CIVICUS conversa con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), acerca de la inminente inauguración del nuevo presidente, a la que se llega tras 100 días de movilización en reclamo del respeto de la voluntad popular.
Fundada en el año 2000, UDEFEGUA es una organización de la sociedad civil dedicada a documentar, verificar y registrar agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.
¿Cuál fue la relevancia de la elección de Bernardo Arévalo como presidente, y a qué se deben las enormes resistencias que ha enfrentado?
El 29 de diciembre de 2023 se cumplieron 27 años de la firma de los acuerdos de paz que siguieron a los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala. Ese conflicto se cobró más de 200.000 víctimas directas y dejó secuelas enormes en la sociedad guatemalteca. Los acuerdos de paz establecían una agenda de transformación estructural para eliminar las causas del conflicto. En cambio, los últimos tres gobiernos – y en particular el del actual presidente, Alejandro Giammattei – no hicieron otra cosa que gestar una grave regresión autoritaria.
Las elecciones presidenciales de junio y agosto de 2023 pretendían consolidar este retroceso autoritario y terminar de sepultar la agenda de la paz y la construcción democrática.
En la primera vuelta de la elección presidencial compitieron más de 20 partidos, mayoritariamente de derecha y extrema derecha e identificados con los sectores que han capturado al Estado, es decir, muy vinculados a la élite económica, política y militar y al crimen organizado.
El solo hecho de que se llevara a cabo la elección fue un hito en sí mismo. Que, además, el candidato ganador tuviera una clara perspectiva democrática y progresista lo hizo aún más remarcable. La victoria de Bernardo Arévalo representa el repudio de la sociedad a la élite política corrupta. Nos encontrábamos ante una encrucijada histórica, entre un pasado autoritario y un futuro posible de construcción de un Estado democrático.
Ello explica las enormes resistencias que ha debido enfrentar el presidente electo. Bernardo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo luego de la revolución de octubre de 1944 y artífice de la llamada primavera democrática de esos años. Su legado sigue muy presente: fue entonces cuando el derecho del sufragio se amplió a las mujeres, se dictó el código de trabajo y se instituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, se transformó el Estado.
Hoy cumplimos 79 años de estar dominados por grupos particulares interesados en mantener los privilegios de un pequeño segmento de la población, que se resisten a que un gobierno de este talante llegue al poder. Sin embargo, aunque muy poderosos, estos grupos son minoritarios y por fin da la impresión de que estarían comenzando a perder los privilegios de que han disfrutado siempre.
¿Ha estado en riesgo la democracia en Guatemala?
Los últimos gobiernos han roto por completo la legalidad. El gobierno saliente prácticamente produjo un quiebre del estado de derecho. Un indicador de ello, que hemos identificado como parte del contexto de agresión a personas defensoras de derechos humanos, es la violación del principio republicano de independencia de poderes. Los tres órganos del Estado guatemalteco, ejecutivo, legislativo y judicial, fue capturados por elites mafiosas.
Los repetidos intentos de violentar la voluntad popular expresada en las urnas no hicieron más que agravar la situación. El Ministerio Público y la Fiscalía han presionado al Tribunal Supremo Electoral para que revierta los resultados electorales, llevando a cabo cuatro allanamientos ilegales y arbitrarios contra el Tribunal.
Es importante remarcar que misiones nacionales e internacionales de observación electoral, incluidas las de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, corroboraron la transparencia del proceso y afirmaron que las denuncias de fraude carecen de fundamentos.
El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia, y frente a ello la ciudadanía se ha movilizado. A partir del 2 de octubre se convocó a un paro nacional por tiempo indefinido para exigir el respecto de la voluntad popular. El 9 de enero se cumplieron 100 días de resistencia pacífica, encabezada por los pueblos originarios e indígenas, en defensa de la democracia.
¿Cuáles fueron las particularidades de estas protestas?
A las protestas convocadas por autoridades ancestrales indígenas de los pueblos originarios se han sumado numerosas expresiones ciudadanas espontáneas. En el pasado, las capas medias urbanas y mestizas se oponían a los procesos de movilización de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, en cambio, las protestas lideradas por los pueblos indígenas han sido acompañadas y legitimadas por amplios sectores de la sociedad. Este hecho rompió con una larga tradición de prejuicio y discriminación racial de la sociedad urbana y mestiza hacia los pueblos indígenas, y resultó en manifestaciones masivas y muy extendidas en el territorio nacional.
