the vast majority of the people. Interestingly, this is not reflected in the way Jamaicans individually behave: we don’t see ourselves as less than anybody else, and when overseas we are often regarded as aggressive. We have a strong sense of our rights, but at the same time there is a broad segment of black people bleaching their skin in an attempt to climb up the social ladder.

    4. Do you think representative democracy in Jamaica is participatory enough? Do regular citizens and organised civil society have a say in how public affairs are run?

    Our democracy is not participatory enough, which is part of our struggle. Recent events have enhanced the prospects for civil society participation, however. In the latest election, in early 2016, the government won by a very tight majority, which made it more open to civil society. So as to gather as much support as they could, they gave continuity to an institution called Partnership for a Prosperous Jamaica (PPJ, formerly known as Partnership for Jamaica).

    The PPJ includes representatives of the state (both from the government and the opposition), the private sector, trade unions and civil society organisations. It was in fact as a result of civil society efforts that we got representation for five distinct civil society groups: a faith-based group, a rights advocacy group, a youth group, a women’s group and an environmental CSO. The Prime Minister, who chairs the Partnership, agreed to our proposal to have three sub-committees: on women and children; on violence and the rule of law; and on the environment. The chairpersons of all three sub-committees are civil society people.

    The chairwoman of the environment sub-committee, in particular, is a civil society representative who is highly respected by both major political parties and who had resigned to her position in the previous Partnership because she was disgusted by the fact that there was all talk and no real action. She just led a petition to the Prime Minister to protect Jamaica’s Cockpit Country against bauxite mining. According to a recently established mechanism, if you gather 15 000 signatures in 40 days, the government will review the petition, and if it complies with certain standards the Office of the Prime Minister will issue an official response. This petition surpassed the target by far, so we are now waiting to see whether we won this battle or not.

    So, there is an element of participation, but making it count is a permanent struggle. Additionally, there is a section of civil society that is mobilised around conservative or even reactionary causes, which means that not all forms of participation are helping advance a progressive agenda. For instance, an area in which we are struggling very strongly is LGBTQ rights. We have long been pushing for the revocation of buggery or sodomy laws, old pieces of legislation that criminalise male same-sex sexual activity. Under these statutes, loosely defined “unnatural offences” and “outrages on decency” can be punished with up to ten years of imprisonment and hard labour. But there is a wide section of society, led by conservative churches such as evangelists and Seventh-Day Adventists, which strongly oppose the repeal of these laws. The majority of the population belong to these churches, while more liberal churches are a small minority.

    Politicians are afraid of conservative religious people, so the government has proposed to submit the issue to a referendum. So the government is in fact listening to civil society, just not to the progressive side of it. Now, why would the majority go against itself, its own social norms and its own privilege? We just had an international conference with leading Anglicans and human rights activists, including Anthony Gifford, explaining why this is not the kind of issue to be decided by a popular vote. It doesn't make any sense to ask the majority whether they would like to respect the rights of a minority they are oppressing. Sodomy laws were repealed in Britain 50 years ago, but in Jamaica we are not likely to have them revoked anytime soon. On this issue, a section of civil society is fighting another section of civil society.

    5. What support, including from international actors, does progressive Jamaican civil society need to play a full role in building a fairer society and a more participatory democracy?

    We get international support, for example in the form of the conference I just mentioned, with highly-respected figures putting forward a cogent argument that will hopefully help shape public debate. UNDP has also collaborated in a similar way.

    Financial support, on the other hand, is not that good. That’s where organisations like JFJ are struggling. We get some funding locally, but it is very little. For instance, we have one donor who gives us nearly 2.5 million Jamaicans, but that’s just a few hundred US dollars. We have an annual fundraising art auction, which is quite unusual for an organisation like ours, but that’s because we have some middle- to upper-class donors, and this brings in a couple million Jamaican dollars a year. And it takes months of efforts.

    So most of our funding comes from international sources. We had funding from the UN Democracy Fund (UNDEF), but it expired last December. We just got UNICEF funding for our work with children, which is set to last for at least two years. We also have some funding from the European Union, but it ends in about five months, and we are finding it hard to replace it. We have been trying to get funding from the Open Society Foundations but have not yet succeeded. We are approaching the Inter-American Development Bank, and we might get something from them.

    In short, we are struggling with funding. Until 2013 we had a Legal Department but we had to close it. We still employ one of the lawyers from our former Legal Department, but we need more lawyers because a lot of our work with pre-trial detainees is of a legal nature. For instance, we have a case now going to the Privy Council and we are struggling to get the money to send people there. Even though we have some pro bono lawyers in England, it still costs us money: we need to send them 3 000 pounds that we can ill afford.

    When we get our Legal Department going, we will be able to use it to earn some money. In the past, we stupidly thought that, as a charity, we shouldn’t. But in fact, even as a charity we can earn some money by imposing retainer fees to those who can pay them, while working for free for those who cannot afford them. We are set to do that, but we have made that decision quite recently, so we won’t be earning any money from it for a few months yet.

    • Jamaicans for Justice (JFJ) was founded in 1999 and primarily works with victims whose rights have been breached by members of the security forces. In the upcoming period of sessions of the Inter-American Commission on Human Rights) in Montevideo, Uruguay, JFJ will take part in a hearing on extrajudicial executions and the excessive use of preventive detention against Afro-descendants in Jamaica.
    • Civic space in Jamaica is rated as “narrowed” by theCIVICUS Monitor.
    • Get in touch with Jamaicans for Justice through theirwebsite or Facebook page, or follow@JAForJustice on Twitter.

