Las 9 organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por la promulgación1, el día 14 de abril de 2025, por parte de la Presidenta de la República Sra. Dina Boluarte, de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual pone en grave riesgo el trabajo de quienes defienden los derechos humanos y la democracia.
Estas enmiendas han sido defendidas como medidas destinadas a mejorar la transparencia, fortalecer el rol de la APCI y optimizar la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional. No obstante, las modificaciones propuestas incluyen disposiciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, tal como ha sido sostenido2 desde junio 2024 por cuatro relatorías especiales de Naciones Unidas.
Entre las disposiciones más alarmantes, se exige que las organizaciones que ejecuten cooperación técnica internacional deben registrar sus programas, planes y proyectos, incluyendo los montos y las fuentes de financiamiento (artículo 4.m). Asimismo, requieren la aprobación previa de la APCI para utilizar los recursos provenientes de dicha cooperación (artículo 4.u).
La realización de actividades sin la aprobación previa de la APCI, incluida cualquier modificación o uso de fondos sin la debida justificación, constituye una infracción grave y será objeto de sanciones (artículo 21.b.4).
Se destaca con particular preocupación la disposición que establece como infracción muy grave el uso de los recursos de cooperación técnica internacional para asistir o financiar acciones legales de instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano (artículo 21.c.2). Esto supondría una barrera para las víctimas de derechos humanos por parte del Estado peruano, entre ellos aquellos que buscan justicia y reparación por los abusos cometidos durante la dictadura, en especial los Pueblos Indígenas que utilizan fondos de cooperación internacional para garantizar sus derechos frente al Estado. En otras palabras, esta ley supondría un aliciente para la impunidad en crímenes de Estado.
La modificación de la ley tiene por objetivo fiscalizar las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de la cooperación internacional, lo que supone un riesgo al facultar al Estado para controlar las actividades de las organizaciones y vulnera las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
Estas reformas se enmarcan en un contexto regresivo en materia de espacio cívico y derechos humanos en el Perú. En el último reporte anual del CIVICUS Monitor, el país descendió de la categoría de obstruido a represivo debido a que la sociedad civil enfrenta un entorno hostil marcado por la escalada de la violencia, los actos de acoso, las agresiones, las amenazas y la difamación por parte del Estado y de grupos de extrema derecha3.
La aprobación de esta ley se suma a una preocupante tendencia de obstaculizar y criminalizar el trabajo de organizaciones civiles y personas defensoras de los derechos humanos.
Frente a este panorama, hacemos un llamado a la comunidad internacional a seguir apoyando a las organizaciones de la sociedad civil peruana en el ejercicio de sus libertades cívicas
Organizaciones firmantes
AMAS Marianistas
Amantani
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros del Perú (ATTTPE)
Asociación Padre Alberto Hurtado – Via Patris
Centro de Liderazgo e Innovación para Mujeres de las Américas, Perú
CIVICUS
FeminARTE
GRUFIDES
Instituto de Comunicación y Desarrollo, Uruguay
Oilwatch Latinoamérica
1. Ejecutivo promulga Ley Anti-justicia, modificatoria de la Ley APCI. AIDESEP, 14 de abril, 2025.
3. “El poder ciudadano bajo ataque 2024”, CIVICUS Monitor, diciembre de 2024.