Las protestas lograron aglutinar a los 23 pueblos que conforman Guatemala. Amplios sectores de la sociedad llevaron a cabo bloqueos de carreteras en los principales puntos de tránsito del país. El tránsito de alimentos y de servicios médicos o de asistencia no se vieron obstruidos, ya que los manifestantes les liberaron el paso.
Los bloqueos fueron una manifestación de alegría ciudadana sin precedentes. La ciudadanía retomó y recuperó el espacio público, hubo bailes en las calles tomadas, juegos de fútbol, clases de yoga y de ajedrez.
Una característica central de las protestas fue su carácter pacífico. Frente a las provocaciones de actores externos y de la policía nacional, la ciudadanía respondió con acciones no violentas. Durante 100 días mantuvo una concentración frente a la sede central del Ministerio Público. Los manifestantes no dejaron su lugar y continuaron reclamando la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por sus reiterados intentos de anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo.
¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno?
El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, tiene ante sí importantes retos. Aunque controlará el Poder Ejecutivo, el Legislativo sigue altamente capturado por las mafias. De 160 parlamentarios, alrededor de 130 pertenecen a grupos que integran lo que en Guatemala es popularmente conocido como el “pacto de corruptos”. Lo mismo sucede con el sistema de justicia.
Bernardo Arévalo tiene el enorme reto de reconstruir la institucionalidad pública. La corrupción y la impunidad han llegado a niveles tales que servicios tan esenciales como sacar un documento de identidad se han convertido en un suplicio. Se debe reconstruir la infraestructura para que los ciudadanos podamos acceder de manera gratuita a servicios esenciales como la salud y la educación y se ponga freno a la larga lista de violaciones de derechos humanos que sufre la población guatemalteca.
Otro gran reto es generar un proceso sistemático y permanente de diálogo con la sociedad civil. En particular, se debe dar reconocimiento a los pueblos indígenas, históricamente relegados y vulnerados por el Estado guatemalteco, como sujetos políticos centrales.
El gobierno del Movimiento Semilla tendrá tan solo cuatro años para dar respuestas a estos desafíos. Esperamos que su mandato funcione como un período de transición que dé inicio a un largo período de gobiernos que respondan a los intereses de la mayoría de la población.
¿Qué cambios en la situación de las personas defensoras de derechos humanos cabe esperar a partir del cambio de gobierno?
En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Defensor de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, iniciado a raíz del asesinato de un defensor en el año 2004. Nuestra petición a la Corte fue que se incluyera como medida de reparación la construcción de una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos. La Corte aceptó esta solicitud y la incluyó en su resolución, imponiendo cinco parámetros para el diseño de dicha política pública.
Pero los esfuerzos de construcción de esta política quedaron truncos y al día de hoy solamente contamos con un documento borrador. Por lo tanto, será una responsabilidad central del nuevo gobierno culminar este proceso y comprometerse no solo a aprobar la política sino también a volcar los recursos necesarios para su implementación.
Otra de sus responsabilidades en esta materia consistirá en impulsar una agenda legislativa para desmantelar toda la legislación criminalizadora que fue aprobada en los últimos años. Este proceso debe ir de la mano con un ejercicio activo de las instituciones encargadas de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar el proceso de construcción democrática en Guatemala?
El riesgo de ruptura constitucional sigue presente. El nuevo gobierno deberá enfrentar a una de las oligarquías más conservadoras y atrasadas del continente, responsable del delito de genocidio. Quitarles sus privilegios a estos sectores no será tarea fácil.
Por lo tanto, el continuo acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional serán sumamente necesarios. El intercambio de información y buenas prácticas, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la asistencia técnica serían formas cruciales de respaldo.
El 14 de enero, fecha de la asunción presidencial, comienza un período de transición democrática que promete dejar atrás la corrupción y la ilegalidad. Tanto el nuevo gobierno como la sociedad civil guatemalteca necesitarán de todo el apoyo posible para conseguirlo.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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