‘Tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos, es decir reactivando comunidades, y no solamente edificando casas’

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Los dos terremotos que afectaron a México en septiembre de 2017 dejaron cientos de muertos y miles de heridos, y la sociedad civil respondió rápidamente. Además de tener impactos inmediatos, los terremotos expusieron graves deficiencias de gobernanza. CIVICUS habla con dos personas de Fundar: Centro de Análisis e Investigación - Eduardo Alcalá, Coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación, y Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Fundar es una organización de la sociedad civil mexicana, plural e independiente, que promueve una democracia sustantiva y la transformación de las relaciones de poder entre gobierno y sociedad. Realiza labores de incidencia a través de la producción y diseminación de conocimiento especializado, la reflexión crítica y propositiva y la experimentación y vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales.

1. ¿Piensan que la respuesta del gobierno mexicano ante los sismos de septiembre de 2017 fue adecuada y suficiente?

El 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados afectó gravemente a la población de Chiapas y Oaxaca. Poco después, el 19 de septiembre, otro sismo de 7.1 grados causó graves daños, principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los sismos pusieron en evidencia la existencia de diversas falencias que el gobierno mexicano debe atender de manera urgente en materia de prevención y respuesta a los efectos de desastres naturales.

Desde nuestra perspectiva, la respuesta oficial ante estos hechos debe contemplar los siguientes elementos. En primer lugar, debe incluir la provisión de información accesible, clara, precisa y de calidad. Esto es determinante para la atención inmediata, es decir para el adecuado rescate de sobrevivientes, su cuidado y la recuperación de su patrimonio; para la reconstrucción de sus viviendas y de la infraestructura de sus localidades; para la provisión de condiciones de vida adecuadas a sus necesidades tras el desastre, y eventualmente para reparar daños y garantizar otros derechos. En este sentido, está claro que las plataformas y los sistemas oficiales de información y de comunicación deben ser actualizados con urgencia para ofrecer datos completos que permitan conocer de manera inmediata la magnitud de los daños, el tipo de asistencia de emergencia enviada a las poblaciones afectadas y, sobre todo, las estrategias planificadas y el origen y el destino de los recursos públicos con que el gobierno responderá a la catástrofe en el corto, el mediano y el largo plazo. En el caso de los sismos recientes, las respuestas del gobierno a las necesidades de información no cumplieron con estos estándares mínimos de transparencia ante desastres naturales.

Segundo, la respuesta oficial debe asimilar el hecho de que, en la fase de emergencia, la participación ciudadana encarada desde la solidaridad y la voluntad de las personas se organiza y coordina de manera natural y virtuosa. En ese sentido, las acciones para atender la fase de emergencia que desarrollaron las comunidades en México evidentemente superaron en tiempo y forma a las estrategias oficiales. Las redes sociales habilitaron una respuesta social mucho más ágil y efectiva que los procesos burocráticos. El involucramiento del gobierno a través de la marina, el ejército y los operadores públicos, si bien contribuyó a ordenar algunos aspectos durante esta fase, en ciertos momentos generó confusión e impuso medidas no necesariamente acordes a los protocolos internacionales en materia de rescate y salvaguarda de las vidas de las personas.

Tercero, la respuesta gubernamental debe incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones para la reconstrucción. Las estrategias e intervenciones deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos. La participación no solo empodera a las comunidades sino que también garantiza una mayor congruencia entre las políticas resultantes y las prioridades de las comunidades. En este sentido, apremia que el gobierno mexicano habilite, promueva e implemente mecanismos efectivos de participación ciudadana para la formulación de planes de reconstrucción y, más en general, que fortalezca en forma permanente el diálogo con la ciudadanía.

Cuarto, la respuesta del gobierno debe ir acompañada de mecanismos adecuados de rendición de cuentas, basados en plataformas y sistemas eficaces de información, para que sea posible hacer un monitoreo en tiempo real tanto del avance físico como del aspecto financiero de los planes de reconstrucción. Asimismo, el gobierno debe estar dispuesto a reorientar sus acciones y ajustar la inversión en función de las necesidades más apremiantes desde una visión estratégica a corto, mediano y largo plazo. En este punto, el gobierno mexicano debería introducir mejoras sustantivas en el diseño, la implementación y la operación de mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano. La ciudadanía debería poder monitorear los procesos de reconstrucción en todas sus dimensiones, tanto físicas como financieras y en lo que respecta al desembolso tanto de recursos públicos como de recursos procedentes de donaciones privadas. Actualmente el marco normativo es poco robusto en este sentido y tiene lagunas procedimentales que complican la adecuada fiscalización.

