CIVICUS conversa con Regina Fonseca, coordinadora del programa Fortaleciendo el Derecho a Decidir del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), sobre el caso que la organización llevó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en busca de cambios en la restrictiva legislación hondureña sobre el aborto.

El CDM es una organización de la sociedad civil hondureña feminista, autónoma, crítica y propositiva, que lucha por los derechos humanos de las mujeres.

¿Por qué llevaron un caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU?

Honduras es un país hostil para las mujeres y sus libertades reproductivas, lo cual se refleja en casos como el de Fausia, una mujer indígena y defensora de derechos humanos del pueblo Nahua que sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada producto de la prohibición total del aborto. Recurrimos a los organismos internacionales porque agotamos todas las posibilidades de búsqueda de justicia reproductiva en el país.

El de Honduras es un caso muy particular, porque la constitución prohíbe explícitamente el aborto, que además está criminalizado sin excepciones en el Código Penal que rige desde 2020. El aborto ya era penalizado bajo el antiguo código penal, por lo que cuando se inició la discusión legislativa de un código penal nuevo tuvimos la esperanza de que esto pudiera cambiar, y trabajamos duramente para ello. Sin embargo, la prohibición y criminalización del aborto se trasladaron intactas del código anterior.

Frente a esto nosotras interpusimos un recurso de inconstitucionalidad, y luego, cuando en 2021 la prohibición también se incluyó en la constitución, reclamamos por considerarla violatoria de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos. La prohibición del aborto en todas las circunstancias viola derecho a la vida y a la salud de las mujeres, así como los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos humanos.

La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso que presentamos, pero falló en contra. Interpusimos una apelación, el último recurso que nos quedaba, pero la Corte Suprema ratificó su sentencia.

Por eso, junto con el Centro de Derechos Reproductivos, llevamos el caso de Fausia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo justicia para ella y garantías de no repetición para que ninguna mujer hondureña tenga que pasar por la misma situación. Esperamos que el Comité de Derechos Humanos recomiende al Estado hondureño que regule el aborto fuera del ámbito penal, como un servicio de salud, e implemente protocolos de acceso tanto a la interrupción del embarazo como a la anticoncepción de emergencia en el marco de los servicios de salud pública.

¿Por qué consideran que la prohibición total del aborto es una violación de los derechos humanos?

La prohibición absoluta de la interrupción del embarazo resulta en embarazos y maternidades forzadas, violatorias de la autonomía reproductiva, como ocurrió con Fausia y con miles de mujeres más. Cada año, más de mil niñas hondureñas menores de 14 años se convierten en madres, producto de violación sexual. Es posible que sean muchas más, porque muchas veces las familias no hacen la denuncia.

La prohibición total del aborto produce muertes de mujeres con complicaciones de salud que les impiden llevar adelante el embarazo. El aborto clandestino e inseguro también produce numerosas muertes o problemas graves de salud. Obviamente, las mujeres que pueden costear un aborto clandestino en condiciones relativamente seguras así lo hacen, pero esto no está al alcance de la mayoría. Las mujeres más jóvenes, rurales, de pueblos originarios o con discapacidad y los hombres trans son los más vulnerables, por carecer de recursos para buscar soluciones seguras con personal capacitado.

No tenemos datos fiables sobre los impactos de un embarazo no deseado sobre la salud mental, pero personalmente, conocí a una mujer que se suicidó por este motivo. También conocí el caso de una mujer con un embarazo que había sido muy deseado, pero cuyo feto se desarrollaba sin cerebro. Aun así, no se le permitió interrumpir el embarazo y sufrió desde que se enteró de la prognosis hasta que dio a luz a un bebé que murió a los pocos minutos. La angustia emocional de un embarazo no deseado y la perspectiva de una maternidad forzada son una forma de tortura, especialmente en casos de violación o malformación congénita incompatible con la vida.

Por todo ello consideramos que la prohibición total del aborto viola los derechos humanos. Ante la falta de opciones frente a un embarazo no deseado, las mujeres ponen en riesgo su salud física y mental e incluso su vida. Y esto es injusto y discriminatorio. Al fin y al cabo, no hay en Honduras ninguna ley que obligue a un hombre a hacer nada que ponga en riesgo su salud o su vida. Estas leyes refuerzan las jerarquías y desigualdades de género.

¿Cómo trabajan las feministas hondureñas para promover los derechos de las mujeres?

Nosotras intentamos construir narrativas alternativas a las narrativas dominantes, que son fuertemente antiderechos. Tenemos poca capacidad de incidencia con los representantes políticos, porque las élites políticas hondureñas temen perder votos si adoptan posturas favorables a los derechos de las mujeres. Funcionan en sintonía con una sociedad profundamente conservadora, empobrecida, con bajos niveles de educación y fácilmente manipulable por los medios y las iglesias, ya sean católicas o evangélicas.

Los grupos antiderechos hondureños utilizan las mismas tácticas y argumentos que en el resto de la región. Están muy articulados a nivel transnacional y cuentan con considerables recursos, en parte porque están muy cerca de los poderes políticos o incluso ocupan posiciones de poder institucional.

Es difícil construir narrativas alternativas cuando la narrativa predominante es “con mis hijos no te metas”, porque el slogan parte de una preocupación legítima de los padres de que nadie dañe a sus hijos. Enfrentar estas narrativas requiere de una reflexión más profunda, para la cual generalmente no hay ni tiempo ni espacio en las campañas o medios de comunicación.

Los cambios que conseguimos en términos de sensibilización de la población son limitados. En los medios tradicionales, los dueños de los medios suelen vetar el tema. En las redes sociales, la gente – que en general tiene un bajo nivel de educación formal – cae fácilmente presa del discurso antiderechos que agrupa todos los reclamos de igualdad, libertad y autonomía de género como parte de la agenda repudiable de la “ideología de género”.

Frente a esto, hacemos esfuerzos por ampliar los diálogos entre mujeres, llevamos a cabo procesos de formación feminista, nos articulamos para realizar activismo de calle e intentamos incidir para lograr cambios progresivos. Pero partimos muy desde abajo: en Honduras, la educación sexual no está permitida en el currículo de la educación pública.

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CIVICUS conversa sobre la erosión del derecho internacional humanitario en el contexto de la guerra en Gaza y otros conflictos en curso con Marco Sassòli, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra, Suiza.

¿Qué es el derecho internacional humanitario?

El derecho internacional humanitario es la parte del derecho internacional destinada a reducir el alcance de la violencia que se desarrolla durante los conflictos armados y a proporcionar cierto nivel de protección a quienes no participan directamente en las hostilidades. Se aplica tanto a los conflictos internacionales como a los no internacionales. Sus normas están contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, y son complementadas por el derecho consuetudinario.

Aunque el derecho internacional humanitario se respetara completamente, en los conflictos seguirían muriendo muchas personas, tanto combatientes como civiles. Lo que busca el derecho internacional humanitario es minimizar el sufrimiento humano en la mayor medida posible.

¿Se están respetando en Gaza los principios del derecho internacional humanitario?

El derecho internacional humanitario no está siendo suficientemente respetado en Gaza, como tampoco en otros conflictos en curso que reciben menos atención, como los de la República Democrática del Congo, Etiopía y Sudán. Tanto Israel como Hamás están cometiendo violaciones. Pero el hecho de que una de las partes en conflicto cometa violaciones no justifica en modo alguno que la otra haga lo mismo.

El derecho humanitario debe aplicarse independientemente de quién tenga o no tenga razón. Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación e Israel tiene derecho a la autodefensa, pero ambos deben respetar el derecho humanitario. Por desgracia, ninguna de las partes lo hace. Hamás ataca indiscriminadamente ciudades israelíes, mata, viola y toma rehenes. Israel viola el derecho internacional humanitario cuando establece asentamientos en Cisjordania, pone obstáculos para que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda visitar a prisioneros palestinos y realiza ataques contra Gaza, los cuales ya han causado más de 30.000 muertes de palestinos.

En comparación con los 1.200 israelíes que han muerto en el conflicto, la desproporcionalidad es sorprendente. Pero lo que cuenta para el derecho internacional humanitario es que, en cada ataque, el impacto sobre la población civil no resulte excesivo en relación con la ventaja militar esperada, y lo cierto es que a menudo no sabemos cuán importante es esa ventaja. Aun así, no es plausible que haya tantos objetivos militares en Gaza que sean tan importantes como para justificar la muerte de tantos civiles, algo que cabía esperar tratándose de una zona tan densamente poblada.

El gobierno israelí está haciendo todo lo posible para evitar lo que creo que es la única solución viable para este conflicto, es decir, la solución de dos Estados. Hamás, por su parte, declara que su misión es eliminar a Israel, cuya mera existencia considera una injusticia. Mientras persistan estas posturas, el conflicto armado continuará.

¿Qué es la regla de proporcionalidad?

Según el derecho internacional humanitario, debe existir una relación proporcional entre la ventaja militar obtenida al atacar un objetivo militar y el riesgo que ello representa para la población civil. Antes de realizar el ataque, es necesario confirmar que el sitio es utilizado con fines militares, y deben evaluarse las ventajas de eliminar el objetivo en comparación con los costos.

Aunque carecemos de información suficiente para confirmar violaciones del derecho internacional humanitario, llama la atención la cantidad de veces que los israelíes han justificado sus ataques alegando que los sitios estaban siendo utilizados para operaciones militares. Incluso si esto fuera cierto, sigue en pie la cuestión de hasta qué punto estos objetivos eran importantes para Israel, es decir, si se respetó la norma de proporcionalidad. No es plausible que todas esas veces se tratara de objetivos tan importantes como para justificar semejante cantidad de víctimas civiles.

Israel también afirma que Hamás oculta a sus combatientes entre la población civil, a la que utiliza como escudos humanos, lo que constituye una clara violación del derecho internacional humanitario. Pero esto también se complica por el hecho de que Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo.

¿Están los trabajadores humanitarios protegidos por el derecho internacional humanitario?

La principal preocupación del derecho humanitario no es proteger a los trabajadores humanitarios, sino garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil, que a menudo necesita de los trabajadores humanitarios para recibir asistencia básica.

Israel insiste, de conformidad con el derecho internacional humanitario, en que la ayuda humanitaria en Gaza debe beneficiar exclusivamente a los civiles, y no a los combatientes de Hamás. Pero esto es imposible de controlar, y aquí es donde entra nuevamente en juego el principio de proporcionalidad. Si la población está al borde de la inanición, los costos de suspender la ayuda de la cual dependen millones de civiles son mucho mayores que el beneficio que Hamás podría obtener si lograra acceder a dicha ayuda.

Luego está el problema de la distribución de la ayuda. En un contexto de bombardeos intensos, ninguna organización humanitaria está dispuesta a poner en peligro a su personal. No creo que Israel esté atacando deliberadamente a los trabajadores humanitarios, pero tampoco está tomando las precauciones adecuadas, y los bombardeos indiscriminados ponen en alto riesgo a los trabajadores humanitarios. Hemos visto situaciones similares en Ucrania.

¿Cómo ha respondido la comunidad internacional a las violaciones del derecho internacional humanitario?

El único órgano que podría tomar decisiones vinculantes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), ha sido incapaz de actuar en Gaza, sobre todo por el uso que hace Estados Unidos de su derecho de veto. El CSNU emitió resoluciones para garantizar la entrada de ayuda humanitaria, pero fue incapaz de producir una resolución vinculante para exigir un alto el fuego.

En virtud de los Convenios de Ginebra, los Estados tienen la obligación no solamente de respetar el derecho internacional, sino también de hacer que los demás lo respeten. Aunque el fin sea justo, el silencio no debería ser una opción cuando los medios violan el derecho internacional. Los Estados deben presionar a Israel para que respete el derecho internacional en situación de conflicto, aunque apoyen el derecho de Israel a existir. De igual modo, los Estados con influencia sobre Hamás y quienes apoyan un Estado palestino independiente deben condenar los métodos que Hamás utiliza para conseguirlo. Los Estados árabes deberían haber condenado firmemente los hechos del 7 de octubre, porque una crítica procedente de sus aliados habría tenido más probabilidades de influir sobre la conducta de Hamás.

¿Cuáles son las implicaciones más amplias del conflicto de Gaza?

No se trata solamente de Gaza. Hay mucha más cobertura mediática de Gaza que de otros conflictos en curso que a nadie parecen importarle demasiado. Y este tratamiento desigual de las violaciones de las normas internacionales es peligroso. El doble rasero erosiona los principios del derecho internacional humanitario y socava su credibilidad.

Para sostener la legitimidad de estos principios, los Estados occidentales que criticaron con vehemencia el uso de municiones de racimo por parte de Rusia en Ucrania deberían hacer lo mismo cuando Israel comete acciones similares. Y las violaciones del derecho internacional humanitario en Sudán deberían dar lugar al mismo tipo de condena encarnada en las actuales movilizaciones estudiantiles a favor de Palestina.

Creo que el verdadero desafío a las normas internacionales comenzó con Ucrania. Es cierto que en 2022 una cantidad de personas 20 veces mayor murió en el marco del conflicto en Etiopía que en el de Ucrania. Lo que hizo que Ucrania fuera tan relevante para la evolución del derecho internacional humanitario es que fue allí donde la neutralidad pareció dejar de ser aceptada por la opinión pública.

Un aspecto crucial del derecho humanitario es que las dos partes en conflicto deben atenerse a las mismas normas. Este principio solía ser aceptado por la opinión pública y por los gobiernos europeos y norteamericanos... hasta Ucrania. En ese momento todos criticaron a Rusia, y con razón, pero muy pocos criticaron a Ucrania. Ucrania es sin duda víctima de una agresión y tiene derecho a defenderse, pero la forma en que lo hace debería importar.

Esto se ha exacerbado en Gaza. Muchos creen que el derecho internacional humanitario es una construcción europea y que la comunidad internacional sólo se preocupa por él cuando las víctimas son personas occidentales blancas. Aunque en mi opinión esta acusación no está justificada, la comparación entre Ucrania y Gaza es problemática. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que el asedio ruso a Mariupol fue completamente inaceptable, pero parece que en Gaza no se aplican las mismas reglas.

Los partidarios de Israel suelen pasar por alto sus violaciones, y lo mismo ocurre con los partidarios de Palestina. Para la opinión pública, la impresión general es que el derecho internacional humanitario no sirve para nada y que en situaciones de conflicto vale todo. En realidad, afortunadamente hay muchos casos en que el derecho internacional humanitario es respetado, pero esa es la impresión que nos dan los informes de los medios de comunicación y de la sociedad civil, que comprensiblemente se centran en las violaciones.

¿Qué debería hacerse para reforzar el marco jurídico internacional?

Aunque hay márgenes de mejora, el contenido de las normas existentes es bastante bueno. El principal problema es su insuficiente aplicación. Mientras que la Corte Penal Internacional actuó muy rápidamente en el caso de Rusia, lleva trabajando en el de Palestina desde 2015 y todavía no hemos visto ningún avance. Los mecanismos no parecen estar siendo aplicados consistentemente.

Los Estados son reacios a crear un sistema más eficaz porque les preocupa que algún día pueda ser utilizado en su contra. Para que un mecanismo de aplicación sea eficaz, necesitamos que quienes hacen la guerra lo acepten. De nada sirve tener un sistema eficaz si sólo lo aceptan unos pocos países que nunca se involucran en conflictos.

Aun así, todavía queda la esperanza de que, al contemplar los horrores y atrocidades cometidos en Gaza y Ucrania, los Estados tengan una reacción similar a la que tuvieron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando acordaron adoptar los Convenios de Ginebra. Los horrores que estamos presenciando hoy en tiempo real y que son amplificados por los medios de comunicación podrían ser un punto de inflexión.

El derecho internacional humanitario puede y debe reforzarse también a través de la educación. Tenemos que enseñar a la juventud que incluso en la guerra hay normas que se aplican a todos por igual, siempre y en todas partes, independientemente de que tengan o no razón. Si la opinión pública aceptara y asimilara este mensaje, cabe esperar que ya no se permita que sigan ocurriendo atrocidades como las que estamos viendo hoy.

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Las opiniones expresadas en esta entrevista son de la persona entrevistada y no necesariamente representan los puntos de vista de CIVICUS.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación ENSURED Horizon, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.

CIVICUS conversa sobre los desafíos del inminente proceso electoral venezolano y la reciente selección de un candidato de la oposición con Guillermo Aveledo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.

¿Quién es Edmundo González, y cómo es que acabó siendo el candidato de la oposición?

Edmundo González es un diplomático de carrera que se formó como internacionalista y sirvió al Estado venezolano desde su juventud. Ingresó al servicio diplomático en los años 70 y ascendió hasta ser embajador durante los primeros gobiernos de Hugo Chávez. Luego se retiró de la Cancillería debido a la deriva autoritaria de Chávez, se enfocó en la formación de profesionales en relaciones internacionales y se vinculó con las fuerzas democráticas. Específicamente, se integró a la Mesa de la Unidad Democrática, una alianza de varios partidos. Encabezó su directiva acabó convirtiéndose en una figura clave para mantener a la oposición en la boleta electoral, cumpliendo los requisitos legales para competir en las elecciones.

Su liderazgo fue en cierta medida accidental. Fue durante el proceso mismo de nominación de candidaturas que se lo percibió como la figura más idónea para representar a toda la oposición. Esta percepción se fundamentó en su disposición a asumir el cargo con riesgo personal y en su aceptación por parte de las diversas fuerzas opositoras debido a su seriedad y equilibrio.

Desde su nombramiento oficial como candidato de la Plataforma Unitaria de la oposición el 19 de abril, González se ha mostrado cuidadoso en su papel. Ha iniciado su campaña, con las limitaciones que ello tiene en un sistema político como el venezolano. Con todo, su candidatura trae esperanzas de una transición democrática.

¿Por qué fue inhabilitada la candidatura de María Corina Machado?

Ocurre que el proceso electoral tiene lugar en el contexto de un sistema político que no es abierto ni pluralista. El gobierno se ve obligado a convocar a la población para votar, pero cada vez más teme perder el poder, en la medida en que el sistema se fue transformando de una democracia tradicional de partidos hacia una democracia basada en el liderazgo carismático de Hugo Chávez, y posteriormente en un régimen autoritario bajo Nicolás Maduro.

Machado fue elegida candidata presidencial en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria en octubre de 2023 con una amplia ventaja, pero luego se confirmó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años por acusaciones políticamente motivadas de corrupción. Machado tiene una gran popularidad, aboga por la libertad política y económica y ha tenido una posición más confrontativa frente al gobierno. En los últimos años fue crítica de la participación electoral, aunque hay que reconocer que antes de dedicarse de lleno a la política había fundado una organización para promover la participación en las elecciones. Por sus diferencias con la oposición tradicional, ha sido considerada “radical”.

¿Qué debería ocurrir para que las elecciones sean razonablemente libres y competitivas?

Para cumplir con los estándares internacionales de elecciones libres y competitivas habría que realizar muchos cambios. Esencialmente se debería permitir la observación y garantizar la seguridad de los fiscales de la oposición y de los observadores independientes durante el proceso electoral. También se debería facilitar una mayor fiscalización de los resultados después de la votación.

El sistema electoral venezolano presenta otras limitaciones adicionales, como el rezago en el registro electoral y obstáculos para la participación de los venezolanos en el extranjero, que suman más de siete millones. Además, se han creado centros electorales controlados por grupos paraestatales. Estas restricciones reflejan un ventajismo característico de regímenes autoritarios, que obstaculiza el cambio político.

Sería deseable reducir la presencia del Estado y de las organizaciones paraestatales durante el proceso electoral, para evitar influencias indebidas sobre el voto. Cuando digo Estado, me refiero al partido de gobierno, que a menudo se confunde con el Estado y ejerce presión sobre los electores. Estos son cambios que podrían implementarse rápidamente, más allá de que también se necesiten reformas a la ley electoral que requieren de más tiempo para implementarse.

¿Es posible una transición democrática por la vía electoral?

Se requieren esfuerzos contundentes para avanzar en la transición política en Venezuela. Es imperativo entender que una elección no marca el fin de la transición, sino una etapa en un proceso más largo de cambio político. Es importante dar crédito al gobierno por permitir la candidatura de González, pero manteniendo la cautela hasta entender cuál es su verdadero impacto.

Aunque algunos sectores gubernamentales podrían tolerar candidaturas moderadas como la de González, otros sectores más ortodoxos se opondrán firmemente. Las divisiones en el gobierno ofrecen una oportunidad. Es importante aprovechar la vocación democrática de ciertos sectores del chavismo.

Tanto la oposición como el gobierno deben actuar con sabiduría política, sobre la base de que un cambio hacia un gobierno más representativo beneficia a todos los venezolanos, incluidos los que actualmente están en el poder.

Es crucial creer que Venezuela puede volver a ser una democracia. Las potencias extranjeras interesadas en la democracia en Venezuela deben confiar en la capacidad del país para la democracia y no dejarse llevar por prejuicios sobre su pertenencia a la región latinoamericana o sobre su pasado político. Los venezolanos tienen una cultura democrática arraigada y se le debe permitir expresarse.

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CIVICUS conversa con Alicia Méndez Medina, del colectivo Junta de Prietas, sobre la campaña por la legalización del aborto y las luchas feministas, antirracistas y otras luchas por los derechos en la República Dominicana.

Junta de Prietas es un colectivo feminista, antirracista y descolonial que trabaja con comunidades locales y grupos vulnerables para combatir la opresión en la República Dominicana.

¿Cuál es la realidad de las mujeres que quieren abortar en República Dominicana?

Las mujeres que buscan interrumpir un embarazo enfrentan riesgos para su salud y su vida a causa de la penalización del aborto. Aunque la prohibición en principio se aplica a todas las mujeres por igual, no todas las mujeres están expuestas a los mismos riesgos: las mujeres negras, las mujeres pobres y las mujeres migrantes son las que más riesgos enfrentan. Es por eso que nuestra lucha va más allá de la despenalización del aborto y es también una lucha contra el racismo arraigado en la sociedad dominicana, especialmente hacia las mujeres negras y migrantes.

En ese sentido, la despenalización del aborto es una parte importante, pero solo una parte, de una lucha más amplia por los derechos de las mujeres. Esta lucha también pasa por desafiar las barreras estructurales que dificultan el acceso a atención médica, y en particular la mercantilización de la salud, que hace que sólo reciba atención de calidad quien puede pagarse un buen seguro médico.

La prohibición total del aborto acarrea complicaciones innecesarias para la salud de las mujeres, que por estar embarazadas e imposibilitadas de terminar su embarazo pueden verse privadas de tratamientos médicos necesarios para salvarles la vida. Una buena ilustración de ello es el trágico caso de Esperancita, una adolescente de 16 años que falleció en 2012 por no recibir tratamiento para la leucemia que padecía, por estar embarazada. Luego de años de lucha de la madre de Esperancita, en 2020 el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Actualmente enfocamos nuestra demanda de despenalización del aborto en tres causales específicas: riesgo para la vida de la madre, violación e incesto. Sin embargo, consideramos que estas causales son limitadas y en última instancia abogamos por la despenalización total del aborto como un derecho fundamental de las mujeres a tomar decisiones con autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas.

¿Quiénes se oponen a la legalización del aborto, y con qué argumentos?

Hay grupos ultraconservadores que se oponen a toda demanda de libertad e igualdad y generan polarización en la opinión pública y ataques en las redes sociales. En períodos electorales, los candidatos de los partidos políticos suelen alinearse con sus posiciones, expresando su oposición al aborto con argumentos teológicos que delatan una fuerte influencia de la Iglesia Católica.

Actualmente atravesamos un período difícil, porque los grupos antiderechos están cada vez mejor organizados y movilizados para resistir todo avance en materia de derechos. Estos grupos tienen inserción en sectores poderosos y adinerados de la sociedad, lo que les da acceso tanto a los medios tradicionales como a las redes sociales, y les permite incidir sobre la opinión pública y amenazar y estigmatizar a quienes luchan por la igualdad y los derechos humanos.

Estos grupos también son ultranacionalistas y dirigen su hostilidad contra los migrantes haitianos. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de personas privadas de su nacionalidad dominicana debido a su ascendencia haitiana, se desató una campaña de denuncia del fallo como injerencia extranjera. Algo similar podría ocurrir si la Corte Interamericana fallara a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un caso que afectara directamente a nuestro país. La opinión pública está muy dividida en torno a estos temas y a menudo se hace eco de las acusaciones de injerencia contra los organismos internacionales, olvidando que somos parte de ellos y participamos en sus procesos.

¿Cómo contribuyen desde su colectivo a la lucha por la igualdad de derechos?

Como colectivo, nos comprometemos con la defensa de los derechos básicos de la población en un contexto de grave crisis económica y social, donde el racismo y la xenofobia son desafíos urgentes.

La situación en la vecina Haití, marcada por el conflicto armado, ha generado un flujo migratorio hacia nuestro país, especialmente de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a muchas en período de lactancia o en trabajo de parto. Es esencial que cualquier discusión sobre la lucha de las mujeres en la República Dominicana contemple la situación de estas mujeres haitianas y dominico-haitianas que enfrentan la perspectiva de la deportación y otros riesgos graves.

Destacamos las diversas realidades que enfrentan diferentes mujeres – las mujeres migrantes, y también las mujeres trans, que a menudo enfrentan discriminación incluso dentro de los círculos feministas. Finalmente, abogamos por la despenalización total del aborto promoviendo la justicia reproductiva y el respeto a la dignidad de todas las mujeres.

El espacio cívico en República Dominicana es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Julio Armando Morón Pulido, integrante de CIVILIS, acerca de la amenaza que representa el proyecto de “Ley contra el fascismo” actualmente en trámite legislativo.

Fundada en 2010, CIVILIS es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente, pluralista y autónoma, dedicada a apoyar la labor de la sociedad civil desde una perspectiva de derechos humanos.

¿Qué dice el proyecto de ley contra el fascismo, y cuáles son sus objetivos?

El proyecto de ley establece conceptos como los de fascismo, neofascismo y lo que designa como “otras expresiones similares” y los vincula con la violencia y la denigración de la democracia. Además, asocia al fascismo con el racismo, el clasismo y otras posturas ideológicas que rechaza.

El proyecto de ley prohíbe y penaliza ideas, expresiones y actividades consideradas fascistas, limitando derechos y libertades. Lo hace sobre la base de definiciones vagas y ambiguas, que dejan un amplio margen para la interpretación, por lo que pueden ser utilizadas con total arbitrariedad. También prevé sanciones penales y administrativas, así como la eliminación de organizaciones civiles y partidos políticos.

Este proyecto es una continuación de la Ley contra el odio de 2017. Ambos promueven sanciones desproporcionadas y profundiza la narrativa del enemigo interno. Pero el proyecto de ley contra el fascismo va incluso más allá, atentando contra la libertad de pensamiento mediante la persecución de ideas contrarias al pensamiento oficial.

Aunque pretende enfrentar el fascismo, este proyecto parece ser una herramienta de estigmatización y persecución política contra toda forma de disenso. Si se aprueba, institucionalizará la criminalización de personas y organizaciones que el Estado señale como fascistas, independientemente de sus creencias o actividades.

¿Quiénes se verían más afectados si se aprueba este proyecto de ley?

De ser aprobado, este proyecto de ley tendría un impacto generalizado sobre los derechos humanos y la sociedad civil, ya que afectaría las libertades de pensamiento, expresión, asociación, disenso y reunión pacífica.

Al listar entre las ideas a perseguir al “neoliberalismo”, el “conservadurismo moral” y el “anti-republicanismo”, el proyecto vulnera la libertad de pensamiento. Afectaría gravemente la libertad de expresión porque prohíbe la divulgación de mensajes que denigren la democracia o hagan apología de lo que se define vagamente como fascismo. Además, impondría sobre los medios de comunicación la enorme responsabilidad de evitar todo mensaje fascista, induciendo a la autocensura.

El proyecto también restringe la libertad de asociación porque prohíbe las organizaciones que se basen en el fascismo o “expresiones similares” y otorga al Estado poder para disolverlas. En cuanto al derecho al disenso democrático, el proyecto establece la pena de inhabilitación política para quienes hagan apología del fascismo, incluso con retroactividad.

Finalmente, el proyecto criminaliza el derecho a la reunión pacífica al penalizar la organización de manifestaciones que supuestamente promuevan el fascismo. Prácticamente cualquier manifestación de oposición al gobierno podría interpretarse como fascista, y por lo tanto prohibirse y criminalizarse.

Desde CIVILIS consideramos que los espacios cívicos abiertos y seguros son fundamentales para la democracia y que estas restricciones supondrían violaciones graves del espacio cívico y, por lo tanto, afectarían negativamente las elecciones del 28 de julio.

¿Cómo han reaccionado ante el proyecto la sociedad civil y la opinión pública?

La sociedad civil ha recurrido a instancias internacionales para sonar la alarma sobre la amenaza que este proyecto de ley representa para los derechos humanos y el espacio cívico.

Hacemos un llamado al Estado para que no avance con el proceso de aprobación de este proyecto legislativo, ni de ningún otro que vulnere derechos y libertades. Además, instamos a que cese el hostigamiento, las agresiones y la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y activistas políticos y sindicales, educadores y otras personas consideradas disidentes.

Asimismo, es crucial que los mecanismos internacionales de protección intensifiquen el monitoreo de la situación en Venezuela, tanto en el período previo a las elecciones como en el día de la elección y en los meses siguientes. En los últimos años, los procesos electorales en Venezuela han estado marcados por un aumento de la represión y la persecución política, por lo que es fundamental que estén alerta para documentar y denunciar las violaciones.

¿Qué otras restricciones pesan sobre el espacio cívico en Venezuela?

Durante los últimos 24 años se ha gestado en Venezuela un ambiente hostil hacia la sociedad civil, a medida que el Estado ha ido cerrando el espacio cívico. Lo ha hecho con sucesivas leyes, regulaciones y otras medidas que ha justificado con argumentos tales como la defensa de la soberanía y la lucha contra el terrorismo, aunque no se ajustan a los estándares democráticos. CIVILIS ha identificado por lo menos 13 leyes y normativas restrictivas.

Entre ellas se destaca la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que somete a todas las OSC a restricciones sobre la base de una interpretación sesgada de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, aun cuando no haya pruebas concretas de actividades terroristas. La Providencia Administrativa 002-2021 obliga a las OSC a un complejo proceso de registro y autorización, bajo amenaza de ilegalización.

Por orden de las autoridades, las OSC enfrentan obstáculos para actualizar sus registros, dificultando sus operaciones. Por ejemplo, se les impide constituirse si en sus estatutos incluyen referencias a los derechos humanos y la democracia. Igualmente, las organizaciones internacionales esperan por autorización para operar en el país a pesar de haberse creado un registro especial en 2020.

En la Asamblea Nacional hay otros dos proyectos que también amenazan a la sociedad civil. Uno es el proyecto de Ley de Fiscalización, que condiciona la existencia de las OSC a la aprobación estatal, imponiendo requisitos casi imposibles de cumplir y prohibiendo actividades políticas, con sanciones de disolución. El otro es el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que busca centralizar los recursos de la cooperación en un fondo estatal.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Mauro González, Investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, (CR)², sobre los incendios que se propagaron por la región de Valparaíso en Chile.

(CR)² es un centro de investigación que reúne a investigadores de distintas disciplinas de las ciencias naturales y sociales, de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile y otras instituciones académicas, para estudiar los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas y la sociedad chilena.

¿A qué se debe el aumento de los incendios?

Durante la última década en Chile hemos estado experimentado incendios cada vez de mayor tamaño y severidad. La superficie quemada en la temporada 2016-2017 alcanzó más de medio millón de hectáreas, 10 veces más que el promedio anual. Los de la temporada 2022-2023 fueron muy similares, y más recientemente en febrero de este año tuvimos incendios catastróficos en Valparaíso. Estos últimos fueron menos extensos pero su impacto fue considerable porque se produjeron en zonas de interfaz urbano-forestal, con una alta densidad poblacional.

Algunos de los factores que estarían explicando el aumento de los incendios son las condiciones climáticas más favorables, tales como las olas de calor, y la mayor susceptibilidad de la vegetación, asociada a la sequía que experimenta el país desde 2010. En los últimos años hemos observado el secado, también conocido como “pardeamiento”, de los bosques esclerófilos, causado por la falta de agua. Esto afecta la biodiversidad, genera pérdida de carbono almacenado y facilita la propagación de los incendios. Además, en la zona centro-sur de Chile las extensas y homogéneas plantaciones forestales de Eucalyptus globulus y Pinus radiata favorecen, bajo condiciones meteorológicas extremas, la propagación de grandes incendios.

En el origen de los incendios el ser humano tiene una gran responsabilidad ya que más del 95% son causados de manera accidental e intencional. La intencionalidad tiene diversas motivaciones, que necesitan ser comprendidas sociológica y psicológicamente para abordar adecuadamente la prevención.

¿De qué otras maneras está afectando a Chile el cambio climático?

Los principales impactos del cambio climático en Chile se observan en la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos como olas de calor, marejadas, tornados, inundaciones, incendios y sequía prolongada. Aunque históricamente hemos enfrentado inundaciones, terremotos e incendios, la sequía representa una situación única para el país dada su extensión e intensidad. Gran parte del país está siendo afectado por la sequía, por lo que muchas comunidades rurales carecen de abastecimiento de agua adecuado abastecimiento y demanda soluciones del Estado.

Especialmente en las zonas semiáridas al norte de Santiago, las comunidades están experimentando una crítica falta de agua, lo cual afecta sus actividades tradicionales. Mucha gente ha perdido sus fuentes de agua para cultivos y ganadería, lo cual afecta de sus actividades económicas y modos de vida, por lo que comienza a emigrar. La capital y otras ciudades también están enfrentando importantes problemas de abastecimiento de agua para el consumo humano.

Ante la sucesión de eventos climáticos extremos, la comunidad reconoce el cambio climático como una realidad evidente. Sin embargo, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad y ofrezca respuestas solamente se plantea en situaciones extremas, en contextos de catástrofe; caso contrario las comunidades parecen adaptarse o resistir de una u otra forma.

¿Cuáles han sido los impactos de los incendios, y qué respuestas ha dado el gobierno?

Los grandes incendios no afectan solamente al sector productivo, por ejemplo a las empresas forestales y agrícolas, sino también a las comunidades locales y a la sociedad en general. Los mayores impactos que provocan los incendios son la pérdida de vidas y la destrucción de miles de viviendas y de fuentes de sustento. A esto se suman los problemas emocionales, psicológicos y médicos, ya que la contaminación del aire incide en las enfermedades respiratorias. Se trata de problemas que aún no han sido evaluados adecuadamente. En ciertas áreas, el humo es una constante durante el verano, lo que indudablemente afecta la salud de las personas.

Además, los incendios impactan negativamente sobre la biodiversidad. Generan pérdida de bosques nativos, poniendo en peligro muchas especies con problemas de conservación. También afectan la viabilidad de cumplimiento de nuestro compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono, ya que no estamos aumentando la cobertura vegetal que permite secuestrar carbono, sino al contrario, estamos perdiendo bosques y liberando grandes cantidades dióxido de carbono a la atmósfera.

El Estado de Chile poco a poco ha ido enfrentando esta problemática y tomando medidas. En los últimos años, sucesivos gobiernos han ido comprendiendo más plenamente el impacto del cambio climático, avanzaron con iniciativas legales como la Ley Marco de Cambio Climático, y realizaron importantes cambios en el marco institucional de prevención del riesgo de desastres, en el cual juega un rol fundamental el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Además, actualmente se discute en el Congreso una Ley de Incendios que apunta a fortalecer las estrategias de prevención y la gestión del paisaje como medida de mitigación, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal.

¿Qué más debería hacerse para prevenir y controlar los incendios?

Si bien en Chile el presupuesto para la prevención y control de incendios ha aumentado en los últimos años, es importante destacar que incluso en países desarrollados con más equipamiento y presupuesto, como Australia, Canadá y Estados Unidos, no logran apagar incendios de las características y bajo las condiciones meteorológicas en que ocurren actualmente. Por tanto, la prevención es clave, así como también la configuración y gestión del paisaje forestal.

En el caso del centro-sur de Chile, donde la existencia de extensos monocultivos forestales contribuye a la propagación del fuego, el Estado tiene un rol fundamental en incentivar, a través de los instrumentos apropiados, la mayor diversificación del paisaje y la restauración de los bosques nativos quemados o degradados.

En cuanto a la responsabilidad humana, debemos ser conscientes del impacto de nuestras acciones, ya sean accidentales, negligentes o intencionales. La prevención es clave, junto con la preparación de comunidades para enfrentar incendios, al igual que lo hacemos con terremotos y maremotos.

Respecto de la prevención y gestión del paisaje, es fundamental la responsabilidad de los propietarios. Los propietarios deben asumir la responsabilidad de sus terrenos, implementando, con la asistencia del Servicio Forestal, las medidas de mitigación adecuadas, como cortafuegos y reducción de combustible, especialmente si colindan con comunidades humanas. La gestión del territorio no debe ser solo responsabilidad del Estado; cada individuo debe contribuir a mantener su entorno y las empresas forestales deben asegurarse de gestionar adecuadamente su patrimonio de manera de no afectar a las comunidades vecinas. La corresponsabilidad es un elemento crucial que debería reflejarse en la futura legislación sobre incendios.

El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.

DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.

¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?

Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.

El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.

En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.

DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.

Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.

En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.

La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.

DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?

Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.

La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.

Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.

Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.

La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.

¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?

Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.

La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.

La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.

Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.

Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.

El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

Póngase en contacto con DLM México a través de su sitio web y siga a @DLM_Mx en Twitter y a @dlmx en LinkedIn.

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CIVICUS fala sobre as eleições antecipadas que terão lugar em Portugal no dia 10 de março com Ana Carmo da Akto, uma organização da sociedade civil portuguesa que promove os direitos humanos e os valores democráticos através da advocacia, campanhas e educação.

Quais são as principais questões com que o novo governo terá de lidar e como é que os candidatos prometem abordá-las?

As questões mais urgentes que deveriam ser abordadas pelo novo governo e que têm sido centrais nos debates eleitorais são a habitação, a saúde, as pensões, a educação, a imigração e a crise climática. Há muitos outros temas que estão na ordem do dia e que deverão ser abordados, incluindo alguns relacionados com a polícia e o sistema judicial.

Estas são questões que permitem respostas muito diferentes consoante a posição no espectro ideológico. Os partidos mais à esquerda apresentam medidas que requerem uma maior intervenção do Estado e investimento no setor público, enquanto os mais à direita apresentam propostas que beneficiam o setor privado e os investidores, e requerem menos intervenção do Estado, acreditando que isso conduzirá ao crescimento económico e subsequentemente a um maior bem-estar.

Tendencialmente, a política portuguesa é disputada por dois partidos, o Partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD), ambos próximos do centro. Nesta campanha, Pedro Nuno Santos, cabeça de lista do PS, tem apresentado propostas mais à esquerda do que é habitual do PS, enquanto Luís Montenegro, cabeça de lista da Aliança Democrática (AD), uma coligação liderada pelo PSD, tem seguido a linha ideológica habitual do seu partido.

Mais o PS está a desgastar-se, talvez devido aos seus oito anos seguidos de governação, enquanto o PSD, em vez de se preparar para lhe suceder, também está a enfraquecer. Em vez disso, crescem partidos de direita mais radicais, nomeadamente o Chega, identificado como um partido “catch-all”, ideologicamente amorfo, populista e oportunista, que adapta o seu discurso da forma que lhe permite angariar mais votos.

Um clima de descontentamento, frustração e quiçá revolta tem levado cada vez mais pessoas a votar no Chega como forma de protesto. No entanto, o crescimento de um partido como o Chega só enfraquece ainda mais a confiança no sistema político existente.

Tem havido problemas com desinformação ou discurso de ódio na campanha?

Tem havido problemas de desinformação, particularmente disseminada pelo partido Chega, cujo discurso não se baseia em factos. Por isso é recorrente ouvirmos factos falsos ou ideias falaciosas vindas dos seus deputados e do seu líder. Este partido tem vindo a fazer uma campanha anti-imigração que parece ter instigado discursos de ódio e expressões de xenofobia na sociedade. No passado dia 3 de fevereiro aconteceu em Lisboa, no Martim Moniz, uma zona conhecida pela diversidade multicultural, uma marcha de extrema-direita contra a “islamização da Europa”. A marcha foi proibida pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Tribunal pelo seu conteúdo e pelo perigo que acarretava para os cidadãos. Ainda assim, estas pessoas saíram à rua.

Alguns media e os restantes partidos políticos estão a fazer um esforço para desconstruir as falácias em volta da imigração, sublinhando que a verdade é que Portugal é um país de emigrantes. Destacam também factos positivos relativamente aos imigrantes, como o seu grande contributo para a segurança social portuguesa, que permite o pagamento de pensões. Este é um argumento muito forte a favor da imigração.

Durante a sua campanha, o Chega fez ainda a absurda e impactante proposta de “acabar com os apoios para a igualdade de género”. Esta declaração, novamente, valeu um esforço de desconstrução e verificação dos factos por parte dos media e fez posicionar os restantes partidos políticos.

Com a crescente disseminação de “fake news”, foram criados programas de fact checking nos media portugueses para ajudar a contrariar esta tendência e a manter o rigor jornalístico. No entanto, as campanhas de desinformação são mais difíceis de combater nas redes sociais, onde o partido Chega conseguiu imiscuir-se. Devido a isso, as sondagens apontam para uma significativa percentagem de jovens que potencialmente votará neste partido populista que coloca em causa os nossos direitos fundamentais.

Para fomentar o debate de ideias, a comunicação social portuguesa uniu-se, tal como em 2015, para organizar debates políticos entre os líderes de todos os partidos representados no Parlamento. No modelo implementado este ano, eles debatem entre si durante cerca de 25 minutos e estes debates são transmitidos e comentados nos diferentes canais de informação. Isto permite que a sociedade civil esteja mais informada sobre as suas escolhas e esta tem demonstrado interesse, porque os debates têm estado no top das audiências.

Tem alguma indicação de quais poderão ser os resultados das eleições?

Desde a demissão do Primeiro-Ministro António Costa em novembro de 2023 devido a uma investigação de corrupção que o envolveu em tráfico de influências, corrupção e prevaricação em projectos energéticos, o cenário político tornou-se cada vez mais imprevisível.

Primeiramente, com a sua eleição como líder do PS, Nuno Santos foi visto como o sucessor inequívoco para Primeiro-Ministro, devido não só ao seu carisma, mas ao facto do seu partido ter maioria absoluta. Montenegro, por outro lado, não é um líder carismático e teve um percurso com repercussões negativas, e em geral, o PSD tem vindo a perder força para partidos mais radicais e populistas como o Chega e a Iniciativa Liberal, que não é vista como um partido populista e ainda tem espaço no espectro da direita política. O PSD apenas não se quer aliar ao Chega, e a Iniciativa Liberal rejeitou uma coligação com o PSD, fazendo com que este se aliasse então ao CDS-Partido Popular e ao Partido Monárquico.

Ao coligar-se com dois partidos sem assento parlamentar, o PSD ressuscitou uma solução de 1979 para tentar fazer frente à maioria absoluta do PS. Mas ainda assim, não ganhou inicialmente o terreno que pretendia.

A esquerda também tem perdido relevância: o Bloco de Esquerda tem atualmente cinco deputados no Parlamento, o Partido Comunista Português tem seis, e o Livre tem um.

Com uma esquerda que alguns comentadores declaram “adormecida”, um bloco central unipartidário e uma direita sem um líder assertivo, apenas um partido floresce, o Chega.

No final de 2023, as sondagens apontavam para uma nova maioria do PS, mas desde a formação da coligação AD, algumas sondagens apontam para uma potencial vitória da AD. Neste momento, há uma grande incerteza e o grande segmento de eleitores indecisos potencialmente decidirá o rumo do país. De cada vez que há um novo debate eleitoral surgem novas tendências. Nos últimos debates em que participou, Nuno Santos apelou ao “voto útil” com receio de uma vitória da AD e da direita.

Quais são as suas expectativas para o período pós-eleitoral?

Dependendo do partido vencedor, da maioria que obtiver, das coligações que se formarem e do número de deputados que os partidos opositores consigam eleger, podemos desenhar vários cenários.

Estas eleições legislativas poderão levar Portugal a juntar-se a um cenário semelhante ao que temos vindo a assistir pela Europa com a governação de partidos de extrema-direita e populistas, ou poderão fazer com que Portugal se destaque com um governo mais socialista e de esquerda. E mesmo estes dois cenários são redutores, pois o resultado irá depender também de como será constituída a oposição política parlamentar, que é tão importante para o bom funcionamento da nossa democracia.

O espaço cívico em Portugal é considerado “aberto” pelo CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones generales de El Salvador con César Artiga, defensor de derechos humanos y coordinador del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP) en El Salvador, del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú y de la Coalición Nacional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano.

¿Qué consecuencias tendrá la victoria arrasadora del presidente Nayib Bukele?

Este 4 de febrero de 2024 la democracia salvadoreña ha sido sepultada. Esto ha ocurrido con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que permaneció ausente e impávido ante repetidas violaciones a la ley electoral, mostrando su negligencia y sometimiento al presidente Nayib Bukele, quien se ha autoproclamado como ganador y presidente reelecto.

Estas elecciones fueron nuestra última oportunidad para recuperar la incipiente democracia establecida con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Bukele asumió su mandato en junio de 2019 y desde entonces el país ha experimentado retrocesos profundos en materia de derechos humanos. Se ha quebrado el Estado de Derecho y se han anulado las garantías institucionales y constitucionales de la ciudadanía.

Esta era una oportunidad única para detener la embestida autoritaria de Bukele e impedir que siguiera acumulando poder y se perpetuara como máxima y única autoridad del país, que es lo que buscó con su candidatura ilegal. La reelección es inconstitucional en El Salvador, pero él manipuló las instituciones y todo el aparato del Estado para consolidar su proyecto de control total e imponer una cultura de privilegios e impunidad para él y su clan corporativo familiar.

Tras la votación, oficialmente estamos entrando en dictadura. Por un lado, porque habiendo llegado al poder por primera vez por la vía democrática, Bukele se ha reelegido de manera inconstitucional. Por el otro, por los niveles de concentración de poder que resultarán de estas elecciones, que al mismo tiempo que le han dado a Bukele un mandato rotundo al frente del Ejecutivo, le han entregado el control absoluto del Legislativo. No hay nada que requiera mayorías extraordinarias que él no pueda hacer en este segundo mandato. Ello se suma al control del Poder Judicial, que ya tenía desde mayo de 2021.

En estos tiempos las dictaduras no son como las de los años ‘70 y ‘80. En muchos casos como este, no resultan de golpes militares, sino del acaparamiento del poder por parte de líderes que inicialmente son electos democráticamente. Y las tácticas también han cambiado, son bastante más sutiles. El principal peligro no es que te vayan a desaparecer, aunque eventualmente podría suceder, sino que te amenacen, difamen y en última instancia te neutralicen mediante ataques mediáticos y campañas de desprestigio que te borran del espacio público.

Esta democracia se muere por deterioro del espacio cívico. El ritual electoral pierde sentido desde el momento en que no rigen las libertades cívicas fundamentales, que son las que hacen posible la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. El actual gobierno arrasó deliberadamente con ellas.

¿Cuán libres y competitivas fueron estas elecciones?

El proceso electoral fue bastante viciado, principalmente porque el TSE no aplicó la normativa electoral en lo que al presidente se refiere. El gobierno violó la normativa electoral con total impunidad y sin que el TSE interviniera. Comenzó la campaña mucho antes de lo que se lo permitía la ley y utilizó recursos del Estado para hacer propaganda en favor de las candidaturas de Bukele y sus aliados, al tiempo que se negaba a pagar la llamada “deuda política”, que es la asignación monetaria que el Estado hace a cada partido político para que pueda promover sus candidaturas. Eso no le hizo mella al partido de gobierno, que contaba con todos los recursos del Estado, pero perjudicó enormemente a los de la oposición, que tuvieron que financiarse por sus propios medios y quedaron al borde de desaparecer.

Además, las elecciones ocurrieron en el marco de un estado de excepción que se extiende desde hace dos años y gracias al cual se ha perseguido y criminalizado a personas defensoras de derechos humanos y a las voces disidentes. Hay un temor generalizado a dar opinión o aparecer en medios de comunicación con posiciones críticas de la gestión de gobierno. Este régimen de excepción que ya se volvió permanente no ofreció las garantías institucionales para una elección libre y justa.

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades y problemas en el recuento de votos y la transmisión de los resultados preliminares. Se descuenta que Bukele ha arrasado, con alta votación y mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, pero aún no tenemos datos oficiales.

El hecho de que el TSE incumpla su rol de árbitro electoral y garante de la integridad del proceso hace perder la confianza en la transparencia de los resultados. Por arrasadores que éstos sean, las elecciones acaban perdiendo legitimidad de cara a la opinión pública nacional e internacional.

¿Cuáles fueron los principales temas de la campaña?

En realidad no hubo un debate de ideas. El hecho de que la ciudadanía fuera a votar sin conocer las propuestas de los partidos, porque los partidos no tenían propuestas o carecieron de los recursos o espacios para darlas a conocer, es síntoma de un gran retroceso democrático.

El oficialismo no presentó una propuesta concreta, sino que presentó la reelección como una especie de referéndum sobre la figura de Bukele, quien goza de mucha popularidad. La propuesta fue simplemente seguir el liderazgo de Bukele, hacer lo que él diga que hay que hacer. Un espíritu mesiánico se apoderó de la sociedad salvadoreña e impuso la noción de que Bukele es la solución para todos nuestros problemas, y en particular para uno verdaderamente urgente que es el que más preocupa a la mayoría de la gente: la inseguridad.

La oposición se presentó muy fragmentada y sus esfuerzos fueron muy dispersos. Además de no tener los fondos necesarios para dar a conocer su oferta electoral, los partidos de oposición no tuvieron propuestas que atrajeran a la ciudadanía, como sí lo hizo la campaña del miedo de Bukele, que anunciaba que, de ganar, la oposición liberaría a miles de pandilleros que volverían a llenar las calles de violencia.

El único tema del que se habló fue el de la seguridad, porque es el principal resultado que el gobierno puede mostrar. El gran logro que exhibe Bukele, sobre el que se basa su popularidad, es el resultado de su estrategia en materia de seguridad nacional para hacer frente a la violencia de las pandillas. Sin embargo, en el marco de la “guerra contra las pandillas” ha habido detenciones arbitrarias masivas. Hay miles de personas detenidas injustamente a las que se les ha violado el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defensa. A este tema no se le prestó suficiente atención durante la campaña, debido a la desinformación que impulsó el gobierno, asegurando que todas las personas detenidas son integrantes o colaboradoras de las pandillas.

¿Cómo se posicionó la opinión pública frente a la política de seguridad del gobierno?

Hay un amplio sector de la población que ha visto con buenos ojos la estrategia de seguridad de Bukele porque desde su punto de vista ha dado resultados como ninguna otra en el pasado.

Efectivamente, Bukele ha desarticulado las pandillas, pero ¿a qué costo? Quienes están en desacuerdo con los métodos utilizados y piensan que el régimen de excepción debería levantarse, generalmente no lo dicen por temor a sufrir represalias. Hay una campaña mediática muy fuerte impulsada desde el Estado que dice toda persona que no apoya al gobierno es colaboradora de pandillas. No hay espacio para el disenso o el apoyo crítico: o se apoya al gobierno al 100%, o se está con las pandillas.

Hay gente que se dio cuenta de que la estrategia de seguridad del gobierno no es una solución duradera. No se conocen los términos de las negociaciones y los acuerdos a los que llegó el gobierno con las pandillas, pero es un hecho que el gobierno pactó con los líderes de las pandillas.

La política de seguridad ha resultado en la estigmatización del pueblo trabajador, simplemente por las condiciones de exclusión en que viven las comunidades empobrecidas. Las detenciones masivas e indiscriminadas han afectado desproporcionadamente a campesinos, agricultores, personas de pueblos indígenas y mujeres defensoras de derechos humanos. Se les ha acusado de pertenecer a asociaciones ilícitas o colaborar con pandillas, cuando todo lo que están haciendo es trabajar, educar y aportar al futuro de sus comunidades.

¿Cuáles piensas que serán las implicancias regionales?

El “efecto Bukele” ya se está sintiendo a nivel regional. La elección de Javier Milei en Argentina no es un caso aislado. Tampoco lo son las medidas que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, está tomando en respuesta a la violencia del narcotráfico en su país. Se está difundiendo la tendencia observada en El Salvador: cada vez son más las sociedades dispuestas a ceder derechos y libertades a cambio de seguridad.

Es lamentable ver esta tendencia replicarse en otros países. La ciudadanía está cansada de la falta de respuesta de los Estados. Sucesivos gobiernos democráticos no han impulsado las medidas efectivas que se necesitaban, y el hartazgo está habilitando alternativas lideradas por gobiernos conservadores, neoliberales o antiderechos, que en el largo plazo traerán más problemas que soluciones reales y duraderas.

El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca de las elecciones generales de El Salvador con Carolina Amaya, periodista salvadoreña independiente especializada en crisis climáticas y conflictos socioambientales.

¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones generales?

Al cumplirse 80 años del fin de la dictadura de Maximiliano Martínez, El Salvador se acerca a una nueva dictadura. El 4 de febrero, con la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños perderemos la garantía de nuestros derechos humanos básicos.

La primera gestión de Bukele se caracterizó por la violación masiva de derechos humanos: militarización desmedida, un prolongado régimen de excepción, estigmatización y criminalización de la pobreza como sinónimo de vínculos con pandillas, ataques a la prensa independiente, despojo de tierras, destrucción ambiental, persecución de defensores ambientales, y la lista sigue. Esa realidad es maquillada por la propaganda que difunden medios de comunicación y creadores de contenidos alineados con el gobierno. Su narrativa se resume en que las pandillas regresarán a las calles si Bukele o su partido, Nuevas Ideas, pierden el poder.

Bukele está buscando su reelección como resultado habiendo ignorado la Constitución de El Salvador, que no lo permite. Por lo tanto, su nueva gestión será inconstitucional, así como todas las decisiones que tome. Es de temer que todos los derechos establecidos en esa misma constitución sean violentados. Además, ya no podremos saber cuánto tiempo Bukele y su círculo se mantendrán en el poder.

En suma, lo que está en juego en estas elecciones es nuestra agonizante democracia. La ciudadanía salvadoreña se expresará en las urnas, pero no es posible saber si en el futuro podrá volver a hacerlo libremente.

¿Cuáles son las perspectivas de que estas elecciones sean verdaderamente libres y competitivas?

Las elecciones serán libres, pero completamente irregulares dado la participación del candidato que se perfila como ganador es inconstitucional. El proceso está viciado desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de la candidatura de Bukele, pese a estar inhabilitado para la reelección.

En cuanto al elemento de competitividad, hay otros partidos con otras propuestas, pero la competencia es desigual. El partido de gobierno ha hecho uso de fondos oficiales para su campaña electoral, mientras que los demás debieron financiarse con fondos propios para hacer frente a una maquinaria bien financiada y con fuerte presencia tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales. Esto aniquila toda alternativa, por lo que las elecciones son solamente un trámite para dar luz verde a una dictadura.

La democracia nacida en 1992 se ha ido degradando a través de los años. Cada partido político que ha ejercido el poder se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. La corrupción, la prepotencia de las elites, la ineficacia del Estado y la falta de transparencia han generado descreimiento generalizado. Las comunidades más precarias se han vuelto bastiones del bukelismo porque dependen de sus políticas asistencialistas para satisfacer necesidades inmediatas, ya que tienen claro que no pueden esperar soluciones de largo plazo.

El gobierno ha hecho una intensa campaña electoral en torno de la entrega de cajas de alimentos y de la inauguración de obras, cosas que están prohibidas por el Código Electoral. No hay autoridad que pueda poner freno a estas ilegalidades porque toda la estructura estatal, incluido el poder judicial y los órganos de contralor, está cooptada por el bukelismo.

¿Cuál ha sido el clima de opinión de cara a las elecciones generales?

En redes sociales como YouTube y TikTok predominan la desinformación y la manipulación de la información predominan, mientras que en medios televisivos se ha impuesto una campaña del miedo. Esto no es novedad en El Salvador: durante mucho tiempo los partidos políticos explotaron en campaña el temor de que El Salvador pudiera convertirse en otra Cuba u otra Venezuela. Ahora la amenaza se enfoca en la seguridad y la preservación de la vida.

Es muy preocupante el modo en que este mensaje ha calado en la ciudadanía salvadoreña, al punto no solamente de normalizar la candidatura inconstitucional de Bukele sino también de darle la certeza de que ganará cómodamente.

¿Cómo se han posicionado la sociedad civil, la oposición política y la opinión pública frente a la política de seguridad del gobierno?

El gobierno de Bukele ha sido autoritario a lo largo de todos estos años y en muchos sentidos, no solamente en lo que se refiere a la política de seguridad. Durante la pandemia encerró a miles de personas que no acataban el aislamiento. Cuando acabó la cuarentena instauró el régimen de excepción que le permite espiarnos, perseguirnos y capturarnos. Ha militarizado las calles, y esto se ha intensificado en enero de 2024, y particularmente en vísperas de las elecciones presidenciales. Los militares están patrullando cada barrio de San Salvador, la ciudad capital, para demostrar su presencia y su poder.

La población en general agradece el que las pandillas perdieran gran parte del control del territorio. Ese es el principal logro de la gestión Bukele. El problema es que la mayoría desconoce la realidad de las negociaciones de Bukele con las pandillas, por lo que piensa que logró limpiar las calles de pandilleros solo con someterlos al régimen de excepción.

El manejo mediático de las imágenes de los pandilleros en las cárceles ha sido muy efectivo, al punto que ha tenido repercusiones internacionales. En varios países de Latinoamérica que experimentan el flagelo del crimen organizado la gente reclama por una figura autoritaria como Bukele para ponerle fin. Hasta la presidenta de Honduras, ideológicamente muy lejana a Bukele, ha optado por la militarización y el uso de la represión para lidiar con las pandillas.

¿Cómo se ha restringido el espacio cívico durante la presidencia de Bukele?

Desde mi rol de periodista puedo atestiguar que muchas personas les escapan a las cámaras porque no se atreven a hacer declaraciones públicas. Fuentes de años dejaron de atenderme a partir de 2019, cuando llegó Bukele al poder. En los cinco años de esta gestión esta situación se ha profundizado. La libertad de expresión es cada vez más limitada, al igual que la libertad de reunión. Por ejemplo, cuando se convocan marchas en la capital se activan dispositivos policiales para retener los buses que vienen desde el interior.

El acoso a voces disidentes se ve también en redes sociales. Día tras día, periodistas y personas defensoras de derechos humanos son denigradas por ejércitos de trolls. Yo misma he sido sido una de las 10 periodistas más atacadas en Twitter. Los ataques contra nosotras suelen tener contenidos misóginos.

Algunas organizaciones, como Acción Ciudadana, la Asociación de Periodistas de El Salvador y Cristosal, denuncian la falta de un ambiente libre para opinar, pues estas denuncias no han surtido mayor efecto. La libertad de expresión ha continuado degradándose. Un país sin libertad de expresión, donde se violan derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos son perseguidas, no es otra cosa que una dictadura.

El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Rigoberto Lobo Puentes, fundador de Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), sobre la Ley de ONG que, de ser aprobada, obstaculizaría aún más la labor de la sociedad civil en Venezuela.

PROMEDEHUM reúne a personas procedentes de diferentes esferas con el objetivo común de educar, promover y defender los derechos humanos.

¿Cómo ha cambiado recientemente el espacio cívico en Venezuela?

El espacio cívico ha experimentado tensiones durante más de una década. En 2010 el gobierno implementó la Ley de la Soberanía y Autodeterminación Nacional para restringir el acceso a financiamiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, invocando supuestas amenazas externas contra el gobierno venezolano. Esta ley fue solamente el puntapié inicial. Desde 2016, cuando el partido oficialista perdió el control de la Asamblea Nacional, el gobierno comenzó a emitir decretos de emergencia que otorgaron facultades al Ministerio de Relaciones Exteriores para auditar todo convenio firmado por organizaciones o personas con organismos internacionales para ejecutar proyectos en Venezuela. Esto fue parte de la estrategia de asfixiar financieramente a las organizaciones de derechos humanos hasta que debieran cerrar.

En 2020 el organismo gubernamental que regula al sistema bancario ordenó a los bancos que monitorearan las operaciones financieras de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), supuestamente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A raíz de las críticas de organismos internacionales de protección de derechos humanos, en 2021 las disposiciones de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en relación con las OSC fueron ligeramente modificadas. Sin embargo, continuaban infringiendo las normas internacionales de derechos humanos. Entre otras cosas, establecían la creación de nuevo órgano encargado de autorizar el registro y funcionamiento de OSC y obligaban a las OSC a proveer información sensible.

Este ataque provocó fisuras en la sociedad civil, ya que muchos pensaron que, puesto que el foco estaba en las organizaciones de derechos humanos, las demás OSC, incluidas las organizaciones humanitarias, estaban fuera de peligro, aunque también de uno u otro modo defendieran los derechos humanos. Muchas OSC dijeron no tener problema con la obligación de registrarse. La situación fue muy confusa: nunca quedó claro dónde funcionaba o funcionaría el registro y en cada ciudad las organizaciones recibían información distinta.

En 2021, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó por unanimidad un plan legislativo nacional que incluía la Ley de Cooperación Internacional, que también establecía un registro obligatorio para las OSC. El objetivo era, nuevamente, limitar el acceso de las OSC a financiamiento.

En 2022 el Grupo de Acciones Financieras del Caribe refutó el argumento de que todas estas regulaciones eran necesarias. Su evaluación de Venezuela concluyó que no había evidencia de que los registros de OSC propuestos o implementados sirvieran para prevenir potenciales abusos vinculados con la financiación del terrorismo.

Por último, en enero de 2024 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, más conocida como “ley de ONG”. Si se aprueba, esta ley permitirá al gobierno restringir aún más el funcionamiento de la sociedad civil, ya que prohíbe de manera muy amplia las “actividades políticas” sin definir de manera clara a qué se refiere, y podría resultar en la imposición de sanciones o incluso en la clausura de OSC que se considere que están involucradas en tales “actividades políticas”. En la sesión en que se aprobó el proyecto, más de 60 OSC fueron mencionadas como enemigas y traidoras a la patria.

Las continuas amenazas, denuncia y persecución de OSC y personas defensoras de derechos humanos, así como las restricciones y ataques contra medios de comunicación y periodistas, el allanamiento de sedes de organizaciones y el encarcelamiento de actores humanitarios, han creado un clima de mucho miedo. Muchas OSC han perdido integrantes, algunas han cerrado y muchas personas defensoras han migrado por diversas razones, incluida la de haber sido objeto de persecución o temer serlo en el futuro cercano. Incluso algunas organizaciones, al igual que medios de comunicación, han recurrido a la autocensura o cambiado la naturaleza de sus actividades para prevenir represalias.

¿Cómo impactaría ley de ONG en este contexto?

La ley de ONG busca limitar la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos. Convertiría la libertad de asociación en un asunto de orden público, exponiendo a las organizaciones a la vigilancia y el control policial. Las organizaciones que no se inscriban o no revelen sus fuentes de financiación podrían enfrentarse a multas, cancelación de su registro oficial e incluso acciones penales. Podrían ser criminalizadas con acusaciones de terrorismo, lavado de dinero, desestabilización, conspiración e injerencia extranjera.

Aunque el proyecto de ley parezca apuntar exclusivamente contra las organizaciones de derechos humanos, sus impactos serán mucho más amplios, ya que pretende tomar el control de todo el tejido asociativo. Cualquier forma organizativa, incluidos partidos políticos y organizaciones educativas y académicas, es un potencial objetivo. Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedarse sin apoyo jurídico. Las personas afectadas por la emergencia humanitaria podrían perder el acceso a programas humanitarios de la sociedad civil, que podrían ser sustituidos por programas gubernamentales con condiciones de acceso restrictivas.

En suma, el gobierno busca una sociedad civil a su medida. Tiene interés en la continuidad de organizaciones que realizan acciones humanitarias, ya que éstas lo liberan de cierta carga y le ayudan a mantener una imagen de apertura frente a la comunidad internacional. Pero pretende que las organizaciones humanitarias desempeñen un rol puramente asistencialista, que deje de lado los derechos humanos, y que se abstengan de publicar cualquier dato que pueda proyectar una imagen negativa del país.

El gobierno ya ha hecho avances en este terreno. En alguna medida ya controla las actividades de las organizaciones humanitarias y obtiene información constante sobre sus actividades en toda Venezuela.

¿Por qué se reflotó ahora la ley de ONG, que había quedado en suspenso el año pasado?

El gobierno ha avanzado con esta ley ante las perspectivas de un proceso electoral en el futuro cercano. La ley puede ser utilizada no solamente contra las OSC de derechos humanos sino contra toda forma organizativa que sea considerada un espacio de pensamiento crítico o disenso. Esto aplica especialmente a las OSC que trabajan en temas de derechos civiles y políticos, que exigen transparencia electoral, monitorean las campañas y observan las elecciones.

Para el gobierno la sociedad civil pone en riesgo sus perspectivas de mantenerse en el poder. En condiciones electorales medianamente justas, la labor de monitoreo, documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos perpetradas por un gobierno que ya goza de baja popularidad podría diezmar su caudal electoral. Durante años el gobierno ha buscado someter, asfixiar o anular a las OSC, y esto se intensificará en la medida en que necesite asegurar su continuidad en el poder.

La ley de ONG había quedado suspendida pero no olvidada. El gobierno simplemente esperó a encontrar el momento adecuado para retomar sus ataques. Recientemente, se produjeron una serie de acusaciones y detenciones de militares, integrantes de partidos políticos y periodistas en relación con un supuesto plan de magnicidio que ha sido tipificado como terrorismo. Esto es parte de un escenario creado por el gobierno para justificar acciones para neutralizar a quienes le supongan un obstáculo en una elección. En este contexto, no debe descartarse la posibilidad de que la ley de ONG sea aprobada.

¿Cómo han reaccionado la sociedad civil y la opinión pública ante estos ataques?

Pese a la gravedad de la ley, hay mucha desinformación y un elevado desconocimiento por parte de la ciudadanía venezolana. Incluso hay OSC que desconocen su existencia o su importancia.

Sin embargo, la sociedad civil ha emitido numerosas expresiones de rechazo. Entre 2022 y 2024, OSC nacionales e internacionales han publicado al menos 15 comunicados y análisis de las leyes de ONG y de cooperación internacional. Se han realizado numerosos foros, conversatorios y campañas de difusión, tanto dentro como fuera de Venezuela.

Muchas organizaciones y personas defensoras hemos participado en diálogos interactivos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y en eventos paralelos en la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Cumbre de las Américas, y hemos presentado informes ante organismos de derechos humanos. Como resultado de esta incidencia, entre 2021 y 2023 se publicaron 11 pronunciamientos e informes de organismos internacionales sobre estas leyes.

Quienes estamos fuera de Venezuela también hemos hecho incidencia frente a los gobiernos de nuestros países de acogida. En Argentina, donde me encuentro en este momento, actores tanto políticos como de la sociedad civil han expresado públicamente su rechazo de la ley de ONG.

El gobierno venezolano redobló la apuesta y el 12 de enero inició una consulta pública sobre la ley, sin siquiera haber publicado el texto oficial del proyecto de ley o convocado a participar a las OSC de derechos humanos. Según la información que ha trascendido, la mayoría de los participantes en la consulta han sido funcionarios del Estado, incluidos funcionarios policiales. Por lo que hemos podido observar en los eventos de consulta, que se realizan de manera relativamente espontánea en diversos sitios y sin un formato establecido, así como en las discusiones sobre el tema en la Asamblea Nacional, ha prevalecido un discurso de descalificación de las OSC, tratadas como enemigas del Estado.

¿Qué garantías necesita la sociedad civil venezolana para continuar haciendo su trabajo?

Para continuar nuestra labor de incidencia en defensa del espacio cívico necesitamos que más organizaciones y actores internacionales se sumen para ayudar a informar sobre el deterioro de la situación. Las OSC necesitan acceso a información más precisa y confiable para impulsar la formación de alianzas de manera más rápida y efectiva.

Las OSC venezolanas continuamos trabajando para comunicar cualquier cambio que se produzca y dar la señal de alerta cuando se producen avances contra los derechos. Seguimos haciendo incidencia con otros Estados, especialmente cuando se producen cambios de gobierno que podrían afectar la política internacional. Un riesgo inminente es que no se renueve la Misión Internacional para la Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sería un duro golpe para la sociedad civil venezolana.

Las organizaciones venezolanas también deberíamos evaluar y repensar nuestras estrategias en función del impacto que tiene la información que producimos. Deberíamos mostrar mejor las fortalezas del movimiento de derechos humanos venezolano. Quizás la transparencia proactiva, en la medida en que no ponga en mayor riesgo a las organizaciones y sus integrantes, podría servir para influir tanto sobre la comunidad internacional como sobre la ciudadanía. Es crucial que la gente en Venezuela comprenda las dimensiones de la pérdida que el deterioro del espacio cívico y la desaparición de organizaciones suponen para nuestro país.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa sobre la actual crisis de violencia en Ecuador con Mauro Cerbino, profesor e investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador.

Las investigaciones del profesor Cerbino se centran en las culturas y organizaciones juveniles y en los vínculos entre juventud y violencia.

CIVICUS conversa con Christopher Castillo, Coordinador General de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), acerca de los avances realizados y las asignaturas pendientes de los primeros dos años del gobierno de Xiomara Castro.

ARCAH es un movimiento social comunitario que defiende los territorios y los bienes comunes frente a todo proyecto que amenace la paz y la cosmovisión de las comunidades, desde una perspectiva anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, anticolonialista y anticlasista.

¿En qué medida el gobierno de Xiomara Castro, que en estos días cumple dos años, ha estado a la altura de las expectativas?

La mayor expectativa de los hondureños era acabar con un gobierno autoritario. El eje central de la campaña de Castro consistió pues en desmantelar el Estado autoritario y una serie de elementos asociados, particularmente la corrupción, el tráfico de influencias y la captura de las instituciones por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Ese objetivo se ha conseguido en parte: aparentemente ya no vivimos sometidos a un poder arbitrario, aunque seguimos conviviendo con una corrupción muy enraizada y con altos niveles de delincuencia, inseguridad y violencia.

Otro tema que nos preocupa mucho a los activistas de base es el de las llamadas ZEDE, o zonas de empleo y desarrollo económico. En abril de 2022, en su informe a los 100 días de haber asumido el gobierno, la presidenta Castro declaró con orgullo que se estaba recuperando la soberanía nacional, enfatizando que su gobierno había derogado la ley que establecía estas áreas con condiciones especiales para atraer la inversión; sin embargo, su decreto de derogación no había sido todavía ratificado por el Congreso. La eliminación de las condiciones para la continuidad de los procesos extractivos seguía pendiente, y en gran medida eso aún no ha cambiado.

El nuevo gobierno también prometió frenar los procesos de privatización del agua. Sin embargo, hasta el momento hay 81 municipios de Honduras donde el agua ha sido privatizada, y el gobierno ha continuado fortaleciendo a las empresas prestadoras de servicios que quitan la función a las empresas públicas, particularmente en Comayagüela y Tegucigalpa, las dos ciudades que conforman el Distrito Central.

En suma, las expectativas de la ciudadanía han sido satisfechas en lo que se refiere a la superación de los rasgos más autoritarios y represivos del Estado, pero no en lo que se refiere a las políticas extractivistas y privatizadoras, donde aún no ha habido cambios significativos.

¿Se han producido mejoras en la situación de las personas defensoras de derechos humanos?

En la medida en que sus luchas están ligadas a la resistencia contra el extractivismo y la privatización, la situación de las personas defensoras no ha mejorado. Nosotros mismos hemos experimentado represalias por nuestro trabajo, las cuales han incluido amenazas de muerte, intentos de secuestro y procesos de criminalización. Durante 2023 ARCAH contabilizó 125 ataques contra la organización y sus miembros. En agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de 11 miembros de ARCAH, pero han pasado más de cinco meses y el gobierno todavía no ha implementado ninguna medida en cumplimiento de esas medidas cautelares.

Muchos activistas que buscan ayuda de los mecanismos de protección estatales son ignorados o ven sus trámites sistemáticamente obstaculizados, aun cuando presentan pruebas de que experimentan ataques y sus vidas corren peligro.

Según el último informe de la Secretaría de Derechos Humanos, actualmente se están atendiendo 54 casos, hay más de 100 en cola y apenas ocho tienen medidas vigentes. La excusa que dan para justificar este pobre desempeño es el limitado presupuesto, que actualmente es de 32 millones de lempiras (aproximadamente 1,3 millones de dólares). Hay funcionarios de gobierno que tienen mayor presupuesto para viajes y gestiones en el extranjero. Los derechos humanos deberían ser más que un discurso. Deben reflejarse en la práctica.

¿Cuál es el balance de la opinión pública?

Una encuesta publicada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesuitas (ERIC-SJ) a principios de 2023 mostró que al cabo de un año de mandato la popularidad de Castro había disminuido 20 puntos porcentuales. La misma encuesta mostró que para la mayoría los temas más urgentes a resolver eran la crisis económica y el desempleo. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, a pesar de que tiene una tasa de crecimiento de 6%, una de las más altas de la región.

Según la encuesta del ERIC-SJ, el tercer problema en orden de prioridades, apenas por detrás de los temas económicos, era el de la delincuencia y la inseguridad. Una mayoría muy amplia percibía además que los asesinatos habían aumentado. Respecto de la corrupción y la aplicación de la justicia, en cambio, la mayoría consideraba que la situación se había mantenido sin cambios, aunque era destacable el apoyo a la nueva Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

¿Cuáles deberían ser las prioridades de Castro para la segunda mitad de su mandato?

Las grandes prioridades de política pública en Honduras siguen siendo la educación, la salud y el medio ambiente – además de la situación de los pueblos indígenas, las mujeres, las personas LGBTQI+ y el sector campesino, es decir, todos los colectivos relegados. Buena parte de esta marginación remite al problema del extractivismo, que da cuenta de los altos niveles de violencia contra el activismo ambiental y la casi total impunidad de estos ataques.

La situación de la educación y su vínculo con el empleo es dramática. Mucha gente ya no quiere mandar a sus hijos e hijas a la escuela, porque aunque se gradúen luego no consiguen trabajo. Les resulta más provechoso ingresar a sus hijos al mercado informal para que se dediquen a la compraventa. Esto se ha traducido en crecientes niveles de deserción escolar.

