Arabia Saudita

 

  • ¡Las defensoras de los derechos de las mujeres deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones!

    Dr. Awwad bin Saleh al Awwad

    Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí

    Estimado Dr. Alawwad:

    Nuestras organizaciones siguen sumamente preocupadas por la detención arbitraria a la que continúan sometidas desde 2018 defensoras de los derechos de las mujeres como Loujain al Hathloul, Nassima al Saddah, Samar Badawi, Nouf Abdelaziz y Miyaa al Zahrani. Varias de ellas sufrieron tortura, violencia sexual y otros malos tratos, sin tener acceso a un recurso efectivo.

    Nuestra preocupación es compartida de forma extensa y sistemática por la comunidad internacional. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha pedido reiteradamente la libertad de las defensoras de los derechos de las mujeres desde que fueron detenidas a mediados de 2018.[1] En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alrededor de 40 Estados de todo el mundo han pedido en reiteradas ocasiones al Reino de Arabia Saudí la libertad inmediata de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales y, en concreto, por defender los derechos de las mujeres.[2]

    El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha interactuado en reiteradas ocasiones con las autoridades saudíes y ha pedido la libertad de Al Hathloul y de todas las defensoras de los derechos de las mujeres y ha expresado su enorme preocupación por las condiciones de reclusión de Al Hathloul. Al Hathloul está en huelga de hambre como protesta por la privación de su derecho a tener contacto periódico con su familia. El secretario general de la ONU ha expuesto también los casos de detención de Al Hathloul y de Badawi en sus informes anuales sobre cooperación con la ONU.[3]

    Los procedimientos especiales de la ONU, por su parte, han instado en reiteradas ocasiones al Reino a que ponga en libertad a las activistas mediante diversas comunicaciones y comunicados de prensa.[4] Al mismo tiempo que acogieron con satisfacción algunas reformas del sistema de tutela masculina, subrayaron que estos cambios positivos eran consecuencia de años de incansable defensa y esfuerzo de numerosas personas defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, muchas de las cuales seguían detenidas, cuya libertad inmediata reclamaron.

    Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Arabia Saudí de noviembre de 2018, Arabia Saudí recibió al menos 22 recomendaciones en las que se pidió la libertad de defensores y defensoras de los derechos humanos, defensoras de los derechos de las mujeres incluidas, y que se garantizara un entorno seguro y propicio para que llevaran a cabo su trabajo.

    La Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí declaró en su informe de marzo de 2020 que “el Reino de Arabia Saudí viene haciendo progresos constantes en cuanto a reformas consecutivas y revisiones de leyes y normativas con vistas al empoderamiento y habilitación de las mujeres”. La libertad inmediata e incondicional de todas las defensoras de los derechos de las mujeres sería una prueba definitiva de la voluntad política del gobierno saudí de mejorar la situación de los derechos humanos.

    Las informaciones de los medios de comunicación sobre la “clemencia” de las autoridades saudíes para quienes defienden los derechos de las mujeres sugieren que estas personas han cometido delitos; sin embargo, reiteramos que están detenidas arbitrariamente debido a su activismo pacífico. Las autoridades saudíes deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las defensoras de los derechos de las mujeres, retirar los cargos formulados contra ellas y poner fin a todos los actos de hostigamiento e intimidación contra sus familiares y a la prohibición de viajar de estos.

    Atentamente,

    1. ACAT-France
    2. ALQST for Human Rights
    3. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain
    4. Amnesty International
    5. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
    6. CIVICUS
    7. Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort
    8. CODEPINK
    9. Democracy for the Arab World Now (DAWN)
    10. English PEN
    11. Equality Now
    12. European Saudi Organisation for Human Rights
    13. FIDH, in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
    14. Freedom Initiative
    15. Gulf Centre for Human Rights
    16. Human Rights Watch
    17. Humanists International
    18. International Service for Human Rights (ISHR)
    19. MENA Rights Group
    20. Nachaz Dissonances
    21. No Peace Without Justice
    22. Organisation against Torture in Tunisia
    23. PEN International
    24. Project on Middle East Democracy (POMED)
    25. Renewal Forum for Citizenship and Progressive Thought- Tunisia
    26. Saudi American Justice Project
    27. Scholars at Risk
    28. The B Team
    29. The Lebanese Council to Resist Violence Against Woman (LECORVAW)
    30. The Tunisian League for Human Rights Defence
    31. Urgent Action Fund for Women's Human Rights
    32. Vigilance for Democracy and the Civic State
    33. Women's March Global
    34. World Organisation Against Torture (OMCT), in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

     

    [1] Por ejemplo: en mayo de 2018, julio de 2018, septiembre de 2018, marzo de 2019, febrero de 2020, septiembre de 2020.