2. ¿Qué rol desempeñó en este contexto la sociedad civil?

La sociedad civil ha estado desde hace años activa en todos estos temas. En primer lugar, diversas organizaciones han puesto en el centro del debate público la necesidad de una mejor planeación urbana y de vivienda, así como de un diseño integral en materia de protección civil y prevención y atención a riesgos. En segundo lugar, ante la ocurrencia de desastres - sismos, sequías, huracanes, inundaciones - la sociedad civil ha contribuido mediante la provisión de información y la puesta en marcha de mecanismos participativos para atender necesidades puntuales de las comunidades afectadas. Tercero, a través de diversas plataformas cívicas e iniciativas ciudadanas, desde la sociedad civil nos hemos involucrado en distintos frentes para, sobre la base de nuestra experticia, mejorar los procesos en las fases posteriores a una catástrofe.

De modo que, aunque el voluntariado fuera una de las caras más visibles de la sociedad civil en los momentos inmediatamente posteriores al desastre, nuestra presencia lo excede con creces. La sociedad civil ha impulsado el análisis y la discusión de enfoques que reconceptualizan la noción de bienestar de las personas afectadas por un desastre natural. Tenemos claro que “reconstruir por reconstruir” no sirve; tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos. Esto implica no solamente edificar casas sino también reactivar comunidades, impulsar un desarrollo acorde a las necesidades de cada población, priorizar los requerimientos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y, en suma, asegurar mejores condiciones de vida para prepararnos para futuros eventos similares.

Es resumen, tenemos conocimientos especializados y experiencia de sobra, y el gobierno debería reconocerlo mediante la promoción de un diálogo fluido y la adopción de compromisos concretos con la sociedad civil. Sin embargo, todo esto requiere de una gran voluntad política y administrativa, y difícilmente ocurra a menos que nosotros elevemos nuestras exigencias. En sentido estricto, lograr que el gobierno adecue sus mecanismos a las oportunidades de mejora y a nuestras observaciones y recomendaciones es el principal reto que tenemos enfrente. Como todo proceso de incidencia en pos de transformaciones estructurales, no será fácil. Será un esfuerzo permanente y de largo plazo, y en ningún momento podrá perder de vista los principios y las prácticas de información, participación y rendición de cuentas. Pero solo en la medida en que hagamos nuestra labor de vigilancia lograremos mejorar los procesos democráticos y asegurar mayores niveles de bienestar humano para la ciudadanía.

3. ¿Acaso los sismos pusieron en evidencia otros problemas subyacentes de larga data? ¿Ha abierto la emergencia alguna ventana de oportunidad para la resolución de esos problemas?

Los sismos confirmaron la existencia de fallas estructurales e instruccionales, así como la necesidad de fortalecer los controles y la rendición de cuentas en materia de ejecución de recursos y procesos de contratación por adjudicación y licitación. El mapa de las comunidades más afectadas dejó en evidencia que ellas enfrentaban fuertes precariedades y desigualdades desde mucho antes de los sismos. De igual modo, se observa que las mujeres son las principales víctimas de los desastres, al mismo tiempo que las tareas de asistencia inmediata tras el sismo otorgaron a las mujeres un protagonismo sin precedentes. De modo que esta es una oportunidad ideal para atacar esos problemas, vulnerabilidades y desigualdades desde la raíz. El gobierno mexicano no debe perder la oportunidad que tiene enfrente. Por un lado, debe mejorar la conceptualización y el diseño del marco normativo y procedimental, a partir de principios y estándares de derechos humanos. Por otro lado, debe transformar las prácticas institucionales mediante las cuales implementa sus acciones y gasta los recursos públicos. En ese sentido, los sismos también abrieron una ventana de oportunidad (que todavía debe ser aprovechada por el gobierno) para poner en marcha una estrategia de colaboración con la sociedad civil.

