acceso a la justicia

 

  • COVID-19: “Esta crisis no es solamente sanitaria; también es una crisis de justicia”

    CIVICUS conversa con Abigail Moy, directora de la Red de Empoderamiento Legal (Legal Empowerment Network), la comunidad más grande del mundo de personas defensoras que promueven la justicia a nivel de base. Liderada por la organización de la sociedad civil (OSC) internacional Namati, la Red reúne a 2.343 organizaciones y 8.761 individuos de más de 160 países, todos los cuales trabajan para promover la justicia para todas las personas. Hace unos tres años la Red lanzó Justicia para Todos, una campaña para aumentar el financiamiento y la protección de las personas defensoras que promueven la justicia en comunidades de todo el mundo.

    Abigail Moy

    ¿Qué tipo de trabajo hace la Red de Empoderamiento Legal?

    La Red de Empoderamiento Legal es una red global y multidisciplinaria que reúne a personas defensoras de la justicia a nivel de base. Somos más de 2.000 organizaciones de base de aproximadamente 160 países de todo el mundo. Lo que une a todos los integrantes de la Red es su dedicación a la tarea de ayudar a las comunidades a comprender, usar y dar forma a la ley. Entonces, ya sea que estén trabajando en temas de justicia ambiental, derechos de las mujeres, salud, educación o cualquier otro, estas personas defensoras ayudan a las comunidades a comprender cómo las políticas, la ley y la acción gubernamental les afectan y cómo pueden empoderarse para participar en estos procesos, utilizarlos y, en caso necesario, modificarlos para crear una sociedad más justa.

    Nuestro trabajo se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el aprendizaje: somos un centro de aprendizaje donde las organizaciones de base intercambian experiencias y aprenden unas de otras sobre sus métodos y el impacto de su trabajo de empoderamiento legal. Antes de la pandemia de COVID-19, todos los años diseñábamos y realizábamos instancias de aprendizaje que ayudaban a los miembros a explorar soluciones prácticas para los problemas de justicia. Nuestra oferta solía incluir un curso anual de liderazgo, intercambios de aprendizaje en persona y seminarios en línea, y durante la pandemia hemos estado desarrollando nuevas oportunidades de aprendizaje virtual.

    Nuestro segundo pilar es la incidencia y la acción colectiva. Trabajamos con nuestros miembros para transformar el entorno de la política pública de modo de abordar las injusticias y promover el empoderamiento legal a nivel nacional, regional y global. A menudo nos movilizamos en torno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en tanto que medio para abordar las necesidades de justicia en el territorio. Dos de nuestros principales llamamientos a la incidencia y la acción colectiva se centran en el aumento del financiamiento y la protección para las personas defensoras de la justicia en todos los niveles. Estas dos prioridades afectan a nuestros miembros más allá del país donde se encuentren; de ahí que el financiamiento y la protección sean los ejes de nuestra campaña Justicia para Todos.

    El tercer pilar es la construcción de comunidad. Buscamos construir una comunidad más fuerte de personas defensoras de la justicia en el territorio para que puedan apoyarse y aprender unas de otras. Nuestro objetivo es desarrollar un núcleo de liderazgo más sólido para el movimiento y encontrar formas en que las personas defensoras puedan mejorar su trabajo conectándose, desarrollando su pensamiento y trabajando en colaboración.

    Los tres pilares - aprendizaje, promoción y comunidad - alimentan nuestra visión, que consiste en cultivar un movimiento global para el empoderamiento legal que movilice a millones de personas para el abordaje colectivo de las mayores injusticias de nuestro tiempo.

    ¿Qué rol desempeña Namati en la Red de Empoderamiento Legal?

    Namati es la organización que convoca la Red, y en muchos sentidos funciona como su secretariado. Nosotros nos consideramos como un miembro activo de la Red que se ocupa de aspectos tales como las finanzas, la coordinación y el mantenimiento de la infraestructura. Trabajamos con el Comité de Orientación de la Red, un consejo de miembros, para decidir las prioridades y estrategias de la Red y organizar oportunidades de aprendizaje e incidencia. Cada año encuestamos a los miembros de la Red para saber lo que quieren hacer, y esta información nos sirve como herramienta de planificación. En tanto que miembro de la Red, Namati participa en este proceso, pero es una voz entre muchas otras.

    Namati también tiene programas nacionales. Los miembros de la Red trabajan en una amplia gama de desafíos relativos a la justicia en todo el mundo, y Namati trabaja en estrecha colaboración con algunos de ellos para abordar tres cuestiones urgentes - justicia ambiental y territorial, justicia sanitaria y justicia ciudadana - en seis países: Estados Unidos, India, Kenia, Mozambique, Myanmar y Sierra Leone.