    [2] En marzo de 2019 por iniciativa de Islandia, en septiembre de 2019 por iniciativa de Australia, en septiembre de 2020 por iniciativa de Dinamarca, y por Países Bajos en nombre de los países de la BENELUX en junio de 2020.

    [3] En septiembre de 2019 y septiembre de 2020.

    [4] En un comunicado de prensa de junio de 2018 y una comunicación de la misma fecha, un comunicado de prensa de octubre de 2018 y una comunicación de la misma fecha, y en comunicaciones de febrero de 2019, agosto de 2019, septiembre de 2019 y junio de 2020.

     

  • Por qué no participaremos en el proceso de la sociedad civil del G-20 en 2020

    La cumbre anual del G-20 parece a menudo una tertulia de los gobiernos más poderosos del mundo. Los líderes de 19 de las mayores economías nacionales, más la Unión Europea, se reúnen, se dan la mano delante de las cámaras y alcanzan imprecisos acuerdos, muchos de los cuales no implementan. Las cumbres llaman la atención de los medios de comunicación internacionales y, con frecuencia, de manifestantes de todo el mundo que quieren que esos gobiernos rindan cuentas.

    Menos conocido es el largo ciclo de reuniones preparatorias de la cumbre de los líderes del G-20. A pesar de las muchas limitaciones y dificultades del proceso, para muchas voces ajenas a los gobiernos –en especial los sindicatos, los grupos de defensa de derechos y la sociedad civil–, esas reuniones son oportunidades excepcionales de formular recomendaciones sobre políticas directamente a las autoridades e influir en la agenda mundial sobre asuntos que afectan a miles de millones de personas. En los últimos años incluso ha habido dentro del G-20 una serie especial de reuniones para la sociedad civil, conocidas como Civil 20 (C-20).

    Sin embargo, en 2020, las organizaciones de la sociedad civil guardaremos las distancias respecto al proceso oficial del C-20, que estará auspiciado por Arabia Saudí y tendrá lugar allí.

    El anfitrión saudí del G-20 ha intentado dar una imagen de país moderno y atractivo para los inversores extranjeros. El gobierno ha contratado los servicios de gran número de asesores occidentales sobre relaciones públicasy ha gastado millones de dólares en limpiar su imagen y eliminar las críticas en los medios de comunicación internacionales. Al mismo tiempo, internamente Arabia Saudí detiene y procesa de manera habitual a defensores y defensoras de los derechos humanos, censura la libertad de expresión, limita la libertad de circulación y tortura y somete a malos tratos a periodistas y activistas detenidos. Utiliza una imprecisa legislación antiterrorista para silenciar a quienes critican al gobierno, llegando incluso a imponer la pena de muerte. En octubre de 2018, el brutal asesinato del periodista y disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul conmocionó al mundo. Las mujeres sufren discriminación sistemática en la legislación y en la práctica. Además, las defensoras de los derechos humanos que se atreven a defender los derechos de las mujeres son sometidas a persecución judicial y detención arbitraria.

    En vez de una reforma real, lo que intenta hacer el gobierno saudí es blanquear su terrible historial en materia de derechos humanos con la celebración de grandes eventos internacionales en el país. Entre ellos figuran el G-20 y, por medio de una ONG autorizada por el gobierno, el C-20. Como organizaciones de la sociedad civil presentes en la mayoría de los países del mundo (pero en absoluto en Arabia Saudí), no podemos participar en un proceso con el que se intenta dar legitimidad internacional a un Estado donde la sociedad civil no tiene prácticamente cabida ni se toleran sus voces independientes.