El cambio en esta área debe enfocarse no solamente en elevar la matrícula y la retención de estudiantes sino también en brindar educación de calidad. La educación pública debe volver a ser atractiva para las clases media y media-alta, para revertir la privatización y la segmentación de la educación.

El tema de la salud no se refiere solamente a los servicios hospitalarios sino también a la calidad de la alimentación y a los hábitos de consumo. Honduras tiene niveles de desnutrición muy altos, y no solamente por falta de acceso al alimento sino también porque la calidad de los alimentos ha disminuido. En parte, ello se debe a que los productos de mayor calidad, como en el caso del banano, se destinan a la exportación, y solo lo peor queda para el consumo interno.

Finalmente, el tema del extractivismo debería ser prioritario. Los anuncios realizados en este sentido aún no se han cumplido. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiento emitió declaraciones relativas a la prohibición de la minería a cielo abierto, pero no ha habido ningún decreto que formalmente prohíba esta práctica, y las 20 concesiones existentes siguen funcionando.

En Honduras hay 2.100 proyectos extractivos, de los cuales 300 son represas hidroeléctricas y 900 son de minería. En total, el 33% del territorio nacional está entregado en concesión a corporaciones transnacionales que desarrollan proyectos extractivos. Las ZEDE, por su parte, ocupan el 67% del territorio nacional, incluidas todas las costas.

En 2023 hubo 12 personas defensoras de derechos humanos asesinadas. Honduras fue el país del mundo con más asesinatos de activistas ambientales per cápita, y el cuarto en términos absolutos. Este problema no ha cedido con el cambio de gobierno. Enfrentar esta violencia y la impunidad que continúa prevaleciendo debería ser prioridad.

El espacio cívico en Honduras es clasificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con la Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, acerca de la lucha por el derecho al aborto en El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo.

Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil salvadoreña que busca generar conciencia pública sobre temas de salud sexual y reproductiva, aboga por la reforma de la legislación sobre el derecho al aborto y provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por aborto o delitos relacionados.

¿Cuál es la situación de las mujeres que abortan en El Salvador?

Actualmente la legislación de El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera si se trata de un embarazo en una niña de nueve años, absolutamente impuesto, de un embarazo con riesgo de vida a la persona gestante, o de un caso de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Incluso en los embarazos ectópicos, que se producen fuera del útero y no pueden ser llevados a término, los médicos normalmente se ven obligados a esperar a que no haya latido fetal para hacer la interrupción, poniendo en grave riesgo de hemorragia a la persona gestante.

Esa es la realidad que enfrentan las mujeres que buscan terminar un embarazo en El Salvador. Enfrentan restricciones legales, denuncias, persecución judicial y riesgo de cárcel. Solo les queda el aborto clandestino, que muchas veces es inseguro. Las mujeres en situación de pobreza enfrentan riesgos mucho mayores; las que tienen recursos económicos pueden salir del país y buscar asistencia en alguna parte donde el aborto sea legal, mientras que las que no los tienen carecen de opciones.

Esto explica que el suicidio se haya convertido en la primera causa indirecta de muerte materna entre adolescentes. Ante la falta de alternativas para la interrupción del embarazo, algunas adolescentes con embarazos impuestos o no deseados recurren al suicidio como única salida.

¿Cómo trabajan las organizaciones feministas de El Salvador, y Agrupación Ciudadana en particular, en pos de la descriminalización del aborto?

Las organizaciones feministas en El Salvador – y en particular la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista – hemos trabajado para generar una conversación sobre aborto desde nuevas perspectivas. Lo hemos abordado como tema de salud pública, de justicia social y de justicia reproductiva, así como también desde la perspectiva de la democracia, ya que al fin y al cabo de lo que se trata es de reconocer la condición ciudadana de las mujeres.

Desde la Agrupación Ciudadana trabajamos en tres ejes combinados. El primero de ellos es el litigio y la defensa legal de mujeres criminalizadas en causas de aborto o emergencias obstétricas. Hemos denunciado esto como una violación de derechos humanos y hemos logrado sacar de la cárcel a 73 mujeres que habían sido condenadas.

El segundo eje es el de las campañas y la incidencia por el cambio legal. Hemos difundido una narrativa de defensa de los derechos y la libertad de las mujeres, y hemos presentado iniciativas de reforma del Código Penal, además de un recurso de inconstitucionalidad y peticiones de seguimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la necesidad de reformar la legislación.

En este terreno hemos realizado avances desiguales. Ha habido progresos en el terreno de la opinión pública, pero éstos no se han reflejado todavía en el marco legal, en parte porque el sistema político en El Salvador es controlado por un solo partido, y en parte porque los poderes religiosos y conservadores tienen gran influencia sobre el Estado.

El tercer eje de nuestro trabajo es el litigio en instancias internacionales como el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.

¿Quiénes se posicionan a favor y en contra del aborto legal en El Salvador?

Los bloques en pugna, en El Salvador, no son homogéneos. El que se opone activamente al aborto no es muy numeroso, pero incluye a gente con mucho poder económico, influencia mediática y capacidad de presión sobre las instituciones. No son muchas personas, pero tienen mucho poder. Por ejemplo, para una reciente audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se prepararon muy bien, contratando a estudios jurídicos muy caros. Tienen también su ejército de troles en redes sociales que atacan y amenazan a quienes sostenemos que es necesario cambiar.

Sin embargo, el lado del cambio hay numerosas organizaciones, no solamente feministas y con foco en los derechos de las mujeres, sino también organizaciones de derechos humanos que poco a poco han ido comprendiendo que la penalización absoluta del aborto es una violación de los derechos humanos. Estas organizaciones han apoyado las audiencias en la Corte IDH a pesar de que la despenalización del aborto no es el eje central de su trabajo. Simplemente nos han apoyado desde una perspectiva de justicia social ante una realidad que es demasiado injusta para las mujeres, y para las mujeres pobres en particular.

Se trata, en suma, de un amplio espectro de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, pero que trabajan fuera de las instituciones y tienen muchos menos recursos económicos y acceso a medios de comunicación de gran influencia.

¿Qué significación podría tener el esperado fallo de la Corte IDH sobre el Caso Beatriz?

El caso Beatriz, emblemático en la lucha por la legalización del aborto en El Salvador, es el caso de una joven a quien el Estado de El Salvador impidió abortar, aunque su embarazo ponía en peligro su integridad física y su vida.

Un fallo de la Corte IDH sobre el caso tendría enorme significación. Ya a fines de 2021 la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por el caso Manuela, una joven criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica, y que murió por no recibir la necesaria atención médica. Este fallo estableció que la criminalización de mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas es inseparable del contexto de penalización absoluta del aborto.

Un fallo en el caso Beatriz pondría en evidencia otras derivaciones de la prohibición absoluta del aborto y podría derivar en una flexibilización de la legislación que priorice los derechos de las mujeres.

El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

Póngase en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto a través de su página web o su página de Facebook, y siga a @AbortoPORlaVIDA en Twitter.

CIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.

¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?

Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.

Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.

Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.

Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.

En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.

En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.

El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.

La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.

En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.

El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.

En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.

La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.

¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?

Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.

El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.

El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.

El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.

¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?

En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.

En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.

El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.

La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.

El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.

¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?

En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.

Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.

Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.

El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

Póngase en contacto con Amnistía Internacional Argentina a través de su sitio web o sus cuentas de Facebook, Instagram, TikTok o Twitter, y contáctese con Mariela Belski a través de sus cuentas de Instagram o LinkedIn. 

CIVICUS conversa con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), acerca de la inminente inauguración del nuevo presidente, a la que se llega tras 100 días de movilización en reclamo del respeto de la voluntad popular.

Fundada en el año 2000, UDEFEGUA es una organización de la sociedad civil dedicada a documentar, verificar y registrar agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.

¿Cuál fue la relevancia de la elección de Bernardo Arévalo como presidente, y a qué se deben las enormes resistencias que ha enfrentado?

El 29 de diciembre de 2023 se cumplieron 27 años de la firma de los acuerdos de paz que siguieron a los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala. Ese conflicto se cobró más de 200.000 víctimas directas y dejó secuelas enormes en la sociedad guatemalteca. Los acuerdos de paz establecían una agenda de transformación estructural para eliminar las causas del conflicto. En cambio, los últimos tres gobiernos – y en particular el del actual presidente, Alejandro Giammattei – no hicieron otra cosa que gestar una grave regresión autoritaria.

Las elecciones presidenciales de junio y agosto de 2023 pretendían consolidar este retroceso autoritario y terminar de sepultar la agenda de la paz y la construcción democrática.

En la primera vuelta de la elección presidencial compitieron más de 20 partidos, mayoritariamente de derecha y extrema derecha e identificados con los sectores que han capturado al Estado, es decir, muy vinculados a la élite económica, política y militar y al crimen organizado.

El solo hecho de que se llevara a cabo la elección fue un hito en sí mismo. Que, además, el candidato ganador tuviera una clara perspectiva democrática y progresista lo hizo aún más remarcable. La victoria de Bernardo Arévalo representa el repudio de la sociedad a la élite política corrupta. Nos encontrábamos ante una encrucijada histórica, entre un pasado autoritario y un futuro posible de construcción de un Estado democrático.

Ello explica las enormes resistencias que ha debido enfrentar el presidente electo. Bernardo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo luego de la revolución de octubre de 1944 y artífice de la llamada primavera democrática de esos años. Su legado sigue muy presente: fue entonces cuando el derecho del sufragio se amplió a las mujeres, se dictó el código de trabajo y se instituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, se transformó el Estado.

Hoy cumplimos 79 años de estar dominados por grupos particulares interesados en mantener los privilegios de un pequeño segmento de la población, que se resisten a que un gobierno de este talante llegue al poder. Sin embargo, aunque muy poderosos, estos grupos son minoritarios y por fin da la impresión de que estarían comenzando a perder los privilegios de que han disfrutado siempre.

¿Ha estado en riesgo la democracia en Guatemala?

Los últimos gobiernos han roto por completo la legalidad. El gobierno saliente prácticamente produjo un quiebre del estado de derecho. Un indicador de ello, que hemos identificado como parte del contexto de agresión a personas defensoras de derechos humanos, es la violación del principio republicano de independencia de poderes. Los tres órganos del Estado guatemalteco, ejecutivo, legislativo y judicial, fue capturados por elites mafiosas.

Los repetidos intentos de violentar la voluntad popular expresada en las urnas no hicieron más que agravar la situación. El Ministerio Público y la Fiscalía han presionado al Tribunal Supremo Electoral para que revierta los resultados electorales, llevando a cabo cuatro allanamientos ilegales y arbitrarios contra el Tribunal.

Es importante remarcar que misiones nacionales e internacionales de observación electoral, incluidas las de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, corroboraron la transparencia del proceso y afirmaron que las denuncias de fraude carecen de fundamentos.

El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia, y frente a ello la ciudadanía se ha movilizado. A partir del 2 de octubre se convocó a un paro nacional por tiempo indefinido para exigir el respecto de la voluntad popular. El 9 de enero se cumplieron 100 días de resistencia pacífica, encabezada por los pueblos originarios e indígenas, en defensa de la democracia.

¿Cuáles fueron las particularidades de estas protestas?

A las protestas convocadas por autoridades ancestrales indígenas de los pueblos originarios se han sumado numerosas expresiones ciudadanas espontáneas. En el pasado, las capas medias urbanas y mestizas se oponían a los procesos de movilización de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, en cambio, las protestas lideradas por los pueblos indígenas han sido acompañadas y legitimadas por amplios sectores de la sociedad. Este hecho rompió con una larga tradición de prejuicio y discriminación racial de la sociedad urbana y mestiza hacia los pueblos indígenas, y resultó en manifestaciones masivas y muy extendidas en el territorio nacional.

Las protestas lograron aglutinar a los 23 pueblos que conforman Guatemala. Amplios sectores de la sociedad llevaron a cabo bloqueos de carreteras en los principales puntos de tránsito del país. El tránsito de alimentos y de servicios médicos o de asistencia no se vieron obstruidos, ya que los manifestantes les liberaron el paso.

Los bloqueos fueron una manifestación de alegría ciudadana sin precedentes. La ciudadanía retomó y recuperó el espacio público, hubo bailes en las calles tomadas, juegos de fútbol, clases de yoga y de ajedrez.

Una característica central de las protestas fue su carácter pacífico. Frente a las provocaciones de actores externos y de la policía nacional, la ciudadanía respondió con acciones no violentas. Durante 100 días mantuvo una concentración frente a la sede central del Ministerio Público. Los manifestantes no dejaron su lugar y continuaron reclamando la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por sus reiterados intentos de anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno?

El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, tiene ante sí importantes retos. Aunque controlará el Poder Ejecutivo, el Legislativo sigue altamente capturado por las mafias. De 160 parlamentarios, alrededor de 130 pertenecen a grupos que integran lo que en Guatemala es popularmente conocido como el “pacto de corruptos”. Lo mismo sucede con el sistema de justicia.

Bernardo Arévalo tiene el enorme reto de reconstruir la institucionalidad pública. La corrupción y la impunidad han llegado a niveles tales que servicios tan esenciales como sacar un documento de identidad se han convertido en un suplicio. Se debe reconstruir la infraestructura para que los ciudadanos podamos acceder de manera gratuita a servicios esenciales como la salud y la educación y se ponga freno a la larga lista de violaciones de derechos humanos que sufre la población guatemalteca.

Otro gran reto es generar un proceso sistemático y permanente de diálogo con la sociedad civil. En particular, se debe dar reconocimiento a los pueblos indígenas, históricamente relegados y vulnerados por el Estado guatemalteco, como sujetos políticos centrales.

El gobierno del Movimiento Semilla tendrá tan solo cuatro años para dar respuestas a estos desafíos. Esperamos que su mandato funcione como un período de transición que dé inicio a un largo período de gobiernos que respondan a los intereses de la mayoría de la población.

¿Qué cambios en la situación de las personas defensoras de derechos humanos cabe esperar a partir del cambio de gobierno?

En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Defensor de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, iniciado a raíz del asesinato de un defensor en el año 2004. Nuestra petición a la Corte fue que se incluyera como medida de reparación la construcción de una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos. La Corte aceptó esta solicitud y la incluyó en su resolución, imponiendo cinco parámetros para el diseño de dicha política pública.

Pero los esfuerzos de construcción de esta política quedaron truncos y al día de hoy solamente contamos con un documento borrador. Por lo tanto, será una responsabilidad central del nuevo gobierno culminar este proceso y comprometerse no solo a aprobar la política sino también a volcar los recursos necesarios para su implementación.

Otra de sus responsabilidades en esta materia consistirá en impulsar una agenda legislativa para desmantelar toda la legislación criminalizadora que fue aprobada en los últimos años. Este proceso debe ir de la mano con un ejercicio activo de las instituciones encargadas de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar el proceso de construcción democrática en Guatemala?

El riesgo de ruptura constitucional sigue presente. El nuevo gobierno deberá enfrentar a una de las oligarquías más conservadoras y atrasadas del continente, responsable del delito de genocidio. Quitarles sus privilegios a estos sectores no será tarea fácil.

Por lo tanto, el continuo acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional serán sumamente necesarios. El intercambio de información y buenas prácticas, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la asistencia técnica serían formas cruciales de respaldo.

El 14 de enero, fecha de la asunción presidencial, comienza un período de transición democrática que promete dejar atrás la corrupción y la ilegalidad. Tanto el nuevo gobierno como la sociedad civil guatemalteca necesitarán de todo el apoyo posible para conseguirlo.

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CIVICUS conversa con Mariano de Alba, Asesor Sénior del International Crisis Group, acerca del reciente referéndum convocado por el gobierno de Venezuela sobre el estatus del territorio del Esequibo, disputado con la vecina Guyana, y sus posibles implicaciones para la democracia en Venezuela y la paz en la región.

El International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico.

¿Por qué el gobierno venezolano decidió someter la cuestión del Esequibo a un referéndum?

El anuncio de la realización del referéndum surgió en primer lugar como una reacción del gobierno de Venezuela a las recientes rondas de licitaciones petroleras realizadas por Guyana en zonas que Venezuela considera áreas marítimas pendientes de delimitación. Conforme se fue organizando el referéndum, se volvió evidente que el gobierno venezolano le daba un valor adicional como herramienta para probar su capacidad de movilización electoral a pocos meses de la elección presidencial que debería ocurrir este año.

Adicionalmente, al poner la disputa con Guyana en la agenda pública, el gobierno venezolano busca avivar el sentimiento nacionalista en la población venezolana, y muy especialmente en las fuerzas armadas, un actor clave en su estrategia para conservar el poder.

¿Cuál es el valor jurídico del referéndum?

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial venezolana, el referéndum consultivo, que es una figura establecida en la Constitución venezolana, no tiene carácter vinculante. Esta posición fue ratificada públicamente por el abogado principal que fue designado por el gobierno para preparar las preguntas del referendo.

Pero por motivos políticos, desde antes del referéndum y especialmente en vista de sus resultados, el gobierno ha insistido en que sí tiene carácter vinculante para justificar una serie de acciones que ha anunciado en relación con el territorio en disputa. Éstas, sin embargo, no han pasado de anuncios simbólicos, ya que las fuerzas armadas de Venezuela no han ingresado en el territorio en disputa, desde hace muchísimos años bajo administración de Guyana.

¿Cómo se posicionó la oposición, y cómo impactará el referéndum sobre las elecciones de 2024?

Hubo diferencias sobre cómo posicionarse frente al referéndum. Ante todo, hay que recordar que el 17 de octubre, cuando el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre condiciones electorales, también firmaron otro acuerdo en el que se comprometieron a “ratificar los derechos históricos” de Venezuela y a “defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966”, el tratado que reavivó la controversia, en el cual Guyana, Venezuela y el Reino Unido acordaron buscar una solución al conflicto. En consecuencia, al menos para una parte de la dirigencia opositora fue difícil oponerse al referéndum.

Sin embargo, María Corina Machado, la principal líder de la oposición, electa como candidata de unidad en las primarias de finales de octubre de 2023, sí criticó la consulta, argumentando que “la soberanía se ejerce, no se consulta”. La diferencia más importante en la oposición es que algunos líderes opositores piensan que hay que participar en todos los procesos electorales, independientemente de las condiciones, mientras otros no. Algunos votaron en el referéndum y otros no lo hicieron.

Frente a las elecciones presidenciales, un elemento central de la estrategia del gobierno es fomentar la división de la oposición, de modo que una parte llame a la no participación por falta de condiciones suficientes y otra decida participar. El gobierno tiene posibilidades reales de ganar la elección frente a una oposición dividida, ya que bajo el sistema electoral vigente es electo quien obtenga más votos, aunque no alcance el 50%. La elección tendrá lugar en un contexto autoritario en el cual las condiciones de la competencia serán deficientes y hay un alto riesgo de represión gubernamental.

¿Cómo se ha manifestado Guyana?

Guyana está centrada en la búsqueda de una decisión favorable en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde en 2018 presentó una demanda para que se ratifique la validez del laudo arbitral de 1899, que le otorgó el territorio que hoy día controla y administra y que Venezuela desconoce con el argumento de que el laudo fue producto de un fraude procesal.

Sin embargo, las tensiones recientes complican el panorama para Guyana. Primero, porque al menos en el papel, las fuerzas armadas venezolanas tienen capacidades sustancialmente superiores a las guyanesas. De allí su intención de tratar de fortalecer sus alianzas militares y obtener garantías de otros países. Segundo, porque la incertidumbre producto de estas tensiones podría afectar el destacadísimo desarrollo económico que está teniendo Guyana, un país con escasa población pero con altos ingresos debido al reciente descubrimiento y explotación de recursos petroleros. Ya a mediados de diciembre de 2023 el mercado de seguros Lloyd’s de Londres calificó como riesgosa la zona económica exclusiva guyanesa, lo podría aumentar el costo del envío de petróleo desde esa zona.

¿Cuáles son los riesgos de que se produzca una escalada bélica?

El referéndum ha aumentado sustancialmente las tensiones entre Guyana y Venezuela. Guayana vio en él y en las ulteriores acciones del gobierno venezolano una amenaza. Aunque también Guyana ha aprovechado las tensiones para tratar de fortalecer sus alianzas diplomáticas y militares con países como los Estados Unidos y el Reino Unido.

En el corto y mediano plazo, el riesgo de que estas tensiones desemboquen en un conflicto armado es bajo, en parte, porque la reacción internacional sería muy crítica. Además, si bien el gobierno venezolano ha anunciado y ejecutado acciones tales como el nombramiento de una autoridad para el territorio en disputa, se ha cuidado de que la ejecución de esas acciones permanezca por ahora en territorio venezolano.

Pero la escalada bélica no es un escenario descartable. La tensión podría desembocar en un enfrentamiento limitado tras el cual se vuelva difícil para uno o ambos países desescalar.

Desde la perspectiva venezolana, la escalada es una apuesta riesgosa porque podría generar mayor descontento en las fuerzas armadas venezolanas, que tendrían que arriesgar sus vidas, especialmente si Guyana recibe el apoyo de un aliado importante como Estados Unidos. Además, el gobierno venezolano se está esforzando por reinsertarse en la comunidad internacional e iniciar un conflicto con Guyana desbarataría esos esfuerzos.

Del lado guyanés, es una incógnita si efectivamente recibiría un apoyo militar sustancial en caso de un conflicto. Éste, además, podría volver muy riesgosos los negocios de algunas empresas que operan en ese país. Por ende, al menos en el corto y mediano plazo, salvo sorpresa, predominarán los intentos de mantener las tensiones en la escena pública, pero sin emprender una escalada real.

Al final del día, ambos países, como vecinos, están obligados a tratar de negociar. Aunque Guyana obtenga una decisión favorable de la CIJ, ese difícilmente será el fin de la disputa, ya que sin la colaboración de Venezuela la ejecución de la sentencia será muy difícil; además, el área marítima seguirá pendiente de delimitación, por lo que algún día habrá que negociar.

¿Cómo continúan las negociaciones diplomáticas?

Ha habido importantes esfuerzos diplomáticos de diversos países para tratar de convencer a ambos gobiernos de la importancia de rebajar las tensiones y evitar un conflicto armado. Estos esfuerzos desembocaron en un acuerdo que se firmó en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre. Allí se acordó no solamente rebajar las tensiones sino también realizar una nueva reunión en Brasil antes de fines de marzo.

Sin embargo, la desconfianza entre ambos gobiernos sigue siendo profunda. No ayudó tampoco el hecho de que a fines de diciembre se produjera la visita de un buque de guerra británico a Guyana, que Venezuela interpretó como una amenaza a la cual respondió con la realización de ejercicios militares en su territorio.

Las perspectivas son complicadas porque ambos gobiernos consideran que pueden sacar rédito político de las tensiones. Venezuela más por razones de política interna, y Guyana en primer lugar para fortalecer sus alianzas militares y secundariamente porque, si maneja acertadamente la situación, las perspectivas del partido de gobierno podrían mejorar de cara a las elecciones de 2025.

Tras bastidores, los esfuerzos diplomáticos continúan porque frente a la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza prevalece la idea de que no hay espacio internacional para otro conflicto armado, y menos aún en América Latina y el Caribe, que por tantos años ha sido una zona de paz, al menos en lo que se refiere a los conflictos interestatales.

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CIVICUS habla con Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales, sobre la situación de las personas LGBTQI+ y la lucha por el matrimonio igualitario en Panamá.

La Fundación Iguales es una organización de la sociedad civil (OSC) panameña que lucha por el fin de la discriminación por diversidad sexual a través de actividades de diagnóstico, sensibilización, promoción y defensa de derechos humanos. Sobre la base de un enfoque interseccional, también promueve los derechos de las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas mayores y toda otra persona en situación de vulnerabilidad.

¿Qué avances ha experimentado la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá desde la despenalización de la homosexualidad en 2008?

La opinión pública ha evolucionado sostenidamente hacia una actitud de el respeto hacia las personas LGBTQI+. Si bien queda un largo camino que recorrer, que se evidencia especialmente en la ausencia de políticas públicas de reconocimiento de derechos de la población sexualmente diversa, el fortalecimiento de una sociedad civil promotora de los derechos humanos es un avance palpable.

Es importante recalcar que, si bien la homosexualidad fue despenalizada en 2008, la discriminación institucional ha persistido, y no solamente en las actitudes sino también en cantidad de normas y regulaciones. Por ejemplo, el reglamento disciplinario de la policía incluye como falta gravísima “la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo”. Es una falta de la misma gravedad que la de “hacer disparos innecesarios haciendo daño a terceros” o “atacar físicamente a un compañero o subalterno”. También el reglamento general de los bomberos incluye como faltas gravísimas “practicar el homosexualismo (o lesbianismo) públicamente”.

Asimismo, sigue sin permitirse a personas homosexuales donar sangre y no tenemos una ley de reconocimiento de la identidad de género ni leyes antidiscriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.

¿Qué significación tuvo el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la aprobación del matrimonio igualitario en Panamá?

El llamamiento de la CIDH se produjo en 2020 en el marco de una audiencia temática solicitada por Fundación Iguales ante la larga demora por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de dar curso a las diversas demandas de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio civil entre parejas de personas del mismo sexo. La audiencia generó muchas expectativas, especialmente en las parejas del mismo sexo que tras largos años de espera veían denegado su derecho de acceso a la justicia, y por ende a su dignidad.

Fundación Iguales y otras organizaciones de derechos humanos LGBTQI+ logramos llamar la atención sobre nuestras demandas, y la CIDH fue categórica en su recomendación para que Panamá cumpliera sus compromisos interamericanos. Pero las expectativas generadas fueron claramente defraudades porque el gobierno no cumplió con los acuerdos resultantes de la audiencia, que incluían el establecimiento de una mesa de trabajo entre la CIDH y el Estado para dar seguimiento a las demandas que expresamos en la audiencia y que la CIDH confirmó debían cumplirse en un breve plazo.

¿Cómo han trabajado las organizaciones LGBTQI+ de Panamá, y Fundación Iguales en particular, para lograr cambios legales y vencer resistencias culturales?

En los últimos años, las organizaciones LGBTQI+ de Panamá hemos crecido y aumentado nuestra labor de incidencia en diferentes temas y espacios, con buenos resultados. La colaboración entre organizaciones ha sido clave a la hora de enfrentar las resistencias culturales a nuestro trabajo.

Desde Fundación Iguales nos hemos enfocado tanto en el trabajo social como en el apoyo a casos de litigio por el matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Justicia. Hacemos un uso intensivo del sistema interamericano de derechos humanos, principalmente a través de audiencias temáticas de la CIDH y participando de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También trabajamos en el marco del sistema universal de derechos humanos liderando procesos nacionales y enviando insumos a instancias tales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Paralelamente Fundación Iguales ha liderado una campaña nacional por el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, Sí Acepto, que ha contado con el acompañamiento de otras OSC como Convive, Hombres Trans, Diversa y Pride Connection. También se han sumado empresas como Diageo, LLYC y BBDO, las embajadas de Canadá y el Reino Unido y la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otras instituciones.

Tenemos muchos años acompañando los procesos de cambio de nombre de personas trans junto a la Asociación Panameña de Personas Trans y Hombres Trans Panamá. Hemos sido partícipes y colaborado con la organización de las Marchas del Orgullo, específicamente en la oferta académica y cultural de la mano de la organización lésbico feminista Coalición Internacional de Mujeres y Familias.

¿Cuáles son los grupos a favor y en contra de los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá?

Quienes estamos a favor somos un grupo diverso y complementario, decididamente acompañado por nuestras familias y la juventud en general. Hay numerosas empresas, embajadas, instituciones internacionales, medios, periodistas e instituciones académicas que se expresan con firmeza para que Panamá sea un país inclusivo donde las personas LGBTQI+ seamos respetadas y valoradas. El acompañamiento de otros grupos minoritarios de Panamá, como el de los afrodescendientes, consolida nuestro mensaje interseccional.

El grupo que se opone a nuestros derechos constituye una facción extrema de grupos conservadores y religiosos. Sin embargo, es importante aclarar que en Panamá muchas personas conservadoras y religiosas están a favor del respeto y la no violencia contra las personas LGBTQI+.

Lastimosamente, muchas instituciones que se supone que deben protegernos, como la policía y la Corte Suprema de Justicia, se han opuesto tajantemente a los derechos de la diversidad sexual. Sus argumentos son profundamente pobres y suelen centrarse en una visión muy esquemática de lo “natural” versus lo “antinatural”. En esa línea se expresó vergonzosamente la Corte Suprema al postular que el matrimonio tiene como función principal la procreación para la continuidad de la especie. Las conclusiones que se desprenden de estos argumentos son sumamente violentas e inaceptables en una sociedad moderna.

¿Por qué los progresos realizados en el terreno de la opinión pública siguen sin verse reflejados en el marco legal?

Ha habido clarísimos progresos en la opinión pública. Según indicaron las encuestas, la campaña Sí Acepto, por ejemplo, tuvo un gran impacto en la sociedad panameña: en tan solo tres años cambió la opinión de más de 300 mil personas, lo cual es muchísimo para un país de apenas 4.2 millones de habitantes. Que tantas personas no LGBTQI+ apoyen la aspiración de una sociedad libre de discriminación es un claro indicio de cambio.

Pero estos cambios positivos no se ven reflejados en el marco legal por falta de voluntad política. Tenemos un liderazgo político vetusto, populista, inoperante y falto de ética. Nuestros líderes no han comprendido que están disociados de los cambios de nuestra época relativos a la evolución de los derechos humanos, el derecho internacional y los principios de la democracia liberal. Pero el cambio es imparable: las nuevas generaciones claramente están adoptando posiciones favorables a los derechos, la diversidad y la inclusión, y que lleguen a ocupar lugares clave en la toma de decisiones es solo cuestión de tiempo.

¿Cómo sigue la lucha tras la sentencia de la Corte Suprema que admitió la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo?

La lucha se consolida, se reinventa y continúa. Al dar luz verde al gobierno para discriminar, en este caso contra parejas del mismo sexo y su derecho a conformar una familia reconocida y protegida por el Estado, la Corte ha puesto en evidencia su animadversión hacia las personas LGBTQI+. Ya nadie puede decir que la discriminación es sutil o imaginaria: se ha vuelto evidente y obscena para todas las personas, y no solamente para las personas LGBTQI+ que la padecen directamente. La situación ha quedado más clara que nunca, lo que ha llevado a que más gente se comprometa con la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+.

En suma, la deplorable decisión de la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+, y en ese sentido constituye un momento trascendental en dirección de la conformación del país que queremos, con foco en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, el combate de las desigualdades sociales y económicas y la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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CIVICUS conversa acerca de los desafíos de la gobernanza global con Carlos Quesada, fundador y director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza & Igualdad).

Raza & Igualdad es una organización de la sociedad civil (OSC) internacional que trabaja con activistas y organizaciones de América Latina para promover y proteger los derechos humanos de las poblaciones en condiciones de marginación, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Lo hace mediante capacitación técnica, documentación de violaciones de derechos humanos y trabajo de incidencia a nivel nacional e internacional.

¿Qué oportunidades ofrece el actual sistema institucional de gobernanza global?

El sistema actual ofrece oportunidades para trabajar por el mejoramiento de los estándares internacionales de protección y promoción de derechos humanos., que nosotros hemos aprovechado. Raza & Igualdad tuvo un rol clave, por ejemplo, en la definición de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, cuya aprobación se logró tras 13 años de trabajo con diversos países de la región.

Trabajamos estrechamente con los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como la Asamblea General y el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. En el sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas, contribuimos a que nuestras contrapartes nacionales tengan influencia en los órganos de tratados, durante el proceso del Examen Periódico Universal de sus respectivos países y en sus interacciones con los Procedimientos Especiales, es decir, las Relatorías Especiales, los Grupos de Trabajo y los Expertos Independientes.

Nuestra estrategia se centra en apoyar las luchas por los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI+, los niños y niñas y las personas afrodescendientes utilizando los órganos de tratados. De este modo logramos que nuestras recomendaciones se integren en las observaciones y conclusiones de los Estados miembros en organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de los Derechos del Niño.

¿Cuáles son los principales déficits del actual sistema de gobernanza global?

Volviendo al ejemplo anterior, si bien logramos la aprobación de dos convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación, desgraciadamente solo seis países de las Américas han ratificado la CIRDI y uno de ellos, Brasil, ha emitido una reserva que limita su utilización a casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Apenas dos países del hemisferio han ratificado la Convención contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

El principal déficit del sistema de gobernanza global radica en la falta de implementación de lo acordado. Existe una brecha entre las declaraciones y promesas públicas de los Estados en estas instancias y su verdadero compromiso de cumplimiento. A pesar de los avances, las palabras a menudo no se traducen en acciones concretas.

Otro ejemplo de este déficit es la poca cantidad de sentencias de la Corte IDH que se cumplen al 100%. No hay un mecanismo que permita castigar a los países que incumplen las sentencias. Lo único positivo es que éstas no prescriben, por lo cual cabe esperar que ocurra un cambio de gobierno y que el nuevo gobierno se avenga a cumplirlas.

El hecho de que las recomendaciones no sean vinculantes es un gran desafío tanto para el sistema interamericano como para el sistema universal y es un problema estructural fundamental desde su creación. Las sanciones deberían ser vinculantes, pero no lo son, y al final del día el proceso se convierte en un diálogo de buenas intenciones donde los Estados prometen cumplir las recomendaciones, pero en los hechos esto rara vez sucede.

¿Cómo cree que sería un sistema de gobernanza global más sólido, efectivo y democrático?

El gran desafío para la sociedad civil radica en generar un efecto cascada desde lo local hasta lo internacional. Esto implica promover el fortalecimiento democrático a nivel local para que los principios democráticos se reflejen en diferentes espacios, incluso alcanzando instituciones internacionales como la OEA. Debería haber una participación política democrática real para que los Estados democráticos adopten un compromiso real de respetar, promover y sancionar las violaciones de derechos humanos.

Este compromiso no debe ser meramente declarativo, sino que debe ser genuino e ir acompañado de un diálogo efectivo con la sociedad civil para avanzar en estándares de promoción y protección de los derechos humanos. Actualmente, tanto los Estados como las OSC nos caracterizamos por dar monólogos, pero no dialogamos entre nosotros. La sociedad civil utiliza estos espacios para hacer recomendaciones, pero a menudo carece de un interlocutor del otro lado. Los Estados, por su parte, emiten discursos para que el mundo los escuche, sin establecer una instancia real de diálogo. Es necesario avanzar hacia un modelo más participativo y colaborativo.

¿Qué reformas están impulsando?

Desde Raza & Igualdad estamos impulsando la campaña CIRDI2024 con el objetivo de lograr la plena ratificación de la CIRDI, antes de que finalice el Decenio Internacional para los Afrodescendientes el próximo año. Nuestra meta es alcanzar las diez ratificaciones que hacen falta para poder crear un Comité Interamericano para prevenir y sancionar la discriminación racial en las Américas.

También estamos participando, junto a otras OSC de las Américas, en diálogos sobre cómo mejorar la participación de la sociedad civil en los órganos políticos de la OEA. De esta manera buscamos transformar los monólogos actuales en auténticos diálogos entre la sociedad civil y los Estados. Queremos que estos diálogos sean reales, concretos y efectivos, promoviendo una colaboración más significativa.

Además, impulsamos una campaña para que las sentencias de la Corte IDH sean vinculantes. Este paso es esencial para garantizar la protección y prevención de las violaciones de derechos humanos en las Américas. Estamos comprometidos con la generación de cambios significativos y concretos que refuercen los mecanismos de protección y promoción de derechos humanos.

Póngase en contacto con Raza & Igualdad a través de su página web y siga a @raceandequality en Instagram y Twitter.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación Horizon ENSURED, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de los mismos.

CIVICUS conversa con Jordi Surkin, director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Bolivia, sobre los recientes incendios en cuatro de los nueve departamentos del país.

WWF trabaja en Bolivia desde 1993, con la visión de un país donde los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

¿Cómo han evolucionado los incendios que se desataron en el mes de octubre?

Es importante aclarar que el uso del fuego como parte del manejo agrícola para la preparación del terreno es una práctica milenaria. Sin embargo, los incendios se han salido de control a causa de las sequías, que podrían estar vinculadas al cambio climático. Sin ir muy lejos, en 2019 se quemaron 6.4 millones de hectáreas en Bolivia. Hay años en que la situación no es tan grave, pero sigue siendo significativa.

El impacto y la envergadura de los incendios varía de año a año dependiendo de factores climáticos. Las condiciones climáticas extremas de sequía, temperaturas y vientos – como parte del impacto del cambio climático – junto con los altos niveles de deforestación incrementan las probabilidades de incendios de gran magnitud.

Los incendios también se han salido de control por el uso creciente e inadecuado del fuego. Hay productores agrícolas que lo usan para preparar las tierras sin tomar las medidas necesarias para prevenir que se expanda más allá de su predio. Y por supuesto, está también el uso del fuego con fines ilegales como la especulación de tierras y las plantaciones ilegales.

¿Está el aumento de la incidencia y severidad de los incendios vinculado con el cambio climático?

El cambio más tangible que ha vivido Bolivia han sido temperaturas inusualmente altas. Las temperaturas que hemos experimentado en los últimos meses de manera sostenida han sido altísimas. Además, casi 300 municipios se han declarado en emergencia por las sequias y el principal problema en muchos casos es la falta de agua. No ha estado lloviendo.

