CIVICUS conversa con Erika Venadero sobre la reciente extensión del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los estados mexicanos y las asignaturas pendientes en materia de derechos de las personas LGBTQI+ de México. Erika es activista por los derechos humanos de la diversidad sexual del estado de Jalisco e integrante de la Red Nacional de Juventudes Diversas (RNJD), una coalición de grupos de defensa de los derechos de los y las jóvenes LGBTQI+ de todo México.
¿En qué consiste el trabajo de la RNJD?
La RNJD es un espacio creado a partir del Parlamento Juvenil Consultivo de 2019, donde se discutió la Ley de Juventudes.
En tanto que jóvenes no contábamos con reconocimiento legal. Nunca habíamos sido contemplados como sujetos de derechos. Las personas encargadas de hacer las leyes y dictar las reglas en función de las cuales debemos dirigir nuestras vidas son adultas, incluso bastante mayores, y sobre todo hombres. No resulta sorprendente que no comprendan ni prioricen nuestros intereses y necesidades y que, en cambio, legislen a medida de los adultos, y sobre todo de los hombres. De aquí la necesidad de exigir que se nos reconozca como la juventud y, sobre todo, como juventud diversa.
Nuestra red es una asociación civil de creación muy reciente: estamos por cumplir apenas tres años. No obstante, hemos acompañado el proceso de legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si bien la mayoría de nosotros y nosotras no desea concretar una unión civil, acreditando nuestra relación ante un funcionario, con firmas y demás formalidades, sabemos que hay personas que desean tener esta experiencia, y que la exclusión de este derecho viene acompañada de muchas otras exclusiones. Aunque nosotros y nosotras no lo deseemos, o no lo deseemos en este momento de nuestras vidas, sabemos que otras personas del colectivo LGBTQI+ sí lo desean, y que la denegación de este derecho es parte de lo que hace a las personas LGBTQI+ ciudadanas de segunda.
¿Cómo fue el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y qué rol desempeñó la sociedad civil?
La lucha por el reconocimiento de la unión simbólica entre dos personas que se aman –simplemente dos personas, como bien lo dice la ley actual, sin marcadores de género– comenzó hace muchos años, y avanzó gracias al trabajo de personas y colectivos interesados en extender este derecho a todos y todas.
Las personas LGBTQI+ somos tratadas como ciudadanas de segunda simplemente porque no cumplimos con las normas socialmente establecidas que jerarquizan las relaciones heterosexuales. Las leyes son redactadas e implementadas, y todos los espacios políticos y sociales son creados, ocupados y dirigidos por personas heterosexuales. De ahí que esta lucha comenzara con una reflexión sobre nuestra falta de representación y visibilidad en diversos espacios: personales, políticos, sociales y laborales, entre otros. Tenemos derecho a vivir una vida plena, pero las prácticas hegemónicas que buscan imponérsenos nos impiden tener una vida libre por el simple hecho de ser quien somos y amar a quien amamos.
La legalización del matrimonio igualitario en México ha sido una victoria de la sociedad civil, y específicamente de los colectivos de personas LGBTQI+ y sus aliados, que trabajan día a día con estas poblaciones. A partir del trabajo cotidiano en la calle y en todos los espacios se cambiaron opiniones y generaron acuerdos para que el reconocimiento de nuestros derechos se trasladara al plano político de la toma de decisiones.
Es por eso que desde la RNJD hemos acompañado todo el proceso, desde los borradores de la ley hasta los debates y votaciones parlamentarias. Estos son debates que pueden prolongarse mucho; se trata de temas “delicados” por lo que ciertos sectores de políticos intentan aplazar las votaciones indefinidamente con la esperanza de que el tema se pierda en el olvido. Por eso fue importante que la RNJD se parara firme para exigir el tratamiento y la votación de estas leyes. Lo mismo vamos a seguir firmes para que las leyes se cumplan.
¿Enfrentaron campañas antiderechos o alguna otra forma de rechazo?
Cada vez que sale una noticia relacionada con el colectivo LGBTQI+, la respuesta es una avalancha de comentarios diversofóbicos. Nuestra naturaleza incomoda. Todas nuestras vidas nos han obligado a vivir bajo la heteronorma por lo que hemos enfrentado expresiones antiderechos desde que tenemos memoria.
En el proceso reciente para cambiar la ley hemos enfrentado una intensa campaña antiderechos. No solamente nos insultan y agreden; también denuncian nuestras publicaciones en redes sociales e incluso han logrado que fueran retiradas. Los y las activistas sufrimos constantes ataques personales y son frecuentes los bloqueos de cuentas en redes sociales. En mi caso, por ejemplo, una vez un grupo antiderechos me atacó tanto y reportó tantas veces mi perfil que Facebook me lo dio de baja. Es realmente difícil de entender qué es lo que tanto les molesta.
Tenemos muchos haters, es decir, personas que expresan odio hacia nosotros. Hay muchos que están pendientes de cada cosa que hacemos y de todo lo que subimos, tanto en la página de la RNJD como en nuestros perfiles personales.