    ¿Podría contarnos un poco más sobre la campaña Justicia para Todos?

    Lanzamos la campaña Justicia para Todos hace casi tres años. Nuestra campaña anterior, llamada Justicia 2015, fue un llamado a integrar la justicia en los ODS. Lo logramos, pero después de la adopción de los ODS nadie centró su atención en el cumplimiento del compromiso del Objetivo 16 de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas. En respuesta a ello lanzamos la campaña Justicia para Todos, centrada en el hecho de que el financiamiento y la protección de las personas defensoras de la justicia son las bases necesarias para el cumplimiento del Objetivo 16, y en realidad de cualquiera de los ODS, y que por lo tanto es necesario impulsar el empoderamiento legal.

    Los miembros de la Red promueven la campaña Justicia para Todos de diferentes maneras en sus países y regiones y a nivel global. Algunos miembros han organizado reuniones con sus gobiernos, otros actores de la sociedad civil y otras partes interesadas para discutir estos problemas y tratar de encontrar soluciones de política pública para aumentar el financiamiento y la protección de las personas defensoras de la justicia en el terreno. Otros miembros se han centrado en la arena global, acercándose a donantes internacionales y asistiendo a eventos globales tales como el Foro Político de Alto Nivel sobre los ODS (HLPF, por sus siglas en inglés). Y otros miembros se han concentrado en sus respectivas regiones, tratando de ejercer influencia sobre organismos o acuerdos regionales.

    Como miembro de la Red con fuertes conexiones globales, Namati vincula las experiencias de los miembros a nivel nacional con la esfera global. Hemos trabajado mucho para resaltar las experiencias de base al hacer incidencia en el HLPF, la Asamblea General de la ONU y otras conferencias y eventos de alto nivel, y hemos trabajado con los principales donantes de todo el mundo para que reconozcan el valor del empoderamiento legal y la necesidad de financiamiento.

    ¿Han debido hacer algún cambio en respuesta a la pandemia de COVID-19?

    Durante la pandemia, la Red de Empoderamiento Legal hizo un giro para responder directa e integralmente a las necesidades de sus miembros generadas por la crisis. Para comprender cuáles eran sus necesidades más urgentes administramos una encuesta. Les preguntamos a los miembros de la Red cómo les estaba afectando la pandemia, cómo se estaban adaptando, qué tipo de recursos necesitaban para seguir haciendo su trabajo, qué tipos de intervenciones de política pública consideraban necesarias para garantizar una respuesta justa, y cómo podíamos ayudarles.

    Con respecto a los desafíos que enfrentan los miembros de la Red, clasificamos las respuestas a la encuesta en cuatro categorías: desafíos del trabajo a distancia, desafíos financieros, desafíos de logística y movilidad, y desafíos de seguridad, protección y salud. El trabajo a distancia resultó ser un gran problema para los miembros de la Red, al igual que las finanzas, a causa tanto del aumento de los gastos como de la reducción de los ingresos.

    En reacción a la encuesta reunimos recursos que se ajustaban a las necesidades. Primero, creamos un centro virtual que ofrece recursos multilingües para ayudar a los grupos de empoderamiento legal a comprender la pandemia, obtener información veraz y confiable e identificar formas de mitigar los daños. Elaboramos un documento con respuestas a preguntas frecuentes sobre la COVID-19, con consejos útiles sobre las formas en que las organizaciones de base de acceso a la justicia pueden prepararse y protegerse. Adaptamos esta información para abordar los desafíos que enfrentan subconjuntos específicos de miembros de la Red, por ejemplo, quienes viven o trabajan en áreas densamente pobladas. La información se obtuvo de las principales autoridades en materia de salud pública, tales como la Organización Mundial de la Salud, y fue compilada por expertos en salud pública.

    En segundo lugar, publicamos un informe, “Justicia de base en la pandemia: garantizar una respuesta y una recuperación justas”, que hace recomendaciones a las autoridades políticas, los donantes y las instituciones multilaterales sobre cómo financiar y proteger a las personas promotoras del acceso a la justicia en el territorio durante y después de la pandemia. Lo compartimos ampliamente con diversas partes interesadas, tales como donantes gubernamentales y filantrópicos.

    En tercer lugar, facilitamos una serie de conversaciones entre personas defensoras de base, examinando el trabajo de empoderamiento legal durante la pandemia, a través de una serie de conferencias telefónicas y webinarios. Estos últimos se han desarrollado durante los últimos meses. Cientos de miembros han participado en estas conversaciones. Las conversaciones temáticas y regionales subsiguientes sirvieron como espacios para el debate sobre buenas prácticas y aprendizaje a partir de las formas en que los miembros están adaptando sus esfuerzos, monitoreando y respondiendo a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis y accediendo a apoyo financiero y demás recursos necesarios. En estas conversaciones también exploramos lo que podemos hacer juntos para ayudarnos mutuamente a salir adelante. Compilamos las mejores prácticas de trabajo a distancia y estamos preparando más materiales acerca de recursos, servicios y técnicas que pueden usarse para trabajar durante la pandemia.

