Nosotros, ciudadanos y ciudadanas de distintas partes del mundo, estamos profundamente preocupados por la reciente denuncia, por parte del Gobierno de Venezuela, de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y por su futuro retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pensamos que esta denuncia es una ofensa para todas aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos de Venezuela, quienes verán ahora menoscabadas sus posibilidades de reclamar justicia, y que no representa la voluntad del pueblo venezolano.
La CADH es la base del más sólido sistema de protección de los derechos humanos en las Américas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dado muestras suficientes de independencia frente a los estados signatarios y ha actuado fiel a su mandato de interpretar adecuadamente la CADH en sus decisiones. El intento del Gobierno de Venezuela de evadir la jurisdicción de la CorteIDH tiene motivaciones políticas y responde a decisiones cuyo fin no ha sido otro que hacer al Estado Venezolano responsable de las violaciones a los derechos humanos, cuyas víctimas no han encontrado un sistema de justicia independiente e imparcial en Venezuela.
Es imperativo, para la protección de los derechos humanos alrededor del mundo, que todos los estados, incluyendo al Estado Venezolano, se mantengan dentro de los sistemas internacionales de derechos humanos. Si retira su decisión, el Gobierno de Venezuela establecería un buen precedente y sería un ejemplo para otros estados de la región, particularmente en un momento en el que la membresía de Venezuela en Mercosur es objeto de análisis por los estados miembros, los cuales, como parte de este grupo sub-regional, han ratificado su compromiso con el fortalecimiento y respeto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Ratificamos que los sistemas internacionales de derechos humanos están por encima de toda agenda política y que retirarse del Sistema Interamericano constituiría además una violación de la propia Constitución Venezolana. ¡Esta no es una buena decisión! Los mecanismos regionales de derechos humanos son clave para el fortalecimiento del marco internacional de protección de los derechos humanos y se constituyen en un factor externo de garantía de la vital separación de poderes, sobre todo entre el gobierno y el poder judicial. Además, garantizan a los ciudadanos de la región, así como a la población venezolana, el derecho de elevar sus reclamos de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para su posterior proceso a través de la CorteIDH.
Por lo tanto, urgimos al Gobierno de Venezuela a retirar su denuncia de la CADH y, más bien, a asumir un papel internacional de liderazgo como defensor de los derechos humanos, no como como evasor de sus deberes de garantía y respeto.
Defendemos y promovemos la causa de la dignidad de toda persona en cualquier parte del mundo
