MALASIA: “El gobierno debería haber asistido a los refugiados durante la pandemia”

CIVICUS conversa con Htoon Htoon Oo, refugiado y activista de Myanmar, actualmente residente en Malasia. En 2007 era estudiante de Química en la Universidad de Yangon Oriental y, en calidad de activista, participó en la llamada Revolución Azafrán, una serie de protestas desencadenadas por un aumento de los precios del combustible en 2007, las cuales fueron duramente reprimidas. También estuvo activo durante la transición de Myanmar de la dictadura militar a un gobierno cuasi civil en 2010.

Consciente de estar bajo la vigilancia del Estado y temiendo que sus familiares y seres queridos sufrieran represalias y acoso a causa de su activismo, huyó de Myanmar en 2011 y desde entonces vive como refugiado en Malasia.

Htoon Htoon Oo

¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en Malasia?

La vida de las personas refugiadas de Myanmar en Malasia sigue siendo difícil, ya que supone diversas luchas y sufrimientos. A menudo nos sentimos indefensos, desesperados y desprotegidos. En mayo de 2021, había unas 179.570 personas refugiadas y solicitantes de asilo registradas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Malasia. La mayoría -un total de 154.840- procedían de Myanmar, incluidas unas 102.950 de etnia rohingya, 22.490 de etnia china y 29.400 de otros grupos étnicos que huían de la persecución o de zonas afectadas por el conflicto.

Malasia aún no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La ausencia de un marco legal para reconocer a las personas refugiadas y solicitantes de asilo ha creado condiciones problemáticas y de explotación porque las personas refugiadas y solicitantes de asilo carecemos de derechos formales para trabajar, no tenemos estatus legal y seguimos corriendo el riesgo de ser arrestadas, detenidas y devueltas, y no nos beneficiamos de ninguna protección legal.

También tenemos libertades cívicas limitadas. Aunque hay muchas organizaciones de personas refugiadas de diversos orígenes, a la hora de expresar nuestras preocupaciones y organizar nuestras luchas, la realidad es que no podemos hacerlo libremente. Existe un temor común entre las personas refugiadas respecto de las consecuencias de hablar sobre nuestras luchas, expresar nuestras preocupaciones y reclamar por nuestros derechos.

Por ejemplo, según el artículo 4(a) de la Ley de Reuniones Pacíficas, el derecho a manifestarse pacíficamente está reservado exclusivamente a quienes tienen ciudadanía malaya. Además, en Malasia hay muchas leyes que tienen un efecto amedrentador que evita que las personas refugiadas se manifiesten, tales como la Ley de Inmigración, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, así como a los refugiados, dado que no estamos reconocidos por la ley. La Ley de Inmigración también expone a las personas refugiadas a severas formas de castigo, como la flagelación. La falta de reconocimiento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Malasia nos expone a la detención, a la cárcel y a diversos abusos.

¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas refugiadas en el marco de la pandemia?

Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en Malasia, en marzo de 2020, las personas refugiadas han enfrentado numerosas dificultades. El confinamiento, conocido como Orden de Control de Movimientos (OCM), que se implementó en todo el país, ha tenido un gran impacto sobre los refugiados.

Aunque según la legislación malaya no pueden trabajar, algunas personas refugiadas buscan trabajos informales para sobrevivir. Durante la pandemia, hemos visto casos de empleadores que obligan a personas refugiadas a trabajar por salarios inferiores a los normales o a tomar licencias no remuneradas o a renunciar solamente por su condición de refugiados. Muchas personas refugiadas han perdido sus empleos debido a la pandemia. Nada nos protege de estos abusos.

Durante la pandemia también hemos temido por nuestra seguridad porque ha habido varios casos de personas refugiadas que han sido blanco de la policía y de los funcionarios de inmigración debido a la falta de políticas claras y de conciencia de lo que es un refugiado entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Algunas personas refugiadas fueron multadas por la policía, y algunas incluso permanecieron detenidas en comisarías durante varios días.

También hay quienes nos tachan de inmigrantes ilegales aunque tengamos tarjetas o documentos completos y auténticos del ACNUR que nos acreditan como refugiados.

