CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas LGBTQI+ en Perú con Rodrigo Flores Castro, psicólogo clínico y coordinador del Comité de Salud Mental de Más Igualdad.
Más Igualdad es una organización feminista interseccional que aboga por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+. Trabaja guiada por la visión de un Perú donde las personas LGBTQI+ sean legal y socialmente reconocidas.
Recientes medidas gubernamentales amenazan con empeorar la situación de las personas LGBTQI+ en el Perú, y en particular de las personas trans, que carecen de toda legislación que las proteja. En mayo de 2024 el Ministerio de Salud recuperó una versión obsoleta del sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud que clasificaba a la identidad transgénero como un problema de salud mental. El activismo LGBTQI+ se ha movilizado contra el decreto, que perpetúa la discriminación y podría fomentar prácticas inaceptables como las llamadas terapias de conversión, que las Naciones Unidas consideran como una forma de tortura.
¿Cuál es la situación de los derechos de las personas LGBTQI+ en el Perú?
La situación de las personas LGBTQI+ es precaria. No hay ninguna ley que reconozca y garantice sus derechos. Esto es especialmente grave en el caso de las personas trans. No hay una ley de identidad de género que les permita realizar cambios en sus documentos mediante un proceso administrativo. En cambio, deben recurrir a un proceso judicial costoso y estresante, enfrentándose a menudo a tratos denigrantes y discriminatorios por parte de los jueces. Esto las deja en una posición de vulnerabilidad, ya que el hecho de no tener documentos que reflejen su identidad afecta su acceso a empleo, educación y servicios de salud.
Además, no hay ninguna ley que criminalice los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género. Tampoco se ha legalizado el matrimonio igualitario, y aunque se ha propuesto la figura de la unión civil como alternativa, aún no se ha logrado consenso para su aprobación.
Se han logrado algunos avances legales limitados, como la inclusión de la prohibición de discriminación en ciertas normativas municipales, pero no se han abordado las necesidades específicas de las personas LGBTQI+. Por el contrario, en los últimos años se han observado tendencias regresivas. Grupos conservadores con representación en el Congreso están buscando revertir los pocos avances logrados y evitando que se produzcan otros nuevos. Con argumentos basados en desinformación y prejuicios, se oponen a la incorporación del enfoque de género en el currículo escolar y a la educación sexual integral.
¿Qué dice el reciente decreto ministerial sobre las personas LGBTQI+, y qué consecuencias tendría su aplicación?
El 10 de mayo el Ministerio de Salud publicó un decreto supremo que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, un listado de todas las condiciones de salud, medicamentos y procedimientos que las aseguradoras están obligadas a cubrir. En referencia a las personas LGBTQI+, el decreto usa algunas categorías diagnósticas denigrantes y perimidas, como el transexualismo, el trastorno de identidad de género y la homosexualidad egodistónica. La categorización de las personas sexualmente diversas como enfermas mentales es un atentado contra su dignidad.
Según el gobierno, la inclusión de referencias a la diversidad sexual tuvo la intención de garantizar el acceso de las personas LGBTQI+, y especialmente las personas trans, a los servicios de salud. Incluso si así fuera, su aplicación tendría enormes consecuencias negativas. Normalizaría la discriminación y fortalecería los discursos de odio. Ya se han recibido denuncias de personas trans que están siendo víctimas de acoso o discriminación en el trabajo, a raíz de esta normativa.
Este decreto también abre la puerta a prácticas peligrosas como las terapias de conversión, que ya existen en el país. Un estudio realizado en 2018-2019 reveló que alrededor del 40% de las personas encuestadas habían sido sometidas a estas prácticas, en muchos casos cuando eran menores de edad. Al categorizar a las personas de la diversidad sexual como enfermas mentales, el Estado envía el mensaje de que necesitan ser reparadas, habilitando estas prácticas denigrantes.
Además, la nueva normativa aumenta la desconfianza de las personas LGBTQI+ hacia las instituciones de salud y el Estado en general. Muchas personas podrían verse obligadas a elegir entre su salud física y su tranquilidad emocional. Es una situación que requiere ser atendida urgentemente.
¿Cómo ha respondido el activismo LGBTQI+?
Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBTQI+ han respondido de diversas formas. Desde que se conoció la noticia, varias organizaciones se han organizado y creado una coordinación nacional para llevar al gobierno un mensaje unificado. Redactaron una carta y solicitaron una reunión con el Ministerio de Salud y realizaron protestas y manifestaciones demandando la derogación del decreto.
El gobierno ha insistido en que el decreto tiene la intención de garantizar el acceso de las personas LGBTQI+ a servicios de salud y tratamientos, y también ha argumentado que la implementación de una versión del listado alineada con la versión actual de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud tomará tiempo. En los últimos días, sin embargo, el Ministerio de Salud se reunió con colegios profesionales de médicos y psicólogos, tras lo cual se espera que comunique una nueva propuesta con algunas alternativas.
¿Cómo trabaja su organización para promover el reconocimiento de derechos?
Nuestra organización, Más Igualdad, promueve todos los grandes temas de la agenda LGBTQI+ en Perú. Estos incluyen el reconocimiento legal y social de la identidad de género, la promoción del matrimonio igualitario, la eliminación de la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, y el acceso sin discriminación a servicios de salud mental y atención médica. En el trasfondo de todos ellos está la búsqueda de igualdad, dignidad y respeto a las personas LGBTQI+.
Para contribuir al avance de los derechos de las personas LGBTQI+ y generar un cambio positivo en la sociedad desarrollamos diversas acciones. Realizamos campañas dirigidas a la sociedad en general para crear conciencia y promover la aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual y de género. Participamos en diálogos ciudadanos, fomentamos la participación política de las personas LGBTQI+ y sus aliados, y hacemos incidencia para influir en la formulación de leyes y políticas que protejan sus derechos. Ofrecemos servicios de asesoramiento, orientación y ayuda psicológica para personas LGBTQI+, creando espacios seguros donde puedan expresarse libremente y recibir el apoyo necesario. También brindamos formación y capacitación en diversidad sexual y de género a profesionales de diversos sectores, promoviendo una atención inclusiva y libre de discriminación en áreas como salud, educación y trabajo.
Mediante estas acciones y el trabajo conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, buscamos construir una sociedad más inclusiva, igualitaria y respetuosa, donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libres de discriminación y violencia.
El espacio cívico en Perú es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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