CIVICUS conversa acerca del año transcurrido bajo el estado de emergencia en El Salvador con César Artiga, fundador y coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú y del Grupo Impulsor Nacional de la Resolución 2250 (Agenda de Juventud, Paz y Seguridad).
Estas agrupaciones ciudadanas acompañan procesos de sensibilización social, empoderamiento jurídico e incidencia política desde el año 2017. Promueven y defienden los derechos humanos, la construcción de la paz, la justicia y la sustentabilidad mediante el trabajo con grupos y comunidades que viven en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, en particular en lo que se refiere a sus derechos ambientales.
¿Cuánto hay de realidad y cuánto de propaganda en la afirmación de que Bukele ha triunfado en la lucha contra la violencia de las pandillas?
A nivel de los medios, tanto nacionales como internacionales, se ha logrado posicionar que El Salvador se ha convertido en un paraíso. La portada de la revista Semana de Colombia salió con el titular “El milagro Bukele”. Se ha impuesto la narrativa de que el presidente ha resuelto uno de los grandes problemas del país: la inseguridad. Este era el problema al que se culpaba de todo: de la falta de oportunidades, de la falta de crecimiento económico, incluso de la falta de empleo. Todo era culpa de la inseguridad provocada por las pandillas que controlaban al país.
Es innegable que el gobierno ha dado un golpe fuerte a las pandillas. Muchos integrantes de pandillas han tenido que salir huyendo hacia otros países y muchos han sido detenidos. Los niveles de violencia perpetradas por estos grupos han bajado dramáticamente, a un mínimo histórico.
Pero para entender lo que ha ocurrido, es necesario diferenciar entre dos momentos. En un primer momento hubo un pacto del gobierno con las pandillas. Esto ha sido ampliamente documentado tanto a nivel nacional como internacional, con investigaciones incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Varios funcionarios, titulares de ministerios y otras agencias de gobierno estuvieron involucrados en diálogos con las pandillas para reducir la cantidad de homicidios a cambio de beneficios. Esto no es nuevo: otros gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Funes, que precedió a Bukele, fueron acusados de negociar la reducción de homicidios a cambio de crearles condiciones favorables.
No está muy claro cuál fue el contenido del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas, pero según las investigaciones que se han dado a conocer, incluía beneficios para los líderes de las pandillas, que recibían trato preferencial en las prisiones y tenían la garantía de que no serían extraditados a los Estados Unidos.
Mientras esto se mantuvo, hubo una reducción dramática de los homicidios, de más de 10 por día hasta casi cero. Pero en un momento ese pacto se rompió, y durante un fin de semana hubo una ola de violencia que llegó a más de 80 asesinatos, algo inédito en la historia de El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. Esto fue el desencadenante de la actual “guerra contra las pandillas”. El 27 de marzo de 2022, es decir hace exactamente un año, el gobierno declaró un estado de excepción que luego prorrogó una y otra vez. El argumento fue que para combatir a las pandillas era necesario limitar derechos, en particular la libertad de movimiento en ciertos territorios, y eventualmente en todo el país. Y efectivamente, el programa de detenciones masivas e indiscriminadas ha resultado nuevamente en la baja de la tasa de homicidios a mínimos históricos, pero al costo de violaciones masivas de derechos.
¿Qué tipos de violaciones de derechos humanos se han documentado en el marco de la “guerra contra las pandillas?
La presidencia ha reconocido que hay un “margen de error”, que el gobierno estima en un 1%, de personas que son inocentes y que han sido detenidas bajo la acusación de pertenecer a pandillas. Pero esas detenciones arbitrarias e injustificadas no son un error: son parte de la política del gobierno.
Si vas a las comunidades, te das cuenta de que persisten todas las condiciones estructurales que llevaron a la formación de las pandillas. Las pandillas tenían control del territorio porque tenían la capacidad de llegar adonde el Estado no llegaba y daban un espacio en sus estructuras a personas jóvenes sin ninguna otra forma de inserción social.
En vez de hacer algo para mejorar la situación de esas comunidades, el gobierno está criminalizando a las poblaciones empobrecidas, que han sido históricamente asediadas por las pandillas. Alrededor de esas zonas catalogadas como “peligrosas” ahora hay cercos militares, y el ejército o la policía, según el caso, puede detener a cualquier persona que considere sospechosa por cómo se viste, por dónde vive o por no tener un empleo fijo, sin respetar las garantías constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso. Te pueden detener porque el gobierno ha instalado la noción de que el policía y el soldado son “jueces de calle”: tienen poder de decisión y no puedes reclamar nada por tus derechos.
Ha habido más de 3,000 denuncias sobre este tipo de detenciones, y cabe imaginar que, sobre las más de 70.000 personas detenidas, hay un subregistro de las detenciones arbitrarias. Tenemos casos documentados de personas que han sido detenidas arbitrariamente cuando iban a su trabajo, e incluso de personas que las han ido a sacar de su trabajo, porque se ha instalado la denuncia anónima: cualquiera te puede denunciar por sospechas de colaboración con las pandillas mediante una llamada anónima.
