CIVICUS conversa con Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), acerca de los resultados de las recientes elecciones primarias de la oposición en vistas de las elecciones de 2024.
Provea es una organización de la sociedad civil de Venezuela que se dedica a educar en sus derechos a los sectores más vulnerables y a apoyar jurídicamente a víctimas de violaciones de derechos humanos.
¿Cuál es la estrategia de la oposición frente a las elecciones de 2024?
La estrategia de la oposición consiste en promover una candidatura unitaria, apoyada por la mayoría de la oposición, para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Se dice fácil, pero en las condiciones actuales es un gran desafío. Tras la derrota de la estrategia de máxima presión, que tuvo su momento culminante en las protestas de 2017 y el interinato de Juan Guaidó, a comienzos de 2019, sobrevinieron tensiones y recelos y la oposición se fragmentó. La ciudadanía perdió confianza en su liderazgo. Según encuestas de opinión realizadas hacia el final de la pandemia, la figura de Guaidó era tan rechazada como la de Maduro. Más del 80% de la ciudadanía no quería a ninguno de los dos.
Es decir, ha habido una crisis de representación que afectó tanto al gobierno como a la propia oposición. Fue necesario adoptar una nueva estrategia, pero ésta no fue suficientemente explicada a la ciudadanía. Tampoco se hizo un balance público de los errores cometidos por el liderazgo tradicional opositor, por lo que la desconfianza y la resignación se viralizaron entre la ciudadanía. La sensación que no había nada que hacer era tan grande que hubo tanto analistas como líderes políticos que manifestaron que habría que apostar a las elecciones no de 2024 sino de 2030.
Pero en el lapso de un año las cosas han cambiado. Las elecciones primarias de la oposición sirvieron para legitimar, mediante consulta popular, una candidatura unitaria. Al comienzo pareció un mero trámite burocrático, pero a medida que la fecha se acercaba se generó un hecho político que desbordó las expectativas de sus promotores. A pesar de que se realizaron bajo censura absoluta, con ataques físicos a los candidatos en sus actos de campaña, con limitados recursos propios y bajo amenazas veladas o explícitas de las autoridades para disuadir a la gente de participar, votaron más de dos millones de personas.
Esto no solamente evidenció que hay una gran necesidad de cambio, sino que también devolvió a la sociedad democrática la confianza en que el cambio es posible. Consolidó la estrategia electoral como norte e impuso un consenso desde abajo no solamente sobre una potencial candidatura unitaria sino también sobre un nuevo liderazgo opositor
El retorno a la democracia tiene dos variables claves: la construcción de acuerdos en la oposición y la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el liderazgo democrático. Las primarias de la oposición fueron un importante primer paso en esa dirección. Si logra dar otros pasos en el mismo sentido, la oposición podría volver a constituir una amenaza creíble para el régimen autoritario.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno frente a las primarias opositoras?
El gobierno subestimó los efectos de las primarias: pensó que la censura, la desinformación y el hostigamiento disuadirían a la gente de participar, de modo que la alta participación fue una primera gran sorpresa. Quedó en evidencia que mucha gente todavía piensa que el voto es un mecanismo seguro para expresar su opinión. La segunda sorpresa fue el abrumador apoyo que recibió la candidata María Corina Machado, cosa que ocurrió en todas las geografías y entre todos los sectores sociales que votaron.
Machado había sido criticada con el argumento de que su discurso sólo sintonizaba con los sectores medios y acomodados, pero el respaldo que recibió refleja una aspiración generalizada a vivir mejor. Machado incluso consiguió apoyos en el electorado más fiel del oficialismo, lo cual en parte explicó su respuesta desesperada, que ha consistido en intentar anular las primarias por vía judicial.
El Tribunal Supremo de Justicia – caracterizado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), como parte de una maquinaria para perseguir el disenso – ha sentenciado la “suspensión” de los efectos de las primarias con el argumento de que se cometió un fraude.
Al mismo tiempo, para intentar ocupar el espacio del reclamo, el gobierno ha intentado exacerbar el sentimiento nacionalista activando la disputa por el territorio de la Guayana Esequiba, exigido por Venezuela pero bajo el control de Guyana, y ha convocado a un referéndum consultivo sobre el tema para el próximo 3 de diciembre.
¿Podrá Machado competir en 2024, o el gobierno buscará inhabilitar su candidatura?
La habilitación de la candidatura de Machado, así como cumplimiento de las otras recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) para que haya elecciones con garantías democráticas, será un gran desafío. Este es el momento de luchar contra la táctica de las autoridades de inhabilitar a todo líder político lo suficientemente popular como para ganar puestos claves mediante elecciones.
La existencia de condiciones para el ejercicio de los derechos de reunión y participación dependerá de varios factores que deberán operar en simultáneo: el fortalecimiento del campo democrático, el diálogo gobierno-oposición, la recuperación de la confianza ciudadana y la presión de la comunidad internacional.