     

  • El Salvador es uno de los pocos países que aún no han decidido que la vida de las mujeres importa

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    CIVICUS conversa con Sara García Gross, Coordinadora Ejecutiva de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador e integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Fundada en 2009, Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil multidisciplinaria que busca generar conciencia para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país; defender legalmente a las mujeres que han sido acusadas o condenadas o por abortos o delitos relacionados; y promover la educación en materia de salud sexual y reproductiva.

     

  • Time to sign: Environmental rights and democracy in Latin America

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    The #Sign4TheEnvironment campaign aims to promote the signature of the regional treaty for environmental democracy in Latin America and the Caribbean - known as the Escazu Agreement. The Escazú Agreement represents a major step forward for the rights of people to access information and participate in policies, projects and decisions that affect the environment. The right  to participate in decision-making processes is key for an open civic space. 

    The agreement is also the first international instrument that includes obligations for the protection environmental defenders and the right of assembly in relation to the environment as the treaty obliges countries to recognize the role and protect activists and their organizations. Attacks and killings of environmental defenders in Latin America is a major concern, as the region is usually the most dangerous place on earth for environmental defenders according to the annual report of Global Witness:

    The treaty will open for signature on September 27 during the General assembly of the United Nations. The Agreement will need the signature and ratification of 11 countries to entering into force.

    Add your name to the government petition & learn more about the importance of the Escazú Agreement. For the latest updates on the state of citizen rights in each country in Latin America and the Caribbean see the CIVICUS Monitor.

     

  • Tratado podría proteger el medio ambiente y los derechos humanos en América Latina

    Los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevos estándares para la protección del medio ambiente y los derechos humanos al firmar el Acuerdo de Escazú durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre.

    CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil, es una de las 200 organizaciones que firmaron una carta abierta conjunta, pidiendo a los jefes de estado de los 33 países de la región que ratifiquen Este nuevo tratado.  

    "Para CIVICUS, el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para hacer frente a la grave situación que enfrentan los defensores del medio ambiente en América Latina y el Caribe, que en los últimos años se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para las personas que participan en campañas de protección del medio ambiente", dijo Natalia Gómez, Responsable de Incidencia y Participación en la Red de la Coalición Vuka!

    La carta abierta hace un llamamiento a los gobiernos para que firmen el acuerdo y adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países. Fue firmado por más de 200 organizaciones mundiales, regionales y nacionales que trabajan en América Latina y el Caribe en campos como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo y la democracia, incluyendo Amnistía Internacional, Greenpeace, Human Rights Watch, Artículo 19, Front Line Defenders y Global Witness.

    Adoptado en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en la región que establecería una protección para los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, así como la protección de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental.

    CIVICUS hace un llamamiento a los gobiernos de los 33 países de América Latina y el Caribe para que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú y, de esta manera, asuman un compromiso real con la protección del espacio cívico y los defensores del medio ambiente.

    Los 33 estados de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar el Acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York a partir del 27 de septiembre de 2018. Para que entre en vigor, al menos 11 países deben firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020.

    Para más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con nosotros:

    Natalia Gómez



    PhotoCred: ECLAC - United Nations

     

  • Treaty could protect environment and human rights in Latin America

     

    Governments across Latin America and the Caribbean can make history and set new standards for protection of the environment and human rights by signing the Escazú Agreement during the upcoming United Nations General Assembly in New York on 27 September.

    CIVICUS, the global civil society alliance, is one of 200 organisations who signed to a joint open letter, calling on the heads of state of all 33 countries in the region to ratify the ground-breaking treaty.  

    “For CIVICUS, the Escazú Agreement is a fundamental tool to address the serious situation faced by environmental defenders in Latin America and the Caribbean, which in recent years has become the most dangerous region in the world for people engaged in campaigns to protect their environment,” said Natalia Gomez, Advocacy and Network Engagement Officer of the Vuka! Coalition.

    The open letter calls on governments to sign the agreement and then adopt rapid and effective measures to implement it in their respective countries. It was signed by over 200 global, regional and national organisations that work across Latin America and the Caribbean in fields such as human rights, the environment, development and democracy, including Amnesty International, Greenpeace, Human Rights Watch, Article 19, Front Line Defenders and Global Witness.

    Adopted in San José, Costa Rica, by representatives of 24 countries on 4 March 2018, the Escazú Agreement would be the first binding treaty in the region to establish protections for the rights of access to information, public participation and access to justice in environmental matters, as well as enshrining the protection of environmental human rights defenders.

    CIVICUS calls on the governments of the 33 countries of Latin America and the Caribbean to sign and ratify the Escazú Agreement and in this way, assume a real commitment to the protection of the civic space and environmental defenders.

    All 33 states in Latin America and the Caribbean will have the opportunity to sign the agreement at the UN headquarters in New York from 27 September 2018. At least 11 countries must sign and ratify it by 27 September 2020 for it to come into force.

    For more information or to arrange an interview, contact:

    Natalia Gomez



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    hotoCred: ECLAC - United Nations