Ahora, es importante aclarar de que en Latinoamérica vivimos los fenómenos climáticos de la Niña y el Niño, que son cíclicos y se manifiestan bajo la forma ya sea de sequías o de inundaciones. Entonces, no todo es atribuible al cambio climático. Lo que sí podemos atribuir al cambio climático son las manifestaciones extremas, nunca antes vistas, de estos fenómenos.

¿Qué impactos están teniendo estos incendios?

Estamos viendo que muchas hectáreas que son quemadas año a año ya no se están regenerando. Se está perdiendo la capacidad de recuperación de estos bosques.

Pero el impacto negativo de los incendios forestales no solo se traduce en pérdida de biodiversidad, sino que también afecta la calidad de vida de todos. El impacto humano es enorme: cientos de miles de personas han visto su salud afectada por el humo este año y muchas comunidades han sido desplazadas.

Como consecuencia de los incendios en los bosques, en muchas comunidades los pozos de agua se secan. En 2019, por ejemplo, muchas familias tuvieron que dejar sus comunidades y emigrar a centros urbanos por el humo y la falta de agua. Este año hay cientos de familias en esta situación.

La situación también ha sido desesperada en las ciudades a causa del humo y el aumento del calor. Durante todo el mes de noviembre, Santa Cruz ha estado entre las ciudades más contaminadas del mundo por el humo de los incendios. Casi no hemos visto el sol en todo el mes. Las clases debieron suspenderse porque muchos niños estaban teniendo problemas respiratorios. Hace unas semanas la ciudad tuvo un récord histórico de consumo de electricidad porque la gente está recurriendo desesperadamente al aire acondicionado para ventilar y mantenerse fresca.

¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil a enfrentar el problema de los incendios forestales?

Ante todo, hay que decir que no hay gobierno que pueda parar los incendios si al mismo tiempo hay gente que continúa incendiando los bosques. Y mucho menos en contextos de sequía, altas temperaturas y vientos de 80 kilómetros por hora, como los que hemos tenido recientemente.

La capacidad del gobierno de Bolivia para luchar contra los incendios es limitada. No dispone del equipamiento adecuado, ni siquiera de la cantidad de bomberos necesarios.

Desde WWF Bolivia estamos contribuyendo a dotar de equipamiento a los bomberos voluntarios autoconvocados que se organizan para mitigar estos incendios. Es importante aclarar que somos una organización de conservación más que de emergencia; sin embargo, intentado colaborar dentro de nuestras posibilidades.

Hemos estado trabajando más activamente con las comunidades indígenas para que tengan un plan de gestión de riesgos. Esto les ayuda a emprender acciones para reducir la probabilidad de incendios. También estamos trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales para monitorear y generar alertas tempranas.

¿Qué debería hacer el gobierno para prevenir y controlar eficazmente los incendios?

Dentro del propio gobierno nacional se ha iniciado un debate sobre la reversión de un paquete de leyes que se percibe contribuye a agudizar la situación. Revisar y consolidar un marco legal y regulatorio que proteja a los bosques y la biodiversidad es un importante primer paso.

También habría que implementar las leyes que ya existen. Es fundamental aumentar las penas por la provocación de incendios porque actualmente las multas son irrisorias, por lo que no constituyen un disuasivo. Necesitamos reducir la cantidad de acciones de uso de fuego indebido, que son los que se salen de control.

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CIVICUS conversa con integrantes del Colectivo por la Libertad de Kenia Hernández. acerca de la criminalización del activismo en México.

Kenia Hernández es una mujer indígena amuzga, defensora de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio. Coordina el Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo extractivista impuesto por el Estado mexicano. Kenia tiene nueve causas abiertas bajo cargos fabricados vinculados con su activismo y permanece injustamente encarcelada desde octubre de 2020. Es parte de la campaña de CIVICUS Stand as My Witness (Sé my testigo), que busca su liberación.

¿Cuál es la situación de Kenia Hernández y de la lucha por su liberación?

La labor de Kenia siempre se ha centrado en denunciar y generar movilización contra violaciones graves de derechos humanos. Ahora está experimentando en carne propia la criminalización del activismo de derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas que viven tantos otros activistas en México. El sistema busca mantenerla entre rejas el mayor tiempo posible para evitar que continúe haciendo su trabajo, y para ello prolonga la privación de su libertad mediante la repetida apertura de nuevas causas penales en su contra.

La lucha por la liberación de Kenia tiene dos componentes: la lucha jurídica, encabezada por un equipo jurídico que da seguimiento a los procesos en su contra, y la lucha política, centrada en la visibilización del caso. Es importante que todo el país sepa lo que está ocurriendo y que se siga hablando del caso de Kenia, de la injusticia y la impunidad que padece. No podemos mirar para otro lado porque su realidad es la de muchos otros activistas criminalizados.

¿Cuántos casos similares al de Kenia estimas que existen actualmente?

El caso de Kenia es parte de un patrón de criminalización que se utiliza con el propósito de obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos y de los pueblos indígenas en México. El hecho de que Kenia sea una mujer indígena, madre, abogada y defensora de derechos humanos no es casualidad: es la razón de su encarcelamiento.

Otros activistas han sufrido destinos peores que los procesos judiciales y la cárcel: han sido víctimas de asesinatos, de atentados contra sus vidas y de desapariciones forzadas.

Es difícil estimar cuántos activistas criminalizados y presos políticos hay en México porque no hay ningún organismo oficial que haga un seguimiento exhaustivo. Pero es una realidad que corroboramos permanentemente. Los principales blancos de esta persecución son activistas racializados, usualmente en situación de pobreza y vulnerabilidad, que luchan por una causa “inconveniente” para el gobierno. Cuáles sean esas causas, depende del contexto; cada estado es diferente. Pero todos caen víctimas del mismo sistema penal y quedan igualmente sometidos a la vulneración de sus derechos y expuestos a la injusticia y la impunidad.

¿En qué medida la criminalización de Kenia ha logrado acallar los reclamos?

Siempre que ocurre una situación de criminalización, el grupo de activistas que acompaña o respalda al defensor criminalizado también teme por su libertad. Al fin y al cabo, lo que la criminalización de las personas defensoras busca es poner bajo amenaza a todo el colectivo con el objeto de desactivarlo.

Quizá hubo un momento en que el grupo que acompañaba al caso de Kenia tuvo miedo de levantar la voz. El solo hecho de trabajar para visibilizar y reclamar por la situación de Kenia nos coloca a todos en una situación de vulnerabilidad. Pero nos hemos sobrepuesto y hemos continuado reclamando y haciendo visible no solamente la situación de la defensora criminalizada sino también el funcionamiento perverso de un sistema de justicia penal que es profundamente racista y clasista.

¿Cuáles son sus demandas hacia el Estado mexicano?

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su “Mañanera” – conferencia matinal con los medios de comunicación – del 30 de diciembre de 2022 instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que diera seguimiento al caso de Kenia Hernandez, que era nuestra petición. Exigimos que la Sra. Rodríguez se reúna conjuntamente con el equipo jurídico de Kenia y con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para que dialoguen y lleguen a un acuerdo reparatorio para su pronta liberación. CAPUFE es el organismo federal que acusó a Kenia en las ocho causas penales federales en su contra por el supuesto delito de ataques a las vías generales de comunicación.

En vistas del llamamiento realizado por relatorías de las Naciones Unidas y del hecho de que el caso de Kenia fue colocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un ejemplo de la criminalización de la protesta en México, esperamos que toda la documentación y los apoyos reunidos sean tomados en cuenta y que se traduzcan en su pronta liberación y en el reconocimiento de que ha sido criminalizada por su labor como defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas.

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CIVICUS conversa con la politóloga y consultora política española Eva Silván acerca de la reciente reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español al frente de una coalición con partidos de izquierda e independentistas, en un país profundamente dividido por la cuestión de Cataluña.

¿Cómo logró el socialista Pedro Sánchez obtener un nuevo mandato y evitar la formación de un gobierno integrado por la ultraderecha?

El 28 de mayo de 2023 se celebraron elecciones municipales y autonómicas en España. Los resultados dibujaron un mapa político claramente favorable al Partido Popular (PP), de centroderecha, que obtuvo unos 750.000 votos más que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que le arrebató casi todo el poder autonómico (local). El PP recuperó seis de los diez gobiernos regionales que estaban en manos del PSOE, pero en cinco de ellos – los de Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura – necesitó al partido de extrema derecha Vox para alcanzar una mayoría que le permitiera formar gobierno. El PSOE, por su parte, solamente pudo retener tres de los 17 gobiernos regionales: los de Castilla la Mancha, Navarra y el Principado de Asturias.

Ante este resultado, al día siguiente el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, sorprendió adelantando las elecciones generales, previstas para fines de año, al 23 de julio. Ello le sirvió para frenar la contestación interna ante la pérdida de poder territorial. Fue la primera vez que se celebraban elecciones generales en julio, en pleno verano. Además, estas elecciones se realizaron con una población y una clase política exhaustas y con España iniciando su mandato al frente de la Unión Europea.

El contexto parecía favorable para el PP, ya que los resultados de las elecciones de mayo parecían anticipar un cambio de ciclo. En las primeras semanas, además, las encuestas le eran favorables. Pero su firma de acuerdos de gobierno con Vox generaron rechazo de una parte muy importante de la opinión pública que se movilizó ante el temor de que la entrada de la ultraderecha en el gobierno supusiera un retroceso en derechos conquistados.

El PP además erró al enfocar su campaña electoral en la figura de Sánchez y en sus supuestas mentiras y cambios de posición. Esto no le sirvió para movilizar al electorado y le terminó jugando en contra cuando la falsedad de algunos de los argumentos de su líder, Alberto Núñez Feijóo, quedó expuesta en el único debate electoral en el que participó.

Sánchez, por su parte, hizo una campaña en la que asumió el liderazgo, multiplicó su presencia en medios de comunicación, incluyendo aquellos que se habían mostrado hostiles a su gobierno, y encabezó una campaña en redes sociales que le permitió conectar con nuevas audiencias. Esto, junto con el miedo a la ultraderecha, acabó aislando al PP que, si bien fue el partido más votado, tuvo un desempeño muy inferior al esperado.

Por haber salido primero, Feijóo recibió el encargo de formar gobierno, pero no logró conseguir los apoyos necesarios. Con Vox no le alcanzaba, y ningún otro partido quiso formar parte de un gobierno que incluyera a la ultraderecha.

¿Qué costos tendrán las alianzas formadas por Sánchez para retener el gobierno?

El panorama político resultante de las elecciones del 23 de julio reclamaba acuerdos. Ningún partido recibió apoyo suficiente para que su candidato fuese elegido presidente del Gobierno sin el apoyo de otras fuerzas políticas.

Una vez fracasado el intento de Feijóo de formar una coalición de gobierno, fue el turno de Sánchez, quien debió buscar acuerdos con los partidos nacionalistas tanto de Euskadi como de Cataluña y Galicia.

A lo largo de su carrera, Sánchez ha mostrado una gran flexibilidad y capacidad de adaptación: sabe leer lo que le conviene en cada momento para desarrollar una agenda progresista que le permita gobernar. En este caso, esto incluyó admitir la posibilidad de una ley de amnistía para los políticos procesados o juzgados por promover la independencia de Cataluña, que durante la campaña había negado que tuviera pensado promover.

Los apoyos del nuevo gobierno son la manifestación más clara de que, tras la ruptura del bipartidismo y la irrupción del multipartidismo, hemos entrado en una etapa de política de bloques caracterizada por la polarización, con dos bloques liderados por el PP y el PSOE cuyas identidades no se definen tanto en función del clivaje izquierda-derecha como en términos territoriales.

Según los datos disponibles, la alianza del PSOE con dos partidos independentistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana, y lo mismo sucede en el País Vasco. De hecho, el PSOE fue la fuerza política más votada en estos dos territorios en las elecciones generales.

En el caso de Euskadi, los acuerdos cerrados entre el PSOE y las fuerzas nacionalistas se basan en la cesión, en el plazo de dos años, de competencias previstas en acuerdos previos, además de algunas demandas de larga data como la transferencia del régimen económico de la seguridad social y un marco propio de relaciones laborales.

En el caso de Cataluña, los acuerdos se centran en la transferencia de la gestión de los trenes de cercanías y el aumento de los recursos públicos destinados a Cataluña o una quita de su deuda, un punto que ha generado gran rechazo del PP y Vox. Y específicamente en relación con Junts, el acuerdo fue posible gracias a la promesa del PSOE, ya concretada, de enviar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de amnistía. En caso de que la ley sea aprobada y luego ratificada por el Tribunal Constitucional, acabará con la situación penal de todos los políticos implicados en la convocatoria al referéndum por la independencia de Cataluña en 2017 y permitirá el regreso a España del líder separatista Carles Puigdemont, a más de cinco años de haberse establecido en Bélgica, escapando de la justicia.

¿Cómo se ha posicionado la ciudadanía ante este acuerdo?

La ley de amnistía genera apoyos y rechazos en función del territorio. Las manifestaciones más numerosas se han producido en ciudades gobernadas por el PP, mientras que en otras partes han sido residuales.

Desde el momento en el que se supo que iba a haber acuerdo entre PSOE y Junts se iniciaron manifestaciones, protestas y actos violentos frente a la sede del PSOE. Las manifestaciones de grupos de ultraderecha incluyeron banderas y símbolos anticonstitucionales y gritos fascistas y xenófobos. En una competencia por el liderazgo de las manifestaciones contra la amnistía, el PP convocó manifestaciones dominicales de tono más pacífico, pero igualmente firmes en su oposición.

Según datos de encuestas, la mayor parte de la sociedad española rechaza la ley de amnistía. Ninguno de los argumentos del gobierno en apoyo de la ley obtiene la aprobación de la ciudadanía. La amnistía divide a los votantes del PSOE y cohesiona a los del PP y Vox.

Una encuesta publicada en octubre coloca el rechazo en el 57%. Otra más reciente encuentra que el apoyo se concentra entre los votantes de la coalición de izquierda Sumar y de los partidos nacionalistas. Territorialmente, el apoyo es mayoritario solamente en Cataluña y el País Vasco.

Los argumentos contra la ley de amnistía van desde las posturas más simplistas, como la afirmación de que “se rompe España”, hasta argumentos jurídicos centrados en el privilegio que supondría para los encausados y la ruptura del principio de igualdad ante la ley. En contraposición, los argumentos de Sánchez subrayan la oportunidad de avanzar en la convivencia entre españoles y resolver un problema que ha dividido a la sociedad española durante la última década. Es sin duda una de las operaciones más arriesgadas de Sánchez desde que es presidente del Gobierno, tanto de cara a la opinión pública como dentro de su partido.

¿Cuáles son los principales problemas que debería resolver el nuevo gobierno?

Este será el período de la plurinacionalidad. El eje territorial va a vertebrar la política española.

Pero hay otros temas importantes. Uno de ellos, que también tensa el debate y que incluso ha sido demandado por la Comisión Europea, es la renovación del poder judicial. El Consejo del Poder Judicial, que debe velar por su independencia, lleva cinco años con mandato vencido, lo cual ha provocado su mayor crisis institucional y reputacional desde la transición.

Los principales temas que preocupan a la sociedad española son la inflación, el acceso a la vivienda, la sanidad y la situación de las personas jóvenes. España es de los países europeos donde la emancipación y la incorporación de los jóvenes al mercado laboral son más tardías. Además, el nuevo gobierno deberá afrontar cómo incrementar la productividad de la economía española, qué medidas impulsar para afrontar el cambio climático y cómo abordar una realidad sociodemográfica afectada por el descenso de la natalidad y el envejecimiento.

Los dos partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Sumar, son los que dominan la corriente progresista. Su acuerdo de gobierno busca avanzar en las políticas impulsadas en la anterior legislatura, con medidas sociales tales como la reducción gradual de la jornada laboral a 37.5 horas semanales, la extensión del permiso de paternidad y maternidad hasta 20 semanas, el aumento del parque público de vivienda para alquiler asequible y el compromiso de continuar aumentando el salario mínimo. También impulsan medidas para dar respuesta al cambio climático, como la reducción de los vuelos domésticos en rutas con alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media y la producción de energía renovable, limpia y barata. Queda por verse si estas medidas cuentan con el apoyo del resto de partidos del bloque de investidura, sobre todo de aquello ubicados en el eje centroderecha como el Partido Nacionalista Vasco y Junts.

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CIVICUS conversa acerca de los desafíos de la gobernanza global con Marta Benavides, una líder espiritual que ha dirigido numerosas iniciativas por la paz sustentable, dentro y fuera de El Salvador, lo que la ha llevado varias veces a vivir en exilio. Nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2005 como parte de la iniciativa 1000 Mujeres de la Paz, Marta lidera varias redes nacionales e internacionales que abogan por la cultura de paz, sustentabilidad, inclusión y derechos de las mujeres, pueblos originarios, sectores tradicionalmente excluidos y de la Tierra.

¿Cómo evalúa el rol actual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el sistema de gobernanza global?

La ONU es un instrumento valioso que nos señala el camino para vivir en paz en un planeta sano. Dentro de la ONU, uno de los organismos más esenciales, por los temas que trabaja, es la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Proporciona marcos de referencia y horizontes a alcanzar. Sin embargo, es uno de los programas y procesos que menos atención recibe.
Actualmente tienen lugar en el marco de la ONU varios procesos importantes, como el de la Agenda 2030, que está siendo muy tergiversada aunque podría y debería ser un marco valioso. Si los Estados se la tomaran en serio, serviría para evaluar su desempeño en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e identificar áreas a trabajar en función del bien común y la salud del planeta, así como estrategias a implementar para ese propósito.

En el caso de mi país, El Salvador, que actualmente tiene un grave problema de deforestación, la Agenda 2030 podría servir para entender cómo deberíamos proceder por los derechos de la Madre
Tierra y trabajar los retos que hoy enfrentamos para proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático. Lamentablemente, sin embargo, esto no se considera oficialmente prioritario y quienes emprenden acciones con tal propósito son perseguidos y castigados.

La ONU juega un papel primordial en coordinar y gestar compromisos entre los Estados, especialmente en áreas tan urgentes como el cambio climático. En este momento se celebra la COP28, la conferencia del clima que se realiza todos los años y que en el 2023 tiene lugar en los Emiratos Árabes Unidos. Deberíamos estar discutiendo estrategias para abordar el cambio climático, y sin embargo se siguen promoviendo acuerdos para continuar extrayendo combustibles fósiles. No nos percatamos de que somos parte de la naturaleza y de que debemos vivir en armonía y paz con ella, para que también lo hagamos entre humanos.

¿Cuál es el camino para desarrollar una cultura de paz?
Para desarrollar una cultura de paz podemos y deberíamos seguir el ejemplo de los pueblos originarios. Ellos son quienes a través del tiempo han salvaguardado la vida en el planeta. Para ellos toda decisión debe tomarse teniendo en cuenta sus impactos sobre la colectividad, y no solamente para el presente sino tomando en cuenta hasta la séptima generación venidera. Si cada generación sigue este principio, se establece de hecho una cultura de paz. Semejante transformación requiere un cambio social profundo, sistémico y estructural.

Una cultura de paz requiere el abordaje de la raíz del problema de la pobreza. El mundo tal como lo vivimos en la actualidad, con dos tercios de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, es inviable. Debemos trabajar de manera colectiva para que se cubran las necesidades básicas de todo ser humano para vivir en justicia, paz y dignidad, pensando tanto en la presente generación como en las futuras generaciones y cuidando a la naturaleza, que es la que sustenta y sostiene la vida.

Lamentablemente, en la actualidad somos pocos los que adoptamos esta manera de pensar y vivir. Muchos toman por la fuerza lo que quieren, de la naturaleza y del vecino, sin importarles el bienestar del otro. Por tanto, el reto existencial de estos tiempos es vivir y actuar con consciencia, aun cuando el mundo de hoy nos presione y nos demande lo contrario.

Mi opción por la cultura de la paz nació de la enseñanza de mi madre y padre, quienes me dieron esa guía para vivir, y se consolidó con mi labor durante la guerra civil en El Salvador. A mediados de los años ’70, cuando colaboraba con Monseñor Romero, apoyando el trabajo humanitario, me di cuenta de que la gente no era inherentemente necesitada, sino que las situaciones sociales las convertían en tales, por lo que era necesario cambiar esas circunstancias. En esa época esto era un trabajo muy sacrificado y peligroso: recibíamos amenazas constantes y finalmente, una noche, Monseñor Romero fue asesinado. Él asumió con valentía y amor la opción de llegar hasta donde fuera necesario, demostrando su carácter y su integridad al estar al lado del pueblo. Su legado fue y es caminar con el pueblo, acompañarlo, ser solidario y ser uno con él.

Yo también escogí estar con el pueblo, vivir por la revolución pero no morir por ella, no abrazar el martirio. Yo sabía que mi tarea era vivir lo más posible y llevar a cabo todas las tareas de transformación que pudiera. Y así lo he hecho. Para mí, ese es el significado de vivir simplemente, que no es lo mismo que simplemente vivir. Es vivir en sustentabilidad una vida con significado y útil.

¿Qué propuestas impulsa la sociedad civil para promover una cultura de paz y derechos humanos?
Existen numerosas propuestas impulsadas por la sociedad civil para promover una cultura de paz y derechos humanos. Sin embargo, el desafío radica en abordar estos proyectos de manera sustentable, es decir, comprometidos a diario y en cada paso en crear un mundo en paz y un planeta sano. Esta es la práctica de la ciudadanía planetaria-global. A menudo se impulsan iniciativas con buena voluntad pero de manera aislada, sin comprender la importancia de trabajar de manera intencional y colaborativa, colectiva y conscientemente.

Por ejemplo, si bien los gobiernos deberían elaborar planes nacionales para implementar los necesarios compromisos climáticos a nivel local, pocos países han desarrollado planes nacionales efectivos para evitar superar los 1.5 grados de aumento de la temperatura global. Ante esta falta oficial, es la sociedad civil la que se organiza para proponer soluciones.

Para crear condiciones para la gobernanza social, el pueblo soberano debe ejercer el derecho y deber de trabajar acompañando a las autoridades, recordando a los funcionarios públicos que son nuestros empleados. Pero son los gobiernos, con sus equipos y sus recursos, los que deberían convocar a todos los sectores de la población, y especialmente a los menos favorecidos que sufren más los impactos del cambio climático. Esto permitiría lograr una transición justa sin explotar a las personas ni al planeta.

En otras palabras, existen buenos proyectos, pero con proyectos puntuales no alcanza. Debemos transformar la forma en que vivimos para alcanzar una paz duradera y sustentable que permita que se respeten todos los derechos humanos a nivel individual y colectivo y en todos los niveles, desde el local hasta el global.

¿Está trabajando en alguna campaña de reforma de la ONU?

Desde los años ‘70 trabajo con la ONU. Al principio, el proceso que más apoyé fue el de la descolonización de África, Asia y el Caribe. En ese entonces, la lucha por la independencia de las colonias que aún existían era el tema central.

En la actualidad, considero crucial enfocarnos en los derechos de los pueblos originarios. Debe garantizarse su participación activa en los procesos de toma de decisión mediante el respeto de su derecho a consulta previa, libre e informada, y su participación en la implementación. Esto es esencial para la práctica de una verdadera gobernanza global.

También es importante avanzar en la dirección señalada por dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a las que no se les ha prestado la importancia que tienen. La Resolución 2250 de 2015 aboga por la inclusión de la juventud en las decisiones desde temprana edad. Este enfoque es el marco para el trabajo efectivo y transformador de todas las agendas de la ONU post-2015, incluidas la Agenda 2030 con los ODS y la Agenda 2036 sobre hábitat. Las juventudes y la niñez deben poder participar en el proceso de crear las sociedades que son necesarias para vivir en paz, en un planeta sano.

La Resolución 1325 del año 2000 reconoce y afirma el derecho de las mujeres, las más perjudicadas por todo tipo de conflictos, a participar eficientemente en los procesos de construcción de la paz.

Es preocupante que ninguna de estas resoluciones haya sido seriamente tomada en cuenta para marcar el camino, por lo que los proyectos de reforma están a la deriva. La próxima Cumbre del Futuro de la ONU que tendrá lugar en septiembre de 2024 será una oportunidad crucial para que las juventudes y las personas defensoras de derechos humanos contribuyan a moldear la ONU que aspiramos y necesitamos tener para ese futuro que formulan las agendas post-2015.

Este compromiso supone revisar acuerdos existentes y trabajar en la reforma de la ONU y de sus documentos fundacionales para contar con pautas para la práctica de una ciudadanía planetaria-global que priorice el bienestar de la naturaleza y los pueblos. Debemos retomar la declaración de derechos humanos para que nos marque el camino. Este es el reto que no debemos postergar. La ONU fue creada para la promoción y el mantenimiento de una paz duradera y sustentable, y hoy más que nunca es nuestro reto y privilegio trabajar hacia su consecución.

Siga a @benavides_marta en Twitter.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación Horizon ENSURED, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de los mismos.

CIVICUS conversa con Andrea Barrientos, senadora del partido Comunidad Ciudadana por el departamento de Cochabamba, sobre los recientes incendios en cuatro de los nueve departamentos del país. Se estima que cuatro millones de hectáreas han sido afectadas por los incendios, generando grandes pérdidas de flora y fauna y forzando a comunidades indígenas a dejar sus hogares.

Andrea Barrientos es la principal política de oposición que ha reclamado por la inacción del gobierno frente a los incendios forestales.

¿A qué se deben los incendios forestales que han ocurrido recientemente en Bolivia?

La gran mayoría de los incendios está ocurriendo en áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Son bosques húmedos, que por ello no deberían de quemarse. Está claro que se trata de incendios provocados.

En los bosques secos, cuando ocurren incendios espontáneos se identifica el foco de calor y se lo elimina. Pero esto no es posible en el caso de los incendios provocados, detrás de los cuales hay intereses económicos poderosos protegidos por actores con poder político.

Se cree que estos incendios están siendo provocados por tres motivos: para sembrar coca, en el caso del TIPNIS en Cochabamba; para la minería ilegal, en La Paz y Beni; y en los tres casos para acaparar tierras. Por estas razones se han quemado más de tres millones de hectáreas en áreas protegidas.

Un hecho muy preocupante es que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y el Instituto Nacional de Reforma Agraria no daban información geolocalizada sobre los incendios, por lo que ni bomberos ni el gobierno departamental tenían la posibilidad de identificar a los responsables e imponer sanciones. Estamos ante un caso de conspiración para delinquir y encubrimiento por parte del gobierno central.

Nadie ha hecho hada. Prácticamente hemos tenido que esperar que llueva para que los incendios acabaran por apagarse.

¿Qué efectos han tenido estos incendios? 

El resultado ha sido una considerable pérdida de biodiversidad. La minimización de los incendios y la falta de respuesta de las autoridades es ecocidio. Lamentablemente, podemos cambiar las leyes, pero la biodiversidad que ya se perdió no se puede recuperar.

Los cuatro millones de hectáreas quemadas y los diez millones de animales calcinados van a tener un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria. Los efectos de los incendios se suman a los de las inundaciones y deslizamientos causados por las lluvias que tienen a siete de los nueve departamentos del país en alerta naranja.

Los impactos sobre la salud son inminentes. Sin bosque no hay agua, y el agua con mercurio que deja la minería no se puede beber.

¿Qué les están reclamando a las autoridades?

Les estamos reclamando transparencia y acción. Mientras exista corrupción, la cosa no funciona. Para apagar un incendio simplemente hay que ir al hasta el foco y apagarlo. Mientras no haya voluntad de actuar, los incendios continuarán.

El apoyo de la sociedad civil es vital para que el gobierno reconozca los incendios y la pérdida de biodiversidad. En cuatro departamentos del país la gente se ha movilizado y eso ha sido un punto de inflexión. El 13 de noviembre la población salió a las calles exigiendo a las autoridades la declaratoria de desastre natural frente a la creciente magnitud de los incendios forestales.

Precisamos un gobierno que piense en nuestra Amazonía no como una tierra ocupada por bosque que hay que talar ni como una fuente de ingresos sino como un área preservada para el mundo. Esta es una visión que hoy lamentablemente el gobierno nacional no tiene.

Desde Comunidad Ciudadana hemos empezado con acciones populares – mecanismos legales que permiten a la ciudadanía participar activamente en la tutela de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el medio ambiente, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, entre otros – y juicios para la protección del medio ambiente en el Parque Nacional Madidi. En una primera instancia éstos fueron rechazados por las comunidades porque los efectos negativos eran abstractos para ellos, pero ahora esas mismas comunidades nos buscan para que las ayudamos porque están sufriendo las consecuencias de la minería ilegal y la producción de droga en lo que una vez fue bosque. Se dan cuenta de que el mercurio tiene un impacto catastrófico en sus vidas y los está enfermando de cáncer.

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Las opiniones expresadas en esta entrevista son de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los puntos de vista de CIVICUS.

CIVICUS conversa con Patricia Reyes, directora de la Fundación Multitudes, acerca del proceso para redactar una nueva constitución para Chile luego de que la propuesta anterior fuera rechazada en un referéndum en septiembre de 2022.

La Fundación Multitudes es una organización de la sociedad civil dedicada a generar espacios y crear capacidades en la sociedad civil para que pueda participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones.

¿Por qué necesita Chile una nueva constitución?

El proceso constituyente en que Chile ha estado sumido desde 2022 fue una respuesta a una crisis social y política de larga data que estalló en octubre de 2019. Ante la irrupción de demandas sociales de mayor protección, equidad y garantía de derechos sociales básicos como la educación, la salud y la seguridad social, que en algunos casos se expresaron con violencia inusitada, todos los sectores políticos acordaron iniciar un proceso constituyente.

En un primer momento se desarrolló un proceso inclusivo que produjo una propuesta de constitución que incorporó estándares adecuados de protección de derechos para un estado democrático y social. Pero la propuesta no logró reunir la adhesión de los sectores más conservadores y fue rechazada en referéndum, en gran medida a causa de errores cometidos en el proceso. Estos se debieron sobre todo a la inexperiencia política de los miembros de la comisión constituyente, que eran en su mayoría independientes sin vínculos con los partidos políticos. Ellos pasaron por alto la necesidad de lograr acuerdos amplios que representaran todos los sectores de la sociedad, y especialmente a los actores políticos tradicionales. También influyeron la incorporación de algunos cambios drásticos en la organización política y la incapacidad de comunicar adecuadamente a la ciudadanía los beneficios del nuevo texto constitucional.

Tras el rechazo de la propuesta, las demandas sociales que habían disparado el proceso seguían vigentes, y la Constitución actual continuaba siendo tan ineficaz para resolverlas como lo era cuando ocurrió el estallido social. Para resolver nuestros problemas de convivencia democrática necesitamos un nuevo pacto social que nos una en torno a un proyecto institucional común. Por eso se recomenzó el proceso constituyente, esta vez con una dinámica más tradicional, que ha arrojado una nueva propuesta que deberá ser sometida nuevamente al voto de la ciudadanía.

¿Cuán diferente es esta nueva propuesta de la que surgió de la Convención Constitucional de 2021?

La actual propuesta es mucho más cercana a la Constitución vigente, es decir, introduce cambios más modestos. En comparación con la anterior, pienso que retrocede en algunos derechos ya conquistados, especialmente por grupos tradicionalmente relegados como las mujeres. Tampoco introduce un reconocimiento para otros segmentos vulnerables de la población, como niños, adolescentes y pueblos indígenas. Pero sí comparte con la anterior la reafirmación de la libertad de empresa y el mantenimiento de la concepción de un Estado subsidiario.

Los dos procesos han sido bastante diferentes porque en el primer caso el órgano constituyente incluyó a muchos ciudadanos elegidos por voto popular e independientes de los partidos políticos, mientras que en el segundo se trató de un Consejo de Expertos nombrado por las dos cámaras del Congreso y un Consejo Constitucional elegido popularmente, pero constituido mayormente por miembros propuestos por los partidos políticos que van desde el centro hasta la ultraderecha.

Sin embargo, en algo sí se parecen las propuestas resultantes de ambos procesos: las dos han sido consideradas de carácter partisano, es decir, alineadas con los intereses de un bando político determinado. Reflejan la división del país en vez de ser un instrumento para su unión.

¿Qué cambios introduciría el nuevo proyecto en la Constitución vigente?

El texto en general reproduce la institucionalidad vigente, salvo por la disminución del número de parlamentarios, y contiene los mismos derechos ya consagrados en la Constitución actual. Tiene muchas de sus fortalezas y también padece muchas de las mismas debilidades.

El proyecto tiene también varios artículos que han generado polémica por la forma regresiva en que se los podría interpretar. Por ejemplo, en materia de derechos reproductivos las disposiciones constitucionales podrían permitir que se declare inconstitucional la norma que permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto.

Asimismo, la incorporación de un órgano especial para la lucha contra la corrupción podría entrar en conflictos de competencia con la actual Contraloría General de la República. También se incluirían algunas herramientas populistas para permitir la expulsión inmediata de migrantes indocumentados, así como algunas exenciones impositivas – cuestión que generalmente no pertenece a un texto constitucional – y algunas disposiciones de gran sensibilidad, como la posibilidad de beneficiar a enfermos terminales con reclusión domiciliaria, que podría beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En lo positivo, se crearía una Defensoría de Víctimas y se avanzaría en la descentralización, otorgando mayores facultades a los gobiernos locales.

¿Cómo se posicionan los distintos sectores frente al plebiscito de salida?

Los partidos de derecha mayoritariamente aprueban el proyecto, mientras que los de izquierda lo rechazan y en el centro hay una gran diversidad de opiniones, con algunos militando por el apruebo y otros por el rechazo.

Pero la última palabra la tiene la ciudadanía, que atraviesa un momento que ha sido definido como de agotamiento constitucional. Por lo largo y polémico que ha sido el proceso y por la falta de acuerdos transversales, en general hay mucha apatía e indecisión, así como posiciones encontradas. Por el momento las encuestas arrojan una mayoría de rechazos, pero la votación es el 17 de diciembre, por lo que todavía falta bastante, y sigue habiendo mucha gente que aún no tiene decidido su voto.

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CIVICUS conversa con Yanina Welp, investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, en las que se impuso un outsider de la ultraderecha libertaria.

¿Cómo se explica el triunfo de Javier Milei, un outsider sin estructura?

El triunfo de Milei, como el de cualquier otro político, no se puede explicar por una sola razón. Hay por lo menos tres grandes explicaciones de su victoria.

En primer lugar, la situación económica. Además de tener un elevado nivel de pobreza – 40% y creciendo –, Argentina tiene una inflación muy alta, y hace muchos años que la economía no crece. Lo mismo pasa con el empleo formal. Es decir, hay mucha precariedad y mucha gente vive con altos niveles de incertidumbre.

En segundo lugar, la incapacidad de la clase política para dar respuesta a estas demandas. En los últimos tiempos los gobernantes incluso han actuado con arrogancia. Han aumentado la inseguridad, los escándalos de corrupción y la pasividad de las autoridades ante todos estos problemas. El liderazgo de Milei vino a encarnar el sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Mucha gente lo ha votado porque expresa bien el rechazo de las últimas gestiones, y no necesariamente porque apruebe o adhiera a las políticas que ha propuesto implementar.

En tercer lugar, el rol de la dirigencia política, y en particular del oficialismo, no solamente por no haber hecho nada frente a esta amenaza sino por haber alentado la candidatura de Milei con el objeto de dividir el voto opositor, pensando que así tenía más posibilidades de ganar. Eso lo hizo primero el peronismo, en la antesala de la primera vuelta, y en la segunda lo hizo el ex presidente Macri poniendo en crisis su propia coalición, Juntos por el Cambio.

¿Piensas que el electorado se ha derechizado?

A diferencia de las propuestas vagas y generales de casi todos los demás candidatos, Milei compitió con un programa muy fuertemente ideológico, que además no paró de explicar durante toda la campaña.

Sin embargo, cuando se analizan los posicionamientos de la ciudadanía los datos son contradictorios, ante todo porque no hay una noción única y universal de lo que se supone que es ser “de derecha” o “de izquierda”. Por ejemplo, las encuestas muestran una creciente preocupación por el aumento de la inseguridad, pero sería muy elitista pensar que tener esta preocupación es ser de derecha. El aumento de la criminalidad da cuenta de que es una preocupación “real”.

Es cierto que en este proceso electoral ha aumentado la visión positiva del sector privado frente a la gestión pública, posiblemente por efecto del discurso de Milei pero también porque las últimas gestiones han deteriorado mucho la imagen del Estado. En ese sentido podría hablarse de cierta derechización del electorado. Pero del triunfo de Milei con casi 56% no debería deducirse que más de la mitad del electorado se ha inclinado fuertemente a la derecha, o incluso a la derecha radical, porque muchos lo votaron por encarnar la reacción frente al status quo más que por sus propuestas ideológicas.

Durante la campaña se planteó que estaba en juego la democracia. ¿Corre peligro la democracia en Argentina?

La democracia no corre peligro inminente, como ocurría con los golpes de Estado, que la eliminaban de un día para el otro. Hay, sí, señales de erosión de la democracia, pero éstas han estado presentes durante los últimos años. Constantemente se observan avances y retrocesos, tales como intentos de cooptación de la justicia, uso indebido de recursos del Estado y prácticas clientelares.

En términos generales, las instituciones democráticas en Argentina funcionan. A pesar de las denuncias de la oposición sobre el sistema electoral, las elecciones se desarrollaron con normalidad e incluso los resultados se conocieron muy rápido.

