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  • HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”

    Edy TaboraCIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

    ¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

    El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

    El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

    Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

    Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

    El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

    Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

    En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

    En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

    La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

    En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

    De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

    ¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

    Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

    Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

    En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

    El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

    Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

    Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

    ¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

    Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

    En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

    Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

    ¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

    A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

    En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

    La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

    Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

    ¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

    El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

    Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

    En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

    ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

    El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

    Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

    El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. 

  • MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”

    MariaReyes CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.

    María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.

    ¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?

    En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.

    México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.

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