La mayoría de las personas refugiadas que enfrentan estas dificultades también hacen frente a la depresión y están mentalmente agotadas de tanto pensar en cómo sobrevivir y mantenerse a salvo.

¿Han recibido las personas refugiadas algún tipo de apoyo del gobierno malayo o del ACNUR durante la pandemia?

No hemos recibido ningún apoyo del gobierno de Malasia; más bien hemos experimentado más redadas y mayores restricciones. Esto es lo contrario de lo que debería haber ocurrido: deberían habernos facilitado el acceso a información sobre tratamientos y pruebas de diagnóstico del COVID-19 y debería haber habido otros programas de apoyo para refugiados durante la pandemia.

En cambio, en mayo de 2020 el departamento de inmigración y la policía de Malasia llevaron a cabo redadas de inmigración en Kuala Lumpur. Mientras que las personas inscritas en el ACNUR se libraron en gran medida de ser detenidas, las personas solicitantes de asilo no inscriptas fueron detenidas junto con los trabajadores migrantes indocumentados. Además, algunas quedaron atrapadas en zonas bajo confinamiento estricto, rodeadas de alambre de púa, donde se prohibía a los residentes salir de sus casas, lo que hizo que la situación fuera muy difícil. Muchos de nosotros no nos hemos recuperado de esto.

Durante la pandemia también ha habido en internet una oleada de discurso de odio hacia las personas refugiadas, y en particular hacia las rohingya, acompañada de anuncios y políticas gubernamentales hostiles hacia las personas migrantes y refugiadas.

El ACNUR envió mensajes directos a aquellas personas refugiadas cuyos documentos habían caducado, informándoles que seguirían siendo válidos hasta que el ACNUR pudiera reanudar sus operaciones normales, interrumpidas por la pandemia. Sin embargo, esto no supuso ninguna diferencia para la autoridad de aplicación de la ley, y muchas personas han sido multadas e incluso detenidas.

¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en materia de acceso a la vacuna contra la COVID-19?

El gobierno de Malasia ha alentado a las personas refugiadas a inscribirse para la vacunación, pero no ha proporcionado información clara, y los sistemas existentes no son accesibles para las personas refugiadas.

Por ejemplo, la inscripción para la vacunación exige documentos específicos. El sistema exige a refugiados y solicitantes de asilo que introduzcan un documento de identidad o número de pasaporte, dos documentos a los que no tenemos acceso. El sistema debería ser más inclusivo para todas las personas que viven en Malasia, incluidas las refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentadas, porque las vacunas deberían ser la primera barrera contra el contagio de la COVID-19. Si nos detienen las cosas solo empeorarán, porque es sabido que en los centros de detención se producen cadenas letales de contagio. En la raíz de este problema está la criminalización de la inmigración.

¿Cuáles son las demandas de las comunidades de refugiados hacia el gobierno malayo y la comunidad internacional?

Nos gustaría que el gobierno malayo concientizara a la opinión pública sobre la condición de las personas refugiadas como tales, no como inmigrantes ilegales, grupos de riesgo o incluso delincuentes. Se ha impuesto una percepción negativa de las personas refugiadas, como si sólo se beneficiaran de la sociedad y no contribuyeran nada a ella, lo cual es falso.

La verdad es que queremos contribuir a Malasia en todo lo que podamos. Instamos al gobierno de Malasia a que dé a las personas refugiadas acceso legal al trabajo y a que reconozca el estatus legal de las personas refugiadas. Actualmente no podemos encontrar empleo formal, y la ausencia de reconocimiento nos expone a la explotación. Esperamos que el gobierno genere conciencia sobre las verdaderas razones por las que las personas refugiadas están aquí.

Espero que el gobierno pueda trabajar mano a mano con el ACNUR y la sociedad civil para resolver los problemas de las personas refugiadas de forma más adecuada y eficaz y no deporte a ninguna persona detenida de regreso a Myanmar, actualmente bajo un régimen militar. En cambio, deberíamos encontrar soluciones, tales como un programa de reasentamiento. También debería haber políticas e información claras sobre la vacunación que sean accesibles para todas las personas refugiadas.

El espacio cívico en Malasia es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.