Claramente la gente ya ubica quiénes somos y lo que hacemos. La red está sumamente activa y visible en ámbitos sociales, políticos y culturales. Hemos tenido discusiones internas muy tensas en relación con la doble cara de la visibilidad. Nuestro trabajo nos ha hecho visibles tanto para quienes nos odian como para quienes están abiertos a informarse, a conocer nuestro trabajo, a entender y eventualmente a apoyarnos. Yo prefiero enfocarme en quienes se acercan en busca de información antes que en quienes expresan su odio.
Para hacer frente a los movimientos antiderechos y a los discursos de odio, nuestra estrategia es generar narrativas alternativas. Incluso utilizamos el humor para desarmar sus argumentos. Por ejemplo, decimos que a ellos les encanta tanto la familia tradicional heterosexual que por eso tienen dos – en referencia a las infidelidades y a lo que coloquialmente en México se conoce como la “casa grande” y la “casa chica”. Estos mecanismos de respuesta nos han permitido inducir al diálogo.
¿Cuáles son los próximos pasos tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Jalisco?
Eso de que ahora el matrimonio igualitario es legal en todos los estados mexicanos y las personas LGBTQI+ nos podemos casar en todos los rincones de México es sencillamente falso.
Aunque en Jalisco se ha votado la ley, el manual del registro civil continúa diciendo que la unión matrimonial es entre hombre y mujer. Mientras los y las diputadas locales no lo modifiquen, habrá muchos funcionarios en los registros civiles que se apoyarán en ese texto para negarnos el acceso al matrimonio igualitario.
Además, muchos estados de México han aprobado leyes similares hace años y las han implementado, pero siguen existiendo muchísimas trabas. El cambio legal no trae consigo un cambio social instantáneo. De ahí la importancia de seguir enfocándonos en el cambio cultural. Las leyes pueden cambiar muy rápido, y de hecho cambian de un día para el otro, pero la cultura no, y no debemos olvidar que quienes atienden los registros civiles son personas socializadas en una determinada cultura. Aunque sean servidores públicos y tengan que aplicar las reglas emanadas del Estado, es posible que también tengan ciertas convicciones religiosas o morales. Cambiarlas lleva tiempo. El proceso de cambio cultural es sumamente lento, pero necesitamos que ocurra para abrir todos los candados.
¿Qué otros desafíos enfrentan las personas LGBTQI+ en México, y qué más debe cambiar?
En México, las personas LGBTQI+ enfrentamos muchísimos retos, en gran medida como producto de la superposición de vulnerabilidades y desigualdades. Por ejemplo, las mismas problemáticas que afectan a las mujeres en general, también nos afectan a las mujeres del colectivo LGBTQI+: el hecho de ser lesbianas, bisexuales o transexuales no quita que seamos mujeres y podamos quedar embarazadas. Pero en la mayor parte de México todavía no es legal la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de lo que haya dicho la Corte Suprema.
Otro enorme problema en México es el de las desapariciones forzadas. Jalisco, mi Estado, de hecho, es uno de los que lidera el ranking de personas desaparecidas– y a las personas LGBTQI+ también nos desaparecen.
Otro asunto pendiente es la Ley de Cuidados, actualmente bloqueada en el Congreso. Las personas LGBTQI+ necesitamos un espacio seguro para vivir, crecer y envejecer. Todas nuestras investigaciones, todas las cifras indican que la comunidad LGBTQI+ en México está sola y sin apoyos.
Un problema específico de las personas LGBTQI+ es el de las mal llamadas “terapias de reconversión”. Estas terapias consisten en actos inhumanos y denigrantes que tienen el fin de suprimir las orientaciones sexuales diversas, es decir, de eliminar nuestro verdadero ser. Yo personalmente he vivido una violación correctiva: mis agresores, personas que se dicen seguidoras de la palabra de Dios, me dijeron que pretendían “convertirme en mujer”.
Los centros que ofrecen “terapias de reconversión” operan en todo México y lo hacen legalmente. Actualmente se está legislando a nivel nacional para acabar con estas terapias, pero entretanto siguen en funcionamiento. En Jalisco los centros que ejercen este tipo de prácticas solamente deben registrarse y pagar una mensualidad. Un simple trámite y un pago les habilita a cometer innumerables atrocidades.
Otro tema pendiente es el del reconocimiento de la identidad de género, sobre todo de las infancias. Varios estados tienen leyes que otorgan a las personas trans el reconocimiento legal de su identidad autopercibida, pero muchos todavía no han avanzado en esa dirección.
Tal vez por más de que sigamos luchando y movilizándonos no lleguemos a ver todos estos cambios. En ese caso lo estaremos haciendo por las generaciones que vendrán después. Estamos generando espacios para el futuro de la misma manera que otros lo hicieron por nosotras en los años 80. Nos aseguraremos de que el proceso siga avanzando.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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