En cambio, sí hemos visto un retroceso enorme a nivel de debate público. Hay mucha intolerancia y violencia discursiva. Partidarios de las distintas opciones políticas casi no pueden dialogar. Hay mucha agresividad en las redes sociales. Todas estas son señales de alerta de mediana intensidad que, si no son abordadas, abonan el terreno para salidas más violentas y autoritarias.

¿Cómo se reconfigurará el escenario político argentino tras esta elección?

Desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se fue configurando un sistema de coaliciones que a partir de 2007, con Cristina Fernández de Kirchner, fue impulsando mediante la introducción de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Éstas sirvieron para evitar la fragmentación partidaria, pero tuvieron el efecto negativo de erosionar las diferencias programáticas o ideológicas. Las dos coaliciones que se formaron en consecuencia tenían sus propias alas derecha e izquierda, con lo que se difuminó el debate ideológico que fue reemplazado por la clave peronismo-antiperonismo. Eso terminó alentando una polarización de tipo afectivo con alineamientos muy estancos donde se hace cada vez más difícil buscar puntos en común.

El hecho de que haya ganado las elecciones presidenciales un partido que hace un par de años no existía obligará a las dos grandes coaliciones de las últimas décadas, el oficialismo peronista y la oposición de Juntos por el Cambio, a reconfigurarse profundamente.

Dentro del peronismo, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner fue la gran perdedora de esta elección. En los últimos tiempos se ha ausentado de la escena política, dejando al peronismo sin un liderazgo claro. El peronismo tiene un fuerte arraigo en sindicatos y organizaciones sociales que tienen una alta dependencia del Estado. Estas organizaciones tienen incentivos para negociar, en caso de que el nuevo gobierno abriera ese espacio. Sin embargo, el discurso inicial de Milei fue completamente en otra dirección, estableciendo que tomará medidas de choque.

¿Cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno?

El nuevo gobierno debería hacer frente a tres grandes desafíos. El primero es estabilizar la economía, es decir, parar la inflación y ordenar el tipo de cambio. En segundo consiste en introducir reformas para incrementar la productividad y solucionar la crisis del empleo formal. Y el tercero es la gobernabilidad. Argentina tiene organizaciones sociales muy fuertes, lo cual tiene aristas tanto positivas como negativas, pero en cualquier caso es una sociedad fuertemente organizada y muy predispuesta al conflicto.

Estos tres desafíos deben abordarse en forma coordinada y consistente, lo cual es bastante difícil.

¿Piensas que el gobierno de Milei podrá hacerles frente?

Tengo serias dudas de que el nuevo gobierno pueda hacer frente a estos desafíos, no solamente en el terreno de la estabilización y las reformas estructurales, sino también y sobre todo en materia de gobernabilidad. Muchas de las medidas que propone, como la propia dolarización, podrían ser declaradas inconstitucionales. Otras medidas requieren mayorías legislativas que no tiene. La única perspectiva de obtener un apoyo legislativo sustancial pasaba por Juntos por el Cambio, pero con la división de la coalición opositora Milei no tendría quorum en el Congreso.

Milei no tiene ni una gobernación provincial y casi no tiene intendencias. Sin embargo, el poder subnacional siempre ha sido acomodaticio o pragmático en Argentina. Aun así, algunas de las medidas clave van directamente en contra de los intereses de las provincias, como la de eliminar la coparticipación, es decir, el sistema de distribución de los recursos públicos obtenidos mediante impuestos nacionales que el Estado federal distribuye a las provincias. Luego está el potencial enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires.

Milei podría intentar gobernar por decreto, pero en ese caso habría una crisis inmediata, y en un eventual juicio político asumiría la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no asegura ningún cambio de estrategia sino algunos elementos negativos añadidos.

Milei fue electo con una amplísima mayoría, por lo que cuenta con una gran legitimidad popular. Pero esta mayoría podría ser ficticia, como suele ocurrir con las segundas vueltas, a lo que se le suman la volatilidad e impaciencia de buena parte del electorado argentino. Si logra implementar su programa ultraliberal, único en el mundo, los costos sociales serán altísimos. Y si no lo logra, podría aumentar el desencanto de la ciudadanía con la política y ponerse en cuestión su adhesión a la democracia.

El espacio cívico en Argentina es clasificado como “reducido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), acerca de los resultados de las recientes elecciones primarias de la oposición en vistas de las elecciones de 2024.

Provea es una organización de la sociedad civil de Venezuela que se dedica a educar en sus derechos a los sectores más vulnerables y a apoyar jurídicamente a víctimas de violaciones de derechos humanos.

¿Cuál es la estrategia de la oposición frente a las elecciones de 2024?

La estrategia de la oposición consiste en promover una candidatura unitaria, apoyada por la mayoría de la oposición, para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Se dice fácil, pero en las condiciones actuales es un gran desafío. Tras la derrota de la estrategia de máxima presión, que tuvo su momento culminante en las protestas de 2017 y el interinato de Juan Guaidó, a comienzos de 2019, sobrevinieron tensiones y recelos y la oposición se fragmentó. La ciudadanía perdió confianza en su liderazgo. Según encuestas de opinión realizadas hacia el final de la pandemia, la figura de Guaidó era tan rechazada como la de Maduro. Más del 80% de la ciudadanía no quería a ninguno de los dos.

Es decir, ha habido una crisis de representación que afectó tanto al gobierno como a la propia oposición. Fue necesario adoptar una nueva estrategia, pero ésta no fue suficientemente explicada a la ciudadanía. Tampoco se hizo un balance público de los errores cometidos por el liderazgo tradicional opositor, por lo que la desconfianza y la resignación se viralizaron entre la ciudadanía. La sensación que no había nada que hacer era tan grande que hubo tanto analistas como líderes políticos que manifestaron que habría que apostar a las elecciones no de 2024 sino de 2030.

Pero en el lapso de un año las cosas han cambiado. Las elecciones primarias de la oposición sirvieron para legitimar, mediante consulta popular, una candidatura unitaria. Al comienzo pareció un mero trámite burocrático, pero a medida que la fecha se acercaba se generó un hecho político que desbordó las expectativas de sus promotores. A pesar de que se realizaron bajo censura absoluta, con ataques físicos a los candidatos en sus actos de campaña, con limitados recursos propios y bajo amenazas veladas o explícitas de las autoridades para disuadir a la gente de participar, votaron más de dos millones de personas.

Esto no solamente evidenció que hay una gran necesidad de cambio, sino que también devolvió a la sociedad democrática la confianza en que el cambio es posible. Consolidó la estrategia electoral como norte e impuso un consenso desde abajo no solamente sobre una potencial candidatura unitaria sino también sobre un nuevo liderazgo opositor

El retorno a la democracia tiene dos variables claves: la construcción de acuerdos en la oposición y la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el liderazgo democrático. Las primarias de la oposición fueron un importante primer paso en esa dirección. Si logra dar otros pasos en el mismo sentido, la oposición podría volver a constituir una amenaza creíble para el régimen autoritario.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno frente a las primarias opositoras?

El gobierno subestimó los efectos de las primarias: pensó que la censura, la desinformación y el hostigamiento disuadirían a la gente de participar, de modo que la alta participación fue una primera gran sorpresa. Quedó en evidencia que mucha gente todavía piensa que el voto es un mecanismo seguro para expresar su opinión. La segunda sorpresa fue el abrumador apoyo que recibió la candidata María Corina Machado, cosa que ocurrió en todas las geografías y entre todos los sectores sociales que votaron.

Machado había sido criticada con el argumento de que su discurso sólo sintonizaba con los sectores medios y acomodados, pero el respaldo que recibió refleja una aspiración generalizada a vivir mejor. Machado incluso consiguió apoyos en el electorado más fiel del oficialismo, lo cual en parte explicó su respuesta desesperada, que ha consistido en intentar anular las primarias por vía judicial.

El Tribunal Supremo de Justicia – caracterizado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), como parte de una maquinaria para perseguir el disenso – ha sentenciado la “suspensión” de los efectos de las primarias con el argumento de que se cometió un fraude.

Al mismo tiempo, para intentar ocupar el espacio del reclamo, el gobierno ha intentado exacerbar el sentimiento nacionalista activando la disputa por el territorio de la Guayana Esequiba, exigido por Venezuela pero bajo el control de Guyana, y ha convocado a un referéndum consultivo sobre el tema para el próximo 3 de diciembre.

¿Podrá Machado competir en 2024, o el gobierno buscará inhabilitar su candidatura?

La habilitación de la candidatura de Machado, así como cumplimiento de las otras recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) para que haya elecciones con garantías democráticas, será un gran desafío. Este es el momento de luchar contra la táctica de las autoridades de inhabilitar a todo líder político lo suficientemente popular como para ganar puestos claves mediante elecciones.

La existencia de condiciones para el ejercicio de los derechos de reunión y participación dependerá de varios factores que deberán operar en simultáneo: el fortalecimiento del campo democrático, el diálogo gobierno-oposición, la recuperación de la confianza ciudadana y la presión de la comunidad internacional.

El camino hasta el 2024 es largo. Si Machado acaba siendo inhabilitada, la oposición debería establecer un mecanismo de consenso, en el cual ella tenga un importante peso, para seleccionar una candidatura alternativa. Debe quedar claro hasta el final que la estrategia de transición democrática pasa necesariamente por la realización de elecciones.

¿Cuáles son las posibilidades reales de lograr una alternancia democrática?

El principio de alternancia democrática es completamente ajeno al chavismo. Llegó al poder para eternizarse en él y considera que su concepción “revolucionaria” del mundo es la única verdadera y necesaria para mejorar las condiciones de vida de la población. Al igual que ocurre en Cuba o Nicaragua, el gobierno se ve obligado a realizar elecciones, aunque éstas no sean más que una simulación, por varias razones, entre las que se destaca la necesidad de obtener cierto grado de legitimidad frente a la comunidad internacional. Apenas una delgada línea separa la simulación de la farsa, por lo que las elecciones deben ser organizadas de manera que parezcan auténticas.

Un factor positivo es que Venezuela está actualmente bajo una investigación de la Corte Penal Internacional y bajo el escrutinio de mecanismos como la Misión Internacional Independiente. Este escrutinio es un elemento disuasivo de una represión abierta y generalizada. Son grietas que el campo democrático puede aprovechar para asegurar mayores garantías democráticas en las próximas elecciones.

En los próximos meses presenciaremos un ejercicio de medición de fuerzas entre gobierno y oposición. Un mensaje negativo que estamos recibiendo de varios actores internacionales es que las elecciones de 2024, independientemente de cómo se organicen, serán un hito para normalizar las relaciones con Venezuela. Pienso que Maduro no está dispuesto a organizar unas elecciones que pueda perder, y hará muchos esfuerzos para dividir y desestimular el voto en contra.

Para superar estos escollos se necesitará mantener la sinergia entre un liderazgo político cohesionado, una ciudadanía altamente motivada para participar y presión de la comunidad internacional, especialmente por parte de los sectores progresistas de la región, para evitar que los sectores más radicales del chavismo y las Fuerzas Armadas obstaculicen una potencial transición. Es importante asegurar a los sectores más democráticos del chavismo garantías para que puedan reinsertarse en la transición. Se trata en definitiva de establecer los incentivos correctos para que los costos de una salida sean menores que los de la permanencia en el poder por cualquier medio.

¿Cómo trabaja la sociedad civil para asegurar la transparencia y competitividad del proceso electoral?

Las organizaciones de derechos humanos hemos hecho nuestras las siete recomendaciones clave del informe de la Misión de Observación Electoral de la UE: reforzar la separación de poderes, suprimir las inhabilitaciones, hacer una campaña educativa pública sobre el voto, imponer sanciones para las faltas electorales, habilitar una cobertura equilibrada de los medios de comunicación, derogar la llamada “ley contra el odio” para evitar la autocensura y permitir la libertad de expresión, e introducir una combinación de incentivos y sanciones para contar con autoridades de mesa capacitadas y acreditadas el día de las elecciones.

Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos electorales lideran todas las acciones de incidencia en este sentido, y el resto de las organizaciones las apoyamos. El 17 de octubre el gobierno y la oposición suscribieron el “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, conocido como Acuerdo de Barbados.

El gobierno debería cumplir este acuerdo; sin embargo, ya ha dado muestras de no tener la intención de hacerlo. Al iniciar un proceso judicial contra las primarias ha incumplido el primer punto del acuerdo, que establece que cada sector político es libre de seleccionar su candidato para las elecciones.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional para contribuir a que Venezuela tenga elecciones libres y competitivas en 2024?

No hay manera de alcanzar una transición a la democracia en Venezuela sin el acompañamiento y presión de la comunidad internacional. Por ahora los Estados Unidos han tomado la iniciativa estimulando el Acuerdo de Barbados y estableciendo un mecanismo para el levantamiento de las sanciones económicas.

No obstante, las sanciones contra personas que han violado derechos humanos y el embargo de venta de armas deberían conservarse. También deben mantenerse activas las iniciativas internacionales de monitoreo y protección de derechos humanos en Venezuela. El gobierno está operando para evitar que se prolongue el mandato de la Misión Internacional Independiente, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe decidir en 2024. Este es el mecanismo más importante de producción de verdad sobre los hechos con el que contamos, y su trabajo complementa al de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Finalmente, es importante que los gobiernos progresistas de América Latina, como los de Brasil, Chile y Colombia, emitan mensajes públicos y privados a las autoridades venezolanas para que acepten realizar elecciones con garantías democráticas.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Alfredo Okenve, presidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEIDGE), acerca del contexto político en que opera la sociedad civil en Guinea Ecuatorial.

El CEIDGE es una organización de la sociedad civil independiente que aboga por la protección de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial desde 1997.

¿Hay algún espacio para la sociedad civil en Guinea Ecuatorial?

No hay ningún espacio para la sociedad civil. Sin embargo, además de trabajar para dar atención a personas vulnerables y promover el desarrollo comunitario, el activismo lucha para abrir el espacio cívico, promover los derechos humanos y crear redes ciudadanas de protección y educación.

No lo hacemos porque queremos ser mártires ni para complacer a nadie. Lo hacemos porque es nuestro país, porque queremos un país mejor y porque es la única forma de conseguir un cambio. Lo hacemos en condiciones muy difíciles, a un gran coste personal, familiar y profesional. Quienes se dedican al activismo en Guinea Ecuatorial son unos auténticos héroes y necesitan apoyos de todo tipo – técnicos, tecnológicos, financieros y políticos.

¿Cómo ha logrado Teodoro Obiang Nguema llegar a ser el dictador más longevo del mundo?

Obiang lleva 44 años en la presidencia de Guinea Ecuatorial. Ahora es un hombre viejo, débil y con sus capacidades mermadas. Es alguien que ha tenido mucha suerte: es de origen muy humilde, hijo de un inmigrante gabonés y quedó huérfano de madre a temprana edad. Gracias a las ayudas que recibió, sobre todo de la Iglesia Católica, pudo hacer algunos estudios y accedió a la profesión militar. Pero a pesar de todo el poder que acumuló luego, nunca superó los complejos que le provocan su origen y la mediocridad de su formación. Ello ha afectado el ejercicio de sus funciones.

Macías Nguema, el primer presidente que tuvo Guinea Ecuatorial tras independizarse en 1968, era de su mismo clan familiar y administrativo. Gracias a ello Obiang se convirtió en una pieza clave en el ejército y el aparato represivo. En 1979 derrocó al presidente mediante un golpe de Estado y se ha mantenido en el poder desde entonces.

Obiang se formó militarmente en la España franquista. A partir de la concepción del poder que absorbió allí se convirtió en un autócrata afro fascista. Ha sido un profesional mediocre y un gobernante incompetente: no ha podido hacer funcionar mínimamente un país pequeño con una enormidad de recursos naturales y una población muy poco exigente.

Para mantenerse en el poder le ha ayudado, en primer lugar, el pasado histórico. Guinea Ecuatorial es un país que no ha conocido libertades. Sus habitantes nunca han sido tratados como ciudadanos ni se han considerado como tales. Ignoran lo más básico en relación con el funcionamiento de un Estado y no tienen una cultura cívica.

Asimismo, ha instrumentalizado la violencia para dominar mediante el miedo y la desconfianza. Ha hecho un uso desenfrenado e impune de la represión, sometiendo a sus críticos a torturas, acusaciones falsas, juicios arbitrarios y largas penas de prisión. El miedo que infunde a la población tiene bases reales. No hay seguridad jurídica ni condiciones para el funcionamiento de una prensa libre.

El control omnímodo que ejerce el régimen es facilitado por las pequeñas dimensiones del país y la enormidad de los recursos económicos de que dispone. En las últimas décadas, Obiang y su entorno se han apropiado de los ingresos procedentes de los hidrocarburos, mientras han condenado a la exclusión social y económica a la mayoría de la población. El sistema está montado de modo tal que la capacidad de la gente para asegurar su supervivencia económica, social y política depende en gran medida del beneplácito de Obiang.

¿Qué rol desempeña la etnicidad en el gobierno de Obiang?

Guinea Ecuatorial es un país multiétnico con una distribución étnica desigual. El grupo mayoritario, la etnia fang, representa más del 80% de la población, mientras que los bubis dan cuenta de alrededor del 12 o 13% y las restantes cuatro etnias (annoboneses, bissiós, fernandinos y ndowés) apenas suman 5 o 6%.

La familia Obiang pertenece a la etnia fang, y si bien el componente étnico es importante, el poder no se ejerce sobre bases étnicas sino clánicas y territoriales. Hay un clan familiar y un clan distrital, perteneciente al distrito de origen de los dos presidentes que ha tenido el país, que han concentrado el poder por más de cinco décadas. Hace más de tres décadas se ha sumado a ellas una tercera base de poder: el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) liderado por Obiang. Si bien el país no tiene un sistema de partido único consagrado en su constitución, el PDGE funciona como un partido cuasi-único.

El ejercicio del poder sobre la base del control requiere que Obiang tenga instrumentos de represión y cooptación en todos los rincones del país y en todos sus grupos étnicos. Mediante el reparto de privilegios, Obiang se ha asegurado gente de confianza y brazos ejecutores en los seis grupos étnicos de Guinea Ecuatorial. En cada distrito territorial ha creado una comisión de seguimiento del control político.

¿Qué efectos piensa que tendrá el ingreso del hijo de Teodoro Obiang a la vida política?

En 2012 la Constitución de Guinea Ecuatorial fue reformada para introducir una nueva figura, la del vicepresidente. Obiang nombró en ese puesto a su hijo, Teodoro Nguema Obiang, revelando su intención de perpetuar el régimen clánico, dictatorial y cleptocrático.

Desde hace años este vicepresidente comparte el poder con sus padres. Es una persona que tiene limitaciones de todo orden: intelectual, profesional, humano, emocional y ético-cívico. No es una persona con la que se puede dialogar, ni una persona que entienda al poder como emanado de la soberanía popular. Si acaso, desde su ascenso se han registrado más presos políticos, desapariciones, muertes e inseguridad ciudadana. Hay descontrol de la administración pública, prácticamente no han actividad económica y hay problemas serios de desempleo e inseguridad alimentaria.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional para promover una transición a la democracia en Guinea Ecuatorial?

A pesar de tener bastantes recursos naturales, Guinea Ecuatorial depende mucho de la comunidad internacional, por lo que si ésta quisiera realmente condicionar al régimen podría hacerlo. A nivel político, los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países africanos podrían empujar al país hacia una transición pacífica a la democracia. Para ello deberían exigir al presidente Obiang para que se ponga a dialogar, de manera inclusiva y amplia, para alcanzar acuerdos con las fuerzas sociales y políticas prodemocráticas y nombrar un gobierno de transición que él no presida.

Asimismo, la cooperación internacional debe apoyar con asistencia técnica, recursos financieros y expresiones de solidaridad a los activistas y grupos prodemocráticos que todos los días corren riesgos por promover la democracia y el desarrollo humano en Guinea Ecuatorial.

El espacio cívico en Guinea Ecuatorial es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.

María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.

¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?

En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.

México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.

CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador con Humberto Salazar, director ejecutivo de la Fundación Esquel.

Esquel es una organización de la sociedad civil que busca contribuir al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria en el Ecuador.

¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?

El proceso electoral definitivamente se vio afectado por la violencia. No se trató solamente de la muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. En el contexto de estas elecciones y de las elecciones seccionales previas también fueron asesinados representantes electos de gobiernos locales. El caso más sonado fue el de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta. También fue asesinado un candidato a la Asamblea Nacional, y muchos más candidatos a diferentes cargos recibieron amenazas. La lista de víctimas fatales de la violencia se amplía si se incluye a los siete sospechosos capturados por el magnicidio de Villavicencio que fueron asesinados en las prisiones donde estaban detenidos.

En ese contexto las preferencias de voto definitivamente se vieron afectadas. Desde las sombras, los grupos que representan a mafias locales y transnacionales enviaron a través de actos violentos mensajes intimidatorios que incidieron en el voto de la ciudadanía. Esto fue muy evidente en la primera vuelta, donde luego del asesinato de Villavicencio la mayoría de sus votantes optó por candidaturas que hasta entonces no habían tenido chances de llegar a segunda vuelta. Tales fueron los casos de Jan Topic y Daniel Noboa, el presidente electo. Ambos repuntaron sus cifras luego del magnicidio.

¿Fue la violencia un tema de campaña en la segunda vuelta?

La influencia de la violencia sobre las elecciones va más allá de ser un tema de campaña escogido estratégicamente por los candidatos. Para la población el tema de la seguridad se convirtió en un tema central de la agenda que incluso superó en prioridad a otros temas centrales como el desempleo y la pobreza.

No es que el desempleo y la pobreza perdieran importancia, sino más bien que los tres temas pasaron a componer una triada integrada de aspiraciones que está en la base de las demandas actuales. El electorado busca respuestas rápidas y efectivas, pero no desintegradas. Seguridad, desempleo y pobreza son elementos de la misma ecuación que la ciudadanía exige al sistema político.

Aunque las propuestas de los candidatos sobre el tema fueron muy generales, hay consenso en la esfera política de que el tema de seguridad es central a la actual situación del país. En consecuencia, en los próximos días el presidente electo deberá desarrollar con más detalle sus propuestas sobre seguridad. La ciudadanía no evaluó en las urnas si las propuestas de uno u otro candidato en este tema eran las mejores, ni tuvo los elementos para hacerlo, pero ahora espera que, independientemente de cuáles sean los instrumentos utilizados, el resultado sea la pacificación del país.

¿Observas una “derechización” del electorado, o acaso el voto no obedeció a motivaciones ideológicas?

La evaluación de las preferencias electorales no se resume a un juego de suma y resta donde un lado, en este caso la derecha, gana, mientras el otro lado pierde. Tampoco estamos ante una ciudadanía ingenua o desinformada que se dejó convencer bajo engaño por una derecha renovada, inclinándose por los valores, principios y narrativas de la derecha.

En las actuales circunstancias el voto dista de ser ideológico; en la evaluación de las opciones pesan otras consideraciones. En este caso predominó la búsqueda de lo nuevo, lo cual le dio el triunfo a un “outsider”. En Ecuador, los outsiders tienen una larga historia de éxitos.

Si bien el candidato ganador representa a la derecha en términos de sus valores y modelos, discursivamente se presenta como un renovador, mucho más pragmático que ideológico. Esta difuminación del contenido ideológico no es un rasgo privativo de este candidato, sino que expresa un proceso más profundo de transformación de la representación en un contexto en que la retórica se vacía de contenido frente a prácticas altamente contradictorias con el discurso.

En suma, la gente votó mayoritariamente por un candidato que logró inspirarle confianza, cuyos rasgos lo sacaban de la competencia polarizada propuesta por candidaturas más ideológicas. Buscó a alguien que le ofreciera alternativas no solamente para abordar los temas de seguridad sino también para resolver el tema de la recuperación económica y el bienestar.

El resultado también obedeció a expectativas de audiencias especificas como la juventud, que tiene un peso muy importante en el padrón electoral. Este segmento del electorado buscó opciones de futuro que estuvieran desligadas de los conflictos entre quienes son en última instancia responsables de la crisis en la que ahora estamos sumergidos. En ese sentido, fueron castigadas por igual las derechas y las izquierdas con narrativas ideológicas, como lo evidenció el hecho de que todos los partidos tradicionales quedaran rezagados en los resultados electorales.

¿Por qué perdió Luisa González, pese a contar con mayor estructura partidaria?

Un factor fundamental de la derrota de Luisa González en la segunda vuelta fue el peso de la figura del expresidente Rafael Correa como símbolo y líder del movimiento Revolución Ciudadana. Ese liderazgo que le ofrece al movimiento un electorado cautivo de alrededor del 25% también le genera un techo que, en una competencia polarizada entre correísmo y anti-correísmo, no le permite superar el 50% que se requiere para ganar en segunda vuelta. La misma estrategia de polarización que le dio fuerza al gobierno de Correa para impulsar sus agendas le restó posibilidades a la hora de convocar a un electorado que no forma parte de su voto duro.

También le restaron apoyo a González las narrativas revanchistas del correísmo, expresadas en el lema “ni perdón, ni olvido”. La apelación a una vuelta al pasado le reafirmó los votos propios, pero le impidió conquistar los votos de un amplio electorado que desconfía de las tendencias autoritarias del correísmo y temió que el triunfo de sus candidatos se tradujera en restricciones del espacio cívico, y en particular de la libertad de asociación.

¿Qué expectativas tiene la sociedad civil en relación con la nueva administración?

Si bien el presidente electo no tiene un pasado de resistencia a la participación de sociedad civil, en su campaña no se mostró especialmente abierto a recibir propuestas y reunirse con colectivos de sociedad civil. Esto genera incertidumbre sobre la amplitud y efectividad que tendrán los espacios de participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas públicas. En principio, no hay amenazas claras al espacio cívico, pero sí incertidumbre respecto de la posición del nuevo gobierno frente a la promoción y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Cabe destacar que los dos candidatos que compitieron en segunda vuelta tuvieron un sesgo conservador más allá de su inclinación ideológica hacia la derecha o la izquierda. De ahí la incertidumbre sobre cómo responderá el nuevo presidente a cuestiones sociales que surgen de las agendas de igualdad de género de los grupos feministas y de la comunidad LGBTQI+, de las demandas del movimiento indígena relativas a la plurinacionalidad y la interculturalidad, y de las preocupaciones del movimiento de derechos humanos en relación con la búsqueda de políticas para enfrentar la delincuencia que no sacrifiquen derechos.

Lo cierto es que hay una enorme cantidad de problemas que el nuevo gobierno deberá atender. Para sostener sus iniciativas más allá del año y medio previsto para el ejercicio de su mandato, el nuevo presidente deberá hacer una convocatoria amplia y generar una agenda de mínimos refrendada en acuerdos nacionales multiactor. Serán indispensables las políticas de seguridad, trabajo – con énfasis en el empleo joven bajo un modelo de inclusión intergeneracional – y combate a la desnutrición crónica infantil. También debe reformarse el llamado Código de la Democracia, la ley orgánica de 2009 que establece el sistema electoral, el manejo de las elecciones y los requisitos de funcionamiento y financiamiento de partidos y movimientos políticos.

¿Consideras que esta elección ha puesto fin a la inestabilidad política?

La inestabilidad no ha terminado, pero la elección generó una válvula de escape provisional y de corto aliento para las tensiones de la crisis de múltiples dimensiones que afecta al Ecuador. El tiempo de gracia para el gobierno, sin embargo, será muy limitado: deberá producir en el corto plazo medidas que demuestren que está encaminado hacia la resolución de los grandes problemas.

Dos cosas le pueden a jugar en contra: la lentitud del aparato burocrático para desarrollar proyectos de transformación y la pugna de poderes que podría bloquear sus iniciativas en la Asamblea Nacional. La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo será clave. Si el ejecutivo vuelve a encontrarse bloqueado por una multitud de intereses particulares que exigen prebendas para habilitar la aprobación de sus iniciativas, la crisis volverá a profundizarse.

El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 15 de octubre con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana es una organización de la sociedad civil (OSC) apartidaria y pluralista que trabaja por el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador.

¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?

El proceso electoral que acaba de terminar ha estado atravesado por la violencia política: fueron asesinados un candidato a la presidencia, un alcalde y un prefecto. Asimismo, se ha vivido un clima de violencia en las calles a causa del accionar de bandas de narcotraficantes, que someten a la ciudadanía mediante extorsiones a cambio de protección, conocidas como “vacunas”, con las cuales se financian los grupos del crimen organizado.

Esto convirtió al tema de la seguridad en uno de los tópicos centrales en el debate entre los candidatos para la segunda vuelta, y en uno de los que ha generado las mayores expectativas.

Las propuestas de los dos candidatos, sin embargo, fueron a grandes rasgos similares, aunque con algunas diferencias y características propias. Ambos apuntaron a fortalecer la presencia de las fuerzas armadas como co-ejecutoras de políticas anticrimen conjuntamente con la policía.

¿Qué significado le asignas al triunfo de una opción de centroderecha?

No se trata necesariamente de un voto ideológico. La debilidad de los partidos políticos en el Ecuador hace que la ideología vaya perdiendo fuerza. Hace rato que el país se debate no entre derecha e izquierda sino entre correísmo y anticorreísmo: es la controvertida herencia del expresidente Rafael Correa, en el poder durante toda una década entre 2007 y 2017, lo que continúa polarizando a la ciudadanía ecuatoriana.

El candidato ganador, el empresario Daniel Noboa, representa al menos por su origen una opción de centroderecha. Pero si ha ganado es porque ha logrado captar los votos de un electorado joven que no se sitúa en ningún lado de la polarización y más bien ha optado por una visión nueva, un candidato joven y sin trayectoria política que ofrece una forma de la política que, a diferencia de sus predecesores, no es confrontativa.

¿Qué factores operaron en contra de la candidatura de Luisa González?

La candidatura del correísmo, Luisa González, fue perjudicada por la constante presencia de Correa durante la mayor parte de la campaña, que terminó opacando su propia candidatura. Si bien al final trató de desmarcarse de esa influencia, no logró posicionarse como una opción renovada del correísmo, que es lo que debió transmitir para tener chances de ganar. Quedó pegada a la imagen política desgastada y cuestionada del expresidente.

Creo que el elemento del legado de Correa que produce mayor rechazo es la forma confrontativa y amenazadora de tratar con quienes considera sus enemigos políticos. Parecería que ese recurso está generando cada vez más descontento y desaprobación. Si bien el porcentaje de apoyos que consiguió la candidata no fue menor, esto le generó un techo que no logró perforar. Fue precisamente la razón por la cual pudo imponerse su adversario.

¿Cómo ha evolucionado el espacio para la sociedad civil en los últimos años, y qué cabe esperar bajo el nuevo gobierno?

La sociedad civil, a mi criterio, ha recuperado presencia y libertad de acción luego del período del correísmo, durante el cual fue restringida y en algunos casos perseguida. No olvidemos que una OSC ambientalista importante, que confrontó con el gobierno a causa de sus políticas extractivistas, fue arbitrariamente cerrada y luego se generó una normativa para regular discrecionalmente el registro, el funcionamiento y la clausura de OSC, con el objeto de quitar del paso a las que molestaran al gobierno. Muchos activistas de la sociedad civil y periodistas fueron criminalizados por su trabajo.

La expectativa de sociedad civil bajo el nuevo gobierno es la misma de siempre: contar con un ambiente habilitante que le permita desarrollar libremente sus actividades. Esperamos una gestión de gobierno que proteja y promueva la libertad de asociación.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo presidente?

Cabe recordar que las elecciones fueron convocadas en forma anticipada para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso luego de que éste utilizara el mecanismo de “muerte cruzada”, disolviendo el congreso para evitar que éste lo destituyera, pero al mismo tiempo acortando su propio mandato. Eso significa que Noboa solo ejercerá como presidente durante el tiempo que resta del mandato de Lasso: apenas unos 18 meses. Demasiado poco tiempo para tantos desafíos.

El nuevo presidente recibe un país atravesado por la inseguridad y la violencia, con un alto déficit fiscal, un crecimiento casi nulo, tasas de desempleo muy altas, y encima atravesando nuevamente el fenómeno climático del Niño, que genera calentamiento de las aguas y produce eventos climáticos extremos y temperaturas récord. Todos estos son temas que va a tener que a priorizar, con políticas públicas orientadas a mitigar los problemas más importantes en la economía, el cambio climático y la seguridad pública. Para ello necesitará armar un equipo de trabajo sólido y generar espacios de diálogo y reconciliación. Deberá demostrar apertura a la sociedad civil y generar acuerdos políticos sobre la mesa, y no por debajo de la mesa.

Toda elección presenta una oportunidad. Como siempre en un país con tantas necesidades, las expectativas son grandes. La principal tarea que el gobierno tiene por delante es la de fortalecer la democracia ecuatoriana, y eso implica un trabajo enorme.

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CIVICUS conversa acerca del reciente fallo de la Corte Suprema que descriminalizó el aborto en México con Brenda Rodríguez, coordinadora de comunicación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que lleva casi 30 años trabajando para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

¿Cuál es la situación actual del derecho al aborto en México?

En los últimos años, en México se ha avanzado vertiginosamente para que el aborto se convierta en un servicio de salud garantizado para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Actualmente, 12 entidades federativas han despenalizado parcialmente el aborto voluntario, pero otras 20 todavía lo consideran un delito.

Sin embargo, en los estados donde el aborto se ha despenalizado, el acceso al procedimiento para todas las mujeres y personas gestantes no está garantizado; por el contrario, las barreras de acceso son una constante.

De modo que todavía hay un largo trecho por recorrer. Entre los muchos pendientes es necesario que el aborto deje de ser considerado un delito y que, en cambio, se lo incluya en las regulaciones sanitarias y de política pública, de modo que se asegure el suministro de información sobre el tema y se publiquen los lineamientos que garanticen su atención integral, segura y de calidad.

CIVICUS conversa con Alba Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser), sobre el histórico fallo de la Corte Suprema de México que despenaliza el aborto a nivel federal.

Ddeser es una red ciudadana de mujeres y jóvenes activistas que difunde información y defiende, exige y vigila el respeto de los derechos sexuales y reproductivos en México.

¿Cuál es la situación actual del derecho al aborto en México?

Hay muchos claroscuros. A la fecha, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, sin necesidad de justificar las razones para hacerlo, es legal en 12 de las 32 entidades federativas de México. De modo que hace falta no solamente seguir impulsando la despenalización en los 20 estados que faltan, sino también habilitar el acceso a los servicios de aborto en todo el territorio. Para que sirvan a las mujeres, las leyes tienen que implementarse. La despenalización es un gran primer paso, pero luego es importante actuar frente a la negación del acceso efectivo a los servicios.

¿Qué impacto tendrá el reciente fallo de la Corte Suprema?

El fallo emitido por la Corte Suprema el 30 de agosto, en respuesta a un recurso de amparo presentado por una organización de la sociedad civil (OSC), es muy importante. En el pasado, cuando casos como este llegaban a la Corte, siempre nos callaban con la excusa de la soberanía de los estados para decidir sobre estos temas. Pero la Corte Suprema ha cambiado mucho en la última década, y la despenalización del aborto por vía judicial en Coahuila, y luego en Aguascalientes, abrió el paso para la despenalización del aborto a nivel federal.

Como resultado de este fallo, ahora en todo el país se va a dejar de criminalizar a la mujer que aborta y a la mujer que acompaña a la que aborta. La labor de acompañamiento es central al trabajo de la sociedad civil, y comprende la facilitación de información, además de la revisión y monitoreo de acceso a los servicios relativos al aborto.

Si bien el fallo de la Corte Suprema no resuelve el tema del acceso a los servicios, que es con frecuencia negado en estados donde el aborto ya estaba despenalizado, sí ha servido de recordatorio de que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deben brindar el servicio sin limitantes. Las acompañantes tenemos un papel esencial para verificar que cuando las mujeres recurren a las instituciones públicas de salud esto realmente ocurra.

¿Consideras que este fallo judicial es una victoria del movimiento de mujeres mexicano?

La despenalización del aborto es un enorme logro colectivo del movimiento feminista de México, un movimiento que se mueve en forma articulada en distintos ámbitos y que abarca desde las que informamos y generamos espacios de debate hasta las abogadas que redactan proyectos de ley en favor de los derechos de las mujeres.

Pero debemos tener memoria: el aborto legal, libre y seguro no es una demanda reciente, no comenzó con la marea verde, el movimiento regional que surgió en Argentina y cobró impulso desde mediados de la década de 2010. Es un tema que el movimiento feminista viene impulsando por lo menos desde los años ‘70, cuando feministas en la academia y el movimiento sindical ya abogaban por la despenalización del aborto y maestras y enfermeras reclamaban educación sexual integral para estudiantes de escuelas públicas. Numerosas compañeras y organizaciones nos precedieron en la lucha y nos prepararon el camino para que al fin consiguiéramos el aborto libre, seguro y gratuito.

La incidencia y el trabajo comunitario han marcado la diferencia en esta lucha. Desde nuestra organización nos hemos dedicado a brindar información sobre las causales de aborto legal y a articularnos entre instituciones para que otras organizaciones especializadas puedan capacitar a médicos y enfermeras para asegurar que se brinde el servicio.

¿Cómo trabaja tu organización para promover el derecho al aborto?

Estamos en 12 estados del país, donde nos dedicamos sobre todo a la distribución de información y el armado de redes. Por un lado, brindamos información a mujeres en parques, escuelas, calles y puerta a puerta, en comunidades indígenas, áreas rurales y periferias. Les hacemos saber que el aborto existe y es una opción. También impulsamos redes de mujeres en todo el país para facilitar el acceso al aborto seguro con medicamentos.