    Nos hemos dado cuenta de que en una crisis como esta no se puede seguir actuando como de costumbre, de modo que nos deshicimos de nuestro plan anual y comenzamos desde cero para hacer lo que teníamos que hacer.

    ¿Qué ha logrado hasta ahora la campaña Justicia para Todos?

    La campaña ha ayudado a enhebrar una narrativa común que resalta las perspectivas de base en eventos globales de alto nivel, fomenta el diálogo y la comprensión pública e insta a la acción sobre los dos temas clave: el financiamiento y la protección de quienes promueven la justicia en el territorio.

    A nivel nacional, ha ayudado a la gente a articular sus necesidades y traducirlas en esfuerzos de incidencia a más largo plazo. Los miembros de la red dijeron que el informe producido por la campaña les resultó muy útil en sus discusiones con sus gobiernos nacionales acerca de las razones por las cuales debería haber financiamiento local para los grupos comunitarios de apoyo legal.

    A nivel mundial, hemos cambiado la discusión y las normas vigentes. Antes no se hablaba de lo que se debía hacer para promover el acceso a la justicia y alcanzar el Objetivo 16; no se reconocía que los servicios de justicia requerían financiamiento y que quienes realizaban el trabajo necesitaban seguridad. En este momento, estos temas se están abordando a alto nivel y se han integrado en informes y agendas relevantes. De modo que sentimos que hemos influido en el diálogo internacional en torno de las personas defensoras del acceso a la justicia, y si bien hay más trabajo por hacer, eso de por sí ya es una victoria.

    En el ámbito financiero, la campaña Justicia para Todos ha influido sobre los donantes para que destinaran nuevos recursos al acceso a la justicia y al empoderamiento legal. Durante la pandemia, la campaña ajustó su enfoque: estableció un Fondo de Justicia de Base COVID-19 y logró convencer a varios donantes para que hicieran contribuciones. Esto fue una respuesta a la desesperada necesidad de financiamiento de nuestros miembros bajo la pandemia. Nos dimos cuenta de que no necesitaban montos desmesurados; era mucho lo que podía lograrse con pequeñas inyecciones de fondos, por ejemplo, bajo la forma de subvenciones únicas de unos pocos miles de dólares. Estos fondos relativamente modestos podían hacer una gran diferencia en términos del abordaje de problemas urgentes de acceso a la justicia relacionados con la pandemia. Lanzamos este fondo en julio con el objetivo de recaudar un millón de dólares, y creemos que lo vamos a lograr. Hemos recibido mucho apoyo; ya hemos aceptado las primeras solicitudes y el dinero debería distribuirse en el próximo mes. Se trata de montos pequeños, de entre 3.000 y 20.000 dólares, para que los grupos de base que promueven el acceso a la justicia solventen costos de insumos, capacitación, salarios y cualquier otra cosa que necesiten para mantenerse a flote. La idea subyacente es que la pandemia no es solamente una crisis sanitaria, sino que también es una crisis de justicia, y que debemos sostener a las personas defensoras que están ayudando a las comunidades a hacerle frente

    ¿Qué tipo de apoyo de la sociedad civil internacional necesitarían para poder continuar haciendo este trabajo?

    Nuestra encuesta hizo a nuestros miembros exactamente esa pregunta, y el 58% respondió que necesitaban apoyo tecnológico. La naturaleza del trabajo de empoderamiento legal es en gran medida un ejercicio de construcción de confianza que generalmente requiere de interacciones cara a cara. La mayoría de los grupos de base con los cuales trabajamos están acostumbrados a salir a hablar con miembros de la comunidad, convocar reuniones comunitarias presenciales y educar a la gente. No están acostumbrados a trabajar a distancia; no están familiarizados con el trabajo con aplicaciones y no tienen suficientes dispositivos para hacerlo. Además, el 67% respondió que necesita apoyo para el fortalecimiento de capacidades. Necesitan este apoyo tanto para adaptarse a la tecnología como para imaginar nuevas formas de hacer su trabajo en forma remota o con distanciamiento social. Por último, pero no menos importante, el 88% respondió que lo que necesitan de la sociedad civil internacional es apoyo financiero. Y dejaron en claro que no se trata solamente de conseguir más fondos aquí y ahora, sino más bien de asegurar un financiamiento más sostenible y confiable en el largo plazo.

    Contáctese con la Red de Empoderamiento legal a través del sitio websitio web o el perfil deFacebook de Namati, y siga a@GlobalNamati en Twitter.