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CIVICUS conversa con Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado. A fines de la década de 1980 amplió su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

1. Cuéntenos acerca de la decisión del gobierno argentino de revocar la acreditación de varias organizaciones de la sociedad civil para la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires.

Sesenta y cinco personas de todo el mundo cuyas organizaciones habían sido acreditadas para participar en la Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebró en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017, recibieron correos electrónicos de la OMC que indicaban que las autoridades de seguridad de Argentina, el país anfitrión, había rechazado sus acreditaciones “por razones sin especificar”. Algunas de estas personas decidieron de todos modos viajar a Argentina para participar en otras actividades. Muchas de ellas fueron retenidas durante horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que se les permitiera ingresar al país. A dos personas - Petter Titland, un activista noruego de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y de Ayuda a los Ciudadanos), y la periodista británico-ecuatoriana Sally Burch, quien participaría en la Conferencia Ministerial en calidad de experta en regulación de internet – les fue denegado el ingreso y fueron posteriormente deportadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores inicialmente emitió un comunicado de prensa explicando que las acreditaciones habían sido rechazadas porque estas personas o sus organizaciones “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. Resultó evidente que el gobierno había estado recopilando información de inteligencia, muy posiblemente sobre la base de la afiliación organizativa o la opinión política de las personas, lo cual está expresamente prohibido por la legislación argentina.

2. ¿Qué hizo la sociedad civil para que el gobierno de Argentina revocara su decisión?
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Argentina, y el CELS en particular, trabajaron para defender el derecho de los activistas puestos en la lista negra a la participación y la libertad de circulación, de modo de garantizar su ingreso a Argentina. Recopilamos y compartimos información tanto a nivel local como con sus organizaciones en sus países de origen. También alertamos a los funcionarios de las embajadas y en la justicia cuando las personas estaban siendo retenidas en el aeropuerto. Por último, tomamos medidas legales y administrativas.
Más específicamente, el CELS presentó peticiones de hábeas data, una solicitud de información pública y un habeas corpus colectivo, a la vez que se ocupó de los casos individuales de Titland y Burch, y brindó asesoramiento y apoyo a algunas de las otras personas directamente afectadas. Además, ayudamos a hacer correr la voz entre los periodistas, a través de las redes sociales y mediante entrevistas de prensa y comunicados en los medios.
Mediante estas peticiones legales y administrativas, solicitamos que el gobierno especificara las restricciones de seguridad establecidas para participar en el evento de la OMC y explicara los vínculos existentes entre esa evaluación y la prohibición o restricción del ingreso de activistas individuales al país.
En una audiencia judicial sobre el habeas corpus colectivo que presentamos en nombre de los activistas de la sociedad civil que habían sido retenidos al llegar al país, el gobierno presentó una lista con los nombres de las 65 personas cuyas acreditaciones habían sido rechazadas, pero insistió en que esto no les impedía la entrada en Argentina y que no tenía ninguna relación con las deportaciones de Titland y Burch. Reconocieron, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado esta lista a la Dirección Nacional de Migraciones, en calidad de “alerta”. Tanto Titland como Burch figuraban en esa lista.
En respuesta a nuestras otras peticiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no podía proporcionar detalles sobre qué información se había recabado sobre esas 65 personas o cómo había sido obtenida, y remitió nuestras consultas al Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia. Todavía seguimos esperando sus respuestas.
Gracias a la presión legal, diplomática y mediática de la sociedad civil, el gobierno argentino se vio obligado a retroceder en algunos casos. Después de que Titland y Burch fueron deportados, a nadie más se le prohibió ingresar al país. Además, el 10 de diciembre el gobierno argentino anunció que un puñado de personas que figuraban en la lista estaban siendo acreditadas nuevamente. Entre ellas se encontraba Titland, quien finalmente regresó a Argentina y participó en la conferencia.
Sin embargo, muchas otras personas y OSC siguieron sin ser acreditadas, incluidas la organización chilena Derechos Digitales, la fundación argentina Grupo Efecto Positivo y la organización británica Global Justice Now. Algunos activistas cuyos nombres figuraban en la lista nos dijeron que se habían abstenido de viajar a la Argentina por miedo, y a otros les habían rechazado las solicitudes de visa. Algunos han manifestado temor de que estos rechazos y alertas queden registrados en su historial migratorio.

3. ¿Qué impacto tendrá la decisión del gobierno argentino sobre la legitimidad de las conversaciones de la OMC y, en términos más generales, sobre las perspectivas de participación de la sociedad civil en futuros debates globales?

La decisión del gobierno argentino de rechazar la acreditación de activistas sobre la base de información de inteligencia que puede que haya sido recabada ilegalmente, retenerlos en el aeropuerto y, en los dos casos más notorios, deportarlos a terceros países, causó tensión con la propia OMC y con otros países, en particular Noruega. Daría la impresión de que el gobierno argentino intentó reducir la participación de la sociedad civil en esta conferencia ministerial. Independientemente de los resultados de la reunión, esto sin duda tendrá impacto sobre la legitimidad de las conversaciones.

Esta fue la primera vez en que hubo un rechazo de activistas en semejante escala, y sienta un precedente muy negativo para la participación de la sociedad civil. Las acciones del gobierno argentino han enviado un mensaje intimidatorio que pone en cuestión el compromiso del país con la participación de la sociedad civil. Esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales es una nueva dimensión que debe ser monitoreada. Y debería hacer sonar la alarma para que la sociedad civil global se asegure de que otros gobiernos no conviertan este precedente en una práctica de rutina.

 

4. ¿Cómo describiría el ambiente para la sociedad civil en Argentina? ¿Qué debería cambiar para que el espacio cívico mejore en el país?

Aunque Argentina está lejos de presentar el peor escenario en la región, el ambiente para la sociedad civil se está deteriorando. El gobierno actual ordenó la represión de protestas sociales y promovió o toleró la criminalización de los manifestantes y de algunos prominentes líderes sociales. También ha mostrado desdén por la participación de la sociedad civil, por ejemplo al nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema -y por lo tanto pasar por alto todas las instancias de participación pública en el proceso- y llevar adelante un intento de designación relámpago de un candidato a ocupar la vacante Defensoría del Pueblo, ignorando nuevamente a la sociedad civil en el proceso. En ambos casos, los reclamos públicos forzaron al gobierno a retroceder.

Además, el CELS y otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que desempeñaron un rol en el caso de Santiago Maldonado, un joven que desapareció durante la represión ilegal de una protesta de una comunidad indígena y fue encontrado ahogado casi tres meses después, fueron demonizados por algunos funcionarios nacionales.

Para que el espacio cívico en Argentina mejore, el gobierno debe proporcionar garantías para el ejercicio efectivo del derecho a la protesta, asegurando que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza responsablemente y dentro de la ley. También debe dar prioridad a los canales políticos para alcanzar soluciones concertadas a los conflictos y demandas sociales, y debe respetar y promover una variedad de mecanismos para la participación de la sociedad civil en procesos políticos clave.

  • El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.
  • Contáctese con el CELS a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga @CELS_Argentina y a @gchillier en Twitter

 

 

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