Asimismo, trabajamos en red con instituciones que brindan servicios de salud y con otras OSC como Ipas y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, para potenciar el impacto de nuestro trabajo por los derechos de las mujeres mexicanas.

¿Están experimentado reacciones conservadoras?

La situación varía de un estado a otro. Un estado al que tenemos que prestar especial atención es Aguascalientes, un estado muy conservador, con una gobernadora muy conservadora que podría tratar de negar el acceso a los servicios.

Los esfuerzos de las fuerzas conservadoras para limitar el derecho al aborto y a la educación sexual integral podrían resultar en regresiones. Debemos entender que realmente lo personal es político, y que el disfrute de derechos básicos para poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas depende de nuestras elecciones políticas. Muchas personas, sobre todo jóvenes, piensan que la política no es importante, pero la decisión de dejar o no los cargos de gobierno o los asientos legislativos en manos de la ultraderecha acaba teniendo enormes efectos sobre todos los aspectos de nuestras vidas.

¿Qué conexiones mantienen con los movimientos de mujeres de otros países de la región?

Nuestro movimiento es parte de un movimiento más amplio que abarca a toda América Latina y el Caribe. La marea verde ha sido una inspiración para toda la región, llegando incluso a Estados Unidos. La marea ya se ha convertido en un tsunami que ya no para y con el cual nos sentimos profundamente identificadas.

Esta inserción regional también supone mucho trabajo, porque hacemos todo lo que esté en nuestro poder para contribuir a avances en otros países de la región. Por ejemplo, se han presentado iniciativas en Brasil y ahí hemos estado firmando cartas, enviando videos, haciendo declaraciones. En Argentina hicimos lo mismo: incluso algunas viajamos para hablar con los legisladores sobre la realidad mexicana con respecto al aborto. Uno de nuestros mayores referentes fue y sigue siendo Colombia. Hace 16 años fuimos a Colombia para ver cómo se brindaban los servicios y replicarlos en la Ciudad de México.

Estamos muy comprometidas con lo que pasa con nuestras colegas de Centroamérica, donde el aborto está extremadamente criminalizado. Hemos trabajado intensamente para lograr que la despenalización del aborto y el acceso efectivo a este derecho se concreten no solamente en México, sino en toda la región.

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CIVICUS conversa sobre el activismo ambiental de los pueblos indígenas y las esperanzas de la sociedad civil en relación con la próxima COP28 con Fausto Daniel Santi Gualina, líder del pueblo originario de Sarayaku de la Amazonia ecuatoriana.

¿Qué significa ser parte de la comunidad Sarayaku?

El pueblo originario de Sarayaku es parte de la nación Kichwa de la provincia de Pastaza, en la cuenca del río Bobonaza. Según nuestra historia, somos descendientes de los Tayakkuna, quienes navegaron los cursos de los ríos Marañón, Pastaza y Bobonaza, nombrando cada uno de los lugares y territorios que hoy habitamos.

Según la profecía de nuestros sabios, el pueblo de Sarayaku es un pueblo de lucha que jamás se rendirá ante nadie. Sarayaku es el “pueblo del mediodía”, como la flor que florece al medio día. Nos sentimos fuertes, generosos, pacíficos y con mucha sabiduría sobre la naturaleza. Hemos sido pioneros en la defensa y la reivindicación de los derechos colectivos, territoriales y de la naturaleza. Actualmente trabajamos en unidad para alcanzar la verdadera gobernanza territorial – la planificación, administración, conservación y uso del territorio - implementando planes de vida con libre determinación y cohabitando el territorio en armonía con seres humanos, espirituales y no humanos.

¿Qué le inspiró para convertirse en líder comunitario?

Vengo de una familia humilde con una gran cultura de trabajo y de liderazgo, que me inculcó la importancia de estudiar. Soy licenciado por la Universidad Estatal de Cuenca y tengo dos especializaciones: una en cambio climático y ciudades, y otra en liderazgo, gobernanza y administración pública.

Desde muy joven asumí cargos como los de presidente de la clase o del consejo estudiantil. Fui el primero en ocupar la Dirigencia de Jóvenes en la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, mi provincia. Todas estas fueron experiencias que me formaron para ser luego varias veces dirigente de mi pueblo, Sarayaku. He participado en las luchas de los pueblos indígenas, tanto apoyando el caso Sarayaku vs. Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como participando de movilizaciones indígenas a nivel nacional.

Fui coordinador de varios proyectos, por ejemplo uno de gobernanza territorial en las comunidades de la cuenca del Río Bobonaza, financiado por la cooperación vasca, otro para sobre la consulta previa, libre e informada del pueblo Sarayaku. Más tarde asumí cargos públicos como el de presidente del directorio del Fondo Indígena del Ecuador y el de asesor del Parlamento Andino, y participé de varios eventos internacionales sobre cambio climático, un tema que atraviesa transversalmente a nuestra comunidad.

¿Qué problemas ambientales enfrenta actualmente su comunidad?

Las preocupaciones ambientales de nuestro pueblo actualmente se focalizan en la deforestación y en actividades extractivas como la minería y la actividad petrolera. Hace más de 50 años que actores privados vienen generando contaminación de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Esto ha traído enormes consecuencias socioambientales, tales como sequías, enfermedades, pobreza y conflictos sociales.

Desde hace tiempo vivimos en conflicto con una empresa petrolera que invadió nuestro territorio. Experimentamos amenazas y hostigamiento tanto de la empresa como el Estado. Cada día son más nuestros líderes y activistas sociales amenazados. Muchos han sido secuestrados y algunos han sido asesinados. Pero nada de esto nos silencia ni nos detiene, ya que luchamos para salvar nuestros territorios, el espacio de nuestra vida.

También enfrentamos el problema de la falta de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas por parte del Estado de Ecuador. Desde que Sarayaku se organizó oficialmente 45 años atrás se ha vinculado con el Estado mediante la generación propuestas en cuestiones tales como la legalización territorial, la educación bilingüe, la salud intercultural, y el reconocimiento de los derechos colectivos en la Constitución del Ecuador. Todos los logros que hemos conseguido han sido resultado de la incansable lucha de nuestros compañeros y compañeras.

Pero nuestros gobernantes deciden las políticas públicas extractivistas en función de sus intereses. La participación de los pueblos indígenas en los fondos de conservación es nula. Los pueblos indígenas somos los olvidados de las políticas públicas.

¿Qué cuestiones prioritarias espera que se aborden en la cumbre climática COP28?

Un tema prioritario es el financiamiento. Es fundamental trabajar en un financiamiento mediante fondos climáticos que sean exclusivos para los pueblos indígenas, algo hasta ahora inexistente.

También es importante que se reconozca el derecho territorial integral, es decir, el derecho a los espacios de vida de los pueblos indígenas, ya que éstos mantienen la biodiversidad intacta y son sumideros de carbono, es decir, aportan a reducir la crisis climática en forma natural. Estos territorios deben ser reconocidos y declarados libres de toda actividad extractiva a perpetuidad.

Debería haber participación de los pueblos indígenas en las negociaciones oficiales, y sería bueno tener mesas regionales para poder debatir lo que es específico de cada región.

Estamos frente a una crisis climática sin precedentes. Solo con la participación de todos los actores que trabajamos a nivel local, regional, nacional e internacional se podrán establecer y sostener compromisos serios. Por esto la participación de la sociedad civil en la COP28 es tan importante. Realmente espero que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el país anfitrión, tengan la voluntad de acoger a la sociedad civil; caso contrario sería un revés y solo provocaría retrasos en la efectivización de compromisos globales frente al cambio climático.

¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a los resultados?

No tengo grandes expectativas. Estamos frente a un anfitrión que le ha dado un enorme espacio al poder económico. Los EAU son un país petrolero y el presidente de esta COP es el CEO de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, una de las más grandes del mundo. Todo esto pone en riesgo los resultados.

Creo que las COP se están utilizando como una vidriera donde se pretende mostrar que las empresas petroleras están comprometidas con el manejo de la crisis climática, cuando en verdad todos sabemos que no es así. Es simple: si no baja la producción de los recursos fósiles, no es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la crisis climática seguirá su curso catastrófico e irreversible.

Los pueblos indígenas, con o sin el reconocimiento y el apoyo de los Estados, venimos contribuyendo a la respuesta a la crisis climática. Lo seguiremos haciendo, pero para que nuestro trabajo tenga verdadero impacto necesitamos una coalición global de los pueblos indígenas y la sociedad civil. Debemos desarrollar nuestras propias COP para mostrar nuestro compromiso y presentar las iniciativas en las que trabajamos a diario de manera pragmática. Somos la esperanza del mundo.

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CIVICUS conversa con Isabel Abella Ruiz de Mendoza sobre las violencias machistas de carácter sistémico que enfrentan las mujeres en el ámbito del deporte, evidenciadas en un reciente caso de abuso de poder que involucró a la mayor autoridad de la federación del fútbol español.

Isabel es deportista y responsable de igualdad y de infancia y adolescencia de dos clubes de balonmano. Es socia fundadora y directora de Abella Legal, un despacho de abogadas y consultora de igualdad, especializada en el ámbito del trabajo y del deporte. De 2018 a 2023 lideró el Servicio Vasco ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el deporte en Euskadi.

¿Cuáles fueron las reacciones de la opinión pública frente al beso público no consentido del presidente de la federación de fútbol a la jugadora Jenni Hermoso?

El beso no consentido que el presidente de Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria del equipo español en la Copa Mundial Femenina fue apenas una de las caras visibles, y aún normalizadas, de la violencia machista.

En la tipología de las manifestaciones de la violencia machista que las mujeres enfrentan a diario en su ámbito laboral, en este caso el deportivo, se trata de una violencia de tipo sexual. Sin embargo, es importante tener presente que detrás de esta expresión de violencia es posible que se estén produciendo otras, de tipo psicológico, económico y social, tanto contra ella como contra su entorno cercano, así como contra muchas personas que la han apoyado, incluso en el entorno virtual.

Frente a este hecho, la opinión pública se ha dividido. Hay quienes consideramos que tenemos la responsabilidad de trabajar por la igualdad en el deporte y por erradicar todas las expresiones de violencia machista. Sin embargo, otras personas han banalizado, minimizado, negado, ignorado o ridiculizado este episodio. Esta diversidad de reacciones refleja los distintos niveles de conciencia feminista de la población.

¿Por qué las autoridades del deporte tardaron tanto en condenar el hecho?

¿Qué formación en igualdad tienen las personas que lideran esas organizaciones? Siendo un sector muy masculinizado, ¿cuántos han tomado conciencia y desarrollado un pensamiento crítico frente a la masculinidad hegemónica y sus prácticas? ¿Cuántos han escuchado a las jugadoras y mujeres profesionales del sector? ¿Cuántos han renunciado a sus privilegios? ¿Cuántos se han comprometido con un proyecto personal de transformación? ¿Qué instrumentos para abordar y erradicar las discriminaciones contra las mujeres en el fútbol han diseñado y puesto en marcha? ¿Qué medidas efectivas han adoptado?

Todas estas preguntas nos podrían acercar a las causas de los tiempos, reacciones y medidas adoptadas.

¿Piensas que este tipo de incidentes es indicio de problemas más profundos?

Efectivamente, un beso no consentido es una manifestación visible y explícita de la violencia machista, es decir, parte de lo que se conoce como la punta del iceberg, y esconde la discriminación estructural que enfrentamos las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluidos el deporte y el trabajo.

Este acontecimiento no es un hecho puntual. Las discriminaciones y las violencias machistas contra las mujeres en el deporte están presentes en todas las disciplinas y espacios deportivos y de trabajo.

Debemos un profundo agradecimiento a las jugadoras de la selección porque están consiguiendo abrir importantes grietas en el machismo del deporte. Su lucha es una muestra más de todo lo que nos queda aún por recorrer para alcanzar un deporte justo y libre de discriminaciones.

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CIVICUS conversa con Eleonora Giovio, redactora de deportes del periódico El País de España, sobre los abusos sistémicos que enfrentan las mujeres en el ámbito del deporte, evidenciado en un reciente caso de abuso de poder por parte de la mayor autoridad de la federación del fútbol español.

¿Cuáles fueron las reacciones de la opinión pública frente al beso público no consentido del presidente de la federación de fútbol a una jugadora?

La primera reacción frente al beso no consentido del presidente de Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria del equipo español en la Copa Mundial Femenina fue de asombro, seguida de una fuerte condena en redes sociales.

Lo peor para mí fue que esa misma noche, y después de que Jenni Hermoso grabara en el vestuario un vídeo en el que decía que es beso no le había gustado, Rubiales interviniera en un programa de radio bromeando sobre eso, él y el presentador. Se lo tomaron a coña, se rieron de las mujeres, Rubiales dijo que no estaba para “gilipolleces” y que las personas a las que les había molestado ese beso eran “tontos del culo”. Restó importancia a su conducta machista e inapropiada. Por supuesto que no vio abuso de poder e insultó a todas las personas a las que ese beso nos había parecido inaceptable.

A partir de esas declaraciones el rechazo en las redes sociales se hizo más fuerte y contundente, además de extendido, porque el hecho fue televisado en directo en todo el mundo. El presentador del programa al día siguiente pidió disculpas porque, dijo, desconocía los aspectos legales y no se había dado cuenta de que podía tratarse de un delito.

La condena de la opinión pública fue generalizada y rápidamente se sumaron los políticos. El tsunami terminó por desatarse definitivamente cuando la capitana del equipo, Alexia Putellas, que durante todo el año había mantenido un perfil bajo y alejado de los focos, tuiteó su famoso #seacabó en solidaridad con su compañera Jenni Hermoso. Aquello fue imparable.

Sin embargo, muy pocos jugadores del plantel masculino se manifestaron. Yo no me esperaba otra cosa, porque sé que el fútbol es un mundo tremendamente machista y misógino. Un ejemplo de ello es el caso de Dani Alves, un jugador en prisión provisional por abuso sexual. Cuando la situación trascendió, la reacción del entrenador del F.C. Barcelona fue decir que lo sentía por él. Nunca se ponen en el lugar de la víctima.

Hubo otro caso en el que el silencio fue atronador, cuando salieron a la luz unos mensajes de WhatsApp de un entrenador del equipo femenino del Rayo Vallecano en el que jaleaba una violación grupal porque supuestamente unía al vestuario, y nadie del mundo del fútbol salió a decir que eso es intolerable y vergonzoso.

Evidentemente hay quienes piensan que las mujeres estamos exagerando. Pero la realidad es que ya no estamos dispuestas a tolerar faltas de respeto o abusos de poder. Ya no hay vuelta atrás.

¿Por qué los organismos que gobiernan el deporte tardaron tanto en condenar el hecho? ¿Cuál hubiera sido la respuesta adecuada?

La RFEF no solamente tardó en condenar el hecho, sino que inicialmente obligó a Hermoso a hacer un vídeo junto con Rubiales para dar una falsa imagen de unidad y tranquilidad. Hermoso se negó y la Federación sacó un comunicado atribuyéndole frases que ella aseguró no haber dicho. Eso es muy grave y de hecho la Fiscalía se ha querellado, además de por agresión sexual, también por coacciones.

Curiosamente, fue la FIFA la que, pese a su largo historial de escándalos de corrupción, inhabilitó a Rubiales. Si bien el gobierno de España se mostró muy rotundo, la RFEF es un organismo privado. Los mecanismos para inhabilitar a un presidente de federación son muy complicados, y encima el Tribunal Administrativo del Deporte consideró que la falta de Rubiales había sido “grave”, pero no “muy grave”.

La RFEF es una estructura tremendamente machista. Sus integrantes son hombres de federaciones territoriales que se apoyan y encubren entre ellos. Las federaciones son territorio no solo de hombres sino también de machos, en su amplia mayoría. Muchos llevan en sus cargos muchísimos años. Hace falta una reestructuración profunda. En España hay solamente dos mujeres presidentas de federaciones y solo 14% de sus puestos directivos están en manos de mujeres. A este ritmo un cambio sustancial llevará varias décadas.

Por otra parte, si bien es muy difícil retirar los patrocinios, ya que hay contratos que cumplir, me pareció feo que los patrocinadores no condenaran un gesto que no solamente estuvo fuera de lugar sino que además es un delito. El único patrocinador que publicó un comunicado condenatorio fue la compañía aérea Iberia. Iberdrola, una empresa de electricidad, la que más ha invertido en el fútbol y en el deporte femenino, sacó otro comunicado pero después de que yo publicara un artículo en la página web de El País. Por lo demás, silencio. Yo creo que tendrían que haberse mostrado más firmes en la condena, en particular en el marco de la protesta unánime que hubo en España.

¿Hechos como estos ocurren con frecuencia en el ámbito deportivo?

Yo creo que el deporte no se libra de los abusos de poder, abusos psicológicos y abusos sexuales. Pasan en la sociedad, en la iglesia, en el cine, en todas partes. No hay razones para pensar que el deporte esté libre de abuso. Lo que pasa es que es difícil sacarlo a la luz porque está muy arraigada la idea de que el deporte es un entorno positivo, muy bueno para el desarrollo de niños y niñas, de convivencia, de valores, de esfuerzo y sacrificio. Nadie quiere poner en evidencia su lado más oscuro.

Ojalá el caso de Jenni Hermoso sirva de oportunidad para emprender una reestructuración profunda, empezando por el fútbol, pero luego también en las demás federaciones deportivas. Es un buen momento para empezar a cambiar dinámicas de poder y de trabajo, para reformar estructuras e incluir a más mujeres, que las hay, muchas y muy preparadas. Se debe dejar de considerar normales conductas abusivas y dinámicas de poder que subordinan a las mujeres. Tengo la sensación de que así dentro de 15 o 20 años recordaremos este hito como el momento en que comenzó el cambio.

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CIVICUS conversa con Ana María Diez, presidenta de Coalición por Venezuela, acerca de la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos que intentan llegar por tierra a los Estados Unidos.

Coalición por Venezuela es una red de organizaciones de la sociedad civil venezolanas que promueven y defienden los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos, proporcionan atención humanitaria dentro y fuera de Venezuela y promueven el desarrollo de los países de acogida de migrantes venezolanos.

¿Qué efectos han tenido los recientes cambios en la política migratoria de Estados Unidos sobre la migración venezolana?

Los cambios en la política migratoria de los Estados Unidos no han tenido efectos sustanciales positivos. La gente sigue apostando a irse hacia el norte y los coyotes se siguen aprovechando de las personas que trafican entre fronteras.

La nueva política de los Estados Unidos no ha tenido gran éxito en frenar las olas de migración. No ha habido una comunicación efectiva que lograra explicar a las personas migrantes cómo funciona el parole humanitario, que es un permiso de permanencia temporal que se brinda a personas de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense y venezolana por razones humanitarias urgentes o motivos de beneficio público y ofrece una vía legal para permanecer en Estados Unidos por al menos un año sin visa.

El parole humanitario tiene una serie de requisitos estrictos: hay que estar fuera de Estados Unidos, tener un patrocinador y un pasaporte válido y vigente, pasar una serie de investigaciones de seguridad de los Estados Unidos, presentar una serie de certificados, por ejemplo, de vacunación, y acreditar razones ya sea de urgencia humanitaria o de beneficio público significativo. De ahí que no pueda considerárselo una medida alternativa para las personas que deciden cruzar el Tapón del Darién, la zona de densa selva tropical ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá.

¿Cómo es el paso por el Darién?

El Darién conecta América del Sur y América Central y es paso obligado hacia el norte para quienes hacen el trayecto por tierra. Por lo tanto, es la ruta principal para los migrantes venezolanos con mayor vulnerabilidad. Se puede salir de Colombia por muchos puntos, pero todas las rutas confluyen en el Darién, al que los migrantes llaman “la selva del infierno”. Todos los que lo han cruzado dicen que subestimaron su paso por la selva.

Yo estuve hace poco más de un mes en la estación migratoria de San Vicente, en la provincia panameña de Darién. Allí es adonde llegan las personas tras el cruce y reciben atención médica. En ocasiones, de grupos de diez personas con las que hablaron nuestros equipos, las diez -hombres, mujeres, niños y personas mayores- habían sido violadas o abusadas sexualmente.

Los niños y niñas llegaban en estado de shock psicológico: de inmediato comenzaban a hablar al unísono de los cadáveres que habían visto en el camino. Esto los marca profundamente. Estos niños tienen una infancia doblemente interrumpida: primero por la migración, y segundo por la violencia que han presenciado o experimentado en este proceso.

No se puede hablar del Darién sin hablar de redes de trata, de tráfico de personas, de abuso sexual, de niños cruzando no acompañados, a veces hasta por segunda vez. En procesos migratorios como estos estamos ante niños, personas mayores, familias completas que viajan incluso con sus mascotas. Su vulnerabilidad los expone a todo tipo de abusos. El Darién se está cobrando muchísimas vidas que ni el gobierno colombiano ni el panameño logran siquiera cuantificar. Muchos cadáveres no son reclamados por nadie.

¿Qué consecuencias traería el cierre del Darién que Panamá dice estar considerando?

Cuando escucho que Panamá está pensando en cerrar el paso por el Darién, lo que realmente escucho es a Panamá pidiendo auxilio. Panamá necesita apoyos regionales para compartir la responsabilidad de lidiar con este tema. Estos no son sus migrantes, pero esto no debería ser una excusa para no incorporar a muchos de ellos en el país. Sencillamente Panamá quisiera que el flujo migratorio desaparezca, cosa que no va a suceder.

El cierre del Darién como tal no es posible porque no se trata de una vía claramente definida sino de una veintena de pasos por una selva muy extensa. No hay manera de cerrar una selva. Resta por ver qué tipo de medidas contundentes, como las llamó el gobierno, tomará Panamá. Pero no creo que tengan mucho efecto, ya que las personas seguirán buscando otras rutas dentro de la selva, así como rutas marítimas para llegar a Panamá y seguir hacia el norte.

¿Qué trato reciben las personas migrantes venezolanas en Estados Unidos?

Cuando una ciudad, un estado o un país recibe grandes flujos migratorios en muy poco tiempo, tiende a haber picos de xenofobia. Esto está sucediendo en muchos lugares que han recibido grandes flujos de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades

Sin embargo, hay un contraste entre las políticas gubernamentales y las actitudes del pueblo estadounidense, muchas veces receptivas y fraternas. Éstas han contrastado fuertemente con las políticas adoptadas, por ejemplo, en el estado de la Florida, que es un estado históricamente construido y habitado por inmigrantes o por hijos de inmigrantes.

En términos generales el pueblo norteamericano, que históricamente ha recibido inmigrantes de todo el mundo, está abierto a recibir población venezolana en condiciones adecuadas para que se integre en su país. Solo resta que la política norteamericana se encauce en esa dirección, empezando por el derecho a solicitar refugio en territorio norteamericano, que es una de las cosas que impide el parole humanitario.

¿Qué trabajo hace Coalición por Venezuela, y qué apoyos necesita para poder seguir haciéndolo

Coalición por Venezuela comenzó hace cinco años con 31 organizaciones, y hoy incluye a 98 organizaciones legalmente constituidas y federadas, lideradas por migrantes y refugiados venezolanos, y tiene presencia en 23 países. Nuestro funcionamiento en red nos facilita compartir conocimiento, buenas prácticas y formas de intervención exitosas y nos permite abarcar temas que van desde la asistencia humanitaria hasta la defensa de derechos civiles y políticos.

A pesar de tener todo este trabajo, recién ahora en 2023 recibimos nuestro primer financiamiento. Necesitamos toda la ayuda posible, en especial para trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de nuestras organizaciones. También necesitamos ayuda que vaya dirigida directamente a las organizaciones de nuestra red, específicamente en Centroamérica. En la acción humanitaria hay muchos intermediarios y las organizaciones que están en el terreno son el último eslabón. El impacto se multiplicaría varias veces si la ayuda y el financiamiento se dirigieran directamente a las organizaciones de base comunitaria.

Coalición por Venezuela no se limita al trabajo con personas venezolanas. Vemos la necesidad de personas de otras nacionalidades y las asistimos. También trabajamos con redes de personas migrantes o refugiadas de otras partes del mundo porque queremos aprender de procesos de larga data. Para nosotros esta es una crisis relativamente nueva. Los venezolanos estábamos acostumbrados a recibir migrantes y exiliados, personas que huían de dictaduras. Y ahora nos tocó emigrar a nosotros: cerca del 20% de nuestra población ha salido del país. Estamos trabajando con otros y aprendiendo de ellos, lo cual nos enorgullece.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), sobre las elecciones que tendrán lugar en Ecuador el 20 de agosto, la irrupción de la violencia política y el crimen organizado y sus implicancias para la sociedad civil y el futuro del país.

La FCD es una organización de la sociedad civil (OSC) ecuatoriana que promueve y defiende el estado de derecho, los principios democráticos y las libertades individuales y fomenta la participación ciudadana, el control social, la transparencia, el gobierno abierto y la innovación pública.

¿Por qué Ecuador enfrenta elecciones generales a solamente dos años de haber estrenado nuevo presidente?

Tendremos nuevas elecciones porque el actual presidente recurrió al mecanismo conocido como “muerte cruzada”, establecido en la Constitución vigente desde 2008, que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional en función de varias causales. Es conocido coloquialmente como “muerte cruzada” debido a que “matar” al Legislativo también causa la “muerte” del Ejecutivo. En mayo de este año, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional porque, a su criterio, ésta había provocado una grave crisis política, en el marco de un juicio político en su contra por acusaciones de corrupción en su entorno cercano. El uso de este mecanismo permite al presidente seguir gobernando brevemente sin el Congreso, pero exige la convocatoria a elecciones tanto legislativas como presidenciales en un período breve, para elegir a quienes completarán el mandato vigente. Es por eso que el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales y legislativas para este 20 de agosto. Quienes resulten electos en este proceso gobernarán aproximadamente por 18 meses, que es el tiempo que le resta al período que termina en mayo de 2025.

¿Cómo ha evolucionado el espacio cívico bajo este gobierno, y cuáles son las perspectivas a futuro?

Durante los poco más de dos años que lleva este gobierno la situación del espacio cívico no ha cambiado mucho respecto del período anterior. Si bien es cierto que se reformó la Ley Orgánica de Comunicación para dar mayores garantías a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, el entorno hostil contra medios y periodistas se ha mantenido vigente. Posiblemente el principal agresor ya no sea el presidente, pero persiste la idea de que hay personas que tienen derecho a callar a otras por el único hecho de pensar distinto. Hay un ambiente de censura y autocensura que no ha cambiado.

Tampoco han cambiado las condiciones normativas bajo las cuales funcionan las OSC. A pesar de que las autoridades ya no las persiguen ni intimidan, las normas que les permitirían hacerlo continúan vigentes. No se ha avanzado en la aprobación de una ley para la sociedad civil que garantice plenamente la libertad de asociación.

Finalmente, en cuanto a la libertad de reunión pacífica, las protestas de junio de 2022 pusieron en evidencia los débiles procedimientos con que cuentan las autoridades para garantizarla. Aún hay mucho trabajo por hacer al respecto y el reto por delante es enorme.

Debo decir que CIVICUS, organización de la cual somos miembros, ha sido clave en visibilizar la situación del espacio cívico en Ecuador y su evolución en los últimos años.

¿Están dadas las condiciones para unas elecciones limpias y transparentes?

Desde FCD consideramos que existen las condiciones generales para un proceso electoral limpio y transparente. El Consejo Nacional Electoral a cargo de este proceso es el mismo que organizó las presidenciales de 2021 y las seccionales de hace pocos meses. Se trató de procesos que, en rasgos generales, han sido destacados por las misiones de observación electoral. Hay algunos temas pendientes de resolución, principalmente en lo relativo al financiamiento de la política, pero en cuanto a la organización del proceso confiamos en que todo saldrá bien.

Desde la sociedad civil hubiéramos querido colaborar mucho más para apoyar estas elecciones, pero este proceso se presentó de manera sorpresiva sin que las organizaciones que habitualmente intervenimos estemos en condiciones de implementar todas nuestras iniciativas. No obstante, se hará observación electoral nacional, hemos implementado campañas de voto informado, promovido transparencia en cuanto a las hojas de vida de los candidatos y sus planes de gobierno, e incluso monitoreado, aunque de manera básica, cuestiones relativas al financiamiento de la política. El reto es enorme, pero confiamos en hacer nuestra parte con miras a fortalecer un proceso electoral extraordinario que nunca vimos venir.

¿Cuáles han sido los temas centrales de la campaña?

Estas semanas hemos visto una campaña apática y muy débil en cuanto a propuestas. Los candidatos parecen haber entendido que lo que se está eligiendo es un gobierno de transición que durará unos pocos meses y no le dan la importancia debida. Poco se ha hablado de derechos y libertades fundamentales en un contexto en el que la seguridad es el foco principal de la atención pública. Esto nos genera una gran preocupación, pues frente a la situación crítica de inseguridad a nivel nacional, la ciudadanía pide soluciones rápidas sin importar si su implementación viola derechos y libertades. En materia de seguridad, por ejemplo, varios candidatos se han referido al uso de la fuerza por fuera de lo que establecen los derechos básicos y los estándares internacionales vigentes en Ecuador y en la región.

Lamentablemente, es difícil que en un período tan corto como el que tendrá el futuro presidente pueda destrabarse una situación tan grave como la que atraviesa Ecuador. Las principales preocupaciones de los de ecuatorianos están centradas en la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. Se espera que el nuevo gobierno actúe en estos temas escuchando a la ciudadanía y poniendo fin a la autosuficiencia que ha caracterizado al gobierno saliente. Aunque el tiempo sea corto, el gobierno de transición debería establecer líneas de acción básicas, ya sea para darles continuidad en el siguiente periodo o para que quien acceda al poder en 2025 cuente con bases para poder hacerlo.

¿Cómo cambia el escenario político con el asesinato de Fernando Villavicencio?

La violencia política no es algo nuevo en Ecuador: en los últimos procesos electorales ha habido amenazas y agresiones contra candidatos, e incluso atentados que han llegado a costarles la vida.

Sin embargo, esta es la primera vez en mucho tiempo que un candidato presidencial es víctima de un asesinato. Las condiciones en que ocurrió el atentado contra Fernando Villavicencio son reveladoras. Era un candidato con una evaluación de riesgo superior al 95%, que contaba con protección policial y que venía denunciando permanentes amenazas en su contra.

Este hecho afecta no solamente el panorama electoral sino también la propia democracia ecuatoriana, que ha cedido terreno al crimen organizado y a la narcopolítica. Si las instituciones actúan de manera oportuna y no solo evitan que hechos como este se repitan, sino que además logran poner fin a la impunidad reinante, fortaleceremos una débil democracia que viene pidiendo auxilio a gritos. Para ello hay mucho trabajo por delante, articulando esfuerzos entre la institucionalidad pública, la sociedad civil, el sector privado y los actores políticos, poniendo al país por delante de cualquier interés particular.

¿Qué apoyos internacionales necesita la sociedad civil ecuatoriana para continuar haciendo su trabajo?

Después de lo que ha sucedido en el país durante los últimos años, el punto de partida es lograr que la cooperación internacional no abandone a la sociedad civil ecuatoriana. También deben entender que si bien es más rentable – comunicacionalmente hablando – salvar el medio ambiente, proteger especies o apoyar desarrollo comunitario, mantener el apoyo a las organizaciones e iniciativas que trabajamos a favor de la democracia y el espacio cívico es fundamental, porque sin ellos ninguna otra iniciativa es viable.

La comunidad internacional debe mantener la mirada en el Ecuador y buscar aliados locales para detener los retrocesos democráticos que estamos experimentando. Debe haber un trabajo conjunto para fortalecer a la sociedad civil en tanto que uno de los pilares fundamentales de la democracia.

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CIVICUS conversa con Nadia Benaissa, asesora jurídica de Bits of Freedom, sobre los riesgos que plantea la inteligencia artificial (IA) para los derechos humanos y el papel que está desempeñando la sociedad civil en el desarrollo de un marco jurídico para la gobernanza de la IA.

Fundada en 2000, Bits of Freedom es una organización de la sociedad civil (OSC) holandesa que tiene como objetivo proteger los derechos a la privacidad y a la libertad de comunicación influyendo sobre la legislación y la política tecnológica, asesorando sobre políticas, generando conciencia y emprendiendo acciones legales. Bits of Freedom también participó en las negociaciones de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea.

¿Qué riesgos plantea la IA para los derechos humanos?

La IA plantea riesgos importantes porque puede exacerbar desigualdades sociales preexistentes y profundamente arraigadas. Entre los derechos que se ven afectados están el derecho a la igualdad, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

En los Países Bajos hemos registrado varios casos de violaciones de derechos humanos por parte de sistemas algorítmicos. Uno de estos casos fue un escándalo en el que padres y madres que recibían prestaciones sociales para el cuidado infantil fueron identificados, perfilados y acusados injustamente. El perfilamiento afectó sobre todo a personas de color, de bajos ingresos y musulmanas, a quienes la autoridad fiscal acusó falsamente de haber cometido fraude. Esto dio lugar a la suspensión de las prestaciones de padres, madres y cuidadores identificados y a procesos hostiles de investigación de sus casos, lo cual les provocó graves perjuicios financieros.

Otro ejemplo es el programa de prevención de la delincuencia “Top400” implementado en el municipio de Ámsterdam, que elabora perfiles de menores y jóvenes para identificar a los 400 que tienen más probabilidades de cometer delitos. Esta práctica afecta desproporcionadamente a niños y jóvenes de clase baja y de color, ya que el foco geográfico del sistema está sesgado hacia los barrios de bajos ingresos y de inmigrantes.

En estos casos, el uso poco ético de las herramientas de IA provocó una inmensa angustia a las personas afectadas. La falta de transparencia en la forma en que se tomaron las decisiones automatizadas no hizo sino añadir más dificultades en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas. A muchas de las víctimas les resultó difícil demostrar los sesgos y errores del sistema.

¿Hay algún intento en curso de regular la IA?

Existe un proceso en curso a nivel europeo. En 2021, la Comisión Europea (CE) propuso un marco legislativo, la Ley de IA de la Unión Europea (UE), para abordar los desafíos éticos y legales asociados a las tecnologías de IA. El principal objetivo de la Ley de IA de la UE es crear un conjunto exhaustivo de normas que rijan el desarrollo, la implantación y el uso de la IA en todos los Estados miembros de la UE. Pretende mantener un equilibrio entre la promoción de la innovación y las garantías de protección de derechos y valores fundamentales.

Esto tiene una importancia significativa: es una oportunidad única para que Europa se distinga dando prioridad a la protección de los derechos humanos en la gobernanza de la IA. Sin embargo, la ley aún no ha sido aprobada. Una versión de la misma fue aprobada por el Parlamento Europeo en junio, pero aún queda un debate final -el llamado “diálogo a tres bandas- entre la CE, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. La CE está presionando para finalizar el proceso a finales de año, de modo que pueda someterse a votación antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

Este diálogo a tres bandas deberá superar desafíos considerables para lograr una Ley de AI completa y eficaz. Abundan las cuestiones controvertidas, como las definiciones de IA y las categorías de alto riesgo, así como sus mecanismos de aplicación y cumplimiento.

¿Qué aporta la sociedad civil, incluida Bits of Freedom, a la mesa de negociaciones?

A medida que han avanzado las negociaciones de la ley, una coalición de 150 OSC, entre las que se cuenta Bits of Freedom, ha instado a la CE, al Consejo y al Parlamento a dar prioridad a las personas y a sus derechos fundamentales.

Junto con otros grupos de la sociedad civil, hemos colaborado activamente en la redacción de enmiendas y participado en numerosos debates con miembros de los parlamentos europeo y holandés, tomadores de decisiones y otras partes interesadas. Presionamos firmemente a favor de prohibiciones concretas y sólidas, como las relativas a la identificación biométrica y la vigilancia policial predictiva. Además, hicimos hincapié en la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la reparación efectiva en el uso de sistemas de IA.

Hemos conseguido importantes logros de incidencia, entre los que se incluyen la prohibición de la identificación biométrica en tiempo real y ex post, una mejor formulación de las prohibiciones, la obligatoriedad de las Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Fundamentales, el reconocimiento de más derechos en materia de transparencia, rendición de cuentas y reparación, y la creación de una base de datos obligatoria sobre IA.

Pero reconocemos que aún queda trabajo por hacer. Seguiremos presionando para conseguir la mejor protección posible de los derechos humanos y seguiremos centrándonos en las demandas planteadas en nuestra declaración ante los participantes del diálogo a tres bandas de la UE, que se resumen en empoderar a las personas afectadas con un marco de rendición de cuentas, transparencia, accesibilidad y reparación, poner límites a la vigilancia perjudicial y discriminatoria por parte de las autoridades de seguridad nacional, policiales y migratorias, y hacer frente a los grupos de presión de las grandes empresas tecnológicas eliminando las lagunas jurídicas que socavan la regulación.

El proceso hacia una regulación exhaustiva y efectiva de la IA está en marcha, y seguimos comprometidos con la tarea de garantizar que el marco legal final abarque nuestras peticiones críticas. Aspiramos a crear juntos un marco regulatorio de la IA que dé prioridad a los derechos humanos y proteja a las personas.

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CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas LGBTQI+ en el contexto preelectoral con Emilio de Benito, vocal de Salud y Mayores del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM).

