Iniciativa para el espacio cívico
CIVICUS se asoció con el Center for Not-for-Profit Law (ICNL), ARTICLE 19 y el World Movement for Democracy para emprender un proyecto de tres años destinado a proteger y ampliar el espacio cívico mediante el fomento de un entorno jurídico favorable para la sociedad civil. La Iniciativa para el Espacio Cívico (CSI, por sus siglas en inglés) se centra en las iniciativas legales de la sociedad civil a nivel regional, nacional e internacional. Este proyecto cuenta con el apoyo del gobierno sueco. CIVICUS se encarga de los cuatro principales aspectos del proyecto: una campaña internacional sobre el espacio civil y la Revisión Periódica Universal a nivel internacional, y las Evaluaciones Nacionales sobre el Ambiente Habilitante y el Nuevo Contrato Social a nivel nacional.
El rol de CIVICUS
Los gobiernos de todo el mundo intentan imponer cada vez mayores barreras legislativas y extrajudiciales a la plena materialización de los derechos fundamentales para la creación de un entorno seguro y favorable para la sociedad civil. En su informe de 2013 titulado «Global trends on civil society restrictions» CIVICUS rastreó 413 amenazas que pesan sobre la sociedad civil de 87 países desde principios de 2012. En un intento evidente destinado a eliminar la influencia y la repercusión de grupos independientes de la sociedad civil, los gobiernos están imponiendo restricciones legales injustificadas a la sociedad civil, incluidas leyes que penalizan el acceso a la financiación extranjera y que limitan de manera excesiva el alcance de las actividades autorizadas. Los activistas de la sociedad civil, los periodistas y los defensores de los derechos humanos se enfrentan una creciente espiral de intimidación, acoso y represalias, que va hasta el encarcelamiento, por realizar actividades legítimas.
El Examen Periódico Universal
Como resultado de estas y de otras restricciones impuestas a la sociedad civil a nivel nacional, los procesos e instancias intergubernamentales, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) y la Revisión Periódica Universal (EPU), están emergiendo como plataformas ineludibles para la reivindicación de reformas claves destinadas a garantizar la creación de un entorno favorable a la sociedad civil. Sin embargo, el acceso limitado a recursos financieros y a la información sigue obstaculizando el diálogo constante entre la sociedad civil y el CDH. En el marco de las actividades relacionadas con la CSI y con el EPU, CIVICUS ha buscado empoderar a los defensores de los derechos humanos que trabajan en entornos restrictivos para que participen en los procesos del CDH para así asegurarse de que se abordan las restricciones injustificadas impuestas a la sociedad civil. Para lograrlo, CIVICUS ha trabajado en el desarrollo de presentaciones conjuntas del EPU, en la coordinación de consultas nacionales posteriores al EPU y ha facilitado la asistencia de activistas de la sociedad civil a las sesiones del CDH. En el CDH grandes grupos internacionales de los derechos humanos y destacados grupos nacionales de la sociedad civil de las capitales dominan el discurso de la sociedad civil en gran medida. A pesar de esto, en el marco de trabajo de la CSI y del EPU, CIVICUS logró aumentar significativamente el número y el alcance de las organizaciones de la sociedad civil capaces de estructurar de manera eficaz los debates del CDH sobre el espacio de la sociedad civil.
Gracias a las presentaciones conjuntas del EPU de CIVICUS sobre las restricciones a los derechos de asociación, reunión y expresión, los gobiernos abordan de forma sistemática las amenazas que pesan sobre el espacio de la sociedad civil durante el análisis del EPU. A nivel nacional, las consultas posteriores al EPU ofrecen un espacio necesario y seguro para debatir y crear campañas reivindicativas que aborden el deterioro del contexto de la sociedad civil. Varios socios de CIVICUS han señalado la existencia de un mayor conocimiento de los procesos del CDH entre un amplio espectro de integrantes de la sociedad civil, así como la creación de proyectos reivindicativos constantes dentro del espacio de la sociedad civil que surgieron de las consultas posteriores al EPU. Finalmente, el apoyo de CIVICUS a los activistas nacionales de la sociedad civil para que participen en las sesiones del CDH y del EPU sigue ofreciéndoles una puerta de entrada fundamental para que aporten información crucial y de primera mano sobre las problemas urgentes en materia de derechos humanos. Esta labor incluye la celebración de eventos paralelos al CDH, la organización de reuniones de alto nivel con las partes interesadas pertinentes del gobierno y del CDH, así como el apoyo a la redacción y a la presentación de comunicados de prensa y de declaraciones orales y escritas.
La Evaluación Nacional sobre el Ambiente Habilitante (ENAH)
Es una iniciativa de investigación participativa para la creación de una base de datos para la promoción de un entorno favorable para la sociedad civil a nivel nacional. Esta investigación se centra en el contexto legal, normativo y político de la sociedad civil de un país determinado. Las ENAH están dirigidas a países en los cuales el contexto legal, normativo y político la sociedad civil se ha visto amenazado o ha sido cuestionado. Otro criterio para la elección de un país es la existencia de una posibilidad razonable de que el ENAH tenga un impacto en el contexto de la sociedad civil.