El camino hasta el 2024 es largo. Si Machado acaba siendo inhabilitada, la oposición debería establecer un mecanismo de consenso, en el cual ella tenga un importante peso, para seleccionar una candidatura alternativa. Debe quedar claro hasta el final que la estrategia de transición democrática pasa necesariamente por la realización de elecciones.
¿Cuáles son las posibilidades reales de lograr una alternancia democrática?
El principio de alternancia democrática es completamente ajeno al chavismo. Llegó al poder para eternizarse en él y considera que su concepción “revolucionaria” del mundo es la única verdadera y necesaria para mejorar las condiciones de vida de la población. Al igual que ocurre en Cuba o Nicaragua, el gobierno se ve obligado a realizar elecciones, aunque éstas no sean más que una simulación, por varias razones, entre las que se destaca la necesidad de obtener cierto grado de legitimidad frente a la comunidad internacional. Apenas una delgada línea separa la simulación de la farsa, por lo que las elecciones deben ser organizadas de manera que parezcan auténticas.
Un factor positivo es que Venezuela está actualmente bajo una investigación de la Corte Penal Internacional y bajo el escrutinio de mecanismos como la Misión Internacional Independiente. Este escrutinio es un elemento disuasivo de una represión abierta y generalizada. Son grietas que el campo democrático puede aprovechar para asegurar mayores garantías democráticas en las próximas elecciones.
En los próximos meses presenciaremos un ejercicio de medición de fuerzas entre gobierno y oposición. Un mensaje negativo que estamos recibiendo de varios actores internacionales es que las elecciones de 2024, independientemente de cómo se organicen, serán un hito para normalizar las relaciones con Venezuela. Pienso que Maduro no está dispuesto a organizar unas elecciones que pueda perder, y hará muchos esfuerzos para dividir y desestimular el voto en contra.
Para superar estos escollos se necesitará mantener la sinergia entre un liderazgo político cohesionado, una ciudadanía altamente motivada para participar y presión de la comunidad internacional, especialmente por parte de los sectores progresistas de la región, para evitar que los sectores más radicales del chavismo y las Fuerzas Armadas obstaculicen una potencial transición. Es importante asegurar a los sectores más democráticos del chavismo garantías para que puedan reinsertarse en la transición. Se trata en definitiva de establecer los incentivos correctos para que los costos de una salida sean menores que los de la permanencia en el poder por cualquier medio.
¿Cómo trabaja la sociedad civil para asegurar la transparencia y competitividad del proceso electoral?
Las organizaciones de derechos humanos hemos hecho nuestras las siete recomendaciones clave del informe de la Misión de Observación Electoral de la UE: reforzar la separación de poderes, suprimir las inhabilitaciones, hacer una campaña educativa pública sobre el voto, imponer sanciones para las faltas electorales, habilitar una cobertura equilibrada de los medios de comunicación, derogar la llamada “ley contra el odio” para evitar la autocensura y permitir la libertad de expresión, e introducir una combinación de incentivos y sanciones para contar con autoridades de mesa capacitadas y acreditadas el día de las elecciones.
Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos electorales lideran todas las acciones de incidencia en este sentido, y el resto de las organizaciones las apoyamos. El 17 de octubre el gobierno y la oposición suscribieron el “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, conocido como Acuerdo de Barbados.
El gobierno debería cumplir este acuerdo; sin embargo, ya ha dado muestras de no tener la intención de hacerlo. Al iniciar un proceso judicial contra las primarias ha incumplido el primer punto del acuerdo, que establece que cada sector político es libre de seleccionar su candidato para las elecciones.
¿Qué debería hacer la comunidad internacional para contribuir a que Venezuela tenga elecciones libres y competitivas en 2024?
No hay manera de alcanzar una transición a la democracia en Venezuela sin el acompañamiento y presión de la comunidad internacional. Por ahora los Estados Unidos han tomado la iniciativa estimulando el Acuerdo de Barbados y estableciendo un mecanismo para el levantamiento de las sanciones económicas.
No obstante, las sanciones contra personas que han violado derechos humanos y el embargo de venta de armas deberían conservarse. También deben mantenerse activas las iniciativas internacionales de monitoreo y protección de derechos humanos en Venezuela. El gobierno está operando para evitar que se prolongue el mandato de la Misión Internacional Independiente, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe decidir en 2024. Este es el mecanismo más importante de producción de verdad sobre los hechos con el que contamos, y su trabajo complementa al de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Finalmente, es importante que los gobiernos progresistas de América Latina, como los de Brasil, Chile y Colombia, emitan mensajes públicos y privados a las autoridades venezolanas para que acepten realizar elecciones con garantías democráticas.
El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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