Fundada en 1986, COGAM es una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja por la igualdad de las personas LGBTQI+. Es una de las entidades fundadoras de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España y una de las impulsoras del matrimonio igualitario, legalizado en 2005.

¿Qué cambios se han producido en la situación de las personas LGBTQI+ en España en los últimos años?

Con la aprobación, en marzo de este año, de la Ley Trans, la situación en España es, al menos sobre el papel, una de las mejores del mundo. La Ley Trans establece la libre determinación del sexo registral con la sola voluntad de la persona, prohíbe las terapias de conversión e impone medidas para la diversidad en la educación y el empleo.

Sin embargo, tenemos un problema: el aumento de los discursos de odio propagados por la ultraderecha, representada por Vox, e incluso por el más tradicional partido conservador, el Partido Popular (PP). La campaña para estas elecciones se ha visto plagada de expresiones de homofobia y transfobia. Hemos visto a políticos negarse a dirigirse a personas trans de manera consistente con su identidad de género y amenazar con abolir leyes que han consagrado derechos, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley Trans. Esto se ha visto reflejado en un aumento del acoso contra las personas LGBTQI+ tanto en las aulas como en la calle. Según datos oficiales, el año pasado, los delitos de odio en España aumentaron 45%, aunque es posible que la cifra real sea bastante mayor, porque la gente no siempre denuncia. La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social.

¿Por qué los derechos de las personas LGBTQI+ se han transformado en un tema de campaña?

El último año se ha debatido mucho sobre la Ley Trans, que se aprobó en febrero. Es por eso que varios partidos políticos han incluido el tema en su agenda. Esta ley es posiblemente la más chocante para la extrema derecha y afecta a muy poca gente, por lo que aún si no la intentan derogar, seguro la intentarán modificar. Es decir, en el mejor de los casos se volverá a necesitar un diagnóstico médico que patologice la transexualidad, y a los menores no se los atenderá o se les pondrán trabas.

En cuanto a la Ley de Matrimonio Igualitario, dudo que el PP sea capaz de derogarla, aunque Vox sí lo reclama. En cambio, es más probable que busquen poner obstáculos a la adopción o a la filiación del hijo de tu pareja.

Lamentablemente, también hay un rechazo muy fuerte de la Ley Trans por parte de algunos feminismos de izquierda, que le han dado una ventaja adicional a la derecha. Yo creo, sin embargo, que se trata de un debate filosófico más que legal. Podemos debatir cuanto queramos qué es lo que hace que nos identifiquemos como hombres o como mujeres, pero aun así debemos reconocer el derecho de cada persona a expresar su identidad.

¿Está el movimiento LGBTQI+ alineado con alguna opción política en estas elecciones?

Nosotros no nos alineamos con ningún partido político, pero sí que advertimos que hay partidos, como Vox, con mensajes y propuestas que atentan contra nuestros derechos. Esto no ha estado exento de controversias. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España se ha montado una campaña para llamar a no votar a la derecha, pero hay quienes se han manifestado en desacuerdo porque en principio se puede ser de derecha en lo económico sin ser homofóbico. Pero en ese caso, ambas cosas coinciden.

Pedro Zerolo, un activista gay muy importante que impulsó en su momento el matrimonio igualitario, solía decir que os derechos no solo hay que conquistarlos y disfrutarlos, sino también defenderlos. Claramente ahora estamos en el punto en que debemos defender nuestras conquistas.

De modo que todos los colectivos LGBTQI+ hemos intervenido en la campaña electoral. Lo hemos hecho durante el Orgullo de Madrid, que es uno de los más importantes del mundo no solamente por su extensión –dura cuatro días– y por la cantidad de gente que convoca, incluida mucha gente que no es del colectivo, sino también porque incluye numerosas actividades culturales y sociales. También hemos participado en debates con partidos políticos: en COGAM, por ejemplo, tuvimos un debate con representantes de cuatro partidos. No todos eran partidos de izquierda, aunque son éstos los que siempre quieren reunirse con nosotros, escucharnos y saber nuestra opinión. Pero a la extrema derecha no la invitamos, ya que no tiene sentido que le demos voz.

¿Cuáles son los posibles escenarios post-electorales?

El PP se ha opuesto a todas las leyes que reconocieron derechos de las personas LGBTQI+ y las mujeres, e incluso las han llevado al Tribunal Constitucional. Pero cuando éste ha concluido que esas leyes no infringen ninguna norma constitucional, los gobiernos del PP no las han derogado. Sin embargo, es posible que ataque la Ley Trans. Uno de los grandes logros de esta ley es que escucha a los menores de edad. Cuando los menores saben perfectamente quiénes son y quieren ser, no tiene sentido reprimirlos hasta que sean mayores de edad. Pasa lo mismo con el aborto: antes las menores de 16 años tenían que contar con permiso de sus padres, pero luego este requisito se eliminó porque hay casos, por ejemplo de incesto, en que era problemático. Creo que con los menores van a intentar volver atrás en estos derechos.

También podrían volver a exigirles a las mujeres trans dos años de tratamiento psicológico de diagnóstico. A los hombres trans directamente los han borrado el debate, como si no existieran. Hay demasiada preocupación por lo que podría llegar a pasar si una mujer trans entra a un vestuario femenino, pero a nadie le preocupa lo que le puede pasar a un hombre trans en el gimnasio.

En el terreno de educación es posible que ocurran retrocesos muy graves, por ejemplo que se nos quite la posibilidad de explicar la realidad de las personas LGBTQI+ en las escuelas. Para un adolescente o preadolescente LGBTQI+ es fundamental que alguien le diga que lo que le pasa no es frecuente, pero tampoco es anormal, y que puede ser feliz. Pero este mensaje lo están tratando de borrar.

Incluso estructuras como las consejerías de igualdad, los organismos de igualdad de los gobiernos locales y regionales, en muchos sitios están desapareciendo o diluyéndose, rebautizados como “organismos de familia” cuando pasan a manos de la extrema derecha. Lógicamente, cuando las OSC del colectivo LGBTQI+ precisemos apoyo del Estado para nuestras campañas, la respuesta va a ser muy floja, si es que la hay.

El movimiento LGBTQI+ ha impulsado importantes cambios legales. ¿De qué manera ha trabajado para conseguir el apoyo de la opinión pública?

La mayoría de las organizaciones LGBTQI+ en España somos actores políticos y no solamente asistenciales. Hacemos incidencia con partidos, diputados y funcionarios. Pero en mi opinión, nuestra principal labor pasa por la creación de visibilidad.

Los eventos del Orgullo que se celebran en España, pero especialmente los de Madrid, Barcelona y Valencia, nos dan una visibilidad que hace que el resto de la población se nos acerque. Ahora tenemos una senadora trans. Hacemos campañas en medios. Usamos en forma especialmente intensiva las redes sociales porque nos permiten dos cosas: una, llegar a las y los adolescentes y preadolescentes LGBTQI+; y dos, proyectar una imagen proactiva y positiva a toda la sociedad.

Pero somos conscientes de que la visibilidad también nos expone. Todos los años tras los eventos del Orgullos hay una pareja de chicos que, al regresar de Chueca, el barrio donde se concentra el Orgullo de Madrid, a sus barrios a las afueras les pegan en cuanto salen del metro. Siempre pasa, porque vuelven del centro sintiéndose los reyes del mundo. Han estado felices, integrados, libres. En esa euforia no se dan cuenta de que han entrado en una zona peligrosa, donde el mensaje de odio ha calado hondo. Y en estos días hay menos reparo en insultarte. Hace unos años la gente no lo hacía o lo hacía por lo bajo, pero ahora están envalentonados, lo hacen como presumiendo.

¿Qué clase de vínculos mantienen con organizaciones LGBTQI+ a nivel internacional?

A nivel nacional en España nos organizamos en la Federación Estatal, la cual mantiene relaciones con ILGA, la Asociación Internacional LGBTI. Varias organizaciones españolas también están muy enfocadas en América Latina y otros países de habla hispana como Guinea Ecuatorial. En esta excolonia española en África, por ejemplo, acaban de lanzar una campaña.

Otra forma de colaboración pasa por el trabajo con personas migrantes LGBTQI+ procedentes de Latinoamérica. Los principales grupos de población extranjera en España son de Rumania, Marruecos y luego de Venezuela, Colombia y Ecuador. Somos un sitio de refugio. Es fácil culturalmente, y además muchos tienen antecedentes españoles, lo que les facilita la estancia y les puede incluso dar acceso a la nacionalidad. En esto desempeñamos un papel claro. De hecho, como nuestras webs están en español son muy fácilmente consultables por las organizaciones de Latinoamérica y nuestros mensajes les llegan sin ninguna barrera.

Sin embargo, tal y como está la situación, es más usual que nosotros hagamos campaña para apoyar a otros, y no que otros nos apoyen a nosotros. En Europa, por ejemplo, somos uno de los países que está relativamente bien, por lo que parece lógico que el foco esté puesto en países como Hungría y Polonia. Pero en todo caso, trabajar a nivel europeo es lo más operativo para resistir frente a la reacción conservadora, para que los países que incumplan leyes o retiren derechos reciban la presión de la Unión Europea.

¿Cómo ves el futuro?

Ahora mismo, en esta encrucijada, lo veo con temor. Fui adolescente en la época de la dictadura de Franco y lo viví con miedo. Ahora le temo a la idea de que podamos volver a eso.

En las últimas décadas muchas personas nos han aceptado, pero no todas lo han hecho por las mismas razones. Mucha gente lo ha hecho porque no se atrevía a manifestar su rechazo, porque estaba mal visto. Pero ahora los sectores en que el rechazo está bien visto están creciendo.

El otro día en un debate público a una chica trans miembro de un partido la llamaron “enferma crónica”. Los parlamentarios autonómicos se empeñan en dirigirse a las diputadas trans en masculino. Hasta hace poco quien pensaba estas cosas se las callaba porque no estaban bien vistas y se temía el rechazo social. Pero ahora hay un público envalentonado para expresar su odio. Y esto continuará al margen de lo que pase en las elecciones, porque los sectores que defienden el odio tienen una presencia pública que trasciende al parlamento. Por eso temo por el destino de las leyes igualitarias, pero más le temo a la calle.

El espacio cívico en España es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.

Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?

En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.

En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.

¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?

En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.

Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.

No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.

La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.

Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.

Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.

¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?

Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.

Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.

¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?

La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.

Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.

El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.

Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.

¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?

La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.

En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.

La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.

¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?

Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.

El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.

El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.

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CIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Ian preside la Alianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?

No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.

La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.

¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?

Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.

A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.

¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?

Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.

Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.

¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?

En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.

El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?

Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.

Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.

Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de su sitio web, y siga a @GI_TOC y @IanTennant9 en Twitter.

CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones generales de Paraguay con Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia.

Fundada en 2006, Semillas para la Democracia es una organización de la sociedad civil (OSC) cuyo principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia en Paraguay, para lo cual promueve la participación ciudadana, la equidad social y el ejercicio responsable del gobierno.

¿Cuáles son los principales desafíos de Paraguay, y en qué medida los resultados de la reciente elección podrían contribuir a resolverlos?

Los principales problemas del Paraguay son fundamentalmente de tipo económico, derivados de la profunda desigualdad existente. En los últimos años Paraguay ha tenido indicadores macroeconómicos muy buenos, con un alto crecimiento, pero ha seguido teniendo una enorme desigualdad, alto desempleo, gran informalidad laboral y falta de acceso a salud, educación y oportunidades. Es un país manejado por unas élites ganaderas y agroexportadoras inmensamente ricas que gobiernan en su beneficio y en detrimento de una sociedad terriblemente desigual. Creo que esa es la característica central de la sociedad y la economía paraguaya. Es un problema estructural y profundo, y esta elección no ha hecho nada por resolverlo. De hecho, han ganado los mismos de siempre, es decir, los mismos sectores que han mantenido al país en esta situación desde hace más de 70 años.

En esta elección estuvo en juego la posibilidad de alternancia en el poder. Sin embargo, esto no necesariamente hubiera significado un cambio radical, porque el candidato de la Concertación, la coalición opositora, también era conservador, aunque del Partido Liberal. Llevaba de compañera de fórmula a una mujer, pero así y todo continuaba representando a un sector conservador de la sociedad. No eran candidaturas disruptivas que representaran un cambio real en la forma de hacer política o de ejercer el poder, ni en las políticas públicas ni el sector social al que representan.

¿Cómo explicas la cómoda victoria del Partido Colorado, pese al bajísimo nivel de aprobación del actual presidente?

Los resultados se explican en gran medida por los efectos, que ya anticipábamos, de sistema de listas desbloqueadas con voto preferente en el contexto de una oposición dividida.

Hace un par de años se hizo una reforma electoral que reemplazó las listas partidarias cerradas y bloqueadas por listas desbloqueadas con voto preferente. En estas el votante puede seleccionar un candidato dentro de la lista que elija, de modo que vota tanto por un partido como por un candidato; luego, de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos y su lista, se distribuyen los escaños mediante el sistema D’Hont.

Este sistema se estrenó en las pasadas elecciones municipales y ya sabíamos que iba a tener algunos efectos negativos. Un gran problema que tienen las listas desbloqueadas es que generalmente el candidato que cuenta con más dinero es el que consigue posicionarse mejor. También generan una fuerte competencia de todos contra todos dentro de los partidos.

Además, se cambió el sistema antiguo por urnas electrónica sin dar suficiente capacitación, es decir, sin que la gente esté preparada para utilizarlo. Ello permitió la difusión del llamado “voto asistido”, que es ilegal, y que básicamente consiste en que haya gente en los lugares de votación interfiriendo con el voto con la excusa de ayudar al votante a usar el sistema electrónico.

Todo esto benefició al Partido Colorado, que por el tiempo que lleva al frente del Estado es el partido que cuenta con mayores recursos, y que logra presentar suficiente diversidad interna como para dar opciones de recambio a quienes están descontentos con su propia gestión de gobierno.

Se produjeron, sin embargo, algunas pequeñas mejoras en la representación de las mujeres. Por primera vez dos mujeres han sido elegidas gobernadoras y hay algunas más que antes en ambas cámaras del Congreso.

Pero con la oposición dividida, el Partido Colorado sacó la diferencia más amplia de todo el período democrático. Además de ganar la presidencia, obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso y de 15 de las 17 gobernaciones.

El otro elemento que definió a esta elección fue la emergencia de un tercer espacio político de oposición de carácter populista-autoritario y estilo mesiánico. Liderado por Paraguayo Cubas, representa al llamado “voto bronca”, es decir, a los descontentos con los partidos tradicionales y con la forma en que se ha llevado adelante la política durante décadas. Esta candidatura no le quitó votos al gobierno sino a la oposición, y se colocó inesperadamente en un cercano tercer lugar, con más de 20% de los votos.

¿Qué sustento tienen las denuncias de fraude que expresan las actuales movilizaciones callejeras?

Los seguidores de Paraguayo Cubas, a los que se ha sumado gente de prácticamente todos los sectores de la oposición, muchos de ellos jóvenes desafectados de la política, están saliendo masivamente a las calles de todo el país para denunciar fraude, pese a que tuvieron una votación muy buena, que ni siquiera ellos esperaban. El hecho de que un grupo antisistema esté movilizando protestas de unas dimensiones que no se han visto en mucho tiempo representa un gran desafío para el futuro de la democracia en Paraguay.

Estas fueron unas elecciones relativamente pacíficas en las que prácticamente no hubo violencia. Lo que sí hubo en abundancia fue desinformación, discurso de odio y agresiones a través de las redes sociales durante toda la campaña. Estas agresiones afectaron fuertemente a las OSC, incluida la nuestra, Semillas para la Democracia, y procedieron mayormente del partido de gobierno y de la agrupación y los seguidores de Paraguayo Cubas, aunque también la Concertación tuvo expresiones similares contra sus oponentes políticos.

¿Qué rol desempeñó la sociedad civil en el contexto electoral?

La sociedad civil desempeñó un rol relativamente importante, a pesar de las restricciones que ha debido enfrentar. El Tribunal Electoral en principio no autorizó la observación electoral de la sociedad civil y en cambio sacó un reglamento bastante restrictivo. Finalmente aceptó que el Consorcio Sakã, una coalición de sociedad civil, hiciera una observación y un conteo paralelo, pero con muchísimas restricciones.

Semillas para la Democracia ha participado activamente en la denuncia de los problemas del financiamiento político, un tema que hemos logrado instalar en la agenda. Es que el otro gran problema de Paraguay, junto con la enorme desigualdad, es la corrupción. La falta de control sobre el dinero en la política ha llevado al poder a grupos ligados al crimen organizado, tanto en el Congreso como en las gobernaciones.

Pronto estaremos trabajando en el control del financiamiento político. En Paraguay el gasto de las campañas se controla con posterioridad a las elecciones. Recién un mes después, cuando los partidos van presentando sus rendiciones, se empieza a hacer un control a través del Observatorio Ciudadano de Financiamiento Político que tiene el Tribunal Electoral, cruzando datos de contrataciones públicas con las declaraciones juradas que tienen los sitios web de los organismos públicos. La ley de acceso a la información de Paraguay es bastante buena y nos permite hacer ese trabajo.

¿Cómo ves en futuro de a democracia en Paraguay?

En el mediano o largo plazo veo una situación bastante difícil. Quedan muchas cosas a resolver para mejorar la calidad de la democracia. El nuevo sector emergente es violento, antiderechos, fundamentalista y mesiánico. Su inspiración es el presidente popular autoritario de El Salvador, Nayib Bukele, y su forma de gobernar, por lo que creo que nos esperan años muy duros.

El sector del Partido Colorado que ganó las elecciones es un sector cuyos dirigentes atacan a la sociedad civil. Son antiderechos, autodefinidos como “provida”, están en contra del matrimonio igualitario, de los derechos sexuales y reproductivos y atacan todos los temas relativos a la agenda de género. Por eso creo que a la sociedad civil nos esperan años muy duros. Vamos a tener que hacer esfuerzos para unirnos y articular acciones entre los distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo los que trabajamos temas de derechos.

En este momento algunas organizaciones contamos con algunos fondos de la cooperación internacional, y esperamos que estos apoyos aumenten y se fortalezcan para que podamos llevar adelante un trabajo articulado frente a todos estos desafíos. Va a ser una lucha constante, tanto más difícil porque ya hemos visto ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.

No espero gran cosa de los próximos meses. Por el momento, debemos estar atentos para entender en qué dirección avanza esto. Pero lo que sí es seguro es que se vienen años muy duros para las OSC que promovemos los derechos humanos.

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CIVICUS conversa con Hailey Campbell sobre la reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre el medio ambiente, que habilita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para hacer frente al cambio climático.

Hailey es activista climática y codirectora ejecutiva de Care About Climate, una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en educación y empoderamiento en pos de la justicia climática y una red internacional de jóvenes líderes del movimiento por el clima que buscan compartir soluciones en la escena internacional.

¿Cuál fue el origen de la iniciativa de llevar el tema del clima ante la CIJ?

Esta iniciativa histórica fue presentada por primera vez en 2019 por los Estudiantes del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático (PISFCC), una organización liderada por jóvenes y fundada por estudiantes de ocho países insulares del Pacífico. PISFCC empezó convenciendo al Foro de las Islas del Pacífico, la principal organización política y económica de la región, de llevar a la CIJ la cuestión del cambio climático y los derechos humanos. Las OSC del Pacífico apoyaron esta campaña y establecieron la Alianza para una Opinión Consultiva sobre Justicia Climática (ACJAO, por sus siglas en inglés), incluyendo a otros actores no estatales. En 2021, el estado de Vanuatu, un pequeño país insular muy susceptible a las catástrofes climáticas, inició las negociaciones y la redacción de la resolución, que posteriormente recibió el apoyo de más de 130 países y más de 220 OSC y acabó siendo adoptada por consenso por la AGNU el 29 de marzo de 2023.

¿Consideras a esta resolución como una victoria de la sociedad civil?

Esta resolución fue una victoria monumental. Y esta victoria es el comienzo de una ola de cambio en la forma en que pensamos la crisis climática, así como un recordatorio de que el cambio climático no respeta las fronteras geopolíticas. Las OSC ecologistas, los jóvenes líderes, las naciones insulares que lideran la petición de la resolución y el grupo PISFCC están recordando al mundo que antes que personas defensoras, ejecutivos de los combustibles fósiles o políticos, todos somos personas. En tanto que humanos, todos compartimos este hermoso planeta y compartirlo exige preocuparse por los demás. Si algunos líderes no lo reconocen, deben rendir cuentas de ello.

La resolución que solicita una opinión consultiva de la CIJ es también una celebración de la innovación y la perseverancia isleñas. Los isleños se han apoyado en sus conocimientos tradicionales y en su liderazgo colaborativo para adaptarse a los impactos medioambientales durante miles de años. La iniciativa de llevar el mayor desafío global al más alto tribunal del mundo pone de relieve su fortaleza y experiencia. En tanto que persona joven que vive en una isla del Pacífico, agradezco el liderazgo de otros jóvenes isleños y aliados que están allanando el camino para que las generaciones venideras tengan un futuro sostenible.

¿Cómo podría la CIJ ayudar a hacer frente al cambio climático?

La CIJ es el más alto tribunal del mundo, y sienta precedentes mediante opiniones consultivas y normas que establecen cómo deben cooperar los Estados a escala mundial. En ese sentido, desempeña un rol destacado en el mantenimiento de la paz entre nuestras naciones.

La opinión consultiva de la CIJ plasma la realidad de que no podemos resolver la crisis climática continuando con las mismas prácticas que nos llevaron a ella. El alcance de la resolución va más allá del Acuerdo de París, ya que hace referencia a la importancia de un clima seguro como un derecho humano que es clave para el bienestar. De esbozar posibles consecuencias jurídicas para las naciones que causen daños significativos a comunidades vulnerables y a las generaciones futuras, podría finalmente garantizar una mayor rendición de cuentas por la crisis climática. Si las naciones son obligadas a rendir cuentas y a actuar, se abre la puerta para garantizar la completa eliminación de las emisiones de combustibles fósiles y la satisfacción de las necesidades de creación de capacidades para la adaptación.

¿Cómo te has involucrado personalmente en la promoción de esta resolución y, más en general, en el activismo por el clima?

Conocí la campaña del PISFCC en 2019, cuando me conecté con el movimiento climático tras la cumbre sobre cambio climático COP25. Como estudiante de sostenibilidad dedicada a trabajar en el ámbito del clima, me inspiró la forma en que un pequeño grupo de estudiantes de todas las islas pedía enérgicamente una opinión consultiva de la CIJ. Empecé a seguir su trayectoria y a apoyar sus llamados a la acción de diversas maneras, desde reenviar contenidos a las redes sociales hasta sacar a relucir argumentos relevantes en mis conversaciones con los líderes de las siguientes COP.

Inspirada por el liderazgo insular, acepté una pasantía en la Red Local Isleña 2030, la primera red global de pares dirigida por islas y dedicada a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprendí más sobre la sostenibilidad de las islas y los efectos del cambio climático de la mano de sus líderes, cuyos ejemplos de soluciones innovadoras y su espíritu optimista me sorprendieron. Alentada a utilizar mi formación para ayudar a los isleños a hacer oír su voz, decidí centrar mi máster en la elaboración de un plan de trabajo para que los isleños pudieran colaborar con sus comunidades en el desarrollo, el seguimiento y la implementación de soluciones sostenibles para el cambio climático.

Esta trayectoria de activismo estudiantil me ayudó a convertirme en una líder ambiental intersectorial, a trabajar en la adaptación climática en las islas y a apoyarme, en tanto que parte de un grupo vulnerable, en coaliciones como Care About Climate para defender nuestro derecho a un futuro climáticamente seguro. De hecho, esta inspiración me llevó a trabajar con jóvenes para lograr la primera inclusión de jóvenes como partes interesadas en una decisión de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en la COP27.

¿Qué pueden hacer los aliados internacionales para apoyar esta lucha?

Todos los aliados internacionales deben seguir luchando. Esta resolución histórica es apenas el primer paso. Antes de emitir su dictamen, la CIJ solicitará argumentos escritos y orales a los Estados y a ciertas organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es importante que los miembros de la comunidad sigan contactándose con sus representantes nacionales y con las organizaciones internacionales seleccionadas para presentar testimonios y les pidan su apoyo al dictamen. De hecho, el PISFCC acaba de lanzar un increíble manual, que recomiendo encarecidamente consultar, para ayudar a tomadores de decisiones, jóvenes y OSC ambientales a entender su papel. Mi ejemplo favorito del manual refiere a la importancia de compartir con tus representantes nacionales tu testimonio personal sobre por qué crees en la necesidad de una opinión consultiva de la CIJ sobre derechos climáticos y qué impacto ella podría tener en tu futuro. Espero que mucha gente se anime a unirse a nuestra Alianza para enterarse de las distintas formas en que puede hacer sentir su influencia.

Póngase en contacto con Care About Climate a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @careaboutclimate y a @hailey_campbell en Twitter e Instagram.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa CIVICUS conversa con Carlos Ernesto Choc, un periodista maya Q’eqchi’ con casi dos décadas de trayectoria, acerca de la criminalización del periodismo y los medios en Guatemala.

¿En qué condiciones trabajan los periodistas en Guatemala?

Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala son bastante difíciles. Enfrentamos la persecución penal del Ministerio Público y amenazas que provienen de diversos actores, incluidos funcionarios públicos que enfrentan cuestionamientos o son investigados por los periodistas. Las campañas de difamación contra periodistas también son muy graves.

Internet y las redes sociales están plagadas de trols que mandan mensajes amedrentadores y difamatorios. Desprestigian el trabajo periodístico y luego las agresiones vienen naturalmente. Éstas llegan a provenir incluso del Estado, y en particular de agencias de seguridad pública. La Policía Nacional Civil agrede a los medios y a los periodistas tanto en el contexto de manifestaciones como en otros momentos y lugares en que no quieren que se transmita lo que ocurre para preservar la impunidad por delitos o violaciones de derechos perpetradas en los territorios.

Desde 2015 a la fecha las agresiones contra la prensa no han hecho más que escalar. Ahora ya no solamente te persiguen penalmente, te acosan judicialmente, te amenazan, intimidan y difaman, sino que también te encarcelan. Para hacerlo, te imputan delitos que se usan para combatir al crimen organizado, tales como el de asociación ilícita, como es mi caso, o lavado de dinero, como en el caso de mi colega Rubén Zamora. O sea, nos acusan como criminales y nos procesan penalmente con acusaciones de estar vinculados con el crimen organizado, de liderar invasiones de tierra o de instigación a delinquir. Son claramente acusaciones fabricadas, por lo que se trata de detenciones ilegales, sin sustento. No tienen cómo probar sus acusaciones, pero mientras tanto uno es sometido a largos procesos penales.

Si bien todos los y las periodistas estamos vulnerados ahorita en este país, somos particularmente vulnerables quienes investigamos el tema de la agresión al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y temas vinculados con el narcotráfico y la corrupción. Son temas realmente complicados y hay quienes los investigan desde el anonimato porque muchos han sido asesinados – el más reciente, Eduardo Mendizabal, hace poco más de un mes.

La situación se complica cada día más y ha habido periodistas comunitarios que han optado por emigrar y dejar de ejercer la labor periodística. Es triste ver a los colegas que se van yendo, y bajo el actual gobierno son cada vez más. Yo mismo no me veo en el exilio, pero lo considero una opción de última instancia.

¿En qué situación te encuentras tras el proceso de criminalización que has experimentado?

El mío ha sido un caso de persecución penal con el que han intentado censurarme. Comenzó en 2017 cuando investigaba la contaminación del lago de Izabal. Estaba documentando las protestas de pescadores contra la minería y capté el momento exacto en que un manifestante era asesinado por disparos de la Policía Nacional Civil. La acusación en mi contra vino de la empresa minera, una compañía de capital ruso basada en Suiza, Solway Investment Group. En agosto de 2017 tuve una orden de captura. Una audiencia tras otra fueron suspendidas y mi primera declaración fue escuchada en enero de 2019, cuando me dieron una medida sustitutiva.

Cuanto tienes medida sustitutiva de prisión estás libre bajo ciertas condiciones: quedas atado a la obligación de firmar un libro en el Ministerio Público cada 30 días y tienes prohibido estar en ningún sitio donde se vendan bebidas alcohólicas, entre otras cosas. La fuerza pública, la policía, las autoridades están pendientes de donde estés y esperan que cometas algún incumplimiento para poder procesarte. Yo veo a estas medidas sustitutivas como formas de castigo que implican restricciones y limitaciones a tu derecho tanto de informar como de ser informado.

En enero de 2022 tuve otro proceso penal, acusado por la Policía Nacional Civil de instigar a la violencia durante una protesta de comunidades indígenas en Izabal contra la mina a cielo abierto en activo más grande del país, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de Solway. Trece agentes de policía me acusaron de haberlos agredido físicamente a ellos, cuando todo lo que yo hacía era documentar el momento en que las fuerzas de seguridad reprimían a los pobladores con gas lacrimógeno. Desde entonces ya no pude ejercer mi trabajo como periodista, ni desplazarme libremente, hasta que mis abogados lograron probar frente al juez que realmente soy un periodista y no un criminal. En septiembre se levantaron los cargos en mi contra. Ha sido muy agotador: el acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes.

¿Qué estrategias han adoptado para poder seguir trabajando?

Las estrategias para romper la censura se renuevan día a día, y están muy centradas en la seguridad no solamente física sino también digital, y en particular en la seguridad de los archivos. También es muy importante la articulación local, nacional e internacional entre las y los periodistas y los medios alternativos e independientes.

Estas articulaciones han hecho posibles trabajos como Sangre Verde, publicado en 2019, y Secretos Mineros, publicado en 2022. Ambos fueron liderados por Forbidden Stories, una organización con sede en Francia que apoya la publicación del trabajo de periodistas que enfrentan en sus países amenazas, criminalización y violencia. El primero fue el resultado de una investigación realizada en tres países de tres continentes: Guatemala, India y Tanzania, y analiza las tácticas de la industria minera para criminalizar a quienes se oponen a sus prácticas y obstaculizar el trabajo periodístico. La segunda surgió de la filtración de una enorme cantidad de archivos internos de Solway sobre el funcionamiento de su proyecto minero Fénix en Izabal. Un consorcio de 20 medios de 15 países del mundo hizo una investigación con información corroborada por 65 periodistas, incluido el equipo de Prensa Comunitaria que yo integraba.

De lo que se trata es de encontrar la forma de seguir haciendo el trabajo que uno está haciendo. Igual que muchos otros, yo hago periodismo por pasión y por convicción. No espero un premio o un reconocimiento internacional: sé que lo que estoy haciendo va a ayudar mucho a mi comunidad y a la sociedad en general. Considero que visibilizar el daño al medio ambiente y las violaciones de derechos humanos es muy importante.

¿Qué tipo de apoyos reciben actualmente periodistas y medios comunitarios de Guatemala, y qué apoyos adicionales necesitarían?

Recibimos apoyo sobre todo bajo la forma de acompañamiento: acompañamiento jurídico, acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y acompañamiento de la propia comunidad y de las autoridades comunitarias que respaldan nuestro trabajo.

Esto es muy importante, pero hay mucho más por hacer. Una de las situaciones que experimentamos los y los periodistas criminalizados o en situación de riesgo es la dificultad para sobrevivir económicamente y mantener a nuestras familias, por lo que es importante el apoyo económico. Lo mismo pasa con el apoyo en materia de salud, porque hay momentos en que por las situaciones que vives, el cuerpo ya no te responde. Finalmente, es importante la provisión de espacios de intercambio con otros colegas periodistas. Ayuda mucho conocer las experiencias de otros.

El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa sobre los avances hacia un Tratado de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Contaminación por Plásticos con Vito Buonsante, abogado especializado en salud ambiental y asesor técnico y político de la Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes (IPEN).

IPEN es una red global de organizaciones de la sociedad civil (OSC) cuyo objetivo es mejorar las políticas sobre productos químicos y sensibilizar a la opinión pública para asegurar que las sustancias peligrosas dejen de producirse, utilizarse o desecharse de forma perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.

La mayoría de la gente no sabe que se está elaborando un Tratado de la ONU sobre la Contaminación por Plásticos. ¿Cuándo y cómo se inició el proceso?

En marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), el máximo órgano decisorio mundial en materia de medio ambiente, aprobó un amplio mandato para iniciar conversaciones sobre un tratado internacional que haga frente a las crecientes amenazas de la contaminación por plásticos. El Tratado sobre los Plásticos pretende abarcar todas las repercusiones de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida, incluidos los efectos de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos sobre la salud humana y el medio ambiente. Debería ayudar al mundo a avanzar hacia un futuro libre de productos tóxicos.

Según el análisis de IPEN, sobre la base del mandato de la UNEA, el acuerdo final debe abordar los impactos de los plásticos y sus sustancias químicas sobre la salud de cuatro maneras. En primer lugar, debe abordar el uso, la liberación y los daños de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el consumo y la gestión de residuos. En segundo lugar, dado que el mandato hace hincapié en la importancia de promover un diseño sostenible, el tratado debe garantizar que se eliminen las sustancias químicas peligrosas de la producción de plásticos y que los plásticos con sustancias químicas peligrosas no se reciclen.

En tercer lugar, la resolución de la UNEA señala la importancia de prevenir las amenazas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de los plásticos tóxicos y demanda coordinación con el Convenio de Basilea de 1989 sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Rotterdam de 1998 sobre la importación de productos químicos peligrosos, el Convenio de Estocolmo de 2001 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, un marco político mundial adoptado en 2006. Por tanto, el tratado debe abordar las repercusiones para la salud y el medio ambiente de la exposición a sustancias químicas peligrosas y emisiones tóxicas a lo largo del ciclo de vida de los plásticos.

En cuarto lugar, está la cuestión de los microplásticos, que la resolución de la UNEA incluye dentro de la contaminación por plásticos. Esto significa que el tratado también debe abordar los peligros para la salud y el medio ambiente de los microplásticos, incluido su potencial para ser vectores de contaminación química.

¿Qué progresos se han producido en la primera sesión de negociaciones?

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 se celebró en Punta del Este, Uruguay la primera sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino.

En esta primera reunión, los Estados han tenido la oportunidad de expresar sus intenciones en relación al tratado que imaginan. Por un lado, hemos visto a un gran grupo de Estados, que trabajan bajo el paraguas de la Coalición de Alta Ambición para Acabar con la Contaminación por Plásticos, que han expresado su deseo de un tratado que marque la diferencia en la forma en que se fabrican los plásticos y aborde las causas profundas de la contaminación por plásticos. Por otro lado, hay un grupo de Estados que luchan por un tratado que no cambie la situación actual. Entre estos países se encuentran, Arabia Saudita, Estados Unidos y Japón, que quieren un tratado centrado únicamente en la gestión de residuos, en lugar de abarcar todo el ciclo de vida de los plásticos, y basado en compromisos nacionales voluntarios en vez de obligaciones vinculantes para todos.

La segunda sesión tendrá lugar a finales de mayo y principios de junio en París, Francia. Las negociaciones deberían concluir a finales de 2024, y debería ser posible cumplir el plazo. Es posible acordar medidas globales. La ciencia es muy clara: sería ilusorio pensar que reciclar las crecientes cantidades de plásticos que se producen es la solución a la crisis de contaminación por plásticos, después de 40 años de no conseguir reciclar ni siquiera una pequeña cantidad de esos residuos plásticos. Es demasiado pronto para saber en qué dirección irán las conversaciones, pero debería ser posible acordar una serie de normas globales, aun a riesgo de que algunos Estados no ratifiquen inmediatamente el tratado.

¿Cómo sería un tratado ambicioso?

La medida más importante que debe incluir un tratado eficaz es la reducción de la producción total de plásticos. Si la producción no se ralentiza, en los próximos 20 años la cantidad de plástico se duplicará y será realmente imposible controlarla.

Una segunda medida clave se refiere al diseño de los plásticos. Aquí es necesario eliminar todos los aditivos químicos tóxicos, como los bisfenoles, los PFAS y los retardantes de llama, y todos los polímeros tóxicos, como el PVC y el poliestireno. Se sabe que estas sustancias químicas tienen efectos perjudiciales para la salud, ya que alteran las funciones hormonales, la fertilidad y las funciones cerebrales de los niños, entre otras cosas. Eliminarlos de los plásticos creará ciclos de materiales más seguros. También es muy importante mejorar la transparencia en lo que se refiere tanto a los ingredientes de los plásticos como a las cantidades y tipos de plásticos producidos. Sin una imagen clara de lo que se produce y dónde, será difícil vencer la contaminación por plásticos.

La ambición debe extenderse también a la implementación. Los países desarrollados deben comprometerse a crear un fondo para implementar el tratado. Por muy estrictas que sean las disposiciones del tratado, sin una inversión considerable en implementación, su impacto de será limitado. Recientemente se han adoptado compromisos para fondos destinados al clima y la biodiversidad, pero aún no se ha creado un fondo para hacer frente a la contaminación por plásticos y otras acciones relacionadas con los productos químicos y los residuos.

¿Qué aportan las OSC ambientalistas a la mesa de negociaciones?

Las OSC poseen un amplio abanico de conocimientos y experiencias que resultan muy valiosos para los negociadores del tratado. IPEN, por ejemplo, lleva más de dos décadas abogando por el reconocimiento de las repercusiones de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos, mostrando claramente a través de numerosos informes científicos y pruebas de plásticos y productos plásticos cómo los productos plásticos exponen a las comunidades y poblaciones vulnerables a sustancias químicas tóxicas.