    En junio de 2019, el C-20 estableció un conjunto de principios, entre ellos una estructura básica y mecanismos operativos, para garantizar sus sostenibilidad y eficacia. Los principios del C-20 hacen hincapié en: la inclusión de actores diversos de la sociedad civil, abarcando desde el ámbito local hasta el mundial; la transparencia en la toma de decisiones; la libertad y la independencia frente a la influencia indebida de todo actor ajeno a la sociedad civil; la inclusividad y la diversidad, y los derechos humanos, la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres como valores rectores. Las mayoría de estos principios no estarán presentes en 2020, y, lo que es aún más preocupante, estamos viendo ya que la presidencia saudí del G-20 los menoscaba.

    Aparte de un número simbólico de organizaciones que tratan temas considerados inofensivos por el gobierno saudí, prácticamente ningún actor de la sociedad civil del país podrá participar en el próximo C-20 de Arabia Saudí, pues las autoridades saudíes no permiten la existencia de partidos políticos, sindicatos ni grupos de derechos humanos independientes. La mayoría de los activistas de la sociedad civil progresistas están siendo juzgados o cumplen largas penas de prisión por haber expresado sus opiniones, o se han visto obligados a exiliarse para evitar la cárcel o algo aún peor. No tienen posibilidad de regresar al país, pues correrían peligro si lo hicieran. Sin estas voces críticas e independientes en el foro, la credibilidad el C-20 se ve gravemente comprometida.

    Los actores extranjeros e internacionales de la sociedad civil tendrían también grandes dificultades para participar libremente en un C-20 organizado por Arabia Saudí.

    Las leyes y políticas vigentes en el país no sólo afectan directamente a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, sino que tienen también un efecto disuasorio, capaz de silenciar a determinadas categorías de activistas que, si expresaran abiertamente sus opiniones, pondrían en peligro su propia seguridad. Además, en noviembre de 2019, la agencia saudí de seguridad de Estado clasificó el feminismo y la homosexualidad como delitos. Aunque luego se rectificó el anuncio, todavía siguen encarcelados y procesados por su trabajo destacados defensores y defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género de Arabia Saudí. Esas leyes y prácticas contradicen los principios del C-20 sobre diversidad, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y reprimirían la libertad de expresión en los debates sobre los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBTI.

    A esta situación se suma la grave falta de libertad de prensa en Arabia Saudí. Dadas las estrictas medidas de control de los medios de comunicación, censura y vigilancia de las redes sociales, ningún debate mantenido en un C-20 dirigido por Arabia Saudí se haría jamás extensivo a la población del país en general sin las restricciones del discurso aprobado por el Estado. Incluso si tales debates fueran posibles, sin medios de comunicación libres todo debate significativo del C-20 llegaría sólo a un público limitado. Esta limitación es incompatible con los principios rectores del C-20 de inclusividad, apertura, transparencia y participación.

    En anteriores cumbres del G-20 ha habido protestas de activistas del país anfitrión y de otras partes. La libertad de reunión pacífica es un derecho, pero en un país donde toda concentración de personas, incluidas las manifestaciones pacíficas, está prohibida, es imposible que este derecho fundamental se respete.

    El proceso del C-20 dirigido por Arabia Saudí es deficiente en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que respecta a garantizar los principios fundamentales del C-20. Incluso en esta temprana etapa del proceso del C-20 de 2020 hemos observado ya una acusada falta de transparencia por parte de los organizadores. El nombramiento de los presidentes de los grupos de trabajo y los diversos comités ha sido opaco y no consultivo, y se han tomado decisiones arbitrarias que han excluido a grupos internacionales con experiencia. El proceso del C-20 dirigido por la Fundación Rey Jalid, que está vinculada a la familia real saudí, no puede ser considerado transparente, inclusivo ni participativo, como exigen los principios del C-20.

    En un momento en que el mundo se enfrenta a una amplia variedad de desafíos, las voces independientes son más necesarias que nunca. Cuando un Estado limita el espacio civil hasta hacerlo prácticamente inexistente, no se puede confiar en que garantice las condiciones básicas necesarias para que la sociedad civil internacional intercambie ideas y colabore libremente en cualquier tema, y mucho menos en los temas que considere delicados u ofensivos.

    Aunque este año no participaremos en el C-20, nos comprometemos a hacer esfuerzos conjuntos para garantizar que en 2020 se escucha a esas voces.