CIVICUS conversa acerca de las protestas que comenzaron en Colombia en abril de 2021, en reacción a un alza de impuestos, con una joven activista social y de derechos humanos que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. La entrevistada pertenece a una red de organizaciones y activistas jóvenes que promueve la solidaridad, la organización y la lucha de los sectores excluidos y tiene presencia en la capital, Bogotá, y en la ciudad de Medellín.
¿Cuáles fueron las causas de las protestas? ¿Qué reclaman los manifestantes?
La reforma tributaria fue apenas la gota que derramó el vaso, ya que se sumó a un cúmulo de problemas. En las asambleas en que participamos se recogieron cientos de reivindicaciones y reclamos de toda índole, desde tapar huecos en las calles de un barrio hasta tumbar el gobierno del presidente Iván Duque y hacer justicia frente a los llamados “falsos positivos”, es decir, casos de civiles asesinados por las fuerzas militares y presentados como parte del conflicto armado. Lo que vivía la juventud era un sentimiento de querer cambiarlo todo, de no querer seguir viviendo como antes.
Pero a pesar de la diversidad de demandas, algunas aglutinan más a los jóvenes populares. Pienso que, en materia económica, la juventud de los sectores populares reclama empleo y oportunidades de salir adelante, y en materia política estos jóvenes, en particular los que conformaron algunas de las primeras líneas de las protestas, reclaman dignidad, dejar de ser humillados. Nada agrupa más a estos jóvenes que su odio profundo a la policía, como representante principal de los ultrajes y humillaciones que viven a diario. Se sienten como parias sin futuro económico, sin esperanzas de conseguir un trabajo más allá del rebusque diario para sobrevivir, rechazados por la sociedad y perseguidos como delincuentes por la policía por el hecho de ser jóvenes y pobres.
Los sectores estudiantiles, también jóvenes pero más intelectuales, algunos de clase media, también fueron una fuerza significativa en las protestas, pero tendieron a enfatizar demandas contra la represión política y la violación de los derechos humanos, los “falsos positivos”, los asesinatos de líderes sociales y la criminalización de la protesta.
¿En qué se diferencian estas protestas de las ocurridas en años precedentes? ¿Guardan alguna línea de continuidad con aquéllas?
En el fondo, los móviles son los mismos de las protestas de 2019 y 2020. En las protestas de 2019 pesó más la crisis del desempleo y el hambre, mientras que en las de 2020 se impuso más el tema de la represión, el no querer seguir siendo humillados y asesinados. Las que estallaron en abril de 2021 combinaron los móviles de las dos oleadas precedentes, porque no solamente ninguno de los dos problemas había sido atacado de raíz, sino que ni siquiera se habían ofrecido paliativos; al contrario, la crisis económica se agudizó y la represión política se mantuvo.
Tal vez una diferencia sea que las últimas protestas han recibido mayor atención internacional, lo cual responde a la fuerza con que el pueblo colombiano salió a las calles. La protesta tuvo una amplia legitimidad en sectores que generalmente no se movilizan. La crisis y la asfixia económica y política era tal que sectores como el de los comerciantes medianos e incluso grandes apoyaron las protestas. La masividad de las protestas también obligó a todos, desde artistas hasta congresistas, a tomar partido.
Hubo colombianos en el exterior que hicieron protestas en sus respectivos países planteando lo que les contaban sus familiares en el país. Tal vez algunos piensen que la mayor atención internacional se debió a la represión, pero yo soy más de la idea de que fue la cantidad de sectores medios que se movilizaron lo que magnificó el mensaje. La represión ha estado muy presente en ciclos anteriores y también frente a las protestas del sector campesino. Creo que lo determinante en este caso ha sido la diversidad de capas sociales que apoyaron la protesta.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno a las protestas?
En general, primero reprimiéndolas violentamente, luego deslegitimándolas utilizando los medios de comunicación para atacar a algunos sectores, y en particular a la juventud, y finalmente intentando dividirlas para desmovilizar a algunos sectores y dejar aislada a la juventud popular. Para esto último el gobierno entabló varias negociaciones con un autoproclamado Comité Nacional del Paro, y también llevó a cabo negociaciones a nivel local intentando contener o calmar a algunos sectores.
Particularmente a nivel local, incluso en localidades con gobiernos que se dicen de centro e independientes, el gobierno conformó mesas de diálogo que no solucionan nada, donde se escuchan los reclamos pero no se ofrece nada concreto para responder a las demandas. Muchos gobiernos locales se lavaron las manos de la represión, culpando de ella solo al gobierno central, pero hicieron todo lo que estuvo a su alcance para desmovilizar las protestas, enviando representantes para calmar a los manifestantes y prometiendo a la gente que si dejaba de protestar escucharían sus demandas, cosa que no habían hecho durante todo el año precedente.
La violencia de algunos grupos parece haberse vuelto un problema. ¿Cómo lidiaron con esto las organizaciones y activistas de la sociedad civil?
La violencia ha sido una reacción muchas veces espontanea frente a la represión. Enfrentar con el juicio y el regaño al joven que está tirando una piedra no sirve para nada, excepto para radicalizarlo más y ganarse su desconfianza. Para poder cambiar esta violencia hay que empezar por entenderla y por distinguirla y no ponerla en el mismo nivel que la violencia del Estado. No se trata de que la violencia sea deseable; de hecho, desvíe la iniciativa de buena parte de los jóvenes. Pero interponerse entre ellos y el Comando de Atención Inmediata - la unidad policial que actúa en los perímetros urbanos – para tratar de detenerlos acaba teniendo un efecto más de psicología inversa que de disuasión o educación.
En mi experiencia, las organizaciones de la sociedad civil que no extienden la mano a esos jóvenes ni les ofrecen espacios alternativos de politización y concientización, los aíslan y pierden la capacidad de influir sobre ellos. Nuestra organización ha lidiado con esto mediante la estrategia de evitar partir del juicio negativo y, en cambio, aproximarnos desde el entendimiento y procurar ir generando espacios alternativos para la participación política y la organización de los jóvenes.
¿Qué roles ha desempeñado tu organización en el marco de las protestas?
Nuestra organización tuvo un rol activo: organizó la participación en las protestas de jóvenes y familias en los barrios donde desarrolla trabajo comunitario y promovió una campaña de solidaridad con los manifestantes para recoger apoyo económico y otros recursos, tales como primeros auxilios, apoyo en las ollas comunitarias e incidencia en derechos humanos para auxiliar a diferentes focos de protesta en las ciudades de Bogotá y de Medellín.
En Bogotá dio apoyo para reclamar información sobre personas desaparecidas y participó en campañas de solidaridad con los heridos. En Medellín realizó jornadas de ollas comunitarias y reparación de techos y otros daños causados por las protestas en los barrios cercanos a los mayores puntos de protestas en la ciudad. Finalmente, durante las protestas desarrolló actividades de concientización y promovió el involucramiento de jóvenes manifestantes en procesos más duraderos de construcción social y comunitaria.
¿Qué impactos consideran que tendrá este ciclo de protestas y represión sobre las próximas elecciones?
A mi forma de ver, las protestas aumentaron el capital político del ex alcalde de Bogotá y excandidato a presidente por la izquierda, Gustavo Petro. El gobierno no dio ninguna respuesta real a las demandas de las protestas y la gente sigue buscando alternativas, y – aunque nuestra organización no tiene ningún interés ni intención de hacerle campaña - creo que Petro es la única opción disponible. Para las próximas elecciones esperaría un mayor índice de participación juvenil, y no me extrañaría para nada el triunfo de Petro.
El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.