La toma de decisiones en esa dirección contribuiría a resolver no solamente el tema inmediato de la respuesta a emergencias sino también otras problemáticas que cruzan profundamente a la agenda pública: la falta de transparencia y rendición de cuentas, la desigualdad, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la impunidad.

4. ¿Han surgido iniciativas novedosas de la sociedad civil en el contexto del desastre?

Han surgido varias iniciativas novedosas. Una de ellas es la plataforma #Epicentro, integrada por organizaciones de la sociedad civil, de la academia y del sector empresarial, así como por voluntarios. Con el lema “Reconstrucción social con integridad”, #Epicentro surgió a partir de un núcleo de diez organizaciones, que en pocos días se convirtieron en 30 y en las últimas semanas se multiplicaron hasta superar las 100. Fundar forma parte de esta iniciativa, que busca promover la participación ciudadana en las distintas fases de la reconstrucción, exigiendo del gobierno mexicano los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. La atención a la reconstrucción es clave porque ésta insumirá mucho más tiempo y recursos que la propia situación de emergencia: actualmente se calcula que llevará tres años y costará unos 30 mil millones de pesos, buena parte procedente del sector privado. Y por supuesto que en un período tan largo la atención mediática declina, y dados los montos involucrados, el descuido puede tener enormes costos. En este caso, además, el período de reconstrucción se superpondrá con el próximo proceso electoral que se desarrollará en 2018, y es preciso minimizar el riesgo de que se haga un uso político y clientelar de los recursos destinados a la reconstrucción.

La coalición #Epicentro se articula en tres nodos temáticos. El primero está a cargo de hacer un seguimiento minucioso para vigilar que los recursos para la reconstrucción se gasten correctamente y lleguen a quienes realmente los necesitan. El segundo se ocupa de monitorear que la reconstrucción se lleve a cabo siguiendo las mejores prácticas, los aprendizajes de otras experiencias y los estándares de derechos humanos. El tercero se centra en el tema de las reparaciones del daño causado a las víctimas de casos de corrupción y la sanción de los responsables. En ese sentido, es necesario investigar porqué murieron personas cuando se derrumbaron construcciones que tenían permisos que probablemente nunca deberían haber sido otorgados.

En suma, #Epicentro representa un compromiso y una apuesta ciudadana de largo aliento. El formato de la plataforma, diseñada por jóvenes especialistas en tecnologías cívicas, es novedoso en el marco de la experiencia mexicana de construcción de redes, alianzas a iniciativas para el monitoreo ciudadano, no solamente por la cantidad de organizaciones y voluntarios involucrados o por su diversidad y complementariedad temática y técnica, sino también por el grado de coordinación logrado en torno de un fin común.

5. ¿Ha recibido México suficientes expresiones de solidaridad y apoyo financiero de la comunidad internacional? ¿De qué modo adicional podrían los actores externos apoyar la reconstrucción?

Tras los sismos la solidaridad de la comunidad internacional se hizo sentir. El apoyo abarcó desde ayuda humanitaria en especie y asistencia técnica para el rescate hasta un gran caudal de aporte financiero procedente de donativos de diversos actores de la comunidad internacional, tanto públicos como privados.

El portal “Transparencia Presupuestaria” ofrece información oficial acerca de los donativos que el gobierno mexicano ha recibido de distintos países y organizaciones internacionales, entre las cuales se cuenta el Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC). Sin embargo, la publicación de la información no alcanza para asegurar que los recursos atiendan las necesidades de las poblaciones afectadas por los desastres naturales.

La multiplicidad de fuentes de recursos internacionales incrementa la necesidad de instrumentos eficientes para su administración, garantías de transparencia en su ejecución y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre el destino de los recursos. Expresados como mera cantidad, los montos de los recursos financieros no dicen demasiado: en lo inmediato, claro que es importante que esos fondos no acaben en el bolsillo equivocado. Pero en el largo plazo, lo que realmente importa es que esos recursos se materialicen en estrategias y acciones concretas que aseguren una reconstrucción encarada con un enfoque de derechos. En ese sentido, sería importante que los donantes de los recursos expresaran interés en el destino de los fondos y en el impacto que ellos van teniendo en el logro de los fines para los cuales fueron dispuestos.

  • El espacio cívico en México es clasificado por el CIVICUS Monitor en la categoría ‘represivo’, indicativa de la existencia de serias restricciones sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
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