Esto ha resultado en la criminalización de quienes viven en estas zonas. Esto no es nuevo, no empezó con este gobierno, pero se ha intensificado porque está muy presente en el discurso de un presidente que es muy popular, y mucha gente lo acepta como cierto. Además, se ha extendido territorialmente: antes el foco estaba en las zonas urbanas históricamente controladas por pandillas, pero ahora se ha extendido a las comunidades rurales.
Las personas detenidas son sometidas a procesos judiciales en los que la fiscalía reclama medidas de privación de libertad con el argumento de que son personas sin arraigo, ya que no tienen propiedades a su nombre ni empleo formal, de donde deducen no solamente que tienen alto riesgo de fuga, sino que además consiguen sus ingresos mediante la colaboración con las pandillas.
Básicamente, la justicia está consagrando la idea de que la pobreza es un delito en El Salvador, algo inaceptable si consideramos que es parte del mismo sistema que reproduce los patrones de pobreza y desigualdad en que viven estas personas.
En este marco, las personas defensoras de derechos humanos que son parte de o trabajan con esas comunidades excluidas están siendo específicamente atacadas. Es decir, se está usando el régimen de excepción para perseguir a activistas que trabajan sobre el tema del derecho al medio ambiente, la alimentación, a la tierra y el agua.
Un caso resonante ha sido el de Levi César Morales Ramírez, un joven indígena de 21 años, hijo de un líder social de una comunidad nahuat pipil en el occidente del país. Levi César fue capturado en noviembre de 2022 junto a dos de sus tíos, cuando se dirigían a realizar labores agrícolas. En febrero de 2023 tuvieron una audiencia de revisión de medidas solicitada por su familia y por la organización de la sociedad civil (OSC) que acompaña su caso, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Por presiones del gobierno, la jueza rechazó la adopción de medidas sustitutivas a la detención argumentando que no se podía acreditar el arraigo del joven ya que no tiene bienes a su nombre ni cuenta con un empleo formal.
En la actualidad el país carece de un marco de políticas públicas robustas de prevención, participación, protección y reinserción de las juventudes. El aparato del Estado sólo ofrece como opción la represión. El enfoque punitivo es la contrapartida de su negligencia y su incapacidad para garantizar los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a lo largo del ciclo de vida de las personas.
¿Está el gobierno abusando de las facultades que le otorga el estado de excepción para perseguir otros fines?
Efectivamente, casos como el de Levi César no caben dentro de lo que el gobierno considera un “margen de error” aceptable en su “guerra contra las pandillas”. El estado de excepción está siendo muy útil para el propósito del presidente de acumular poder sin ningún control. Por ejemplo, bajo el estado de excepción toda la información ha sido declarada reservada. Todos los procesos de compra y adjudicación han sido hechos a un lado y se hacen compras directas de servicios y bienes, totalmente discrecionales, con la excusa de que el Estado necesita mantener en reserva la información porque hay una guerra contra las pandillas. Esto ha dado rienda suelta a la corrupción dentro del aparato estatal.
En el fondo, la guerra contra las pandillas es una excusa para muchas otras cosas. Más que una verdadera política de seguridad, lo que tiene el gobierno es una estrategia electoral. La seguridad nunca fue el foco del programa de Bukele: su plan de gobierno, el Plan Cuscatlán, apenas contenía declaraciones muy generales sobre el tema seguridad, que además estaban centradas en la necesidad de garantizar seguridad jurídica a las empresas, y en cambio se enfocaba en una serie de “proyectos insignia”, megaproyectos que incluían la llamada “Bitcoin City”, una suerte de paraíso fiscal para las criptomonedas y la tecnología blockchain, que tendría su propio aeropuerto y línea férrea, y un proyecto turístico llamado Surf City, un circuito de playas a lo largo de la costa del país. Su objetivo declarado era convertir a El Salvador en un centro global de turismo y negocios, la “Singapur de América”.
El mandato de Bukele termina en 2024 y de todos sus proyectos insignia no ha concretado ninguno. Ahora necesita mostrar éxitos en la política de seguridad, aunque sean efímeros, para quedarse en el poder aún contra lo que establece la constitución, que prohíbe la reelección inmediata. Así que toda su propaganda pasa por decirle a la gente que, si quiere que el “clima de paz y tranquilidad” continúe, y que todos los criminales que él encerró no vuelvan a salir a la calle, deben volver a votarlo a él, que es el único que puede garantizarles seguridad.
Asimismo, se escuda en la pandemia para justificar que sus proyectos insignia no avanzaron, para lo cual reclama un nuevo período en el que sí se podrán concretar. Cuando en realidad, la pandemia le vino como anillo al dedo, porque la declaración de la emergencia sanitaria le dio un enorme margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos que le permitió invertir en sus estrategias políticas. Esto se reflejó en las elecciones legislativas de 2021, en las cuales se quedó con 56 de los 84 diputados. Eso significa que ahora tiene mayoría absoluta para aprobar cualquier ley – al costo de que ya no existan garantías constitucionales ni institucionales para nada ni para nadie.