Somos optimistas y creemos que prevalecerá la necesidad de resolver esta crisis planetaria. La comunidad internacional ha fracasado con el cambio climático y no puede fracasar también con los plásticos. El Tratado sobre los Plásticos podría ser una forma de demostrar que la cooperación internacional es la mejor manera de resolver los problemas globales y que la salud humana y el medio ambiente pueden y deben anteponerse a los intereses nacionales y empresariales.

Póngase en contacto con IPEN a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @ToxicsFree y @VitoABuonsante en Twitter.

CIVICUS conversa acerca del año transcurrido bajo el estado de emergencia en El Salvador con César Artiga, fundador y coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú y del Grupo Impulsor Nacional de la Resolución 2250 (Agenda de Juventud, Paz y Seguridad).

Estas agrupaciones ciudadanas acompañan procesos de sensibilización social, empoderamiento jurídico e incidencia política desde el año 2017. Promueven y defienden los derechos humanos, la construcción de la paz, la justicia y la sustentabilidad mediante el trabajo con grupos y comunidades que viven en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, en particular en lo que se refiere a sus derechos ambientales.

¿Cuánto hay de realidad y cuánto de propaganda en la afirmación de que Bukele ha triunfado en la lucha contra la violencia de las pandillas?

A nivel de los medios, tanto nacionales como internacionales, se ha logrado posicionar que El Salvador se ha convertido en un paraíso. La portada de la revista Semana de Colombia salió con el titular “El milagro Bukele”. Se ha impuesto la narrativa de que el presidente ha resuelto uno de los grandes problemas del país: la inseguridad. Este era el problema al que se culpaba de todo: de la falta de oportunidades, de la falta de crecimiento económico, incluso de la falta de empleo. Todo era culpa de la inseguridad provocada por las pandillas que controlaban al país.

Es innegable que el gobierno ha dado un golpe fuerte a las pandillas. Muchos integrantes de pandillas han tenido que salir huyendo hacia otros países y muchos han sido detenidos. Los niveles de violencia perpetradas por estos grupos han bajado dramáticamente, a un mínimo histórico.

Pero para entender lo que ha ocurrido, es necesario diferenciar entre dos momentos. En un primer momento hubo un pacto del gobierno con las pandillas. Esto ha sido ampliamente documentado tanto a nivel nacional como internacional, con investigaciones incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Varios funcionarios, titulares de ministerios y otras agencias de gobierno estuvieron involucrados en diálogos con las pandillas para reducir la cantidad de homicidios a cambio de beneficios. Esto no es nuevo: otros gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Funes, que precedió a Bukele, fueron acusados de negociar la reducción de homicidios a cambio de crearles condiciones favorables.

No está muy claro cuál fue el contenido del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas, pero según las investigaciones que se han dado a conocer, incluía beneficios para los líderes de las pandillas, que recibían trato preferencial en las prisiones y tenían la garantía de que no serían extraditados a los Estados Unidos.

Mientras esto se mantuvo, hubo una reducción dramática de los homicidios, de más de 10 por día hasta casi cero. Pero en un momento ese pacto se rompió, y durante un fin de semana hubo una ola de violencia que llegó a más de 80 asesinatos, algo inédito en la historia de El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. Esto fue el desencadenante de la actual “guerra contra las pandillas”. El 27 de marzo de 2022, es decir hace exactamente un año, el gobierno declaró un estado de excepción que luego prorrogó una y otra vez. El argumento fue que para combatir a las pandillas era necesario limitar derechos, en particular la libertad de movimiento en ciertos territorios, y eventualmente en todo el país. Y efectivamente, el programa de detenciones masivas e indiscriminadas ha resultado nuevamente en la baja de la tasa de homicidios a mínimos históricos, pero al costo de violaciones masivas de derechos.

¿Qué tipos de violaciones de derechos humanos se han documentado en el marco de la “guerra contra las pandillas?

La presidencia ha reconocido que hay un “margen de error”, que el gobierno estima en un 1%, de personas que son inocentes y que han sido detenidas bajo la acusación de pertenecer a pandillas. Pero esas detenciones arbitrarias e injustificadas no son un error: son parte de la política del gobierno.

Si vas a las comunidades, te das cuenta de que persisten todas las condiciones estructurales que llevaron a la formación de las pandillas. Las pandillas tenían control del territorio porque tenían la capacidad de llegar adonde el Estado no llegaba y daban un espacio en sus estructuras a personas jóvenes sin ninguna otra forma de inserción social.

En vez de hacer algo para mejorar la situación de esas comunidades, el gobierno está criminalizando a las poblaciones empobrecidas, que han sido históricamente asediadas por las pandillas. Alrededor de esas zonas catalogadas como “peligrosas” ahora hay cercos militares, y el ejército o la policía, según el caso, puede detener a cualquier persona que considere sospechosa por cómo se viste, por dónde vive o por no tener un empleo fijo, sin respetar las garantías constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso. Te pueden detener porque el gobierno ha instalado la noción de que el policía y el soldado son “jueces de calle”: tienen poder de decisión y no puedes reclamar nada por tus derechos.

Ha habido más de 3,000 denuncias sobre este tipo de detenciones, y cabe imaginar que, sobre las más de 70.000 personas detenidas, hay un subregistro de las detenciones arbitrarias. Tenemos casos documentados de personas que han sido detenidas arbitrariamente cuando iban a su trabajo, e incluso de personas que las han ido a sacar de su trabajo, porque se ha instalado la denuncia anónima: cualquiera te puede denunciar por sospechas de colaboración con las pandillas mediante una llamada anónima.

Esto ha resultado en la criminalización de quienes viven en estas zonas. Esto no es nuevo, no empezó con este gobierno, pero se ha intensificado porque está muy presente en el discurso de un presidente que es muy popular, y mucha gente lo acepta como cierto. Además, se ha extendido territorialmente: antes el foco estaba en las zonas urbanas históricamente controladas por pandillas, pero ahora se ha extendido a las comunidades rurales.

Las personas detenidas son sometidas a procesos judiciales en los que la fiscalía reclama medidas de privación de libertad con el argumento de que son personas sin arraigo, ya que no tienen propiedades a su nombre ni empleo formal, de donde deducen no solamente que tienen alto riesgo de fuga, sino que además consiguen sus ingresos mediante la colaboración con las pandillas.

Básicamente, la justicia está consagrando la idea de que la pobreza es un delito en El Salvador, algo inaceptable si consideramos que es parte del mismo sistema que reproduce los patrones de pobreza y desigualdad en que viven estas personas.

En este marco, las personas defensoras de derechos humanos que son parte de o trabajan con esas comunidades excluidas están siendo específicamente atacadas. Es decir, se está usando el régimen de excepción para perseguir a activistas que trabajan sobre el tema del derecho al medio ambiente, la alimentación, a la tierra y el agua.

Un caso resonante ha sido el de Levi César Morales Ramírez, un joven indígena de 21 años, hijo de un líder social de una comunidad nahuat pipil en el occidente del país. Levi César fue capturado en noviembre de 2022 junto a dos de sus tíos, cuando se dirigían a realizar labores agrícolas. En febrero de 2023 tuvieron una audiencia de revisión de medidas solicitada por su familia y por la organización de la sociedad civil (OSC) que acompaña su caso, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Por presiones del gobierno, la jueza rechazó la adopción de medidas sustitutivas a la detención argumentando que no se podía acreditar el arraigo del joven ya que no tiene bienes a su nombre ni cuenta con un empleo formal.

En la actualidad el país carece de un marco de políticas públicas robustas de prevención, participación, protección y reinserción de las juventudes. El aparato del Estado sólo ofrece como opción la represión. El enfoque punitivo es la contrapartida de su negligencia y su incapacidad para garantizar los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a lo largo del ciclo de vida de las personas.

¿Está el gobierno abusando de las facultades que le otorga el estado de excepción para perseguir otros fines?

Efectivamente, casos como el de Levi César no caben dentro de lo que el gobierno considera un “margen de error” aceptable en su “guerra contra las pandillas”. El estado de excepción está siendo muy útil para el propósito del presidente de acumular poder sin ningún control. Por ejemplo, bajo el estado de excepción toda la información ha sido declarada reservada. Todos los procesos de compra y adjudicación han sido hechos a un lado y se hacen compras directas de servicios y bienes, totalmente discrecionales, con la excusa de que el Estado necesita mantener en reserva la información porque hay una guerra contra las pandillas. Esto ha dado rienda suelta a la corrupción dentro del aparato estatal.

En el fondo, la guerra contra las pandillas es una excusa para muchas otras cosas. Más que una verdadera política de seguridad, lo que tiene el gobierno es una estrategia electoral. La seguridad nunca fue el foco del programa de Bukele: su plan de gobierno, el Plan Cuscatlán, apenas contenía declaraciones muy generales sobre el tema seguridad, que además estaban centradas en la necesidad de garantizar seguridad jurídica a las empresas, y en cambio se enfocaba en una serie de “proyectos insignia”, megaproyectos que incluían la llamada “Bitcoin City”, una suerte de paraíso fiscal para las criptomonedas y la tecnología blockchain, que tendría su propio aeropuerto y línea férrea, y un proyecto turístico llamado Surf City, un circuito de playas a lo largo de la costa del país. Su objetivo declarado era convertir a El Salvador en un centro global de turismo y negocios, la “Singapur de América”.

El mandato de Bukele termina en 2024 y de todos sus proyectos insignia no ha concretado ninguno. Ahora necesita mostrar éxitos en la política de seguridad, aunque sean efímeros, para quedarse en el poder aún contra lo que establece la constitución, que prohíbe la reelección inmediata. Así que toda su propaganda pasa por decirle a la gente que, si quiere que el “clima de paz y tranquilidad” continúe, y que todos los criminales que él encerró no vuelvan a salir a la calle, deben volver a votarlo a él, que es el único que puede garantizarles seguridad.

Asimismo, se escuda en la pandemia para justificar que sus proyectos insignia no avanzaron, para lo cual reclama un nuevo período en el que sí se podrán concretar. Cuando en realidad, la pandemia le vino como anillo al dedo, porque la declaración de la emergencia sanitaria le dio un enorme margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos que le permitió invertir en sus estrategias políticas. Esto se reflejó en las elecciones legislativas de 2021, en las cuales se quedó con 56 de los 84 diputados. Eso significa que ahora tiene mayoría absoluta para aprobar cualquier ley – al costo de que ya no existan garantías constitucionales ni institucionales para nada ni para nadie.

¿Piensas que Bukele conseguirá la reelección?

El camino lo tiene allanado. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que él nombró luego de que la Asamblea Legislativa que él domina destituyera a cinco de sus magistrados, interpretó que la Constitución de El Salvador, que prohíbe expresamente la reelección para dos mandatos consecutivos, en realidad la permite.

Estando habilitado a presentarse, seguramente ganará. En un país con una cultura cívica y democrática tan débil, encuentras mucha gente que admite que se están cometiendo injusticias y violaciones de derechos, pero considera que, si ese es el precio a pagar por la eliminación de las pandillas, sigue valiendo la pena. Encuentras incluso personas que tienen familiares o personas muy cercanas que han sido detenidas pero que aceptan el discurso del gobierno de que son errores y consideran que lo que está haciendo el gobierno está bien – a lo sumo expresan que lo podría haber hecho con más cuidado, utilizando mejor la inteligencia del Estado disponible para no capturar personas inocentes.

En general, hay una gran aceptación de que las cosas son así. Y entre quienes no aceptan las explicaciones del gobierno, lo que predomina es el temor. El gobierno ha acumulado mucho poder y si expresas una opinión disonante puedes ser considerado enemigo del país, agente extranjero, y te pueden detener y dejar preso, sobre todo si te identificas como persona defensora de derechos humanos.

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Bukele arrasaría. Pero pienso que lo haría en un contexto de creciente abstencionismo. Nosotros hacemos mucho trabajo territorial, conocemos cientos de estructuras territoriales que votaron por él por desencanto con los partidos tradicionales, y mucha gente nos ha dicho que no va a ir a votar porque no está de acuerdo con lo que está haciendo, pero no hay otras opciones. Es decir, el abstencionismo va a beneficiar a Bukele: mucha de la gente que vote, va a votar por él, y la gente que no quiere votar por él, en su mayoría no va a ir a votar.

¿Qué puede hacer la sociedad civil para resistir esta regresión autoritaria?

La historia de los autoritarismos nos dice que esto también pasará. Bukele no va a ser eterno: en algún momento ya no va a estar, y por eso tenemos que monitorear y documentar todo. Necesitamos construir la memoria histórica de lo que está pasando, documentar todas las violaciones de derechos humanos y darles visibilidad internacional, porque al fin y al cabo este gobierno está tratando de crearse una imagen internacional de artífice de un milagro económico, y no podemos dejar que esa sea la imagen que prevalezca.

La sociedad civil tiene que defender la democracia de los atropellos de un gobierno que se dice democrático por el hecho de que todas las decisiones que está tomando las está tomando con el respaldo de la mayoría. Al fin y al cabo, puede tomar las decisiones que quiera porque tiene una abrumadora mayoría legislativa y una gran popularidad que se confirmaría si hoy hubiera nuevas elecciones presidenciales. Este es un discurso muy dañino porque mucha gente comienza a cuestionarse si acaso la democracia es esto: que en una democracia el gobierno pueda violar tus derechos.

Las OSC continuaremos en las comunidades educando a la ciudadanía, preparando a la gente para la participación cívica y democrática, insistiendo en la importancia de los frenos y contrapesos institucionales, mostrando que la concentración de poder en una sola persona no es la vía para la solución de nuestros problemas. Parafraseando a Monseñor Romero, seguiremos caminando con el pueblo, porque el abandono de las comunidades nos ha salido caro.

Sin embargo, sabemos que enfrentaremos crecientes dificultades en este trabajo, porque el gobierno lleva mucho tiempo diciéndole a la gente que las OSC son enemigas del gobierno, y que dado que el gobierno representa los intereses del pueblo, pues las OSC son enemigas del pueblo.

Antes de que las cosas mejoren todavía van a seguir empeorando. Creo que cuando asuma su segundo mandato vamos a ver una cara mucho más feroz de Bukele. Va a tomar medidas impopulares, como ajustes fiscales bastante regresivos, porque el margen de maniobra que le dan las finanzas públicas es cada vez menor. Y lo va a hacer en un contexto en el que no hay prácticamente una red de seguridad y protección social. Va a tratar de avanzar con megaproyectos de infraestructura y turismo, con impactos muy fuertes a nivel local, incluyendo desplazamientos forzados de comunidades y daños ambientales severos. La represión a la sociedad civil va a aumentar.

Pero sabemos que no podemos hacer cualquier cosa con tal de sacar a Bukele. Yo tengo esperanza, pero con un optimismo de largo plazo. Tenemos que enfocarnos en promover la participación democrática. Bukele no es lo peor que nos podría pasar: si no apostamos a la profundización de la participación democrática, podría sobrevenir algo peor. Debemos mantenernos alertas y trabajar mucho con las comunidades porque en política, el espacio vacío no existe. Si se abandonan las comunidades, siempre habrá un oportunista que vendrá a aprovecharse.

El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca de la labor de la sociedad civil para combatir la desigualdad desde la base y analiza las perspectivas para una convención fiscal de las Naciones Unidas con Jenny Ricks, coordinadora mundial de la Alianza para Combatir la Desigualdad.

La Alianza para Combatir la Desigualdad es una coalición mundial en expansión que reúne a un amplio abanico de movimientos sociales, organizaciones de base y comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas y activistas individuales que se organizan y movilizan en el territorio para encontrar e impulsar soluciones a las causas estructurales de la desigualdad con el fin de reequilibrar el poder y la riqueza en nuestras sociedades.

¿Existe un consenso global en torno a la idea de que la desigualdad está mal y hay que combatirla?

En los últimos años se ha llegado al consenso de que la desigualdad ha alcanzado niveles extremos y es perjudicial para todos los miembros de la sociedad, así como para el medio ambiente. Estamos en un momento en el cual no solamente las personas más afectadas por la desigualdad consideran que está mal, que es grotesca y que tiene que cambiar, sino que incluso organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sostienen que es un problema. El Papa dice que es un problema. Los gobiernos se han comprometido a reducir la desigualdad a través de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Existe un amplio consenso, pero es superficial: da la impresión de que todo el mundo piensa que la concentración de poder y riqueza en la cúspide de las sociedades ha ido demasiado lejos y que la brecha es demasiado extrema y afecta a la vida cotidiana y a los medios de subsistencia de las personas como cuestión de vida o muerte. Y no sólo eso: también corroe las democracias. Cuando los oligarcas controlan los medios de comunicación, compran elecciones, reprimen a las personas defensoras de derechos humanos y al espacio cívico y destruyen el medio ambiente, esto nos afecta a todos.

Pero por debajo de ese consenso superficial, creo que sigue habiendo un profundo desacuerdo sobre lo que realmente significa luchar contra la desigualdad. En la Alianza para Combatir la Desigualdad estamos interesados en desmantelar los sistemas de opresión que impulsan la desigualdad, incluidos el neoliberalismo, el patriarcado, el racismo y los legados del colonialismo. Estas son las profundas raíces estructurales de las desigualdades: son las razones por las cuales miles de millones de personas luchan por sobrevivir bajo una pandemia mundial mientras los más ricos del mundo siguen pasándoselo en grande. Así que tenemos una agenda de transformación de la naturaleza de nuestras economías y sociedades, y no solamente de retoques del statu quo, con pequeños ajustes para evitar que la gente se rebele.

¿Cómo se puede combatir la desigualdad estructural?

Cuando empezamos a constituir la Alianza para Combatir la Desigualdad, teníamos claro que el problema no radicaba en la falta de soluciones políticas. Sabemos cuáles son las soluciones políticas para luchar contra la desigualdad, así como sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar para hacer frente al cambio climático. Sabemos qué políticas fiscales redistributivas se requieren o cuáles políticas permitirían garantizar un trabajo digno.

El problema era que la abrumadora concentración de poder y riqueza en la cúspide no era compensada por una fuerza equivalente desde abajo. Los más ricos y poderosos están organizados y bien financiados. Persiguen sus intereses y su codicia de forma agresiva y exitosa. Lo que nosotros tenemos es poder popular. Pero dentro de la sociedad civil y fuera de ella, los grupos estaban muy fragmentados, muy aislados y centrados en sus propias agendas y absorbidos por las cuestiones más urgentes para las poblaciones a las que responden. No había suficiente conexión entre las luchas.

Organizarse en torno a la desigualdad es una buena forma de lograr que la gente entienda cómo sus luchas están interconectadas: a las luchas cotidianas subyacen raíces comunes y, por tanto, también hay soluciones comunes por las que luchar. Ahí es donde vimos que residía nuestro rol, y también en cambiar las narrativas que tenemos sobre la desigualdad. Tenemos que cambiar lo que consideramos que es necesario y posible en nuestras sociedades, y crear poder para impulsar las visiones alternativas por las que luchamos. Cuando nos vemos limitados por lo que las narrativas dominantes consideran natural o normal, como la falsa idea de que los multimillonarios son genios esforzados que merecen tener una riqueza ilimitada, perdemos energía y capacidad de organización para promover el cambio estructural.

La gente conoce sus problemas y sus soluciones. La desigualdad no es un problema que puedan resolver los economistas y los tecnócratas: es ante todo una lucha que debe librar la gente. Y hay que escuchar las voces de quienes experimentan la peor parte de estas desigualdades. Estas personas son las verdaderas expertas en esta lucha. Así que el poder popular es la principal arma que aportamos a esta lucha. Los gobiernos y las instituciones internacionales quieren llevar estos debates a las arenas técnicas de los órganos de formulación de políticas y a las salas de conferencias, envolviéndolos en un lenguaje técnico que los hace intencionadamente inaccesibles para la mayoría de la gente. Muchas cuestiones que requieren cambios estructurales, y desde luego la desigualdad, son tratadas como cosas que hay que medir, sobre las que hay que informar y de las que hay que hablar en los círculos económicos.

Pero la desigualdad es una tragedia humana, no una cuestión técnica. Es una cuestión de poder. Y las soluciones deben estar en manos de las personas cuyas vidas se ven más afectadas por ella. Tenemos que cambiar el equilibrio de poder, en nuestras sociedades y en el ámbito global, en vez de discutir la redacción de un documento técnico debatido a puertas cerradas, y eso solamente se consigue organizándonos a gran escala. Este poder popular es la principal arma que aportamos a la lucha contra la desigualdad.

¿Por qué la fiscalidad es importante en la lucha contra la desigualdad? 

La lucha contra la desigualdad requiere que redistribuyamos el poder y la riqueza, y la fiscalidad es una importante herramienta de redistribución.

En los últimos diez o veinte años, la sociedad civil ha trabajado mucho para cuestionar el hecho de que las personas más ricas y las grandes empresas de todo el mundo no pagan los impuestos que les corresponden. El modelo económico es explotador, injusto e insostenible; se basa en la extracción de recursos, principalmente del Sur global, en prácticas laborales abusivas, trabajadores mal pagados y daños ambiental.

Todos podemos identificarnos con esta cuestión también a nivel nacional y local, ya que para equilibrar los presupuestos los gobiernos suelen aumentar los impuestos indirectos, tales como el impuesto sobre el valor agregado, que es el tipo de impuesto más regresivo porque se aplica a cualquier cosa que la gente compre, incluidos los productos de primera necesidad, en vez de gravar más a los ricos o a las multinacionales, que han creado toda una industria y unos complicados esquemas globales para eludir y evadir impuestos a gran escala.

La redistribución se está produciendo ahora mismo: se basa en extraer recursos de los más pobres y distribuirlos entre los más ricos del mundo: multimillonarios, accionistas de empresas y similares. Eso es lo que estamos luchando por revertir, a nivel tanto local como global.

¿Cómo podría ayudar una convención de la ONU sobre fiscalidad?

El nivel actual de concentración de la riqueza es tan grotesco que exige soluciones y medidas en todos los niveles. Tenemos que luchar en el frente local, donde la gente está sufriendo, al tiempo que impulsamos un cambio sistémico en lugares como la ONU. El debate sobre las normas fiscales globales parece bastante alejado de las luchas cotidianas de la mayoría de la gente, dentro y fuera de nuestra alianza. Pero las decisiones que se toman al respecto repercuten sobre esas luchas.

Hasta ahora, las normas fiscales han sido establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización intergubernamental con 38 Estados miembros: el club de los países ricos. ¿Cómo es posible que las decisiones sobre las normas fiscales globales, que afectan a todo el mundo, se tomen en un lugar que no sea la ONU, que con todos sus defectos y fallas es el único organismo multilateral en el cual todos los Estados tienen un lugar en la mesa?

Aun así, como hemos visto con las negociaciones sobre el clima, en la ONU se libra una enorme lucha de poder. Conseguir el tipo de normas fiscales globales que queremos seguirá siendo una lucha titánica. Pero si las normas fiscales globales se elaboran en el seno de la OCDE, la mayoría del mundo ni siquiera tiene una oportunidad. Pedir amablemente a los países ricos que se comporten mejor no va a producir el tipo de transformación que queremos.

En noviembre de 2022 se dio un primer paso positivo: la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución llamando a una cooperación fiscal internacional más inclusiva y eficaz e instando a los Estados miembros a iniciar negociaciones sobre un tratado fiscal mundial. La resolución se hizo eco de un llamamiento del Grupo de los 77 (G77), el mayor bloque de países en desarrollo de la ONU, así como del Grupo Africano, y otorgó a la ONU el mandato de monitorear, evaluar y determinar las normas fiscales globales y apoyar la creación de un órgano fiscal mundial.

Una convención fiscal global pondría a los Estados del Sur en pie de igualdad con los del Norte, por lo que la propuesta enfrentó grandes rechazos. Quedaron claramente en evidencia las dinámicas del poder global. Era de esperarse: se trata de un proceso a largo plazo y de final abierto. No hay garantías de que vaya a dar lugar al marco global sólido que necesitamos. Pero sigue siendo una lucha que merece la pena dar, y la ONU es el escenario adecuado para ella, simplemente porque no hay ningún otro espacio donde puedan llevarse a cabo estas negociaciones. ¿En qué otro lugar podrían el G77 o el Grupo Africano renegociar las normas fiscales globales?

¿Cómo están haciendo campaña a la luz de la resolución?

No estamos haciendo campaña directamente a favor de la Convención Fiscal de la ONU, sino que intentamos atraer a la gente hacia esta agenda de una forma diferente. Hemos estado haciendo mucha campaña sobre los impuestos a los ricos y la abolición de los multimillonarios, que es una forma más atractiva de presentar la cuestión y movilizar a la gente en torno a ella. En este momento no me imagino a cientos de miles de personas saliendo a la calle por la Convención Fiscal de la ONU. En cambio, nos hemos organizado en torno a la necesidad de gravar a los ricos, tanto a individuos como a empresas, a escala nacional y global.

Este llamamiento tiene mucha resonancia popular porque a la gente le resulta más fácil vincularlo con sus luchas: luchas por trabajo, presupuesto para la salud, mejores servicios públicos o una renta básica, o contra medidas de austeridad, subas de impuestos regresivos o recortes de subsidios. Gracias a nuestro trabajo de organización, en los últimos años el tema ha pasado a formar parte de las campañas de muchos más movimientos en todo el mundo. Para muchos movimientos de base del Sur global ha sido la forma de entrar en el tema fiscal. Tiene potencial para atraer la atención de la gente hacia la agenda más amplia de la justicia fiscal. No se puede empezar celebrando una reunión comunitaria sobre la Convención Fiscal de la ONU. Hay que partir de las desigualdades cotidianas que experimenta la gente.

Póngase en contacto con la Alianza para Combatir la Desigualdad a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @jenny_ricks y a @FightInequality en Twitter.

CIVICUS conversa sobre el proceso para desarrollar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos y el rol de la sociedad civil con Ivette González, directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).

PODER es una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como a fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

¿Por qué es tan importante contar con un tratado sobre empresas y derechos humanos?

Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.

Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.

El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.

Toda empresa debe operar con debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones, como ciclo continuo de gestión y abarcando desde el planteamiento del proyecto, la inversión, las operaciones, fusiones, cadenas de valor y suministro, relaciones con clientes y proveedores, y cualquier otra actividad que pudiera generar impactos negativos sobre los derechos, incluyendo a los territorios. El tratado sirve para que los Estados, en tanto que principales sujetos de obligaciones para proteger los derechos humanos, exijan a las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades y lo monitoreen.

Asimismo, este tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.

¿Qué avances ha habido en la negociación del tratado?

En la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2022, se produjeron desarrollos interesantes. Si bien no hay una línea de tiempo y un plazo estricto para producir la versión final del tratado, una de las personas expertas convocadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el desarrollo del instrumento propuso el año 2025 para concluir las negociaciones. Ese es el plazo que se espera poder cumplir si los Estados tienen voluntad política para generar consensos. Y por lo pronto, se observa que algunos Estados que en el pasado fueron reticentes a participar ahora están teniendo un poco más de interés.

Por ahora el borrador cuenta con 24 artículos, los primeros 13 de los cuales se discutieron en la última sesión. Las discusiones incluyeron temas centrales como la definición de los derechos de las víctimas y su protección y la definición del propósito y el alcance del tratado, es decir, si debe de incluir solamente a las empresas transnacionales o también a otras empresas. El Estado mexicano, por ejemplo, sostiene que este instrumento debe abarcar todas las actividades que tengan un carácter transnacional. También se ha discutido acerca de la prevención de daños y el acceso a reparaciones, así como acerca de la responsabilidad legal, la jurisdicción que abordará la denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional, entre otros temas.

Algunos Estados han hecho aportes para mejorar el contenido en negociación. Por el contrario, otros Estados buscan minimizar el alcance del tratado en algunos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a protecciones a pueblos y comunidades indígenas, salvaguardas ambientales y derechos de las mujeres y la niñez, entre otros.

Hay Estados que apoyan las nuevas propuestas del presidente relator, el embajador de Ecuador, pero gran parte de la sociedad civil considera que, en su mayoría, van en detrimento de lo alcanzado durante siete años hasta 2021, y le quita fuerza al tratado. Promueven la asimetría de poder entre Estados del norte y el sur, así como entre las empresas y las personas y comunidades titulares de derechos. El tercer borrador revisado es el que reconocemos como legítimo y sobre el que se consideramos que se deben continuar las negociaciones.

¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil?

Decenas de OSC están impulsando un tratado efectivo. Entre ellas se cuentan PODER, junto con la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países, y muchas otras alianzas, movimientos y articulaciones como la Alianza para el tratado, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad.

Por supuesto que en la sociedad civil hay diversidad de opiniones en varios temas, pero estamos de acuerdo en la necesidad de regular la actividad empresarial con una perspectiva de derechos humanos. Hemos identificado los elementos que debe de contener este tratado y las condiciones para su implementación. Y tratamos de ponerle urgencia al proceso, que va demasiado lento, mientras que las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personas defensoras no se detienen, sino que aumentan cada año.

La sociedad civil ha hecho incidencia con los y las tomadoras de decisiones para que se abrieran espacios de discusión con la sociedad civil. PODER, junto con la Red-DESC, en particular, ha insistido en la participación constructiva y proactiva de los Estados del sur global en el proceso, y específicamente de América Latina. También trabajamos para integrar una perspectiva de género e interseccional tanto en el proceso como en el texto; un ejemplo ha sido la propuesta de utilizar la política exterior feminista de México.

La sociedad civil parte de la convicción de que no es posible desarrollar un tratado legítimo si no se coloca en el centro de todo el proceso la participación de los y las titulares de derechos – personas y comunidades rurales afectadas, pueblos indígenas, sindicatos independientes, personas LGBTQI+ y personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

¿Cuáles son las probabilidades de que la versión final del tratado satisfaga las expectativas de la sociedad civil y cumpla con su cometido?

Esperamos que el tratado contribuya a acabar con la impunidad corporativa y que los Estados asuman su obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Que se eviten abusos y violaciones, se reparen daños y se asegure que estas situaciones no se repitan.

Aunque existen procesos establecidos para el desarrollo de tratados internacionales, este es un tratado inusual y debe ser tratado como tal, por lo que deben hacerse los cambios que sean necesarios tanto en el proceso como en el contenido para que sea realmente efectivo.

La satisfacción completa de las expectativas de la sociedad civil requeriría de un cambio de paradigma basado en el principio de que las empresas tienen una función social y que sus operaciones no deben rebasar ciertos límites para tener una vida digna y un medio ambiente limpio sano y sostenible. Sabemos que no lograremos concretar todas nuestras aspiraciones con un tratado, con Planes Nacionales de Acción y con regulaciones y normativas, aun cuando éstas sean correctamente implementadas. Pero todos estos son pasos importantes para intentar equilibrar la balanza, limitando el poder que el sistema económico global ha otorgado a las corporaciones empresariales.

Si bien el tratado difícilmente satisfaga todas nuestras expectativas, las OSC que estamos exigiendo el máximo nivel de exigencia para este tratado seguiremos haciéndolo hasta el final. Seguiremos llevando propuestas de personas expertas y de las comunidades y grupos afectados que luchan por la justicia y la reparación de los daños que viven en carne propia, abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas y permanezcan en el centro de las negociaciones en todo momento e incluyendo en las consultas sobre el texto a personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.

Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí, y solo contribuiría a mantener un statu quo insostenible.

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CIVICUS conversa sobre la crisis política en Perú con Nadia Ramos, CEO del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas y portavoz oficial de la Red Hemisférica Somos Lideresas, organizaciones que impulsan el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en Perú y en América Latina.

¿Cómo se gestó el conflicto de poderes que acabó con la salida del presidente Castillo?

El expresidente Pedro Castillo fue elegido democráticamente a través del voto popular, pero desde antes de iniciar su mandato vivió un acoso constante de grupos que argumentaban que su victoria electoral nació a partir del fraude y, por ende, no lo reconocían como presidente legítimo. Estos grupos presentaron denuncias sin pruebas ante organismos internacionales para tratar de impedir su juramentación.

Perú tiene un sistema presidencialista híbrido, ya que, en vez de estar completamente separados, los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen poderes para destituirse o disolverse recíprocamente. Hay un Consejo de Ministros conformado por todos los ministros de Estado cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente del Perú. El Congreso otorga su voto de confianza al presidente del Consejo de ministros, pero si le niega su confianza en dos oportunidades el presidente de la República puede disolver el Congreso.

Los dos poderes están constantemente midiendo fuerzas, y durante el Gobierno de Castillo el choque institucional se sintió aún más. Si a esto se le suma que tenemos partidos políticos débiles, el resultado es una situación política inestable, algo a lo que estamos los peruanos muy acostumbrados.

Durante su gobierno, Castillo fue acosado por el Congreso, a lo que luego se sumó una denuncia grave de corrupción presentada por la Fiscal de la Nación. También fue atacado por la prensa tradicional, que durante meses nunca pudo obtener una entrevista con el presidente. Castillo no daba explicaciones de nada: guardó absoluto silencio y daba mensajes a la nación de un minuto de duración para explicar temas puntuales de su gestión.

A pesar de no tener mayoría en el Congreso, Castillo evitó ser destituido por el Congreso en varias oportunidades. Como se supo luego, lo hizo buscando discretamente apoyos en algunas bancadas clave. Pero mientras que sus antecesores tuvieron entre seis meses y un año en que pudieron gobernar, Castillo nunca tuvo tregua. Ante el acoso y la persecución, finalmente recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la activación de la Carta Democrática, un instrumento de defensa de la democracia bajo amenaza, argumentando que era víctima de un complot que buscaba sacarlo del poder. La OEA respondió enviando una Comisión de Alto Nivel a Perú para analizar la situación política y confirmar si se estaba gestando un complot en su contra, amenazando la democracia.

La democracia en Perú es muy precaria, y este fue un gobierno precario que buscó sobrevivir día a día. Era prácticamente imposible que llegara hasta el final de su mandato el 28 de julio de 2026.

¿Qué ocurrió el 7 de diciembre?

Desde hacía tiempo Castillo venía siendo hostigado por el Congreso, que de manera constante presentaba mociones de vacancia, aunque no obtenía los votos suficientes para destituirlo. Mientras tanto, el presidente guardaba silencio y se concentraba en lograr los apoyos necesarios para sobrevivir en el cargo. Hasta el 7 de diciembre, cuando el escenario político cambió por error del propio Castillo.

Ese día, el presidente inesperadamente quebró el orden constitucional de Perú y cometió un suicidio político. Durante su mensaje a la nación ordenó instaurar un “Gobierno de excepción”, disolvió el Congreso y convocó a elecciones para un Congreso Constituyente encargado de elaborar una nueva constitución. Declaró un toque de queda por 48 horas y anunció la reorganización del Poder Judicial, entre otras medidas.

Pero Castillo no contaba con que sus ministros renunciarían en bloque y las Fuerzas Armadas le darían la espalda y sacarían un comunicado indicando que no le debían obediencia a un gobierno usurpador. En respuesta a su mensaje a la nación, el pleno del Congreso hizo un llamado a todas las bancadas para celebrar una sesión extraordinaria en la que aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral con 101 votos a favor -bastantes más de los 87 requeridos- y cuatro en contra, en ausencia de varios congresistas afines al gobierno.

Castillo quedó detenido y una semana más tarde un juez dictó 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por rebelión, crimen organizado y corrupción, delitos por los cuales de ser condenado podría pasar varias décadas de prisión.

¿Cómo se resolvió la crisis institucional?

En los últimos años hemos visto pasar a seis presidentes y sobrevivido a varias situaciones de inestabilidad profunda. Esta crisis política se resolvió en pocas horas, ya que el Congreso enseguida vacó al presidente y convocó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para asumir como la primera presidenta del Perú.

No obstante, la ciudadanía esperaba que Boluarte renunciara, que el Congreso eligiera una nueva Mesa Directiva – el órgano encargado de la dirección administrativa del Congreso – y que el presidente del parlamento asumiera la presidencia para convocar a nuevas elecciones generales. Cuando Boluarte decidió continuar al frente se desató una ola de protestas en todo el país en reclamo de su dimisión. En la represión de las protestas fueron asesinadas 28 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Esto llevó a la renuncia de dos ministros y a la renovación del primer gabinete del gobierno de Boluarte.

A continuación el Congreso aprobó en primera votación que las elecciones generales se lleven a cabo en abril de 2024. Ahora toca llevar a cabo una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Esperamos que las reformas electorales y políticas continúen para garantizar que las personas correctas puedan llegar al Congreso y a la presidencia.

¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil peruana, y qué clase de apoyos internacionales necesita?

La sociedad civil peruana está llevando a cabo protestas pacíficas, pero la represión ha sido una constante durante las últimas semanas. La inestabilidad política y social ya ha costado decenas de vidas, por lo que esperamos mensajes firmes de condena de la comunidad internacional, la continuidad de las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que las redes internacionales de derechos humanos sean nuestra voz para que los crímenes cometidos contra adultos y adolescentes peruanos no queden impunes.

Buscamos y exigimos justicia y reparación para los familiares de las víctimas. Asimismo, exigimos judicialización de todos los responsables –desde quien dio la orden y cometió las matanzas, hasta los involucrados en el sembrado de pruebas falsas contra líderes de organizaciones sociales y civiles para acusarlas falsamente de terrorismo.

El espacio cívico en Perú es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

Póngase en contacto con el Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas y con Somos Lideresas a través de sus respectivas páginas de Facebook, y siga a @SLideresas y a @ramosnadia en Twitter.