Entre las amenazas que pesan sobre los ocho países que participaron en la primera ronda de las ENAH encontramos: leyes restrictivas sobre las ONG (Zambia, Camboya y Uganda); leyes contra los delitos informáticos que afectan a la libertad de expresión en Internet (Camboya); proyectos de ley que afectan a la libertad de asociación (Burkina Faso), a la reunión pacífica (Camboya y Uganda) o a la libertad de asociación y de expresión de grupos de minorías sexuales (Uganda); disposiciones tributarias y leyes que amenazan las fuentes de financiación de las OSC (Bolivia e India); obstáculos en las relaciones entre el gobierno y las OSC (Camboya, Bolivia, Uganda e India); y amenazas de otra índole con repercusiones en el contexto de las OSC, como la corrupción (Camboya, Líbano, Uganda y Zambia) o el narcotráfico (México). Las ENAH permiten la construcción de una base de datos y de un plan de acción para la creación de acciones reivindicativas que permitirán abordar estas amenazas y desafíos. Además, las ENAH han sensibilizado a las organizaciones de la sociedad civil participantes sobre su contexto legal, normativo y político, y han creado un consenso nacional sobre la mejor manera de abordar colectivamente los obstáculos y las amenazas a través del diálogo entre múltiples partes interesadas.
La campaña de sensibilización pública
El espacio cívico se enfrenta a múltiples amenazas en muchos lugares del mundo. Los gobiernos han aprobado leyes que restringen las libertades cívicas o que dificultan el funcionamiento o la financiación de los grupos de la sociedad civil. En algunos casos los gobiernos han aumentado la vigilancia de ciudadanos ordinarios, de activistas y de organizaciones de la sociedad civil. En otros casos se han producido detenciones y se ha llevado a cabo una represión directa. La sociedad civil también se enfrenta a amenazas que no provienen de agentes estatales, sino de grandes empresas y de grupos fundamentalistas y extremistas de derecha. La plataforma digital Be the Change y el Global Day of Citizen Action ofrecen una oportunidad para que las personas y las organizaciones de todo el mundo puedan sensibilizar, debatir y celebrar el espacio cívico. El objetivo principal de estas iniciativas es sensibilizar sobre la importancia del espacio cívico y sobre las razones por las que debemos hacer mayores esfuerzos para supervisarlo y protegerlo. Las actividades de sensibilización asociadas a estas plataformas han llegado a 743 112 agentes a través de las redes sociales, mensajes directos y publicaciones específicas, y han involucrado a 21 365 personas en acciones para la protección del espacio cívico.
Debido a las restricciones de ciertos contextos políticos, algunas organizaciones no pudieron llevar a cabo sus acciones de sensibilización en las calles durante el Global Day of Citizen Action. En su lugar, movilizamos la solidaridad internacional a favor de los ciudadanos de países represivos y proporcionamos materiales y suministros que permitieron que grupos como la Action for Human Rights and Education Initiative de Uganda pudieran celebrar eventos en el espacios cerrados —escuelas e iglesias— que congregaron a más de 400 personas, las cuales pudieron conversar sobre sus derechos cívicos y políticos para expresarse, organizarse y actuar dentro de su comunidad.
El Nuevo Contrato Social
El mundo se enfrenta a divisiones sin precedentes y a desconexiones sistémicas subyacentes que han contribuido a nuestra crisis ecológica y socioeconómica actual que «nos conducen a un estado de irresponsabilidad organizada que produce de forma colectiva resultados que nadie quiere» (Scharmer y Kaufer 2013). Creemos que la sociedad no conseguirá realizar avances a gran escala contra los problemas urgentes y complejos de nuestro tiempo, a menos que un enfoque basado en el impacto colectivo se convierta en una modalidad participativa aceptada en diversos sectores. El trabajo sobre Nuevo Contrato Social (NSC, por sus siglas en inglés) contribuye a definir las condiciones de la participación ciudadana en los procesos de gobernanza que afectan a la vida de los ciudadanos mediante la promoción y el análisis de nuevas formas de colaboración en torno a desafíos económicos, sociales y ambientales cruciales. CIVICUS desarrolló una breve metodología sobre la participación multisectorial que pondrá a prueba en el marco de diálogos iniciados localmente. Estos diálogos han sido concebidos como un formato empírico e innovador que servirá para evaluar y comparar modelos locales de participación cívica a nivel internacional. Mediante una convocatoria mundial de expresiones de interés se revisaron más de 940 propuestas, se seleccionaron ocho socios y durante el 2014 siete de ellos organizaron diálogos sobre los desafíos cruciales a los que se enfrentan sus comunidades.
Gracias a esta labor más de 400 representantes del gobierno, de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad científica pudieron participan en estos procesos. Además, los participantes aprobaron una serie de acuerdos y planes de acción para abordar desafíos locales de una manera novedosa y más participativa. Según el análisis de todas las fichas de evaluación completadas por los participantes, esta iniciativa parece gozar de un elevado grado de satisfacción: en general, la mayoría de los participantes de los siete diálogos indicaron estar satisfechos con la organización de los diálogos, que a través de estos procesos obtuvieron información sobre los principales desafíos en curso y que lograron fortalecer y aumentar la participación de su red. Además, la mayoría de los participantes están dispuestos a tomar medidas basándose en lo que aprendieron y en lo que acordaron. Posteriormente, los conocimientos adquiridos durante estos diálogos locales quedarán plasmados en un manual sobre la participación de múltiples partes interesadas, así como en otras herramientas para su difusión entre los miembros de CIVICUS y demás destinatarios. El proceso de investigación participativa dio voz a los cientos de ciudadanos que participaron en los diálogos mencionados anteriormente y servirá para estructurar las recomendaciones que se incluirán en la guía.
En la página del proyecto ICNL encontrará más información sobre esta iniciativa.