¿Piensas que Bukele conseguirá la reelección?
El camino lo tiene allanado. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que él nombró luego de que la Asamblea Legislativa que él domina destituyera a cinco de sus magistrados, interpretó que la Constitución de El Salvador, que prohíbe expresamente la reelección para dos mandatos consecutivos, en realidad la permite.
Estando habilitado a presentarse, seguramente ganará. En un país con una cultura cívica y democrática tan débil, encuentras mucha gente que admite que se están cometiendo injusticias y violaciones de derechos, pero considera que, si ese es el precio a pagar por la eliminación de las pandillas, sigue valiendo la pena. Encuentras incluso personas que tienen familiares o personas muy cercanas que han sido detenidas pero que aceptan el discurso del gobierno de que son errores y consideran que lo que está haciendo el gobierno está bien – a lo sumo expresan que lo podría haber hecho con más cuidado, utilizando mejor la inteligencia del Estado disponible para no capturar personas inocentes.
En general, hay una gran aceptación de que las cosas son así. Y entre quienes no aceptan las explicaciones del gobierno, lo que predomina es el temor. El gobierno ha acumulado mucho poder y si expresas una opinión disonante puedes ser considerado enemigo del país, agente extranjero, y te pueden detener y dejar preso, sobre todo si te identificas como persona defensora de derechos humanos.
Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Bukele arrasaría. Pero pienso que lo haría en un contexto de creciente abstencionismo. Nosotros hacemos mucho trabajo territorial, conocemos cientos de estructuras territoriales que votaron por él por desencanto con los partidos tradicionales, y mucha gente nos ha dicho que no va a ir a votar porque no está de acuerdo con lo que está haciendo, pero no hay otras opciones. Es decir, el abstencionismo va a beneficiar a Bukele: mucha de la gente que vote, va a votar por él, y la gente que no quiere votar por él, en su mayoría no va a ir a votar.
¿Qué puede hacer la sociedad civil para resistir esta regresión autoritaria?
La historia de los autoritarismos nos dice que esto también pasará. Bukele no va a ser eterno: en algún momento ya no va a estar, y por eso tenemos que monitorear y documentar todo. Necesitamos construir la memoria histórica de lo que está pasando, documentar todas las violaciones de derechos humanos y darles visibilidad internacional, porque al fin y al cabo este gobierno está tratando de crearse una imagen internacional de artífice de un milagro económico, y no podemos dejar que esa sea la imagen que prevalezca.
La sociedad civil tiene que defender la democracia de los atropellos de un gobierno que se dice democrático por el hecho de que todas las decisiones que está tomando las está tomando con el respaldo de la mayoría. Al fin y al cabo, puede tomar las decisiones que quiera porque tiene una abrumadora mayoría legislativa y una gran popularidad que se confirmaría si hoy hubiera nuevas elecciones presidenciales. Este es un discurso muy dañino porque mucha gente comienza a cuestionarse si acaso la democracia es esto: que en una democracia el gobierno pueda violar tus derechos.
Las OSC continuaremos en las comunidades educando a la ciudadanía, preparando a la gente para la participación cívica y democrática, insistiendo en la importancia de los frenos y contrapesos institucionales, mostrando que la concentración de poder en una sola persona no es la vía para la solución de nuestros problemas. Parafraseando a Monseñor Romero, seguiremos caminando con el pueblo, porque el abandono de las comunidades nos ha salido caro.
Sin embargo, sabemos que enfrentaremos crecientes dificultades en este trabajo, porque el gobierno lleva mucho tiempo diciéndole a la gente que las OSC son enemigas del gobierno, y que dado que el gobierno representa los intereses del pueblo, pues las OSC son enemigas del pueblo.
Antes de que las cosas mejoren todavía van a seguir empeorando. Creo que cuando asuma su segundo mandato vamos a ver una cara mucho más feroz de Bukele. Va a tomar medidas impopulares, como ajustes fiscales bastante regresivos, porque el margen de maniobra que le dan las finanzas públicas es cada vez menor. Y lo va a hacer en un contexto en el que no hay prácticamente una red de seguridad y protección social. Va a tratar de avanzar con megaproyectos de infraestructura y turismo, con impactos muy fuertes a nivel local, incluyendo desplazamientos forzados de comunidades y daños ambientales severos. La represión a la sociedad civil va a aumentar.
Pero sabemos que no podemos hacer cualquier cosa con tal de sacar a Bukele. Yo tengo esperanza, pero con un optimismo de largo plazo. Tenemos que enfocarnos en promover la participación democrática. Bukele no es lo peor que nos podría pasar: si no apostamos a la profundización de la participación democrática, podría sobrevenir algo peor. Debemos mantenernos alertas y trabajar mucho con las comunidades porque en política, el espacio vacío no existe. Si se abandonan las comunidades, siempre habrá un oportunista que vendrá a aprovecharse.
El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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